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Stellantis pide perdón por el PureTech y los airbags Takata: qué debe comprobar cada propietario y cómo reclamar en el marco europeo

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado de daños personales en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Stellantis pide perdón por el PureTech y los airbags Takata: qué debe comprobar cada propietario y cómo reclamar en el marco europeo

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El consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, pidió perdón públicamente a los clientes afectados por el motor 1.2 PureTech y por los airbags de su proveedor Takata durante el Salón del Automóvil de París, según relatan el 20 y el 21 de octubre de 2026 la prensa española del motor. La frase que recoge Autofácil resume el gesto: «Les pido disculpas». El motor 1.2 PureTech, una de las mecánicas de gasolina más extendidas del grupo en Peugeot, Citroën, Opel y DS, arrastra años de polémica por averías ligadas a su correa de distribución, mientras que los airbags Takata con nitrato de amonio han dado lugar en Francia a llamadas a revisión con orden de inmovilización del vehículo. Para un propietario español de un Peugeot 308, un Citroën C3 o un Opel Crossland, la pregunta práctica es inmediata: qué valor tiene esa disculpa, qué debe comprobar hoy mismo en su coche y por qué vía puede reclamar si el motor falla o si su airbag está afectado. Ninguna responsabilidad del fabricante resulta establecida por unas disculpas ni por un artículo de prensa; solo el juez decide, a partir de las pruebas y del contrato firmado. Los desarrollos siguientes son de alcance general: describen las comprobaciones útiles en toda situación comparable y no describen la situación de ninguna empresa concreta, sobre la que este artículo no formula ningún reproche.

I. Qué ha ocurrido y qué marco europeo se aplica a estos vehículos

A. Las disculpas de París y los dos expedientes que todo propietario debe separar

El hecho que ha disparado las búsquedas en España es concreto y fechado. Antonio Filosa, máximo responsable de Stellantis, aprovechó su presencia en el Salón del Automóvil de París para pedir perdón a los clientes perjudicados por el 1.2 PureTech y por los airbags Takata, tal como publicaron Motor.es el 20 de octubre de 2026 y Autofácil el 21 de octubre de 2026. Que el primer directivo del grupo reconozca en público los problemas sufridos por miles de conductores es un hecho inhabitual, y explica por sí solo el volumen de búsquedas. Pero una disculpa no es una indemnización ni un reconocimiento de responsabilidad ante un tribunal: es el punto de partida de una serie de comprobaciones que cada propietario debe hacer por su cuenta, con su documentación en la mano.

Conviene separar desde el principio dos expedientes distintos, porque obedecen a reglas diferentes. El primero es el del motor 1.2 PureTech. Se trata de una mecánica de gasolina muy difundida en las gamas de Peugeot, Citroën, Opel y DS, cuyas averías recurrentes —consumo anormal de aceite, degradación prematura de la correa de distribución bañada en aceite, encendido del testigo de motor— han sido descritas durante años por la prensa especializada y por asociaciones de consumidores de varios países europeos. Cuando el motor falla, el perjuicio típico es económico: coste de sustitución del motor o de reparaciones mayores, depreciación del vehículo y, en ocasiones, gastos de alquiler de un coche de sustitución. El segundo expediente es el de los airbags Takata que contienen nitrato de amonio en fase estabilizada. Aquí el riesgo no es solo económico sino corporal: con el envejecimiento y la humedad, el inflador puede explotar con una violencia anormal y proyectar fragmentos metálicos hacia los ocupantes, con lesiones graves ya documentadas en el mundo. Por eso las autoridades francesas impusieron a los constructores e importadores afectados un «stop drive»: la llamada a revisión va acompañada de la petición de dejar de conducir el vehículo inmediatamente hasta la sustitución de los airbags afectados. El arrêté du 9 avril 2025 imposant des mesures restrictives provisoires concernant les véhicules équipés d’airbags Takata, en son article 11 organiza además la atención al cliente: cita para la sustitución en dos meses, vehículo de cortesía o medio de transporte alternativo si la cita supera los quince días, y sanción económica en caso de incumplimiento, pues «Tout dépassement de l’un des délais prévus à cet article peut donner lieu à la liquidation d’une astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard et par véhicule concerné» (todo incumplimiento de los plazos previstos en este artículo puede dar lugar a la liquidación de una multa coercitiva de 1.000 euros por día de retraso y por vehículo afectado). Si usted circula en España con un Citroën C3 o un DS 3 de los años afectados, la primera comprobación útil es esa: número de bastidor en la web oficial de la marca y, en caso de duda, consulta inmediata al concesionario, porque un airbag bajo «stop drive» no admite espera.

En Francia, los jueces ya conocen litigios sobre la mecánica 1.2 PureTech. El 28 de abril de 2026, el tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ordenó una pericia judicial en un caso relativo a un Peugeot 308 1.2 PureTech de ocasión, en un litigio sobre vicio oculto y falta de conformidad que enfrentaba al comprador con el vendedor profesional y con el fabricante (ordonnance de référé du 28 avril 2026, RG 25/00879). El informe de pericia privada aportado al procedimiento describía el defecto P2271 registrado en tres kilometrajes distintos, tirones e irregularidades de combustión tras un repostaje completo, y concluía que «les dommages du véhicule […] découlent de la défaillance du clapet de dégazage du réservoir de carburant» (los daños del vehículo derivan del fallo de la válvula de desgasificación del depósito de combustible) y que «les dommages sont par ailleurs de nature à réduire significativement l’usage attendue du bien et ne sont pas décelables pour un profane» (los daños son además de naturaleza tal que reducen significativamente el uso esperado del bien y no son detectables por un profano). El tribunal recordó la regla de la prueba antes de todo proceso: «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé» (si existe un motivo legítimo para conservar o establecer antes de todo proceso la prueba de hechos de los que pueda depender la solución de un litigio, las medidas de instrucción legalmente admisibles pueden ordenarse a petición de cualquier interesado). Esa resolución no condena a nadie: ordena una pericia. Pero muestra el camino que siguen los jueces franceses cuando un propietario documenta fallos repetidos: prueba técnica independiente, debate sobre el uso esperado del bien y, solo después, discusión sobre la responsabilidad. Para quien busque una guía complementaria sobre cómo conservar y presentar esas pruebas en un expediente de airbag, puede resultar útil la lectura del análisis dedicado a lo que la carta de llamada a revisión, la ficha oficial y las facturas prueban realmente en un expediente Takata.

B. El régimen europeo aplicable hoy: quién prueba qué, y la novedad que aún no se aplica a estos coches

Todos estos vehículos circulan bajo un mismo marco europeo de responsabilidad por productos defectuosos, transpuesto en cada Estado miembro. La regla de base sigue siendo la directiva 85/374/CEE, cuyo artículo 4 impone a la víctima probar el daño, el defecto y el vínculo de causalidad entre ambos. En Francia, esa directiva está transpuesta en los artículos 1245 y siguientes del code civil. El artículo 1245 establece: «Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime» (el productor es responsable del daño causado por un defecto de su producto, esté o no vinculado por un contrato con la víctima), y el artículo 1245-3 define el defecto: «Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre» (un producto es defectuoso cuando no ofrece la seguridad a la que legítimamente cabe esperar), teniendo en cuenta la presentación del producto, el uso que razonablemente cabe esperar y el momento de su puesta en circulación (article 1245, article 1245-3). Para un motor que se rompe con un kilometraje moderado o un airbag que hiere en lugar de proteger, la pregunta jurídica es exactamente esa: qué seguridad podía esperar legítimamente el conductor de un turismo de gran serie.

La gran novedad europea, la directiva (UE) 2024/2853 del 23 de octubre de 2024 sobre responsabilidad por productos defectuosos, aligera la carga de la prueba del demandante mediante presunciones: el defecto se presume, entre otros casos, ante un funcionamiento manifiestamente defectuoso durante un uso razonablemente previsible, y el vínculo causal se presume cuando, establecido el defecto, el daño resulta generalmente compatible con él. Pero esta directiva contiene una regla temporal decisiva que impide invocarla para los coches vendidos hace años: no se aplica a los productos comercializados o puestos en servicio antes del 9 de diciembre de 2026. Para los PureTech y los airbags Takata actualmente en circulación, el régimen aplicable sigue siendo, por tanto, el de la directiva de 1985 y sus transposiciones nacionales, con las reglas de prueba clásicas matizadas por la jurisprudencia. En paralelo, el reglamento (UE) 2023/988 sobre seguridad general de los productos, directamente aplicable en toda la Unión, impone que todos los consumidores afectados que puedan ser identificados reciban una notificación directa de la llamada a revisión sin retraso injustificado, y organiza en su artículo 37 los remedios del consumidor en caso de retirada por seguridad: el operador responsable debe ofrecer al menos dos opciones entre la reparación, la sustitución por un producto seguro de tipo, valor y calidad al menos equivalentes, o un reembolso adecuado de un importe al menos igual al precio pagado, y el consumidor conserva en todo caso el derecho al reembolso si la reparación o la sustitución no se efectúan en un plazo razonable y sin inconveniente mayor para él.

II. Probar el defecto y reclamar: del taller al juez

A. Cómo se prueba un defecto mecánico o un airbag peligroso ante un tribunal

La primera lección de la jurisprudencia francesa es que el daño no basta. La Cour de cassation lo formuló con nitidez el 27 de junio de 2018: «la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage» (la mera imputabilidad del daño al producto incriminado no basta para establecer su defecto ni el vínculo de causalidad entre ese defecto y el daño), en una resolución publicada al Bulletin (Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-17.469). Un motor roto prueba un daño, no un defecto de fabricación o diseño: hay que demostrar además en qué se aparta el producto de la seguridad legítimamente esperable y cómo ese defecto causó el daño. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea admitió, el 21 de junio de 2017 en el asunto C-621/15, que el juez nacional puede deducir el defecto y el vínculo causal de indicios graves, precisos y concordantes invocados por el demandante, aun cuando la investigación médica no confirme ni descarte el vínculo, siempre que no invierta la carga de la prueba que incumbe a la víctima.

De ahí una regla práctica de conservación de pruebas que ningún propietario debería descuidar desde la primera anomalía. Conserve las facturas de compra y de cada revisión, con fechas y kilometrajes; fotografíe cada testigo encendido con el cuadro de mandos y el kilometraje visible; exija al taller que los códigos de avería consten por escrito en la orden de reparación; guarde los correos y cartas de llamada a revisión, incluido el sobre con el matasellos; y no autorice reparaciones destructivas del componente sospechoso sin haber ofrecido a la otra parte un examen contradictorio. La ordenanza de Clermont-Ferrand muestra por qué: el tribunal ordenó la pericia porque el propietario aportaba un certificado de cesión y un informe de pericia privada con códigos de avería registrados en tres kilometrajes, ensayo de conducción y referencia a una nota técnica del fabricante. Sin ese material previo, la solicitud de pericia judicial habría quedado en una mera afirmación. Y una precisión importante para quienes compraron a un profesional: la Cour de cassation juzgó el 18 de febrero de 2026 que «le professionnel, qui a utilisé un produit défectueux à l’origine d’un dommage et engagé sa responsabilité à l’égard de la victime sur le fondement d’une obligation de sécurité de résultat, peut solliciter du producteur le remboursement de l’intégralité des sommes versées à la victime, en l’absence de toute faute dans l’utilisation du produit» (el profesional que utilizó un producto defectuoso que originó un daño y comprometió su responsabilidad frente a la víctima con fundamento en una obligación de seguridad de resultado puede reclamar al productor el reembolso de la totalidad de las sumas pagadas a la víctima, cuando no hubo culpa alguna en la utilización del producto) (Civ. 1re, 18 février 2026, n° 24-19.881, publié au Bulletin). En términos corrientes: el vendedor o el taller que indemniza sin haber cometido falta puede volverse íntegramente contra el fabricante. Esa es también la razón por la que los vendedores profesionales suelen personarse junto al fabricante en estos litigios, como ocurrió en Clermont-Ferrand con la intervención voluntaria del constructor.

B. Por qué vía reclamar y en qué plazos debe moverse el propietario

Separado el defecto probado del simple daño, el propietario dispone de varias vías que no se excluyen entre sí. Frente al vendedor profesional, la garantía de conformidad europea, transpuesta en cada Estado miembro, permite exigir la reparación o la sustitución a elección del consumidor. El code civil francés no es aplicable en España, pero ilustra el estándar común: «Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement» (el consumidor tiene derecho a exigir la puesta en conformidad del bien, solicitando al vendedor dicha puesta en conformidad y eligiendo entre la reparación y la sustitución) (article L217-9 du code de la consommation). El bien debe ser «propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type» (apto para el uso habitualmente esperado de un bien del mismo tipo) (article L217-5), y el vendedor solo puede apartarse de la opción elegida si la puesta en conformidad resulta imposible o impone costes desproporcionados (article L217-12). Frente al fabricante, la acción por producto defectuoso permite reclamar todos los daños —reparación, depreciación, gastos de sustitución y, en el caso Takata, daños corporales— con independencia de todo vínculo contractual, como establece el citado artículo 1245. Y cuando existe una llamada a revisión con «stop drive», el reglamento europeo de seguridad de los productos da al consumidor el derecho a elegir entre reparación, sustitución o reembolso al menos igual al precio pagado, como se ha visto.

Los plazos son la parte del expediente donde un error cuesta el pleito, y cada plazo debe leerse en el texto que lo crea. En el régimen francés de productos defectuosos, que sirve aquí de referencia documentada, «L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur» (la acción de reparación prescribe a los tres años contados desde la fecha en que el demandante tuvo o debió tener conocimiento del daño, del defecto y de la identidad del productor) (article 1245-16 du code civil), y «Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci […] est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage […] à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice» (salvo culpa del productor, su responsabilidad se extingue a los diez años de la puesta en circulación del producto mismo que causó el daño, salvo que durante ese período la víctima haya interpuesto una acción judicial) (article 1245-15). La fecha de primera matriculación y la fecha en que el propietario conoció el defecto y la identidad del fabricante son, por tanto, las dos fechas que hay que fijar por escrito desde el primer día. En España, los plazos aplicables son los de la transposición española de la directiva y los del régimen interno de garantía, que el propietario debe comprobar con su propio expediente; lo que ningún propietario debe hacer es esperar a que el fabricante amplíe voluntariamente una garantía comercial para actuar, porque las garantías voluntarias no interrumpen por sí solas los plazos legales. Por eso el orden de trabajo recomendado es invariable: comprobar hoy mismo si el vehículo está afectado por una llamada a revisión, inmovilizarlo si hay «stop drive», reunir facturas, códigos de avería y cartas, solicitar una pericia contradictoria antes de reparar y, solo con ese expediente, plantear la reclamación al vendedor y al fabricante, cada uno por su vía. Ningún accidente, ningún daño y ninguna responsabilidad quedan establecidos por las disculpas recogidas por la prensa; los contratos firmados —compraventa, financiación, seguro— prevalecen sobre cualquier análisis general, y solo el juez, a la vista de las pruebas, decide quién responde y de qué.

Conclusion

Las disculpas públicas presentadas en el Salón del Automóvil de París confirman que los expedientes del motor 1.2 PureTech y de los airbags Takata siguen abiertos en Europa, y explican la oleada de búsquedas registrada en España. Para el propietario, el camino útil no pasa por la declaración pública sino por tres gestos verificables: comprobar hoy mismo la llamada a revisión con el número de bastidor, conservar cada prueba desde la primera anomalía y reclamar por la vía adecuada —conformidad frente al vendedor, producto defectuoso frente al fabricante, remedios europeos de retirada por seguridad— dentro de los plazos que fija cada texto. La jurisprudencia francesa reciente muestra que los tribunales escuchan al propietario que documenta: pericia ordenada en Clermont-Ferrand cuando hay códigos de avería y un informe técnico, exigencia de probar el defecto y no solo el daño desde 2018, y reembolso íntegro del profesional sin culpa contra el productor en 2026. Ninguna de esas resoluciones prejuzga un caso español concreto, pero todas dibujan el mismo estándar probatorio europeo: hechos precisos, documentos fechados y un defecto demostrado, no solo afirmado.

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