La búsqueda «pena de muerte» en México plantea dos preguntas que conviene resolver por separado. La primera es si una autoridad mexicana puede imponer esa pena por un delito cometido en el país. La respuesta es que la Constitución la prohíbe. La segunda aparece cuando un Estado extranjero pide que México le entregue a una persona por un delito que, según la legislación de ese Estado, puede castigarse con la muerte. En ese supuesto importa saber qué tratado se aplica, si existe, qué compromiso se ha incorporado al expediente y qué se puede hacer antes de la entrega.
Esta guía explica el derecho federal mexicano con carácter general, a partir de los textos consultados el 21 de noviembre de 2026. Los ejemplos son hipotéticos. Para una persona detenida o su familia, el primer paso es averiguar qué acto existe y cuándo se notificó. Una orden de detención, una petición formal de extradición y un acuerdo que la concede corresponden a momentos distintos. La defensa necesita la documentación de ese momento para plantear una objeción, identificar el plazo de amparo y, si se acerca la entrega, pedir que se impida la ejecución. Nada de lo que se expone aquí presupone que se haya formulado una petición en un caso concreto.
I. ¿Existe la pena de muerte en México?
A. Pena de muerte en México: qué dice el artículo 22
El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la pena de muerte. La prohibición constitucional vincula a las autoridades mexicanas en todo el país, tanto si el asunto corresponde al fuero federal como si corresponde al fuero común. La gravedad del delito puede determinar la duración de una pena permitida por la ley. La muerte queda fuera de las penas que puede imponer una autoridad mexicana. Si una búsqueda arroja una referencia histórica a la traición a la patria junto a una copia antigua de la Constitución, lo que importa para responder hoy es la redacción vigente del artículo 22.
Ese mismo artículo exige proporcionalidad entre la pena, el delito y el bien jurídico afectado. Son dos preguntas distintas. Para la pena de muerte basta identificar la prohibición expresa. Para saber cuánto puede durar una pena de prisión en un proceso mexicano sería necesario identificar el delito, el código aplicable y las circunstancias jurídicamente relevantes. El nombre coloquial de la conducta o una lista de penas en redes sociales no permiten calcular la sanción. Esta guía se concentra en la prohibición y en el control de una eventual entrega internacional.
La Constitución también protege la presunción de inocencia en su artículo 20, apartado B, fracción I. Una persona reclamada para enfrentar un proceso en otro país puede estar acusada sin que exista una sentencia. La ley mexicana también contempla que la solicitud se refiera a alguien que ya fue condenado y es reclamado para ejecutar una sentencia. Por eso el expediente debe identificar para qué se pide la entrega. La decisión mexicana sobre la extradición tiene por objeto resolver si la entrega puede concederse. La responsabilidad penal por los hechos alegados se determina en el proceso correspondiente.
Un ejemplo ayuda a separar las preguntas. Si una persona recibe una notificación por un proceso penal mexicano, debe identificar la acusación y la autoridad que la formuló. La prohibición constitucional se aplica aunque en internet circule la descripción de una pena de otro país. Si, en cambio, el documento habla de una requisitoria de un Estado extranjero, la persona necesita saber qué cargo figura en la petición y qué castigo prevé el Estado solicitante para ese cargo. El nombre con el que se conoce un delito en México puede no coincidir con la denominación o los elementos del delito que figuran en el expediente extranjero.
La distinción afecta también a quien busca información para un familiar. Una noticia sobre el castigo máximo de un país no acredita que un fiscal haya formulado un cargo concreto, que se haya pedido la entrega o que México la haya concedido. Para ordenar la información sirve anotar qué se conoce por escrito y qué sigue pendiente de confirmación. Los datos más útiles son el número de expediente, la autoridad que emitió el documento, el acto que comunica y la fecha en que la persona se dio por notificada. Esa lista permite hablar del trámite que existe y evita atribuir a la persona hechos o penas que el expediente todavía no establece.
El artículo 119 constitucional sitúa la extradición solicitada por un Estado extranjero en el ámbito federal. Prevé el trámite por el Ejecutivo Federal con intervención de la autoridad judicial y remite a la Constitución, a los tratados y a las leyes reglamentarias. Que la persona se encuentre en una entidad federativa determinada sirve para localizar el expediente y la autoridad que interviene. La regla sobre la entrega internacional sigue siendo federal. La familia puede comprobar primero dónde se encuentra la persona y después qué autoridad dictó o ejecutó la orden, porque la sede de la detención por sí sola dice poco sobre la fase del procedimiento.
B. Pena de muerte y extradición: qué garantía debe aparecer
En una petición de extradición conviene identificar el tratado aplicable y la etapa del expediente antes de interpretar la referencia a una pena extranjera. Los artículos 1 y 2 de la Ley de Extradición Internacional distinguen entre las condiciones de entrega que establece la ley en ausencia de tratado y las reglas del procedimiento mexicano de tramitación. El artículo 10, fracción V, en la redacción del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1994, regula el compromiso exigido en el régimen legal aplicable cuando no hay tratado. La regla se mantiene en el texto vigente de la ley, cuya última reforma publicada figura fechada el 20 de mayo de 2021.
La fracción V prevé que, si el delito imputado puede castigarse en el Estado solicitante con la pena de muerte u otra pena prohibida por el artículo 22 constitucional, el solicitante debe comprometerse a que se impondrá prisión u otra pena de menor gravedad prevista en su legislación. El texto contempla que se llegue a ese resultado directamente, por sustitución o por conmutación. En ausencia de tratado, el artículo 16, fracción III, prevé que las manifestaciones del artículo 10 acompañen la petición formal. Es el expediente de esa petición el que permite comprobar si el compromiso está incorporado y a qué persona y cargos se refiere.
Cuando hay tratado, su texto es el punto de partida para establecer qué garantía se exige y cómo debe acreditarse. La regla de la fracción V ayuda a entender la pregunta en el régimen legal sin tratado. La cláusula del instrumento aplicable puede tener una redacción propia y debe comprobarse en cada expediente. Sería impropio deducir por el nombre del país que cualquier petición queda automáticamente autorizada o rechazada. También importa saber si la solicitud invoca varios cargos, si la pena se prevé para todos o solo para alguno y si el compromiso cubre precisamente el supuesto por el que se pide la entrega.
Para comprobar el alcance, la defensa puede poner lado a lado tres piezas del expediente. La primera es la petición formal y su relación de cargos. La segunda es el texto de las disposiciones que definen el delito y la pena invocados por el Estado solicitante. La tercera es el documento en que consta el compromiso. Se puede verificar si la identificación coincide, si se indican los cargos cubiertos y si las condiciones aparecen en la misma versión que se toma en cuenta en el acuerdo mexicano. Una traducción que resume el resultado puede ser orientativa. Si dos versiones parecen distintas, el punto concreto de discrepancia debe quedar señalado con el documento y la página correspondientes.
Supongamos que la petición incluye dos cargos y que el compromiso solo menciona uno. Antes de atribuirle alcance para ambos, hay que cotejar el texto de la petición, la norma extranjera aportada y el tratado o régimen legal aplicable. Quizá solo uno de los cargos tenga prevista la pena por la que se formuló la garantía. Quizá exista un documento complementario que cubra el segundo. Si la documentación deja abierta una duda relevante, la defensa puede identificar la omisión y pedir que se examine expresamente. La forma más clara de exponerla es nombrar el cargo que queda sin cubrir y señalar el pasaje donde se aprecia la diferencia.
Otro supuesto es el de una persona que lee una copia de la solicitud inicial y después conoce una versión complementada. La primera copia puede explicar qué motivo originó la detención. La versión posterior puede incluir documentos que se aportaron para corregir defectos. Para evaluar el expediente antes de una entrega interesa saber cuáles fueron incorporados, en qué fecha y si pudieron ser examinados por la defensa. Las condiciones escritas y la resolución que se apoya en ellas permiten plantear una cuestión verificable. Una declaración genérica sobre la relación entre dos países difícilmente sustituye esa comprobación documental.
El análisis de la pena es una parte de la revisión. La Ley de Extradición Internacional también trata por separado la persecución política y la prohibición de entrega cuando hay razones fundadas para creer que la persona corre peligro de tortura o desaparición forzada. La existencia de un compromiso relativo a la pena de muerte no resuelve por sí sola esas cuestiones. Si el riesgo alegado es diferente, conviene identificar qué hechos lo sustentan y qué regla lo gobierna. Así se puede exponer cada objeción según su propio fundamento.
II. ¿Qué pasa si otro país pide la extradición desde México?
A. Cómo saber si hay una petición y qué documentos revisar
El primer dato útil es el último acto notificado a la persona. Un expediente puede comenzar con una solicitud de medidas precautorias mientras se prepara una petición formal. También puede haber llegado ya una petición formal con los documentos de respaldo. En una fase posterior puede existir una resolución que concede o rehúsa la entrega. Conviene guardar la notificación, anotar cuándo surtió efectos y localizar el documento que contiene la orden. El momento en que se enteró la familia y el momento procesal que consta en el expediente son datos que pueden corresponder a días diferentes.
Según los artículos 17 y siguientes de la Ley de Extradición Internacional, el procedimiento puede comenzar antes de que se presente la petición formal. En esa etapa, el acto relevante es la medida que efectivamente se dictó y el día en que se cumplimentó. El artículo 119 de la Constitución prevé que el auto que manda cumplir la requisitoria puede motivar la detención hasta por sesenta días naturales. Para determinar qué consecuencia tiene un vencimiento hay que comprobar el acto que originó la detención, lo ocurrido después y si existe un título distinto que explique por qué continúa. El dato de los sesenta días constitucionales no es un plazo general para impugnar cualquier acto del procedimiento.
Cuando la petición formal se tramita y la persona comparece tras su detención, el artículo 24 de la Ley de Extradición Internacional prevé que se le dé a conocer la petición y sus documentos y que pueda designar defensor. Es útil que la defensa identifique desde ese momento tanto el contenido de la solicitud como las fechas que abren sus oportunidades de actuación. Si falta una pieza, importa registrar cuál es y por qué su ausencia afecta la posibilidad de examinar una condición de la entrega. Para una objeción sobre pena de muerte, puede ser la garantía, su traducción o el documento que define la pena del cargo por el que se solicita la extradición.
El artículo 25 prevé un plazo de hasta tres días para oponer las excepciones que enumera. Son la falta de ajuste de la petición al tratado aplicable o a la ley en su ausencia, y que el detenido sea una persona distinta de aquella cuya entrega se pide. El mismo artículo contempla veinte días para probar las excepciones, con posibilidad de ampliación judicial cuando sea necesaria en los términos de la ley. El momento procesal y las constancias de notificación importan para calcular esos plazos. Una duda sobre la garantía debe formularse en relación con la condición legal o convencional concreta que se considera incumplida.
También es útil distinguir la opinión jurídica emitida después de la fase judicial y la resolución que concede o rehúsa la extradición. Conforme a los artículos 27 y 29 a 33, la opinión y el expediente se remiten a la autoridad federal que decide sobre la entrega. Para una persona que recibe un documento con una opinión desfavorable, la pregunta inmediata es si ya existe también una resolución definitiva, qué fecha lleva y si fue notificada. Esa diferencia orienta el análisis de la vía y del momento en que procede plantear la impugnación.
El orden de trabajo puede resumirse así:
- Identificar la medida o resolución que consta en el expediente y conservar la notificación.
- Comprobar si existe una petición formal, para qué cargos se presentó y si invoca un tratado.
- Localizar la regla sobre pena capital y el compromiso aportado por el Estado solicitante.
- Comparar lo que cubre el compromiso con los cargos y la persona que figuran en la resolución mexicana.
- Dejar preparada una cronología de actuaciones, con copia del documento que acredita cada fecha.
La página de información jurídica del despacho en español reúne otras publicaciones en este idioma. En una cuestión de extradición desde México, el expediente federal mexicano y el instrumento aplicable son los que permiten decidir qué dato adicional hace falta. Por ejemplo, si hay duda sobre si una garantía entró antes o después de una audiencia, conviene localizar la constancia de incorporación y la versión notificada. La fecha de publicación de un comunicado o de una noticia rara vez permite reconstruir esa secuencia.
B. Qué hacer si se concede la extradición y se acerca la entrega
El artículo 33 de la Ley de Extradición Internacional dispone que la resolución que concede la entrega debe notificarse al reclamado y que se impugna mediante juicio de amparo. El artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo fija treinta días cuando se reclama el procedimiento de extradición. Para el cómputo hay que aplicar los artículos 18 y 19 al acto reclamado y a la notificación que corresponda. Es importante revisar de inmediato el expediente porque el artículo 33 también regula el momento en que se comunica al Estado solicitante el acuerdo favorable y se ordena la entrega. El plazo de demanda y el riesgo de ejecución son cuestiones que merecen atención desde la primera notificación.
La primera tarea consiste en identificar con precisión qué se quiere impugnar y qué medida se quiere detener. Si se reclama el acuerdo favorable, habrá que tener su fecha, contenido y constancia de notificación. Si la ejecución parece próxima, la fecha o instrucción que indique un traslado o una entrega puede ser relevante para explicar la urgencia. En un caso donde se discute una pena prohibida, conviene identificar la disposición aplicable y mostrar qué consta en el expediente sobre la garantía. Un escrito centrado en el documento ausente, contradictorio o insuficiente permite revisar la objeción con mayor precisión.
Los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo regulan la protección provisional frente a la extradición. El artículo 126 incluye la extradición entre los actos que dan lugar a la suspensión de oficio y de plano y establece su comunicación sin demora a la autoridad responsable. El artículo 127 prevé que en extradición se abra de oficio el incidente de suspensión. Para la orden de extradición, el artículo 160 precisa el efecto de la medida: impedir que la orden se ejecute y dejar a la persona donde se encuentre, a disposición del órgano de amparo en lo relativo a su libertad personal. Es útil verificar que la autoridad encargada de ejecutar la entrega haya recibido la comunicación correspondiente.
La suspensión protege frente a la ejecución mientras se resuelve lo pertinente. Por sí sola, no pone a la persona en libertad ni resuelve acerca de la validez final de la solicitud. Una persona puede seguir sujeta a una medida de detención mientras se decide si la entrega es jurídicamente procedente. Conviene por ello distinguir en el expediente la constancia de presentación de la demanda, el auto que acuerda la suspensión, la comunicación a la autoridad responsable y la resolución que finalmente decida el juicio. Cada documento responde una pregunta diferente y puede tener una fecha distinta.
Imagine que una persona recibe un acuerdo favorable y observa que menciona un compromiso de no imponer la pena de muerte, pero en la documentación disponible solo encuentra una comunicación sobre uno de los delitos. Puede ser necesario obtener la versión completa de la comunicación y cotejarla con el acuerdo. Si la discrepancia persiste, interesa precisar en qué cargo y en qué documento se ubica. Si la entrega ya está anunciada en una actuación oficial, esa constancia permite explicar por qué la protección provisional requiere atención inmediata. El análisis depende de lo que se pueda acreditar sobre el acto concreto.
La familia puede ayudar a que se preserve la documentación sin difundir el expediente. Sirve conservar una copia legible del acuerdo y de la cédula de notificación, guardar los comprobantes con la fecha y reunir las comunicaciones oficiales relativas al lugar de detención. Si alguien anota una fecha de oídas, es mejor dejar visible su origen hasta contrastarla. También conviene conservar el nombre exacto con que aparece el cargo en el documento y su traducción, si la hay. Así se evita que una descripción general del delito sustituya la identificación precisa que necesitará la defensa.
El resultado que puede buscarse depende del defecto. Si falta una garantía jurídicamente exigible, el planteamiento puede dirigirse contra la concesión de la entrega en esas condiciones. Si existe un riesgo de ejecución antes del examen judicial, la suspensión cumple una función inmediata distinta. Si surge una cuestión de identidad, hay que acreditarla con los datos y documentos de identificación pertinentes. Una cronología breve, con la fecha y el documento de cada acto, ayuda a formular pretensiones concretas y a distinguir lo que ya se decidió de lo que sigue pendiente.
Conclusión
En México, la pena de muerte está prohibida por el artículo 22 constitucional. Cuando otro Estado solicita una extradición, la revisión pasa por el régimen aplicable a la entrega y por los documentos que acreditan la garantía relativa a la pena. En ausencia de tratado, la Ley de Extradición Internacional exige el compromiso previsto en su artículo 10, fracción V. Cuando hay tratado, hay que leer su cláusula y verificar su cumplimiento en el expediente.
Para quien recibe una notificación, el orden práctico es localizar el último acto, conservar la fecha, comprobar los cargos y examinar el compromiso que cubre la petición. Si ya se ha concedido la entrega, el juicio de amparo permite cuestionar la resolución y la suspensión puede impedir su ejecución mientras se examina el asunto. La respuesta para una persona concreta depende del tratado o régimen aplicable, del contenido de la garantía, de la fase en que se encuentre la petición y de las actuaciones que consten en el expediente.