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Especie invasora: qué arriesga en España quien tiene, vende o suelta un animal del catálogo

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Especie invasora: qué arriesga en España quien tiene, vende o suelta un animal del catálogo

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La consulta «especie invasora» se busca ahora en España. Este texto no describe ningún hallazgo, ningún animal concreto ni ninguna actuación administrativa en curso: en este pase no se ha leído un documento oficial sobre el hecho que haya podido disparar la búsqueda, y por eso no se afirma ninguno. La pregunta que sí puede responderse con los textos leídos es otra: qué prohíbe el derecho estatal español a quien tiene, transporta, vende o suelta un animal de una especie exótica invasora incluida en el catálogo nacional, qué multas y penas prevé, y qué margen conserva quien ya convivía con ese animal antes de su inclusión.

La respuesta corta tiene tres partes. La inclusión de una especie en el catálogo prohíbe con carácter general poseer, transportar, comerciar o traficar con ejemplares vivos, salvo autorización administrativa en supuestos tasados. Hacerlo sin autorización es una infracción administrativa grave, castigada con multa de 3.001 a 200.000 euros, que pasa a muy grave, con multa estatal de hasta dos millones de euros, si los daños valorados superan los 100.000 euros. Soltar en la naturaleza un animal no autóctono de modo que perjudique el equilibrio biológico puede ser además un delito, castigado con prisión de cuatro meses a dos años o con multa, y siempre con inhabilitación profesional. Quien tenía el animal antes de su inclusión puede, en determinados casos, conservarlo con condiciones estrictas o entregarlo voluntariamente.

El método es de alcance general y se limita al derecho estatal de los textos consolidados del BOE leídos en este pase; las comunidades autónomas pueden añadir catálogos y prohibiciones propios. Por Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París, como información sobre derecho extranjero, sin inscripción ni ejercicio en España.

I. Qué convierte a una especie en «invasora» ante la ley española

A. Una definición legal y un catálogo que decide

Quien busca «especie invasora» encuentra sobre todo explicaciones de biología: un animal o una planta que llega de fuera, se reproduce sin control y desplaza a las especies locales. El derecho español parte de esa idea, pero le añade una consecuencia práctica que cambia la situación de cualquier particular. No basta con que un animal sea exótico, ni siquiera con que cause daños, para que quede prohibido tenerlo en casa. Lo decisivo es su inclusión en un registro oficial, el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, y el ámbito territorial que ese registro le asigna. De esa inclusión dependen la prohibición de poseerlo, las multas, la obligación de comunicarlo y, en los casos más graves, la respuesta penal.

El punto de partida es la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en el texto consolidado leído en este pase, cuya última actualización publicada es del 31 de diciembre de 2020. La página del BOE advierte que la consolidación es informativa y que, para fines jurídicos, debe consultarse la publicación oficial. La ley define la especie exótica invasora como la que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y actúa como agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, por su comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación genética. Su artículo 64 crea el catálogo, de carácter administrativo y ámbito estatal, y su apartado 5, en la redacción vigente desde el 22 de julio de 2018, fija el efecto central: «La inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras conlleva la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, de sus restos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, incluyendo el comercio exterior.»

De esa frase se siguen dos ideas que conviene tener presentes desde el principio. La primera es que la prohibición se vincula a la especie, no al comportamiento del ejemplar. Un galápago que nunca ha salido de su acuario queda alcanzado igual que uno encontrado en un río, si su especie figura en el catálogo para ese territorio. La segunda es que la prohibición no se limita al animal adulto: abarca sus restos y propágulos cuando pudieran sobrevivir o reproducirse. El mismo apartado 5 permite dejar sin efecto la prohibición, previa autorización administrativa de la autoridad competente, cuando sea necesario por razones de investigación, de salud o seguridad de las personas, o con fines de control o erradicación, en el marco de estrategias, planes y campañas aprobados al efecto. En casos excepcionales y por motivos imperiosos de interés público, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad puede además, mediante acuerdo, dejar sin efecto algunas de esas prohibiciones para una especie determinada. Fuera de esas autorizaciones, la regla general es la prohibición.

El catálogo se desarrolla en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. El texto consolidado leído indica como última actualización la publicada el 19 de octubre de 2026, en vigor desde el 20 de octubre de 2026, y la nota del anexo atribuye esa modificación al artículo 2 de la Orden TED/1096/2026, de 6 de octubre. Esa orden no ha podido leerse como documento autónomo en este pase, de modo que este texto no detalla qué especies añadió o retiró: se limita al anexo consolidado tal como figura hoy en el BOE. El reglamento recuerda en su artículo 3 que «El ámbito territorial de aplicación para cada especie del catálogo se detalla en el anexo.» El propio anexo añade que, cuando en la columna del ámbito de aplicación no se especifica nada, la inclusión se refiere a todo el territorio español. Su artículo 2 define además la especie exótica de forma amplia, incluyendo sus partes, gametos, semillas, huevos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse.

La lectura del anexo consolidado muestra que el catálogo no se limita a especies lejanas de la vida cotidiana. Figuran en él, sin limitación territorial, animales que han estado presentes en hogares: el galápago americano o de Florida (Trachemys scripta), la cotorra argentina (Myiopsitta monachus), la cotorra de Kramer (Psittacula krameri), el mapache (Procyon lotor), el coatí (género Nasua), el erizo pigmeo africano (Atelerix albiventris) o el pez conocido como pleco (Hypostomus plecostomus). El anexo incluye también el cerdo vietnamita, incluyendo sus híbridos y los denominados «minipigs», con una nota que precisa el alcance: la denominación se aplica a los ejemplares mantenidos como mascotas, a los animales libres en el medio natural y a los presentes en núcleos zoológicos, incluidas las tiendas de animales, y en ningún caso a los animales de explotaciones agrarias considerados recursos zoogenéticos. Otras entradas tienen un ámbito limitado. La rata parda, la rata negra y el muflón figuran solo para Canarias, y varias algas se incluyen con la mención «Excepto Canarias». Un mismo animal puede, por tanto, estar prohibido en una parte del territorio y no en otra, y la columna del ámbito es tan importante como el nombre de la especie.

El catálogo estatal no agota la cuestión. El artículo 64.8 de la ley permite a las comunidades autónomas establecer, en sus territorios, catálogos propios de especies exóticas invasoras, con las prohibiciones y actuaciones suplementarias que consideren necesarias, e incluir en ellos especies que consten en el listado de especies naturalizadas. El catálogo estatal funciona así como una base común sobre la que cada comunidad autónoma puede añadir prohibiciones y actuaciones propias. Este texto no analiza los catálogos autonómicos, que no forman parte de las fuentes leídas, y cada lector debe comprobar el de su comunidad antes de sacar conclusiones sobre un animal concreto.

La inclusión o exclusión de una especie no depende de una impresión ni de un aviso en redes sociales. Según el artículo 64.2 de la ley y el artículo 5 del reglamento, la decide el ministerio competente, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, previa iniciativa de las comunidades autónomas o del propio ministerio y con una memoria técnica que incluye un análisis de riesgos; la modificación del anexo se aprueba por orden ministerial y se publica en el BOE. Cualquier ciudadano u organización puede pedir que se inicie el procedimiento de inclusión o de exclusión, con una solicitud motivada y la información técnica o científica que la justifique. El reglamento prevé un plazo de tres meses para subsanar una solicitud incompleta, una respuesta motivada en un plazo máximo de seis meses, el carácter desestimatorio del silencio y la posibilidad de un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Solo pueden incluirse especies descritas taxonómicamente en una publicación científica de reconocido prestigio, y la aparición de una amenaza grave permite tramitar el procedimiento con carácter urgente. Nada en los textos leídos indica que la mera presentación de una solicitud deje en suspenso la prohibición que ya pesa sobre una especie catalogada.

B. Qué prohíbe la inclusión y a quién alcanza

El artículo 7 del reglamento concreta los efectos de la inclusión. Repite la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio, limitada al ámbito de aplicación que el anexo fija para cada especie. Añade la prohibición de introducir la especie en el medio natural dentro de ese ámbito. Dispone que los ejemplares de especies catalogadas extraídos de la naturaleza por cualquier procedimiento no pueden devolverse al medio natural, salvo autorización previa por razones de investigación, salud o seguridad de las personas. Y prohíbe cualquier actuación destinada a fomentar estas especies; en la pesca en aguas continentales, la utilización como cebo vivo o muerto de cualquier ejemplar, de sus partes o de sus derivados. Para el pescador, la consecuencia es directa: el ejemplar de una especie catalogada que saca del agua no vuelve al río. El artículo 64 ter de la ley contiene reglas particulares de caza y pesca para determinadas especies catalogadas introducidas antes de su entrada en vigor, dentro de sus áreas de distribución anteriores, que este texto no desarrolla.

La protección frente a las sueltas va más allá del catálogo. El artículo 54.5 bis de la ley, añadido en 2018, prohíbe la suelta no autorizada de ejemplares de especies alóctonas y autóctonas de fauna, o de animales domésticos, en el medio natural. Liberar en un parque, un estanque o un monte un animal exótico que no figura en el catálogo no es, por tanto, un acto indiferente para el derecho: es una suelta no autorizada. El artículo 54 añade que la importación o introducción en el territorio nacional de una especie alóctona susceptible de competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos está sometida a autorización del ministerio, y el artículo 8 del reglamento solo admite la primera liberación de una especie alóctona no catalogada con un análisis de riesgos favorable y una autorización previa.

Quien viaja también puede encontrarse con estas reglas. El artículo 12 del reglamento organiza el control de los ejemplares detectados en las terminales de viajeros de puertos y aeropuertos. Cuando las autoridades de aduanas encuentran plantas o animales vivos, lo comunican a las autoridades veterinarias o fitosanitarias, que determinan si se trata de especies del catálogo; si lo son, deciden su rechazo. El importador o su representante dispone entonces de un plazo no superior a 48 horas para decidir si la partida se destruye o se reexpide al país de origen, y los gastos de estancia, eutanasia, destrucción o reexpedición corren a su cargo. Traer como recuerdo un animal o una planta de una especie catalogada no es una cuestión de equipaje, sino de control fronterizo.

Las aves tienen una regla adicional. La disposición adicional novena del reglamento prohíbe la posesión, el transporte y el comercio, incluido el exterior, de ejemplares de todas las especies de aves alóctonas de origen silvestre, y precisa que, de acuerdo con el artículo 7.1, la prohibición se aplica también a las aves nacidas en cautividad de las especies incluidas en el catálogo. Quedan exceptuados los ejemplares de origen silvestre adquiridos legalmente antes del 23 de marzo de 2007. Para una especie catalogada como la cotorra argentina, el hecho de que el ave haya nacido en cautividad no la saca, por tanto, del ámbito de la prohibición.

La legislación de bienestar animal cierra el círculo desde otro ángulo. La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, en vigor desde el 29 de septiembre de 2023 y sin modificaciones en el texto consolidado leído, se aplica a los animales de compañía y a los silvestres en cautividad; los animales silvestres que no están en cautividad siguen rigiéndose por la Ley 42/2007, según su artículo 1.3. Su artículo 34 limita la tenencia como animal de compañía a una lista cerrada: perros, gatos y hurones, especies domésticas, especies silvestres del listado positivo, ciertos animales de producción inscritos como animales de compañía, y aves de cetrería y animales de acuariofilia «no incluidos en el catálogo de especies exóticas invasoras ni de especies silvestres protegidas». El artículo 36.3 añade una regla sin excepciones: «No podrán ser en ningún caso incluidas en el listado positivo de animales de compañía las especies exóticas invasoras en los términos definidos en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.» El artículo 25 prohíbe abandonar intencionadamente a los animales en espacios cerrados o abiertos, especialmente en el medio natural, donde pueden ocasionar daños posteriores por asilvestramiento o por su condición de especies exóticas potencialmente invasoras. Y el artículo 24.3 hace responder a la persona responsable de un animal de los daños, perjuicios o molestias que, sin provocación o negligencia de un tercero, pudiera ocasionar a personas, otros animales o cosas, a las vías y espacios públicos y al medio natural. Este texto no examina el estado de aprobación del listado positivo, que no forma parte de las fuentes leídas.

El resultado es coherente. La ley de biodiversidad prohíbe poseer, transportar o vender la especie catalogada y prohíbe soltar animales en la naturaleza; la ley de bienestar animal prohíbe abandonarlos y excluye que una especie invasora entre algún día en la lista de animales de compañía admitidos. Para el particular, la pregunta útil no es si su animal es exótico, sino tres preguntas sucesivas: si su especie figura en el anexo, con qué ámbito territorial, y si existe una autorización o un régimen transitorio que le permita conservarlo.

II. Qué consecuencias prevé la ley y qué margen tiene quien ya convive con un ejemplar

A. Multas administrativas, delito y reparación del daño

El régimen sancionador está en el título VI de la Ley 42/2007, al que remite el artículo 18 del reglamento. El artículo 80.1 tipifica, entre otras, tres conductas que afectan directamente a las especies exóticas. La letra f) castiga, en ausencia de autorización administrativa, la posesión, el transporte, el tráfico o el comercio de especies incluidas en el catálogo, así como la importación o introducción por primera vez en el territorio nacional, o la primera liberación al medio, de una especie susceptible de competir con las especies autóctonas. La letra g) se refiere a las especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión Europea y castiga su introducción, mantenimiento, cría, transporte, comercialización, utilización, intercambio, reproducción, cultivo o liberación sin permiso. La letra g bis) castiga la importación no autorizada de especies alóctonas y la suelta, introducción o liberación no autorizadas en el medio natural de especies autóctonas o alóctonas, o de animales domésticos. El artículo 80.1 se aplica, según su propio texto, sin perjuicio de lo que disponga la legislación autonómica.

La calificación depende sobre todo de la valoración de los daños. Según el artículo 80.2, las infracciones de las letras f), g) y g bis) son muy graves cuando la valoración de los daños supera los 100.000 euros, y graves cuando no tienen esa consideración. Para la tenencia, el transporte o la venta sin autorización de una especie catalogada, la regla es por tanto clara: infracción grave, que pasa a muy grave por encima de ese umbral de daños. Para la suelta de la letra g bis), el texto consolidado leído plantea una dificultad que no conviene ocultar. La letra figura en la lista de las infracciones graves, para los casos que no alcanzan la calificación de muy graves, pero también en la de las leves, cuando no se hubieran producido daños o su valoración no supere los 100.000 euros. La calificación de una suelta sin daños importantes dependerá, por tanto, de la lectura que haga el órgano sancionador y, en su caso, de la legislación autonómica; este texto no resuelve esa tensión, que solo puede zanjarse con una interpretación que no figura entre las fuentes leídas. La reincidencia agrava la calificación en los términos del mismo artículo.

Las multas figuran en el artículo 81.1. Las infracciones leves se sancionan con multas de 100 a 3.000 euros; las graves, con multas de 3.001 a 200.000 euros; las muy graves, con multas de 200.001 a 2.000.000 de euros, sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan aumentar el importe máximo. Dentro de cada tramo, el artículo 81.2 obliga a guardar la adecuación entre la gravedad del hecho y la sanción, teniendo en cuenta la magnitud del riesgo y su repercusión, la cuantía de los daños, su trascendencia para la seguridad de las personas o bienes protegidos, las circunstancias del responsable, el grado de intencionalidad, el beneficio ilícitamente obtenido y la irreversibilidad de los daños. Imponer la sanción corresponde a la Administración General del Estado o a las comunidades autónomas, según sus competencias. El artículo 81.5 permite además imponer multas coercitivas reiteradas si el infractor no repara o no indemniza, con un límite de 3.000 euros por multa en el ámbito de la Administración General del Estado.

La multa no cierra el asunto. El artículo 79 de la ley establece que la responsabilidad administrativa se exige sin perjuicio de la penal, civil o de otro orden; que el infractor debe reparar el daño causado en la forma y condiciones fijadas por la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental, e indemnizar los daños que no puedan repararse; que la valoración de los daños se hace con el método de esa ley; que, cuando no puede determinarse el grado de participación de cada interviniente, la responsabilidad es solidaria; y que en ningún caso se impone una doble sanción por los mismos hechos y en función de los mismos intereses públicos protegidos. En una suelta, el coste de recuperar los ejemplares o de restaurar el medio puede pesar tanto como la multa. El artículo 83 fija la prescripción: las infracciones muy graves prescriben a los cinco años, las graves a los tres años y las leves al año, con los mismos plazos para las sanciones impuestas.

La respuesta penal está en el Código Penal, en el texto consolidado leído, cuya última actualización publicada es del 9 de abril de 2026; la página del BOE advierte igualmente que la consolidación es informativa. Su artículo 333, en la redacción vigente desde el 23 de diciembre de 2010, dice: «El que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autóctona, de modo que perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de flora o fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.» La multa penal se calcula por días: el artículo 50 fija una cuota diaria de 2 a 400 euros y computa los meses a razón de treinta días, de modo que una multa de ocho a veinticuatro meses equivale a entre 240 y 720 cuotas diarias. El juez fija la cuota teniendo en cuenta exclusivamente la situación económica del condenado, y el artículo 53 convierte el impago en un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que puede cumplirse mediante trabajos en beneficio de la comunidad si el penado lo acepta.

La lectura del artículo 333 permite deslindar con precisión lo que es delito y lo que no lo es. El texto describe dos conductas, introducir o liberar, y no la simple posesión, el transporte o la venta de un ejemplar, que siguen en el terreno administrativo de la letra f) del artículo 80. Exige además tres elementos: que la especie sea no autóctona, que la introducción o la suelta perjudique el equilibrio biológico y que se haga contraviniendo las leyes o disposiciones protectoras de la flora y la fauna. El perjuicio al equilibrio biológico es lo que separa el delito de la infracción administrativa de suelta, que la letra g bis) describe sin exigirlo en esos términos. La prueba de ese perjuicio, y su relación con la conducta atribuida, es la cuestión central de cualquier causa penal por este motivo.

Los artículos que cierran el mismo título del Código Penal completan el cuadro. Según el artículo 338, cuando las conductas afectan a algún espacio natural protegido se imponen las penas superiores en grado. El artículo 339 obliga a los jueces o tribunales a ordenar, a cargo del autor, las medidas necesarias para restaurar el equilibrio ecológico perturbado, además de cualquier medida cautelar necesaria. El artículo 340 prevé, en cambio, la pena inferior en grado cuando el culpable ha reparado voluntariamente el daño causado. La coordinación entre ambas vías la fija el artículo 82 de la Ley 42/2007: cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito, la administración pasa el tanto de culpa al órgano jurisdiccional y se abstiene de seguir el procedimiento sancionador mientras no haya sentencia firme o resolución que ponga fin al proceso; la sanción judicial excluye la administrativa cuando hay identidad de sujeto, hecho y fundamento; y si no se aprecia delito, la administración puede continuar el expediente con base en los hechos que el juez haya considerado probados.

El abandono del animal plantea una cuestión distinta. Desde el 18 de abril de 2023, el artículo 340 ter del Código Penal castiga a quien abandone a un animal vertebrado que se encuentre bajo su responsabilidad en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad, con multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, además de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con los animales y para la tenencia de animales. En el terreno administrativo, la Ley 7/2023 califica como infracción grave el abandono de uno o más animales en su artículo 74 y la sanciona con multa de 10.001 a 50.000 euros en su artículo 76. Una misma suelta puede, según los hechos, afectar a la protección de la biodiversidad y a la del propio animal. Si ambas respuestas pueden acumularse o si una excluye a la otra depende de los hechos y de la identidad de los intereses protegidos, a la vista de la regla del artículo 79.5 de la Ley 42/2007; los textos leídos no contienen una respuesta general a esa cuestión, y este texto no la da por resuelta.

B. Quien ya tenía el animal: comunicación, condiciones y entrega

La pregunta más frecuente detrás de la búsqueda no suele ser penal. Es la de quien descubre que el animal con el que convive pertenece a una especie catalogada. La respuesta está en la disposición transitoria cuarta del reglamento del catálogo, en la redacción dada por el Real Decreto 216/2019 y vigente desde el 31 de marzo de 2019. Los ejemplares de especies animales poseídos o adquiridos como animales de compañía, animales de compañía exóticos o domésticos, o ubicados en parques zoológicos debidamente autorizados, que se hubieran adquirido antes de su inclusión en el catálogo, pueden ser mantenidos por sus propietarios. La condición es que estos debían informar de esa posesión a las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla antes del 1 de enero de 2022. Quienes ya hubieran informado conforme a la normativa vigente no necesitan volver a hacerlo.

La misma disposición fija el marco de esa tolerancia. Las autoridades autonómicas establecen, en su caso, la esterilización obligatoria de los ejemplares y sistemas de identificación o marcaje como tatuaje, crotal, microchip, anillamiento o registro veterinario, y solicitan al propietario la firma de una declaración responsable. El propietario debe informar con carácter inmediato de la liberación accidental del ejemplar y no puede comercializarlo, reproducirlo ni cederlo. Como alternativa, las autoridades facilitan, si se solicita, la entrega voluntaria del animal; esa entrega puede hacerse en primera instancia, y de forma temporal hasta su recogida por la autoridad, en puntos de venta de animales de compañía o domésticos y en núcleos zoológicos legalmente constituidos que la autoridad reconozca como habilitados, y excepcionalmente en centros de recogida y mantenimiento autorizados.

De este régimen se desprenden tres consecuencias prácticas. La primera es que todo descansa en una fecha: la de adquisición del animal, que debe ser anterior a la inclusión de su especie en el catálogo. Una factura, un registro veterinario, un certificado de identificación o cualquier documento fechado tiene aquí un valor que el propietario no suele imaginar. La segunda es que la comunicación tenía un plazo, el 1 de enero de 2022, y que el texto consolidado leído no contiene una regla específica para los animales de especies incluidas después de esa fecha; la nota del anexo recoge modificaciones por órdenes de 2020, 2023, 2025 y 2026, que no se han leído en este pase y pueden contener reglas propias. Cómo se comunica hoy la posesión de un animal de una especie incluida recientemente es una cuestión que debe verificarse ante la comunidad autónoma competente. La tercera es que la tolerancia es personal y se agota con el animal: sin reproducción, sin venta y sin cesión, el ejemplar permanece con su propietario o se entrega a la autoridad.

Para quien convive hoy con un animal que podría estar catalogado, los textos leídos permiten ordenar los pasos de forma general:

  1. Identificar la especie por su nombre científico, no solo por su nombre común, y comprobar si figura en el anexo consolidado del reglamento y con qué ámbito territorial.
  2. Comprobar si la comunidad autónoma de residencia tiene un catálogo propio con prohibiciones adicionales.
  3. Reunir los documentos que acrediten la fecha de adquisición y, si se comunicó la posesión, la prueba de esa comunicación.
  4. Si la posesión no se comunicó o hay dudas, dirigirse a la autoridad ambiental de la comunidad autónoma, que es la competente según la disposición transitoria cuarta.
  5. No soltar nunca el animal y, si escapa, informar de inmediato a la autoridad, como exige la misma disposición.
  6. No venderlo, regalarlo ni hacerlo criar: la venta o la cesión, también cuando se anuncia en línea, choca con la prohibición de comercializar o ceder el ejemplar y con la prohibición general de comercio y tráfico.
  7. Si se quiere dejar de tenerlo, solicitar la entrega voluntaria por los cauces que la autoridad habilite.

El texto leído no regula expresamente el traslado de un animal conservado al amparo de este régimen, por ejemplo con ocasión de una mudanza a otra comunidad autónoma, cuando el transporte forma parte de la prohibición genérica. Ante un traslado, la indicación de la autoridad autonómica es el punto de partida más seguro.

La situación del vendedor y del comprador es más sencilla de describir. La tienda o el particular que vende un ejemplar de una especie catalogada sin autorización incurre en la conducta de tráfico o comercio de la letra f) del artículo 80, y el comprador que lo recibe incurre en la de posesión. Para las especies incluidas en el catálogo, la Ley 7/2023 descarta además su admisión como animales de compañía en el listado positivo, de modo que la expectativa de una regularización futura por esa vía no encuentra apoyo en el texto leído.

Si se abre un expediente sancionador, los textos leídos señalan los puntos que conviene examinar. El primero es la conducta exacta que se atribuye: no es lo mismo la posesión de la letra f) que la suelta de la letra g bis), ni la suelta administrativa que la liberación con perjuicio del equilibrio biológico del artículo 333 del Código Penal. El segundo es la calificación aplicada y su apoyo en una valoración de daños realizada con el método de la Ley 26/2007, porque el umbral de 100.000 euros cambia el tramo de la multa. El tercero es la fecha de los hechos frente a los plazos de prescripción del artículo 83. El cuarto es la existencia de un proceso penal por los mismos hechos, que obliga a la administración a suspender su expediente según el artículo 82, y el alcance de la regla que prohíbe la doble sanción. El quinto es la legislación autonómica, que puede tipificar conductas adicionales y elevar el importe máximo de las multas muy graves. Otros contenidos informativos en español del despacho, todos de alcance general, se reúnen en la sección en español del despacho.

Este texto tiene límites que conviene declarar. No analiza los catálogos ni los regímenes sancionadores autonómicos, ni las particularidades de Canarias más allá de las menciones del anexo estatal. No detalla el contenido de las órdenes que han modificado el anexo, incluida la de octubre de 2026, que no se han leído como documentos autónomos. No examina la lista de especies preocupantes para la Unión Europea, que depende de un reglamento europeo no leído en este pase, ni el estado de aprobación del listado positivo de animales de compañía. No cita resoluciones judiciales, porque ninguna se ha leído en una fuente oficial durante este pase. Y no describe ningún hallazgo concreto ni atribuye a nadie conducta alguna.

Conclusión

En España, que una especie sea «invasora» tiene un sentido jurídico preciso: su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, regulado por la Ley 42/2007 y el Real Decreto 630/2013, con el ámbito territorial que el anexo asigna a cada especie. Esa inclusión prohíbe con carácter general la posesión, el transporte, el tráfico y el comercio de ejemplares vivos, de sus restos y de sus propágulos, impide devolver al medio natural los ejemplares extraídos y prohíbe introducirlos en él, salvo autorizaciones tasadas. La ley de biodiversidad prohíbe también la suelta no autorizada de cualquier animal en la naturaleza, catalogado o no, y la ley de bienestar animal prohíbe el abandono y excluye que una especie invasora figure algún día en el listado de animales de compañía admitidos.

Las consecuencias son de tres órdenes. La posesión, el transporte o la venta sin autorización de una especie catalogada es una infracción grave, con multa de 3.001 a 200.000 euros, que pasa a muy grave, con multa de 200.001 a 2.000.000 de euros, si los daños valorados superan los 100.000 euros; la calificación de una suelta sin daños importantes queda abierta en el texto consolidado leído. La introducción o liberación de una especie no autóctona que perjudica el equilibrio biológico es delito, castigado con prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial de uno a tres años, con la obligación de restaurar el equilibrio perturbado. Y el infractor responde además de la reparación del daño ambiental, con prescripciones de uno, tres o cinco años según la gravedad.

Quien tenía el animal antes de la inclusión de su especie puede conservarlo con las condiciones de la disposición transitoria cuarta del reglamento, sin reproducirlo, venderlo ni cederlo, o pedir su entrega voluntaria. Queda por establecer, porque no consta en un documento oficial leído en este pase, el hecho concreto que haya podido disparar la búsqueda, y queda por verificar en cada caso la especie exacta, su ámbito territorial, la fecha de adquisición, el catálogo autonómico aplicable y el régimen que fijen las órdenes de modificación del anexo para las especies incluidas recientemente. El método expuesto es de alcance general; los textos consolidados son informativos y no sustituyen la publicación oficial.

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