Usted esperaba la carta con el decreto de naturalización y ha recibido otra cosa: una resolución del prefecto (préfet, el representante del Estado en su departamento) o del ministro del Interior que rechaza su solicitud o la aplaza dos años. La palabra francesa para ese aplazamiento es ajournement, y la denegación seca se llama rejet. Ambas decisiones duelen, pero ninguna de las dos es definitiva si usted actúa con método y, sobre todo, dentro de los plazos. El error más grave que puede cometer ahora no es haber suspendido un examen o haber tenido una deuda: es dejar pasar dos meses sin recurrir.
Este artículo explica, con los textos vigentes en septiembre de 2026 y con tres decisiones de 2025 y 2026 que hemos leído íntegramente, por qué se deniega o se aplaza una naturalización por decreto (naturalisation par décret, la vía del artículo 21-15 del Código Civil francés por la que el Estado concede la nacionalidad a petición del extranjero), qué pruebas examina de verdad la administración y cómo se responde paso a paso: primero con un recurso previo obligatorio ante el ministro y después, si es necesario, ante el tribunal administrativo de Nantes (tribunal administratif de Nantes), único competente en toda Francia para estos litigios.
Hay además una novedad que cambia el terreno de juego. Desde el 18 de julio de 2025, el decreto de procedimiento exige un nivel B2 de francés, oral y escrito, y un examen cívico; y desde el 1 de enero de 2026, el propio Código Civil recoge ese nivel elevado. Muchas denegaciones de 2026 se juegan exactamente ahí. Si su carta habla de asimilación insuficiente (défaut d’assimilation, falta de integración en la comunidad francesa), de inserción profesional o de comportamiento, lo que sigue le concierne directamente.
I. Por qué le han dicho que no: los tres motivos que el ministro puede oponerle
A. La asimilación: francés B2 y examen de cultura cívica desde 2025
El artículo 21-24 del Código Civil dispone que nadie puede ser naturalizado sin justificar su asimilación a la comunidad francesa: lengua, historia, cultura y sociedad francesas, derechos y deberes de la nacionalidad y adhesión a los principios y valores esenciales de la República. Desde el 1 de enero de 2026, ese mismo artículo precisa el nivel de lengua exigido con palabras que describen el nivel B2 europeo: comprender lo esencial de textos complejos sobre temas concretos o abstractos, comunicarse con espontaneidad y expresarse de forma clara y detallada sobre muchos temas. Al final del control, el solicitante firma además la carta de derechos y deberes del ciudadano francés (charte des droits et devoirs du citoyen français).
El artículo 37 del Decreto n.º 93-1362 del 30 de diciembre de 1993, en su versión vigente desde el 18 de julio de 2025 tras el Decreto n.º 2025-648 del 15 de julio de 2025, concreta cómo se prueba todo eso. Primero, francés oral y escrito al menos de nivel B2 del Marco europeo, acreditado con un diploma de la lista oficial o, en su defecto, con una certificación de un test reconocido internacionalmente expedida hace menos de dos años, con pruebas separadas de comprensión y expresión orales y escritas y con entrevista oral ante el organismo examinador. Segundo, conocimientos de historia, cultura y sociedad: grandes hitos de la historia de Francia, principios, símbolos e instituciones de la República, reglas de vida en común como el respeto de las leyes, las libertades fundamentales, la igualdad entre mujeres y hombres y la laicidad (laïcité, la neutralidad religiosa del Estado), organización política y administrativa, derechos y deberes del ciudadano y lugar de Francia en Europa y en el mundo. Esos contenidos se recogen en un manual del ciudadano (livret du citoyen) disponible en línea y se evalúan en un examen cívico (examen civique).
La entrevista en prefectura es el momento donde se gana o se pierde el expediente, y una sentencia muy reciente lo demuestra. El 3 de julio de 2026, el tribunal de apelación administrativa de Nantes, en su sentencia 25NT02346, (cour administrative d’appel de Nantes, la corte que revisa en segunda instancia estos casos) confirmó un aplazamiento de dos años decidido el 17 de junio de 2022. El solicitante había respondido correctamente a varias preguntas en su entrevista del 5 de octubre de 2021, pero no supo explicar el origen de la fiesta nacional, declaró no saber que habían empezado los juicios por los atentados del 13 de noviembre de 2015 y dijo no haber oído hablar del asesinato del profesor Samuel Paty. Además, sus respuestas sobre la libertad de expresión revelaron, según la corte, una comprensión imperfecta, no conforme con la legislación francesa. Conclusión de los jueces: con el amplio margen de apreciación (large pouvoir d’appréciation) que la ley reconoce al ministro, no hubo error manifiesto de apreciación (erreur manifeste d’appréciation, un error tan evidente que ningún administrador razonable lo cometería) y el aplazamiento era legal. El tribunal de primera instancia había anulado la decisión y ordenado reexaminar el caso en cuatro meses; la apelación anuló a su vez esa sentencia y rechazó la petición del solicitante.
La lección práctica es doble. Primera: prepare la entrevista como un examen, con el manual del ciudadano, la actualidad de los últimos años y los valores de la República explicados con sus palabras, sin respuestas evasivas ni utilitaristas. El ministro reprochó en ese mismo caso unas motivaciones reductoras y utilitaristas para pedir la nacionalidad. Segunda: si su francés escrito es justo, obtenga el diploma o la certificación B2 antes de presentar la solicitud, porque desde 2025 el nivel se controla en oral y en escrito y la certificación caduca a los dos años. En la práctica, eso significa tres comprobaciones antes de presentar la carpeta: primero, que su diploma figura en la lista oficial o que su test es de un organismo reconocido con entrevista oral incluida; segundo, que la fecha del certificado tiene menos de dos años el día de la solicitud; tercero, que prepara el examen cívico con el manual del ciudadano en su versión vigente, porque las preguntas de la entrevista siguen ese programa y los jueces citan expresamente sus respuestas. Un B2 antiguo, un test solo escrito o un certificado de una academia sin reconocimiento son las tres formas más tontas de perder un expediente por lo demás sólido.
B. La conducta y la inserción: deudas, condenas y el amplio margen del ministro
El artículo 48 del mismo decreto permite al ministro rechazar la solicitud o aplazarla imponiendo un plazo o unas condiciones cuando considere que no procede conceder la nacionalidad. Una vez vencido el plazo o cumplidas las condiciones, corresponde al interesado presentar una nueva solicitud si lo desea. El aplazamiento no es, por tanto, una prohibición de por vida: es una puerta que se cierra dos años y que puede volverse a llamar. Pero atención: durante esos dos años conviene no acumular nuevos elementos desfavorables, porque serán examinados en la siguiente solicitud.
En ese examen de oportunidad, el ministro puede tener en cuenta elementos desfavorables de su vida en Francia: trabajo e ingresos, deudas con organismos públicos, prestaciones cobradas indebidamente, infracciones y condenas. Una sentencia del 6 de mayo de 2025 del tribunal de apelación de Nantes, sobre un ciudadano argelino cuya solicitud había sido aplazada dos años, muestra cómo razonan los jueces. La administración había fundado el aplazamiento en una deuda de 855,40 euros con la caja de prestaciones familiares (caisse d’allocations familiales, el organismo que paga las ayudas familiares y sociales) a 21 de enero de 2020. Pero un correo posterior de la propia caja demostró que esa información era errónea: el interesado había saldado la deuda en diciembre de 2019. La decisión tenía, pues, un error de hecho (erreur de fait).
¿Ganó entonces el solicitante? No. El ministro pidió sustituir el motivo erróneo por otro: en 2019, el interesado había cobrado de más una parte de la renta de solidaridad activa (revenu de solidarité active, la ayuda mínima para personas sin recursos), 1.670,40 euros que tuvo que devolver y que saldó con un último pago el 26 de diciembre de 2019. La corte aceptó la sustitución de motivos (substitution de motifs): la administración puede defender ante el juez que su decisión se justifica por un motivo distinto del inicial, siempre que ese motivo existiera en la fecha de la decisión, que el recurrente haya podido opinar sobre él y que el ministro hubiera tomado la misma decisión con ese solo motivo. Como esos hechos eran recientes en la fecha de la decisión y el ministro dispone de un amplio margen de apreciación, el aplazamiento se mantuvo y el recurso se rechazó, sin indemnización de costas para el perdedor.
Tres enseñanzas para su caso. Primera: regularice antes de solicitar. Una deuda con la caja de prestaciones, un cobro indebido aunque sea pequeño o una declaración fiscal descuidada pueden bastar para un aplazamiento, incluso si ya pagó, porque el ministro mira su comportamiento reciente. Guarde cada justificante de pago con su fecha. Segunda: si la carta del ministro contiene un dato materialmente falso, como una deuda inexistente en la fecha indicada, ese error de hecho es un motivo serio de anulación, pero prepárese para que la administración intente sustituirlo por otro motivo real; su recurso debe combatir todos los frentes, no solo el error evidente. Tercera: la inserción profesional cuenta. Un empleo estable, ingresos suficientes y una vida familiar y social en Francia pesan a su favor; el desempleo prolongado sin explicación, los ingresos no declarados o las condenas penales pesan en contra. Si tiene antecedentes, no los oculte: explique la antigüedad, la reinserción y aporte pruebas de su conducta posterior.
II. Cómo responder paso a paso: plazos estrictos y juez competente
A. El recurso previo obligatorio ante el ministro: dos meses y silencio de cuatro
Contra el rechazo o el aplazamiento del prefecto no se va directamente al juez. El artículo 45 del decreto impone un recurso administrativo previo obligatorio (recours administratif préalable obligatoire, conocido por sus siglas RAPO) ante el ministro encargado de las naturalizaciones, con exclusión de cualquier otro recurso administrativo. El plazo es de dos meses desde la notificación de la decisión. Pasado ese plazo sin recurrir, el recurso ante el juez será declarado inadmisible, y esa es la causa más frecuente de fracaso. Presente el recurso por el mismo canal electrónico (téléservice) si su solicitud se hizo en línea; si no lo hace así sin una imposibilidad técnica debidamente justificada, el recurso puede ser rechazado por inadmisible.
El escrito debe exponer las razones por las que pide el reexamen: qué hechos corrige, qué documentos nuevos aporta y por qué la apreciación del ministro es errónea. Puede hacerse asistir o representar por la persona que elija, incluido un abogado, y es muy recomendable porque este recurso fija el terreno de todo lo que vendrá después. Si el ministro no responde en más de cuatro meses, su silencio vale como rechazo y ese rechazo implícito es el que se puede llevar ante el juez. Solo hay una excepción al paso previo: las decisiones de archivo sin examen por falta de documentos (classement sans suite) se impugnan directamente ante el tribunal administrativo del departamento donde está la autoridad que las dictó. En cuanto al contenido del recurso previo, siga un orden simple y eficaz: primero, identifique la decisión exacta que impugna, con su fecha y su número de expediente; segundo, responda punto por punto a cada motivo de la administración, empezando por los errores de hecho demostrables con documentos; tercero, aporte las pruebas nuevas que corrigen la apreciación, como el certificado de francés obtenido después, el contrato indefinido firmado después o el justificante del pago que la administración decía pendiente; cuarto, cierre pidiendo expresamente el reexamen y la concesión de la nacionalidad. Numere los anexos, cite cada documento en el texto y conserve la prueba del envío con su fecha, porque de ella dependen todos los plazos siguientes.
B. El tribunal de Nantes, la apelación y el caso especial del matrimonio
El litigio de la naturalización por decreto tiene un juez único en primera instancia: según la página oficial del Ministerio del Interior sobre el contencioso del acceso a la nacionalidad, el tribunal administrativo de Nantes es el único competente para las decisiones sobre solicitudes de naturalización o reintegración, viva usted donde viva en Francia, porque allí están los servicios del ministro. La apelación corresponde al tribunal de apelación administrativa de Nantes y el recurso de casación, al Consejo de Estado (Conseil d’État, el juez supremo administrativo). El plazo para acudir al tribunal es de dos meses desde la notificación del rechazo expreso del ministro o desde el rechazo implícito nacido de cuatro meses de silencio. ante el tribunal puede pedir la anulación de la decisión y, si tiene razón, una orden de reexamen: en el caso de julio de 2026 que hemos citado, el tribunal de Nantes había anulado el aplazamiento y ordenado al ministro resolver de nuevo en cuatro meses, antes de que la apelación revocara ese fallo. Pida siempre ambas cosas, anulación y orden de resolver de nuevo con un plazo. Revise también la forma de la decisión: quién la firma y con qué delegación, si está motivada en hecho y en derecho y si la notificación indica correctamente las vías y plazos de recurso. Un vicio de forma puede anular la decisión, pero no olvide que la administración puede entonces dictar una nueva decisión mejor fundada; por eso el fondo, sus pruebas y su relato, debe estar trabajado desde el primer escrito. Y tenga presente que, si pierde en apelación, el condenado en costas no recibe indemnización por gastos del proceso: en el caso de 2025 que hemos citado, la corte rechazó la petición de 1.000 euros del solicitante al amparo del artículo L. 761-1 del Código de Justicia Administrativa, porque esa suma solo se concede a quien gana. Recurrir tiene un coste y conviene medir las posibilidades antes de subir cada escalón.
Su recurso debe atacar tanto la forma como el fondo. En la forma: incompetencia del firmante, falta de motivación o notificación irregular. En el fondo: error de hecho, como la deuda inexistente del caso de 2025, o error manifiesto de apreciación sobre su asimilación o su conducta. Recuerde que el juez solo controla el error manifiesto, no sustituye su criterio por el del ministro: con el amplio margen que la ley da a la administración, solo ganan los expedientes que demuestran con documentos que la apreciación fue insostenible. Aporte pruebas fechadas y ordenadas: diplomas y certificaciones de francés, contratos de trabajo y nóminas, avisos de impuestos, justificantes de pago de deudas, certificados de asistencia o de vida asociativa y testimonios precisos. Todo lo que afirme debe poder comprobarlo un juez dos años después.
Un caso especial merece atención porque muchos hispanohablantes lo confunden con la naturalización por decreto: la nacionalidad por matrimonio. El extranjero casado con un francés puede adquirir la nacionalidad por declaración después de cuatro años de matrimonio, cinco si no acredita tres años de residencia continua en Francia tres años de residencia continua en Francia o si su cónyuge no estuvo inscrito en el registro de franceses en el extranjero, siempre que el matrimonio celebrado fuera se haya transcrito y que la vida en común afectiva y material no haya cesado. Si ya leyó nuestra guía sobre la nacionalidad por matrimonio, el nivel B2 y el recurso contra el rechazo, encontrará allí el detalle de esa vía. El Gobierno puede oponerse por decreto, por indignidad o por falta de asimilación, pero con dos límites importantes: tiene solo dos años desde el justificante de presentación (récépissé, regulado en el artículo 26) y no puede invocar el nivel de lengua, porque la ley dice expresamente falta de asimilación distinta de la lingüística. La poligamia efectiva o una condena por violencia sexual sobre menor de quince años sí constituyen por ley falta de asimilación. Y si el Gobierno se opone, el interesado se considera que nunca fue francés, aunque los actos firmados entre la declaración y el decreto siguen siendo válidos.
El Consejo de Estado lo recordó el 29 de mayo de 2026 al anular un decreto de oposición contra una ciudadana marroquí que había declarado la nacionalidad por su matrimonio el 1 de julio de 2022. El Gobierno le reprochaba no estar asimilada, pero el informe de la prefectura del Oise de septiembre de 2022 y el acta de su entrevista complementaria de mayo de 2024 no demostraban ni un rechazo de los principios esenciales de la República ni un alejamiento deliberado de la comunidad nacional. Al no probarse la falta de asimilación, la oposición caía: en materia de oposición por matrimonio, es el Gobierno quien debe demostrar, no usted quien debe demostrarlo todo. La diferencia con la naturalización por decreto es total y conviene no mezclar las vías: en el decreto, es usted quien debe justificar la asimilación, incluido el B2 y el examen cívico; en el matrimonio, la lengua no puede fundar la oposición y la carga de la prueba del rechazo de los valores pesa sobre el Estado. Si duda entre ambas vías, o si tiene doble nacionalidad española y francesa en el horizonte, lea también nuestra explicación sobre el convenio entre ambos países, la naturalización y el recurso cuando hay rechazo.
Conclusión
Si ha recibido un rechazo o un aplazamiento de dos años, retenga cinco ideas. Primera, el calendario manda: dos meses para el recurso previo ante el ministro desde la notificación, cuatro meses de silencio que valen como rechazo y dos meses para acudir al tribunal de Nantes. Anote hoy mismo cada fecha en su calendario con un recordatorio una semana antes. Segunda, el nivel ha subido: B2 oral y escrito con certificado de menos de dos años y examen cívico desde julio de 2025, recogidos por el propio Código Civil desde enero de 2026. Tercera, la entrevista decide: prepare historia, símbolos, laicidad, igualdad, actualidad reciente y libertad de expresión, y explique con sinceridad por qué quiere ser francés. Cuarta, sanee su situación antes de volver a pedir: pague y guarde justificantes de cada deuda, declare todos sus ingresos y no oculte condenas, explíquelas con pruebas de reinserción. Quinta, el aplazamiento no es una condena definitiva: vencido el plazo, puede presentar una nueva solicitud más sólida, y mientras tanto puede recurrir la anterior si contiene un error de hecho o una apreciación insostenible. Con expediente completo, plazos respetados y pruebas fechadas, un no de hoy puede convertirse en el sí de dentro de dos años. Si opta por la nueva solicitud tras el aplazamiento, no presente la misma carpeta con otra portada: actualice el certificado de francés si ha caducado, añada los dos años de nóminas e impuestos intermedios, incorpore las pruebas de arraigo generadas durante el aplazamiento y redacte una carta que explique, sin rodeos, qué ha cambiado desde la decisión anterior. Y si recurre y presenta a la vez una nueva solicitud, sepa que son vías independientes que pueden convivir, pero coordine los calendarios para no contradecirse entre lo que pide al juez y lo que declara a la administración.