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Autopista México – Querétaro: cómo cobrar los daños a tu auto tras un choque con un tráiler o por el estado del camino

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Autopista México – Querétaro: cómo cobrar los daños a tu auto tras un choque con un tráiler o por el estado del camino

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En México se busca estos días la expresión «autopista México – Querétaro». Detrás de esa búsqueda suele haber una pregunta muy concreta para quien circula por una autopista federal de cuota: quién paga cuando el auto sale dañado, ya sea porque lo golpea un tráiler, porque otro vehículo invade el carril o porque el propio camino, con un bache, un objeto caído o una obra mal señalizada, provoca el daño. Este artículo no describe ningún accidente ni ninguna situación de tránsito en esa vía, y no identifica a ninguna persona, empresa ni aseguradora. Parte de hipótesis generales y expone las reglas del derecho federal mexicano aplicables a los daños sufridos en una carretera de jurisdicción federal.

El análisis se ordena en dos partes. La primera identifica las garantías que la ley pone en juego y la responsabilidad civil que las sostiene. La segunda explica cómo reclamar: qué pruebas reunir, qué avisos dar, qué hacer si la aseguradora no paga y cuándo prescriben las acciones. El método expuesto tiene alcance general y no sustituye el examen de cada caso. Quedan fuera los aspectos penales, el transporte de pasajeros, los reglamentos de tránsito y los riesgos de trabajo de los conductores; el texto se limita a la legislación federal vigente en la fecha de redacción, el 21 de noviembre de 2026.

Por Hassan Kohen, abogado colegiado en París. Este texto es una información sobre el derecho mexicano; su autor no ejerce en México.

I. Quién responde por los daños en una autopista federal de cuota

A. El concesionario de la vía y la garantía que debe al usuario

El punto de partida es la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, cuyo texto vigente recoge reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 14 de noviembre de 2025. Según su artículo 1o, la ley regula la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes que constituyen vías generales de comunicación, así como los servicios de autotransporte federal que operan en ellos y el tránsito en dichas vías. Su artículo 2o, fracción I, considera caminos o carreteras federales, entre otros, los que comunican dos o más estados de la Federación y los construidos por la Federación o mediante concesión federal. Y su artículo 5o es tajante: «Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan».

Esa calificación tiene consecuencias prácticas. Una autopista que une la Ciudad de México con Querétaro atraviesa, por su propio trazado, varias entidades federativas. Las reglas que se exponen a continuación son, por tanto, las de la legislación federal, y no las de un reglamento de tránsito municipal o estatal. Cuando se trata de una autopista de cuota operada en régimen de concesión, la ley añade una obligación específica a cargo de quien la explota.

Esa obligación está en el artículo 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que abre el título dedicado a la responsabilidad. Su primer párrafo dispone: «Los concesionarios a que se refiere esta Ley están obligados a proteger a los usuarios en los caminos y puentes por los daños que puedan sufrir con motivo de su uso». El segundo párrafo precisa el alcance temporal de esa protección: «La garantía que al efecto se establezca deberá ser suficiente para que el concesionario ampare al usuario de la vía durante el trayecto de la misma». El tercero remite al reglamento respectivo para fijar los términos en que debe otorgarse.

Tres ideas se desprenden de ese texto. La primera es que el beneficiario de la garantía es el usuario de la vía, es decir, quien circula por ella. La segunda es que la protección cubre el trayecto: empieza cuando el usuario entra en la autopista y termina cuando sale de ella. La tercera es que el artículo no enumera los supuestos cubiertos; los remite al reglamento y al instrumento concreto de garantía que el concesionario constituya. Por eso, antes de dar por hecho que un daño está o no está cubierto, conviene obtener y leer las condiciones de la garantía aplicable al tramo. En la práctica, el comprobante de pago de la caseta es la prueba más sencilla de que el automovilista era usuario de la vía en el momento del daño; conservarlo desde el primer minuto evita discusiones posteriores.

El artículo 64 de la misma ley completa el régimen. Su primer párrafo dispone que el derecho a percibir las indemnizaciones de ese capítulo y la fijación de su monto se sujetan al Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal. Esa es la antigua denominación del ordenamiento que hoy se publica como Código Civil Federal: la nota que encabeza su texto vigente indica que la denominación fue reformada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo de 2000. El segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal abre una vía específica: «La Secretaría resolverá administrativamente las controversias que se originen en relación con el seguro del viajero o usuario de la vía», sin perjuicio de que las partes acudan a los tribunales judiciales competentes. Según el artículo 2o, fracción VI, la Secretaría es la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Por último, el artículo 4o de la ley ordena que, a falta de disposición expresa en ella, en sus reglamentos o en los tratados, se apliquen la Ley de Vías Generales de Comunicación y los códigos de Comercio, Civil Federal y Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esa remisión es importante: cuando la ley especial calla, las reglas generales de la responsabilidad civil del Código Civil Federal llenan el vacío.

Este análisis, redactado desde un despacho de abogados en París a partir de los textos federales publicados por la Cámara de Diputados, no pretende sustituir la lectura de una póliza concreta. Su objetivo es más modesto y más útil: ordenar las garantías que coexisten en una autopista federal para que quien sufre un daño sepa a quién dirigirse primero. La garantía del concesionario es una de ellas, pero no la única, y la ley se ocupa de decirlo expresamente.

B. Cuando el daño lo causa otro vehículo: seguro obligatorio, autotransporte de carga y responsabilidad civil

El artículo 63 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, añadido en 2013, impone un seguro a todos los vehículos: «Todos los vehículos que transiten en vías, caminos y puentes federales deberán contar con un seguro que garantice a terceros los daños que pudieren ocasionarse en sus bienes y personas por la conducción del vehículo». La contratación corresponde al propietario. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, establece las reglas de operación de ese seguro y un monto mínimo de cobertura, y nadie puede obligar al propietario a contratarlo con una aseguradora determinada. El último párrafo del mismo artículo cierra la puerta a una confusión frecuente: «La contratación de este seguro no exime del cumplimiento de la responsabilidad de concesionarios de caminos y puentes», ni de la de los permisionarios de autotransporte de pasajeros, turismo o carga.

Dos disposiciones acompañan esa obligación. El artículo 63 Ter aclara que no puede impedirse la circulación ni imponerse la multa correspondiente a quien cuenta con un seguro de automóviles con coberturas mayores que las del seguro obligatorio. El artículo 74 Bis, fracción II, sanciona con multa a quien conduzca por caminos y puentes federales un vehículo sin seguro que garantice daños a terceros; el propietario dispone de 45 días naturales para contratar la póliza y, si la presenta ante la autoridad recaudatoria dentro de ese término, la infracción se cancela. Para la víctima, la consecuencia práctica es clara: el vehículo que causó el daño debía circular asegurado, y los datos de esa póliza son lo primero que hay que obtener.

Los vehículos de carga están sometidos a una regla propia. El artículo 68 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal obliga a los permisionarios de autotransporte de carga a garantizar, en los términos que autorice la Secretaría, «los daños que puedan ocasionarse a terceros en sus bienes y personas, vías generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por el vehículo o por la carga en caso de accidente», según lo establezca el reglamento respectivo. Cuando se trata de materiales o residuos peligrosos, el seguro debe amparar la carga desde que sale de las instalaciones del expedidor hasta que llega a su destino final, incluidos los riesgos de carga y descarga. No hay que confundir esta garantía con la del artículo 66, que regula la responsabilidad del transportista frente a quien le confió la mercancía por la pérdida o el daño de esta: para el automovilista golpeado por un tráiler, la norma pertinente es el artículo 68, que protege a los terceros.

Las garantías aseguran el pago, pero no crean por sí solas la obligación de reparar. Esa obligación nace del Código Civil Federal, aplicable de forma supletoria por la remisión del artículo 4o antes citado. El artículo 1910 establece la regla general: quien, obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres, causa daño a otro está obligado a repararlo, salvo que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Pero en materia de circulación la disposición decisiva es el artículo 1913. Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos, entre otras causas por la velocidad que desarrollen, el Código dispone que esa persona «está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima».

La diferencia con el artículo 1910 es sustancial. En el régimen del artículo 1913 la víctima no necesita demostrar que el otro conductor cometió una falta; le basta con acreditar el daño y que este fue causado por el vehículo en movimiento. La carga se invierte: es el responsable quien, para liberarse, debe probar la culpa o negligencia inexcusable de la víctima. El contraste lo marca el artículo 1914 del Código Civil Federal: cuando no intervienen mecanismos de ese tipo y no hay culpa de ninguna de las partes, cada una soporta sus propios daños sin derecho a indemnización.

El Código identifica también a otros responsables. Según su artículo 1924, los patrones y los dueños de establecimientos mercantiles responden de los daños causados por sus obreros o dependientes en el ejercicio de sus funciones, responsabilidad que cesa si demuestran que no se les puede imputar ninguna culpa o negligencia; el artículo 1926 permite a quien sufre el daño exigir la reparación directamente al responsable. El artículo 1918 hace responder a las personas morales de los daños que causen sus representantes legales en el ejercicio de sus funciones. Y el artículo 1917 dispone que quienes han causado en común un daño son responsables solidariamente frente a la víctima. Esta última regla resulta útil en los choques múltiples o cuando concurren varias causas, por ejemplo un vehículo pesado y un defecto del camino: la víctima puede dirigirse contra cualquiera de los coautores por la reparación íntegra, y son ellos quienes deben repartirse después la carga.

En cuanto al contenido de la reparación, el artículo 1915 del Código Civil Federal deja la elección al ofendido entre el restablecimiento de la situación anterior, cuando sea posible, y el pago de daños y perjuicios. Si el daño se causa a las personas y produce la muerte o una incapacidad, el grado de la reparación se determina conforme a la Ley Federal del Trabajo, tomando como base la Unidad de Medida y Actualización. El artículo 1916 añade el daño moral, y precisa que también debe repararlo quien incurra en responsabilidad objetiva conforme al artículo 1913. En términos simples, el automovilista dañado puede reclamar la reparación del vehículo o su valor, los gastos que el daño le haya ocasionado y, si hubo lesiones, la indemnización correspondiente.

Con estos elementos puede trazarse un primer mapa, que no sustituye el análisis de los hechos:

  • si el daño proviene del estado de la autopista, la vía natural es la garantía que el concesionario debe al usuario conforme al artículo 62, sin perjuicio de la responsabilidad civil de quien opera la vía si hubo culpa;
  • si el daño lo causa otro vehículo particular, responden su conductor conforme al artículo 1913 y, hasta el límite de la póliza, el seguro de responsabilidad que el artículo 63 Bis exige a su propietario;
  • si el daño lo causa un vehículo de autotransporte de carga, se añaden la garantía del permisionario prevista en el artículo 68 y, en su caso, la responsabilidad del patrón del conductor conforme al artículo 1924;
  • si concurren varias causas, la solidaridad del artículo 1917 permite reclamar a cualquiera de los responsables.

II. Cómo reclamar: pruebas, avisos, plazos y vías cuando nadie paga

A. Las primeras horas: pruebas, aviso a la aseguradora y derecho directo del tercero

La reclamación se gana o se pierde, muchas veces, en el lugar de los hechos. Lo esencial es dejar constancia de cuatro cosas: dónde ocurrió el daño (tramo, kilómetro y sentido de circulación), cuándo ocurrió (fecha y hora), qué lo causó y quién estaba involucrado. Las fotografías del lugar, de los vehículos y de sus placas, y en el caso de un vehículo de carga de los datos visibles que permiten identificar al transportista, cumplen esa función. Si el daño proviene del camino, conviene fotografiar el bache, el objeto o la falta de señalamiento antes de que desaparezcan. A ello se suman el comprobante de la caseta, los datos de contacto de los testigos, el informe de la autoridad que intervenga en el lugar y, si hubo lesiones, los certificados médicos. Sin esos elementos, demostrar después que el daño se produjo durante el trayecto en la autopista, o que lo causó un vehículo determinado, puede resultar muy difícil.

El segundo paso es el aviso. La Ley sobre el Contrato de Seguro, cuyo texto vigente recoge reformas publicadas hasta el 4 de abril de 2013, exige en su artículo 66 que el asegurado o el beneficiario pongan el siniestro en conocimiento de la aseguradora tan pronto como tengan conocimiento de él y del derecho constituido a su favor. Salvo disposición en contrario de la ley, ambos «gozarán de un plazo máximo de cinco días para el aviso que deberá ser por escrito si en el contrato no se estipula otra cosa». Las consecuencias del retraso son graduales. Según el artículo 67, la aseguradora puede reducir la prestación hasta la suma que habría importado si el aviso se hubiera dado a tiempo. Según el artículo 68, queda desligada de todas sus obligaciones si el aviso se omitió con la intención de impedir que se comprobaran oportunamente las circunstancias del siniestro. El artículo 69 le permite exigir toda clase de información sobre los hechos, y el artículo 70 extingue sus obligaciones si demuestra que se disimularon o declararon inexactamente hechos para hacerla incurrir en error. La regla práctica es dar el aviso por escrito, dentro de los cinco días, y conservar la prueba de su entrega.

El tercer elemento es quizá el menos conocido y el más útil para la víctima. El artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro dispone: «El seguro contra la responsabilidad atribuye el derecho a la indemnización directamente al tercero dañado, quien se considerará como beneficiario del seguro desde el momento del siniestro». Dicho de otro modo, el automovilista golpeado por otro vehículo no depende de la buena voluntad del responsable: puede dirigirse directamente a la aseguradora de responsabilidad civil de ese vehículo, en calidad de beneficiario. Si el tercero fallece, su derecho al monto del seguro se transmite por la vía sucesoria, salvo que la ley o el contrato designen a los familiares a quienes debe pagarse directamente.

El alcance de ese derecho está delimitado por el artículo 145: la aseguradora se obliga, hasta el límite de la suma asegurada, a pagar la indemnización que el asegurado deba a un tercero por un hecho que cause un daño previsto en el contrato. Tratándose de seguros obligatorios, debe cubrir los riesgos hasta los montos fijados en las disposiciones legales o administrativas vigentes al celebrarse el contrato. Lo que exceda de la suma asegurada sigue, en principio, a cargo del responsable conforme al Código Civil Federal: el seguro garantiza el pago de la deuda de reparación hasta su límite, pero no la reduce.

Dos reglas de la misma ley conviene tener presentes en el momento del accidente. La primera está en el artículo 148 de la Ley sobre el Contrato de Seguro: ningún reconocimiento de adeudo, transacción u otro acto semejante hecho sin el consentimiento de la aseguradora le es oponible, y «La confesión de la materialidad de un hecho no puede ser asimilada al reconocimiento de una responsabilidad». Para la víctima, ello significa que un arreglo firmado en el acto con el otro conductor puede no obligar a la aseguradora de este; para el conductor, que reconocer que hubo un choque no equivale a reconocerse responsable. La segunda está en el artículo 150: el asegurado debe avisar a su aseguradora del hecho que importe responsabilidad tan pronto como se le exija la indemnización. Una reclamación escrita dirigida al responsable, además de a su aseguradora, contribuye a poner ese mecanismo en marcha.

Por último, el artículo 150 Bis protege a las víctimas frente a una maniobra posible: los seguros de responsabilidad que por disposición legal son obligatorios no pueden cesar en sus efectos, rescindirse ni darse por terminados antes del fin de su vigencia. Si la aseguradora paga al tercero y luego comprueba omisiones o declaraciones inexactas del contratante, o una agravación esencial del riesgo, puede exigir a este el reembolso de lo pagado. La disputa entre la aseguradora y su cliente no debe, en principio, retrasar la indemnización de la víctima.

B. Si la aseguradora o el responsable no pagan: mora, reclamación ante la Comisión Nacional y prescripción

La ley fija un plazo de pago. Según el artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, el crédito que resulta del contrato vence treinta días después de la fecha en que la aseguradora recibió los documentos e informaciones que le permiten conocer el fundamento de la reclamación. El mismo artículo añade: «Será nula la cláusula en que se pacte que el crédito no podrá exigirse sino después de haber sido reconocido por la empresa o comprobado en juicio». Por eso es tan importante entregar la documentación completa y conservar el acuse de recibo: esa fecha hace correr el plazo.

Si la aseguradora no cumple dentro de ese plazo, entra en juego el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, cuyo texto vigente recoge reformas publicadas hasta el 14 de noviembre de 2025. La aseguradora que incumple las obligaciones asumidas en el contrato dentro de los plazos legales debe pagar al acreedor una indemnización por mora. Las obligaciones en moneda nacional se denominan en Unidades de Inversión a la fecha del vencimiento y se pagan al valor que estas tengan el día del pago, con un interés moratorio capitalizable mensualmente cuya tasa resulta de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos en Unidades de Inversión de la banca múltiple, publicado por el Banco de México. Los intereses se generan por día desde el vencimiento hasta el pago. Si la aseguradora opta por reparar o reponer el bien, la indemnización por mora consiste en el interés calculado sobre el costo de la reparación o reposición.

Dos fracciones del mismo artículo refuerzan la posición del reclamante. La fracción VI de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas dispone: «Son irrenunciables los derechos del acreedor a las prestaciones indemnizatorias establecidas en este artículo». El pacto que pretenda extinguirlos o reducirlos no surte efecto, y esos derechos surgen por el solo transcurso del plazo legal, aunque la obligación principal no sea líquida en ese momento. La fracción VII añade que, si la reclamación resulta procedente en juicio, el juez o árbitro debe condenar también al pago de la indemnización por mora, aunque no se haya demandado.

Antes de acudir a juicio existe una vía de reclamación especializada. La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, cuyo texto vigente recoge reformas publicadas hasta el 14 de noviembre de 2025, define en su artículo 2o, fracción I, al usuario como «la persona que contrata, utiliza o por cualquier otra causa tenga algún derecho frente a la Institución Financiera como resultado de la operación o servicio prestado». La definición no se limita a quien contrató la póliza. El tercero dañado al que el artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro reconoce la calidad de beneficiario tiene un derecho frente a la aseguradora, y entra, por tanto, en esa definición.

El primer escalón es la unidad especializada que cada institución financiera debe tener para atender consultas y reclamaciones. Según el artículo 50 Bis, fracción IV, esa unidad debe recibir la reclamación por cualquier medio que facilite su recepción y responder por escrito en un plazo que no exceda de treinta días hábiles. El segundo escalón es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, conocida como Condusef. El artículo 63 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros enumera los requisitos de la reclamación: nombre y domicilio del reclamante, descripción del servicio y relación sucinta de los hechos, nombre de la institución contra la que se formula y documentación que ampare la contratación del servicio; la Comisión puede suplir la deficiencia de la reclamación en beneficio del usuario. En cuanto al plazo, el artículo 65 dispone: «Las reclamaciones deberán presentarse dentro del término de dos años contados a partir de que se presente el hecho que les dio origen», o a partir de la negativa de la institución a satisfacer las pretensiones del usuario.

El procedimiento tiene efectos que conviene conocer. Según el artículo 66, la reclamación que reúne los requisitos interrumpe, por su sola presentación, la prescripción de las acciones legales correspondientes hasta que concluye el procedimiento. El artículo 67 obliga a la Comisión a correr traslado a la institución dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción y a señalar la fecha de la audiencia de conciliación. El artículo 68 regula esa audiencia: tratándose de instituciones de seguros, la conciliación solo procede en reclamaciones por cuantías totales inferiores a seis millones de Unidades de Inversión; la audiencia debe celebrarse dentro de los veinte días hábiles siguientes a la recepción de la reclamación; la aseguradora debe rendir un informe razonado sobre todos los hechos, y si no lo presenta la Comisión valora las pretensiones del usuario con los elementos de que disponga. Si las partes llegan a un acuerdo, este consta en acta y, según la fracción VIII del artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, «El convenio firmado por las partes tiene fuerza de cosa juzgada y trae aparejada ejecución».

Si no hay acuerdo, la Comisión invita a las partes a someterse a su arbitraje, en amigable composición o de estricto derecho; si no lo aceptan, quedan a salvo sus derechos para hacerlos valer ante los tribunales competentes. La fracción X del mismo artículo añade una garantía para el usuario: al concluir sin acuerdo, la Comisión ordena a la aseguradora constituir una reserva técnica específica para obligaciones pendientes, que no puede exceder de la suma asegurada, salvo que, a su juicio, las constancias del expediente muestren la improcedencia de las pretensiones del usuario. Esa reserva puede cancelarse si, transcurridos ciento ochenta días naturales desde su anotación, el reclamante no ha hecho valer sus derechos ante la autoridad judicial competente ni ha iniciado el arbitraje. El reloj sigue corriendo después de la conciliación.

Queda la prescripción, que es el riesgo más serio para quien deja pasar el tiempo. Frente a la aseguradora, el artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro establece que las acciones derivadas de un contrato de seguro prescriben en dos años, salvo la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida, y que el plazo se cuenta desde la fecha del acontecimiento que les dio origen. El artículo 82 retrasa el inicio del plazo, si se trata de la realización del siniestro, hasta el día en que los interesados tuvieron conocimiento de él, siempre que demuestren que hasta entonces lo ignoraban; para los terceros beneficiarios exige además que conozcan el derecho constituido a su favor. El artículo 83 declara nulo el pacto que abrevie o extienda ese plazo, y el artículo 84 añade como causa de interrupción el nombramiento de peritos con motivo del siniestro.

Frente al responsable, el artículo 1934 del Código Civil Federal dispone que la acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos del capítulo de las obligaciones que nacen de los actos ilícitos «prescribe en dos años contados a partir del día en que se haya causado el daño». La coincidencia de los dos plazos facilita el cálculo: en la generalidad de los casos, quien sufre un daño en una autopista federal dispone de dos años desde el día del accidente para actuar contra la aseguradora y contra el responsable. La reclamación ante la Comisión Nacional interrumpe la prescripción, pero no la elimina; conviene anotar la fecha del accidente y la del cierre del procedimiento de conciliación.

Para la garantía que el concesionario debe al usuario de la vía, el artículo 64 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal ofrece, además, la vía administrativa ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, sin perjuicio de la vía judicial. Cuando esa garantía se instrumenta mediante un seguro, las reglas de la Ley sobre el Contrato de Seguro sobre aviso, pago y prescripción, así como la reclamación ante la Comisión Nacional, resultan igualmente pertinentes. Y si la vía judicial se vuelve inevitable, el artículo 4o de la misma ley remite, a falta de disposición expresa, al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

En resumen, el orden de las gestiones puede sintetizarse así:

  • reunir en el lugar las pruebas del tramo, la hora, la causa del daño y la identidad de los vehículos, y conservar el comprobante de la caseta;
  • dar aviso por escrito a la propia aseguradora y a la del responsable dentro de los cinco días, con acuse de recibo;
  • reclamar directamente a la aseguradora de responsabilidad civil del vehículo responsable, como tercero beneficiario;
  • si la autopista es la causa del daño, solicitar las condiciones de la garantía del concesionario y reclamar con base en el artículo 62;
  • ante una negativa o un silencio, acudir a la unidad especializada de la aseguradora y después a la Comisión Nacional;
  • vigilar en todo momento el plazo de dos años y los ciento ochenta días posteriores a una conciliación fallida.

Conclusión

En una autopista federal de cuota, el automovilista que sufre un daño no depende de una sola garantía. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal obliga al concesionario a proteger a los usuarios por los daños que puedan sufrir con motivo del uso de la vía durante su trayecto, exige a todo vehículo un seguro de responsabilidad frente a terceros e impone a los permisionarios de autotransporte de carga una garantía propia por los daños que el vehículo o la carga puedan causar. Detrás de esas garantías, el Código Civil Federal hace responder a quien usa un vehículo por los daños que este cause, aunque no haya obrado ilícitamente, salvo culpa o negligencia inexcusable de la víctima, y extiende la responsabilidad a patrones y coautores.

La Ley sobre el Contrato de Seguro convierte al tercero dañado en beneficiario directo del seguro de responsabilidad desde el momento del siniestro, fija un aviso de cinco días y un pago a los treinta días de recibida la documentación, y la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas sanciona el retraso con una indemnización por mora irrenunciable. La reclamación ante la Comisión Nacional interrumpe la prescripción, pero las acciones prescriben, en general, a los dos años del accidente.

Este artículo no describe ningún accidente ni la situación de ninguna vía concreta, y no se pronuncia sobre la responsabilidad de ninguna persona o empresa. En cada caso quedan por establecer los hechos determinantes: la causa real del daño, el vehículo y el conductor implicados, el régimen de explotación del tramo, las condiciones de la garantía y de las pólizas aplicables y las fechas de los avisos y reclamaciones. De esa prueba depende el resultado de cualquiera de las vías descritas.

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