Despacho Kohen Avocats · Distrito 17 de París
Piso en Francia dentro de una SCI viviendo en España: alquileres, venta de participaciones, IFI y declaraciones

El abogado Hassan KOHEN interviene con urgencia, desde la comisaría hasta el tribunal con jurado (cour d'assises). Primer análisis estratégico: 80 € IVA incluido, respuesta personal en un plazo de 24 horas.

100 % confidencial · Secreto profesional · Sin compromiso

Artículo generado por una inteligencia artificial, según un proceso diseñado y supervisado por el despacho

Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado fiscalista en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Piso en Francia dentro de una SCI viviendo en España: alquileres, venta de participaciones, IFI y declaraciones

Hablar con un abogado 06 89 11 34 45

Usted vive en España y tiene participaciones de una société civile immobilière, la sociedad civil inmobiliaria francesa conocida como SCI, que es dueña de un piso en Francia que está alquilado. Acaba de recibir el avis d’imposition, el aviso de liquidación del impuesto francés, o el notario le anuncia una retención sobre el precio si vende sus participaciones. Y descubre la primera sorpresa: la SCI no paga el impuesto por usted. En Francia, la SCI que solo posee y alquila inmuebles es fiscalmente transparente, y cada socio tributa a su nombre por su cuota de las rentas, aunque el dinero no haya salido de la sociedad. Vivir en España no elimina esa imposición francesa: el convenio fiscal firmado en Madrid el 10 de octubre de 1995, en vigor desde el 1 de julio de 1997, permite a Francia gravar las rentas del inmueble situado en su territorio, la plusvalía de las participaciones y la parte correspondiente en el impuesto sobre la fortuna inmobiliaria. España, como país de residencia, también puede gravar esas rentas, pero debe descontar lo pagado en Francia con el límite que fija el propio convenio.

Este artículo explica, con los textos vigentes consultados el 3 de octubre de 2026, la doctrina oficial francesa, el texto del convenio y dos sentencias leídas íntegramente, cómo tributa cada renta de su SCI cuando vive en España, qué declaraciones presentan la sociedad y el socio, cuánto retiene Francia al vender y cómo reclamar si le cobra de más. Si su situación es la inversa, un alquiler directo sin SCI, la regla de la transparencia no se aplica y el análisis cambia: ese caso se estudia en el artículo dedicado al alquiler de un piso francés viviendo en España. Si lo que posee en directo es el piso y quiere venderlo, el procedimiento de la plusvalía de venta directa se detalla en el artículo sobre vender un piso francés viviendo en España.

I. Los alquileres de la SCI tributan en Francia a nombre del socio

A. La SCI no paga: la transparencia fiscal pone el impuesto sobre cada socio

La société civile immobilière es la forma habitual de comprar y gestionar un inmueble en Francia entre familiares o socios. Cuando su único objeto es construir, comprar o gestionar inmuebles para repartirlos entre los socios, o alquilar por cuenta de los socios los inmuebles de la sociedad, el artículo 1655 ter del código tributario francés establece que la sociedad no tiene personalidad distinta de sus miembros para los impuestos directos: los socios quedan sometidos personalmente al impuesto sobre la renta o al impuesto sobre sociedades, según el caso, por la parte de las rentas sociales que corresponda a sus derechos. Es lo que los fiscalistas llaman transparencia fiscal: el beneficio se calcula en la sociedad, pero el impuesto lo paga cada socio.

El artículo 8 del mismo código confirma la regla para los miembros de las sociedades civiles que no han optado por el impuesto sobre sociedades y no realizan una actividad comercial: cada uno tributa por su cuota en el impuesto sobre la renta. Y la doctrina oficial de la administración francesa, en su comentario de los ingresos de estas sociedades, precisa que los socios se consideran fiscalmente como propietarios personales de los locales cuyo disfrute les atribuyen sus participaciones, y que el impuesto se establece a nombre de cada socio según su propio régimen fiscal: si el socio es una persona física que gestiona su patrimonio privado y alquila, su parte se calcula con las reglas de los rendimientos del capital inmobiliario, los revenus fonciers (BOI-RFPI-CHAMP-30-20, párrafos 30 y siguientes). En la práctica, esto significa que el alquiler que cobra la SCI de París, Lyon o Burdeos genera una renta imponible en Francia a su nombre, proporcional a sus participaciones, aunque usted viva en Madrid, Barcelona o Bilbao y el dinero siga en la cuenta de la sociedad.

La sociedad cumple su parte presentando cada año la declaración de las sociedades inmobiliarias no sometidas al impuesto sobre sociedades, el impreso 2072-S, formulario administrativo 10338*28, que sirve para declarar las rentas de todas las propiedades edificadas y sin edificar de la sociedad (ficha oficial de Service Public). Esa declaración la presenta la SCI, normalmente a través de su gerente, pero no liquida ningún impuesto a su nivel: reparte el resultado entre los socios. Después, cada socio declara su cuota en su propia declaración de renta. Si usted es el gerente de la SCI y además vive en España, conserve cada año la copia de la 2072 y el reparto de resultados que le entrega la sociedad: son las dos primeras pruebas que la administración francesa le pedirá si controla su expediente, junto con los contratos de alquiler, los justificantes de gastos y de obras, y los extractos bancarios de la sociedad.

Que usted viva en España no aparta a Francia. El artículo 164 B del código tributario francés considera rentas de fuente francesa las rentas de inmuebles situados en Francia y de los derechos relativos a esos inmuebles, y también los beneficios de las operaciones de marchante de bienes sobre inmuebles franceses o sobre acciones y partes de sociedades no cotizadas cuyo activo está constituido principalmente por esos bienes y derechos. El socio no residente queda así sometido en Francia por su cuota de alquileres. Sobre esa base, el artículo 197 A del mismo código aplica a los no domiciliados en Francia un mínimo de imposición: el impuesto no puede ser inferior al que resulta de aplicar un 20 % a la parte de la renta neta imponible hasta el límite superior del segundo tramo del baremo, y un 30 % a la parte que lo supera. Pero el mismo artículo prevé la salida: cuando el contribuyente demuestra que el tipo del impuesto francés sobre el conjunto de sus rentas francesas y extranjeras sería inferior a esos mínimos, ese tipo medio real, el llamado taux moyen, se aplica a sus rentas francesas. Para un socio residente en España cuyos únicos ingresos franceses son una cuota modesta de alquileres, pedir el tipo medio suele ser la vía para rebajar ese mínimo del 20 %, y si la administración lo deniega sin examinar sus rentas mundiales, esa denegación es recurrible. El análisis general de la residencia y de la prueba del cambio de domicilio se desarrolla en el artículo sobre la residencia fiscal francesa viviendo en España.

El convenio confirma que Francia puede gravar. Su artículo 6 dispone que las rentas que un residente de un Estado obtiene de inmuebles situados en el otro Estado son imponibles en ese otro Estado, y su apartado 5 añade una regla hecha a medida de la SCI: cuando la propiedad de acciones, partes u otros derechos en una sociedad atribuye al dueño el disfrute de inmuebles situados en un Estado y poseídos por esa sociedad, las rentas que el dueño obtiene del uso directo, del alquiler o de cualquier otra forma de explotación de su derecho de disfrute son imponibles en ese Estado, aunque los artículos sobre beneficios empresariales o profesiones independientes dijeran otra cosa (texto oficial del convenio Francia-España, PDF de impots.gouv.fr). La presentación oficial de este convenio, firmado el 10 de octubre de 1995, figura en el BOI-INT-CVB-ESP de la administración francesa. En román paladino: los alquileres del piso de la SCI tributan en Francia, y el convenio lo autoriza expresamente.

B. España también grava, pero debe descontar lo pagado en Francia

El convenio no concede a Francia una exclusiva: el socio residente en España declara en España sus rentas mundiales, incluida su cuota de alquileres franceses, y evita la doble imposición descontando el impuesto francés. El mecanismo está en el artículo 24 del convenio: en lo que concierne a España, cuando un residente obtiene rentas que, conforme al convenio, son imponibles en Francia, España concede sobre su propio impuesto una deducción igual al impuesto pagado en Francia, con un tope que no puede superar la fracción del impuesto español correspondiente a esas rentas imponibles en Francia (artículo 24, apartado 2 a) del convenio). Si el impuesto francés supera ese tope, el exceso no se devuelve en España: por eso conviene calcular antes si Francia aplicó bien el tipo medio del artículo 197 A, porque cada euro de impuesto francés indebido es un euro que España no tiene por qué compensar.

En la práctica, el expediente que funciona reúne cinco piezas: la declaración 2072 de la SCI y el reparto individual de resultados, su declaración francesa con la cuota de revenus fonciers, el avis d’imposition francés que prueba lo pagado, los justificantes de gastos deducidos a nivel de la sociedad, y la prueba de su residencia fiscal en España. Guarde también los justificantes de transferencia si repatria los alquileres, porque el banco puede pedir el origen de fondos y la administración puede preguntar por qué una renta declarada en Francia no aparece en su cuenta española. El detalle de los impresos franceses 2042, 2047 y 3916 y del cálculo del tipo medio se explica paso a paso en el artículo sobre la declaración de la renta francesa viviendo en España.

Dos errores frecuentes merecen advertencia. Primero, creer que basta con declarar en España porque allí está la residencia: Francia conserva su derecho sobre las rentas del inmueble y sanciona la omisión, y el convenio no protege al que no declara en el Estado de la fuente. Segundo, deducir a nivel del socio gastos que ya se dedujeron a nivel de la sociedad, o repartir el resultado sin respetar los derechos de cada socio en estatutos: en una SCI familiar donde un socio posee el 70 % y otro el 30 %, cada uno tributa por su porcentaje exacto, y cualquier reparto distinto debe justificarse. Si la SCI realiza además una actividad comercial, como comprar para revender de forma habitual, puede perder la transparencia y pasar al impuesto sobre sociedades: ese cambio de régimen altera todo el análisis y exige verificar los estatutos y la actividad real antes de declarar.

II. Vender las participaciones, pagar el IFI y reclamar lo indebido

A. Vender participaciones de una SCI es vender inmueble a ojos del convenio y del fisco francés

El segundo momento crítico llega cuando usted vende sus participaciones de la SCI, o cuando la SCI vende el piso y le reparte el precio. En ambos casos Francia grava, y el convenio le da la razón. El artículo 13 del convenio, dedicado a las ganancias de capital, establece que los beneficios que un residente obtiene de enajenar bienes inmuebles del artículo 6 situados en el otro Estado son imponibles en ese otro Estado, y añade que los beneficios de enajenar acciones, partes u otros derechos en una sociedad cuyo activo está constituido principalmente, directa o indirectamente, por inmuebles situados en un Estado, son imponibles en ese Estado (artículo 13, apartado 1 b) del convenio). Una SCI cuyo único activo es un piso alquilado en Francia cumple exactamente esa definición de sociedad de preponderancia inmobiliaria: vender sus participaciones tributa en Francia como si se vendiera el piso.

En derecho interno, el artículo 244 bis A del código tributario francés somete a un prélèvement, una exacción liberatoria, las plusvalías de no residentes en la venta de inmuebles franceses, de derechos sobre esos inmuebles y de títulos de sociedades de preponderancia inmobiliaria francesa. La base se calcula con las reglas de las plusvalías inmobiliarias de los particulares, cuyo punto de partida es el artículo 150 U del mismo código: precio de venta menos precio de compra y gastos justificados, con las reducciones por duración de tenencia que fija la ley. Sobre esa base, la doctrina oficial fija un tipo del 19 % para las personas físicas y para las sociedades transparentes a prorrata de los derechos de sus socios personas físicas, y reserva los tipos del impuesto sobre sociedades para los cedentes personas jurídicas de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (BOI-RFPI-PVINR-20-20, tipos del 19 % y del impuesto sobre sociedades). Para un socio persona física residente en España que vende sus partes de SCI, el tipo de referencia es, por tanto, el 19 % sobre la plusvalía calculada con las reglas francesas.

A ese 19 % se suman las cargas sociales, y aquí vive la segunda gran reclamación posible. La misma doctrina oficial explica que las plusvalías de no residentes personas físicas soportan las cargas sociales francesas, pero que quien depende en materia de enfermedad de la legislación de otro Estado europeo por el reglamento de coordinación de la Seguridad Social número 883/2004, y no está a cargo de un régimen obligatorio francés, no debe la contribución social generalizada ni la contribución para el reembolso de la deuda social: solo paga la exacción de solidaridad del 7,5 % prevista en el artículo 235 ter del código tributario, porque esa exacción financia el presupuesto del Estado y no la Seguridad Social (BOI-RFPI-PVINR-20-20, cargas sociales, observación 1). Un socio afiliado a la Seguridad Social española que vende sus participaciones y sufre la retención completa de cargas sociales francesas paga de más por la diferencia entre la carga completa y ese 7,5 %: esa diferencia se reclama. Conserve el certificado de afiliación o el formulario de desplazamiento de su organismo español, porque es la prueba que decide estos expedientes.

Dos sentencias leídas íntegramente para este artículo muestran cómo razona el juez francés. La corte administrativa de apelación de París resolvió el 13 de diciembre de 2024 el caso de un no residente al que se reclamaban 405 094 euros por la venta, en 2014, de derechos de nuda propiedad sobre títulos de una sociedad de preponderancia inmobiliaria, con fundamento en el artículo 244 bis A y en el artículo 164 B (CAA París, 13 de diciembre de 2024, 23PA01695). El vendedor sostenía que sus derechos sobre títulos eran bienes muebles según el derecho civil y que la plusvalía debía tributar en su residencia conforme al artículo sobre otras rentas del convenio con Bélgica de 1964. La corte rechazó el recurso: la venta afectaba a un bien inmueble en el sentido del artículo sobre bienes inmuebles de ese convenio, la plusvalía solo era imponible en Francia, y la doctrina administrativa invocada no contenía ninguna interpretación distinta de la ley aplicada. La lección para el socio en España es directa: el juez francés califica con amplitud lo inmobiliario cuando hay preponderancia, y el convenio franco-español es aún más explícito que el belga, porque su artículo 13 menciona expresamente las partes de sociedades de preponderancia inmobiliaria.

El Consejo de Estado, el 20 de junio de 2023, zanjó un litigio mayor sobre una SCI del artículo 8 del código tributario: la SCI Faucon había vendido el 30 de septiembre de 2011 un inmueble de renta en Niza y pedía la devolución de una exacción de más de cuatro millones de euros, de los que el ministro solo reclamaba restablecer 2 304 487 euros (Consejo de Estado, 20 de junio de 2023, 463599, ECLI:FR:CECHR:2023:463599.20230620). El Consejo confirmó que una sociedad del artículo 8 soporta la exacción del artículo 244 bis A a prorrata de los derechos de sus socios no domiciliados en Francia, admitió que un gravamen superior al de los residentes puede disuadir a los inversores y constituir en principio una restricción a la libre circulación de capitales del artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin embargo desestimó la devolución: la sociedad no probó ni la revalorización del precio de compra con un simple informe de auditoría sin traducir, ni los gastos que pretendía añadir, y como su socio, el Estado de Kuwait, tributaba en Francia por el impuesto sobre sociedades y no por el impuesto sobre la renta, la base debía calcularse con las reglas de las personas jurídicas, incluida la minoración anual del 2 % por amortización. Tres enseñanzas prácticas: la prueba del precio y de los gastos decide más pleitos que la teoría, el estatuto del socio determina las reglas de cálculo, y el argumento europeo solo prospera si la carga del no residente supera demostrablemente la del residente. Si la SCI vende directamente el piso, el cálculo de la plusvalía y la retención del notario siguen la misma lógica que en una venta directa, expuesta en el artículo sobre vender un piso francés viviendo en España.

B. Las participaciones cuentan en el IFI y el exceso se reclama antes del 31 de diciembre

Mientras conserve las participaciones, Francia puede gravarle también por el impuesto sobre la fortuna inmobiliaria, el impôt sur la fortune immobilière (IFI). El artículo 965 del código tributario francés incluye en la base del impuesto las partes o acciones de sociedades y organismos, franceses o extranjeros, a la altura de la fracción de su valor representativa de bienes o derechos inmobiliarios poseídos directa o indirectamente por la sociedad, calculada aplicando al valor de las partes un coeficiente entre el valor venal de los inmuebles imponibles y el valor venal del conjunto de los activos. Para una SCI cuyo activo es casi por entero el piso, casi todo el valor de sus participaciones entra en la base del IFI del socio. Y el convenio lo permite: su artículo 23 dispone que la fortuna constituida por acciones, partes u otros derechos en una sociedad cuyo activo está principalmente formado por inmuebles situados en un Estado es imponible en ese Estado (artículo 23, apartado 1 b) del convenio). El cálculo detallado del impuesto, sus umbrales y su declaración se estudian en el artículo dedicado al IFI del piso francés viviendo en España: lo específico de la SCI es que el socio declara el valor de sus partes corregido por el coeficiente inmobiliario, y que las deudas de la sociedad solo reducen la base en las condiciones estrictas de la ley francesa.

Cuando Francia cobra de más, la vía es la reclamación previa ante la administración y, si no prospera, el tribunal administrativo. El plazo es estricto y general: la reclamación debe presentarse antes del 31 de diciembre del segundo año siguiente al de la liquidación del impuesto indicada en el aviso, con ejemplos oficiales como el impuesto sobre la renta liquidado en 2026, reclamable hasta el 31 de diciembre de 2028 (ficha oficial de Service Public sobre plazos de reclamación). Tres reclamaciones típicas del socio de SCI residente en España son la aplicación del tipo medio del artículo 197 A frente al mínimo del 20 %, la devolución del exceso de cargas sociales cuando solo se debía la solidaridad del 7,5 % por estar afiliado en España, y la corrección de la base de la plusvalía cuando el notario o la administración olvidaron gastos justificados o aplicaron mal las reglas de duración. Cada una exige sus pruebas: declaración mundial de rentas para el tipo medio, certificado de Seguridad Social española para las cargas, escrituras, facturas y justificantes de obras para la base. Presente la reclamación por escrito ante el servicio de impuestos de los no residentes que figura en su aviso, describa cada error con su cifra, adjunte las copias y conserve el acuse: si la administración guarda silencio cuatro meses o deniega, se abre el recurso ante el juez. Y recuerde la simetría del convenio: lo que Francia devuelva deja de ser deducible en España, de modo que avise a su asesor español para corregir la deducción del artículo 24 y no crear un segundo litigio en el otro lado de la frontera.

Conclusión

La SCI francesa no protege al socio que vive en España frente al fisco francés: la transparencia del artículo 1655 ter pone los alquileres a su nombre, el convenio autoriza a Francia a gravarlos por su artículo 6, la venta de las participaciones tributa en Francia por el artículo 13 con una exacción del 19 % más la solidaridad del 7,5 % si está afiliado en España, y las partes cuentan en el IFI por los artículos 965 y 23 del convenio. España evita la doble imposición deduciendo lo pagado en Francia con el tope de su artículo 24, sin devolver el exceso de un impuesto francés mal calculado. El socio que guarda cada año la 2072, el reparto de resultados, el aviso francés y sus pruebas de residencia y de Seguridad Social cobra lo justo en cada país y reclama a tiempo lo indebido: tipo medio frente al mínimo del 20 %, cargas sociales reducidas al 7,5 % y bases de plusvalía correctamente calculadas, con la reclamación presentada antes del 31 de diciembre del segundo año. La jurisprudencia confirma que el juez examina las pruebas antes que las etiquetas: títulos calificados de muebles que esconden un inmueble, como en París en 2024, o gastos alegados sin factura, como en el Consejo de Estado de 2023, pierden. En una SCI, el papel gana los pleitos.

📄 Circular oficial