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Vender un piso francés en viager viviendo en España: bouquet, renta, plusvalía y qué hacer si no pagan

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado fiscalista en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Vender un piso francés en viager viviendo en España: bouquet, renta, plusvalía y qué hacer si no pagan

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Vender un piso francés cobrando una parte al contado y el resto como renta de por vida tiene nombre en Francia: vente en viager. La parte al contado se llama bouquet y la renta mensual se llama rente viagère: el comprador (débirentier, el que debe la renta) paga cada mes al vendedor (crédirentier, el que tiene derecho a cobrarla) hasta el fallecimiento de este. Quien vive en España y vende así un inmueble situado en Francia se enfrenta a dos bloques de preguntas: cuántos impuestos paga en Francia por la venta y por la renta que seguirá cobrando, y cómo blindar el cobro si el comprador deja de pagar. Este artículo responde a ambas con las reglas leídas en el Código general de los impuestos, en la doctrina oficial de la administración francesa, en el convenio entre Francia y España y en dos sentencias recientes de tribunales franceses.

El viager puede ser libre (el comprador dispone del piso desde la firma) u occupé (el vendedor se reserva el uso, normalmente mediante usufruit, es decir, el derecho a usar la vivienda o a alquilarla aunque ya no sea propietario). En el viager ocupado el precio es más bajo porque el comprador no puede usar el bien; en un caso juzgado en Aviñón en 2025, la vendedora vendió por 210 000 euros con 25 000 de bouquet y una renta de 8 400 euros al año, reservándose el usufructo. La estructura es siempre la misma: un capital inicial, una renta de por vida y, muy a menudo, una ocupación reservada. Cada uno de estos tres elementos tiene un tratamiento fiscal distinto y exige una cláusula contractual distinta, y eso es lo que desarrollan las dos partes de este artículo.

I. Qué impuestos paga en Francia quien vende en viager viviendo en España

A. La plusvalía de la venta: precio, tipo del 19 % y convenio con España

El primer impuesto es el de la plusvalía inmobiliaria, es decir, la ganancia entre el precio de compra antiguo y el precio de venta. En el viager el precio de venta no es solo el bouquet: la doctrina oficial de la administración francesa explica que, cuando un bien se cede a cambio de una renta vitalicia, el precio de cesión que se retiene es el valor en capital de la renta, sin los intereses, eventualmente aumentado por la parte del precio pagada al contado. La doctrina oficial explica en francés que el precio de cesión es el valor en capital de la renta sin los intereses, calculado como el capital representativo de la renta el día de la venta más, en su caso, lo pagado al contado (BOI-RFPI-PVI-20-10-10, § 90, con cita del artículo 150 VA, I del Código general de los impuestos). En la práctica, el notario fija en la escritura el capital representativo de la renta el día de la venta y le suma el bouquet; sobre ese total se calcula la ganancia. La traducción al español es la siguiente: el precio fiscal de la venta en viager es el capital que representa la renta futura el día de la firma más lo cobrado al contado.

Al vivir en España, el vendedor es no residente fiscal francés y entra en el régimen del artículo 244 bis A del Código general de los impuestos, que somete las plusvalías inmobiliarias de los no residentes a un gravamen específico « sous réserve des conventions internationales », es decir, sin perjuicio de lo que diga el convenio aplicable, « selon les taux fixés au III bis » (CGI, art. 244 bis A, I). El apartado III bis fija el tipo en el 19 % para las personas físicas, y la doctrina oficial lo confirma: el tipo del gravamen es del 19 % para las plusvalías obtenidas por personas físicas (BOI-RFPI-PVINR-20-20, § 50). Un vendedor persona física residente en España, por tanto, tributa al 19 % sobre la ganancia calculada como se ha explicado. A ello se añade el gravamen de solidaridad del 7,5 % cuando el vendedor está afiliado a la seguridad social de un Estado de la Unión Europea y no depende del régimen francés: la doctrina precisa que, en ese caso, solo se debe el gravamen de solidaridad del 7,5 % (CGI, art. 235 ter), por estar destinado al presupuesto del Estado y no a la seguridad social, y que estos gravámenes estos gravámenes se establecen, controlan y recaudan con las mismas reglas, garantías y sanciones que el gravamen del artículo 244 bis A (BOI-RFPI-PVINR-20-20, §§ 80 y 226). Quien vive en España y cotiza allí entra normalmente en este supuesto, de modo que la factura total suele ser el 19 % más el 7,5 %.

El convenio entre Francia y España confirma que Francia puede cobrar ese impuesto: su artículo 13 dispone que las ganancias obtenidas por un residente de un Estado con la enajenación de inmuebles situados en el otro Estado son imponibles en el Estado donde está el inmueble (convenio Francia-España, art. 13, § 1, a)). Pero no hay doble pago: el artículo 24 del mismo convenio obliga a España a conceder sobre su propio impuesto una deducción igual al impuesto pagado en Francia, con el límite de la parte del impuesto español correspondiente a esas rentas (convenio Francia-España, art. 24, § 2, a)). La traducción es que España resta de su cuota lo ya pagado en Francia, hasta el tope de lo que España grave por esa misma ganancia. El impuesto francés se paga, además, muy pronto: la ley exige que se ingrese al registrar la escritura o, si no hay registro, en el mes siguiente a la venta, bajo la responsabilidad de un representante establecido en Francia y acreditado ante la administración. El texto legal dice: « L’impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l’enregistrement de l’acte ou, à défaut d’enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d’un représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale » (CGI, art. 244 bis A, IV). Por eso el notario francés que autoriza la venta en viager liquida y retiene el gravamen en ese momento; el vendedor que vive en España debe prever un representante acreditado y no descubrir esta obligación meses después.

Una excepción importante beneficia a quien vendió la que fue su vivienda habitual en Francia antes de mudarse: la ley excluye del gravamen la cesión del inmueble que constituía la residencia principal en Francia del vendedor en la fecha del traslado de su domicilio fiscal fuera de Francia, cuando el traslado se hace a un Estado de la Unión Europea o a un Estado que haya firmado con Francia convenios de asistencia administrativa contra el fraude y de asistencia mutua en el cobro, y que no sea un Estado no cooperativo (CGI, art. 244 bis A, I). España cumple esas condiciones como Estado miembro de la Unión Europea, de modo que quien se mudó de su casa francesa a España y la vende en viager puede quedar exento de la plusvalía si se cumplen todos los requisitos legales, lo que debe verificarse escritura en mano antes de firmar.

B. La renta que seguirá cobrando y los derechos de la escritura

Una vez vendida la casa, el vendedor sigue cobrando la renta cada mes hasta su fallecimiento, y esa renta también tributa. Las rentas vitalicias constituidas a título oneroso, es decir, a cambio de haber entregado un bien como la vivienda, solo tributan por una fracción de su importe, porque el resto se considera devolución del capital entregado. La doctrina oficial explica que el legislador exoneró del impuesto la parte de las mensualidades que equivale a recuperar poco a poco el capital, es decir, exoneró la parte de las mensualidades que equivale a recuperar poco a poco el capital (BOI-RSA-PENS-30-20, § 10). La fracción imponible depende de la edad del vendedor el día en que la renta empieza a pagarse: 70 % si tiene menos de 50 años, 50 % entre 50 y 59 años, 40 % entre 60 y 69 años y 30 % a partir de 70 años, en aplicación del 6 del artículo 158 del Código general de los impuestos (CGI, art. 158, BOI-RSA-PENS-30-20, §§ 20 y 40). La traducción práctica es que un vendedor de 75 años que cobra 12 000 euros de renta al año solo declara 3 600. Y esa fracción ya no cambia nunca: la doctrina precisa que la fracción imponible se fija el año en que nace la renta y permanece invariable después, o sea, se fija el año en que nace la renta y permanece invariable después (BOI-RSA-PENS-30-20, § 40). La edad se aprecia el día de entrada en servicio de la renta, que en una venta es la fecha de la escritura.

En la escritura de venta el Estado cobra también los derechos de registro, y en el viager la base es el capital de la renta. La doctrina de registro dice: la liquidación se hace sobre el capital de la renta expresado en la escritura o fijado por estimación declarada de las partes (BOI-ENR-DMTOI-10-10-20-10, § 60). La administración puede controlar esa estimación con los baremos de las compañías de seguros de vida o de la caja nacional de previsión. En la práctica, conviene que la escritura exprese con claridad el capital de la renta y el método de cálculo, porque ese mismo capital servirá para la plusvalía y para los derechos: una cifra coherente y documentada evita dos discusiones en lugar de una. Cuando la renta se pacta por duración determinada en lugar de vitalicia, el contrato se analiza como una venta con precio pagadero por anualidades y se aplican las reglas de ese régimen.

El viager ocupado merece una atención especial desde España. Si el vendedor se reserva el usufruit, sigue viviendo en la casa o alquilándola mientras cobra la renta, y el precio total es inferior al de una venta libre porque el comprador no puede disponer del bien. Esa ocupación puede durar décadas y plantea preguntas fiscales propias: quién paga la taxe foncière y la taxe d’habitation durante la ocupación, cómo se declaran los alquileres si el vendedor alquila el bien reservado y qué ocurre si el vendedor, ya mayor, necesita vender su derecho de uso. Cada una de estas preguntas depende de lo que diga exactamente la escritura, y por eso la segunda parte de este artículo insiste en blindar el contrato: en el viager, la escritura no es un trámite, es la prueba de casi todo.

II. Cómo blindar el cobro viviendo en España: prueba, plazos y recursos

A. Lo que la escritura debe contener: precio, indexación, garantía y cláusula de resolución

Todo se juega en el acta notarial (acte authentique), y dos sentencias recientes muestran por qué cada cláusula cuenta. En Aviñón, una vendedora había cedido en octubre de 2021 un lote de un conjunto inmobiliario por 210 000 euros, con 25 000 al contado y una renta anual de 8 400 euros pagadera por mensualidades anticipadas de 700 euros, reservándose el usufructo. La escritura incluía una cláusula que decía, por excepción a las reglas legales, que si faltaba un solo pago a su vencimiento exacto, la venta quedaría resuelta de pleno derecho un mes después de un simple requerimiento de pago (commandement de payer) no atendido, y que en ese caso las cantidades cobradas y las mejoras hechas al bien quedarían definitivamente para la vendedora. El comprador dejó de pagar, el tribunal declaró la resolución con fecha de 27 de julio de 2024 por efecto del requerimiento enviado el 26 de junio de 2024, declaró que el bouquet y las mensualidades cobradas quedaban para la vendedora como penalización contractual y condenó al comprador a pagar 4 200 euros de rentas atrasadas más intereses del 5 % (tribunal judicial de Aviñón, 6 de enero de 2025, RG 24/02754). La lección es triple: sin esa cláusula, la ley no permite recuperar el bien por el mero impago; con ella, la resolución es casi automática; y el dinero ya cobrado puede conservarse si así se pactó.

La regla legal que hacía necesaria esa cláusula está en el artículo 1978 del Código civil, que dispone: « Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages » (C. civ., art. 1978). La traducción es que el simple impago de las mensualidades no autoriza a pedir la devolución del capital ni a recuperar el bien vendido: solo da derecho a embargar y hacer vender los bienes del deudor y a reservar del precio una suma suficiente para pagar la renta. Para un vendedor que vive en España, embargar bienes en Francia sin cláusula resolutoria es un camino largo y caro; la cláusula que prevé la resolución de pleno derecho tras un requerimiento inatendido durante un mes invierte la situación y pone la presión sobre el comprador incumplidor. La escritura debe pactarla expresamente, con el plazo y el contenido del requerimiento descritos sin ambigüedad.

La segunda cláusula crítica es la indexación (indexation), es decir, la regla que actualiza la renta con el coste de la vida. En Nimes, una sociedad había comprado en 2003 una propiedad con casa y terreno por 457 347,05 euros, con 185 000 al contado y una renta anual de 20 000 euros indexada según la variación del índice nacional del coste de la construcción. Años después, las partes discutían ante el tribunal qué método de cálculo aplicaba la cláusula: la compradora pedía fijar la renta en 2 463,70 euros mensuales en abril de 2023 y 2 661,03 en abril de 2024, mientras la vendedora, residente en Austria, defendía cifras superiores. El tribunal retuvo el método número 2, fijó la renta mensual en 3 042,42 euros desde el 25 de septiembre de 2024 con las indexaciones futuras según ese método, declaró a la sociedad acreedora de 4 386,64 euros por renta pagada de más hasta el 31 de julio de 2025 y ordenó compensar esa cantidad con las mensualidades futuras (tribunal judicial de Nimes, 13 de agosto de 2026, RG 23/01614). La traducción práctica es que una cláusula de indexación mal redactada genera un pleito sobre matemáticas años después: la escritura debe precisar el índice exacto, la fecha de referencia, la fórmula y el redondeo, y el vendedor debe conservar cada justificante de cobro para pedir la regularización.

La tercera protección es la garantía real: el privilegio del vendedor y la hipoteca. En el mismo caso de Nimes, el tribunal ordenó el levantamiento parcial de la inscripción tomada como privilegio del prestamista de fondos y su cancelación sobre una parcela concreta, lo que recuerda que estas inscripciones se toman, se renuevan y se levantan por parcelas y que hay que seguirlas en el registro (service de publicité foncière). Para quien vende en viager viviendo en España, la recomendación es inscribir y mantener viva la garantía sobre el bien vendido, porque es lo que permite cobrarse con preferencia si el comprador se endeuda o quiebra, y lo que hace creíble la amenaza de resolución. Usufructo reservado, indexación con fórmula cerrada, garantía inscrita y cláusula resolutoria con requerimiento previo: esas cuatro piezas forman el blindaje mínimo, y las dos sentencias citadas muestran qué ocurre cuando existen y qué se discute cuando su redacción es imprecisa.

B. Si el comprador no paga y cómo discutir el impuesto: requerimiento, resolución y reclamación

Cuando las mensualidades dejan de llegar, el orden de actuación importa. El primer paso es el requerimiento de pago (commandement de payer) enviado por comisario de justicia (commissaire de justice, antiguo huissier), que debe mencionar expresamente la cláusula resolutoria y la intención de valerse de ella. En Aviñón, ese requerimiento, enviado el 26 de junio de 2024, produjo la resolución el 27 de julio de 2024, un mes después, sin necesidad de un largo proceso sobre el fondo del impago, porque la escritura así lo preveía. El segundo paso es pedir al tribunal que constate la resolución, condene a los atrasos con intereses y confirme que lo ya cobrado queda para el vendedor si la escritura lo calificó de penalización. Vivir en España no impide actuar: el requerimiento y la demanda se hacen en Francia, donde está el bien y donde se firmó la escritura, y un representante local puede seguir el procedimiento. Lo que sí debe evitarse es esperar años acumulando impagos sin requerir, porque cada mensualidad no reclamada a tiempo debilita la posición negociadora y complica el cálculo de lo debido, como demostró el pleito de Nimes con sus compensaciones cruzadas de casi cuatro años de diferencias de indexación.

En paralelo, el impuesto de la venta también puede discutirse. Si la administración calcula mal la plusvalía, por ejemplo valorando el capital de la renta por encima de lo razonable o negando una exención, el vendedor debe primero reclamar ante la propia administración: la ley exige que el contribuyente que quiere discutir un impuesto « doit d’abord adresser une réclamation au service territorial » competente, es decir, debe dirigir primero una reclamación al servicio territorial correspondiente (LPF, art. R* 190-1). El plazo es estricto: las reclamaciones deben presentarse « au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant », a más tardar el 31 de diciembre del segundo año siguiente, contando en particular desde el pago del impuesto cuando este no dio lugar a un rol o a un aviso de cobro (LPF, art. R* 196-1). Para una venta en viager escriturada en 2026 con el impuesto pagado al registrar, la reclamación debe llegar, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2028. La reclamación debe identificar la escritura, el cálculo discutido, la regla invocada y la cantidad pedida, y conviene acompañarla de la escritura, del justificante del pago y del baremo o dictamen que sostenga la valoración del capital de la renta. Si la administración rechaza total o parcialmente, o no responde, se abre la vía del tribunal administrativo, donde el juez examina primero si el impuesto se estableció válidamente según la ley francesa y después si el convenio franco-español se opone a su aplicación, en la línea de lo que juzgan el Consejo de Estado y las cortes administrativas en los litigios sobre retenciones y convenios.

Quien cobra la renta desde España debe además pensar en su declaración española. El convenio reserva a Francia la imposición de la ganancia inmobiliaria y obliga a España a deducir lo pagado en Francia, pero la renta vitalicia anual y la eventual tributación española de esos cobros dependen de la declaración que se presente en España, con sus propios formularios y plazos. La escritura francesa, la prueba del impuesto pagado al registrar y los justificantes anuales de la renta forman el expediente que habrá que presentar a ambos lados de la frontera. Conservar desde el primer día la escritura completa, la prueba del bouquet, cada justificante mensual, el índice y el cálculo de cada actualización y el justificante del impuesto de la venta evita tener que reconstruir años después, desde otro país, lo que el notario y el banco ya no tendrán a mano. Para situaciones con cifras concretas, la vía del rescrit fiscal permite pedir a la administración francesa una respuesta escrita y vinculante antes de actuar, como explica nuestra guía del rescrit fiscal viviendo en España, y la determinación de la residencia fiscal, paso previo a todo el esquema, se detalla en nuestra guía de residencia fiscal Francia-España.

Conclusión

Vender en viager un piso francés viviendo en España combina una fiscalidad precisa y un contrato que debe blindarse. La ganancia se calcula sobre el capital representativo de la renta el día de la venta más el bouquet, tributa al 19 % más el 7,5 % de solidaridad para el residente español afiliado a la seguridad social española, se paga al registrar la escritura o en el mes siguiente bajo responsabilidad de un representante acreditado (CGI, art. 244 bis A, IV), y Francia tiene derecho a cobrarla por el convenio mientras España deduce lo pagado. La renta anual posterior solo tributa por una fracción del 70, 50, 40 o 30 % según la edad a la firma, fracción que ya no cambia, y los derechos de registro se liquidan sobre el capital de la renta expresado en la escritura. En el contrato, la resolución de pleno derecho tras un mes de requerimiento inatendido, la fórmula cerrada de indexación, la garantía inscrita y el usufructo bien delimitado deciden si el vendedor cobra o pleitea durante años: Aviñón conservó al vendedor lo cobrado y le dio los atrasos con intereses porque la cláusula existía, y Nimes fijó la renta y compensó los pagos de más porque el método de cálculo pudo determinarse. Requerir a tiempo, reclamar el impuesto antes del 31 de diciembre del segundo año y conservar cada prueba desde la firma es lo que convierte un viager firmado a distancia en una renta cobrada sin sobresaltos.

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