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Fraude por SMS de la Seguridad Social: qué hacer, cómo denunciar y recuperar el dinero en 2026

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado penalista en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Fraude por SMS de la Seguridad Social: qué hacer, cómo denunciar y recuperar el dinero en 2026

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El 21 de septiembre de 2026, la Revista de la Seguridad Social, publicación oficial del Ministerio español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, alertó de una nueva campaña de mensajes SMS falsos que suplantan la identidad de la Seguridad Social. Al día siguiente, el diario Marca detalló el mecanismo: la víctima recibe el aviso de una supuesta irregularidad en sus cotizaciones, de una deuda pendiente o incluso del reembolso de un cobro indebido, con un enlace que conduce a una réplica casi idéntica de la Sede Electrónica oficial. Una vez dentro del portal falso, se le piden sus datos personales y bancarios en una pasarela de pago fraudulenta. Los objetivos principales son los trabajadores autónomos y los perceptores de prestaciones, precisamente los colectivos que más trámites realizan por vía telemática, según la alerta recogida también por el blog Mi Jubilación BBVA.

Miles de ciudadanos franceses residen en España, cobran allí una pensión o una prestación, o conservan una cuenta bancaria en Francia donde aterriza el cargo fraudulento. Cuando el mensaje llega a su teléfono en Alicante, Málaga o Barcelona y el dinero sale de una cuenta francesa, la respuesta ya no está solo en el Derecho español: el Derecho francés y el Derecho europeo de los pagos deciden si el banco debe devolver el dinero, y los tribunales franceses han fijado en 2025 y 2026 las reglas exactas de ese reembolso. Este artículo explica, primero, cómo funciona este smishing y qué delitos castiga la ley francesa (escroquerie, usurpación de identidad y acceso fraudulento a sistemas), y después, qué debe hacer la víctima paso a paso para bloquear los pagos, exigir el reembolso a su banco y denunciar en el plazo útil, con la jurisprudencia más reciente de la Tribunal de Casación y del tribunal judiciaire de París.

I. El fraude por SMS que suplanta a la Seguridad Social y la respuesta del Derecho penal francés

A. Fraude por SMS de la Seguridad Social: ¿cómo funciona el smishing y qué pruebas debe guardar la víctima?

La propia Seguridad Social española pone nombre a la técnica en su aviso oficial del 21 de septiembre de 2026: el smishing, variante del phishing que en lugar del correo electrónico utiliza mensajes de texto SMS que aparentan proceder de organismos o entidades reales. El mensaje invoca una supuesta actualización de datos, un desajuste en las cotizaciones, una deuda pendiente o el reembolso de un cobro indebido, y empuja a actuar de inmediato desde el enlace incluido. Ese enlace abre una copia de la Sede Electrónica donde la víctima teclea su identidad y sus coordenadas bancarias, que los estafadores reutilizan en minutos para vaciar la cuenta o revender los datos.

Las autoridades españolas recuerdan tres reglas de oro que valen igualmente en Francia. Primera, el organismo público jamás reclama el pago de deudas ni la actualización de información confidencial mediante enlaces directos enviados por SMS. Segunda, ante la menor duda, la gestión debe hacerse escribiendo la dirección oficial en el navegador (los portales Importass o Tu Seguridad Social), nunca pinchando en el enlace recibido. Tercera, conviene examinar el texto con lupa: faltas de ortografía, urgencias injustificadas o dominios extraños delatan la trampa. Y si los datos bancarios ya se han facilitado, la consigna es inmediata: contactar sin demora con la entidad financiera para bloquear cuentas o tarjetas y denunciar los hechos ante la Policía.

Para quien vive entre Francia y España, la conservación de las pruebas empieza en los primeros minutos y condiciona todo lo demás: captura de pantalla completa del SMS con el número remitente visible, copia exacta del enlace sin volver a abrirlo, capturas de la página falsa si sigue accesible, extractos de la cuenta con los cargos señalados, y cronología escrita de cada paso (hora del mensaje, hora del clic, hora del aviso al banco). Nada debe borrarse: el terminal conserva metadatos que la investigación puede explotar. Si la víctima se encuentra en Francia, el mensaje sospechoso puede reenviarse al número corto 33700, el dispositivo francés de lucha contra el spam por SMS y llamadas (más información en 33700), y el intento de estafa en línea puede señalarse en la plataforma oficial internet-signalement.gouv.fr. Este reflejo probatorio es el que permite, después, calificar los hechos en Derecho francés y reclamar el dinero al banco con un expediente sólido.

B. Smishing y phishing bancario: ¿qué delitos castiga la ley francesa?

Cuando el dinero sale de una cuenta abierta en Francia o la víctima reside en Francia, los hechos se analizan con las calificaciones del Código penal francés, que el abogado cita en francés (escroquerie, estafa) y que aquí se explican en español. La calificación central es la estafa del artículo 313-1 del Código penal: «L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.» (La estafa consiste en engañar a una persona física o jurídica, mediante nombre o calidad falsos, abuso de calidad verdadera o maniobras fraudulentas, para que entregue fondos, valores o bienes, preste un servicio o consienta un acto que genere obligación o liberación.) El portal falso que imita la Sede Electrónica, el logotipo copiado y el pretexto administrativo constituyen típicamente esas manoeuvres frauduleuses. La pena prevista es clara: «L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.» (La estafa se castiga con cinco años de prisión y 375 000 euros de multa.)

El segundo pilar es la usurpación de identidad, que el artículo 226-4-1 del Código penal define así: «Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.» (Suplantar la identidad de un tercero o usar datos de cualquier naturaleza que permitan identificarlo, para perturbar su tranquilidad o atentar contra su honor, se castiga con un año de prisión y 15 000 euros de multa.) El mismo texto precisa: «Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.» (El delito se castiga con las mismas penas cuando se comete en una red de comunicación al público en línea.) Enviar SMS haciéndose pasar por la Seguridad Social y explotar una página clonada encaja en esta figura, que protege tanto al organismo suplantado como a la persona cuyos datos se reutilizan.

El tercer pilar mira al instrumento técnico: el acceso fraudulento a un sistema de tratamiento automatizado de datos. El artículo 323-1 del Código penal dispone: «Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.» (Acceder o mantenerse fraudulentamente en todo o parte de un sistema de tratamiento automatizado de datos se castiga con tres años de prisión y 100 000 euros de multa.) Cuando de ese acceso resulta la supresión o modificación de datos o la alteración del funcionamiento del sistema, la pena sube a cinco años de prisión y 150 000 euros de multa. En la práctica del smishing, los estafadores acceden al espacio de banca en línea de la víctima con las claves robadas, añaden beneficiarios y emiten transferencias: cada una de esas etapas moviliza estas calificaciones.

Calificar bien no es un ejercicio académico: de la calificación dependen la denuncia, la investigación y la reclamación civil. En cuanto a los plazos, el artículo 8 del Código de procedimiento penal establece: «L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.» (La acción pública por los delitos prescribe a los seis años cumplidos desde el día en que se cometió la infracción.) Seis años parecen largos, pero el dinero se mueve en horas y las pruebas digitales se enfrían en semanas: la víctima que denuncia tarde pierde la oportunidad de que la investigación congele fondos o identifique a los perceptores. Por eso la segunda parte de este artículo detalla el camino del reembolso bancario y de la denuncia, que debe recorrerse en días, no en meses.

II. Víctima del fraude: reembolso del banco y denuncia paso a paso

A. Fraude bancario: ¿qué debe hacer su banco y cómo exigir la devolución del dinero?

El primer reflejo es bancario y no admite espera: llamar de inmediato a la entidad para bloquear las cuentas y las tarjetas, cambiar todas las claves de acceso, y enviar acto seguido una impugnación escrita de cada operación no autorizada, con acuse de recibo, describiendo los hechos y acompañando las pruebas reunidas. Cuando la cuenta está abierta en Francia, esa reclamación activa el régimen francés de los pagos no autorizados, que transpone la Directiva (UE) 2015/2366 sobre servicios de pago (DSP2) y protege al titular con reglas muy concretas.

La regla de oro figura en el artículo L. 133-18 del Código monetario y financiero: «le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant» (el proveedor de servicios de pago del ordenante reembolsa al ordenante el importe de la operación no autorizada inmediatamente después de tener conocimiento de ella o de haber sido informado, y en todo caso a más tardar al final del primer día hábil siguiente). El banco debe además restablecer la cuenta al estado en que se habría encontrado si la operación no se hubiera producido. Solo existe una válvula de escape para la entidad: «sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France» (salvo si tiene buenas razones para sospechar un fraude del propio usuario del servicio de pago y comunica esas razones por escrito al Banco de Francia). Sospechar de la víctima no basta: hay que motivarlo por escrito ante el Banco de Francia.

El mismo Código limita el riesgo del titular cuando el instrumento se pierde o se lo roban: el artículo L. 133-19 fija que el ordenante soporta las pérdidas «dans la limite d’un plafond de 50 €» (dentro del límite de 50 euros), y enumera los casos en que su responsabilidad ni siquiera se compromete. Entre ellos: «La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.» (La responsabilidad del ordenante no se compromete si la operación no autorizada se efectuó desviando, sin que él lo supiera, el instrumento de pago o los datos vinculados.) Tampoco responde cuando la operación se hizo sin usar sus datos de seguridad personalizados, cuando la pérdida era indetectable antes del pago, o en caso de falsificación del instrumento mientras conservaba su tarjeta. En el smishing puro, donde la víctima no autoriza ninguna transferencia y los estafadores operan a sus espaldas con los datos robados, estas excepciones juegan a favor del titular.

El reparto de la prueba es el segundo pilar protector. El artículo L. 133-23 impone: «il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre» (corresponde a su proveedor de servicios de pago probar que la operación fue autenticada, debidamente registrada y contabilizada, y que no se vio afectada por ninguna deficiencia técnica o de otro tipo). Y añade una advertencia que los bancos conocen bien: «L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.» (El uso del instrumento de pago tal como lo registró el proveedor no basta por sí solo para probar que la operación fue autorizada por el ordenante o que este incumplió intencionada o gravemente por negligencia las obligaciones que le incumben en la materia.) Los registros informáticos del banco no son una varita mágica: deben demostrar la autenticación reforzada real, con huellas de conexión, envíos de códigos y validaciones, operación por operación.

El plazo para avisar al banco es exigente y su incumplimiento es fatal. El artículo L. 133-24 exige señalar la operación no autorizada «au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion» (a más tardar dentro de los trece meses siguientes a la fecha del adeudo, so pena de preclusión). Trece meses es el máximo legal; en la práctica, reclamar en las primeras horas multiplica las posibilidades de recuperar fondos aún no dispersados. La impugnación debe ser escrita, fechar cada operación con su importe exacto, negar expresamente la autorización y exigir el reembolso conforme al artículo L. 133-18, conservando prueba del envío.

Los tribunales franceses han precisado dónde está la frontera entre la víctima protegida y el cliente gravemente negligente, y la línea es más fina de lo que parece. En su sentencia de 28 de marzo de 2018 (Casación comercial, nº 16-20.018, publicada en el Boletín), la Tribunal de Casación casó la resolución del tribunal de apelación de Amiens de 19 de abril de 2016, que había condenado al banco a pagar 2 731,98 euros a un cliente víctima de hameçonnage (phishing), y devolvió el caso a Ruán. Su doctrina, todavía citada a diario, dice: «manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l’utilisateur d’un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, peu important qu’il soit, ou non, avisé des risques d’hameçonnage» (incumple por negligencia grave su obligación de adoptar toda medida razonable para preservar la seguridad de sus dispositivos de seguridad personalizados el usuario que comunica los datos personales de ese dispositivo en respuesta a un correo que contiene indicios que permitirían a un usuario normalmente atento dudar de su procedencia, sin importar si estaba o no advertido de los riesgos del phishing). Quien teclea sus claves en una página trampa plagada de señales de alarma pierde la protección del reembolso: la ingenuidad total, por sí sola, no excusa.

Pero la moneda tiene reverso, y es muy favorable a las víctimas del smishing que no entregaron nada. El 5 de marzo de 2025 (Casación comercial, nº 23-22.687), la Tribunal de Casación casó una resolución del tribunal judicial de París de 4 de septiembre de 2023 y condenó en costas a BNP Paribas, fijando así la carga probatoria: «il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées, que cette preuve de la négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés» (corresponde al proveedor probar que el usuario que niega haber autorizado la operación actuó fraudulentamente o incumplió intencionada o gravemente por negligencia su obligación de preservar la seguridad de los datos personalizados, y esa prueba de la negligencia grave no puede deducirse del mero hecho de que el instrumento o los datos vinculados hayan sido efectivamente utilizados). Que los estafadores usaran sus claves no prueba que usted fuera negligente: el banco debe demostrar su culpa concreta.

La aplicación más reciente y más contundente llega del tribunal judicial de París, el 14 de abril de 2026 (asunto nº 25/03556). Un cliente sufrió el 11 de abril de 2023 el fraude del «falso asesor»: alguien que se hacía pasar por el servicio antifraude de su banco, que conocía su número de teléfono, su cuenta y hasta su saldo, le hizo creer que debía dejar de usar su tarjeta. El 10 de abril de 2023 salieron tres transferencias de su cuenta por un total de 25 360,62 euros (4 992,62 euros a las 00:53, 16 968 euros a las 00:57 y 3 400 euros a las 10:26). El cliente denunció el 17 de mayo de 2023 y reclamó. El tribunal constató que la autenticación reforzada existía técnicamente, pero rechazó la tesis del banco según la cual el cliente habría entregado sus datos en un phishing previo: mera suposición, sin prueba, y el registro de una clave digital en un aparato nuevo a través de la misma dirección no permite deducir la negligencia grave solo del uso de los datos personalizados, conforme a la doctrina de Casación de 5 de marzo de 2025. Fallo: «CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à M. [E] [X] la somme de 25 360,62 euros au titre des opérations de paiement non autorisées, avec intérêts au taux légal majorés de quinze points à compter du 16 mai 2023» (Condena a BNP Paribas a pagar 25 360,62 euros por las operaciones no autorizadas, con intereses al tipo legal incrementado en quince puntos desde el 16 de mayo de 2023), más 3 000 euros por el artículo 700 del Código de procedimiento civil y las costas. El tribunal desestimó en cambio el daño moral: el régimen de responsabilidad del banco ante un pago no autorizado excluye cualquier otro régimen nacional de responsabilidad. Moraleja práctica: reclame el reembolso íntegro con intereses, no una indemnización genérica por el disgusto.

B. ¿Dónde y en qué plazo denunciar el smishing cuando se vive entre Francia y España?

La denuncia penal y la reclamación bancaria son dos vías independientes que deben caminarse a la vez: la primera busca a los autores y fija oficialmente su condición de víctima, la segunda recupera el dinero. En España, donde se reciben los SMS y donde operan las redes que clonan la Sede Electrónica, la denuncia se presenta ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, aportando las capturas, la cronología y los extractos; la propia Seguridad Social recomienda denunciar ante la Policía en cuanto se han facilitado datos bancarios. Guarde el número de atestado: el banco francés y, en su caso, el juez francés lo pedirán.

En Francia, la víctima que reside en territorio francés o cuyo perjuicio se materializa en una cuenta francesa puede denunciar ante la policía o la gendarmería, que deben recibir su denuncia aunque los hechos comenzaran con un SMS recibido en España, puesto que el resultado dañoso (los adeudos) golpea en Francia. El señalamiento en línea en internet-signalement.gouv.fr (plataforma PHAROS) permite además alertar a los servicios de investigación sobre la página falsa, para su bloqueo y para alimentar expedientes que cruzan fronteras europeas, porque estas redes rara vez actúan en un solo país. Cada denuncia cuenta: los investigadores remontan desde los números remitentes, los dominios clonados y las cuentas receptoras hasta las organizaciones que los explotan, y solo los hechos denunciados pueden unirse a una causa común.

Los plazos mandan y no perdonan la pasividad. Frente al banco, trece meses desde el adeudo como máximo, so pena de preclusión, como impone el artículo L. 133-24 citado más arriba; en la práctica, las primeras veinticuatro horas deciden si los fondos aún pueden interceptarse. Frente a los autores, la acción pública por estos delitos prescribe a los seis años desde los hechos, según el artículo 8 del Código de procedimiento penal transcrito anteriormente, pero ningún investigador serio aconsejaría esperar: los dominios se cierran, los terminales se renuevan y el rastro del dinero se enfría. El calendario sensato es, por tanto, el siguiente: el día uno, bloqueo bancario e impugnación escrita; la primera semana, denuncia en España y, si existe conexión francesa, denuncia o señalamiento en Francia con el expediente completo; después, seguimiento mensual de la reclamación bancaria y, ante una negativa del banco, mediación bancaria y vía judicial con un abogado, como en el caso parisino de 2026 que terminó con la condena de la entidad a devolver íntegramente los 25 360,62 euros más intereses reforzados.

Un último consejo práctico para los franceses de España: desconfíen también de la llamada que sigue al SMS. El caso juzgado en París muestra el guión completo del «falso asesor»: un interlocutor que conoce sus datos, que le prohíbe usar su tarjeta, que le anuncia una nueva y que, mientras tanto, inscribe su clave digital en otro teléfono y vacía la cuenta de madrugada. Ningún banco pide por teléfono que se validen operaciones ni que se instalen dispositivos de seguridad, ni en Francia ni en España. Cuelgue, llame usted al número oficial de su entidad y verifique desde su aplicación si existen movimientos desconocidos: esos cinco minutos valen más que meses de procedimiento.

Conclusion

La oleada de SMS falsos que la Seguridad Social española denuncia desde el 21 de septiembre de 2026 no se detiene en la frontera cuando el dinero sale de una cuenta francesa: en ese momento, el Derecho francés toma el relevo. La estafa se castiga con cinco años de prisión y 375 000 euros de multa, la usurpación de identidad en línea con un año y 15 000 euros, y el acceso fraudulento a los sistemas con tres años y 100 000 euros. El banco francés debe reembolsar la operación no autorizada a más tardar al final del primer día hábil siguiente, con un tope de 50 euros a cargo del cliente solo en los supuestos tasados, y es él quien debe probar la autorización o la negligencia grave del titular, sin que el mero uso de las claves robadas baste para imputársela. Quien tecleó sus datos en una trampa evidente puede perder esa protección, como recuerda la Casación de 2018; quien no entregó nada y fue saqueado a sus espaldas debe ser reembolsado, como confirman la Casación de 2025 y el tribunal de París en abril de 2026. Bloquee, impugne por escrito, denuncie en España y, si su cuenta o su domicilio son franceses, active también la vía francesa sin demora: trece meses ante el banco es un máximo, no un plan.

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