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Seguridad vial: cuándo es delito y qué pena tiene por alcoholemia, exceso de velocidad o conducir sin carnet en España

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Seguridad vial: cuándo es delito y qué pena tiene por alcoholemia, exceso de velocidad o conducir sin carnet en España

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En España, la búsqueda «seguridad vial» registró un repunte en Google el 19 de noviembre de 2026, y las sugerencias que la acompañan revelan una inquietud muy concreta: «seguridad vial delito», «delito contra la seguridad vial pena», «delito contra la seguridad vial alcoholemia», y variantes sobre conducir sin carnet o sobre el exceso de velocidad. Quien escribe esas palabras suele querer saber una sola cosa: si lo ocurrido en un control, o lo que podría ocurrir en el próximo, se queda en una multa de tráfico con pérdida de puntos o se convierte en un delito que se juzga en el juzgado de guardia y deja antecedentes penales. La frontera entre ambas vías no es una cuestión de apreciación general. Está fijada por cifras precisas, como la tasa de alcohol, los kilómetros por hora de exceso o la situación del permiso, y por reglas de procedimiento que conviene conocer antes de aceptar una condena o de firmar un acta. Este texto expone el derecho español tal como se lee en los textos consolidados publicados en el Boletín Oficial del Estado a 22 de noviembre de 2026, sin describir ningún caso concreto ni a ninguna persona. La metodología es de alcance general: las circunstancias del hecho, las pruebas practicadas y la valoración de los jueces deciden cada asunto. Se trata de una información sobre derecho extranjero, redactada por Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París, que no ejerce en España.

I. ¿Cuándo es delito contra la seguridad vial? Los umbrales que separan la multa del delito

A. Alcoholemia y drogas: de la sanción de tráfico al delito

El primer error que conviene evitar es confundir el límite que se controla en carretera con el límite penal. El Reglamento General de Circulación fija en su artículo 20 las tasas máximas para circular: con carácter general, 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre o 0,25 miligramos por litro de aire espirado. Para los conductores de vehículos de mercancías de más de 3.500 kilogramos, de transporte de viajeros de más de nueve plazas, de servicio público, de transporte escolar y de menores, de mercancías peligrosas, de servicios de urgencia o de transportes especiales, el límite baja a 0,3 gramos y 0,15 miligramos. Ese mismo límite reducido se aplica a cualquier conductor recién habilitado, porque el reglamento lo impone «durante los dos años siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita para conducir». El mismo reglamento organiza la prueba: si la primera medición supera la tasa, el agente debe practicar una segunda, y debe advertir al interesado de su derecho a controlar, por sí o por un acompañante o testigo, «que entre la realización de la primera y de la segunda prueba medie un tiempo mínimo de 10 minutos».

Superar esas tasas sin alcanzar el umbral penal es una infracción administrativa, no un delito. El texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial califica como muy grave, cuando la conducta no sea constitutiva de delito, la conducción con tasas superiores a las reglamentarias o con presencia de drogas en el organismo, así como la negativa a someterse a las pruebas (artículo 77, letras c y d). Su artículo 80 fija la multa en 500 euros para las infracciones muy graves y en 1.000 euros para la presencia de drogas y para la negativa a las pruebas; en materia de alcohol, la multa de 1.000 euros solo se impone a quien ya hubiera sido sancionado en el año anterior por exceder la tasa o a quien circule con más del doble de la permitida. El anexo II de la ley añade la pérdida de puntos: seis puntos por más de 0,50 miligramos por litro de aire espirado y cuatro puntos entre 0,25 y 0,50 miligramos, con los umbrales rebajados a 0,30 y 0,15 miligramos para profesionales y noveles; seis puntos por conducir con presencia de drogas y otros seis por negarse a las pruebas. Para los menores de edad, el artículo 14 no admite tolerancia alguna: «En ningún caso el conductor menor de edad podrá circular por las vías con una tasa de alcohol en sangre superior a 0 gramos por litro».

El salto al terreno penal lo marca el artículo 379 del Código Penal. Su apartado 2 castiga a quien conduzca un vehículo de motor o un ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas, y añade un umbral objetivo que no admite discusión sobre los síntomas: «En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro». Las penas son las del apartado 1: «prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días», y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante más de un año y hasta cuatro años. El mismo capítulo castiga en su artículo 383 al conductor que, requerido por un agente, «se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia», con prisión de seis meses a un año y la misma privación del derecho a conducir de más de uno y hasta cuatro años.

De la lectura conjunta de estos textos resultan tres zonas. Por debajo de 0,25 miligramos por litro de aire espirado (o de 0,15 para profesionales y noveles), no hay infracción por alcohol, salvo para los menores de edad, a quienes no se tolera ninguna tasa; cualquier conductor sigue obligado, en todo caso, a conducir con diligencia. Entre esa tasa y 0,60 miligramos, la regla es la sanción administrativa: multa de 500 o de 1.000 euros y pérdida de cuatro o seis puntos. Por encima de 0,60 miligramos, el delito existe por la sola cifra, sin necesidad de demostrar que la conducción se vio alterada. La zona intermedia tiene, sin embargo, una salida penal: el apartado 2 del artículo 379 también castiga la conducción «bajo la influencia» de bebidas alcohólicas, lo que permite perseguir a un conductor con una tasa inferior a 0,60 cuando el atestado describe signos de que el alcohol afectaba a su manera de conducir. En ese caso, la prueba ya no es solo el etilómetro: son las observaciones de los agentes, la forma de conducción y, en su caso, el resultado de los análisis.

Las drogas siguen una lógica parecida, pero con una diferencia importante en la redacción. En la vía administrativa basta la presencia de drogas en el organismo, detectada mediante una prueba salival y un análisis posterior, con la exclusión que la propia ley de tráfico prevé para las sustancias tomadas bajo prescripción facultativa y con finalidad terapéutica, siempre que el conductor esté en condiciones de conducir con la diligencia debida. En la vía penal, el texto del artículo 379 no castiga la mera presencia de la sustancia, sino la conducción bajo su influencia. Esa diferencia de palabras explica por qué un resultado salival positivo puede acabar en una multa de 1.000 euros y seis puntos sin llegar a un juicio penal, y por qué, cuando hay proceso penal, la discusión se centra en los signos de afectación que constan en el atestado.

Sobre la prueba de alcohol conviene retener tres reglas prácticas. Todos los conductores están obligados a someterse a ella, y la obligación se extiende a los demás usuarios de la vía implicados en un accidente o que hayan cometido una infracción, según el artículo 14 de la ley de tráfico. El interesado puede pedir una prueba de contraste, que consistirá preferentemente en un análisis de sangre; si el resultado es positivo, la paga él, y el reglamento prevé un depósito previo que se devuelve si el análisis es negativo. Por último, el interesado tiene derecho a formular alegaciones u observaciones, por sí o por medio de su acompañante o defensor, y a que se consignen por diligencia. Ninguna de estas garantías autoriza a negarse: la negativa no evita el problema, sino que lo agrava, porque constituye un delito propio castigado con prisión, sin la alternativa de la multa o de los trabajos en beneficio de la comunidad que el artículo 379 sí ofrece.

B. Exceso de velocidad, conducción temeraria, conducir sin carnet y abandono del lugar del accidente

El exceso de velocidad se convierte en delito a partir de una cifra concreta. El apartado 1 del artículo 379 castiga a quien conduzca a una velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana, o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana, a la permitida reglamentariamente. Traducido a ejemplos: en una calle limitada a 50 km/h, el delito empieza por encima de 110 km/h; en una limitada a 30 km/h, por encima de 90 km/h; en una carretera convencional a 90 km/h, por encima de 170 km/h; y en una autovía o autopista a 120 km/h, por encima de 200 km/h. Por debajo de esos umbrales, el cuadro del anexo IV de la ley de tráfico gradúa la multa y los puntos: en una vía limitada a 50 km/h, la sanción más alta, de 600 euros y seis puntos, se aplica a partir de 101 km/h; en una vía limitada a 120 km/h, a partir de 191 km/h. Las penas del delito de velocidad son las mismas que las del delito de alcoholemia: prisión de tres a seis meses, o multa de seis a doce meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y siempre privación del derecho a conducir de más de uno y hasta cuatro años.

El mismo anexo IV contiene una precisión útil para quien circula por los accesos a las ciudades. En los tramos de autovías y autopistas interurbanas de acceso a las ciudades en los que se hayan fijado límites inferiores a 100 km/h, el exceso se multa según el cuadro, pero el resto de los efectos administrativos y penales solo se produce cuando se superan los 100 km/h, y en los términos previstos para ese límite. En esos tramos, por tanto, la referencia para el umbral penal de ochenta kilómetros por hora de exceso es el límite de 100 km/h, y no el límite inferior señalizado.

Por encima del delito de velocidad o de alcoholemia está la conducción temeraria del artículo 380, que exige conducir «con temeridad manifiesta» y poner en concreto peligro la vida o la integridad de las personas. La pena sube a prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir de más de uno y hasta seis años. El propio artículo establece una presunción: se considera manifiestamente temeraria la conducción en la que coinciden el exceso de velocidad del artículo 379.1 y la tasa de alcohol superior a 0,60 miligramos del artículo 379.2. El artículo 381 contempla el escalón más grave, la conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás, castigada con prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir de seis a diez años; si no se llegó a poner en concreto peligro a nadie, la prisión es de uno a dos años, con multa de seis a doce meses y la misma privación del permiso.

Conducir sin carnet solo es delito en tres supuestos, y los tres están enumerados en el artículo 384. El primero es conducir cuando el permiso ha perdido su vigencia por la pérdida total de los puntos. El segundo es conducir después de haber sido privado del permiso, de forma cautelar o definitiva, por una decisión judicial. El tercero es conducir sin haber obtenido nunca permiso o licencia. La pena es de prisión de tres a seis meses, o multa de doce a veinticuatro meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Fuera de esos tres casos, la conducción sin el permiso adecuado no aparece en el Código Penal: conducir con un permiso que no habilita para esa clase de vehículo, o con la autorización suspendida en vía administrativa, figura en el anexo II de la ley de tráfico como infracción que supone la pérdida de cuatro puntos. La diferencia es enorme para quien la sufre, y depende de una pregunta muy concreta: ¿qué tipo de resolución le impedía conducir, y quién la dictó?

Dos figuras completan el capítulo. El artículo 385 castiga a quien origine un grave riesgo para la circulación colocando obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables, alterando o anulando la señalización, o no restableciendo la seguridad de la vía cuando tenga obligación de hacerlo. Y el artículo 382 bis, en su redacción vigente desde el 15 de septiembre de 2022, castiga el abandono del lugar del accidente: comete este delito el conductor que, fuera de los casos contemplados en el artículo 195 y sin riesgo propio ni de terceros, abandona voluntariamente el lugar tras causar un accidente con fallecidos o con lesiones graves de las previstas en los artículos 147.1, 149 y 150. Si el accidente tuvo un origen imprudente, la pena es de prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años; si fue fortuito, de tres a seis meses de prisión y privación del permiso de seis meses a dos años.

Queda el caso en que el delito de riesgo produce además un daño. Según el artículo 382, cuando la conducción castigada por los artículos 379, 380 o 381 ocasiona un resultado lesivo constitutivo de delito, los jueces aplican solo la infracción más gravemente penada, en su mitad superior, y condenan en todo caso a reparar el daño causado, es decir, a la responsabilidad civil. Para la víctima, esa responsabilidad civil es la que permite reclamar la indemnización dentro del mismo proceso penal; para el conductor, es una deuda que se suma a la pena.

II. ¿Qué pena tiene y cómo se tramita? Del control al juicio rápido

A. Prisión, multa o trabajos: cómo se concreta la pena y qué consecuencias deja

Cuando el Código ofrece penas alternativas, como en los artículos 379 y 384, el juez elige entre prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad. La multa se calcula por el sistema de días-multa del artículo 50 del Código Penal: los meses se cuentan de treinta días, y la cuota diaria va de 2 a 400 euros, fijada según la situación económica del condenado, deducida de su patrimonio, sus ingresos, sus obligaciones y sus cargas familiares. Una multa de seis meses equivale así a 180 días: con una cuota de 6 euros, el total es de 1.080 euros; con una cuota de 10 euros, de 1.800 euros. En el delito de conducir sin carnet, la multa de doce a veinticuatro meses supone entre 360 y 720 días-multa. El tribunal puede autorizar, por causa justificada, el pago de la multa en plazos durante un máximo de dos años desde la firmeza de la sentencia, y el impago de dos plazos hace vencer los restantes.

Los trabajos en beneficio de la comunidad no pueden imponerse sin el consentimiento del condenado, según el artículo 49. Consisten en una cooperación no retribuida en actividades de utilidad pública, que pueden incluir la participación en talleres o programas formativos, entre ellos los de educación vial, con una duración diaria de ocho horas como máximo. Para muchos conductores sin antecedentes, la elección entre multa y trabajos es la primera decisión práctica que hay que tomar con su defensa, en función de sus ingresos y de su disponibilidad.

La pena que más se nota en la vida diaria es la privación del derecho a conducir, que el artículo 379 impone siempre, entre más de un año y cuatro años. El artículo 47 añade una consecuencia que muchos descubren tarde: cuando la privación impuesta supera los dos años, comporta la pérdida de vigencia del permiso. En ese caso no basta con esperar a que termine la condena; hay que volver a obtener la autorización para conducir. Y mientras dura la privación, volver a ponerse al volante constituye precisamente el segundo supuesto del delito de conducir sin carnet del artículo 384.

El vehículo también puede verse afectado. El artículo 385 bis dispone que el vehículo a motor o ciclomotor utilizado en estos delitos se considera instrumento del delito a efectos del decomiso regulado en los artículos 127 y 128. El artículo 127 prevé, para los delitos dolosos, la pérdida de los instrumentos con que se haya ejecutado el delito, y el artículo 128 permite al juez no decretar el decomiso, o decretarlo solo en parte, cuando el bien es de lícito comercio y su valor no guarda proporción con la gravedad de la infracción, o cuando se han satisfecho completamente las responsabilidades civiles. El decomiso del coche no es, por tanto, automático, pero tampoco es una hipótesis teórica.

El Código prevé también dos mecanismos de moderación. El artículo 385 ter permite al juez, razonándolo en la sentencia, rebajar en un grado la pena de prisión en los delitos de los artículos 379, 383, 384 y 385, atendiendo a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho. Y el artículo 80 permite suspender la ejecución de las penas de prisión no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que no se cometerán nuevos delitos. En la redacción vigente desde el 10 de abril de 2026, las condiciones ordinarias son tres: haber delinquido por primera vez, sin contar las condenas anteriores por delitos imprudentes o por delitos leves ni los antecedentes cancelados; que la pena o la suma de las impuestas no supere los dos años; y haber satisfecho las responsabilidades civiles, requisito que se entiende cumplido cuando el condenado se compromete a pagarlas según su capacidad económica y es razonable esperar que lo hará.

La condena deja, además, antecedentes penales. El artículo 136 regula su cancelación, que se obtiene de oficio o a instancia del interesado una vez extinguida la responsabilidad penal y transcurridos, sin volver a delinquir, unos plazos que dependen de la pena: seis meses para las penas leves, dos años para las que no exceden de doce meses y para las impuestas por delitos imprudentes, tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años y cinco años para las menos graves iguales o superiores a tres años. Según la clasificación del artículo 33, son penas menos graves la prisión de tres meses a cinco años, la multa de más de tres meses, los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un año y la privación del derecho a conducir de un año y un día a ocho años. Una condena típica por alcoholemia o por velocidad reúne, por tanto, penas menos graves, y el plazo de cancelación se cuenta desde el día siguiente a aquel en que la pena quedó extinguida.

B. Del control al juicio rápido: conformidad, retirada cautelar del permiso y multa de tráfico

La mayoría de estos asuntos no siguen el procedimiento ordinario, sino el juicio rápido. El artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo aplica a los delitos castigados con pena de prisión que no exceda de cinco años, o con otras penas cuya duración no exceda de diez años, siempre que el proceso se incoe en virtud de un atestado policial y que la policía haya detenido a la persona y la haya puesto a disposición del juzgado de guardia, o la haya citado para comparecer ante él; la lista de delitos a los que se aplica incluye expresamente los «Delitos contra la seguridad del tráfico». En ese procedimiento, el artículo 801 de la misma ley permite al acusado prestar su conformidad ante el juzgado de guardia cuando no se ha constituido acusación particular, cuando los hechos se califican como delito castigado con prisión de hasta tres años, con multa de cualquier cuantía o con otra pena que no exceda de diez años, y cuando la pena privativa de libertad solicitada, reducida en un tercio, no supera los dos años. En ese caso, el juez dicta sentencia de conformidad «en la que impondrá la pena solicitada reducida en un tercio, aun cuando suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal». El mismo artículo facilita la suspensión de la pena de prisión, para la que basta el compromiso del acusado de satisfacer las responsabilidades civiles en el plazo prudencial que fije el juzgado de guardia.

Esa reducción de un tercio explica que muchos conductores acepten la conformidad el mismo día. A modo de ilustración teórica, si la acusación pidiera una multa de seis meses y una privación del derecho a conducir de un año y tres meses, la sentencia de conformidad impondría una multa de cuatro meses y una privación de diez meses, aunque esta última quede por debajo del mínimo de un año previsto en el artículo 379. A cambio, la condena es inmediata y firme si nadie recurre, y genera antecedentes penales. La decisión no debería tomarse sin examinar antes el atestado: la tasa medida en cada una de las dos pruebas, el intervalo entre ambas, la información dada sobre el derecho al contraste, la descripción de los síntomas o de la forma de conducción y, en los casos de velocidad, la vía, el límite aplicable y el tramo. Cuando alguno de esos elementos falla, el juicio puede ofrecer una defensa real; cuando todos son sólidos, la conformidad suele ser la opción menos gravosa.

Antes de la sentencia, el juez puede adoptar medidas cautelares. El artículo 764 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite acordar la intervención inmediata del vehículo y la retención de su permiso de circulación por el tiempo indispensable, y también la intervención del permiso de conducción, requiriendo al investigado para que se abstenga de conducir mientras subsista la medida, con la advertencia de las consecuencias penales de no hacerlo. Conducir durante esa retirada cautelar entra, además, en el segundo supuesto del artículo 384, que castiga la conducción tras haber sido privado cautelarmente del permiso por decisión judicial.

Queda la pregunta de la multa de tráfico. El artículo 85 de la ley de tráfico regula la relación entre las dos vías y evita la doble sanción por los mismos hechos. Cuando en un procedimiento sancionador aparecen indicios de delito perseguible de oficio, la autoridad administrativa lo comunica al Ministerio Fiscal y suspende sus actuaciones. Si el proceso penal termina con sentencia condenatoria, el procedimiento sancionador se archiva sin declaración de responsabilidad. Si termina con absolución o con otra resolución que le ponga fin sin declarar la responsabilidad, la administración puede iniciar o continuar el procedimiento, salvo que la resolución penal se funde en la inexistencia del hecho, y siempre respetando los hechos declarados probados por el juez. Durante ese tiempo, el artículo 112 suspende el plazo de caducidad del procedimiento administrativo, que en otro caso es de un año desde su iniciación; las infracciones graves y muy graves prescriben a los seis meses, y las leves a los tres meses.

Esta articulación tiene una consecuencia práctica sobre los puntos. El anexo II de la ley de tráfico vincula la pérdida de puntos a la sanción firme «en vía administrativa». Si el procedimiento sancionador se archiva porque el conductor ha sido condenado penalmente, la consecuencia sobre la conducción ya no es la resta de puntos, sino la privación del derecho a conducir impuesta por el juez, con la pérdida de vigencia del permiso cuando supera los dos años. En cambio, si el asunto se queda en la vía administrativa, por ejemplo con una tasa entre 0,25 y 0,60 miligramos sin signos de afectación, la multa y los puntos siguen su curso, con sus propios recursos y plazos.

Para quien acaba de pasar por un control o tiene una citación ante el juzgado de guardia, el orden de las preguntas es siempre el mismo. Primero, identificar en qué zona se encuentra: tasa medida, exceso de velocidad sobre el límite aplicable o situación exacta del permiso. Segundo, reunir los documentos: copia del acta de las pruebas, citación, resolución que hubiera retirado el permiso y, si se pidió, resultado del análisis de contraste. Tercero, antes de la comparecencia, valorar con su defensa si conviene la conformidad con la reducción de un tercio o el juicio, en función de la solidez del atestado. Cuarto, tras la sentencia, pedir en su caso la suspensión de la pena de prisión, cumplir la privación del permiso sin conducir y, si supera los dos años, preparar la nueva obtención de la autorización. Las personas que viven entre Francia y España encontrarán en la sección de derecho penal del despacho otras explicaciones elaboradas con el mismo método: lectura de los textos oficiales en vigor y distinción clara entre lo que dice la ley y lo que dependerá de la prueba y del criterio de los tribunales.

Conclusión

En España, la frontera entre la multa de tráfico y el delito contra la seguridad vial se lee en cifras y en supuestos tasados. En alcohol, la sanción administrativa empieza por encima de 0,25 miligramos por litro de aire espirado, o de 0,15 para profesionales y noveles, y el delito existe por la sola cifra a partir de 0,60 miligramos, o antes si el conductor circula bajo la influencia del alcohol. En velocidad, el umbral penal es de sesenta kilómetros por hora de exceso en vía urbana y de ochenta en vía interurbana. Conducir sin carnet solo es delito tras la pérdida total de los puntos, tras una privación judicial del permiso o sin haberlo obtenido nunca. La negativa a las pruebas es un delito propio, castigado con prisión. Las penas combinan prisión, multa por días-multa o trabajos en beneficio de la comunidad con la privación del derecho a conducir, que, más allá de dos años, obliga a obtener de nuevo el permiso. El juicio rápido y la conformidad con reducción de un tercio marcan la mayoría de estos procesos, y el procedimiento sancionador de tráfico queda suspendido mientras dura el proceso penal. Este análisis es de alcance general y no sustituye el examen del atestado, de las pruebas practicadas y de las circunstancias de cada caso, que son los elementos que deciden el resultado.

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