Vive en España y acaba de vender acciones de una empresa francesa. En el justificante de la operación aparece una retención aplicada en Francia, o su banco le advierte de que la ganancia puede tributar allí. ¿Va a pagar dos veces, en Francia y en España, por la misma venta? La respuesta corta tranquiliza en la mayoría de los casos: si usted es residente fiscal en España y su participación es pequeña, esa plusvalía solo puede someterse a imposición en España. Francia únicamente puede cobrar en tres supuestos tasados, y si le han retenido de más existe un procedimiento preciso para recuperar el exceso. Este artículo explica la regla, sus excepciones y la reclamación paso a paso, con los textos oficiales.
En Francia, la ganancia por vender acciones se llama plus-value mobilière (ganancia patrimonial mobiliaria). El impuesto francés sobre la renta de las personas físicas es el impôt sur le revenu. Cuando Francia cobra por adelantado una cantidad sobre una renta de un no residente, ese cobro se llama prélèvement (retención o ingreso a cuenta). Y la reclamación previa que debe dirigirse a la Hacienda francesa antes de ir al juez se llama réclamation. Con estas cuatro palabras ya puede leer sin perderse cualquier notificación francesa.
I. La regla general: si vive en España, la plusvalía de sus acciones francesas tributa en España
A. El convenio Francia-España atribuye estas ganancias al país de residencia
España y Francia firmaron el 10 de octubre de 1995 un convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Su artículo 13, dedicado a las ganancias de capital, contiene una regla de cierre que decide nuestro caso: las ganancias obtenidas al enajenar cualquier bien distinto de los enumerados en sus apartados anteriores solo pueden someterse a imposición en el Estado donde reside quien transmite, con carácter exclusivo. Dicho de otro modo, si su venta no encaja en ninguno de esos apartados, Francia no puede someterla a imposición y solo España puede hacerlo. El texto oficial del convenio puede consultarse en el texto del convenio publicado por la administración fiscal francesa.
Aplicada a su caso, la consecuencia es directa: la venta corriente de acciones de una empresa francesa por quien reside en España no entra en los apartados de inmuebles, participaciones sustanciales ni establecimientos permanentes, de modo que queda amparada por esa atribución exclusiva al Estado de residencia. Esa es la lectura que desarrollan tanto el propio texto del tratado como su comentario oficial francés dedicado al convenio con España. Con el certificado de residencia española en la mano y una participación por debajo de los umbrales que se explican más abajo, la discusión teórica termina: la venta tributa en España y Francia no puede añadir su propio impuesto sobre la misma ganancia.
Esta regla solo funciona si usted es efectivamente residente fiscal en España para el convenio. El artículo 4 del convenio define como residente a quien está sometido al impuesto en un Estado por su domicilio o residencia, y el Consejo de Estado francés lo aplica con rigor: en su decisión del 9 de mayo de 2025 recordó que unos contribuyentes domiciliados fiscalmente en Francia, que ni siquiera alegaban estar domiciliados en España a efectos fiscales españoles, eran residentes de Francia para el convenio y no podían invocar sus cláusulas protectoras. Léalo en la decisión del Consejo de Estado de 9 de mayo de 2025. La lección práctica es clara: antes de discutir tipos y retenciones, asegúrese de poder probar su residencia fiscal española con su certificado de residencia y su declaración en España. Sin esa prueba, el convenio no le protege.
Del lado francés, la doctrina oficial dice lo mismo con otras palabras. El Boletín Oficial de las Finanzas Públicas francesas (BOFiP, la doctrina oficial de la administración fiscal francesa) establece como principio que las ganancias de cesión de valores mobiliarios de personas no domiciliadas fiscalmente en Francia no se someten en principio al impuesto francés, en aplicación del artículo 244 bis C del Código General de Impuestos. Puede comprobarlo en el comentario oficial BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20. Y el comentario oficial dedicado al convenio con España desarrolla el reparto renta por renta entre ambos países en el BOI-INT-CVB-ESP. Principio francés y convenio van en la misma dirección: el pequeño accionista residente en España no tributa en Francia por vender sus acciones francesas.
Si quiere situar esta regla dentro del mapa completo del convenio, qué renta tributa en cada país y cómo se declara, puede apoyarse en nuestra guía general del convenio de doble imposición España-Francia: dónde tributa cada renta, cómo declarar y cómo reclamar.
B. Cómo se calcula la ganancia y dónde se declara cuando solo España puede gravar
Que Francia no pueda gravar no significa que la ganancia quede libre de impuestos: significa que solo España puede gravarla. El cálculo de partida es el mismo en ambos países y conviene hacerlo bien desde el primer día. La ganancia neta es la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, ajustada con los gastos vinculados a ambas operaciones que pueda justificar con documentos. En Derecho francés, el artículo 150-0 A del Código General de Impuestos somete al impuesto sobre la renta las ganancias netas de cesiones a título oneroso de valores mobiliarios y derechos sociales, y su redacción vigente puede leerse en el artículo 150-0 A del Código General de Impuestos. Guarde por tanto el justificante de compra con el precio y la fecha, el justificante de venta, los gastos de intermediación de ambas operaciones y, si las hubo, las ampliaciones de capital o divisiones de acciones que afecten al precio medio de compra. Sin estos papeles, cualquier reclamación posterior se vuelve frágil.
En la práctica española, la consecuencia es doble. Primero, debe incluir la ganancia en su declaración española del ejercicio de la venta, porque el convenio reserva la imposición a España. Segundo, no existe en este caso impuesto francés del que pedir devolución ni deducción por doble imposición que calcular en España: la deducción por doble imposición internacional solo entra en juego cuando Francia ha cobrado legítimamente una parte, como ocurre con los dividendos o los intereses de fuente francesa, que siguen sus propios apartados del convenio, con imposición compartida entre ambos Estados y límites del impuesto en origen. No confunda ambos mundos: los dividendos que le paga una sociedad francesa sí pueden sufrir retención en Francia con el límite del convenio, y ese es otro procedimiento, explicado en nuestro artículo sobre dividendos de Francia viviendo en España: retención del 15 %, formulario 5000 y recuperación del exceso. La plusvalía por vender las acciones, en cambio, sigue la regla del artículo 13.5: solo España.
El error más frecuente es tratar la retención que aparece en el justificante del banco como un impuesto definitivo y resignarse, o al contrario ignorarla y no declararla en España. Ni una cosa ni la otra. Si el intermediario francés aplicó una retención sobre una venta que el convenio reserva a España, esa cantidad es un exceso recuperable, no un impuesto consolidado. Y la venta debe declararse en España aunque Francia no haya cobrado nada. Aporte desde el inicio a su intermediario su certificado de residencia fiscal española, exija el desglose escrito de cada retención aplicada y conserve cada documento: serán las pruebas de la reclamación que se explica en la segunda parte.
II. Los tres casos en los que Francia sí puede cobrar (y cómo reclamar si le retienen de más)
A. Participación importante, sociedad inmobiliaria o establecimiento en Francia
La primera excepción es la participación sustancial. El Derecho interno francés prevé un dispositivo específico: el artículo 244 bis B del Código General de Impuestos somete a un prélèvement (retención liberatoria) las ganancias de cesión de derechos sociales realizadas por personas no domiciliadas en Francia cuando los derechos en los beneficios de la sociedad del cedente, junto con su cónyuge, ascendientes y descendientes, superaron juntos el 25 % de esos beneficios en algún momento de los cinco últimos años. El texto vigente, aplicable desde el 16 de febrero de 2025, fija ese prélèvement en el 12,8 % cuando lo debe una persona física, con carácter liberatorio del impuesto sobre la renta, y lo eleva al 75 % cuando el cedente está domiciliado en un Estado o territorio no cooperativo. Puede leerlo en el artículo 244 bis B del Código General de Impuestos. Los derechos afectados son los mencionados en la letra f del I del artículo 164 B, que designa las rentas de fuente francesa, visible en el artículo 164 B del Código General de Impuestos, y el domicilio fiscal se aprecia según el artículo 4 B del Código General de Impuestos.
Pero el Derecho interno no es la última palabra: el convenio con España lo recorta a favor del residente español. El apartado 2.a del artículo 13 del convenio autoriza a Francia a gravar solo las participaciones sustanciales definidas de forma más estrecha: el transmitente, solo o con personas emparentadas, debe haber tenido directa o indirectamente, en cualquier momento de los doce meses anteriores a la transmisión, al menos el 25 % del capital o derechos que den acceso al menos al 25 % de los beneficios. Así resulta del propio texto del tratado, disponible en el texto oficial del convenio: en ese supuesto ambos Estados pueden someter la ganancia a imposición, y corresponde a España eliminar la doble imposición mediante la deducción internacional, mecanismo que desarrolla el comentario oficial francés del convenio. La diferencia práctica es enorme y juega a su favor: aunque usted hubiera superado el 25 % hace tres o cuatro años, si en los doce meses anteriores a la venta ya estaba por debajo, Francia no puede ampararse en su ventana de cinco años frente a un residente en España, porque el convenio, que prevalece, solo mira los doce últimos meses. Y a la inversa, si supera el umbral en esos doce meses, Francia puede aplicar su prélèvement del 12,8 %, pero España debe aliviar la doble imposición con la deducción correspondiente. Existe además una subexcepción dentro de la excepción: cuando la ganancia de una participación sustancial se beneficia en España de un diferimiento impositivo por una operación de grupo, fusión, escisión o canje de acciones, solo España puede gravar, según la letra b del mismo apartado 2.
La segunda excepción es la sociedad de pura fachada inmobiliaria. Si las acciones que vende son de una sociedad cuyo activo está constituido principalmente por inmuebles situados en Francia, el apartado 1.b del artículo 13 permite a Francia gravar la ganancia, aunque su participación sea mínima. Es la lógica del ladrillo: quien vende indirectamente un inmueble francés tributa donde está el inmueble. Si su caso mezcla acciones y piso francés, trate cada bien por separado y consulte también nuestra guía sobre vender un piso en Francia viviendo en España: plusvalía, cálculo, convenio y reclamación.
La tercera excepción es el establecimiento permanente. Si las acciones forman parte del activo de un establecimiento permanente o de una base fija que usted mantiene en Francia para una actividad empresarial o profesional independiente, el apartado 3 del artículo 13 permite gravar en Francia. Es un supuesto raro para un inversor particular, pero frecuente en autónomos y profesionales que operan a caballo entre ambos países: conviene verificarlo antes de afirmar que solo España puede gravar.
Incluso cuando Francia puede gravar una participación importante, el Derecho europeo pone un techo. El Consejo de Estado, en su decisión de 21 de diciembre de 2022 publicada en el Recueil Lebon, juzgó el caso de un fondo domiciliado en las islas Caimán que había vendido en 2014 títulos de una sociedad francesa y pedía restituir el prélèvement del artículo 244 bis B: confirmó que gravar más al no residente que al residente francés comparable vulnera la libre circulación de capitales, pero limitó la devolución a lo estrictamente necesario para restablecer la igualdad de trato. Léala en la decisión del Consejo de Estado de 21 de diciembre de 2022. Dos años antes, el 14 de octubre de 2020, el mismo Consejo había ordenado restituir 88.633 euros a una sociedad italiana que había pagado 505.716 euros por vender en 2011 acciones de una sociedad francesa y solo había obtenido una devolución parcial de 417.081 euros, recordando además que una simple instrucción administrativa publicada en el BOFiP jamás puede servir de base a un impuesto. Está en la decisión del Consejo de Estado de 14 de octubre de 2020. La prensa fiscal francesa subraya que, en esta línea, los no residentes personas físicas también deben poder beneficiarse de la reducción por tiempo de tenencia cuando un residente la disfruta. Moraleja para su caso: si su participación supera el umbral y Francia grava, compare siempre su factura con la que habría pagado un residente francés en su misma situación; todo exceso es reclamable.
B. Le han retenido en Francia: la reclamación paso a paso para recuperar el exceso
Si su venta entra en la regla general pero el intermediario francés aplicó una retención, o si la administración francesa le reclama un prélèvement del artículo 244 bis B que el convenio no autoriza, no acepte la pérdida ni escriba un simple mensaje de protesta: presente una verdadera reclamación. En Francia, la réclamation previa ante la administración es obligatoria antes de acudir al juez. El artículo R*190-1 del Libro de Procedimientos Fiscales impone dirigirse primero al servicio territorial de la Dirección General de Finanzas Públicas del lugar de imposición, y su texto vigente puede leerse en el artículo R*190-1 del Libro de Procedimientos Fiscales. Esa reclamación debe identificar el impuesto discutido, explicar por qué el convenio reserva la imposición a España, cifrar el exceso y acompañar las pruebas. Preséntela siempre por escrito y conserve el acuse de recibo con la fecha: los plazos se prueban con documentos, no con recuerdos, y una gestión telefónica o un mensaje sin registrar no interrumpen ningún vencimiento. Un escrito genérico sin cálculo ni documentos es la forma más rápida de recibir una denegación.
El plazo es el segundo punto crítico y no admite distracciones. El artículo R*196-1 del mismo Libro fija como fecha límite el 31 de diciembre del segundo año siguiente al del cobro del impuesto, cuando no hubo padrón ni notificación de cobro, que es lo habitual en una retención aplicada por un intermediario. Puede verificarlo en el artículo R*196-1 del Libro de Procedimientos Fiscales. Con un ejemplo se entiende mejor: si la retención se aplicó en 2026, su reclamación debe presentarse como muy tarde el 31 de diciembre de 2028. Pasada esa fecha, el exceso se consolida y ni el mejor argumento jurídico lo recupera. Anote ese vencimiento el mismo día en que detecte la retención y trabaje hacia atrás: reunir certificados de residencia y justificantes bancarios desde España lleva semanas.
El tercer punto es no confundir la corrección en línea con la reclamación. El Consejo de Estado lo ilustró el 9 de mayo de 2025 en un litigio franco-español: unos contribuyentes que habían declarado 692.069 euros de rendimientos del capital mobiliario intentaron corregir en línea hasta 5.012 euros mediante mensajes en su espacio personal del portal impots.gouv.fr en agosto y noviembre de 2017; la administración solo trató como reclamación la primera gestión que técnicamente prosperó y la desestimó, y el Consejo validó el impuesto al constatar además que los interesados, domiciliados fiscalmente en Francia, no podían ampararse en el convenio. La decisión completa está en la decisión del Consejo de Estado de 9 de mayo de 2025. Para usted hay dos enseñanzas: una, use siempre el cauce formal de reclamación con acuse de recibo y no un simple mensaje en la mensajería del portal; dos, acompañe desde el primer escrito la prueba de su residencia fiscal española, porque sin ella el convenio no se aplica.
Su expediente de reclamación debe contener, como mínimo, el justificante de venta con el desglose de la retención, los justificantes de compra que acrediten el precio de adquisición, el certificado de residencia fiscal española del año de la venta, su cálculo de la ganancia y del exceso, y la cita precisa del apartado 5 del artículo 13 del convenio con su traducción explicativa. Si su participación roza el umbral del 25 %, añada la composición histórica de su participación mes a mes durante los doce meses anteriores a la venta: esa tabla es la que demuestra que el apartado 2 no se activa. Si la administración desestima total o parcialmente, la resolución indica el tribunal administrativo competente y el plazo para recurrir; respételo con el mismo rigor que el plazo de la reclamación. Y si Francia gravó legítimamente porque su caso sí entraba en una excepción, no olvide la segunda mitad del trabajo: pedir en su declaración española la deducción por doble imposición internacional con el justificante del impuesto francés, conforme al mecanismo de eliminación de la doble imposición previsto en el convenio y desarrollado en su comentario oficial francés.
Pongamos fechas a todo lo anterior con un caso corriente. Vende usted en marzo de 2026 un paquete pequeño de acciones de una sociedad francesa que nunca superó el 25 % del capital ni de los beneficios: el convenio reserva la operación a España, declara la ganancia en su declaración española y reclama en Francia la retención soportada como muy tarde el 31 de diciembre de 2028, con el certificado de residencia del año 2026 en el expediente. Si en cambio su familia superó el 25 % de los beneficios en 2025, Francia puede aplicar el prélèvement del 12,8 %, y entonces será en su declaración española donde pida la deducción por doble imposición con el justificante francés. Mismo papel, mismo orden, resultado distinto según el umbral.
Conclusión
Vender acciones francesas viviendo en España no significa pagar dos veces. La regla del apartado 5 del artículo 13 del convenio reserva la imposición a España para el accionista corriente; solo la participación sustancial en los doce meses previos, la sociedad de contenido inmobiliario o el establecimiento permanente en Francia devuelven a Francia su derecho a gravar, y aun entonces el Derecho europeo impide cobrarle más que a un residente francés. Su trabajo se resume en cinco pasos: probar su residencia fiscal española, calcular la ganancia con documentos, declarar en España, reclamar en Francia en plazo con el convenio en la mano si le retuvieron de más, y pedir en España la deducción si Francia cobró con derecho. Con el expediente completo y los vencimientos anotados, el exceso deja de ser una fatalidad y se convierte en una devolución.