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Hijo menor de un naturalizado en Francia: efecto colectivo no aplicado, pruebas y recurso ante el tribunal judicial (2026)

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado de extranjería en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Hijo menor de un naturalizado en Francia: efecto colectivo no aplicado, pruebas y recurso ante el tribunal judicial (2026)

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Usted se ha naturalizado francés por decreto y está convencido de que su hijo menor es francés con usted. Pide entonces un certificado de nacionalidad francesa (certificat de nationalité française, el documento que expide el tribunal judicial francés y que acredita que una persona tiene la nacionalidad francesa, conocido por sus siglas CNF) para el niño, o intenta hacerle un pasaporte francés, y la respuesta cae como un jarro de agua fría: el secretario judicial (directeur des services de greffe judiciaires, el funcionario que dirige la secretaría del tribunal judicial francés) deniega el certificado porque el nombre del niño no figura en su decreto de naturalización. En la prefectura (préfecture, la oficina administrativa que instruye los permisos de residencia) le dicen además que, al no ser francés, el niño sigue necesitando un permiso como extranjero. ¿Cómo es posible, si la ley dice que el hijo menor de quien adquiere la nacionalidad francesa se convierte en francés de pleno derecho? Este artículo responde a esa pregunta con el derecho francés vigente el 4 de octubre de 2026 y con dos decisiones recientes de tribunales franceses que denegaron exactamente esta pretensión.

La respuesta corta es que el automatismo existe, pero tiene una condición que muchas familias descubren demasiado tarde: cuando el padre o la madre adquiere la nacionalidad por decisión de la autoridad pública o por declaración, el hijo solo se beneficia del efecto colectivo (effet collectif, el mecanismo por el cual el menor se convierte en francés al mismo tiempo que su progenitor) si su nombre está mencionado en el decreto o en la declaración. Sin esa mención, el niño no es francés, aunque viva con usted, aunque haya llegado a Francia por reagrupación familiar y aunque esté escolarizado aquí. Los dos casos que analizamos lo confirman con crudeza: una joven llegada de Argelia por reagrupación familiar en octubre de 2022, cuya madre se naturalizó en marzo de 2023, vio su certificado denegado en octubre de 2023 y su demanda declarativa rechazada por el tribunal judicial de Lyon el 1 de julio de 2026; y un niño nacido en Francia en mayo de 2019, cuyo padre se naturalizó a finales de ese mismo mes, vio su acción rechazada por el tribunal judicial de París el 2 de julio de 2025. En ambos casos faltaba lo mismo: el nombre en el decreto.

Este artículo está escrito para padres naturalizados o en curso de naturalización —españoles residentes en Francia, parejas mixtas franco-españolas, familias llegadas por reagrupación— cuyo hijo menor no aparece en el decreto. Explica las condiciones exactas del efecto colectivo, por qué la mención falta tan a menudo, qué pruebas reunir cuando el certificado se deniega y cómo se recurre ante el juez competente, que es el juez civil y no el tribunal administrativo. Cada término francés se explica en su primera aparición y cada afirmación jurídica determinante remite a la fuente oficial leída para este artículo. Si su propio expediente de naturalización por decreto está en curso o ha sido aplazado o denegado, encontrará el análisis general del procedimiento y de sus recursos en nuestro artículo sobre la naturalización francesa por decreto aplazada o denegada, y si lo que le han denegado es directamente el certificado de nacionalidad, la guía complementaria está en nuestro artículo sobre el certificado de nacionalidad francesa denegado.

I. El efecto colectivo existe, pero exige cinco condiciones acumulativas

El efecto colectivo no es un favor administrativo ni una interpretación generosa de la prefectura: es un artículo del Código civil francés (Code civil). Pero funciona como una puerta con cinco cerraduras, y basta que una falle para que no se abra. Conviene leerlo con calma antes de reunir una sola prueba.

A. Menor no casado, filiación establecida y residencia habitual común en el momento del decreto

El texto determinante es el artículo 22-1 del Código civil, vigente sin interrupción desde el 1 de julio de 2006. Dice así en francés: « L’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. » La traducción es nuestra y no tiene valor oficial: el niño menor cuyo padre o madre adquiere la nacionalidad francesa se convierte en francés de pleno derecho si tiene la misma residencia habitual que ese progenitor, o si reside alternativamente con él en caso de separación o divorcio; pero cuando la adquisición se produce por decisión de la autoridad pública o por declaración de nacionalidad, estas disposiciones solo se aplican al hijo si su nombre está mencionado en el decreto o en la declaración. Solo el texto francés obliga; la explicación española sirve únicamente para comprenderlo.

De esa redacción resultan cuatro primeras condiciones, todas ellas acumulativas. Primera, el hijo debe ser menor de edad en la fecha del decreto, no en la fecha de la solicitud ni en la del recurso: si ya ha cumplido dieciocho años cuando se firma el decreto, el efecto colectivo no juega para él, aunque siga viviendo con usted. Segunda, la filiación (filiation, el vínculo jurídico de padre o madre a hijo) debe estar establecida respecto del progenitor que se naturaliza; un niño cuya filiación con usted no esté legalmente establecida no puede invocar su decreto. Tercera, el niño debe tener la misma residencia habitual (résidence habituelle, el lugar donde vive de forma estable y efectiva, no una simple estancia o visita) que usted en el momento de la adquisición, o residir alternativamente con usted si hay separación o divorcio. Un hijo que vive en España con el otro progenitor mientras usted reside en Francia no cumple esta condición, aunque viaje a verle en vacaciones. Cuarta, el niño no debe estar casado: el artículo 22-2 del Código civil, vigente desde 1993, dispone en francés « Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables à l’enfant marié », es decir, en nuestra traducción no oficial, que lo dispuesto en el artículo anterior no se aplica al hijo casado. En la práctica española este supuesto es raro, porque el matrimonio de menores está fuertemente restringido, pero conviene saber que existe.

La residencia habitual merece una atención especial porque es donde se ganan y se pierden la mayoría de los expedientes. Los tribunales franceses no se conforman con una declaración de palabra: exigen pruebas de vida efectiva bajo el mismo techo en la fecha del decreto. En el caso de Lyon que analizaremos, la joven alegó que había entrado en Francia por reagrupación familiar (regroupement familial, el procedimiento por el cual un extranjero residente en Francia obtiene que su cónyuge e hijos menores puedan reunirse con él) el 10 de octubre de 2022, que había sido acogida primero por su padre y definitivamente por su madre desde el 11 de febrero de 2023, y aportó un seguro escolar suscrito por la madre, la escolarización en Francia en el curso 2023-2024, un abono de transporte y la declaración fiscal de la madre con los hijos a cargo en 2023. Todo eso acredita residencia, pero no sirvió de nada porque fallaba la quinta condición, la mención en el decreto. La lección es doble: reúna desde ya las pruebas de residencia común —visado y sello de entrada por reagrupación, contrato de alquiler o certificado de alojamiento donde figure el niño, inscripción escolar, seguro escolar, carnet de transporte, declaración de la renta con el hijo a cargo, certificado médico y carnet de vacunación—, pero sepa que sin la mención en el decreto esas pruebas no bastan.

Distinga además dos situaciones que no deben confundirse. Si su hijo nació en Francia de padres extranjeros, su nacionalidad no depende de su decreto sino de las reglas propias de los niños nacidos en Francia, con reclamación posible a los trece, dieciséis o dieciocho años según los casos, que explicamos en nuestro artículo sobre el hijo nacido en Francia de padres extranjeros. Y si su hijo nació en el extranjero de progenitor francés y el problema es la transcripción del acta y el primer pasaporte, la guía útil es la de nuestro artículo sobre el hijo francés nacido en el extranjero. El efecto colectivo del que hablamos aquí solo concierne al hijo menor, vivo con usted, en el momento exacto en que usted mismo adquiere la nacionalidad por decreto o declaración.

B. La mención del nombre en el decreto: por qué falta y cómo evitar que falte

La quinta condición es la que decide casi todos los litigios: para la naturalización por decreto, el nombre del niño debe figurar en el decreto (décret, la decisión firmada por el Gobierno francés que concede la nacionalidad y se publica con el nombre de cada beneficiario). No basta con que el niño existiera, viviera con usted o estuviera declarado en su expediente de extranjería; si su nombre no está escrito en el decreto, el efecto colectivo no se produce. El tribunal de Lyon lo recordó con una fórmula que conviene memorizar: aunque se aporte la prueba de la residencia común, «no se demuestra» que la interesada se haya beneficiado del efecto colectivo cuando su nombre no figura en el decreto, y por tanto procede constatar su extranjería (extranéité, la declaración judicial de que una persona no tiene la nacionalidad francesa). La decisión del tribunal judicial de Lyon de 1 de julio de 2026 (asunto 24/05990) puede leerse íntegramente en su fuente oficial.

¿Por qué falta la mención con tanta frecuencia? La práctica muestra cuatro causas típicas. La primera es cronológica: el niño llega a Francia cuando el expediente de naturalización del progenitor ya está muy avanzado o a punto de firmarse, y la administración no incorpora a tiempo el acta de nacimiento. Eso fue exactamente lo alegado en Lyon —entrada en octubre de 2022, residencia definitiva con la madre en febrero de 2023, decreto en marzo de 2023— y el tribunal no lo aceptó como excusa: la proximidad de las fechas explica el olvido, pero no sustituye la mención. La segunda causa es documental: el progenitor no transmite a la prefectura el acta de nacimiento del niño, o la transmite tarde, en simple fotocopia o sin traducción jurada, de modo que el servicio instructor no puede identificarlo. En el caso de París de 2025, los padres afirmaron que el padre había transmitido el acta a la prefectura, pero solo aportaron en el pleito la primera página de una declaración manuscrita del propio padre, en fotocopia simple, y el tribunal la privó de todo valor probatorio. La decisión del tribunal judicial de París de 2 de julio de 2025 (asunto 22/03911) describe ese defecto probatorio con detalle y puede consultarse en su fuente oficial. La tercera causa es la residencia separada en el momento crítico: el niño vive aún en el extranjero cuando se instruye el expediente y solo se reúne después del decreto. La cuarta es el nacimiento posterior al decreto: el hijo nacido después de la firma nunca puede estar mencionado, y por tanto nunca se beneficia del efecto colectivo de ese decreto, aunque nazca unos meses después.

Si su decreto aún no se ha firmado, la conducta práctica es clara y debe adoptarse cuanto antes. Declare a todos sus hijos menores en la solicitud de naturalización desde el primer día, aunque alguno viva todavía en el extranjero o su filiación esté en curso de regularización documental. Transmita a la prefectura, por escrito y conservando el justificante, el acta de nacimiento íntegra de cada hijo menor, con traducción jurada al francés si el acta no está en francés, y cada vez que nazca un hijo o llegue un hijo a Francia durante la instrucción, remita el acta y pida por escrito que se incorpore al expediente. Cuando se publique el decreto, léalo línea por línea: verifique que el nombre de cada hijo menor figura en él y conserve una copia íntegra del decreto, porque la necesitará para cada certificado del niño. Compruebe además la mención marginal (mention marginale, la anotación que se inscribe al margen del acta de nacimiento para indicar la adquisición de la nacionalidad): el artículo 28 del Código civil dispone en francés « Mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité », es decir, en nuestra traducción no oficial, que al margen del acta de nacimiento se hará mención de los actos administrativos y declaraciones que produzcan la adquisición, la pérdida o la reintegración en la nacionalidad francesa. Si el decreto menciona al niño pero la mención marginal falta en su acta, pida su inscripción: es la prueba visible que el secretario judicial buscará después.

Un error frecuente debe evitarse: creer que la tarjeta de residencia del niño o su escolarización «regularizan» la ausencia de mención. No es así. El estatuto de extranjero del niño —permiso por reagrupación, tarjeta «vida privada y familiar» como padre o madre de francés en otros casos, escolarización obligatoria— sigue rigiéndose por el Código de extranjería (CESEDA) y no crea nacionalidad. Solo el juez civil, y solo si se prueban todas las condiciones incluido el nombre en el decreto, puede declarar al niño francés. Y si el decreto ya se firmó sin el nombre, no existe un «decreto correctivo» a petición del interesado: la vía es el certificado y, si se deniega, la acción judicial, con las dificultades probatorias que veremos. Por eso, durante la instrucción de su propia naturalización, cada acta transmitida a tiempo vale más que cualquier argumento posterior.

II. Certificado denegado por falta de mención: qué prueba exige el secretario judicial y cómo se recurre

Cuando el nombre no figura en el decreto, la historia suele continuar de la misma manera: el secretario judicial deniega el certificado del niño, la familia interpone una acción para que se declare la nacionalidad, y el tribunal confirma la denegación porque la carga de la prueba pesaba sobre la familia y la mención no se ha probado. Los dos casos leídos son pedagógicos precisamente porque los demandantes tenían argumentos humanos fuertes —una adolescente reagrupada y escolarizada, un bebé nacido en Francia— y perdieron por la misma razón técnica. Esta parte explica cómo funciona esa denegación y cómo preparar el recurso sin repetir sus errores.

A. Quién expide el certificado, qué valor tiene y por qué la carga de la prueba le corresponde a usted

El certificado de nacionalidad no lo expide la prefectura ni el consulado, sino la secretaría del tribunal judicial. El artículo 31 del Código civil dispone en francés: « Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité. » En nuestra traducción no oficial: solo el director de los servicios de secretaría judicial del tribunal judicial puede expedir un certificado de nacionalidad francesa, a toda persona que justifique que tiene esa nacionalidad. Retenga el matiz: el secretario no concede la nacionalidad, constata que usted justifica tenerla. Si los documentos no justifican todas las condiciones, deniega, y su denegación no es una sanción sino una constatación de prueba insuficiente.

El contenido del certificado está tasado. El artículo 31-2 del Código civil establece en francés: « Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire. » Traducción nuestra, sin valor oficial: el certificado indica, por referencia a los capítulos correspondientes del Código, la disposición legal en virtud de la cual el interesado tiene la calidad de francés, así como los documentos que permitieron establecerla, y hace fe hasta prueba en contrario. Ese «hasta prueba en contrario» es importante en ambos sentidos: un certificado regularmente expedido invierte la carga —quien lo discute debe probar lo contrario—, pero un certificado obtenido con documentos falsos o erróneos pierde toda fuerza, como recordó la Corte de Casación (Tribunal de Casación, el tribunal supremo francés para las materias civil y penal) en su decisión de 10 de enero de 2018 (recurso 17-11.278), donde un certificado apoyado en un acta de nacimiento con incoherencias flagrantes —fecha un domingo, hora de declaración anterior a la del nacimiento— fue privado de valor probatorio y la carga volvió al interesado. La lección para las familias hispanohablantes es directa: aporten actas de nacimiento íntegras, coherentes y, cuando vengan del extranjero, legalizadas o apostilladas y traducidas por traductor jurado; un acta aproximativa desacredita todo el expediente.

La regla general de la prueba la fija el artículo 30 del Código civil, cuyo texto francés dice: « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants » Traducción nuestra no oficial: la carga de la prueba en materia de nacionalidad francesa corresponde a aquel cuya nacionalidad se discute; pero corresponde a quien discute la calidad de francés de una persona titular de un certificado expedido conforme a los artículos 31 y siguientes. Como su hijo no es titular de ningún certificado —precisamente lo que solicita—, la carga pesa sobre ustedes, los padres que reivindican su nacionalidad. El tribunal de París de 2025 lo aplicó al pie de la letra: rechazó que el ministerio público tuviera que aportar el expediente de naturalización del padre para demostrar la omisión, porque con arreglo a ese artículo la prueba incumbe a los demandantes, y estos ni siquiera alegaron la imposibilidad de aportar ellos mismos el expediente. Cuando la nacionalidad se reclama fuera de un decreto, una declaración o una reintegración, el artículo 30-1 del Código civil añade que la prueba solo puede hacerse estableciendo la existencia de todas las condiciones exigidas por la ley; en nuestra traducción no oficial, que deben probarse todas y cada una de las condiciones legales. En el efecto colectivo por decreto, eso significa probar acumulativamente la minoría de edad en la fecha del decreto, la filiación, la residencia habitual común y la mención del nombre: cuatro pruebas, ni una menos.

En la práctica, el expediente de solicitud del certificado del niño debe contener, como mínimo, la copia íntegra del decreto de naturalización del progenitor donde figure el nombre del niño —no un extracto, no la carta de felicitación de la prefectura, sino el decreto—, el acta de nacimiento íntegra del niño con filiación establecida, las pruebas de residencia habitual común en la fecha del decreto (las enumeradas en la primera parte), y, si los padres están separados o divorciados, la resolución que fije la residencia alterna. Si el decreto no menciona al niño, no presente la solicitud «para probar suerte» con un expediente incompleto: cada denegación deja una traza —la propia decisión de denegación, con sus motivos— que el tribunal examinará después. Es preferible reunir antes el decreto completo —pídalo a la prefectura que instruyó su naturalización o localícelo en el Diario Oficial donde se publicó— y verificar con frialdad si la mención existe. Si no existe, la solicitud solo prosperará en el supuesto excepcional de que pueda demostrarse un error material de la administración con documentos del propio expediente de naturalización, por ejemplo que el acta del niño sí se transmitió a tiempo y por escrito y la omisión es imputable al servicio; y aun así, como muestran las dos decisiones, los tribunales exigen una prueba rigurosa, no simples afirmaciones.

B. El recurso correcto es la acción declarativa ante el juez civil, con reglas propias y sin atajos administrativos

El primer reflejo de muchas familias es impugnar la denegación del certificado ante el tribunal administrativo, o escribir al prefecto, o pedir una revisión graciosa a la secretaría. Es un error de orientación que hace perder meses. Las cuestiones de nacionalidad pertenecen al juez civil. El artículo 29 del Código civil dispone en francés: « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. » En nuestra traducción no oficial: solo la jurisdicción civil ordinaria es competente para conocer de las controversias sobre la nacionalidad francesa o extranjera de las personas físicas, y las cuestiones de nacionalidad son prejudiciales ante cualquier otra jurisdicción administrativa o judicial, salvo las jurisdicciones penales con jurado. En la práctica, esto significa dos cosas: la demanda se dirige contra el fiscal de la República (procureur de la République, el magistrado que representa el interés público y defiende la legalidad en materia de nacionalidad) ante el tribunal judicial, y si la nacionalidad del niño surge como cuestión incidental en un pleito de extranjería ante el juez administrativo —por ejemplo, al impugnar una denegación de permiso o una obligación de abandonar el territorio—, el juez administrativo debe esperar o remitir esa cuestión prejudicial al juez civil en lugar de resolverla él mismo. No confunda este recurso con el recurso contra visados denegados ante la comisión de recursos y el tribunal administrativo de Nantes, que explicamos en nuestro artículo sobre el visado de cónyuge de francés denegado: Nantes es la vía de los visados; la nacionalidad se juega ante el tribunal judicial.

El procedimiento, tal como resulta de las dos decisiones leídas, sigue un cauce preciso. La demanda se interpone por emplazamiento (assignation, el acto de alguacil por el que se cita a la parte contraria) contra el fiscal, y una copia del emplazamiento se deposita en el Ministerio de Justicia, que expide un resguardo (récépissé); los dos tribunales comprobaron expresamente ese resguardo antes de examinar el fondo. Pida a su abogado que verifique ese formalismo desde el primer día, porque una demanda sin resguardo se declara irregular. En el fondo, solicite al tribunal que declare que el niño es de nacionalidad francesa y que ordene la mención del artículo 28 al margen de su acta. Si el tribunal estima la demanda, esa mención marginal y el certificado que después se expida abrirán la puerta al pasaporte y al documento de identidad. Si la desestima, el tribunal constata la extranjería del niño y ordena igualmente la mención del artículo 28 —esta vez como rastro de la extranjería declarada—, condena en costas a la parte perdedora y deniega la indemnización de gastos procesales, como ocurrió en Lyon y en París. Sepa por tanto que litigar sin la mención en el decreto expone a una derrota con costas: solo tiene sentido cuando dispone de la prueba completa o del expediente de naturalización que demuestra el error administrativo.

Dos argumentos invocados en vano en los casos leídos merecen advertencia expresa para no repetirlos. Primero, la invocación genérica del derecho a la vida privada y familiar del Convenio Europeo de Derechos Humanos no suple la falta de mención: en París, los padres alegaron el artículo 8 del Convenio sin explicar en qué consistía concretamente la injerencia, recordando al mismo tiempo que el niño, nacido en Francia, crecía allí con su padre francés que participaba en su manutención y educación; el tribunal respondió que no se demostraba ninguna consecuencia desproporcionada y desestimó. Si invoca ese derecho, deberá concretar la injerencia real y su desproporción, no limitarse a citarlo. Segundo, exigir al ministerio público que aporte el expediente de naturalización para que sea él quien demuestre la omisión invierte la carga de la prueba y los tribunales lo rechazan: aporte usted el expediente completo, o justifique documentalmente por qué le resulta imposible obtenerlo.

Para las familias residentes en París y en la región parisina (Île-de-France), tres precisiones prácticas refuerzan lo anterior. Primera, la competencia territorial en materia de nacionalidad se determina por el domicilio: si residen en París o en su región, la demanda corresponde al tribunal judicial de su domicilio, y en París las secciones de nacionalidad —las que dictaron la decisión de 2025 citada— conocen a diario estos expedientes, de modo que la exigencia probatoria descrita no es teórica sino cotidiana. Segunda, la solicitud del certificado se presenta ante la secretaría del tribunal judicial de su domicilio, con originales y traducciones juradas; presentarse sin cita, con fotocopias simples o con actas sin legalizar conduce a una denegación rápida que luego pesará en el pleito. Tercera, mientras el litigio de nacionalidad sigue su curso, el niño sigue siendo extranjero a ojos de la prefectura: mantenga sus derechos de residencia —renueve su permiso por reagrupación, conserve sus comprobantes de escolarización y de domicilio— y no deje que expire su documentación esperando una nacionalidad incierta. Si el niño cumple dieciocho años durante el procedimiento, el efecto colectivo ya no podrá beneficiarle aunque el decreto mencione su nombre, porque la minoría se aprecia en la fecha del decreto; verifique ese calendario antes de invertir en un pleito.

Si el efecto colectivo es definitivamente imposible —nombre ausente sin error administrativo demostrable, residencia separada en la fecha del decreto, hijo nacido después—, no fuerce una vía muerta. El niño conserva su estatuto de extranjero regular si cumple las condiciones de su propio permiso, y dispondrá más adelante de sus propias vías de acceso a la nacionalidad según su nacimiento, su residencia y su escolarización en Francia, que deberán estudiarse cuando llegue el momento con su expediente completo. Perder un pleito de nacionalidad intentado sin prueba deja una mención de extranjería y unas costas; conservar un estatuto de extranjero en regla deja el futuro abierto.

Conclusión

El hijo menor de quien se naturaliza francés por decreto solo se convierte en francés con su progenitor si cumple todas las condiciones del artículo 22-1 del Código civil en la fecha del decreto, incluida la mención de su nombre en el decreto. La residencia común, la escolarización y la reagrupación familiar no sustituyen esa mención, y la carga de probar las cuatro condiciones pesa sobre la familia mientras el niño no tenga certificado. Antes de solicitar el certificado, lea el decreto íntegro, verifique la mención y reúna el acta de nacimiento, la filiación y las pruebas de residencia común; si la mención falta sin error administrativo documentado, no presente un expediente incompleto ni invoque argumentos genéricos. Y si debe recurrir, diríjase por emplazamiento contra el fiscal ante el tribunal judicial, con el resguardo del Ministerio de Justicia, pidiendo la declaración de nacionalidad y la mención del artículo 28. La naturalización de un padre es una alegría familiar; convertirla en nacionalidad del hijo exige el rigor que los tribunales de Lyon y de París acaban de recordar en 2026 y 2025.

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