Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París.
En México se busca estos días «viudez», y las búsquedas asociadas giran casi todas en torno a la pensión por viudez del Instituto Mexicano del Seguro Social. Detrás de esa consulta suele haber una situación muy concreta: una persona acaba de perder a su cónyuge, a su concubina o concubinario, o a quien había suscrito con ella una unión civil; presenta la solicitud y recibe una negativa, o teme recibirla porque no sabe si cumple los requisitos.
Esta guía ofrece información general sobre el derecho federal mexicano, a partir de los textos vigentes publicados por la Cámara de Diputados y leídos el 18 de noviembre de 2026: la Ley del Seguro Social, cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2026, la Ley Federal del Trabajo y la Constitución. El método que expone es de alcance general y no sustituye la lectura del expediente ni la de la resolución notificada. Se limita al régimen obligatorio del Seguro Social. Quedan fuera los trabajadores al servicio del Estado afiliados a otros institutos, los regímenes de pensiones de las entidades federativas y el detalle de la ley de 1973, derogada pero todavía aplicable por elección en ciertos casos.
Dos ideas guían el análisis. Varias restricciones que siguen circulando ya no figuran en el texto vigente. Y una negativa del Instituto no es la última palabra: la ley abre una vía administrativa y una vía judicial, con reglas de prueba favorables a quien reclama.
I. La pensión de viudez en la ley vigente: quién tiene derecho y por qué se niega
A. Los requisitos: el asegurado fallecido, la persona sobreviviente y la causa de la muerte
La pensión de viudez tiene fundamento constitucional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción XXIX del apartado A de su artículo 123, establece que «Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida», además de otros seguros dirigidos a la protección de los trabajadores y de sus familiares. Esa referencia a los familiares explica que la ley reconozca derechos propios a quienes sobreviven al asegurado: la pensión de viudez no es una herencia ni un favor administrativo, sino una prestación que nace directamente de la ley cuando se reúnen sus condiciones.
La regulación detallada está en el capítulo V del título segundo de la Ley del Seguro Social, dedicado al seguro de invalidez y vida, y en particular en su sección tercera, relativa al ramo de vida. El artículo 127 enumera lo que el Instituto otorga a los beneficiarios cuando muere la o el asegurado o el pensionado por invalidez: pensión de viudez, pensión de orfandad, pensión a ascendientes, ayuda asistencial al pensionado por viudez cuando un dictamen médico lo justifique, y asistencia médica. El artículo 128 fija dos requisitos acumulativos. El primero se refiere a la carrera de cotización del fallecido, que debía tener reconocido el pago al Instituto de «un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales, o bien que se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez». El segundo excluye de esta sección la muerte debida a un riesgo de trabajo, que sigue otro régimen.
Esa distinción importa desde el primer día. Si la muerte deriva de un accidente o de una enfermedad de trabajo, la pensión de la persona viuda se rige por el artículo 64 de la misma ley: equivale al cuarenta por ciento de la que habría correspondido al asegurado por incapacidad permanente total y no puede ser inferior a la cuantía mínima de la pensión de viudez del seguro de invalidez y vida. El artículo 65 reproduce para ese supuesto las mismas reglas sobre concubinato y unión civil que se verán enseguida. La Ley Federal del Trabajo regula además, para la muerte por riesgo de trabajo, una indemnización y un procedimiento propio de designación de beneficiarios en sus artículos 501 y 503; la articulación entre esa indemnización y las prestaciones del Instituto depende de cada caso y no se analiza aquí.
El artículo 129 cubre una situación intermedia que a menudo se pasa por alto. Si el fallecido disfrutaba de una pensión por incapacidad permanente derivada de un riesgo de trabajo y muere por otra causa, sus beneficiarios tienen derecho a pensión cuando tenía acreditadas ciento cincuenta cotizaciones semanales, aunque hubiera causado baja en el régimen obligatorio hace tiempo. Si la pensión era por incapacidad permanente total y no se reúne ese número de semanas, el derecho subsiste cuando esa pensión no duró más de cinco años.
Del lado de quien sobrevive, el artículo 130 de la Ley del Seguro Social establece un orden. Tiene derecho, en primer lugar, la o el que fuera cónyuge de la o el asegurado o del pensionado por invalidez. A falta de cónyuge, el derecho corresponde a la concubina o al concubinario «que haya vivido durante al menos los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél», o a la persona con la que el fallecido hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. El mismo artículo incluye a quien hubiera suscrito una unión civil con la o el asegurado o pensionado. Y cierra con una regla tajante: si al morir el asegurado tenía varias o varios concubinas o concubinarios, «ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la pensión».
La unión civil tiene una definición legal propia. La fracción XXI del artículo 5 A la describe como el acto jurídico bilateral por el que personas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad plena, establecen un hogar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua, siempre que esté reconocido en la legislación de los estados, cualquiera que sea su denominación. La fracción XII del mismo artículo incluye entre los beneficiarios a quien haya suscrito una unión civil con el asegurado o pensionado, cualquiera que fuere su sexo. Estas reglas proceden de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2023, que según su primer artículo transitorio entró en vigor seis meses después de su publicación.
El texto vigente del artículo 130 no supedita el derecho del viudo ni el del concubinario a la prueba de que dependía económicamente de la asegurada o pensionada fallecida. Es un dato práctico de primer orden: si en una ventanilla, en un formato o en un material informativo se exige esa prueba, lo prudente es pedir por escrito el fundamento legal de la exigencia y conservar la respuesta, porque la redacción leída no la contiene.
Esta guía forma parte de la información jurídica en español del despacho de París y se limita al derecho federal mexicano escrito. No describe la práctica de cada delegación del Instituto ni sustituye el análisis de un expediente concreto por un profesional habilitado en México.
B. Las causas de negativa que subsisten tras las reformas de 2023
Durante años, la causa de negativa más temida fue la fecha del matrimonio. El artículo 132 de la Ley del Seguro Social contenía tres supuestos de exclusión, y un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2023 derogó las fracciones II y III; según su primer transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación. Hoy solo queda la fracción I, que niega la pensión «Cuando la muerte del asegurado acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio». El último párrafo del artículo matiza la regla: las limitaciones «no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado la viuda compruebe haber tenido hijos con él». El texto menciona a la viuda; quien se encuentre en la situación inversa debe tenerlo presente al preparar su argumentación.
Para una muerte ocurrida antes de esa reforma, la pregunta de qué versión del artículo se aplica no se resuelve en los transitorios leídos, que solo fijan la entrada en vigor y una previsión presupuestaria. Es una cuestión que el expediente debe plantear expresamente si la negativa se apoya en alguna de las fracciones derogadas.
La segunda causa de negativa es la falta de semanas. Si el Instituto considera que el fallecido no alcanzaba las ciento cincuenta cotizaciones semanales del artículo 128, la discusión se traslada a la historia laboral: empleos no registrados, periodos cotizados con otro número de seguridad social, altas tardías o salarios no reportados. No es una discusión perdida de antemano, porque en juicio, cuando el número de semanas cotizadas es controvertido, la ley obliga al Instituto a probar su dicho, como se verá en la segunda parte.
La tercera causa concierne a la persona solicitante. La concubina o el concubinario que no puede acreditar cinco años de vida en común inmediatamente anteriores a la muerte, ni hijos con el fallecido, queda fuera del artículo 130. La existencia de un cónyuge también excluye a la pareja de hecho, porque el derecho de esta solo nace a falta de cónyuge. Y la coexistencia de varias parejas provoca que nadie reciba la pensión. En estos casos la negativa suele apoyarse en hechos discutibles: un matrimonio que existía solo en el papel tras una separación de décadas, una relación paralela invocada sin pruebas, una fecha de inicio del concubinato imprecisa. Cada uno de esos hechos se prueba o se desmiente con documentos.
La cuarta causa no impide el nacimiento del derecho, pero lo extingue. Según el artículo 133 de la Ley del Seguro Social, el goce de la pensión comienza el día del fallecimiento y cesa con la muerte del beneficiario o cuando la persona pensionada contrae matrimonio o entra en concubinato. El mismo artículo aclara que «El disfrute de esta pensión no se suspenderá porque aquéllos desempeñe un trabajo remunerado». Quien contrae matrimonio no pierde todo: según el segundo párrafo, la viuda, viudo, concubina o concubinario pensionados que se casan «recibirán una suma global equivalente a tres anualidades de la cuantía de la pensión que disfrutaban». El texto prevé esa suma global para el matrimonio, no para el inicio de un concubinato.
La quinta fuente de conflicto es el régimen aplicable. La ley vigente entró en vigor el 1 de julio de 1997, según su primer artículo transitorio, y derogó la ley de 1973. Su tercer transitorio, publicado en la Ley del Seguro Social, permite a los asegurados inscritos antes de esa fecha y a sus beneficiarios, al cumplirse el siniestro, que «podrán optar por acogerse al beneficio de dicha Ley o al esquema de pensiones establecido en el presente ordenamiento». La elección no es un trámite menor: la forma de cálculo y la entidad que paga cambian. Con la ley vigente, cuando muere un asegurado, el artículo 127 prevé que la pensión la pague la institución de seguros que elijan los beneficiarios mediante una renta vitalicia, financiada con una suma asegurada del Instituto y los recursos de la cuenta individual; cuando muere un pensionado por riesgos de trabajo, invalidez, retiro, cesantía en edad avanzada o vejez, la pensión se paga con cargo al seguro de sobrevivencia que contrató el propio pensionado.
La última causa es el tiempo. Muchas personas dejan pasar meses, a veces años, antes de solicitar la pensión. El artículo 301 de la Ley del Seguro Social dispone: «Es inextinguible el derecho al otorgamiento de una pensión, ayuda asistencial o asignación familiar», siempre que se satisfagan los requisitos legales. Pero el artículo 300 somete a un plazo de prescripción de un año el derecho a reclamar «Cualquier mensualidad de una pensión, asignación familiar o ayuda asistencial, así como el aguinaldo». La lectura conjunta de ambos preceptos tiene una consecuencia práctica clara: la demora no destruye el derecho a la pensión, pero puede costar las mensualidades más antiguas.
II. Cómo impugnar la negativa: del recurso de inconformidad al tribunal laboral
A. Antes de impugnar: leer la resolución, reunir la prueba y calcular la pensión reclamada
El primer paso es obtener la negativa por escrito. Una respuesta verbal en ventanilla no permite saber qué requisito se considera incumplido ni qué plazo empieza a correr. La Ley Federal del Trabajo, al regular la demanda en los conflictos individuales de seguridad social, pide acompañar la «constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión». Si la negativa no se entrega por escrito, conviene conservar al menos el acuse de la solicitud presentada, porque la misma disposición admite el acuse de recibo de la solicitud de documentos cuando estos no se han obtenido.
La resolución debe leerse con tres preguntas en mente. ¿En qué artículo se apoya la negativa? ¿Qué hecho considera el Instituto no acreditado: las semanas, el vínculo, la duración del concubinato, la fecha del matrimonio, la causa de la muerte? ¿Y qué régimen se aplicó, el vigente o el de 1973? Las respuestas determinan qué pruebas hay que reunir y si la discusión es de hecho o de derecho.
Las pruebas que suelen decidir estos expedientes se agrupan de forma sencilla:
- el acta de defunción, que fija la fecha de la muerte y, a menudo, permite discutir su causa;
- el acta de matrimonio o, en su caso, el documento que acredite la unión civil reconocida por la legislación estatal;
- para el concubinato, las actas de nacimiento de los hijos en común y los documentos que muestran la vida compartida durante los cinco años anteriores a la muerte;
- el número de seguridad social del fallecido, su historial de empleos y cualquier documento que acredite periodos cotizados no reconocidos;
- la resolución de negativa y los acuses de cada escrito presentado.
El artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo enumera el contenido de la demanda: datos del promovente, exposición de los hechos, pretensiones, empresas en las que trabajó el asegurado con puestos, antigüedad y cotizaciones, número de seguridad social y clínica asignada, la constancia de negativa, los documentos expedidos por los patrones o por el Instituto y las demás pruebas. Preparar desde el principio un expediente ordenado según esa lista ahorra tiempo en cualquiera de las dos vías.
Antes de reclamar conviene también saber cuánto se reclama. El artículo 131 de la Ley del Seguro Social dispone que «La pensión de viudez será igual al noventa por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado en el caso de invalidez» o de la que disfrutaba el pensionado por ese concepto. El artículo 141 fija la cuantía de la pensión de invalidez en una cuantía básica del treinta y cinco por ciento del promedio de los salarios de las últimas quinientas semanas de cotización, actualizados conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, más las asignaciones familiares y ayudas asistenciales, y prevé un mínimo vinculado a la tabla de pensiones garantizadas del artículo 170. Un ejemplo aritmético, sin valor de liquidación: si ese promedio actualizado, expresado en términos mensuales, fuera de 12,000 pesos, la cuantía básica de invalidez sería de 4,200 pesos y el noventa por ciento de esa cifra, 3,780 pesos, antes de mínimos, ayudas y topes.
Dos reglas corrigen ese cálculo. El artículo 144 prohíbe que el total de las pensiones atribuidas a la persona viuda y a los huérfanos exceda la pensión de invalidez que correspondía al asegurado; si la excede, todas se reducen proporcionalmente, y cuando se extingue el derecho de alguno de ellos se redistribuye entre los demás. El artículo 145 ordena incrementar cada año, en febrero, las pensiones de invalidez y vida conforme al mismo índice de precios. A ello se suma una prestación que muchas personas desconocen: según el artículo 140 de la Ley del Seguro Social, cuando el estado físico del viudo o la viuda pensionados requiere ineludiblemente la asistencia permanente o continua de otra persona, y con base en un dictamen médico, «la ayuda asistencial consistirá en el aumento hasta del veinte por ciento de la pensión de invalidez o viudez». El mismo derecho corresponde a quien sobreviva tras haber suscrito una unión civil.
Un supuesto particular merece mención. El artículo 137 Bis permite a los beneficiarios de un pensionado que desaparece de su domicilio por más de un mes, sin noticias de su paradero, disfrutar de la pensión con carácter provisional, comprobando el parentesco y la desaparición con la denuncia presentada ante el Ministerio Público. Si el pensionado reaparece, recupera su pensión; si se comprueba su fallecimiento, la transmisión se vuelve definitiva.
B. Recurso de inconformidad o demanda: competencia, plazos y carga de la prueba
La ley ofrece dos caminos frente a un acto definitivo del Instituto. El artículo 294 de la Ley del Seguro Social permite a los asegurados o a sus beneficiarios recurrir en inconformidad «en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos del artículo siguiente». El recurso de inconformidad es, por tanto, optativo. Pero su segundo párrafo contiene una advertencia que no debe ignorarse: las resoluciones del Instituto «que no hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señale el reglamento correspondiente, se entenderán consentidos». El plazo y la forma del recurso los fija ese reglamento, no la ley; la notificación de la negativa es el primer lugar donde buscarlos, y conviene actuar sin esperar al último día.
El artículo 296 prevé además una queja administrativa, pero su objeto es distinto: recoge las insatisfacciones por actos u omisiones del personal vinculados con los servicios médicos, siempre que no constituyan un acto definitivo impugnable por el recurso de inconformidad. Una negativa de pensión no es una queja de atención médica, y presentarla por esa vía solo hace perder tiempo.
La vía judicial está en el artículo 295 de la Ley del Seguro Social: las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones de la ley «deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral». Es la única vía judicial prevista para estas controversias, y la ley la reserva a tribunales federales.
La regla general de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción XX del apartado A del artículo 123, es que «Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente». Esa regla tiene excepciones legales que alcanzan de lleno a la pensión de viudez.
En efecto, el artículo 685 Ter de la Ley Federal del Trabajo exceptúa de agotar la instancia conciliatoria los conflictos relativos a la designación de beneficiarios por muerte y los relativos a «Prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías y prestaciones en especie y accidentes de trabajo». La pensión de viudez pertenece al ramo de vida o, si la muerte deriva de un riesgo de trabajo, a ese seguro: la demanda puede presentarse directamente ante el tribunal.
El tribunal competente se determina por un criterio práctico. Según el artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo, la competencia por territorio «corresponderá al Tribunal del lugar en el que se encuentre la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a la cual se encuentren adscritos los asegurados o sus beneficiarios». El artículo 899-B confirma que los beneficiarios titulares de derechos derivados del régimen obligatorio pueden plantear estos conflictos, y el artículo 892 los somete al procedimiento especial.
Ese procedimiento es breve en sus primeras etapas. Una vez admitida la demanda, el artículo 893 de la Ley Federal del Trabajo dispone que el demandado «deberá contestarla por escrito dentro de los diez días siguientes a la fecha del emplazamiento», con el apercibimiento de que, si no lo hace, se tendrán por admitidas las peticiones del actor. La parte actora dispone después de tres días para la réplica, y el demandado del mismo plazo para la contrarréplica. La ley privilegia la tramitación en línea, salvo imposibilidad material y sin detrimento de los derechos de los asegurados y sus beneficiarios. El artículo 894 prevé un auto de depuración dentro de los quince días siguientes y, cuando la controversia se reduce a puntos de derecho o a una prueba documental no objetada, un plazo de cinco días para alegatos escritos antes de la sentencia, sin audiencia de juicio.
La regla más útil para quien reclama está en el artículo 899-D de la Ley Federal del Trabajo. Los organismos de seguridad social deben exhibir los documentos que la ley les obliga a expedir y conservar, «bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el promovente». Y les corresponde probar su dicho cuando existe controversia, entre otros puntos, sobre la fecha de inscripción, el número de semanas cotizadas, los promedios salariales de cotización, el otorgamiento de pensiones y la vigencia de derechos. Para una viuda o un concubinario que no conserva los recibos de nómina del fallecido, esa distribución de la carga de la prueba cambia el equilibrio del litigio.
La prueba del vínculo, en cambio, sigue correspondiendo en lo esencial a quien lo invoca. El matrimonio se acredita con el acta del Registro Civil; el concubinato y su duración, con un conjunto de documentos y testimonios coherentes; la unión civil, con el acto reconocido por la legislación del estado. Cuanto antes se reúnan esas pruebas, menos dependerá el resultado de la memoria de los testigos.
Los errores que más perjudican a quien reclama se repiten:
- aceptar una negativa verbal sin pedirla por escrito y con su fundamento;
- dejar vencer el plazo del recurso de inconformidad creyendo que no tiene consecuencias, cuando la ley considera consentidas las resoluciones no impugnadas en la forma y términos del reglamento;
- presentar una queja administrativa por una negativa de pensión;
- invocar requisitos que el texto vigente ya no contiene, o no discutir los que el Instituto aplica sin apoyo en la redacción actual;
- no plantear la elección de régimen cuando el fallecido cotizó antes del 1 de julio de 1997;
- esperar años para reclamar, cuando cada mensualidad prescribe en un año;
- llegar al tribunal sin la constancia de negativa ni el acuse de la solicitud.
Ninguno de estos errores exige conocimientos técnicos para evitarse. Basta con invertir el orden habitual: pedir por escrito antes de discutir, documentar antes de reclamar y leer el pie de cada resolución antes de guardarla.
Conclusión
La pensión de viudez del régimen obligatorio del Seguro Social descansa en reglas legales precisas. El fallecido debía tener reconocidas ciento cincuenta cotizaciones semanales o disfrutar de una pensión de invalidez, salvo que la muerte derive de un riesgo de trabajo, que tiene su propio régimen. La persona sobreviviente debe ser cónyuge o, a falta de cónyuge, concubina o concubinario con cinco años de vida en común o hijos en común, o haber suscrito una unión civil. El texto vigente no exige al viudo ni al concubinario probar dependencia económica, y desde el 25 de marzo de 2023 la única exclusión ligada al matrimonio que subsiste en el artículo 132 es la muerte antes de seis meses de matrimonio, salvo hijos en común.
Frente a una negativa, la ley ofrece el recurso de inconformidad en los términos del reglamento o la demanda directa ante los tribunales federales en materia laboral, sin conciliación previa, ante el tribunal del lugar de la clínica de adscripción. En juicio, el Instituto debe exhibir sus documentos y probar su dicho sobre las semanas cotizadas y los promedios salariales cuando son controvertidos. El derecho a la pensión es inextinguible si se cumplen los requisitos, pero cada mensualidad prescribe en un año.
Quien conserve el acta de defunción, la prueba del vínculo, el historial laboral del fallecido, la solicitud y la resolución escrita tendrá en la mano los elementos que la ley exige. Quien no los conserve dependerá de lo que el expediente permita reconstruir, y el tiempo corre en su contra.