Despacho Kohen Avocats · Distrito 17 de París
Pulseras telemáticas: qué arriesga quien no lleva o inutiliza el dispositivo en España

El abogado Hassan KOHEN interviene con urgencia, desde la comisaría hasta el tribunal con jurado (cour d'assises). Primer análisis estratégico: 80 € IVA incluido, respuesta personal en un plazo de 24 horas.

100 % confidencial · Secreto profesional · Sin compromiso

Artículo generado por una inteligencia artificial, según un proceso diseñado y supervisado por el despacho

Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Pulseras telemáticas: qué arriesga quien no lleva o inutiliza el dispositivo en España

Hablar con un abogado 06 89 11 34 45

La consulta «pulseras telemáticas» se busca ahora en España. Este texto no describe ningún incidente, ningún fallo técnico concreto ni ninguna causa en curso: en este pase no se ha leído un documento oficial sobre el hecho que haya podido disparar la búsqueda, y por eso no se afirma ninguno. La pregunta que sí puede responderse con las leyes leídas es otra: qué base legal tiene el control telemático de una prohibición de aproximarse y qué arriesga, según el derecho penal estatal español, la persona obligada que no lleva el dispositivo, no lo mantiene en funcionamiento o lo inutiliza.

La respuesta corta tiene tres partes. La pulsera no es una pena autónoma: vigila una prohibición de aproximarse, de comunicarse o de acudir a un lugar que un juez ya ha acordado. Inutilizar o perturbar el dispositivo, no llevarlo consigo u omitir las medidas exigibles para que funcione es un delito propio, castigado con multa de seis a doce meses por el artículo 468.3 del Código Penal. Acercarse a la persona protegida es otra conducta: cuando esta es una de las personas del artículo 173.2, el quebrantamiento se castiga en todo caso con prisión de seis meses a un año, y el incumplimiento de una medida cautelar obliga al juez a convocar una comparecencia en la que puede acordarse una medida más restrictiva.

El método es de alcance general. Se limita al derecho estatal español de los textos consolidados del BOE leídos en este pase. Por Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París, como información sobre derecho extranjero, sin inscripción ni ejercicio en España.

I. Qué es jurídicamente una pulsera telemática en España

A. Un instrumento de control al servicio de una prohibición

Quien busca «pulseras telemáticas» encuentra sobre todo explicaciones técnicas: un brazalete, un receptor, una distancia, un aviso. La ley española no usa la palabra pulsera. Habla de medios electrónicos, de instrumentos con la tecnología adecuada, de dispositivos telemáticos, de aparatos electrónicos y de dispositivos técnicos. Esa variedad no es un detalle de estilo. Cada expresión aparece en un texto distinto y corresponde a un momento distinto del proceso penal: la investigación, la sentencia, la suspensión de la pena o la libertad vigilada que sigue a la prisión.

El punto de partida es el artículo 48 del Código Penal, en el texto consolidado leído en este pase, cuya última actualización publicada es del 9 de abril de 2026. La página del BOE advierte que la consolidación es informativa y que, para fines jurídicos, debe consultarse la publicación oficial. El artículo 48 describe tres privaciones de derechos. La primera impide residir o acudir al lugar del delito o al lugar en que resida la víctima o su familia. La segunda, la prohibición de aproximarse, impide al penado acercarse a la víctima, a los familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, en cualquier lugar donde se encuentren, y también a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro lugar frecuentado por ellos. La tercera, la prohibición de comunicarse, impide cualquier contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio, incluido el informático o telemático. El mismo artículo añade una consecuencia que suele pasar desapercibida: mientras dura la prohibición de aproximarse, queda en suspenso respecto de los hijos el régimen de visitas, comunicación y estancia que se hubiera reconocido en una sentencia civil, hasta el total cumplimiento de la pena. Y cierra con la frase que sostiene todo el sistema de control: «El juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a través de aquellos medios electrónicos que lo permitan.» Esa es la base, dentro del Código Penal, de lo que el lenguaje corriente llama pulsera. El verbo es «podrá»: el control electrónico no acompaña de forma automática a toda prohibición, sino que el juez o tribunal lo acuerda.

De ahí se sigue la idea central de este texto. La pulsera no crea por sí sola la obligación de mantenerse lejos de alguien. Esa obligación nace de la prohibición acordada en una resolución judicial. El dispositivo verifica su cumplimiento. Por eso conviven dos deberes distintos para la persona obligada: respetar la distancia o la prohibición, y mantener operativo el medio de control. La ley penal los trata por separado, con penas distintas, como se verá en la segunda parte.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género recoge la misma herramienta en el terreno cautelar. Su artículo 64.3 permite al juez prohibir al inculpado que se aproxime a la persona protegida en cualquier lugar donde se encuentre, así como a su domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier otro frecuentado por ella. A continuación dispone: «Podrá acordarse la utilización de instrumentos con la tecnología adecuada para verificar de inmediato su incumplimiento.» Y añade que «El Juez fijará una distancia mínima entre el inculpado y la persona protegida que no se podrá rebasar, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.» La distancia, por tanto, no la fija el aparato ni un protocolo técnico: la fija la resolución judicial.

El ámbito de esa ley orgánica está definido en su artículo 1. Comprende la violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Desde 2021, el apartado 4 de ese artículo incluye también la violencia ejercida sobre familiares o allegados menores de edad con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres. Fuera de ese ámbito, el control telemático sigue siendo posible, pero se apoya en los demás textos.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el texto consolidado leído en este pase, con última actualización publicada el 9 de abril de 2026, contiene una tercera base. El último párrafo de su artículo 544 bis se refiere a la investigación de los delitos de violencia sexual a los que remite el propio precepto, a través de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual de 2022. Para esos casos, si se acuerda alguna de las medidas de protección de la víctima previstas en el precepto, el texto dice que «podrá acordarse mediante resolución motivada la utilización de dispositivos telemáticos para el control de su cumplimiento». Según el texto consolidado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la redacción vigente del artículo 544 bis procede de una modificación publicada el 9 de abril de 2026 y en vigor desde el 10 de abril de 2026.

La cuarta base pertenece a la fase posterior a la condena. El artículo 106 del Código Penal define la libertad vigilada como el sometimiento del condenado a control judicial mediante una o varias medidas. La primera de la lista obliga al condenado a estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan seguirlo de forma permanente. Esa medida se impone en sentencia para cumplirse después de la pena de prisión cuando el Código lo prevé de forma expresa, y el artículo 173.2 la permite, por ejemplo, en los supuestos de violencia habitual en el ámbito familiar.

En resumen, el control telemático tiene en España cuatro apoyos legales distintos, y siempre acompaña a otra medida: una prohibición del artículo 48, una medida cautelar de alejamiento o una medida de libertad vigilada. Para saber qué obliga exactamente a una persona hay que leer la resolución que la acordó.

B. Quién la acuerda, en qué momento del proceso y con qué garantías

Durante la investigación, el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite imponer cautelarmente la prohibición de residir en un lugar, de acudir a determinados lugares o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas. El supuesto es la investigación de un delito de los mencionados en el artículo 57 del Código Penal, y el juez o tribunal solo puede acordarlo de forma motivada y cuando sea estrictamente necesario para proteger a la víctima o evitar la reiteración delictiva. La ley obliga además a tener en cuenta la situación económica del inculpado, su salud, su situación familiar y su actividad laboral, con atención especial a la continuidad de esta última.

La lista del artículo 57 del Código Penal es amplia. Comprende los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio, el orden socioeconómico y las relaciones familiares. La medida cautelar de alejamiento, y con ella su posible control telemático, no está reservada a la violencia de género.

La orden de protección del artículo 544 ter es el cauce más conocido. El juez de instrucción la dicta para las víctimas de violencia doméstica cuando existen indicios fundados de un delito contra la vida, la integridad física o moral, la libertad sexual, la libertad o la seguridad de alguna de las personas del artículo 173.2 del Código Penal, y resulta una situación objetiva de riesgo que requiere alguna de las medidas de protección del artículo. La puede acordar el juez de oficio, o a instancia de la víctima, de una persona con alguna de esas relaciones o del Ministerio Fiscal. La solicitud puede presentarse ante la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal, ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en las oficinas de atención a la víctima o ante los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las administraciones públicas, que deben remitirla de forma inmediata al juez competente.

Recibida la solicitud, el juez de guardia convoca una audiencia urgente a la víctima o su representante legal, al solicitante y al presunto agresor, asistido en su caso de abogado, y al Ministerio Fiscal. La audiencia debe celebrarse en un plazo máximo de setenta y dos horas desde la presentación de la solicitud, y las declaraciones se toman por separado para evitar la confrontación. Después, el juez resuelve mediante auto. Las medidas penales de la orden pueden ser cualesquiera de las previstas en la legislación procesal criminal, con los requisitos, el contenido y la vigencia que esa legislación establece. Las medidas civiles tienen una vigencia de treinta días; si dentro de ese plazo la víctima o su representante legal inicia un proceso de familia ante la jurisdicción civil, permanecen en vigor durante los treinta días siguientes a la presentación de la demanda, plazo en el que deben ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el juez civil competente.

Cuando el procedimiento se refiere a violencia de género, la Ley Orgánica 1/2004 añade tres garantías. Su artículo 61.2 obliga al juez competente a pronunciarse en todo caso, de oficio o a instancia de las víctimas, de los hijos, de las personas que convivan con ellas, del Ministerio Fiscal o de la administración de la que dependan los servicios de atención, sobre la pertinencia de las medidas cautelares y de aseguramiento, especialmente las de los artículos 64, 65 y 66, determinando su plazo y su régimen de cumplimiento. Su artículo 68 exige un auto motivado que aprecie la proporcionalidad y la necesidad de la medida, con intervención del Ministerio Fiscal y respeto de los principios de contradicción, audiencia y defensa. Su artículo 69 permite mantener las medidas tras la sentencia definitiva y durante la tramitación de los recursos, siempre que la sentencia lo haga constar.

En la sentencia, el artículo 57.1 del Código Penal permite imponer una o varias de las prohibiciones del artículo 48, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, por un tiempo que no excederá de diez años si el delito es grave o de cinco si es menos grave. Si la condena es a prisión, la prohibición dura entre uno y diez años más que la prisión impuesta, si el delito es grave, o entre uno y cinco años más, si es menos grave, y ambas se cumplen de forma simultánea. El apartado 2 endurece la regla: cuando el delito se comete contra quien sea o haya sido cónyuge o pareja, aun sin convivencia, o contra los demás familiares y personas vulnerables que enumera, la prohibición de aproximarse del artículo 48.2 se acuerda en todo caso. Para los delitos leves de la misma lista, el apartado 3 limita las prohibiciones a seis meses.

Si la pena de prisión se suspende, el artículo 83 del Código Penal permite condicionar la suspensión a la prohibición de aproximarse a la víctima o de comunicar con ella. Cuando se trata de delitos cometidos sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge o pareja, aun sin convivencia, esa prohibición se impone siempre, junto con las reglas 4.ª y 6.ª del mismo apartado; la misma regla rige para los delitos contra la libertad sexual, el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina y la trata de seres humanos. El apartado 3 ordena comunicar la prohibición a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que velan por su cumplimiento, y comunicar de inmediato al Ministerio Fiscal y al juez o tribunal de ejecución cualquier posible quebrantamiento.

Para la persona obligada y para la persona protegida, el documento decisivo es siempre el mismo: la resolución, auto o sentencia, que fija la prohibición, las personas protegidas, la distancia, la duración y, en su caso, el control por medios electrónicos. Sin esa resolución no puede saberse si el dispositivo es obligatorio, qué distancia activa una alerta ni hasta cuándo dura la medida. Otros contenidos informativos en español del despacho, todos de alcance general, se reúnen en la sección en español del despacho.

II. Qué ocurre cuando el dispositivo deja de controlar la medida

A. El artículo 468.3, el artículo 468.2 y el importe de la multa

El tipo penal específico está en el capítulo del Código Penal dedicado al quebrantamiento de condena. El apartado 3 del artículo 468 castiga con multa de seis a doce meses a quienes inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, medidas de seguridad o medidas cautelares, a quienes no los lleven consigo y a quienes omitan las medidas exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento. Según las notas del texto consolidado, ese apartado se añadió en 2015 y su redacción está en vigor desde el 1 de julio de 2015.

El precepto describe cuatro conductas distintas. La primera es inutilizar el dispositivo, es decir, dejarlo sin capacidad de cumplir su función. La segunda es perturbar su funcionamiento normal, lo que no exige destruirlo. La tercera es no llevarlo consigo, una conducta de simple omisión que no requiere tocar el aparato. La cuarta es omitir las medidas exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento. La falta de carga de la batería es la hipótesis que esta última expresión parece cubrir de manera más natural, pero qué medida era exigible en un caso concreto y si se omitió es una cuestión de hecho que debe probarse en cada procedimiento. El texto describe conductas de la persona obligada; un fallo del sistema que no tenga su origen en ninguna de esas conductas no aparece descrito en el precepto.

El ámbito del apartado 3 abarca los tres momentos vistos en la primera parte. Los dispositivos pueden haberse dispuesto para controlar penas, medidas de seguridad o medidas cautelares. Por eso el mismo delito puede cometerse durante la investigación, tras una orden de protección, durante el cumplimiento de una pena de alejamiento o durante una libertad vigilada.

La pena es de multa de seis a doce meses, y el Código Penal la calcula por el sistema de días multa del artículo 50. Cuando la duración se fija por meses, cada mes se computa como treinta días, de modo que seis meses equivalen a 180 días y doce meses a 360 días. La cuota diaria va de un mínimo de 2 euros a un máximo de 400 euros para las personas físicas. El marco teórico de la multa va, por tanto, de 360 euros (180 días a 2 euros) a 144.000 euros (360 días a 400 euros). El juez fija motivadamente la extensión dentro de ese marco, y fija la cuota teniendo en cuenta exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales. Por causa justificada, puede autorizar el pago en un plazo que no exceda de dos años desde la firmeza de la sentencia, de una vez o a plazos; el impago de dos plazos hace vencer los restantes.

La multa impagada tiene una consecuencia personal. El artículo 53 establece una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. En una multa de 180 días, el impago total equivale a 90 días; en una de 360 días, a 180 días. Con la conformidad del penado, el juez puede acordar que esa responsabilidad se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad, a razón de una jornada por cada día. El cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria extingue la obligación de pago, aunque mejore después la situación económica del penado.

Acercarse a la persona protegida, entrar en la zona prohibida o comunicarse con ella es otra conducta, con otra pena. El apartado 1 del artículo 468 castiga a quienes quebrantan su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia con prisión de seis meses a un año si están privados de libertad, y con multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos. El apartado 2 introduce la regla más severa: impone en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a quienes quebranten una pena del artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos penales en los que el ofendido sea alguna de las personas del artículo 173.2, así como a quienes quebranten la medida de libertad vigilada. Esa regla fija la diferencia práctica: la multa del apartado 3 sanciona el ataque al medio de control; la prisión del apartado 2 sanciona el incumplimiento de la prohibición misma.

Las personas del artículo 173.2 son quien sea o haya sido cónyuge, la persona que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que convivan con él o estén sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, la persona integrada en el núcleo de su convivencia familiar y las personas especialmente vulnerables sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados. Si la persona protegida no está en esa lista, el quebrantamiento de la prohibición se rige por el apartado 1.

Puede ocurrir que una misma secuencia de hechos combine las dos conductas: el dispositivo deja de funcionar y, después, hay un acercamiento. El texto describe dos comportamientos distintos con penas distintas. Cómo se califican en un caso concreto, como uno o como varios delitos, es una cuestión de calificación jurídica que depende de los hechos probados y que este texto no resuelve sin una resolución judicial leída sobre ese punto.

El artículo 173.2 contiene, además, una agravación propia. Cuando alguno de los actos de violencia habitual que castiga se realiza quebrantando una pena del artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza, las penas se imponen en su mitad superior. Y en la libertad vigilada, el artículo 106.4 prevé que el juez o tribunal, ante un incumplimiento, pueda modificar las obligaciones o prohibiciones; si el incumplimiento es reiterado o grave, revelador de la voluntad de no someterse a ellas, el juez debe además deducir testimonio por un presunto delito del artículo 468.

B. La respuesta procesal y lo que puede pedir la persona protegida

La sanción penal llega al final de un proceso. Antes, el incumplimiento tiene una consecuencia procesal inmediata. El cuarto párrafo del artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que, en caso de incumplimiento por parte del inculpado de la medida acordada, el juez o tribunal convocará la comparecencia del artículo 505 para la adopción de la prisión provisional en los términos del artículo 503, de la orden de protección del artículo 544 ter o de otra medida cautelar que implique una mayor limitación de su libertad personal. Para decidir, según el mismo párrafo, el juez tiene en cuenta la incidencia del incumplimiento, sus motivos, su gravedad y sus circunstancias, sin perjuicio de las responsabilidades que del incumplimiento puedan resultar.

La prisión provisional no es automática. El artículo 505 exige una audiencia, que debe celebrarse en el plazo más breve posible dentro de las setenta y dos horas siguientes a la puesta del detenido a disposición judicial, con asistencia de letrado, y en ella el Ministerio Fiscal o una parte acusadora debe pedir la prisión o la libertad con fianza; si ninguna parte la pide, el juez acuerda la libertad del detenido. El artículo 503 fija los requisitos. Por regla general, el delito debe estar castigado con una pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, salvo antecedentes penales no cancelados por delito doloso. Sin embargo, cuando el fin perseguido es evitar que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente si es una de las personas del artículo 173.2 del Código Penal, ese límite de pena no se aplica. Así, el incumplimiento de un alejamiento puede abrir el debate sobre la prisión provisional aunque el delito investigado tenga una pena máxima inferior a dos años.

Si la prohibición se impuso como condición de una suspensión de la pena, el artículo 86 del Código Penal ordena revocar la suspensión cuando el penado incumple de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes impuestos conforme al artículo 83. Si el incumplimiento no es grave ni reiterado, el juez o tribunal puede imponer nuevas prohibiciones o prorrogar el plazo de suspensión, sin exceder de la mitad del inicialmente fijado. En todos los casos resuelve tras oír al Fiscal y a las demás partes, pero puede revocar la suspensión y ordenar el ingreso inmediato en prisión cuando resulte imprescindible para evitar el riesgo de reiteración delictiva o de huida, o para asegurar la protección de la víctima.

La persona protegida tiene, por su parte, derechos de información precisos. La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, en el texto consolidado leído en este pase, con última actualización publicada el 7 de septiembre de 2022, enumera en su artículo 7 las resoluciones que se notifican a la víctima. Entre ellas figuran las que acuerdan la prisión o la posterior puesta en libertad del infractor y su posible fuga, y las que acuerdan medidas cautelares personales o modifican las ya acordadas cuando tenían por objeto garantizar la seguridad de la víctima. Estas comunicaciones incluyen, al menos, la parte dispositiva y un breve resumen del fundamento, y se remiten a la dirección de correo electrónico de la víctima o, excepcionalmente, por correo ordinario.

Para las víctimas de violencia de género, el apartado 3 del mismo artículo 7 del Estatuto de la víctima del delito dispone que esas dos categorías de resoluciones se les notifican sin necesidad de que lo soliciten, salvo que manifiesten su deseo de no recibirlas. El apartado 4 permite pedir información sobre la situación del procedimiento, salvo que ello pueda perjudicar el correcto desarrollo de la causa. Cuando existe orden de protección, el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal añade el deber de informar permanentemente a la víctima sobre la situación procesal del investigado o encausado y sobre el alcance y la vigencia de las medidas cautelares, incluida su situación penitenciaria.

La persona protegida también puede pedir. El artículo 544 ter permite acordar la orden de protección durante un procedimiento penal en curso cuando surge una situación de riesgo para alguna de las personas vinculadas con el investigado o encausado. En los procedimientos de violencia de género, el artículo 61.2 de la Ley Orgánica 1/2004 obliga al juez a pronunciarse sobre las medidas también a instancia de las víctimas. Y el artículo 19 del Estatuto de la víctima del delito impone a las autoridades encargadas de la investigación, persecución y enjuiciamiento la adopción de las medidas necesarias, conforme a la ley procesal, para garantizar la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y la seguridad de la víctima y de sus familiares. Ningún texto leído promete un resultado: lo que garantizan es un cauce para pedir y una obligación de resolver.

Un punto conviene no perder de vista cuando el debate público gira en torno a los fallos técnicos. Si el dispositivo deja de funcionar, la prohibición que controla no desaparece: sigue vigente en los términos de la resolución que la acordó. La pulsera es un medio de verificación, no la fuente de la obligación. Por eso, una incidencia técnica no autoriza a la persona obligada a acercarse, y tampoco deja a la persona protegida sin el respaldo de la resolución judicial, que puede hacerse valer ante cualquier autoridad y administración pública cuando se trata de una orden de protección.

En la práctica, quien tenga que demostrar algo en este terreno, sea la persona protegida o la persona obligada, depende de los mismos documentos. La copia de la resolución que fija la prohibición, la distancia, la duración y el control telemático; las notificaciones recibidas al amparo del artículo 7 del Estatuto; las fechas y horas de cada incidencia conocida; y las comunicaciones mantenidas con las autoridades. Para la defensa de la persona obligada, la cuestión de hecho será si hubo inutilización, perturbación, falta de porte u omisión de una medida exigible, o un fallo ajeno a su conducta. Para la persona protegida, la cuestión será si el riesgo justifica pedir una medida distinta o más intensa. En ambos casos, la respuesta depende de pruebas concretas y de la decisión del juez competente.

Este texto no examina el protocolo técnico de los dispositivos, la organización del servicio de seguimiento, la normativa autonómica de asistencia a las víctimas ni la jurisprudencia sobre el artículo 468.3, que no se ha leído en una fuente oficial durante este pase. Tampoco describe ningún incidente concreto ni atribuye a nadie conducta alguna.

Conclusión

La pulsera telemática no es una pena ni una medida autónoma en el derecho español. Es el medio electrónico que el juez o tribunal puede acordar para verificar una prohibición de aproximarse, de comunicarse o de acudir a un lugar, sobre la base del artículo 48.4 del Código Penal, del artículo 64.3 de la Ley Orgánica 1/2004 en violencia de género, del último párrafo del artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los delitos a los que remite la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, y del artículo 106 del Código Penal en la libertad vigilada. La resolución que la acuerda fija la distancia, la duración y las personas protegidas, con auto motivado y audiencia en la fase cautelar.

Cuando la persona obligada inutiliza o perturba el dispositivo, no lo lleva consigo u omite las medidas exigibles para mantenerlo en funcionamiento, el artículo 468.3 prevé una multa de seis a doce meses, es decir, de 180 a 360 días multa con una cuota diaria de 2 a 400 euros, y su impago puede convertirse en privación de libertad a razón de un día por cada dos cuotas. Cuando se incumple la prohibición misma y la persona protegida es una de las del artículo 173.2, la pena es de prisión de seis meses a un año en todo caso. El incumplimiento de una medida cautelar obliga además al juez a convocar una comparecencia en la que puede acordarse la prisión provisional, sin el límite general de pena cuando se trata de proteger a la víctima, y el incumplimiento grave o reiterado de las condiciones de una suspensión lleva a su revocación.

La persona protegida recibe por ley la notificación de las resoluciones que afectan a su seguridad, sin necesidad de pedirla en los casos de violencia de género, y puede solicitar nuevas medidas cuando surge un riesgo nuevo. Queda por establecer, porque no consta en un documento oficial leído en este pase, el hecho concreto que haya podido disparar la búsqueda, y queda por acreditar en cada expediente la resolución aplicable, la conducta atribuida y su prueba. El método expuesto es de alcance general; los textos consolidados son informativos y no sustituyen la publicación oficial.

📄 Circular oficial