La palabra «inhabilitación» figura estos días entre las búsquedas en aumento en México. En el derecho federal mexicano, la inhabilitación de servidores públicos es una sanción temporal: impide desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Su duración no es única. Según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyo texto vigente lleva una última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2025, va de tres meses a un año cuando la falta no es grave y puede llegar a veinte años cuando el Tribunal sanciona una falta grave con una afectación elevada. También cambian la autoridad que la impone, el momento en que se ejecuta y el recurso disponible.
Esta guía tiene un alcance general: no comenta ningún expediente concreto ni atribuye conducta alguna a una persona. Explica qué distingue a una inhabilitación administrativa de una penal, cuándo empieza a aplicarse, qué consecuencias laborales tiene y qué plazos corren para defenderse o impugnarla. Se basa en la ley general y en las normas federales. En los estados, los órganos de control y los tribunales de justicia administrativa aplican la misma ley general junto con leyes locales, como las que regulan el juicio ante el tribunal estatal, que conviene revisar en cada caso. Se trata de información sobre un derecho extranjero, redactada desde París.
Por Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París.
I. Qué es la inhabilitación y cuánto puede durar
A. Faltas no graves: la sanción que impone el órgano interno de control
El punto de partida está en el artículo 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese precepto prevé sanciones administrativas para los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, y enumera la amonestación, la suspensión, la destitución, la inhabilitación y las sanciones económicas. El mismo artículo reparte la competencia en dos bloques. Las faltas graves se investigan y se substancian por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos locales, y las resuelve el tribunal de justicia administrativa competente. Para el resto, el texto constitucional dispone: «Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.»
La ley general desarrolla esa división. Su artículo 3, fracción XV, define la falta administrativa no grave como aquella cuya sanción corresponde a las Secretarías y a los órganos internos de control; la fracción XVI reserva la falta grave al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a sus homólogos en las entidades federativas. El artículo 49 enumera las obligaciones cuyo incumplimiento constituye una falta no grave. Entre ellas figuran cumplir las funciones encomendadas con disciplina y respeto, denunciar los actos que puedan constituir faltas, atender las instrucciones de los superiores cuando sean acordes con las disposiciones del servicio público, presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, y custodiar la documentación que se tiene bajo responsabilidad por razón del empleo. El artículo 50 añade los daños y perjuicios causados de manera culposa o negligente a la Hacienda Pública o al patrimonio de un ente público, siempre que no constituyan una falta grave.
Para estas faltas, el artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé cuatro sanciones: amonestación pública o privada, suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. La suspensión va de uno a treinta días naturales. Sobre la inhabilitación, el texto fija un marco preciso: «ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año». La autoridad puede imponer una o varias sanciones a la vez, siempre que sean compatibles entre sí y de acuerdo con la trascendencia de la falta.
La duración concreta no se elige libremente dentro de ese margen. El artículo 76 obliga a considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba la persona cuando incurrió en la falta, su nivel jerárquico y sus antecedentes, incluida la antigüedad en el servicio, las condiciones exteriores y los medios de ejecución, así como la reincidencia. En caso de reincidencia en faltas no graves, la nueva sanción no puede ser igual ni menor a la anterior. La ley considera reincidente a quien, tras una sanción que haya causado ejecutoria, comete otra infracción del mismo tipo. Por eso, una resolución que impone una inhabilitación debe explicar por qué la falta tiene la trascendencia suficiente para justificarla en lugar de una amonestación o una suspensión breve.
El artículo 77 ofrece además una salida que se pasa por alto con frecuencia. Los órganos internos de control pueden abstenerse de imponer la sanción cuando el servidor público no haya sido sancionado previamente por la misma falta no grave y no haya actuado de forma dolosa. En ese caso, la autoridad deja constancia de la no imposición. Para una persona que enfrenta un procedimiento por una omisión documental o un retraso sin intención, esta posibilidad merece plantearse expresamente en la defensa, con pruebas de la ausencia de dolo y del historial limpio.
El momento en que la sanción produce efectos también es distinto según la vía. El artículo 222 dispone que la ejecución de las sanciones por faltas no graves se lleva a cabo de inmediato, una vez impuestas por las Secretarías o los órganos internos de control, y conforme a lo que disponga la resolución. Desde el punto de vista laboral, eso significa que una inhabilitación de seis meses impuesta por un órgano interno de control puede empezar a correr sin esperar a que se resuelva un recurso, salvo que se obtenga la suspensión de la ejecución que se analiza en la segunda parte. Si la resolución combina la inhabilitación con la destitución, la relación con el ente público termina, además, por esta última sanción. El artículo 223 precisa que, para los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución las ejecuta el titular del ente público correspondiente.
Un ejemplo hipotético permite ver la lógica. Una persona servidora pública a la que se atribuye no haber custodiado debidamente expedientes a su cargo, en los términos de la fracción V del artículo 49, enfrenta en principio un procedimiento por falta no grave. Si no tiene antecedentes y no hubo dolo, la autoridad puede abstenerse de sancionar. Si sanciona, debe razonar la elección entre amonestación, suspensión, destitución o inhabilitación, y una eventual inhabilitación no puede bajar de tres meses ni superar un año.
Por último, el tiempo también protege. Según el artículo 74, las facultades para sancionar faltas no graves prescriben en tres años, contados desde el día siguiente a la comisión de la infracción o desde que hubiera cesado. Para las faltas graves y las faltas de particulares, el plazo es de siete años. La prescripción se interrumpe con la calificación de la conducta prevista en el artículo 100, y los plazos de este artículo se computan en días naturales. El mismo precepto prohíbe dejar de actuar en el procedimiento durante más de seis meses sin causa justificada: si eso ocurre, se decreta la caducidad de la instancia a solicitud del presunto infractor. Comprobar las fechas de la conducta, de la calificación y de las últimas actuaciones es, por tanto, uno de los primeros pasos de cualquier defensa.
B. Faltas graves y particulares: la sanción que impone el Tribunal
Las faltas graves están enumeradas en el capítulo que comienza en el artículo 51 de la ley general. Comprenden, entre otras, el cohecho, el peculado, el desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información, el abuso de funciones, la actuación bajo conflicto de interés, la contratación indebida, el enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, el tráfico de influencias, el encubrimiento, el desacato, el nepotismo y la obstrucción de la justicia. Los artículos 64 Bis y 64 Ter añaden las violaciones a las disposiciones sobre fideicomisos de la Ley Federal de Austeridad Republicana y la omisión de enterar ciertas cuotas, aportaciones y descuentos ante el instituto de seguridad social de los trabajadores del Estado.
Para estas conductas, el artículo 78 atribuye la sanción al Tribunal y prevé suspensión de treinta a noventa días naturales, destitución, sanción económica e inhabilitación temporal. La duración de la inhabilitación depende de la afectación. Es de uno hasta diez años si el monto de la afectación de la falta grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si excede de ese límite. Cuando no se causen daños o perjuicios ni exista beneficio o lucro alguno, la ley permite imponer de tres meses a un año de inhabilitación. La cuantificación de la afectación es, por tanto, un punto central del debate: un error en el cálculo del monto puede desplazar el caso de un tramo al otro.
El artículo 79 completa el cuadro económico. Si la falta grave generó beneficios económicos al servidor público o a las personas mencionadas en el artículo 52, la sanción económica puede alcanzar hasta dos tantos de esos beneficios y nunca puede ser menor o igual a ellos. Si hubo daños y perjuicios a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, el Tribunal determina además una indemnización. Para individualizar la sanción, el artículo 80 añade a los criterios ya vistos los daños y perjuicios patrimoniales, las circunstancias socioeconómicas del servidor público y el monto del beneficio obtenido.
En el ámbito federal, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2025, atribuye a sus Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas la resolución de las faltas graves investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, y la imposición de las sanciones que correspondan (artículo 38, apartado A). Su artículo 20 encarga a la Tercera Sección de la Sala Superior, entre otras funciones, resolver el recurso de apelación contra las resoluciones de esas salas especializadas.
La inhabilitación no se limita a los servidores públicos. El artículo 81 de la ley general prevé, para los particulares vinculados con faltas graves, una inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Para las personas físicas, ese periodo no puede ser menor de tres meses ni mayor de ocho años. Para las personas morales, va de tres meses a diez años, y puede acompañarse de sanción económica e indemnización. La suspensión de actividades y la disolución de la sociedad solo proceden cuando la sociedad obtiene un beneficio económico y se acredita la participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o cuando se advierte que la sociedad se utiliza de manera sistemática para vincularse con faltas graves. El artículo 83 aclara que la responsabilidad del particular se determina de manera autónoma e independiente de la participación de un servidor público.
La ejecución de estas sanciones sigue reglas propias. El artículo 84 dispone que la inhabilitación será impuesta por el Tribunal y ejecutada en los términos de la resolución dictada. El artículo 225 prevé que, cuando haya causado ejecutoria una sentencia que determine la plena responsabilidad de un servidor público por faltas graves, el magistrado comunique la sentencia de oficio para su cumplimiento y, si hubo suspensión, destitución o inhabilitación, dé vista al superior jerárquico y a la Secretaría. Para los particulares inhabilitados, el artículo 226 ordena publicar la sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos oficiales de las entidades federativas. La diferencia con las faltas no graves es relevante: allí la ejecución es inmediata, mientras que aquí la ley vincula el cumplimiento a una sentencia que ha causado ejecutoria.
Una vez firme, la sanción entra en un registro público. Según el artículo 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional se inscriben y se hacen públicas las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes contra quienes hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves, así como la anotación de las abstenciones previstas en los artículos 77 y 80. El mismo artículo impone una consulta obligatoria a los entes públicos, que deben revisar ese sistema con el fin de verificar si existen inhabilitaciones, y lo hacen «previo al nombramiento, designación o contratación de quienes pretendan ingresar al servicio público». El artículo 59 cierra el círculo: comete contratación indebida el servidor público que autoriza la contratación, el nombramiento o la designación de quien esté inhabilitado por resolución de autoridad competente, siempre que la inhabilitación figure inscrita en ese sistema al momento de la autorización.
En los resultados de búsqueda sobre la inhabilitación predominan las páginas oficiales dedicadas a la constancia que acredita si existe o no una sanción registrada. Este texto no describe ese trámite, que depende de la autoridad de control de cada orden de gobierno, pero sí permite leer el resultado. Ante una anotación inesperada, conviene identificar la autoridad que emitió la resolución, la fecha en que quedó firme, la duración de la sanción, la fecha de inicio que fija la resolución y si se trata de una sanción o de una abstención anotada. Si alguno de esos elementos no coincide con la resolución, conviene dirigirse a la autoridad que generó la anotación, con la resolución y la constancia de su firmeza a la vista, para pedir que se revise.
La inhabilitación administrativa debe distinguirse, por último, de la inhabilitación penal. La fracción II del artículo 109 constitucional dispone que la comisión de delitos por servidores públicos o particulares que incurran en hechos de corrupción se sanciona conforme a la legislación penal. El artículo 24 del Código Penal Federal, con última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2026, incluye entre las penas la inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos. Su artículo 212, aplicable a los delitos del Título Décimo, dedicado a los delitos por hechos de corrupción, y del título siguiente, impone de manera adicional la destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por un plazo de uno a veinte años: hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si lo excede. Esa pena la impone un juez penal al término de un proceso penal, no un órgano de control.
Ambas vías pueden coexistir respecto de los mismos hechos. El artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los procedimientos para aplicar las distintas sanciones se desarrollan autónomamente y añade una garantía: «No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.» La aplicación de esta regla a un caso concreto, por ejemplo cuando coinciden una inhabilitación administrativa y una penal, depende del análisis de la autoridad competente y no puede resolverse en abstracto. La autonomía que proclama el texto constitucional significa, al menos, que cada vía sigue su propio cauce, ante su propia autoridad y con sus propias reglas.
II. Cómo defenderse y cómo impugnar la inhabilitación
A. Durante el procedimiento: derechos, plazos y medidas cautelares
La defensa empieza mucho antes de la resolución. El artículo 111 de la ley general exige que en los procedimientos de responsabilidad administrativa se respeten los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos. El artículo 135 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas desarrolla la presunción de inocencia: la culpabilidad debe demostrarse más allá de toda duda razonable, la carga de la prueba corresponde a las autoridades investigadoras y la persona señalada no está obligada a confesar ni a declarar en su contra, de modo que «su silencio no deberá ser considerado como prueba o indicio de su responsabilidad».
El procedimiento tiene una secuencia marcada por la ley. Cuando concluye la investigación, la autoridad investigadora analiza los hechos y, si encuentra una falta, la califica como grave o no grave (artículo 100). Esa calificación se incluye en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, que se presenta ante la autoridad substanciadora. Si no hay elementos suficientes, se dicta un acuerdo de conclusión y archivo, que se notifica a las personas investigadas dentro de los diez días hábiles siguientes, sin perjuicio de que la investigación se reabra con nuevos indicios mientras la facultad de sancionar no haya prescrito.
Cuando el informe se admite, el artículo 208 ordena el emplazamiento del presunto responsable y su citación a una audiencia inicial, con indicación precisa del día, el lugar, la hora y la autoridad ante la que se celebrará. En ese acto se le informa del derecho a no declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, a defenderse personalmente o con un defensor perito en la materia y, si no cuenta con defensor, a que se le nombre uno de oficio. Entre el emplazamiento y la audiencia debe mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento solo procede por caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados.
La audiencia inicial es el momento decisivo para la prueba. La persona presunta responsable rinde su declaración por escrito o verbalmente y debe ofrecer las pruebas que estime necesarias. Si se trata de documentos, debe exhibir todos los que tenga en su poder o acreditar con el acuse correspondiente que los solicitó; si obran en archivos de terceros, debe señalar dónde se encuentran. Una vez cerrada la audiencia, ya no pueden ofrecerse más pruebas, salvo las supervenientes. En la práctica, eso obliga a preparar desde el emplazamiento un expediente propio: nombramiento y descripción del puesto, manuales o lineamientos aplicables, oficios con instrucciones recibidas, acuses de entrega de documentación, correos institucionales relevantes y cualquier constancia que permita reconstruir quién decidió qué y en qué fecha.
Tras la audiencia, en las faltas no graves, la autoridad substanciadora dicta el acuerdo de admisión de pruebas dentro de los quince días hábiles siguientes, abre un periodo de alegatos de cinco días hábiles y, cerrada la instrucción, la autoridad resolutora dicta resolución en un plazo no mayor a treinta días hábiles, ampliable una sola vez por otros treinta cuando la complejidad lo requiera. La resolución se notifica personalmente al presunto responsable. En las faltas graves, el artículo 209 prevé que, dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión de la audiencia inicial, la autoridad substanciadora envíe los autos originales al Tribunal. Este verifica que la falta descrita sea efectivamente grave; si no lo es, devuelve el expediente para que continúe como falta no grave. Si los hechos corresponden a otra falta grave, ordena la reclasificación. Después siguen las etapas de pruebas, alegatos y resolución con plazos equivalentes.
Durante el trámite existe un recurso específico. El recurso de reclamación procede contra las resoluciones que admitan, desechen o tengan por no presentado el informe, la contestación o alguna prueba, contra las que decreten o nieguen el sobreseimiento antes del cierre de instrucción y contra las que admitan o rechacen la intervención del tercero interesado (artículo 213). Se interpone ante la autoridad que dictó el auto dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación, y su resolución no admite recurso alguno (artículo 214). Un auto que desecha una prueba clave debe atacarse en ese plazo corto, porque después será difícil reabrir la cuestión.
La investigación puede tener efectos laborales inmediatos aunque todavía no exista sanción. Los artículos 123 y 124 permiten a las autoridades investigadoras pedir medidas cautelares para evitar la destrucción de pruebas, la continuación de los efectos perjudiciales, la obstaculización del procedimiento o un daño irreparable a la Hacienda Pública. Entre ellas está la suspensión temporal del servidor público señalado como presunto responsable. La ley la rodea de garantías, ya que, según el artículo 124 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, «Dicha suspensión no prejuzgará ni será indicio de la responsabilidad que se le impute». Mientras dure, deben adoptarse medidas que garanticen el mínimo vital de la persona y de sus dependientes económicos y que impidan presentarla públicamente como responsable. Si finalmente no resulta responsable, la dependencia o entidad la restituye en el goce de sus derechos y le cubre las percepciones que debió recibir durante la suspensión.
B. Después de la resolución: revocación, juicio contencioso y apelación
Si la sanción proviene de un órgano interno de control por una falta no grave, el artículo 210 de la ley general abre el recurso de revocación. Los servidores públicos que resulten responsables pueden interponerlo ante la autoridad que emitió la resolución dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación. El escrito debe expresar los agravios que a juicio del servidor público le cause la resolución y ofrecer las pruebas que considere necesario rendir (artículo 211). La autoridad decide sobre su admisión en tres días hábiles y, si falta algún requisito, previene una sola vez para que se subsane en un plazo que no puede exceder de tres días. Desahogadas las pruebas, la resolución se dicta en treinta días hábiles y se notifica en un plazo no mayor de setenta y dos horas.
Como la inhabilitación por falta no grave se ejecuta de inmediato, la suspensión de la ejecución tiene un peso práctico considerable. El artículo 212 prevé que la interposición del recurso suspende la ejecución de la resolución recurrida si el recurrente lo solicita y si no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Cuando la suspensión pueda causar daño a un tercero, el recurrente debe otorgar garantía suficiente. La autoridad debe pronunciarse sobre la solicitud en un plazo no mayor de veinticuatro horas. Pedir la suspensión en el mismo escrito del recurso, con una explicación concreta de por qué no afecta al interés social, evita que la inhabilitación transcurra mientras se discute su legalidad.
La vía judicial viene después o en paralelo, según el diseño elegido. El segundo párrafo del artículo 210 dispone que las resoluciones dictadas en el recurso de revocación son impugnables ante los tribunales mediante el juicio contencioso administrativo, en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o mediante el juicio que dispongan las leyes de las entidades federativas. Por su parte, el artículo 38, apartado B, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa atribuye a las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas el conocimiento de las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la ley general, así como de las que decidan los recursos administrativos previstos en ella. Elegir entre presentar primero la revocación o acudir directamente al juicio exige verificar la normativa aplicable al ente y el plazo que corre para cada vía.
En el ámbito federal, los plazos del juicio se rigen por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2026. Su artículo 13 fija un plazo de treinta días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, y su artículo 74 precisa que los plazos fijados en días se computan solo en días hábiles. El mismo artículo 13 permite presentar la demanda por escrito ante la sala competente o en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea; la persona demandante debe manifestar su opción al presentar la demanda y, una vez elegida, no puede variarla. Si no la manifiesta, se entiende que eligió la vía tradicional. Dentro del juicio, el artículo 28 regula la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, que se concede siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
Si la inhabilitación proviene del Tribunal por una falta grave, el medio de impugnación es el recurso de apelación. El artículo 215 de la ley general permite a los responsables o a los terceros impugnar las resoluciones de los tribunales mediante escrito presentado ante el tribunal que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación. El escrito debe formular los agravios y acompañar una copia para el expediente y una para cada parte. La apelación procede contra la resolución que impone sanciones por faltas graves o faltas de particulares y contra la que declara que no existe responsabilidad (artículo 216). La instancia que conoce del recurso decide sobre su admisión en tres días hábiles (artículo 217).
Dos reglas favorecen a quien apela. El artículo 218 manda estudiar los conceptos de apelación según su prelación lógica y privilegiar los de fondo sobre los de procedimiento y forma, salvo que invertir el orden dé certeza sobre la inocencia del servidor público o del particular; las violaciones de fondo de las que pudiera derivarse el sobreseimiento, la inocencia del recurrente o la determinación de culpabilidad respecto de alguna conducta se estudian con preferencia, incluso de oficio. El artículo 219 dispone que, si la sentencia se revoca o se modifica a favor del servidor público, el ente público en el que preste o haya prestado sus servicios debe restituirlo de inmediato en el goce de los derechos de que hubiera sido privado por la ejecución de las sanciones impugnadas. La ley exceptúa a los agentes del Ministerio Público, a los peritos oficiales y a los miembros de las instituciones policiales: en esos casos, la institución solo está obligada a pagar la indemnización y las demás prestaciones, sin reincorporación al servicio.
Las autoridades también pueden recurrir. El artículo 220 permite a las autoridades de control y de fiscalización que menciona impugnar las resoluciones definitivas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante el recurso de revisión, en un plazo de diez días hábiles, que se tramita conforme a las reglas de la revisión en amparo indirecto. Para las sentencias de los tribunales de las entidades federativas, el artículo 221 remite a las leyes locales. Una resolución favorable, por tanto, no siempre es definitiva el día en que se notifica, y conviene seguir el expediente hasta que quede firme.
Como información sobre el contexto del autor, la página del despacho de abogados en París en español identifica su lugar de ejercicio. El análisis de este artículo se limita al derecho mexicano descrito y no supone ejercicio profesional en México.
Para organizar la defensa frente a una inhabilitación, cinco datos ordenan casi todas las decisiones. El primero es la calificación de la falta, grave o no grave, porque determina la autoridad, la duración posible y el recurso. El segundo es la fecha en que surtió efectos la notificación, que abre los plazos de quince días hábiles para la revocación o la apelación y de treinta días para el juicio federal. El tercero es si la sanción ya se está ejecutando, lo que hace urgente la solicitud de suspensión. El cuarto es la existencia de una medida cautelar previa, cuyas consecuencias económicas deben revertirse si no hay responsabilidad. El quinto es la situación en el sistema nacional de sancionados, donde el artículo 27 ordena inscribir las sanciones e inhabilitaciones firmes vinculadas con faltas graves y que los entes públicos consultan antes de contratar.
Dos situaciones hipotéticas muestran cómo cambian esas decisiones. En la primera, una persona empleada en una dependencia federal recibe la notificación de una resolución del órgano interno de control que le impone seis meses de inhabilitación por una falta no grave. La sanción se ejecuta de inmediato, de modo que la prioridad es presentar la revocación dentro de los quince días hábiles y pedir en ese mismo escrito la suspensión de la ejecución, o valorar la demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro de su propio plazo. En la segunda, una exfuncionaria es sancionada por la sala especializada con cuatro años de inhabilitación por una falta grave. El recurso es la apelación, en quince días hábiles, y el debate se centrará en la calificación de la conducta, la cuantificación de la afectación que fija el tramo de duración y la individualización de la sanción.
Conclusión
En México, la inhabilitación de servidores públicos no es una sanción uniforme. Por una falta no grave, la impone el órgano interno de control, dura entre tres meses y un año, se ejecuta de inmediato y se impugna mediante la revocación, en quince días hábiles, o ante el tribunal de justicia administrativa. Por una falta grave, la impone el Tribunal, puede durar de tres meses a veinte años según la afectación y el beneficio, se cumple cuando la sentencia causa ejecutoria y se impugna mediante la apelación, también en quince días hábiles. La inhabilitación penal es distinta y la impone un juez penal. En todos los casos, la calificación de la falta, la fecha de notificación, la solicitud oportuna de suspensión y la revisión del registro de sancionados son los elementos que deciden si la sanción puede corregirse a tiempo.