Vive en España y cada mes recibe de Francia una pensión de funcionario, de militar, de profesor o de personal hospitalario. La caja francesa le retiene una cantidad en origen, el banco español le ingresa el resto y, cuando llega la campaña de la renta, nadie le dice con claridad dónde debe tributar esa pensión, qué impreso francés debe rellenar ni qué hacer si Francia le ha retenido de más. Este artículo responde a esa situación concreta: la pensión pública francesa cobrada por un residente en España.
La idea central es sencilla, pero cada palabra cuenta. En el convenio fiscal firmado entre Francia y España, la pensión privada del antiguo asalariado tributa en principio solo en el Estado de residencia, mientras que la pensión pública del antiguo agente del Estado tributa en principio solo en el Estado que la paga. Confundir una con otra es el error más frecuente y el más caro: quien declara su pensión de funcionario como si fuera una pensión privada puede dejar de pagar en Francia un impuesto que Francia considera debido, y quien acepta sin discutir una retención francesa sobre una pensión que el convenio atribuye a España puede perder cada año varios cientos o miles de euros.
A lo largo del texto se explican los términos franceses en su primera aparición, porque el lector va a encontrarlos en sus avisos y en sus impresos. La retenue à la source es la retención en origen que practica la caja que paga. El avis d’imposition es la liquidación o aviso de impuesto francés. El foyer es el hogar familiar a efectos fiscales. La réclamation es la reclamación administrativa previa ante la Hacienda francesa. El taux minimum es el tipo mínimo de gravamen que Francia aplica a las rentas de fuente francesa de los no residentes. Y el crédit d’impôt es el crédito fiscal que permite no pagar dos veces por la misma renta.
I. Calificar la pensión y fijar la residencia antes de calcular nada
A. Pensión pública o pensión privada: el convenio no las trata igual
El convenio para evitar la doble imposición entre Francia y España, firmado en Madrid el 10 de octubre de 1995 y en vigor desde el 1 de julio de 1997, dedica un artículo distinto a cada tipo de pensión. El artículo 18 dispone que las pensiones y remuneraciones similares pagadas a un residente de un Estado por un empleo anterior solo son imponibles en ese Estado de residencia. En traducción explicativa, no cita literal: la pensión privada del antiguo trabajador por cuenta ajena tributa donde vive el jubilado. El artículo 19, en cambio, reserva en principio a Francia las pensiones pagadas por el Estado francés, sus colectividades territoriales o sus personas jurídicas de Derecho público por servicios prestados a esos organismos. Son las pensiones de funcionarios civiles, militares de carrera, magistrados, profesores de la enseñanza pública, personal de hospitales públicos y agentes de los establecimientos públicos administrativos.
La distinción práctica es la siguiente. Si trabajó toda su vida en una empresa privada francesa y hoy cobra la pensión de la Seguridad Social francesa y de sus cajas complementarias, su caso se rige por el artículo 18 y tributa en España. Si fue funcionario del Estado, de un ayuntamiento, de un hospital público o militar, su caso se rige por el artículo 19 y tributa en Francia. Este artículo se ocupa de este segundo grupo, mucho menos explicado en internet en español, y remite para el primero a la guía general de la pensión francesa cobrada desde España.
El artículo 19 contiene dos excepciones que cambian todo y que conviene comprobar antes de declarar. Primera excepción, prevista en el apartado 19.2.b del convenio: si el pensionista reside en España y tiene únicamente la nacionalidad española, sin tener al mismo tiempo la nacionalidad francesa, la pensión pública solo es imponible en España. Un antiguo funcionario francés que se jubiló, se instaló en España y adquirió la nacionalidad española conservando la francesa sigue tributando en Francia; un antiguo agente público que solo tiene pasaporte español y reside en España tributa solo en España aunque su pensión la pague el Tesoro francés. Segunda precisión, prevista en el apartado 19.3: las pensiones pagadas por servicios prestados en el marco de una actividad industrial o comercial ejercida por el Estado o sus colectividades vuelven al régimen de los artículos 15, 16 y 18, es decir, al régimen de la pensión privada. Un jubilado de una empresa pública de transporte o de energía que operaba como actividad comercial puede, por tanto, quedar fuera del artículo 19 aunque su empleador fuera público: hay que examinar el estatuto exacto del organismo y la naturaleza de los servicios, documento en mano, antes de decidir.
Existe además un caso particular muy favorable, confirmado por la respuesta oficial dada a los franceses residentes en España sobre las pensiones militares y de invalidez: las pensiones servidas en aplicación del código de pensiones militares de invalidez y víctimas de guerra están exentas del impuesto sobre la renta en Francia en virtud del artículo 81, 4.º a, del código tributario francés, y el apartado 19.2.a del convenio las atribuye además solo a Francia, de modo que una pensión de invalidez militar francesa cobrada por un residente en España puede quedar exenta en ambos Estados, sin perjuicio de que España la tenga en cuenta para calcular el tipo aplicable a las demás rentas del contribuyente. Esta respuesta, publicada por la Asamblea de los Franceses en el Extranjero, se apoya expresamente en el apartado 24.2.c del convenio, que permite al Estado de residencia tener en cuenta las rentas exentas para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas. El lector que cobre una pensión militar, una pensión de invalidez de guerra o la asignación de reconocimiento de combatiente debe, por tanto, verificar este régimen antes de aceptar cualquier retención: es uno de los pocos casos en que la exención es total.
B. La residencia fiscal decide qué Estado aplica el convenio a su favor
Ninguna regla del convenio se aplica sin haber fijado antes la residencia fiscal, porque el convenio reparte el derecho a gravar entre el Estado de residencia y el Estado de la fuente. El derecho interno francés considera domiciliadas fiscalmente en Francia, según el artículo 4 B del código tributario, a las personas que tienen en Francia su hogar o su lugar de estancia principal, a las que ejercen en Francia su actividad profesional y a las que tienen en Francia el centro de sus intereses económicos. Quien vive todo el año en España, con su vivienda habitual, su familia y su vida diaria en España, es residente fiscal español y no residente fiscal francés, aunque conserve una cuenta bancaria o una vivienda secundaria en Francia.
Cuando una persona podría considerarse residente de ambos Estados, el artículo 4 del convenio establece un desempate por etapas: vivienda permanente, centro de intereses vitales, estancia habitual y nacionalidad. El Consejo de Estado francés ha fijado además el método que debe seguir el juez: primero calificar la situación según el derecho interno francés y después comprobar si el convenio se opone a la aplicación de la ley fiscal francesa, como recordó en su decisión de 30 de enero de 2019 sobre la aplicación del convenio franco-español de 1995 (CE, 30 de enero de 2019, n.º 408469). En la práctica del jubilado instalado en España, este método confirma lo esencial: Francia solo puede gravar su pensión pública si el artículo 19 del convenio se lo permite, y España debe eliminar la doble imposición según el artículo 24.
Para situar su caso en el conjunto de la fiscalidad de los residentes en España con intereses en Francia, conviene leer también la guía sobre la residencia fiscal francesa viviendo en España, que explica dónde declarar cada tipo de renta y cómo reclamar. La pregunta que debe hacerse el lector al terminar esta primera parte es triple y debe responderse por escrito, con documentos: primero, ¿mi pensión es pública del artículo 19 o privada del artículo 18?; segundo, ¿tengo solo nacionalidad española o también la francesa?; tercero, ¿mi residencia fiscal está claramente en España? Solo con estas tres respuestas puede pasar al cálculo.
II. Declarar bien en cada país y recuperar lo retenido de más
A. Lo que Francia retiene, lo que Francia grava y lo que España tiene en cuenta
En Francia, las pensiones de fuente francesa pagadas a no residentes soportan la retención en origen de los no residentes, la retenue à la source des non-résidents, prevista en el artículo 182 A del código tributario. La propia Hacienda francesa explica que esta retención la practica directamente la caja que paga la pensión, que se calcula después de aplicar una reducción del 10 por ciento y que sigue un baremo progresivo: para las rentas de 2025, 0 por ciento hasta 17 122 euros, 12 por ciento entre 17 122 y 49 667 euros y 20 por ciento por encima, según la página oficial sobre la retención aplicada a salarios y pensiones de no residentes. La versión del artículo 182 A aplicable desde el 1 de julio de 2026 fija los umbrales anuales en 17 275 y 50 112 euros, con tipos del 12 y del 20 por ciento: conviene comprobar cada año el umbral del ejercicio declarado, porque la diferencia entre baremos cambia el resultado.
Tres detalles de esta página oficial merecen atención porque generan la mayoría de los errores. Primero, las fracciones sometidas al 0 y al 12 por ciento tienen carácter liberatorio: no vuelven a entrar en el cálculo del impuesto sobre la renta. Segundo, la fracción sometida al 20 por ciento se imputa directamente sobre el impuesto calculado, y en el aviso solo esa parte cuenta para determinar el impuesto debido. Tercero, cuando varias cajas pagan pensiones al mismo jubilado, cada una aplica el baremo por separado sobre lo que ella paga, lo que puede dejar la retención total por debajo de lo debido; el artículo 197 B del código tributario prevé entonces una regularización sobre el total, y la Hacienda francesa publica un ejemplo chiffré con dos pensiones de 10 000 y 14 000 euros que genera un complemento de 825 euros. Quien cobra una pensión del Estado y otra complementaria debe anticipar este ajuste en lugar de descubrirlo en el aviso.
La declaración francesa se hace en el impreso 2042: las pensiones se anotan en las casillas 1AL y siguientes y la retención soportada figura en la casilla 8TA, distinta de las casillas del sistema de retención de los residentes. La Hacienda francesa invita expresamente a comprobar y corregir la rúbrica 8 del impreso y remite a la nota 2041-E para los ejemplos detallados. Además, el impuesto de los no residentes no puede ser inferior a un mínimo calculado con un tipo del 20 por ciento sobre la renta neta imponible, según el artículo 197 A del código tributario: es el llamado tipo mínimo, que la guía sobre la retención francesa del artículo 182 A y el tipo mínimo explica con detalle para salarios y pensiones privadas. Para la pensión pública del artículo 19, este mínimo importa cuando Francia conserva el derecho a gravar: la retención se imputa entonces sobre el impuesto calculado y solo el exceso eventual se devuelve.
Del lado español, el convenio impide pagar dos veces, pero por dos vías distintas según el caso. Cuando Francia tiene derecho a gravar la pensión pública conforme al artículo 19.2.a, el apartado 24.2 del convenio obliga a España a conceder una deducción igual al impuesto pagado en Francia, con el límite de la fracción del impuesto español correspondiente a esas rentas: el texto oficial puede leerse en el convenio publicado por la Hacienda francesa. Cuando la pensión queda exenta en un Estado por aplicación del convenio, como la pensión militar exenta en Francia por el artículo 81, el apartado 24.2.c permite aun así tenerla en cuenta para calcular el tipo aplicable al resto de las rentas, la llamada exención con progresividad. En ambos casos hay que declarar la pensión en España y pedir la deducción o la exención con los justificantes franceses: el aviso francés, los certificados de la caja y la prueba de la retención. Este artículo no describe el derecho interno español, que corresponde comprobar con la normativa española vigente; describe lo que el convenio impone a cada Estado y los documentos que hacen valer ese derecho.
Un último punto de control antes de reclamar: las cotizaciones sociales. La Hacienda francesa precisa que el no residente fiscal solo soporta contribuciones sociales sobre inmuebles y plusvalías inmobiliarias de fuente francesa, que las personas afiliadas a un régimen obligatorio de seguridad social de un país del Espacio Económico Europeo están exentas de CSG y CRDS, y que las cotizaciones descontadas por otros organismos sobre salarios, pensiones y rentas dependen del código de la Seguridad Social y se reclaman ante el organismo que las practicó, según su página oficial sobre no residentes y contribuciones sociales. Un jubilado residente en España, afiliado a la Seguridad Social española, que vea CSG o CRDS en los descuentos de su pensión francesa debe, por tanto, distinguir dos vías: lo descontado por la Hacienda en el aviso se discute con el servicio de impuestos de no residentes, y lo descontado por la caja se reclama ante la propia caja. A ello se añade la reducción del 10 por ciento con un máximo de 4 439 euros prevista para pensiones y jubilaciones en el artículo 158-5 del código tributario, que también se aplica antes de calcular la retención del artículo 182 A: una retención calculada sin esa reducción es una retención mal calculada.
B. Recuperar el exceso retenido y reclamar en plazo ante el servicio competente
Cuando la retención francesa supera lo que el convenio y la ley permiten, el camino es la reclamación y, si no prospera, el recurso ante el juez administrativo. La reclamación previa es obligatoria y debe dirigirse al servicio territorial competente, en la práctica el servicio de impuestos de particulares no residentes, según el artículo R*190-1 del libro de procedimientos fiscales. El plazo general es el 31 de diciembre del segundo año siguiente al del cobro del impuesto o a la puesta al cobro, según el artículo R*196-1 del mismo libro. Un aviso recibido en 2026 por rentas de 2025 se reclama, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2027: dejar pasar esa fecha cierra definitivamente la vía, aunque el convenio le diera la razón.
La jurisprudencia confirma dos mecanismos que el lector debe invocar con precisión. Primero, el crédito fiscal del lado francés funciona como igual al impuesto francés correspondiente a las rentas reservadas al otro Estado: la corte administrativa de apelación de Burdeos lo aplicó a una pensión pública noruega, recordando que la capacidad contributiva se calcula sobre la totalidad de las rentas y que la doble imposición se elimina mediante un crédito imputable igual al impuesto francés (CAA Burdeos, 3 de octubre de 2023, n.º 21BX02149). El razonamiento es trasladable al convenio franco-español, cuyo artículo 24.1.a para Francia usa la misma fórmula. Segundo, el Consejo de Estado exige calificar primero la renta en derecho interno y confrontar después el convenio, como se ha visto en la decisión de 2019 sobre el convenio franco-español: una reclamación bien construida sigue ese orden, cita el artículo interno, cita el artículo del convenio y explica por qué la retención practicada no respeta esa articulación.
En la práctica, el expediente de reclamación de un pensionista público residente en España debe contener, como mínimo, la copia del aviso francés y de la declaración 2042 con las casillas 1AL y 8TA, los certificados anuales de cada caja con el bruto, la reducción aplicada y la retención practicada, la prueba de la residencia fiscal en España y de la nacionalidad cuando se invoca la excepción del artículo 19.2.b, el estatuto del organismo pagador cuando se discute el carácter industrial o comercial del artículo 19.3, y el cálculo propio del baremo del artículo 182 A con los umbrales del ejercicio. Si la reclamación se desestima total o parcialmente, el recurso ante el tribunal administrativo debe interponerse en el plazo que indica la resolución de desestimación, y el silencio de la Administración durante seis meses equivale a una desestimación que abre la vía judicial. Para el año de la mudanza a España, recuerde además que existe un impreso específico de salida al extranjero, el 2042-NR, y que el servicio de no residentes centraliza el expediente, según explica el servicio público francés sobre el impuesto de los no residentes.
Tres errores frecuentes cierran esta parte porque se ven cada año en los expedientes. Primero, declarar la pensión pública como pensión privada y no pagar nada en Francia cuando el artículo 19.2.a reserva el gravamen a Francia: el ahorro aparente se convierte en recargo e intereses. Segundo, aceptar una retención calculada sin la reducción del 10 por ciento o con un baremo de otro ejercicio: el exceso es recuperable, pero solo si se reclama en plazo y con el cálculo rehecho. Tercero, olvidar la progresividad española del artículo 24.2.c: una pensión exenta en Francia que no se declara en España porque está exenta puede generar una liquidación española posterior sobre el resto de las rentas con un tipo más alto del esperado. Ninguno de estos tres errores se corrige solo: todos exigen un escrito, un plazo y una prueba.
Conclusión
La pensión pública francesa cobrada viviendo en España tributa en Francia por el artículo 19 del convenio, salvo la excepción de nacionalidad del artículo 19.2.b que la lleva a España y salvo el caso de actividad industrial o comercial del artículo 19.3 que la devuelve al régimen de la pensión privada. Francia retiene en origen según el artículo 182 A después de la reducción del 10 por ciento, el contribuyente declara en el impreso 2042 con las casillas 1AL y 8TA, España elimina la doble imposición por deducción o aplica la exención con progresividad según el artículo 24.2, y todo exceso se recupera por reclamación ante el servicio de no residentes antes del 31 de diciembre del segundo año. Con la calificación escrita, el cálculo rehecho y el expediente completo, el jubilado deja de sufrir el impuesto para controlarlo.