El 6 de noviembre de 2026, el Parlamento belga ha dado luz verde a una ley que permite a la policía registrar domicilios donde se sospeche que viven migrantes con una orden de abandonar el territorio que se hayan resistido a su expulsión o que sean considerados un peligro para el orden público o la seguridad nacional. Según informa El País, la norma, bautizada como ley de visitas domiciliarias, ha salido adelante tras más de diez horas de debate, con el Gobierno en funciones, y sus detractores la comparan con las prácticas de la agencia migratoria estadounidense. La Cadena SER precisa que los registros cuentan con autorización judicial y que unas 3.000 personas salieron a la calle para rechazar la medida. Para los españoles e hispanoamericanos que viven en Francia, la noticia plantea una pregunta directa: ¿puede ocurrir lo mismo al otro lado de la frontera y, sobre todo, qué defensas existen si se recibe una orden de expulsión francesa? La respuesta francesa se llama OQTF, la obligación de abandonar el territorio francés, y su régimen no se parece al belga: el prefeto concede en general un plazo de 30 días para salir por los propios medios, y el recurso ante el tribunal administrativo paraliza la expulsión mientras se examina. Este artículo explica, con los textos oficiales en la mano, qué ha votado Bélgica, qué es una OQTF, cómo recurrirla a tiempo y cómo actuar ante un control policial, una retención o una visita al domicilio.
I. Registros a domicilio en Bélgica y expulsión en Francia: dos sistemas distintos
A. Lo que Bélgica ha votado el 6 de noviembre: entrar en casas con orden de un juez, de las 5 a las 21
Concretamente, la ley belga permite que agentes de la policía, bajo una orden de un juez de instrucción, puedan entrar en domicilios privados entre las cinco de la mañana y las 21.00 y efectuar registros de personas bajo orden de expulsión del territorio, incluso aunque en la vivienda se encuentren menores. Así lo relata El País, que subraya que la propuesta fue aprobada en la madrugada del viernes tras más de diez horas de debate en la cámara y después de meses de discusiones. La medida la impulsan las ministras de Asilo y Migración, la nacionalista flamenca Anneleen Van Bossuyt, y de Justicia, la democristiana flamenca Annelies Verlinden, dentro del Gobierno del nacionalista flamenco Bart De Wever, una coalición de cinco partidos que, según la Cadena SER, ha estado a punto de romperse por el fracaso de las negociaciones presupuestarias. El propio De Wever había presentado el lunes su dimisión tras el colapso de esas negociaciones y se encontraba en funciones cuando decidió impulsar la ley migratoria horas antes en el Parlamento, algo que la cadena pública belga RTBF califica de inhabitual en este tipo de situaciones.
La oposición de izquierdas se opuso en bloque a la normativa, mientras que el partido de ultraderecha flamenca Vlaams Belang se abstuvo por considerar que la ley había quedado demasiado suavizada. A propuesta del partido centrista francófono Les Engagés, que forma parte de la coalición de De Wever, se incluyeron varias enmiendas para proteger mejor a los menores afectados. Del lado contrario, organizaciones de defensa de los migrantes como PICUM advierten de que la base legal de estas acciones se apoya en nociones vagas de amenaza al orden público, con una interpretación amplia del término por parte de la Oficina de Extranjería belga en el pasado, que llegó a incluir el trabajo irregular como una amenaza de este tipo. El diputado ecologista flamenco Matti Vandemaele lamentó, según la agencia de noticias belga, que las democracias puedan deslizarse rápidamente hacia prácticas del tipo ICE, y añadió una advertencia sobre el futuro de la norma comparándola con un grifo que al principio solo deja pasar unas gotas pero que un próximo Gobierno abrirá un poco más, y así sucesivamente.
El rechazo también se expresa en la calle y en los ayuntamientos. Unas 3.000 personas salieron a manifestarse el miércoles por la noche contra la medida, y regidores como el alcalde de Lovaina o la alcaldesa de Walhain han adelantado que se opondrán a estos registros en sus ciudades. La organización paraguas Vluchtelingenwerk Vlaanderen, que agrupa a ONG que trabajan con migrantes, teme además un efecto disuasorio: el miedo puede hacer que personas sin papeles eviten buscar ayuda y que quienes les ofrecen acogida tengan miedo de abrir sus puertas, de modo que gente que ya se encuentra en situación precaria podría quedarse sin ningún lugar seguro al que acudir. Frente a estas críticas, el Gobierno federal belga sostiene que la ley únicamente tendrá efecto sobre los migrantes que supongan una amenaza para la seguridad y el orden público. La comparación con el ICE estadounidense, la agencia migratoria que actúa bajo las órdenes de Donald Trump, aparece tanto en la prensa como en boca de las organizaciones humanitarias, que definen la norma como el ICE belga.
B. En Francia la expulsión se llama OQTF: 30 días para salir y 3 años de ejecución
En Francia, la decisión de expulsión de un extranjero en situación irregular se llama OQTF, obligación de abandonar el territorio francés, y la dicta el prefeto, en particular tras denegar un permiso de residencia o ante una estancia irregular. Según la ficha oficial de la administración francesa, la decisión le obliga a abandonar Francia por sus propios medios en un plazo de 30 días, tal como explica service-public.fr, la página oficial sobre la OQTF. La noción de salida voluntaria implica que la persona debe organizar su partida, pero tiene que haberse marchado de manera efectiva antes de que venza el plazo fijado para que la decisión de expulsión quede ejecutada. En situaciones limitadas, la OQTF también puede obligar a abandonar Francia sin plazo, de forma inmediata. Existe un caso particular para los solicitantes de asilo: si usted es solicitante de asilo, su solicitud de protección ha sido definitivamente rechazada y no puede ser autorizado a permanecer en Francia por otro motivo, el prefeto debe dictar contra usted una OQTF en un plazo de 15 días.
La decisión fija también el país al que la persona será devuelta si no abandona Francia voluntariamente dentro del plazo. Durante ese plazo, el prefeto puede exigir que la persona se presente en la prefectura, en la comisaría o en la gendarmería, y debe ser informada de sus gestiones con vistas a su partida. El pasaporte o cualquier otro documento de identidad o de viaje pueden serle retirados a cambio de un resguardo, que sirve como justificante de identidad y menciona el plazo concedido para la partida. A título excepcional, el prefeto puede prolongar el plazo si la situación personal lo justifica, por ejemplo por la antigüedad de la estancia en Francia o la escolarización de los hijos: la prórroga debe solicitarse ante el prefeto que dictó la decisión. A la inversa, el plazo puede suprimirse si la situación cambia, por ejemplo si existe riesgo de fuga; en ese caso se notifica directamente una nueva OQTF sin plazo, en la prefectura o por un agente con ocasión de un control de la regularidad de la estancia.
Si la persona sigue en Francia una vez vencido el plazo de 30 días, puede ser internada en un centro de retención o sometida a arresto domiciliario, y el prefeto le notifica una prohibición de retorno a Francia, la llamada IRTF. La administración precisa que el plazo de ejecución de una OQTF es de 3 años: durante tres años, el extranjero debe respetar la medida de expulsión. La OQTF sin plazo de salida lleva aparejada automáticamente una prohibición de retorno, que según la misma ficha oficial puede aplicarse hasta un plazo de 5 años y, en caso de amenaza grave para el orden público, hasta 10 años. Circunstancias humanitarias pueden, no obstante, justificar que la autoridad no dicte la prohibición de retorno. Retener estas cifras es esencial porque cada plazo abre o cierra una vía de recurso, y el recurso presentado a tiempo paraliza la expulsión, como se explica en la segunda parte.
Este régimen es en gran parte el de la ley de inmigración examinada por el Consejo Constitucional en sus sesiones de los días 24 y 25 de enero de 2024 y hecha pública el 25 de enero de 2024. En su decisión 2023-863 DC, el Consejo describe un título II que incluía disposiciones para reformar las condiciones en que determinados extranjeros pueden ser objeto de una medida de expulsión o de una decisión de obligación de abandonar el territorio francés y un título V que pretendía reformar las reglas del contencioso de extranjería reduciendo el número de procedimientos aplicables ante los tribunales administrativos y modificando las reglas de procedimiento ante el juez de libertades y de la detención.
II. Recibir una OQTF en Francia: recurrir a tiempo y actuar ante la policía
A. El recurso que paraliza la expulsión: tribunal administrativo, apelación y ayuda para pagar al abogado
Se puede impugnar la OQTF en sí misma y, además, todas las medidas accesorias que la acompañan: la denegación del permiso de residencia cuando la persona considera que puede ser regularizada, la prohibición de retorno a Francia y la decisión que fija el país de devolución, por ejemplo si considera que corre un riesgo en ese país. El recurso se interpone ante el tribunal administrativo territorialmente competente para la prefectura que dictó la expulsión. Si la persona está internada o sometida a arresto domiciliario, el recurso debe presentarse ante el tribunal del lugar de internamiento o de arresto, con dos excepciones: si está en el centro de retención de Metz, el recurso corresponde al tribunal administrativo de Nancy, y si está en el centro número 3 de Le Mesnil-Amelot, al tribunal de Montreuil. La administración advierte de que los plazos varían según que usted esté sometido a arresto domiciliario o a retención administrativa o no, por lo que lo primero que debe hacer quien recibe una OQTF es comprobar en la notificación qué plazo corre en su caso y actuar de inmediato, sin esperar al último día.
El efecto del recurso es decisivo: El recurso en esta fase es suspensivo, es decir, usted no puede ser expulsado mientras el tribunal administrativo lo examina, recuerda service-public.fr. El tribunal puede anular o confirmar la decisión del prefeto. Si el recurso es desestimado, cabe apelación, pero con una diferencia capital: sin embargo, la apelación no suspende la ejecución de la OQTF. Usted puede por tanto ser devuelto a su país aunque el juez de apelación aún no se haya pronunciado. el plazo de apelación es de un mes a partir de la notificación de la sentencia del tribunal y debe interponerse ante la corte administrativa de apelación de la que dependa el tribunal que dictó la sentencia, corte que se indica en la propia notificación. La presencia de abogado no es obligatoria: la persona puede estar asistida por el abogado de su elección o pedir al tribunal que le designe uno de oficio. Y usted puede beneficiarse de la ayuda jurisdiccional para pagar los honorarios de su abogado, una ayuda que conviene solicitar cuanto antes porque los plazos del contencioso de extranjería son breves.
Lea la notificación completa el mismo día de su recepción: en ella figuran el plazo aplicable a su caso y el tribunal competente, y los plazos varían según que usted esté sometido a arresto domiciliario o a retención administrativa o no. Pida que le expliquen en español los elementos esenciales de la decisión y las vías de recurso, hágase acompañar por una persona de confianza y, ante cualquier audiencia de prórroga de la retención, sepa que la administración prevé expresamente que puede estar presente un intérprete.
El carácter suspensivo del recurso francés es la aplicación concreta de esa exigencia de protección efectiva. El artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos dispone: toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional. En la práctica, recurrir a tiempo ante el tribunal competente es lo que activa esa protección: una vez vencido el plazo de recurso, la expulsión puede ejecutarse aunque la apelación posterior siga pendiente.
La prórroga del plazo de salida voluntaria puede solicitarse por motivos personales y familiares: la administración cita como ejemplos la antigüedad de su estancia en Francia, la escolarización de sus hijos. Por eso el recurso debe construirse desde el primer día con pruebas de arraigo familiar, escolarización de los hijos, seguimiento médico y vulnerabilidad, porque son los elementos que el juez pondera para anular una OQTF o para conceder una prórroga del plazo de salida.
B. Controles, retención y domicilio: lo que la policía puede hacer y tus derechos
Cuando la OQTF se dicta sin plazo, la recomendación oficial es actuar de inmediato: Usted puede, a la mayor brevedad, avisar a su abogado, al consulado de su país de origen o a una persona de su elección, indica service-public.fr. Si el plazo de 30 días vence sin que la persona haya salido de Francia, el prefeto puede ordenar su internamiento en un centro de retención o su arresto domiciliario. La retención la decide el prefeto, pero la decisión inicial de internamiento dictada por el prefeto puede ir seguida de una o varias decisiones de prórroga que deberán ser dictadas por el juez, precisa la ficha oficial sobre la retención administrativa. Si la expulsión no ha podido producirse en las 48 horas siguientes al internamiento, este puede prorrogarse una primera vez 26 días naturales: el prefeto debe entonces dirigirse al magistrado de la sede del tribunal judicial, y el juez dispone de 48 horas para resolver. Le escucha a usted, o a su abogado si tiene uno. El prefeto también es escuchado. Puede estar presente un intérprete. El juez puede ordenar la prórroga o denegarla. Una segunda prórroga de 30 días y prórrogas suplementarias de 15 días son posibles en los casos previstos por los textos. Contra las resoluciones del magistrado cabe recurso ante el primer presidente de la corte de apelación, y el primer presidente de la corte de apelación debe resolver en las 48 horas siguientes a haber sido requerido.
La retención está estrictamente regulada: solo el juez puede prorrogarla, cada prórroga se decide tras oír a la persona y al prefeto, con posible intérprete, y la legalidad de cada decisión puede impugnarse ante el primer presidente de la corte de apelación en 48 horas. Por eso el control del juez sobre cada prórroga y el recurso contra la OQTF deben prepararse juntos, con los mismos documentos.
La alternativa a la retención es el arresto domiciliario, que obliga a permanecer en un lugar preciso decidido por la administración, con obligación de presentarse regularmente ante la policía o la gendarmería. Según la ficha oficial, el arresto domiciliario de corta duración se dicta por un máximo de 45 días. Puede fijarse una franja horaria de presencia obligatoria en el lugar asignado: esta franja es de un máximo de 3 horas consecutivas por cada período de 24 horas. Puede elevarse a 10 horas consecutivas por cada 24 horas en caso de amenaza para el orden público. Cuando la expulsión queda aplazada, el arresto domiciliario autoriza a mantenerse provisionalmente en Francia: esta asignación le autoriza a mantenerse provisionalmente en Francia por una duración máxima de un año, renovable dos veces, es decir, un total máximo de 3 años. El procedimiento de recurso varía según la medida dictada al mismo tiempo que el arresto, por lo que conviene leer la notificación completa y no solo la página que fija el lugar de residencia.
¿Y el domicilio? En Francia, entrar en una vivienda para buscar a una persona no se rige por el régimen belga de visitas domiciliarias, sino por las reglas del registro penal y por la protección europea del domicilio. El artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos dispone: toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia, y su apartado segundo exige que cualquier injerencia esté prevista por la ley. En derecho francés, el registro de un domicilio es una medida de investigación penal: El registro es una medida de investigación, en todo lugar, para buscar indicios, pruebas y objetos relacionados con una infracción, y el procedimiento está regulado y se desarrolla bajo el control de un oficial de policía judicial o de un juez, explica service-public.fr. Los registros nocturnos están prohibidos salvo excepciones tasadas, como la criminalidad organizada, el terrorismo o el tráfico de estupefacientes, y para las infracciones castigadas con más de tres años de prisión el juez de libertades y de la detención puede autorizar un registro sin el consentimiento del ocupante. Quien haya sido objeto de un registro puede pedir su anulación ante ese mismo juez. En la práctica, ante agentes en la puerta del domicilio conviene pedir que se identifiquen, preguntar qué orden judicial ampara su actuación, solicitar intérprete y avisar al abogado y al consulado: son los derechos que reconocen la directiva de retorno y la administración francesa, y ejercerlos desde el primer minuto condiciona todo lo que sigue, desde la retención hasta el recurso.
Dos protecciones merecen una mención especial para las familias hispanohablantes. Primero, los menores: la ley de 2024 prohíbe internar junto a un adulto a un menor de dieciséis años, y el Consejo Constitucional se refiere a las disposiciones para prohibir el internamiento en un centro de retención administrativa de todo extranjero acompañado de un menor de dieciséis años. Segundo, la OQTF deja huella para el futuro: la misma ley crea un nuevo motivo obligatorio de denegación de visado y de entrada en Francia cuando el extranjero no haya cumplido una obligación de abandonar el territorio francés que le hubiera sido impuesta desde hace menos de cinco años. Una OQTF incumplida puede por tanto cerrar la puerta a un visado durante cinco años, razón de más para recurrirla en plazo en lugar de dejarla pasar. El texto del proyecto de ley n.º 1855 ya preveía esta regla, mantenida en la ley definitiva según el Consejo Constitucional: « Art. L. 312 ‑ 1 A . – Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311‑2, les visas mentionnés aux articles L. 312‑1 à L. 312‑4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612‑1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612‑2. « Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612‑6 et L. 612‑7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. » («Art. L. 312-1 A. – Sin perjuicio de las condiciones mencionadas en el artículo L. 311-2, los visados mencionados en los artículos L. 312-1 a L. 312-4 no se expedirán al extranjero que haya sido objeto de una obligación de abandonar el territorio francés desde hace menos de cinco años y no aporte la prueba de haber abandonado el territorio francés en el plazo que le fue concedido con arreglo al artículo L. 612-1 o, en su caso, en las condiciones previstas en el artículo L. 612-2. En caso de que se constaten circunstancias humanitarias de la misma naturaleza que las tenidas en cuenta para la aplicación de los artículos L. 612-6 y L. 612-7 tras un examen individual de la situación del extranjero, el primer párrafo del presente artículo no será aplicable.).
Conclusión
Bélgica ha optado el 6 de noviembre de 2026 por autorizar registros de domicilios de migrantes con orden de expulsión, bajo control de un juez de instrucción y entre las cinco de la mañana y las nueve de la noche, una decisión polémica que sus detractores comparan con el ICE estadounidense y que los alcaldes de Lovaina y Walhain ya han anunciado que no aplicarán. Francia no dispone de un régimen equivalente: la expulsión se ejecuta mediante la OQTF del prefeto, con 30 días para la salida voluntaria, tres años de ejecución y una prohibición de retorno que puede llegar a los diez años, y cada medida puede y debe impugnarse. El recurso ante el tribunal administrativo paraliza la expulsión mientras se examina, la apelación debe interponerse en el mes siguiente a la sentencia aunque no suspende, la retención y sus prórrogas pasan por el juez con audiencia e intérprete, y el arresto domiciliario ofrece una alternativa de hasta 45 días o, en caso de aplazamiento, de hasta tres años. El Convenio Europeo de Derechos Humanos garantiza el recurso efectivo y el respeto del domicilio, y el juez controla cada prórroga de la retención con audiencia e intérprete. Quien recibe una OQTF no está pues sin defensas, pero todas dependen de la rapidez: leer la notificación el mismo día, pedir la traducción, reunir las pruebas familiares, médicas y escolares, solicitar la ayuda jurisdiccional y recurrir dentro del plazo que figure en la decisión. La noticia belga sirve de recordatorio útil al otro lado de la frontera: conocer las reglas antes de que llamen a la puerta es la mejor manera de no perder ningún plazo.