Vive en España, está divorciado y la Hacienda francesa le reclama una deuda fiscal de los años del matrimonio. El aviso de cobro llega a su nombre, la cuenta puede ser embargada y el importe corresponde en gran parte a ingresos de su ex cónyuge. Esta situación tiene un nombre en derecho francés: la solidaridad fiscal de los esposos y compañeros de PACS, y tiene una salida precisa: la desolidarización del artículo 1691 bis del Code général des impôts. Este artículo explica a quién puede perseguir la administración, qué condiciones exige la ley para liberarle, cómo se calcula la parte que deja de deber, qué pruebas debe reunir, dónde presentar la demanda y qué recurso existe si se la deniegan.
Los desarrollos que siguen son de alcance general: describen el procedimiento aplicable a toda persona divorciada o separada perseguida por una deuda fiscal común en Francia. Cada situación personal requiere verificar sus propios documentos y fechas.
I. Por qué Hacienda Francia puede perseguirle a usted por la deuda de su ex
La primera idea que hay que comprender es que, en Francia, el matrimonio y el PACS crean una responsabilidad común frente al impuesto. Mientras existió imposición común, cada uno de los dos responde de la totalidad de la deuda. El divorcio no borra automáticamente esa responsabilidad: solo abre la posibilidad de pedir que se levante.
A. La solidaridad fiscal cubre el impuesto sobre la renta, la vivienda y el patrimonio
El punto I del artículo 1691 bis del Code général des impôts dispone que los esposos y los compañeros vinculados por un pacto civil de solidaridad (PACS) responden solidariamente del pago del impuesto sobre la renta cuando tributan conjuntamente, de la taxe d’habitation sobre las residencias secundarias cuando viven bajo el mismo techo, de la taxe d’aménagement y de la tasa de arqueología preventiva. La misma lógica se extiende al impuesto sobre la fortuna inmobiliaria (IFI) a través del artículo 1723 ter-00 B, al que el propio artículo 1691 bis se remite una y otra vez. Texto oficial leído para este artículo: artículo 1691 bis, I, del Code général des impôts.
La palabra francesa clave es solidairement, que significa aquí que la administración puede reclamar la totalidad de la suma a cualquiera de los dos, sin distinción. La página oficial del Ministerio de Economía francés lo explica sin ambigüedad: si subsiste una deuda fiscal, la administración puede reclamar todo el importe a uno u otro de los miembros de la pareja, y no está obligada a tener en cuenta los ingresos respectivos ni la situación personal de cada uno. Fuente oficial: cómo funciona la solidaridad fiscal en la pareja, economie.gouv.fr.
Esta solidaridad se aplica incluso después de la separación, del divorcio o de la ruptura del PACS, por las deudas fiscales contraídas durante la vida común. Por eso el hecho de vivir hoy en España, con domicilio fiscal español y una nueva vida, no impide que el Servicio de impuestos de no residentes o la dirección que estableció las imposiciones comunes le envíe un aviso de cobro, practique un embargo sobre una cuenta bancaria conservada en Francia o sobre una devolución, y le trate como deudor principal de una deuda que usted no generó. Si ya ha recibido un embargo de cuenta, conviene conocer también el procedimiento de oposición al embargo de Hacienda, explicado en qué hacer ante un embargo SATD de Hacienda Francia viviendo en España.
El punto de partida es, por tanto, una comprobación documental sencilla. Reúna el aviso de cobro o avis de mise en recouvrement, identifique el impuesto, el año y el importe, y compruebe si corresponde a un período de imposición común con su ex esposo o compañero de PACS. Si la deuda proviene de una rectificación posterior al divorcio pero referida a un año de vida común, la solidaridad también juega: lo determinante es el año del ingreso, no la fecha del control. Sobre la propuesta de rectificación y sus plazos, puede consultar propuesta de rectificación en Francia viviendo en España: plazos, pruebas y recursos.
B. La separación por sí sola no le libera: hay que pedir la desolidarización
El segundo punto es igual de importante. Ni el divorcio, ni la mudanza a España, ni el cambio de residencia fiscal ponen fin por sí solos a la obligación solidaria de pago. La ley exige una demanda expresa de desolidarización, y solo la concede si se cumplen las condiciones del punto II del artículo 1691 bis. Presentar la demanda tarde o mal documentada es la primera causa de fracaso, como muestran las decisiones judiciales que se analizan más abajo.
La primera condición es una separación reconocida legalmente a la fecha de la demanda. El texto enumera cuatro situaciones alternativas: que se haya pronunciado la sentencia de divorcio o de separación de cuerpos; que el convenio de divorcio por mutuo acuerdo en documento privado firmado por abogados se haya depositado ante notario; que la declaración conjunta de disolución del PACS o la notificación de la disolución unilateral se haya registrado en la secretaría del tribunal judicial; o que los interesados hayan sido autorizados a tener residencias separadas, o que uno de ellos haya abandonado el domicilio conyugal o la residencia común. En la práctica, para un divorcio franco-español esto significa aportar la sentencia con fecha y, en su caso, su transcripción o exequátur si la administración lo discute, además de cualquier documento que fije la fecha de la ruptura de la vida común. Texto oficial: artículo 1691 bis, II.1, del Code général des impôts.
La precisión sobre la fecha importa porque todos los criterios económicos se aprecian a la fecha de la demanda. Una demanda presentada antes de que el divorcio sea definitivo puede ser rechazada por no cumplir la primera condición, y una demanda presentada años después se juzgará con la situación financiera actual del solicitante, no con la del año de la deuda. De ahí la regla práctica: en cuanto la sentencia sea firme y reciba el primer requerimiento de pago, prepare la demanda sin esperar al embargo.
Conviene distinguir desde ahora dos vías que no deben confundirse. La primera es la desolidarización de derecho del punto II del artículo 1691 bis, que la administración debe conceder cuando se cumplen sus condiciones. La segunda es la vía graciosa: la remisión o transacción del artículo L. 247 del Livre des procédures fiscales y, dentro del propio artículo 1691 bis, la remisión por dificultad e indigencia de su punto III para quien ya obtuvo una desolidarización parcial. La jurisprudencia es estricta con la confusión entre ambas, como se verá con la sentencia del tribunal de apelación de Versalles de 2024. Textos oficiales: artículo L. 247 del Livre des procédures fiscales y artículo 1691 bis, III.
II. Cómo pedir la desolidarización y conseguir que prospere
La demanda de desolidarización es un procedimiento escrito, gratuito en su forma, que se dirige al director departamental de finanzas públicas del lugar donde se establecieron las imposiciones comunes. No existe un formulario nacional: basta una carta precisa acompañada de todos los justificantes. La administración responde con una decisión notificada, y contra su denegación cabe acudir al tribunal administrativo. Cada etapa tiene sus exigencias de prueba, y la prueba es precisamente lo que decide la mayoría de los litigios.
A. Condiciones económicas, cálculo exacto y causas de exclusión
Una vez acreditada la separación legal, el corazón del expediente es la desproporción marcada entre el importe de la deuda fiscal y, a la fecha de la demanda, la situación financiera y patrimonial del solicitante, neta de cargas. La ley precisa que esa situación neta se aprecia sobre un período que no excede de tres años. En español: se comparan sus ingresos y su patrimonio, descontadas sus cargas, durante los últimos tres años como máximo, con el importe que le reclaman. Si la deuda representa una carga excesiva respecto de sus medios, la desolidarización se concede; si conserva una capacidad de reembolso suficiente, se deniega. Texto oficial: artículo 1691 bis, II.2.
El tribunal de apelación administrativa de Versalles aplicó este criterio con toda crudeza el 4 de junio de 2024. Un hombre divorciado pedía liberarse de más de diez mil euros de cotizaciones suplementarias del año de su divorcio, derivadas de ingresos de su ex esposa condenada penalmente por abuso de debilidad. Declaraba unos cuarenta y seis mil euros anuales entre salarios y pensión, con cargas estimadas en unos veintisiete mil euros al año, lo que dejaba una capacidad anual de reembolso superior a diecinueve mil euros. La corte consideró que, frente a una deuda de unos diez mil euros, la condición de desproporción marcada no se cumplía y rechazó la demanda. Decisión leída íntegra para este artículo: CAA Versalles, 4 de junio de 2024, n.º 22VE01974.
La lección práctica es doble. Primero, la desproporción se mide con cifras, no con sentimientos: necesita justificantes de ingresos de los últimos tres años, inventario de patrimonio, y prueba de todas sus cargas (alquiler o hipoteca en España, pensiones pagadas, hijos a cargo, gastos médicos). Segundo, la administración puede añadir a sus cargas declaradas un forfait de gastos corrientes calculado con baremos oficiales, como hizo en ese caso con el baremo de la comisión de sobreendeudamiento; prevea ese ajuste y no presente un presupuesto incompleto.
Cuando la desproporción existe, la ley no concede necesariamente una liberación total: calcula la parte de la que usted queda liberado. Para el impuesto sobre la renta, la desolidarización es igual a la diferencia entre la cotización establecida para el período de imposición común y la fracción correspondiente a sus ingresos personales más la mitad de los ingresos comunes de la pareja. Los ingresos de sus hijos menores no comunes se suman a sus ingresos personales, y la mitad de los ingresos de los hijos comunes se añade a la mitad de los ingresos comunes. Para el IFI el mecanismo es paralelo, con el activo neto del patrimonio imponible propio y la mitad del común. Y para la taxe d’habitation sobre residencias secundarias, la liberación equivale a la mitad de la cotización. Texto oficial: artículo 1691 bis, II.2, letras a, b y c.
Un ejemplo numérico aclara el mecanismo. Suponga una cotización común de veinte mil euros, de los cuales tres mil corresponden a sus ingresos personales y catorce mil a ingresos comunes a repartir por mitad, es decir, siete mil a su cargo teórico. Su fracción sería de diez mil euros y la desolidarización ascendería a la diferencia, otros diez mil euros. Si en cambio los ingresos fueran casi todos suyos, la diferencia se estrecha y la liberación puede ser pequeña. Por eso pedir la desolidarización sin calcular antes su fracción personal es un error: la administración la calculará por usted, y el juez también.
El Consejo de Estado lo recordó el 27 de marzo de 2023 al anular una sentencia que había concedido la liberación total sin aplicar la fórmula legal. Una mujer divorciada había obtenido ante el tribunal de apelación de Douai la desolidarización íntegra de más de diecisiete mil euros del año 2012. El Consejo de Estado juzgó que, habiendo percibido salarios ese año, la corte había cometido un error de derecho al no limitar la liberación a la diferencia entre la cotización y la fracción correspondiente a sus ingresos personales más la mitad de los comunes, y devolvió el asunto al tribunal de apelación. Decisión leída íntegra: Consejo de Estado, 27 de marzo de 2023, n.º 466281.
Hay además una regla favorable que muchos expedientes olvidan invocar. Para los intereses de demora y las sanciones consecutivas a la rectificación de un beneficio o ingreso propio del ex cónyuge o ex compañero, la liberación se pronuncia en su totalidad. En español: si las penalidades provienen de ingresos ocultados solo por su ex, usted queda liberado de esas penalidades por entero, aunque conserve una parte del principal. En las demás situaciones, intereses y sanciones siguen la misma proporción que el impuesto. Texto oficial: artículo 1691 bis, II.2, letra d. Cuando la deuda que le reclaman incluye recargos por una actividad no declarada de su ex, identifique esa parte del expediente y pida expresamente la liberación total de esos accesorios.
Dos condiciones negativas pueden arruinar la demanda aunque la desproporción exista. Primero, el solicitante debe estar al día de sus obligaciones de declaración desde el fin del período de imposición común, conforme a los artículos 170 y 982 del Code général des impôts. Si dejó de declarar en Francia cuando debía hacerlo, regularice antes de pedir. Segundo, la liberación queda excluida cuando el solicitante y su ex se sustrajeron o intentaron sustraerse fraudulentamente al pago, organizando su insolvencia u obstaculizando por otras maniobras el cobro del impuesto. La buena fe fiscal no es un eslogan: es una condición legal. Texto oficial: artículo 1691 bis, II.3.
Finalmente, quien tras una desolidarización parcial sigue en dificultad e indigencia puede pedir a la administración la remisión total o parcial de la fracción que queda a su cargo, apreciada solo según su propia situación a la fecha de esa segunda demanda. Y la aplicación de la desolidarización o de esta remisión puede dar lugar a la devolución de las sumas ya cobradas desde que se produjo uno de los eventos de separación enumerados por la ley. Textos oficiales: artículo 1691 bis, III y IV. Si ya le embargaron parte de la deuda antes de obtener la liberación, reclame también la restitución de lo cobrado de más; sobre los cobros excesivos en general, véase Hacienda Francia le cobra de más viviendo en España: reclamar, suspensión y desgravación.
B. Prueba, destino de la demanda, plazos y recurso contra la denegación
La demanda se presenta por escrito, en carta simple pero precisa, dirigida al director departamental de finanzas públicas del lugar donde se establecieron las imposiciones comunes. Si sus últimas imposiciones comunes se establecieron en París, ese será el interlocutor competente, con independencia de que usted viva hoy en Madrid, Barcelona o Buenos Aires; la competencia sigue a la deuda, no al domicilio actual. La página oficial del Ministerio de Economía detalla el contenido esperado: la sentencia de divorcio o de ruptura, los justificantes de ingresos y cargas, y todo elemento que acredite la buena fe y la situación personal. La decisión de la administración se notifica al interesado y puede conceder una liberación total o parcial. Fuente oficial: cómo funciona la solidaridad fiscal en la pareja, economie.gouv.fr.
El expediente de prueba debe construirse como si fuera a ser juzgado, porque a menudo lo será. Incluya la sentencia de divorcio con fecha de efectos, el convenio regulador si fija pensiones o compensaciones, las declaraciones de renta de los tres últimos años, nóminas o certificados de pensión españoles traducidos si es necesario, justificantes de alquiler o hipoteca, de préstamos, de hijos a cargo y de gastos excepcionales, y un cuadro comparativo entre la deuda reclamada y su capacidad neta. Añada la prueba de que está al día de sus obligaciones declarativas francesas desde el fin de la imposición común: certificados de declaración o de no imposición, según el caso. Si parte de la deuda proviene de ingresos propios de su ex detectados en un control, adjunte la propuesta de rectificación y subraye la liberación total de los accesorios correspondientes. Cada afirmación de la carta debe remitir a un documento numerado.
Si la administración rechaza la demanda, el recurso es el tribunal administrativo, que debe ser interpuesto en los dos meses siguientes a la notificación de la decisión denegatoria. Este plazo de dos meses es el plazo general de recurso contencioso contra una decisión administrativa, previsto por el artículo R. 421-1 del Code de justice administrative, cuyo texto dispone que la jurisdicción solo puede ser acudida mediante recurso contra una decisión y en los dos meses desde la notificación o publicación de la decisión impugnada. Texto oficial: artículo R. 421-1 del Code de justice administrative. No deje pasar ese plazo discutiendo por carta con el servicio: la carta posterior no reabre el plazo del recurso contra la denegación.
Ante el juez, los vicios de forma de la demanda pueden regularizarse, pero el fondo se juzga con las condiciones legales estrictas. La sentencia de Versalles de 2024 ofrece dos advertencias útiles. Primera, si su demanda se fundó expresamente y exclusivamente en la desolidarización de derecho del artículo 1691 bis, no podrá invocar útilmente ante el juez la vía graciosa del artículo L. 247, que permite a la administración liberar a quien debe impuestos de un tercero: son dos fundamentos distintos y debe elegir y argumentar cada uno por separado, o pedirlos de forma subsidiaria desde el inicio. Segunda, la doctrina administrativa antigua sobre el cónyuge víctima del comportamiento irresponsable del otro y la respuesta ministerial de 1985 se refieren a la vía graciosa, no a las condiciones de la desolidarización de derecho creada en 2007, y no sirven para eludir la prueba de la desproporción marcada. Decisión citada: CAA Versalles, 4 de junio de 2024, n.º 22VE01974.
Queda una vía complementaria para los casos humanos más graves. La desolidarización graciosa puede anular total o parcialmente la deuda, incluidos impuestos, sanciones y gastos, en situaciones excepcionales apreciadas caso por caso, en particular cuando el solicitante fue víctima de violencias conyugales o cuando no obtuvo ningún beneficio de la deuda ni contribuyó a ella. La administración indica además que puede restituir íntegramente las cantidades ya pagadas correspondientes a la deuda afectada. Esta vía no exige demostrar la desproporción financiera, pero exige relatar y probar la situación personal con documentos médicos, judiciales o sociales. Desde abril de 2024, la dirección general de Finanzas públicas garantiza además la confidencialidad de los datos personales de las víctimas de violencias conyugales. Fuente oficial: cómo funciona la solidaridad fiscal, desolidarización graciosa, economie.gouv.fr. Si este es su caso, pida expresamente la vía graciosa junto a la de derecho, con expedientes separados y pruebas distintas.
Una última comprobación antes de enviar: verifique que su residencia fiscal actual no interfiere con la estrategia. Si abandonó Francia a raíz del divorcio, asegúrese de haber declarado correctamente el cambio y el año de salida, porque la administración examinará sus declaraciones posteriores al período común. Sobre los criterios y la prueba del cambio de residencia, véase residencia fiscal en Francia viviendo en España: criterios, prueba, cambio y declaración.
Conclusión
La solidaridad fiscal francesa permite a la administración reclamar a cualquiera de los ex esposos o ex compañeros de PACS la totalidad de la deuda común, incluso después del divorcio y aunque el perseguido viva en España. La salida es la demanda de desolidarización del artículo 1691 bis: separación legalmente reconocida, desproporción marcada entre la deuda y la situación neta de los últimos tres años, obligaciones declarativas al día y ausencia de fraude o insolvencia organizada. La liberación se calcula con la fórmula legal, con liberación total de las penalidades ligadas a ingresos propios del ex, y lo ya cobrado puede ser restituido. La demanda se dirige por escrito al director competente con un expediente de prueba completo, y su denegación se recurre ante el tribunal administrativo en dos meses. La vía graciosa del artículo L. 247 y del punto III del artículo 1691 bis queda para la indigencia subsistente y las situaciones humanas graves. Preparar cifras, fechas y documentos antes de escribir es lo que separa una liberación real de una denegación confirmada por el juez.