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Precio tabaco: el BOE del 21 de noviembre de 2026, el estanco, la máquina del bar y los impuestos

El abogado Hassan KOHEN interviene con urgencia, desde la comisaría hasta el tribunal con jurado (cour d'assises). Primer análisis estratégico: 80 € IVA incluido, respuesta personal en un plazo de 24 horas.

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Precio tabaco: el BOE del 21 de noviembre de 2026, el estanco, la máquina del bar y los impuestos

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En España, el precio del tabaco no lo decide el estanco: lo propone el fabricante o el importador y se vuelve obligatorio cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado. El sábado 21 de noviembre de 2026, el BOE núm. 290 publicó la Resolución de 20 de noviembre de 2026 de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos (referencia BOE-A-2026-24440). Fija nuevos precios de venta al público para 73 referencias de cigarrillos, cigarros y cigarritos, picaduras de liar y picadura de pipa en los estancos de la Península e Illes Balears, y para tres referencias de cigarrillos en Ceuta y Melilla. Según su apartado tercero, la resolución entra en vigor el mismo día de su publicación: desde el 21 de noviembre de 2026, esos productos solo pueden venderse al precio que figura en ella. No hay una próxima fecha fijada de antemano: cada nueva lista que comuniquen fabricantes e importadores se publicará en otra resolución, y los tipos del impuesto solo cambiarán si se modifica la ley que los establece.

La consulta «precio tabaco» está en tendencia en España, junto a búsquedas como «subida tabaco hoy boe», «precio tabaco máquina bar» o «impuestos tabaco españa». Esta guía, de alcance general, explica quién fija el precio y desde cuándo se aplica, qué parte de lo que paga el fumador son impuestos, por qué la máquina del bar cobra más y qué puede hacer quien paga un precio distinto del oficial. Se limita al derecho estatal español; Canarias, que queda fuera de este sistema, solo se menciona para explicar por qué.

Información sobre el derecho español, firmada por Hassan Kohen, abogado del Colegio de Abogados de París.

I. Subida del tabaco hoy en el BOE: quién fija el precio y desde cuándo se aplica

A. Precio del tabaco en el estanco: lo propone el fabricante y lo hace obligatorio el BOE

La pieza central es el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria. Su apartado uno dispone que el comercio al por menor de labores de tabaco en España, con excepción de las islas Canarias, se mantiene en régimen de monopolio del Estado, que lo ejerce a través de la Red de Expendedurías de Tabaco y Timbre, es decir, de los estancos. Su apartado dos explica cómo nace el precio: los precios de venta al público de los distintos tipos, marcas y modalidades de tabaco «se determinarán por los fabricantes o, en su caso, sus representantes o mandatarios en la Unión Europea, en el caso de los producidos dentro de ella». Para los productos elaborados fuera de la Unión, el precio lo determina el importador. Fabricantes e importadores comunican esos precios al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a efectos fiscales, y al Comisionado para el Mercado de Tabacos, que debe publicarlos en el BOE en el plazo máximo de un mes «para su publicidad y eficacia general». El apartado tres configura a los expendedores como concesionarios del Estado, que han de ser personas físicas, y el apartado siete fija su retribución: un margen del 8,5 por ciento sobre el precio de venta al público, y del 9 por ciento en la venta de cigarros.

De ese diseño se desprenden tres consecuencias que explican lo que el comprador ve en el mostrador. La primera es que el estanco no elige el precio. Su ganancia es un porcentaje fijado por ley sobre un precio que decide otro operador, de modo que no tiene margen para subirlo ni para rebajarlo. La segunda es que el precio es el mismo en toda la red de estancos del ámbito del monopolio: un paquete de una marca determinada cuesta lo mismo en un estanco de Madrid que en uno de un pueblo de Teruel, porque el precio no depende de la expendeduría sino de la resolución publicada. La tercera es que la publicación es la que da eficacia general al precio. Mientras el BOE no publica la nueva lista, rige la anterior; cuando la publica, la nueva sustituye a la anterior en la fecha que indique la propia resolución.

Esa lógica tiene un efecto que suele sorprender: tampoco caben descuentos. La ley califica de infracción muy grave que el expendedor venda «a precios distintos de los fijados legalmente», y el artículo 56 del Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, que desarrolla la Ley 13/1998 precisa que en ese supuesto se incluye la concesión de descuentos, bonificaciones o la entrega de productos promocionales a los clientes. Un estanco que ofrece una cajetilla más barata que el precio oficial no está haciendo una promoción comercial lícita, sino incumpliendo el régimen del monopolio. Lo mismo vale en sentido contrario: cobrar más que el precio publicado tampoco está permitido, y redondear al alza no tiene cobertura alguna.

El mismo artículo 4 cierra otra vía que a veces se busca para pagar menos. Su apartado nueve prohíbe la venta y el suministro de productos de tabaco por cualquier método que no sea la venta directa personal o la venta a través de máquinas expendedoras que cumplan las condiciones legales. La consecuencia práctica es que, dentro del ámbito del monopolio, no hay una tienda en línea legal que pueda ofrecer al consumidor un precio distinto del oficial: el tabaco se compra en persona en el estanco o en una máquina autorizada, y en ambos casos rige la lista publicada.

La estructura del precio explica, por último, por qué se habla de «subida del tabaco» cada vez que aparece una de estas resoluciones. Aunque la iniciativa es del fabricante o del importador, una parte muy importante del precio final son impuestos, que se calculan en buena medida sobre ese mismo precio. Por eso las variaciones de precio y la fiscalidad están ligadas: la segunda parte de esta guía muestra, con los tipos legales en vigor, cuánto representa el impuesto en una cajetilla. Antes conviene mirar qué dice exactamente la resolución publicada el 21 de noviembre de 2026.

B. La resolución del 21 de noviembre de 2026: qué productos, desde cuándo y dónde

La Resolución de 20 de noviembre de 2026 se publicó en la sección I del BOE núm. 290, de 21 de noviembre de 2026, dentro de las disposiciones del Ministerio de Hacienda. Su preámbulo invoca expresamente el artículo 4 de la Ley 13/1998 y precisa que los precios publicados han sido «propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores». Es, por tanto, una aplicación directa del mecanismo descrito en el apartado anterior: el Comisionado no fija los precios por su cuenta, sino que publica los que le han comunicado los operadores.

El contenido se ordena en tres apartados. El primero fija los precios, «incluidos los diferentes tributos», en los estancos de la Península e Illes Balears, y los agrupa en cinco bloques: 27 referencias de cigarrillos, con precios por cajetilla que van de 4,60 euros a 11,90 euros según la marca y el número de unidades; 12 referencias de cigarros y cigarritos con precio por unidad y otras 7 con precio por envase; 26 referencias de picadura de liar, con precios que dependen sobre todo del peso del envase, desde las bolsas de 30 gramos hasta envases de medio kilo; y una picadura de pipa. El segundo apartado fija los precios de tres referencias de cigarrillos, de dos marcas, en los estancos de Ceuta y Melilla. El tercero contiene la regla temporal: la resolución entrará en vigor «el mismo día de su publicación» en el BOE.

De ahí se deduce la respuesta a la pregunta más repetida, la de cuándo se aplica el nuevo precio. Para los productos incluidos en la lista, el precio nuevo rige desde el sábado 21 de noviembre de 2026, sin esperar al lunes ni a que el estanco reciba nuevos pedidos. La resolución no prevé ningún periodo transitorio para las existencias que el estanco ya tenía en sus estanterías antes de esa fecha. Como el precio legalmente fijado es el publicado y en vigor, vender un producto incluido en la lista al precio anterior, aunque se trate de un paquete comprado al mayorista días antes, supondría vender a un precio distinto del fijado legalmente. El razonamiento funciona en ambos sentidos: si para alguna referencia el nuevo precio fuera inferior al anterior, el estanco debería aplicar ya el nuevo.

Conviene precisar, en cambio, lo que la resolución no dice. No es una subida general del tabaco: solo afecta a las referencias que enumera, y el resto de marcas mantiene el precio de la última resolución que las incluyó. Tampoco indica, producto por producto, si el nuevo precio es superior o inferior al anterior, porque se limita a publicar el precio vigente. Para saber si una marca concreta sube, baja o se mantiene, hay que comparar su línea en esta resolución con la última resolución anterior que la mencionaba. Quien busque su marca debe leer la lista completa: si no aparece, la resolución del 21 de noviembre no le afecta.

El segundo apartado merece una lectura atenta por quien vive o compra en las ciudades autónomas. Las tres referencias de cigarrillos que figuran a la vez en la lista peninsular y en la de Ceuta y Melilla cuestan entre 1,70 y 1,75 euros menos por cajetilla en estas últimas. La diferencia no responde a una decisión comercial de cada estanco, sino a que la resolución publica precios distintos para cada territorio y a que el régimen fiscal de Ceuta y Melilla es diferente, como se explica más adelante. Canarias, por su parte, no aparece en la resolución, y no por olvido: el comercio minorista de tabaco en las islas está excluido del monopolio estatal por el propio artículo 4 de la Ley 13/1998, de modo que los precios publicados en el BOE no se aplican allí.

Las resoluciones de precios suelen ir acompañadas de un fenómeno conocido: la compra anticipada de cartones cuando se espera un encarecimiento. El reglamento de la ley prevé este riesgo. Su artículo 42 permite al Comisionado, para «evitar situaciones de acaparamiento» cuando se producen elevaciones de precios, adoptar en los momentos previos medidas de contingentación directa o indirecta de los suministros, por las repercusiones que esas compras masivas tienen en la recaudación fiscal y en el nivel de servicio. Para el consumidor, esto significa que una falta puntual de existencias de una marca justo antes de un cambio de precios puede tener una explicación regulatoria.

Un último detalle práctico: la resolución entró en vigor un sábado. El mismo reglamento obliga a los estancos a abrir un mínimo de ocho horas diarias de lunes a viernes y cuatro horas los sábados por la mañana, salvo festivos, con la posibilidad de horarios más restringidos autorizados por el Comisionado. Quien compró tabaco ese sábado en un estanco abierto debía pagar ya el precio de la nueva lista para las referencias incluidas.

II. Impuestos del tabaco en España y precio en la máquina del bar: qué paga el comprador y cómo reclamar

A. Impuestos del tabaco en España: cuánto del precio de una cajetilla es impuesto

El precio que publica el BOE incluye todos los impuestos. El primero es el Impuesto sobre las Labores del Tabaco, cuyos tipos fija el artículo 60 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Según la versión consolidada consultada el 21 de noviembre de 2026, ese apartado se modificó por última vez con efectos desde el 1 de enero de 2025, por la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, y no ha cambiado desde entonces. Su tarifa distingue cuatro epígrafes. Los cigarrillos soportan a la vez un tipo proporcional del 48,5 por ciento y un tipo específico de 33,50 euros por cada 1.000 cigarrillos, con un mínimo de 150 euros por cada 1.000 cigarrillos. La picadura para liar soporta un tipo proporcional del 37,68 por ciento y un tipo específico de 33,4 euros por kilogramo, con un mínimo de 112,5 euros por kilogramo. Los cigarros y cigarritos tributan al 15,8 por ciento, con un mínimo de 47 euros por cada 1.000 unidades, y las demás labores del tabaco, al 34 por ciento, con un mínimo de 30 euros por kilogramo. El apartado 2 del mismo artículo aclara sobre qué se aplica el tipo proporcional: «por precio de venta al público para cada epígrafe se entenderá el precio máximo de venta al público», en estancos de la Península o Illes Balears e incluidos todos los impuestos.

Esa última precisión es la clave. El impuesto especial no se calcula sobre el coste de fabricación, sino sobre el precio final que paga el consumidor, impuestos incluidos, tal como recoge también el artículo 58 de la misma ley al definir la base imponible. A ello se suma el impuesto sobre el valor añadido. El artículo 90 de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido fija el tipo general en el 21 por ciento y añade, en su apartado dos: «El tipo impositivo aplicable a cada operación será el vigente en el momento del devengo». El artículo 78 de esa ley incluye en la base del IVA los tributos que recaen sobre la operación, y menciona expresamente «los impuestos especiales que se exijan». Dicho de otro modo, el IVA se aplica también sobre la parte del precio que corresponde al impuesto especial.

Con estos datos se puede hacer un cálculo orientativo, realizado por el autor con los tipos legales y redondeado al céntimo, sobre precios que aparecen en la resolución del 21 de noviembre. Para una cajetilla de 20 cigarrillos a 5,40 euros, el tipo proporcional supone unos 2,62 euros y el específico 0,67 euros, en total unos 3,29 euros, cifra superior al mínimo de 3 euros que corresponde a 20 cigarrillos. El IVA incluido en el precio son unos 0,94 euros. Los impuestos suman así unos 4,23 euros, alrededor del 78 por ciento del precio. El margen legal del estanco, el 8,5 por ciento, son unos 0,46 euros, y quedan unos 0,71 euros para el fabricante y la distribución.

El segundo ejemplo muestra el papel del mínimo. Para la cajetilla de 20 cigarrillos más barata de la lista, a 4,60 euros, la suma del tipo proporcional y del específico daría unos 2,90 euros, menos que el mínimo legal. Se aplica entonces el mínimo de 3 euros. Con unos 0,80 euros de IVA, los impuestos ascienden a unos 3,80 euros, cerca del 83 por ciento del precio; el estanco percibe unos 0,39 euros y quedan unos 0,41 euros para el resto de la cadena. El mínimo actúa como un suelo: por debajo de unos 4,80 euros por cajetilla de 20, el impuesto especial deja de bajar aunque baje el precio, lo que limita el margen de las marcas más baratas para competir en precio.

El tercer ejemplo se refiere a la picadura para liar, uno de los bloques más amplios de la resolución. Para una bolsa de 30 gramos a 7,50 euros, el tipo proporcional supone unos 2,83 euros y el específico, calculado por peso, alrededor de 1 euro: en total unos 3,83 euros, por encima del mínimo de 3,375 euros que corresponde a 30 gramos. Con unos 1,30 euros de IVA, los impuestos suman unos 5,13 euros, alrededor del 68 por ciento del precio. Que la proporción sea menor que en los cigarrillos se debe a que el tipo proporcional de la picadura es más bajo, aunque el tipo específico por peso y el mínimo por kilogramo reducen esa diferencia.

Estos cálculos tienen un alcance ilustrativo. La liquidación real del impuesto la realizan los operadores en el momento en que la ley fija el devengo, con las reglas de gestión de la Agencia Tributaria, y el comprador no paga el impuesto por separado: lo paga incluido en el precio publicado. Pero permiten entender por qué cualquier cambio de precio arrastra una parte importante de impuestos, y por qué la ley obliga a los fabricantes e importadores a comunicar sus precios también a la administración tributaria antes de comercializar sus productos.

La fiscalidad explica, además, la diferencia territorial que muestra la resolución. El artículo 3 de la Ley de Impuestos Especiales dispone que los impuestos especiales de fabricación se exigen en todo el territorio español, a excepción de las islas Canarias, Ceuta y Melilla, con salvedades para Canarias que no afectan al tabaco. Y la Ley del IVA excluye Ceuta y Melilla, así como Canarias, de lo que define como interior del país a efectos de ese impuesto. Ni el impuesto especial estatal sobre el tabaco ni el IVA se aplican, por tanto, en las ciudades autónomas, lo que ayuda a entender que la resolución publique allí precios más bajos. En Canarias, fuera tanto del monopolio como de estos dos impuestos estatales, el precio y la fiscalidad del tabaco se rigen por normas propias que esta guía no analiza.

Para quien compra tabaco en España pero tiene su residencia o su actividad en otro país, estas reglas pueden tener consecuencias concretas, por ejemplo cuando transporta tabaco de un país a otro. El despacho, con sede en París, aborda ese tipo de situaciones transfronterizas en su página de derecho fiscal en español, sin que ello cambie las reglas españolas descritas en esta guía.

B. Precio del tabaco en la máquina del bar y cobros indebidos: qué hacer

La segunda gran pregunta es por qué el tabaco cuesta más en la máquina del bar que en el estanco. La respuesta está en la figura del punto de venta con recargo. El artículo 4 de la Ley 13/1998 permite al Comisionado otorgar autorizaciones de venta con recargo a establecimientos que no son estancos, y el artículo 25 del Real Decreto 1199/1999 enumera las categorías que pueden obtenerlas: quioscos de prensa en la vía pública, locales cuya actividad principal es la venta de prensa, tiendas de conveniencia de estaciones de servicio u otras acreditadas como tales, bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados, hoteles y establecimientos análogos, y salas de fiesta o establecimientos de juego. En esos locales, la venta solo puede hacerse mediante máquinas expendedoras situadas en el interior y bajo vigilancia directa y permanente del titular o de sus trabajadores; la venta manual se admite únicamente para los cigarros y cigarritos con capa natural.

El precio en estos puntos no es libre. El mismo artículo 25 dispone que la venta se realiza con el recargo que, sobre los precios de venta en estanco, establezca el Comisionado, «previa consulta al Comité Consultivo». Ese recargo se redondea «en múltiplos de cinco céntimos de euro» y se publica para conocimiento general. El titular del bar, por su parte, debe abastecerse necesariamente a los precios de tarifa en el estanco asignado en su autorización, elegido entre los tres más próximos a su local. El resultado es un precio también reglado: el precio oficial del estanco más un recargo fijado por la administración. La máquina puede indicar en sus pulsadores el precio de venta al público con el recargo ya incluido. El bar no puede añadir por su cuenta un sobreprecio adicional, ni aplicar a los productos incluidos en la resolución del 21 de noviembre un precio que no corresponda a la nueva tarifa más el recargo.

La ley trata con seriedad el respeto de estos precios. La venta a precios distintos de los establecidos en los puntos de venta con recargo es una infracción grave según la Ley 13/1998, y el reglamento la reitera en su régimen sancionador específico para los autorizados. Para los estancos, como se ha visto, la venta a precios distintos de los fijados legalmente es una infracción muy grave. Las sanciones previstas en la ley son importantes. Para los estancos, una infracción muy grave puede suponer la revocación de la concesión o una multa de entre 120.202,42 y 300.506,05 euros, y una grave la suspensión de la concesión hasta seis meses o una multa de entre 12.020,24 y 120.202,42 euros. Para los puntos de venta con recargo, las multas son de hasta 601,01 euros por infracción leve, de 601,01 a 3.005,06 euros por infracción grave y de 3.005,06 a 12.020,24 euros por infracción muy grave, además de la posibilidad de revocar o suspender la autorización. El reglamento añade una medida cautelar: si se constata la venta a precios distintos de los establecidos para la venta con recargo, el Comisionado puede acordar el precinto de la máquina y la inmovilización del producto hasta que se corrijan los precios.

La transparencia es la primera herramienta del comprador. Los estancos deben tener a disposición del público una lista o tarifa de los precios de venta al público de las labores que comercializan. Los titulares de puntos de venta con recargo deben conservar en el local, en sitio visible, la documentación de su autorización y las tarifas oficiales de precios; si la venta se hace por máquina, la autorización debe fijarse en un panel visible de la propia máquina bajo una protección transparente. La falta de exhibición de las tarifas oficiales es, en sí misma, una infracción leve según la ley. Pedir la tarifa en el estanco, o mirar la autorización y la tarifa en la máquina del bar, permite comprobar en el momento si el precio cobrado corresponde al publicado.

Si el comprador detecta un precio distinto del oficial, conviene proceder por pasos. Primero, comprobar en la lista completa de la resolución que la referencia comprada figura en ella, que se trata del mismo formato y número de unidades, y que la compra se hizo en el territorio correcto, porque los precios de la Península e Illes Balears y los de Ceuta y Melilla son distintos. Segundo, si la compra fue en una máquina, tener en cuenta que el precio legal es el del estanco más el recargo publicado, y no el precio del estanco. Tercero, conservar la prueba: el reglamento no exige factura ni vendí en las ventas al consumidor de menos de 800 cigarrillos, 200 cigarros, 400 cigarritos o un kilogramo de las demás labores, de modo que un justificante de pago con tarjeta, el ticket si lo hay, una fotografía de la tarifa expuesta o del pulsador de la máquina y la anotación de la fecha, la hora y el establecimiento son los elementos más útiles.

Con esos datos, el comprador puede poner los hechos en conocimiento del Comisionado para el Mercado de Tabacos. La Ley 13/1998 le atribuye la vigilancia de todos los operadores del mercado, incluidos los minoristas, con facultades de inspección, y la potestad sancionadora, y prevé que los expedientes sancionadores se inicien por sus servicios de oficio o a instancia de parte. Hay que tener presente el alcance de esta vía: el procedimiento del Comisionado sirve para sancionar al infractor y corregir los precios, pero la ley del mercado de tabacos no regula la devolución al comprador de la diferencia pagada de más, que es una cuestión distinta. Para una diferencia de unos céntimos en una sola compra, la vía sancionadora tiene sobre todo un efecto preventivo; ante un sobreprecio sistemático, en cambio, es el cauce que la ley ha previsto.

Queda un caso frecuente en los días que siguen a una resolución: el de quien compró justo antes o justo después del cambio. Para la resolución del 21 de noviembre de 2026, la fecha de referencia es ese mismo día. Una compra hecha el viernes 20 de noviembre al precio entonces vigente era correcta, aunque el precio cambiara al día siguiente; una compra hecha desde el sábado 21 debía hacerse ya al nuevo precio. Para quien conserva el justificante, la comparación con la fecha de publicación permite saber en pocos segundos si el precio cobrado era el legal.

Conclusión

La Resolución de 20 de noviembre de 2026 del Comisionado para el Mercado de Tabacos, publicada en el BOE el 21 de noviembre de 2026, fija los precios de 73 referencias de tabaco en los estancos de la Península e Illes Balears y de tres referencias de cigarrillos en Ceuta y Melilla, y entra en vigor el mismo día de su publicación. No es una subida general: solo afecta a las referencias que enumera, y no indica por sí misma si cada precio sube o baja respecto del anterior.

El mecanismo que hay detrás es estable. El fabricante o el importador propone el precio, el BOE le da eficacia general y el estanco lo aplica sin poder subirlo, rebajarlo ni hacer descuentos, a cambio de un margen legal del 8,5 por ciento, o del 9 por ciento en los cigarros. En los bares, quioscos y demás puntos autorizados, el precio es el del estanco más un recargo que fija y publica el Comisionado. Vender a otro precio es una infracción grave o muy grave según el caso, y la falta de tarifa visible es por sí sola una infracción leve.

Detrás de cada cajetilla hay sobre todo impuestos. Con los tipos en vigor desde el 1 de enero de 2025, el impuesto especial y el IVA representan alrededor del 78 por ciento de una cajetilla de 20 cigarrillos a 5,40 euros y cerca del 83 por ciento de una a 4,60 euros, en la que se aplica el mínimo legal. Ceuta, Melilla y Canarias quedan fuera de ese impuesto especial y del IVA estatal, lo que explica parte de las diferencias de precio entre territorios.

Para el comprador, la regla práctica es sencilla: comprobar que su marca figura en la lista, pedir o mirar la tarifa expuesta, tener en cuenta el recargo en las máquinas y guardar el justificante. Ante un precio distinto del oficial, el Comisionado para el Mercado de Tabacos es la autoridad que la ley ha encargado de vigilar y sancionar, aunque esa vía no está pensada para recuperar la diferencia pagada.

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