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Vende acciones francesas y vive en España: dónde tributa la plusvalía, retención del 12,8 %, convenio y cómo reclamar

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado fiscalista en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Vende acciones francesas y vive en España: dónde tributa la plusvalía, retención del 12,8 %, convenio y cómo reclamar

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Usted vive en España y ha vendido acciones de una sociedad francesa: títulos de una empresa cotizada en París, participaciones conservadas de una antigua etapa profesional en Francia o valores recibidos hace años y transmitidos ahora. El banco o el intermediario francés ha aplicado una retención sobre la ganancia, o le anuncia que va a hacerlo, y la respuesta exige aclarar cuatro puntos: si esa plusvalía tributa en Francia, en España o en los dos países; si Francia puede retener un 12,8 por ciento aunque usted ya no sea residente fiscal francés; qué dice el convenio para evitar la doble imposición entre España y Francia; y cómo se recupera lo cobrado de más. Este artículo responde con las fuentes oficiales: el texto del convenio publicado en el Boletín Oficial del Estado, la interpretación oficial de la Agencia Tributaria española, el Código General de Impuestos francés y el comentario oficial de la administración fiscal francesa.

La respuesta corta, válida para el caso más frecuente, es tranquilizadora pero exige una verificación previa. En francés, la ganancia de la venta se llama plus-value, la transmisión se llama cession y las acciones y participaciones se agrupan bajo la expresión droits sociaux. Pues bien: la ganancia obtenida por un residente en España con la venta de acciones ordinarias de una empresa francesa, cuando no se trata de una sociedad de preponderancia inmobiliaria ni de una participación sustancial, solo puede tributar en España. Lo dice el apartado 5 del artículo 13 del convenio, y la Agencia Tributaria española lo ilustra precisamente con el ejemplo de la ganancia patrimonial obtenida por venta de acciones de una empresa francesa. Pero esa regla general tiene dos excepciones importantes, con umbrales numéricos distintos del lado español y del lado francés, y cuando el intermediario francés ha retenido una cantidad que el convenio no permitía, existe un procedimiento de reclamación con plazos estrictos. Todo el artículo sigue ese orden: primero, calificar su venta; después, impedir o recuperar la retención indebida.

Este tema completa, sin repetirlos, los análisis que ya hemos publicado para hispanohablantes con rentas francesas. Si su venta no es de acciones sino de un piso situado en Francia, el régimen aplicable es el de la plusvalía inmobiliaria de no residentes, con su retención específica, su representante fiscal y su impreso propio, que ya explicamos por separado. Si lo que percibe de la sociedad francesa son dividendos y no una ganancia de venta, la retención en origen y la recuperación del exceso siguen la lógica del artículo 10 del convenio, también tratada aparte. Si su duda principal es si usted es residente fiscal español o francés, el punto de partida es el análisis de los criterios de residencia, su prueba documental y el cambio de un país a otro. Y si la administración francesa ya le ha notificado una propuesta de rectificación sobre estas operaciones, el procedimiento de respuesta y los recursos tienen sus propias reglas. La venta de acciones merece su propio desarrollo porque el convenio le dedica un artículo con cinco apartados y porque el Derecho interno francés aplica un prélèvement específico a los no residentes que conviene conocer al céntimo.

I. Dónde tributa la venta de sus acciones francesas

La norma de reparto entre Francia y España no está en la ley de cada país, sino en el convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Madrid el 10 de octubre de 1995. En Francia fue autorizado por la ley número 97-206 de 10 de marzo de 1997 y publicado por el decreto número 97-756 de 2 de julio de 1997, con entrada en vigor el 1 de julio de 1997, como recuerda el comentario oficial francés de este convenio. El convenio decide qué Estado puede gravar cada categoría de renta; las leyes internas se aplican después, dentro del espacio que el convenio les deja. El orden de análisis es, por tanto, siempre el mismo: primero, si usted es residente de España a efectos del convenio; segundo, si su venta entra en la regla general o en alguna excepción del artículo 13; tercero, qué pudo hacer Francia con su ley interna.

A. La venta ordinaria de acciones solo puede tributar en España

El caso general es el del pequeño accionista: usted posee acciones de una sociedad francesa cotizada o no cotizada, representa una fracción modesta del capital y de los beneficios, la sociedad no es una inmobiliaria y usted vende sus títulos obteniendo una ganancia. Para este caso, el apartado 5 del artículo 13 del convenio dispone, según el texto oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado, que las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los apartados 1, 2, 3 y 4 solo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que resida el transmitente. La fórmula solo pueden someterse a imposición atribuye el derecho exclusivo al Estado de residencia. Si usted es residente fiscal en España, la ganancia solo puede tributar en España, y Francia no puede someterla a imposición.

La Agencia Tributaria española confirma esta lectura en su folleto oficial dedicado a Francia, dentro de la serie de folletos sobre rentas de residentes con rentas procedentes del extranjero. Tras repasar las excepciones, ese documento oficial explica que las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otra clase de bienes solo pueden someterse a imposición en España, siempre que este sea el Estado de residencia del transmitente, y añade que un ejemplo de este tipo sería la ganancia patrimonial obtenida por venta de acciones de una empresa francesa. Esa frase oficial española es la referencia central de su expediente: describe exactamente la situación del pequeño accionista residente en España y cierra la discusión sobre el principio. Guárdela junto al texto del convenio, porque es la que justificará ante la Hacienda española que declare allí la ganancia y ante el intermediario francés que Francia no debía retener nada.

La consecuencia práctica es directa. Si el banco, el bróker o la sociedad francesa ha aplicado sobre esa ganancia ordinaria un prélèvement francés, esa retención carece de fundamento en el convenio, siempre que su residencia fiscal española del año de la venta esté correctamente establecida y acreditada. El mecanismo francés que suele aparecer en estos expedientes es el prélèvement del artículo 244 bis B del Código General de Impuestos, que somete a un prélèvement del 12,8 por ciento, cuando el deudor es una persona física, las ganancias de cesión de derechos sociales obtenidas por no domiciliados en Francia, pero únicamente cuando los derechos en los beneficios de la sociedad poseídos por el transmitente, con su cónyuge, ascendientes y descendientes, han superado conjuntamente el 25 por ciento de esos beneficios en algún momento de los cinco últimos años. Retenga bien esas tres condiciones francesas, porque son acumulativas: no basta con ser no residente y vender; hace falta además haber superado el umbral del 25 por ciento con el grupo familiar en los cinco años anteriores. Si usted es un pequeño accionista muy por debajo de ese umbral, el prélèvement no tenía por qué aplicarse, y con mayor razón cuando el convenio, en su artículo 13.5, reserva la imposición a España. Volveremos en la segunda parte al procedimiento para cortar la retención hacia el futuro y reclamar la ya practicada.

Queda la verificación que condiciona todo lo anterior: acreditar que usted es efectivamente residente de España a efectos del convenio en el año de la venta. El artículo 4 del convenio define como residente de un Estado contratante a toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga. Y cuando una persona física resulta residente de ambos Estados según sus legislaciones internas, el mismo artículo establece una cascada de desempate: primero, el Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si la tiene en ambos, aquel con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas, el llamado centro de intereses vitales; si no puede determinarse, el Estado donde viva habitualmente; después, el Estado del que sea nacional; y en último término, el acuerdo mutuo entre ambos Estados. En la práctica, una vida estable en España, con vivienda habitual, familia y actividad cotidiana en territorio español, apunta a la residencia española, pero cada criterio debe probarse con documentos del año de la venta: contrato de alquiler o escritura, empadronamiento, facturas de suministros, movimientos bancarios, billetes de viaje, afiliación sanitaria. Del lado francés, el artículo 4 B del Código General de Impuestos considera domiciliadas en Francia a las personas que tienen en Francia su hogar o su estancia principal, las que ejercen en Francia su actividad profesional salvo que sea accesoria y las que tienen en Francia el centro de sus intereses económicos, con la salvaguardia de que quien cumple uno de esos criterios no puede considerarse domiciliado en Francia cuando, por aplicación de los convenios, no es considerado residente de Francia. Esa última frase es su protección si conserva en Francia vínculos secundarios, como una cuenta o una vivienda ocasional: si el convenio atribuye la residencia a España, Francia no puede tratarle como domiciliado francés.

B. Las dos excepciones que devuelven la imposición a Francia

La regla general del apartado 5 tiene dos excepciones que todo vendedor debe comprobar antes de declarar, porque invierten el resultado. La primera es la de la sociedad de preponderancia inmobiliaria. La letra b del apartado 1 del artículo 13 del convenio dispone que las ganancias derivadas de la enajenación de acciones, participaciones u otros derechos en una sociedad o entidad jurídica cuyo activo esté principalmente constituido, directa o indirectamente, por bienes inmuebles situados en un Estado contratante, o por derechos sobre tales bienes, pueden someterse a imposición en ese Estado. La fórmula pueden someterse a imposición significa aquí imposición compartida: Francia puede gravar la ganancia y España también, aplicando después España la deducción por doble imposición. En la práctica: si usted vende participaciones de una sociedad civil inmobiliaria francesa, de una sociedad familiar cuyo patrimonio son inmuebles parisinos o de cualquier estructura cuyo activo es principalmente inmobiliario francés, no está en el caso general y Francia es competente. La calificación del activo de la sociedad a la fecha de la venta es, por tanto, determinante; pida al gestor, al notario o a la sociedad una certificación de la composición del activo y conserve los balances o documentos que la acrediten.

La segunda excepción es la de la participación sustancial. La letra a del apartado 2 del artículo 13 del convenio establece que las ganancias derivadas de la enajenación de acciones, participaciones u otros derechos, distintos de los de preponderancia inmobiliaria, que constituyan una participación sustancial en una sociedad residente de un Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese Estado. Y precisa el umbral: existe participación sustancial cuando el transmitente, solo o con personas emparentadas, posee directa o indirectamente, en cualquier momento de los doce meses anteriores a la transmisión, al menos el 25 por ciento del capital de la sociedad, o acciones, participaciones u otros derechos que en conjunto den derecho al menos al 25 por ciento de los beneficios. También aquí la imposición es compartida entre Francia y España, con deducción posterior en España. Observe que el cómputo incluye a las personas emparentadas y que basta con haber alcanzado el umbral en cualquier momento de los doce meses previos: una participación que usted redujo antes de vender puede seguir siendo sustancial si la superó dentro de esa ventana. Reconstruya el historial de su participación mes a mes, con certificados del registro de accionistas o del intermediario, antes de concluir que está por debajo del umbral.

El Derecho interno francés añade su propio umbral, que no debe confundirse con el del convenio aunque el porcentaje coincida. Como se ha visto, el artículo 244 bis B del Código General de Impuestos exige, para aplicar el prélèvement del 12,8 por ciento a las personas físicas no domiciliadas, que los derechos en los beneficios poseídos con el cónyuge, ascendientes y descendientes hayan superado el 25 por ciento en algún momento de los cinco últimos años, y el comentario oficial francés precisa que esas plusvalías se determinan según las mismas modalidades que para los accionistas residentes, previstas en los artículos 150-0 A a 150-0 E del mismo código. Cinco años del lado francés frente a doce meses del lado del convenio, grupo familiar restringido al cónyuge y línea directa del lado francés frente a personas emparentadas del lado del convenio: son dos tests distintos que deben verificarse por separado. Puede ocurrir que el convenio permita a Francia gravar y que, sin embargo, el prélèvement interno no sea aplicable por no cumplirse el test de los cinco años, o al revés en configuraciones particulares. Y existe además una válvula de seguridad para las reestructuraciones: la letra b del mismo apartado 2 del artículo 13 prevé que, cuando las ganancias de la enajenación de una participación sustancial sean objeto de diferimiento impositivo en el primer Estado conforme a su legislación, en el marco de un régimen fiscal específico para sociedades de un mismo grupo o de una fusión, escisión, aportación de activos o canje de acciones, esas ganancias solo pueden someterse a imposición en ese primer Estado. Si su venta se inscribe en una fusión, una escisión o un canje con diferimiento, analice ese punto antes de aceptar cualquier imposición francesa.

Menciónese por último, para cerrar el mapa del artículo 13, el apartado 3: las ganancias de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa española tenga en Francia, o de una base fija para trabajos independientes, pueden someterse a imposición en Francia. Es el caso del empresario individual o del profesional con base fija en Francia que cede activos afectos a esa actividad: tampoco es el caso general del accionista particular, pero si usted ejerce una actividad con presencia estable en Francia, verifique si sus títulos están afectos a ella antes de invocar el apartado 5.

II. Retención francesa cobrada de más, declaración en España y reclamación

Calificada la venta, queda la parte operativa: impedir que Francia retenga lo que no le corresponde, declarar la ganancia donde el convenio ordena y reclamar lo ya cobrado de más antes de que expiren los plazos. El orden de actuación recomendado es cronológico: primero acreditar la residencia ante el pagador francés, después declarar correctamente en España y en paralelo reclamar la devolución de lo retenido indebidamente. Cada paso tiene su prueba y su plazo.

A. Lo que Francia pudo retener y dónde se declara la ganancia

Cuando Francia es competente, porque la venta entra en la preponderancia inmobiliaria o en la participación sustancial, el instrumento francés es el prélèvement del artículo 244 bis B del Código General de Impuestos: del 12,8 por ciento para las personas físicas, con carácter liberatorio del impuesto sobre la renta debido por las cantidades que lo soportaron. El carácter libératoire, es decir, liberatorio, significa que el prélèvement salda el impuesto francés sobre esas cantidades y no se añade después una liquidación complementaria sobre la misma base. Pero liberatorio no significa inatacable: el propio artículo 244 bis B permite a las personas físicas, por vía de reclamación, pedir la devolución del importe del prélèvement que exceda de la diferencia entre el impuesto que resultaría de aplicar el artículo 197 A a la suma de las ganancias y el propio prélèvement. Y el artículo 197 A del mismo código fija para los no domiciliados en Francia que perciben rentas de fuente francesa un impuesto mínimo calculado con tipos del 20 por ciento hasta el límite superior del segundo tramo del baremo y del 30 por ciento más allá, salvo que el contribuyente justifique que el tipo francés sobre el conjunto de sus rentas sería inferior, en cuyo caso se aplica ese tipo medio real a sus rentas de fuente francesa. En la práctica, ese mecanismo del tipo medio es la vía para reducir un prélèvement del 12,8 por ciento cuando sus rentas globales son modestas: si demuestra que su tipo medio francés efectivo es inferior, el exceso debe devolverse. Conserve, por tanto, no solo los justificantes de la venta, sino también los elementos que permitan calcular su tipo medio, porque serán el corazón de la reclamación de reembolso.

Cuando Francia no es competente, porque su venta es ordinaria del apartado 5, ningún prélèvement debió practicarse y ninguna liquidación francesa debió establecerse sobre esa ganancia. La ganancia se declara entonces en España, en su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como ganancia patrimonial del año de la transmisión, con su precio de adquisición, su precio de transmisión, sus gastos justificados y su fecha de cada operación. Y cuando Francia sí era competente, en los casos de preponderancia inmobiliaria o de participación sustancial, España aplica el mecanismo general contra la doble imposición del apartado 2, letra a, del artículo 24 del convenio: cuando un residente de España obtiene rentas que, conforme al convenio, pueden someterse a imposición en Francia, España concede sobre el impuesto que percibe una deducción por un importe igual a la parte del impuesto pagado en Francia, sin que esa deducción pueda exceder la parte del impuesto español correspondiente a esas rentas. El límite es esencial: la deducción nunca supera la cuota española correspondiente a esas rentas, de modo que un impuesto francés superior no genera un crédito reembolsable en España. De ahí la estrategia correcta en los casos compartidos: declarar en ambos países, aplicar en España la deducción hasta su límite y reclamar en Francia, por la vía del tipo medio del artículo 197 A, todo lo que exceda de su tributación francesa real.

Dos errores frecuentes arruinan estos expedientes. El primero consiste en no declarar en España la ganancia de la venta de acciones francesas porque el banco francés ya retuvo el 12,8 por ciento. Es un error grave: la retención francesa, incluso cuando era legítima, no sustituye a la declaración española de una ganancia que el convenio atribuye a España o comparte con Francia. El segundo error, simétrico, consiste en omitir toda gestión en Francia partiendo de que el convenio da la razón a España, y dejar que el prélèvement indebido se consolide por falta de reclamación en plazo. En ambos casos la corrección exige rehacer el cálculo completo: calificación de la venta, residencia del año, impuesto francés realmente debido, cuota española y deducción aplicable. Y si usted percibe además dividendos de la misma sociedad francesa, no mezcle los regímenes: los dividendos siguen el artículo 10 del convenio, con su propia retención y su propio límite del 15 por ciento para el beneficiario efectivo residente en España, mientras que la ganancia de la venta sigue el artículo 13 que aquí se analiza. Cada renta, su artículo y su prueba.

B. Reclamar a Francia la devolución: prueba, destinatario y plazos

Cuando la retención indebida ya se ha producido, el camino es la reclamación ante la administración fiscal francesa, la llamada réclamation. El artículo R*190-1 del Libro de Procedimientos Fiscales francés impone el orden: el contribuyente que desea impugnar todo o parte de un impuesto debe dirigir primero una reclamación al servicio territorial competente de la Dirección General de Finanzas Públicas del lugar de imposición. Esa reclamación previa es obligatoria antes de cualquier recurso ante el juez: acudir directamente al tribunal sin haber reclamado antes expone a la inadmisibilidad. Identifique con precisión el servicio competente, que será en la práctica el servicio de impuestos de los no residentes o el servicio indicado en el justificante del prélèvement, y dirija la reclamación a ese servicio por escrito, en francés, con firma, identidad completa, referencia del impuesto impugnado, año de la venta, importe reclamado, fundamentos de derecho y copias de las pruebas.

El plazo es el punto más peligroso del procedimiento. El artículo R*196-1 del mismo Libro dispone que, para ser admisibles, las reclamaciones relativas a impuestos distintos de los impuestos directos locales deben presentarse como muy tarde el 31 de diciembre del segundo año siguiente a aquel, según el caso, de la puesta al cobro, del pago del impuesto cuando no hubo padrón ni aviso, o de la realización del hecho que motiva la reclamación. Tratándose de un prélèvement practicado por el intermediario sin padrón ni aviso posterior, el caso aplicable es el del pago del impuesto impugnado: el mismo artículo fija el límite en el 31 de diciembre del segundo año siguiente al del pago. En la práctica de las ventas de acciones, con prélèvement practicado por el intermediario sin padrón ni aviso posterior, no espere nunca al último trimestre: presente la reclamación cuanto antes, por un medio que acredite la fecha, y si impugna varias ventas de años distintos, detalle año por año las operaciones y los importes, porque cada ejercicio tiene su propio cómputo. Un euro reclamado fuera de plazo es un euro definitivamente perdido, por clara que sea la razón de fondo.

El contenido de la reclamación debe articular, en este orden, los hechos, el derecho y la prueba. En los hechos: residencia en España durante el año de la venta, descripción de los títulos, sociedad emisora, número de títulos, fechas y precios de adquisición y de transmisión, intermediario y prélèvement practicado con su importe y fecha. En el derecho: el apartado aplicable del artículo 13 del convenio, 13.5 para la venta ordinaria con imposición exclusiva en España, o 13.1.b y 13.2.a para explicar por qué, aun siendo Francia competente, el prélèvement excede del tipo medio del artículo 197 A; la definición de residente del artículo 4; y los artículos 164 B, 244 bis B y 197 A del Código General de Impuestos como descripción del mecanismo impugnado. Acompañe como prueba, como mínimo: el certificado de residencia fiscal española del año de la venta; documento de identidad; justificantes del intermediario con fechas, cantidades y prélèvement; prueba del precio de adquisición y de transmisión; certificación de la composición del activo de la sociedad si se discute la preponderancia inmobiliaria; historial de su participación con el grupo familiar si se discute el umbral del 25 por ciento; y copia de la solicitud previa de no aplicación del prélèvement con su acuse de recibo. Si la venta se inscribe en una fusión, escisión o canje con diferimiento, añada la documentación del régimen aplicado para invocar la letra b del apartado 2 del artículo 13. Y conserve la prueba del envío de la reclamación misma: sin fecha acreditada no hay plazo demostrable.

Antes de reclamar, intente siempre primero la vía amistosa con el intermediario: aporte al banco o al bróker francés el certificado de residencia fiscal española del año, con una solicitud escrita de aplicación del convenio que cite expresamente el apartado del artículo 13 aplicable, y pida la regularización del prélèvement indebido y el cese hacia el futuro. Envíe esa solicitud por un canal que deje constancia de la fecha y conserve copia de todo. Si el pagador se niega o guarda silencio, esa negativa documentada será una pieza del expediente de reclamación posterior. Y recuerde la regla de oro de la prueba en estos expedientes: quien alega la residencia española y la calificación de la venta debe poder demostrarlas con documentos contemporáneos del año de la transmisión, no con reconstrucciones posteriores. El certificado de residencia del año correcto, los justificantes del intermediario y el historial de la participación son el trípode sobre el que descansa todo: si falta una pata, el expediente cojea aunque el derecho le dé la razón.

Conclusión

Si vive en España y vende acciones de una sociedad francesa, la respuesta depende de dos cuestiones y solo de dos: el Estado donde usted es residente a efectos del convenio en el año de la venta, y si su venta es ordinaria o entra en la preponderancia inmobiliaria o en la participación sustancial. La venta ordinaria del apartado 5 del artículo 13 del convenio solo puede tributar en España, como confirma con el ejemplo de las acciones francesas la interpretación oficial de la Agencia Tributaria española; las ventas de los apartados 13.1.b y 13.2.a pueden tributar en ambos Estados, con deducción en España limitada a la cuota española correspondiente. A partir de ahí, todo es ejecución: aportar al intermediario francés el certificado de residencia para impedir el prélèvement indebido del 12,8 por ciento, declarar la ganancia en el IRPF español, aplicar la deducción por doble imposición solo cuando Francia era competente y reclamar la devolución de lo cobrado de más mediante reclamación previa obligatoria, con los importes detallados año por año y la prueba contemporánea de la residencia y de la calificación de la venta. La plusvalía mobiliaria franco-española no admite improvisación, pero tampoco reserva sorpresas a quien aplica el apartado correcto con el documento correcto y dentro del plazo correcto.

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