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Doble nacionalidad española y francesa: conservar las dos, probar la nacionalidad francesa y recurrir si la niegan (2026)

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado de extranjería en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Doble nacionalidad española y francesa: conservar las dos, probar la nacionalidad francesa y recurrir si la niegan (2026)

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¿Puede ser español y francés a la vez sin perder ninguna de las dos nacionalidades? ¿Qué debe hacer si el consulado o la administración francesa le dice que ya no es francés? ¿Cómo se prueba la nacionalidad francesa cuando los papeles son antiguos, contradictorios o simplemente faltan? Estas preguntas llegan cada semana a los despachos que trabajan entre España y Francia, y casi siempre llegan tarde: cuando ya hay una denegación sobre la mesa, un pasaporte que no se renueva o un hijo cuya nacionalidad queda en el aire.

La buena noticia es que el marco jurídico actual es mucho más favorable de lo que sugiere la memoria familiar. Desde el 1 de abril de 2022 está en vigor el convenio de nacionalidad entre España y Francia, que permite adquirir la nacionalidad del otro país conservando la propia. Y del lado francés, la regla es clara desde hace décadas: adquirir voluntariamente una nacionalidad extranjera no hace perder automáticamente la nacionalidad francesa. Pero hay plazos, declaraciones y pruebas que no perdonan la distracción, sobre todo del lado español, donde un plazo de tres años puede costarle la nacionalidad de origen.

Este artículo explica, con los textos oficiales y la jurisprudencia reciente, cómo conservar las dos nacionalidades, cómo probar la nacionalidad francesa con el certificado o con la posesión de estado, qué vías existen para adquirirla por matrimonio, filiación o residencia, y cómo recurrir cuando la administración la niega o afirma que se perdió. Cada término francés se explica en su primera aparición, y cada afirmación determinante remite a la fuente oficial que la sostiene.

I. Conservar las dos nacionalidades sin perder ninguna

A. Lo que el convenio franco-español de 2021 cambió

Durante generaciones, muchas familias hispano-francesas vivieron con una regla tácita: al hacerte francés perdías lo español, y al hacerte español perdías lo francés. Esa época terminó con el convenio de nacionalidad entre el Reino de España y la República Francesa, firmado en Montauban el 15 de marzo de 2021 y publicado en el Boletín Oficial del Estado español con la referencia BOE-A-2022-4916. Su artículo 1 dispone que los españoles podrán adquirir la nacionalidad francesa y los franceses podrán adquirir la nacionalidad española conservando su nacionalidad anterior, siempre que cumplan los requisitos que fije la legislación del Estado cuya nacionalidad adquieren, y que la adquisición se inscribirá en el registro que cada legislación establezca. El artículo 5 preveía la entrada en vigor el primer día del mes siguiente a la notificación mutua de los trámites internos, y el propio BOE precisa que esa fecha fue el 1 de abril de 2022, con vigencia indefinida.

El convenio tiene además un efecto reparador que mucha gente desconoce. Su artículo 3 permite acogerse a sus disposiciones a quienes, antes de su vigencia, hubieran adquirido la nacionalidad del otro país perdiendo automáticamente la anterior: desde la fecha en que se acojan al convenio, este les será aplicable. En la práctica, un español que se hizo francés hace veinte años y perdió entonces la nacionalidad española, o un francés que se hizo español en las mismas condiciones, puede hoy recuperar la nacionalidad perdida al amparo del convenio, cumpliendo los requisitos de la legislación correspondiente. El artículo 2 añade que quienes se acojan al convenio podrán obtener y renovar sus pasaportes y documentos de identidad conforme a la normativa de cada parte, lo que responde a la pregunta más frecuente en los consulados: sí, con doble nacionalidad se pueden tener y renovar los dos pasaportes.

Conviene entender bien lo que el convenio no hace. No crea una nacionalidad única ni armoniza los requisitos de adquisición: cada Estado sigue decidiendo quién se hace español y quién se hace francés. Lo que el convenio hace es levantar la sanción que antes acompañaba a esa adquisición, es decir, la pérdida automática de la nacionalidad de origen. Y lo hace en las dos direcciones, de forma simétrica. Para un español que quiere hacerse francés, el camino sigue siendo el derecho francés de la nacionalidad: declaración por matrimonio, naturalización por decreto, filiación o posesión de estado, que se estudian en la segunda parte. Para un francés que quiere hacerse español, el camino sigue siendo el derecho español. El convenio simplemente garantiza que la llegada no destruya el punto de partida.

Un punto práctico merece subrayarse desde ahora: la inscripción registral. El convenio exige que la adquisición se inscriba en el registro que cada legislación establezca. Del lado francés, eso pasa por los registros del estado civil y, en su caso, por la mención en los documentos de identidad; del lado español, por el Registro Civil, directamente o a través del consulado cuando se reside en Francia. Sin inscripción no hay prueba fácil, y sin prueba fácil llegan los problemas del apartado siguiente. Guarde siempre copia de la declaración o del decreto, del certificado de inscripción y de las notificaciones consulares: son los documentos que años después deciden un expediente.

B. Lo que cada país sigue exigiendo por su lado

Del lado francés, la administración no puede quitarle la nacionalidad por el simple hecho de que usted se haya hecho español. El artículo 23 del Código civil francés establece que el francés mayor de edad que reside habitualmente en el extranjero y adquiere voluntariamente una nacionalidad extranjera solo pierde la nacionalidad francesa si lo declara expresamente, en las condiciones previstas por los artículos 26 y siguientes del mismo código. La fórmula francesa, que citamos brevemente en su idioma original, dice que el interesado « ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément », lo que en español significa que la pérdida exige una declaración expresa del propio interesado y no se produce nunca de forma automática. Esta es la piedra angular de todo el edificio: en Francia, la doble nacionalidad es la situación normal, no una anomalía tolerada. La página oficial de la administración francesa lo confirma en lenguaje llano: sí, se pueden tener varias nacionalidades en Francia, por ejemplo una doble nacionalidad, y esa plurinacionalidad puede existir desde el nacimiento, por ejemplo cuando los padres tienen nacionalidades distintas, según la ficha verificada el 19 de junio de 2025.

Esa misma ficha oficial añade dos precisiones que conviene conocer. Primera: mientras reside en Francia, el francés que tiene otra nacionalidad es considerado exclusivamente francés por las autoridades francesas y no puede invocar frente a ellas la protección diplomática del otro Estado. Segunda: la plurinacionalidad puede perderse si un cambio de situación modifica la nacionalidad conforme a la legislación de los Estados afectados o a los acuerdos internacionales, y el francés que adquirió otra nacionalidad puede perder la francesa mediante declaración, procedimiento descrito en la ficha sobre la pérdida voluntaria. Dicho de otro modo: conservar es el principio, pero existen procedimientos de pérdida que operan a petición del interesado o en supuestos tasados que hay que vigilar.

Los supuestos tasados de pérdida impuesta existen y no son teóricos. El artículo 23-7 del Código civil permite declarar, por decreto previo dictamen conforme del Consejo de Estado (Conseil d’État, la más alta jurisdicción administrativa francesa, que aquí actúa como garante), que ha perdido la calidad de francés aquel francés que de hecho se comporta como nacional de un país extranjero cuya nacionalidad posee. En la práctica este procedimiento es excepcional y exige una desvinculación manifiesta y duradera, pero su existencia explica por qué conviene mantener vínculos reales con Francia: documentos de identidad vigentes, inscripción consular, ejercicio de derechos cívicos y uso efectivo de la nacionalidad. El artículo 23-8 contempla otro caso: el francés que ocupa un empleo en un ejército o un servicio público extranjero, o en una organización internacional de la que Francia no forma parte, y no abandona ese empleo pese al requerimiento del Gobierno, pierde la nacionalidad por decreto en Consejo de Estado. Son hipótesis marginales para la inmensa mayoría de los lectores, pero quien trabaja para una administración extranjera debe conocerlas antes de aceptar el puesto, no después.

Del lado español, la vigilancia debe ser mayor, porque el derecho español sí prevé la pérdida de la nacionalidad de origen en ciertos casos, y con un plazo que corre solo. El artículo 24 del Código civil español, consultado en el BOE, dispone que pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación, una vez transcurridos tres años desde la adquisición o desde la emancipación, salvo que en ese plazo declaren su voluntad de conservar la nacionalidad española ante el encargado del Registro Civil. La misma norma prevé que pierden en todo caso la nacionalidad quienes, habiendo nacido y residiendo en el extranjero, sean españoles por ser hijos de padre o madre españoles también nacidos en el extranjero, si las leyes de su país de residencia les atribuyen esa nacionalidad y no declaran su voluntad de conservar la española en los tres años siguientes a la mayoría de edad o emancipación. Y añade que la renuncia expresa, teniendo otra nacionalidad y residiendo fuera, produce siempre la pérdida. La propia página del BOE advierte de que debe tenerse en cuenta el convenio franco-español de 2021, lo que confirma que convenio y artículo 24 deben leerse juntos: el convenio abre la puerta a conservar las dos, pero la declaración de conservación ante el Registro Civil en el plazo de tres años sigue siendo el gesto que evita la pérdida del lado español.

La consecuencia práctica es un plan de acción en dos tiempos para todo español que adquiere la nacionalidad francesa, o para todo hijo de españoles nacido en Francia. Primer tiempo, del lado francés: ninguna declaración de pérdida debe firmarse jamás por inadvertencia, y ningún funcionario puede exigirla como condición para nada. Segundo tiempo, del lado español y dentro de los tres años: acudir al Registro Civil o al consulado español en Francia para declarar la voluntad de conservar la nacionalidad española, y conservar el justificante. Este segundo gesto es el que olvida la mayoría de la gente, porque del lado francés todo parece haberse resuelto solo. No deje pasar el plazo: la recuperación posterior es posible en algunos casos, pero siempre es más lenta, más cara y más incierta que la conservación a tiempo.

Una última precisión sobre los hijos, porque es donde nacen más malentendidos. El artículo 18 del Código civil francés dispone que es francés el niño de quien al menos uno de los progenitores es francés: basta un padre o una madre francesa para que el hijo sea francés desde el nacimiento, viva donde viva, y ello con independencia de que el niño tenga también la nacionalidad española por su otro progenitor. En cambio, el hijo nacido en Francia de dos progenitores exclusivamente españoles no es francés automáticamente al nacer: la ley francesa le abre la nacionalidad más tarde, en particular a la mayoría de edad si reside en Francia y ha residido allí al menos cinco años desde los once, conforme al artículo 21-7, o desde los dieciséis años por declaración en las condiciones del artículo 21-11. Para estos niños, la doble nacionalidad se construye por etapas, y cada etapa debe documentarse: certificados de escolaridad, justificantes de domicilio y de residencia, y declaraciones en plazo. No confunda la nacionalidad de la persona con su país de residencia, ni la situación de un ciudadano de la Unión Europea con la de un nacional de un tercer Estado: un español residente en Francia es un ciudadano europeo que ejerce su libre circulación, mientras que la nacionalidad francesa le daría además el estatuto completo de nacional, incluidos el pasaporte francés y el acceso a los empleos reservados a nacionales.

II. Probar la nacionalidad francesa y recurrir cuando la niegan

A. El certificado de nacionalidad y la posesión de estado

Tener la nacionalidad francesa y poder probarla son dos cosas distintas, y los expedientes se pierden casi siempre en la segunda. El instrumento central de la prueba se llama certificado de nacionalidad francesa, en francés certificat de nationalité française y abreviado CNF: es el documento oficial que declara que una persona es francesa e indica el fundamento legal de esa nacionalidad. El artículo 30 del Código civil establece que la carga de la prueba en materia de nacionalidad incumbe a quien discute su nacionalidad, salvo que esa persona sea titular de un CNF expedido conforme a los artículos 31 y siguientes, en cuyo caso la carga se invierte y corresponde a quien niega la nacionalidad francesa demostrar que no lo es. El artículo 31 atribuye en exclusiva al director de los servicios de secretaría judicial (directeur des services de greffe judiciaires, el funcionario que dirige la secretaría del tribunal) del tribunal judicial la competencia para expedirlo a quien justifique ser francés. Y el artículo 31-2 precisa que el certificado indica, con referencia a los capítulos correspondientes del título de la nacionalidad, la disposición legal en virtud de la cual el interesado es francés y los documentos que lo acreditan, y que hace fe hasta prueba en contrario. En español: el CNF no es una simple opinión administrativa, sino un título que presume su veracidad y obliga a quien lo discute a probar lo contrario.

Solicitar el CNF es por tanto el primer reflejo cuando la nacionalidad es dudada: para renovar un pasaporte, para inscribir a un hijo, para responder a una prefectura o para zanjar una discusión sucesoria. El expediente se presenta ante la secretaría del tribunal judicial del domicilio, con los documentos de estado civil que encadenan la nacionalidad: actas de nacimiento y matrimonio, actas de los progenitores, CNF de un progenitor, decretos de naturalización, declaraciones registradas. Si reside en París o en Isla de Francia (Île-de-France, la región de París), la solicitud se dirige a la secretaría del tribunal judicial de París, que concentra una gran experiencia en estos expedientes; prepare el expediente con traducciones juradas de los documentos españoles y con copias integrales de las actas, no con extractos, porque la secretaría verifica la cadena completa. Cuando el expediente está completo y coherente, el certificado se expide; cuando falta un eslabón, la secretaría lo deniega, y esa denegación es el punto de partida del recurso, no el final del camino.

Cuando los papeles faltan o son defectuosos, el derecho francés ofrece una segunda vía, preciosa para las familias hispano-francesas antiguas: la posesión de estado de francés, en francés possession d’état de Français. Esta noción designa la situación de hecho de quien se ha comportado como francés y ha sido tratado como tal por las autoridades francesas, aunque en derecho no tuviera esa calidad. El artículo 21-13 del Código civil permite reclamar la nacionalidad francesa por declaración a quienes hayan gozado de forma constante de esa posesión de estado durante los diez años anteriores a la declaración. Y una sentencia reciente y de máxima autoridad ha reforzado considerablemente esta vía: el 18 de junio de 2025, la Primera Sala de lo Civil de la Corte de Casación (Cour de cassation, el tribunal supremo francés para el orden judicial), en formación de sección y con publicación en el Boletín oficial de su jurisprudencia, casó una sentencia que exigía un estado civil cierto para admitir esta declaración. La Corte afirmó que, tratándose de una situación de hecho, esa exigencia no es una condición adicional de adquisición por esta vía, y precisó que la nacionalidad por declaración fundada en diez años de posesión de estado constante se adquiere cuando esa posesión no es equívoca ni fraudulenta y la declaración se suscribe en un plazo razonable desde que el declarante conoció su extranjería. La referencia oficial es la sentencia de 18 de junio de 2025, recurso 24-17.251, publicada en el Boletín. En términos prácticos: documentos de identidad franceses expedidos a su nombre, inscripción en listas electorales o consulares, escolaridad en Francia, avisos de imposición y correspondencia oficial forman, según los casos, el haz de indicios que demuestra que usted vivió como francés y fue tratado como tal. Cuantos más años cubran y más emanen de autoridades públicas, más pesan.

Las vías de adquisición propiamente dichas deben elegirse con frialdad, según su situación real, no según la más rápida en apariencia. La declaración por matrimonio, en francés déclaration à raison du mariage, está regulada por el artículo 21-2: el extranjero casado con un francés puede adquirir la nacionalidad francesa por declaración tras cuatro años de matrimonio, siempre que a la fecha de la declaración no haya cesado la comunidad de vida afectiva y material entre los esposos y el cónyuge francés haya conservado su nacionalidad. La entrevista sobre la vida común, el nivel de francés y la continuidad de la convivencia se controlan de cerca, y las denegaciones por cese de la vida común o por matrimonio de conveniencia son frecuentes; si está en ese caso, prepare las pruebas de vida común con el mismo cuidado que un expediente contencioso, como se explica en nuestro análisis dedicado a la declaración por matrimonio denegada tras la entrevista. La naturalización por decreto, regulada por el artículo 21-15, es una decisión graciosa de la autoridad pública que valora la asimilación, la inserción profesional y la lealtad a los valores republicanos; su denegación o aplazamiento debe motivarse y puede recurrirse, pero el margen de apreciación de la administración es amplio. Y las declaraciones de nacionalidad se reciben por la autoridad administrativa cuando derivan del matrimonio, y por el director de la secretaría judicial o por el cónsul en los demás casos, según el artículo 26, cuyas formas fija un decreto en Consejo de Estado. Cada vía tiene su ventanilla, sus plazos y sus motivos de denegación: presentar la solicitud equivocada es perder un año.

B. Qué hacer si le dicen que ya no es francés o le deniegan el certificado

La denegación adopta varias formas y cada una pide una respuesta distinta. Primera forma: la secretaría judicial deniega el CNF porque la cadena de documentos no convence. Segunda forma: la administración registra su declaración de nacionalidad con un rechazo o el ministerio se opone a ella. Tercera forma, la más brutal: se le notifica que usted habría perdido la nacionalidad francesa, por ejemplo tras adquirir otra nacionalidad o tras décadas residiendo fuera de Francia. En los tres casos, la regla de oro es la misma: no acepte la denegación como una verdad definitiva, exija la motivación escrita, conserve el original de la notificación y anote la fecha, porque los plazos de recurso corren desde ella. Y no firme ninguna declaración de pérdida ni ninguna renuncia para intentar desbloquear otro expediente: una firma así puede producir exactamente la pérdida que usted discute.

El recurso judicial contra estas decisiones se llama acción declarativa de nacionalidad, en francés action déclaratoire de nationalité: es la demanda por la que se pide al tribunal judicial que declare que una persona es o no es francesa. Se dirige contra el ministerio público (ministère public, el fiscal, que representa el interés de la ley en esta materia), y el tribunal examina la cadena de textos aplicables en el tiempo, los documentos y, en su caso, la posesión de estado. La carga de la prueba sigue la regla del artículo 30 ya citada: a usted le corresponde justificar su nacionalidad, salvo que presente un CNF regular, en cuyo caso es a quien lo discute a quien corresponde destruir su presunción. De ahí la importancia de reconstruir el expediente hacia atrás: actas integrales de nacimiento y matrimonio de cada generación, pruebas de la nacionalidad del progenitor transmisor, decretos o declaraciones, documentos de identidad franceses antiguos, inscripciones consulares y, si los papeles faltan, el haz de pruebas de posesión de estado descrito antes. Un expediente de nacionalidad se gana con documentos encadenados, no con testimonios vagos.

La jurisprudencia enseña que estas batallas se ganan también en el terreno del derecho aplicable en el tiempo, y una gran sentencia de 2022 lo demuestra de forma espectacular. El 30 de marzo de 2022, la Primera Sala de lo Civil de la Corte de Casación, en formación de sección y con publicación en el Boletín, resolvió el caso de una mujer nacida en Francia en 1926 que había adquirido la nacionalidad tunecina de su marido por declaración en 1957. La corte de apelación había considerado que solo el convenio franco-tunecino de 1955 explicaba la pérdida de su nacionalidad francesa. La Corte de Casación casó sin reenvío: juzgó que el artículo 8, letra c, de ese convenio rige exclusivamente las relaciones entre los Estados partes y carece de efecto directo frente a los particulares, que no pueden ni invocarlo ni sufrir su imposición; examinó a continuación el antiguo Código de la nacionalidad y la reserva de constitucionalidad formulada por el Consejo Constitucional en 2014; y, resolviendo sobre el fondo, declaró que la interesada había conservado la nacionalidad francesa. La referencia oficial es la sentencia de 30 de marzo de 2022, recurso 20-22.050, publicada en el Boletín. La lección para las familias hispano-francesas es doble: un tratado internacional no puede por sí solo arrebatarle su nacionalidad si no tiene efecto directo, y la pérdida histórica debe analizarse con la ley francesa vigente en la época de los hechos, no con la de hoy. Si su caso mezcla una adquisición antigua, un matrimonio antiguo o una larga residencia fuera de Francia, este análisis histórico es el corazón del recurso.

Queda el caso simétrico y frecuente: le deniegan el CNF no porque la nacionalidad se haya perdido, sino porque la prueba es insuficiente. Aquí el camino es reconstruir antes de recurrir. Pida a la secretaría el detalle escrito de los eslabones que faltan, obtenga las copias integrales de las actas españolas y francesas, solicite al consulado las inscripciones y certificados disponibles, y reúna las pruebas de posesión de estado año por año durante al menos diez años si piensa en la vía del artículo 21-13. Si la denegación persiste, la acción declarativa ante el tribunal judicial permite al juez apreciar soberanamente ese haz de indicios, como hizo la Corte de Casación en 2025 al prohibir que se exija un estado civil cierto en esa vía. Y si la cuestión es un matrimonio roto antes de la declaración, un divorcio o una viudez que complica la prueba de la vida común, encontrará el análisis específico en nuestro estudio sobre la declaración de nacionalidad por matrimonio tras divorcio o viudez, y para los problemas de prueba del certificado en general, en nuestra guía sobre el certificado denegado y la posesión de estado. Cada uno de estos supuestos tiene sus plazos y sus documentos propios: no deje que un expediente genérico sustituya al análisis de su caso concreto.

Algunos errores frecuentes merecen una advertencia final, porque cuestan caros. Primero, creer que adquirir la nacionalidad francesa hace perder automáticamente la española: falso del lado francés por el artículo 23, y condicionado del lado español por el plazo de conservación de tres años del artículo 24, que exige actuar. Segundo, creer que décadas sin usar el pasaporte francés equivalen a perder la nacionalidad: falso, la no utilización no es ninguno de los supuestos de los artículos 23-7 y 23-8, aunque una desvinculación total y prolongada complique la prueba. Tercero, presentar a un hijo nacido en Francia de padres españoles como francés sin más: falso al nacer, posible más tarde por los artículos 21-7 y 21-11 si la residencia acompaña. Cuarto, confundir turismo y residencia: una estancia de vacaciones o un visado de vacaciones y trabajo no crea ningún derecho a la nacionalidad ni necesita abogado, mientras que la residencia estable, el matrimonio y la filiación sí abren vías jurídicas precisas. Y quinto, discutir de igual a igual con la administración sin haber leído la motivación exacta de la denegación: recurrir sin conocer el motivo invocado es disparar a ciegas y agotar plazos útiles.

Conclusión

La doble nacionalidad española y francesa ya no es una anomalía que haya que ocultar, sino una situación reconocida y protegida: el convenio de 2021 permite conservar la nacionalidad de origen al adquirir la del otro país, el derecho francés excluye toda pérdida automática y ofrece el certificado de nacionalidad y la posesión de estado como instrumentos de prueba, y la jurisprudencia reciente de la Corte de Casación, publicada en el Boletín en 2022 y en 2025, refuerza tanto la conservación como la prueba. Pero esta protección no funciona sola: del lado español, la declaración de conservación en tres años sigue siendo el gesto decisivo; del lado francés, la calidad del expediente documental decide casi todo; y ante una denegación, la acción declarativa ante el tribunal judicial permite que un juez examine lo que la ventanilla rechazó. Si retiene una sola idea de este artículo, que sea esta: no deje que una denegación administrativa se convierta en su estatuto personal. Verifique el texto aplicable, reconstruya la cadena de pruebas y recurra en plazo, porque en derecho de la nacionalidad el tiempo que pasa sin actuar casi nunca juega a favor del interesado.

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