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Impuesto a la banca: ¿qué es, quién lo paga y puede tu banco cobrártelo si se prorroga a 2027?

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Impuesto a la banca: ¿qué es, quién lo paga y puede tu banco cobrártelo si se prorroga a 2027?

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En España, la búsqueda «impuesto» se ha disparado este domingo 22 de noviembre de 2026, y las consultas que más suben en las últimas veinticuatro horas son las del impuesto a la banca. La razón es un anuncio político: según una información publicada el 21 de noviembre de 2026, el Gobierno aprobaría en el Consejo de Ministros del martes 24 de noviembre una prórroga de este tributo hasta 2027. Se trata, por ahora, de un anuncio. El derecho en vigor leído hoy en el Boletín Oficial del Estado no ha cambiado: el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras solo se aplica a los tres primeros periodos impositivos iniciados desde el 1 de enero de 2024, es decir, hasta el ejercicio 2026 para una entidad cuyo ejercicio coincide con el año natural.

Esta guía responde a las preguntas que aparecen en las búsquedas: qué es el impuesto a la banca, quién lo paga, cuándo se ingresa, qué pasa en Euskadi y Navarra, qué haría falta para prorrogarlo con las Cortes disueltas hasta las elecciones del 29 de noviembre y qué puede hacer un cliente si su banco intenta cargarle este coste como si fuera una comisión. La próxima etapa fechada es la reunión del Consejo de Ministros del 24 de noviembre; después, cualquier real decreto-ley tendría que publicarse en el BOE y someterse a convalidación en treinta días.

Por Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París. Este texto es información general sobre el derecho español vigente a 22 de noviembre de 2026; el método expuesto es de alcance general y no sustituye el examen de un contrato o de un expediente concreto.

I. Impuesto a la banca: qué es y quién lo paga según la ley vigente

A. Qué es el impuesto a la banca y dónde está en el BOE

Quien busca el impuesto a la banca en el BOE no encontrará una ley con ese nombre. El tributo se creó en la disposición final novena de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, una ley que regula también el impuesto complementario sobre grupos multinacionales y el impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos. Su nombre oficial es «Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras». La propia disposición fija el objeto con una fórmula muy clara: «Constituye el hecho imponible la obtención en territorio español de un margen positivo de intereses y comisiones.» Y fija también su duración: «Este impuesto será aplicable en los tres primeros periodos impositivos consecutivos que se inicien desde el 1 de enero de 2024.» La ley se publicó el 21 de diciembre de 2024 y entró en vigor al día siguiente; el texto consolidado consultado el 22 de noviembre de 2026 recoge la redacción vigente de esa disposición.

El impuesto es un tributo de naturaleza directa. No grava cada operación de un cliente, sino el resultado de una parte del negocio bancario: la diferencia positiva entre lo que la entidad cobra y lo que paga por intereses, sumada al saldo de las comisiones que ingresa y que abona, tal como figuran en su cuenta de pérdidas y ganancias. Por eso no debe confundirse con un gravamen sobre transferencias o sobre ingresos de efectivo, una confusión frecuente en las sugerencias de búsqueda. En España, este tributo no se paga al hacer una transferencia, al ingresar dinero en efectivo o al cobrar una nómina: lo calcula y lo ingresa la entidad sobre sus propias cuentas.

La base imponible se obtiene integrando el margen de intereses y los ingresos y gastos por comisiones derivados de la actividad desarrollada en España. Si el resultado es negativo, la base es cero. A esa base se le resta una reducción fija de 100 millones de euros para obtener la base liquidable, que nunca puede ser negativa. Sobre la base liquidable se aplica una escala progresiva: un 1 % hasta 750 millones de euros, un 3,5 % entre 750 y 1.500 millones, un 4,8 % entre 1.500 y 3.000 millones, un 6 % entre 3.000 y 5.000 millones y un 7 % por encima de esa cifra. La escala de la ley expresa las cuotas acumuladas de cada tramo: 7,5 millones al llegar a 750 millones, 33,75 millones al llegar a 1.500 millones, 105,75 millones al llegar a 3.000 millones y 225,75 millones al llegar a 5.000 millones.

La cuota que resulta de esa escala no es todavía la cantidad que se ingresa. La ley permite restarle el 25 % de la cuota líquida del impuesto sobre sociedades, o del impuesto sobre la renta de no residentes, del mismo periodo. Cuando la entidad forma parte de un grupo que tributa en consolidación fiscal, se toma la parte proporcional que corresponde a su base imponible individual. Además, existe una deducción extraordinaria cuando la rentabilidad sobre el activo total de la entidad es inferior al 0,7 %: cuanto más baja es esa rentabilidad, mayor es el porcentaje que se descuenta. Por último, el impuesto pagado no es deducible en el impuesto sobre sociedades ni en el impuesto sobre la renta de no residentes, de modo que no reduce la factura de esos otros tributos.

Para completar el mapa del BOE, la Orden HAC/532/2025, de 26 de mayo, aprobó los dos impresos que utilizan las entidades: el modelo 780, de autoliquidación, y el modelo 781, de pago fraccionado. Ninguno de los dos va dirigido a particulares. Un cliente no tiene que declarar este impuesto, ni en su declaración de la renta ni en ningún otro modelo, porque no es contribuyente.

B. Quién lo paga, cuándo se ingresa y qué ocurre en Euskadi y Navarra

La disposición final novena enumera tres grupos de contribuyentes. Primero, las entidades de crédito establecidas en España a las que se refiere la Ley 10/2014, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito: bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito. Segundo, los establecimientos financieros de crédito de la Ley 5/2015, de fomento de la financiación empresarial, es decir, las empresas que, sin ser entidades de crédito, se dedican profesionalmente a conceder préstamos y créditos, incluido el crédito al consumo, o a actividades como el factoring o el arrendamiento financiero. Tercero, las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras. Para estas sucursales, el margen que se tiene en cuenta es el que se les imputa conforme a las reglas del impuesto sobre la renta de no residentes.

La reducción de 100 millones de euros tiene una consecuencia práctica importante: una entidad cuyo margen de intereses y comisiones no supera esa cifra no paga nada, y la ley la dispensa de presentar la autoliquidación cuando su base liquidable no es positiva. El impuesto se concentra así en las entidades de mayor tamaño. Que una financiera de consumo sea contribuyente en abstracto no significa que tenga cuota a pagar: depende de su margen real del ejercicio.

El calendario se lee en los apartados sobre periodo impositivo, devengo, pago fraccionado y autoliquidación. El periodo impositivo coincide con el ejercicio económico de la entidad y no puede superar doce meses. El impuesto se devenga el día siguiente al final de ese periodo. Dentro de los primeros veinte días naturales del segundo mes posterior al cierre, la entidad ingresa un pago fraccionado equivalente al 40 % de la cuota líquida, minorada en su caso por la deducción extraordinaria. Dentro de los primeros veinte días naturales del noveno mes posterior al cierre, presenta la autoliquidación definitiva e ingresa la diferencia. Para el primer ejercicio, la ley adelantó una regla especial: el pago fraccionado debido en 2025 se ingresó en los primeros veinte días naturales del sexto mes posterior al cierre.

Aplicado a una entidad cuyo ejercicio coincide con el año natural, el calendario del último periodo previsto por la ley vigente es el siguiente: el ejercicio 2026 termina el 31 de diciembre de 2026, el impuesto se devenga el 1 de enero de 2027, el pago fraccionado se ingresa entre el 1 y el 20 de febrero de 2027 y la autoliquidación se presenta entre el 1 y el 20 de septiembre de 2027. Dicho de otro modo, aunque la ley vigente limita el impuesto a los ejercicios iniciados en 2024, 2025 y 2026, los bancos seguirán ingresando cantidades por este concepto durante 2027. Lo que se discute ahora es si el ejercicio 2027 también quedará gravado, con ingresos que, para ese ejercicio, se producirían en 2028.

La recaudación no se queda en el Estado. La ley prevé que lo recaudado se distribuya entre las comunidades autónomas de régimen común en el año natural siguiente a aquel en que deba autoliquidarse el impuesto, en función de su producto interior bruto regional, mediante operaciones de tesorería cuyo procedimiento se fija por vía reglamentaria. Ese reparto explica por qué el debate político sobre el destino de la recaudación se mezcla con el debate técnico sobre su vigencia.

Las búsquedas sobre el impuesto a la banca en Euskadi y en Bizkaia tienen una respuesta precisa. La disposición final novena se aplica en todo el territorio español, pero sin perjuicio de los regímenes forales de Concierto y Convenio económico en vigor en el País Vasco y en Navarra. En el caso vasco, la Ley 3/2025, de 29 de abril, añadió al Concierto Económico aprobado por la Ley 12/2002 un artículo 20 ter, en vigor desde el 1 de mayo de 2025. Según ese artículo, el impuesto es un tributo concertado de normativa autónoma para los contribuyentes a los que se aplica la normativa foral del impuesto sobre sociedades, y las entidades tributan a una y otra administración en función del volumen de operaciones realizado en cada territorio, con la misma proporción que se utiliza para el impuesto sobre sociedades. La gestión, las devoluciones y la inspección se reparten conforme a las reglas del propio Concierto. En Navarra, la salvaguarda del régimen foral figura en la misma disposición estatal; la forma concreta de aplicación depende del Convenio Económico y de la normativa foral, que conviene consultar en su redacción vigente.

Queda un último dato de la historia del texto, útil para entender lo que puede pasar ahora. El Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, modificó varios apartados de esta disposición pocos días después de su aprobación. Ese real decreto-ley fue derogado por acuerdo del Congreso de los Diputados, publicado mediante Resolución de 22 de enero de 2025, y el texto consolidado indica que sus modificaciones quedaron sin efecto. La redacción que se aplica hoy es, por tanto, la original de la Ley 7/2024. El precedente muestra que una modificación de este impuesto por real decreto-ley no está asegurada hasta su convalidación.

II. Prórroga del impuesto a la banca a 2027: qué exige y qué puedes hacer como cliente

A. Qué hace falta para prorrogar el impuesto con las Cortes disueltas

El punto de partida es el anuncio. Según una información publicada el 21 de noviembre de 2026, el Gobierno habría anunciado que el Consejo de Ministros aprobaría el martes 24 de noviembre la prórroga del impuesto a la banca hasta 2027, con la intención de destinar lo recaudado a políticas de vivienda. Mientras no se publique una norma en el BOE, nada de eso es derecho vigente: la disposición final novena sigue diciendo que el impuesto se aplica a los tres primeros periodos iniciados desde el 1 de enero de 2024. El contenido exacto de una eventual prórroga, su forma jurídica y su alcance solo podrán analizarse cuando el texto se publique.

La forma jurídica no es una cuestión menor, porque un impuesto solo puede existir si una norma con rango de ley lo establece. La Constitución española lo dice en su artículo 31.3: «Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.» El artículo 133.1 añade que la potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante ley. Con las Cámaras disueltas, la única norma con rango de ley que el Gobierno puede aprobar por sí mismo es el real decreto-ley del artículo 86, reservado a casos de extraordinaria y urgente necesidad. Ese mismo artículo establece que los decretos-leyes deben someterse a votación del Congreso «en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación», y que el Congreso tiene que pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación dentro de ese plazo. El artículo 86.1 prohíbe además que un decreto-ley afecte, entre otras materias, a los deberes de los ciudadanos regulados en el título I, título en el que figura el deber de contribuir del artículo 31; por eso, cuando un tributo se crea o se modifica por esta vía, el contenido concreto del texto es lo que permite valorar si respeta ese límite.

El calendario institucional de este otoño añade una dificultad. El Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, disolvió el Congreso de los Diputados y el Senado, convocó elecciones para el domingo 29 de noviembre de 2026 y fijó la reunión constitutiva de las nuevas Cámaras para el 23 de diciembre. Mientras tanto, según el artículo 78 de la Constitución, la Diputación Permanente del Congreso asume las facultades que el artículo 86 atribuye a la Cámara cuando esta ha sido disuelta, y sigue ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes. Si el real decreto-ley se aprobara y publicara a finales de noviembre, el plazo de treinta días terminaría a finales de diciembre. Según la fecha exacta de publicación, la convalidación correspondería a la Diputación Permanente o, una vez constituidas las nuevas Cámaras el 23 de diciembre, al Congreso recién elegido.

Hay un segundo elemento temporal. El artículo 101 de la Constitución dispone que el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales y continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. Una aprobación el 24 de noviembre se produciría, por tanto, antes de que el Gobierno pase a estar en funciones. Si la decisión se retrasara más allá del 29 de noviembre, el Gobierno que la adoptara estaría ya en funciones, una circunstancia que habría que tener en cuenta al analizar el texto que finalmente se publique.

¿Qué pasaría si el real decreto-ley no se convalidara? El artículo 86 solo admite dos resultados: convalidación o derogación. Un real decreto-ley rige provisionalmente desde su entrada en vigor, pero si el Congreso lo deroga deja de aplicarse, como ocurrió con las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 9/2024 en esta misma disposición. Para las entidades, esa incertidumbre se traduce en una pregunta de planificación: el ejercicio 2027 estaría gravado si la prórroga se publica y se convalida, y no lo estaría si no llega a publicarse o si se deroga. Para los clientes, la pregunta es distinta y no depende del resultado de esa votación: en ningún caso pasan a ser contribuyentes del impuesto.

Conviene, por último, no confundir la prórroga con la vía presupuestaria. El artículo 134.7 de la Constitución dispone que la Ley de Presupuestos no puede crear tributos y que solo puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva lo prevea. Por eso, aunque el destino de la recaudación se presente como una medida de vivienda, la vigencia del impuesto se decide en la norma que lo regula y no en el reparto del gasto. Cuando se publique un texto, las preguntas útiles serán tres: si se limita a ampliar el apartado de vigencia, si cambia también la escala o las deducciones y si añade alguna regla nueva sobre la relación entre las entidades y sus clientes.

B. Si tu banco intenta cobrarte el impuesto: comisiones, preaviso y reclamación

La pregunta que más preocupa a los clientes es si el banco puede trasladarles el coste. La disposición final novena no contiene ninguna regla sobre repercusión: no la prohíbe expresamente ni la autoriza. Eso no significa que la entidad pueda cobrar a sus clientes una cantidad llamada impuesto a la banca. El contribuyente es la entidad, y las reglas de transparencia bancaria limitan lo que puede cargarse en una cuenta. La Orden EHA/2899/2011, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, parte de la libertad de precios, pero la condiciona en su artículo 3.1: «Sólo podrán percibirse comisiones o repercutirse gastos por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos.» El mismo artículo obliga a las entidades a publicar sus comisiones habituales, de forma actualizada y gratuita, en sus oficinas, en su página web y en la del Banco de España.

De esa regla se desprenden dos situaciones distintas. La primera es un cargo que aparece en el extracto sin un servicio detrás, con una denominación que alude al impuesto o a un coste fiscal de la entidad. Un impuesto que la ley atribuye al banco no es un servicio prestado al cliente ni un gasto que el cliente haya encargado. Ese cargo debe reclamarse. La segunda situación es una subida de precios de servicios reales: una comisión de mantenimiento más alta, una tarifa nueva por un servicio que antes era gratuito o un diferencial distinto en los préstamos que se firmen a partir de ahora. La ley no impide que una entidad revise sus precios por razones comerciales, incluida su fiscalidad, siempre que respete los procedimientos de modificación del contrato y las reglas de transparencia.

Para las cuentas de pago y las tarjetas, el procedimiento de modificación está en el artículo 33 del Real Decreto-ley 19/2018, de servicios de pago. La entidad debe proponer cualquier cambio de condiciones de forma clara e individualizada, separado de la publicidad, en papel u otro soporte duradero y con una antelación mínima de dos meses respecto de su entrada en vigor. El cliente puede aceptar o rechazar el cambio antes de esa fecha. Cuando el contrato prevé que el silencio equivale a aceptación, la entidad debe advertirlo y recordar que el cliente puede resolver el contrato sin coste antes de que se aplique la modificación. Solo los cambios inequívocamente favorables al cliente pueden aplicarse de inmediato. Una comunicación que imponga una comisión nueva de un día para otro, o que la mezcle con mensajes comerciales, no cumple ese procedimiento.

Para los préstamos ya firmados, la respuesta depende del contrato. El tipo de interés fijo no cambia por una decisión fiscal posterior, y el variable evoluciona según el índice de referencia y el diferencial pactados. El artículo 1256 del Código Civil impide que la validez y el cumplimiento de un contrato queden al arbitrio de una sola de las partes, de modo que la entidad no puede alterar por su cuenta el precio pactado de una hipoteca o de un préstamo personal invocando el impuesto. Otra cosa son los préstamos nuevos: su precio se fija en el momento de la oferta y, en ese caso, la protección del cliente consiste en recibir una información precontractual clara y poder comparar entre entidades.

Si encuentras un cargo que no corresponde a ningún servicio, o una modificación que no ha respetado el preaviso, el primer paso es reclamar por escrito al servicio de atención a la clientela de tu entidad. La Ley 44/2002, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, reformada por la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, de servicios de atención a la clientela, con efectos desde el 28 de diciembre de 2025, regula ese recorrido. Para acudir después al servicio de reclamaciones del Banco de España, la persona reclamante deberá acreditar que ha transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de presentación de la reclamación sin que haya sido resuelta, o que la entidad la ha inadmitido o desestimado. La ley también fija el plazo del supervisor: «El plazo máximo para la resolución del expediente será de 90 días naturales», contados desde la presentación o desde que conste la recepción de la documentación completa. El informe final del servicio de reclamaciones es motivado, pero no tiene carácter de acto administrativo recurrible ni obliga a la entidad; si es desfavorable para ella, la entidad debe informar en el plazo de un mes de si ha rectificado voluntariamente.

El plazo de respuesta de la entidad depende del servicio. Según el artículo 29 bis de la misma ley, la entidad dispone de un mes desde la presentación de la queja o reclamación para pronunciarse. Si se trata de servicios de pago, como una cuenta, una tarjeta o una transferencia, se aplica el plazo del artículo 69 del Real Decreto-ley 19/2018: quince días hábiles, ampliables en situaciones excepcionales mediante una respuesta provisional que explique el retraso, sin que la respuesta definitiva pueda superar un mes. Conviene anotar la fecha exacta de presentación, porque de ella dependen los dos plazos.

La forma de la reclamación también está regulada. El artículo 29 ter de la Ley 44/2002 admite la presentación en papel o por medios electrónicos que permitan leer, imprimir y conservar el documento, pero excluye la vía telefónica. El escrito debe identificar al cliente y, en su caso, a su representante, explicar el motivo con una indicación clara de lo que se pide, señalar la oficina o el departamento implicado, indicar que no le consta que el asunto se esté tramitando en un procedimiento administrativo, arbitral o judicial e incluir lugar, fecha y firma. Se acompaña de las pruebas disponibles. La entidad debe aceptar la reclamación en sus departamentos de atención, en cualquier oficina abierta al público, a través de sus aplicaciones o servicios en línea y en una dirección de correo electrónico habilitada a ese fin.

En la práctica, reúne antes de escribir los documentos que permitirán comprobar lo ocurrido: el contrato de la cuenta o del préstamo, el folleto de tarifas vigente cuando firmaste, la comunicación de modificación si la hubo, con su fecha de recepción, y los extractos donde aparece el cargo. Compara el concepto cobrado con la lista de comisiones que la entidad debe publicar. Si el cargo no corresponde a un servicio, pide su devolución y la explicación por escrito. Si la entidad ha subido una comisión real sin respetar los dos meses de preaviso, pide que no se aplique hasta que se cumpla el plazo o, si prefieres cambiar de banco, comunica la resolución del contrato y solicita que no se te cobre ningún coste por ella.

Si la respuesta de la entidad y el informe del supervisor no resuelven el problema, queda la vía judicial civil para reclamar la devolución de lo cobrado indebidamente. El informe del Banco de España no es vinculante, pero el expediente reunido durante la reclamación, con el contrato, las comunicaciones y los extractos, sirve de base documental. Para importes pequeños, conviene valorar el coste de esa vía en relación con lo reclamado y comprobar si otros clientes de la misma entidad están en la misma situación, porque la Orden ECC/2502/2012, que regula el procedimiento ante el Banco de España, permite presentar una reclamación conjunta a través de un único representante cuando los hechos son idénticos o sustancialmente similares.

Las empresas y los autónomos que operan con varias entidades tienen un interés adicional en seguir la publicación del texto. Sus condiciones suelen negociarse de forma individual, y una eventual prórroga puede invocarse en las renegociaciones de líneas de crédito o de comisiones de gestión. La regla de fondo es la misma: el cliente no es contribuyente del impuesto, cualquier cambio de precio tiene que seguir el procedimiento de modificación pactado o legal, y un cobro sin servicio detrás puede reclamarse. Para otras cuestiones tributarias tratadas desde Francia, puede consultarse la página de abogado fiscalista en París del despacho.

Por último, conviene leer con atención las comunicaciones que lleguen en las próximas semanas. Una carta que anuncie una revisión general de tarifas con dos meses de antelación, de forma individualizada y con la posibilidad de rechazarla, es un procedimiento previsto por la ley, aunque el cliente pueda no estar de acuerdo con la subida. Un apunte en la cuenta sin preaviso, sin servicio y con una referencia genérica a la fiscalidad del banco no lo es. La diferencia entre ambas situaciones determina si lo que procede es negociar, cambiar de entidad o reclamar.

Conclusión

El impuesto a la banca es un tributo directo sobre el margen de intereses y comisiones de bancos, financieras y sucursales de entidades extranjeras, creado por la disposición final novena de la Ley 7/2024. Según el texto vigente a 22 de noviembre de 2026, se aplica a los tres primeros ejercicios iniciados desde el 1 de enero de 2024. Para una entidad con ejercicio natural, el último periodo previsto es 2026, cuyo pago fraccionado se ingresa en febrero de 2027 y cuya autoliquidación se presenta en septiembre de 2027. En el País Vasco se aplica como tributo concertado conforme al artículo 20 ter del Concierto Económico, y en Navarra queda a salvo el régimen del Convenio.

La prórroga a 2027 es, de momento, un anuncio: tendría que adoptar la forma de una norma con rango de ley publicada en el BOE y, si se trata de un real decreto-ley, superar la convalidación en treinta días, con unas Cámaras disueltas hasta el 23 de diciembre. El precedente del Real Decreto-ley 9/2024 recuerda que esa convalidación no es automática. Mientras tanto, el cliente bancario no es contribuyente del impuesto, no puede soportar un cargo que no corresponda a un servicio y tiene derecho a un preaviso de dos meses ante cualquier cambio en las condiciones de su cuenta, así como a reclamar por escrito y, pasado un mes, ante el Banco de España.

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