Su hijo nació en Francia y ustedes son extranjeros. En la maternidad les dijeron que el acta de nacimiento francesa no equivale a la nacionalidad francesa, y desde entonces viven con una pregunta que parece sencilla pero no lo es: ¿mi hijo es francés, puede llegar a serlo y qué debo probar para que nadie lo ponga en duda? Esta pregunta llega al despacho con formas muy concretas: un adolescente de diecisiete años que necesita un documento de identidad para inscribirse en un examen, una familia a la que la prefectura pide aclarar la situación administrativa del hijo, un joven de dieciocho años al que el empleador pide un justificante de nacionalidad, o unos padres que quieren anticipar la declaración cuando el hijo cumple trece o dieciséis años. En todos estos casos, el derecho francés no responde con un sí automático. Responde con tres caminos distintos según la edad, con una condición central de residencia habitual de cinco años y con un régimen de prueba exigente que los tribunales controlan de cerca.
Conviene fijar desde el principio una distinción que evita la mayoría de los errores. Ser hijo de francés, lo que los juristas llaman filiación (el vínculo jurídico de padre o madre con el hijo), no es lo mismo que haber nacido en Francia de padres extranjeros. El artículo 18 del Código civil dispone que es francés el niño cuyo padre o madre al menos es francés. En ese caso la nacionalidad se transmite por la filiación, con independencia del lugar de nacimiento. El caso de este artículo es el inverso: el niño nace en territorio francés pero sus dos padres son extranjeros. Entonces no hay transmisión automática por filiación. Hay una adquisición ligada al nacimiento en Francia combinado con la residencia en Francia, lo que en el debate público se llama derecho de suelo (droit du sol, la adquisición de la nacionalidad por nacer y residir en el territorio). Este derecho de suelo francés no funciona como un interruptor el día del nacimiento. Funciona como un recorrido: residencia habitual durante años, declaración anticipada posible en la adolescencia y adquisición a la mayoría de edad si se cumplen las condiciones.
El segundo punto que debe quedar claro es que ciudadano de la Unión Europea y nacional de un tercer país no están en la misma situación práctica, aunque la regla de nacionalidad del hijo sea la misma. Para un hijo de padres españoles, italianos o portugueses nacido en Francia, la adquisición de la nacionalidad francesa plantea sobre todo una cuestión de doble nacionalidad y de prueba de residencia escolar, porque el hijo ya circula y reside legalmente en Francia como ciudadano europeo. Para un hijo de padres extracomunitarios, la misma adquisición puede además cambiar por completo su derecho a permanecer en Francia sin título de residencia, su acceso al trabajo y la actitud de la administración ante un control. El artículo explica las tres vías con sus pruebas y sus recursos, y señala en cada momento dónde la situación europea y la extracomunitaria se separan en la práctica.
La regla de fondo está en dos artículos que conviene leer juntos. El artículo 21-7 del Código civil establece que todo niño nacido en Francia de padres extranjeros adquiere la nacionalidad francesa a su mayoría de edad si, en esa fecha, reside en Francia y ha tenido su residencia habitual en Francia durante un período continuo o discontinuo de al menos cinco años desde la edad de once años. El texto oficial dice: Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. Traducción explicativa: el niño nacido en Francia de padres extranjeros se hace francés al cumplir dieciocho años cuando en ese momento vive en Francia y ha vivido habitualmente en Francia al menos cinco años desde que cumplió once, seguidos o con interrupciones. El artículo 21-11 del Código civil abre la vía anticipada durante la minoría de edad: el menor nacido en Francia de padres extranjeros puede reclamar la nacionalidad francesa por declaración a partir de los dieciséis años, y sus padres pueden reclamarla en su nombre a partir de los trece años. En este segundo caso, la residencia habitual de cinco años se cuenta desde los ocho años. El texto oficial dice: L’enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l’âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration. Traducción explicativa: el menor nacido en Francia de padres extranjeros puede pedir la nacionalidad francesa mediante declaración a partir de los dieciséis años, y a partir de los trece si la presentan sus padres en su nombre.
I. Cuándo su hijo nacido en Francia se hace francés: mayoría automática y declaración anticipada
La primera idea que debe retenerse es que la ley fija momentos precisos y no deja la adquisición al azar. A los dieciocho años, la adquisición puede producirse de pleno derecho si se reúnen las dos condiciones del artículo 21-7: residir en Francia el día de la mayoría y acreditar cinco años de residencia habitual desde los once. Entre los trece y los dieciocho, la familia puede tomar la iniciativa mediante la declaración del artículo 21-11. Antes de los trece, en cambio, el niño nacido en Francia de padres extranjeros no dispone de esta vía de declaración, salvo situaciones especiales como la adopción simple por un francés o la recogida por un francés o por la ayuda social a la infancia, previstas en el artículo 21-12 del Código civil. Cada momento tiene su lógica, sus pruebas y sus riesgos.
A. A los dieciocho años: una adquisición de pleno derecho condicionada a cinco años de residencia habitual
La adquisición a la mayoría se describe a veces como automática, y esa palabra es engañosa. Es de pleno derecho en el sentido de que no requiere una solicitud ni una decisión discrecional de la administración cuando se cumplen las condiciones. Pero esas condiciones existen y pueden ser discutidas años después por el director de los servicios de la secretaría judicial (directeur des services de greffe judiciaires, el funcionario del tribunal judicial competente para recibir declaraciones y expedir certificados de nacionalidad), por el ministerio público (ministère public, los magistrados que representan el interés de la sociedad ante los tribunales) o por una administración que pide un certificado de nacionalidad francesa (certificat de nationalité française, el documento oficial que acredita la nacionalidad y que solo expide la secretaría del tribunal judicial).
La primera condición es la residencia en Francia el día de la mayoría. La segunda es la residencia habitual durante al menos cinco años, continuos o discontinuos, desde los once. Residencia habitual (résidence habituelle, el lugar donde la persona vive de forma estable y efectiva, con sus vínculos familiares y sus intereses materiales) no significa presencia ininterrumpida cada día ni escolarización perfecta. Significa una implantación estable en Francia: domicilio familiar, escolarización, seguimiento médico, actividades, vida social. Los períodos pasados fuera de Francia no destruyen automáticamente la condición si el conjunto sigue mostrando una vida centrada en Francia, porque la ley admite expresamente períodos discontinuos. Pero una ausencia larga sin vínculos conservados, una escolarización en el extranjero durante varios años del período de referencia o una familia instalada fuera pueden romper la habitualidad.
El período de referencia es estricto: entre los once y los dieciocho años hay siete años, y deben encontrarse en ellos al menos cinco de residencia habitual. Un joven que llegó a Francia a los catorce y cumple dieciocho solo acumula cuatro años en el período útil, y no cumple la condición aunque viva en Francia el día de la mayoría. Un joven nacido en Francia pero que vivió fuera entre los once y los quince y regresó a los dieciséis tampoco llega a cinco años útiles. En cambio, un joven nacido en Francia, escolarizado del curso preparatorio al bachillerato con una interrupción de un año en el extranjero, sí puede cumplirla porque la ley permite sumar períodos discontinuos.
Existe además una facultad poco conocida que confirma que la adquisición a la mayoría no es una imposición ciega. El artículo 21-8 del Código civil permite al interesado rechazar la condición de francés (décliner la qualité de Français, acto formal por el que el joven declara que no quiere adquirir la nacionalidad francesa) en los seis meses anteriores a la mayoría o en los doce meses siguientes, siempre que pruebe que tiene la nacionalidad de otro Estado. Si lo hace en el año posterior, se considera que nunca fue francés. Esta declinación interesa sobre todo a jóvenes cuya otra nacionalidad prohíbe o limita la doble nacionalidad, o a familias que por razones personales o profesionales prefieren conservar una única nacionalidad. Debe prepararse con antelación, porque exige probar la otra nacionalidad y respetar plazos cortos.
La jurisprudencia muestra que los tribunales aplican el artículo 21-7 con rigor sobre las fechas. La Corte de Casación (Cour de cassation, el tribunal supremo francés para el orden judicial, que controla la correcta aplicación de la ley sin rejuzgar los hechos), en su sentencia de 5 de septiembre de 2018, recurso 17-23.255, recordó que la adquisición y la pérdida de la nacionalidad se rigen por la ley vigente en el momento del hecho al que la ley atribuye sus efectos, y examinó con detalle el período de residencia exigible según la edad de mayoría aplicable. La lección práctica es que el cálculo de los cinco años no se improvisa: debe reconstruirse año por año entre los once y los dieciocho, con documentos de cada curso. Y en su sentencia de 13 de abril de 2016, recurso 15-17.056, la misma Corte confirmó el rechazo de una acción declarativa de nacionalidad porque la interesada no demostraba cinco años de residencia habitual en el período de referencia: los certificados escolares se contradecían sobre un curso entero, el director de la escuela solo confirmaba dos años y el tribunal consideró que la carga de la prueba no estaba cumplida. La enseñanza es directa: un solo curso sin justificar puede hacer fracasar todo el expediente si faltan otros cuatro o cinco años sólidos.
Un caso reciente ilustra el extremo contrario, cuando el expediente sí convence. El tribunal judicial de Béziers, en su sentencia de 20 de abril de 2026, RG 25/01671, ordenó expedir el certificado de nacionalidad a un joven nacido en Francia en septiembre de 2005 al que la secretaría lo había denegado por falta de prueba de cinco años entre 2016 y 2023 y de residencia el día de la mayoría en 2024. El tribunal reunió un conjunto de indicios (faisceau d’indices, conjunto de elementos concordantes que, tomados juntos, demuestran un hecho aunque ninguno baste por sí solo): certificados de escolarización en dos colegios durante tres años y cuatro meses, seguimiento de la misión local para la búsqueda de empleo desde octubre de 2022, actos médicos y afiliación a la caja de enfermedad, hoja de asistencia al examen de seguridad vial y diecisiete testimonios concordantes de presencia continua. El tribunal concluyó que el conjunto acreditaba vínculos familiares e intereses materiales fijados de forma estable y efectiva en Francia durante al menos cinco años desde los once, y ordenó la expedición. Este caso enseña el método correcto: no un documento milagroso, sino una carpeta cronológica completa donde cada año del período útil está cubierto por al menos una prueba seria.
B. Entre los trece y los dieciocho: la declaración anticipada que asegura la nacionalidad antes de la mayoría
Esperar a los dieciocho años no siempre es la mejor estrategia. Un adolescente puede necesitar la nacionalidad antes para obtener un documento de identidad, viajar, trabajar o simplemente estabilizar su situación. El artículo 21-11 ofrece dos ventanas. Entre los trece y los quince incluidos, los representantes legales (padres o tutor que ejercen la patria potestad, lo que en francés se llama autorité parentale) reclaman la nacionalidad en nombre del menor, con su consentimiento, y deben probar cinco años de residencia habitual desde los ocho. A partir de los dieciséis, el propio menor presenta la declaración, y los cinco años se cuentan desde los once. En ambos casos debe residir en Francia el día de la declaración.
El procedimiento está descrito por la ficha oficial Nacionalidad francesa de un niño nacido en Francia de padres extranjeros del portal Service-public. La declaración se recibe ante el director de los servicios de la secretaría judicial del tribunal judicial (o ante el cónsul si el interesado vive en el extranjero, situación rara en esta materia). Las formas de recepción se fijan por decreto del Consejo de Estado, según el artículo 26 del Código civil, que además prevé que se expide un recibo (récépissé) tras entregar los documentos necesarios para probar la admisibilidad. En la práctica, la secretaría exige el acta de nacimiento del menor, su documento de identidad, la prueba de residencia en Francia el día de la declaración, todos los documentos que prueben cinco años de residencia habitual en el período útil, la prueba de que los representantes legales ejercen la patria potestad y sus documentos de identidad. Para familias que han viajado al espacio Schengen desde un Estado exterior en los cinco años anteriores, puede pedirse además el pasaporte. Cada tribunal tiene sus formularios y su lista de piezas, pero el esqueleto es siempre el mismo: identidad, filiación, residencia actual y cinco años útiles documentados año por año.
Dos plazos protegen al declarante una vez presentada la carpeta completa. Si la secretaría no responde en seis meses desde el recibo, la declaración se considera registrada, es decir aceptada, y surte efecto en la fecha de su suscripción. Si la secretaría deniega expresamente el registro, notifica una decisión motivada e indica las vías de recurso. El ministerio público dispone además de dos años para impugnar un registro si las condiciones no se cumplían, y de dos años desde su descubrimiento en caso de mentira o fraude. Este doble candado explica por qué una declaración registrada sin fraude y con condiciones reales queda consolidada, pero también por qué una carpeta frágil puede ser atacada después.
El contencioso de la declaración anticipada es frecuente y tiene un ejemplo reciente muy pedagógico. El tribunal judicial de Nancy, en su sentencia de 28 de mayo de 2025, RG 23/01494, anuló la denegación de registro opuesta por la secretaría del tribunal de Mulhouse a la declaración suscrita el 11 de octubre de 2022 por un menor nacido en octubre de 2008, declaró que el niño había adquirido la nacionalidad francesa por esa declaración conforme al artículo 21-11, ordenó a la secretaría registrarla y ordenó la mención al margen del acta de nacimiento prevista en el artículo 28 del Código civil. El caso muestra tres puntos: la denegación de registro no es la última palabra, el juez verifica año por año la residencia habitual desde los ocho cuando la declaración se presenta a los trece o catorce, y la sentencia se traduce en una mención marginal que asegura el estado civil para el futuro.
Para las familias conviene añadir una advertencia sobre los documentos de viaje de los padres. Cuando los padres son ciudadanos de la Unión Europea, la prueba de residencia del hijo suele ser sencilla porque la familia conserva certificados escolares, avisos de impuestos y afiliación sanitaria sin rupturas ligadas a la irregularidad. Cuando los padres son nacionales de terceros países con períodos de irregularidad o con pasaportes renovados tardíamente, la secretaría puede pedir pasaportes y visados para cubrir los huecos, y la familia debe preparar explicaciones coherentes. En ningún caso la irregularidad de los padres priva por sí sola al hijo de su derecho: las condiciones son las del hijo, su residencia y su edad. Pero en la práctica, un expediente de padres extracomunitarios exige más pedagogía documental, porque cada ausencia de sello o cada cambio de domicilio debe compensarse con otra prueba del mismo año.
II. Probar cinco años y recurrir cuando la administración dice no: método, certificado y juez
La mayoría de los fracasos no vienen de la ley, sino de la prueba. Las familias creen que el acta de nacimiento francesa basta, descubren años después que la secretaría pide cinco años de vida en Francia documentados, y reconstruyen a toda prisa con dos certificados sueltos. Los tribunales, en cambio, razonan por períodos: cada año del intervalo útil debe estar cubierto, y los huecos deben explicarse. Esta segunda parte propone un método de prueba, explica el papel del certificado de nacionalidad y detalla los recursos cuando la respuesta es negativa.
A. Qué pruebas reúnen los expedientes que ganan: carga de la prueba, escuela, salud y vida real
La regla de partida está en el artículo 30 del Código civil: la carga de la prueba en materia de nacionalidad francesa incumbe a quien discute su nacionalidad. Traducción explicativa: es el interesado quien debe demostrar que es francés, salvo que ya tenga un certificado de nacionalidad, en cuyo caso es quien lo discute quien debe probar lo contrario. Esta inversión parcial de la carga explica la importancia estratégica del certificado: una vez obtenido regularmente, protege. Pero para obtenerlo hay que probar primero, y ahí se juega todo.
Solo el director de los servicios de la secretaría judicial del tribunal judicial puede expedir el certificado a quien justifique su nacionalidad, según el artículo 31 del Código civil. La solicitud se presenta ante el servicio de nacionalidad del tribunal del domicilio, con el formulario, el acta de nacimiento, los documentos de identidad y todas las pruebas de la residencia habitual. La práctica de los servicios muestra un orden de preferencia: primero, documentos públicos fechados y nominativos que cubren años enteros; después, documentos privados fechados; por último, testimonios que corroboran pero rara vez bastan solos.
La columna vertebral de casi todos los expedientes es la escolarización. Certificados de escolaridad (certificats de scolarité) año por año, boletines con nombre y establecimiento, atestaciones de directores con sello, diplomas y convocatorias a exámenes oficiales forman la prueba más natural de presencia habitual de un niño. La sentencia de Béziers de 2026 aceptó tres años y cuatro meses de escolarización en dos colegios como núcleo del expediente, completado por otros indicios. La sentencia de la Corte de Casación de 2016 rechazó al contrario un expediente donde un curso añadido a posteriori en un certificado contradecía la carta manuscrita del director y el registro de salidas. La lección es que la escuela prueba mucho, pero solo si es coherente: mismos nombres, mismas fechas, mismos establecimientos, sin enmiendas sospechosas. Cuando un curso falta porque el niño estuvo enfermo, viajó o cambió de centro, debe aportarse el documento del mismo año que lo explique: certificado médico, billetes conservados con moderación, justificante del nuevo centro, atestación de la academia.
La segunda capa es la salud y la protección social: carnet de vacunación con fechas, consultas médicas nominativas, afiliación a la caja primaria de seguro de enfermedad como derechohabiente, certificados de la mutua. La tercera capa es la vida administrativa y social: atestaciones de la misión local para los mayores de dieciséis, contratos de aprendizaje, nóminas de pequeños empleos, inscripciones en clubes deportivos o conservatorios con licencias anuales, atestaciones de alcaldías para actividades extraescolares. La cuarta capa son los testimonios: vecinos, profesores, educadores, familias amigas que declaran haber visto al niño regularmente en Francia durante los años litigiosos, con copia de su documento de identidad y fechas precisas. Diecisiete testimonios concordantes pesaron en Béziers, pero solo porque venían encima de escolarización, sanidad y seguimiento documentados. Presentados solos, los testimonios no salvan un expediente vacío.
Un error frecuente consiste en confundir la prueba de la nacionalidad del hijo con la prueba de la regularidad de los padres. Son planos distintos. El hijo nacido en Francia prueba su propia residencia habitual, no el título de residencia de sus padres. Un hijo de padres españoles en situación regular prueba igual que un hijo de padres senegaleses o argelinos: con escuela, médico y vida real. La diferencia práctica es que la familia europea suele conservar más fácilmente rastros administrativos continuos, mientras que la familia extracomunitaria debe a veces explicar cambios de domicilio frecuentes, acogidas por terceros o períodos de alojamiento precario. Esos períodos no son fatales si se documentan con atestaciones del alojante, facturas a nombre de los padres en la misma dirección y pruebas escolares del mismo año. Lo que mata el expediente es el año en blanco: un curso entero sin ningún documento nominativo del niño.
Otro error es creer que un pasaporte extranjero del hijo cierra la puerta. No la cierra. La doble nacionalidad es ampliamente admitida en la combinación franco-española y en muchas otras, y la declinación del artículo 21-8 es una facultad, no una obligación. El hijo puede adquirir la nacionalidad francesa a la mayoría y conservar la otra, salvo que la otra legislación imponga una opción, como ocurre en algunos ordenamientos que exigen optar a cierta edad. Antes de organizar una declinación o de renunciar a la declaración anticipada por miedo a perder la nacionalidad de origen, la familia debe verificar la ley del otro Estado con una fuente oficial y no con un rumor de red social. La SERP general sobre este tema está dominada por vídeos cortos y enciclopedias que mezclan filiación y suelo, mayoría y declaración, y que a veces presentan como automático lo que es condicional. La única brújula fiable son los textos del Código civil y la ficha oficial de Service-public citada arriba.
B. Denegación de registro o de certificado: qué recurso, ante qué juez y en qué plazo
Cuando la secretaría deniega el registro de la declaración o deniega el certificado, la familia tiene dos batallas distintas pero vecinas. La denegación de registro de la declaración del artículo 21-11 se recurre ante el tribunal judicial, que verifica si las condiciones estaban reunidas el día de la suscripción. La denegación de certificado fundado en el artículo 21-7 se combate mediante una acción declarativa de nacionalidad (action déclaratoire de nationalité, demanda ante el tribunal judicial para que declare que una persona es francesa) o una acción de expedición cuando el derecho es claro. En ambos casos el ministerio público es parte, el juez reexamina los hechos y el procedimiento es escrito y documental.
Los plazos son la primera trampa. Contra la denegación de registro de una declaración, el recurso debe interponerse en seis meses desde la notificación, y la notificación indica cómo recurrir. Contra una denegación de certificado, la acción declarativa no está encerrada en el mismo plazo corto, pero dejar pasar los meses debilita la prueba y complica la obtención de documentos escolares antiguos. En la práctica parisina y de la periferia, reunir certificados de escuelas que han cambiado de director, pedir historiales a la caja de enfermedad y localizar testigos lleva semanas. Conviene impugnar rápido y completar después, dentro del calendario fijado por el juez de la puesta en estado (juge de la mise en état, el magistrado que dirige la instrucción escrita del caso antes de la audiencia).
El objeto del juicio es siempre el mismo: ¿residía el interesado en Francia el día crítico y acredita cinco años de residencia habitual en el período útil? El día crítico es la fecha de la declaración para el artículo 21-11 y el día de la mayoría para el artículo 21-7. El período útil es desde los ocho años para la declaración entre trece y quince, desde los once para la declaración desde los dieciséis y para la adquisición a la mayoría. El juez cuenta hacia atrás desde el día crítico y exige cobertura documental. En Nancy, el tribunal verificó la residencia desde los ocho para una declaración de octubre de 2022 de un niño nacido en 2008, anuló la denegación y ordenó el registro con mención marginal. En Béziers, el tribunal reconstruyó el intervalo 2016-2024 para un joven nacido en 2005 y ordenó la expedición por faisceau d’indices. En la Casación de 2016, la Corte validó el rechazo porque un año entero quedaba sin prueba fiable. Tres decisiones, una misma vara: año por año.
La sentencia que reconoce la nacionalidad produce efectos que van más allá del papel. El tribunal ordena la mención al margen del acta de nacimiento conforme al artículo 28, y esa mención asegura el estado civil para futuras solicitudes de documento de identidad y pasaporte. El certificado obtenido después circula con la fuerza del artículo 30: quien lo discuta deberá probar la extranjería. Por eso, incluso cuando el joven ya es mayor y dispone de un título de residencia como europeo o extracomunitario, consolidar la nacionalidad por sentencia o por certificado tiene valor: evita controles repetidos, asegura el derecho de voto y el acceso a empleos reservados a nacionales o europeos, y protege frente a una futura discusión administrativa.
Queda una pregunta que las familias formulan con angustia: ¿y si el hijo vive ahora fuera de Francia? Si la declaración anticipada ya fue registrada o la adquisición a la mayoría ya se produjo con las condiciones cumplidas entonces, una partida posterior no hace perder la nacionalidad. Si las condiciones nunca se cumplieron porque el hijo dejó Francia antes de acumular cinco años útiles y ya no reside en Francia el día crítico, la vía del suelo se cierra. La familia debe entonces explorar otras vías: filiación si un progenitor es o se hace francés, naturalización por decreto años después con residencia estable, o estado de apátrida o de hijo de desconocidos del artículo 19 del Código civil en el caso extremo del niño nacido en Francia de padres desconocidos, que es francés salvo que durante su minoría se establezca su filiación respecto de un extranjero y tenga la nacionalidad de este. Cada una de estas vías tiene sus propias condiciones y no debe mezclarse con el suelo de los artículos 21-7 y 21-11.
Para cerrar el método, una lista de control antes de presentar o recurrir. Acta de nacimiento francesa íntegra del hijo y documentos de identidad de todos. Tabla cronológica desde los ocho o los once años según la vía, con una fila por año escolar y la prueba asociada. Certificados de escolaridad de cada año útil, pedidos a cada establecimiento con sello y firma, sin añadidos manuscritos sospechosos. Pruebas de salud y afiliación que cubran los mismos años. Pruebas de vida social y, si hay huecos, documento del mismo año que los explique. Copia del recibo de declaración y de la denegación cuando se recurre, con el cómputo del plazo de seis meses anotado en la primera página. Con esta carpeta, la familia habla el mismo idioma que la secretaría y que el juez: el idioma de los años probados.
Conclusión
El hijo nacido en Francia de padres extranjeros no es francés por el solo hecho de nacer en una maternidad francesa, pero tampoco está condenado a la incertidumbre. Si reside en Francia a los dieciocho y acredita cinco años de residencia habitual desde los once, la ley lo hace francés conforme al artículo 21-7, con la única reserva de la declinación voluntaria del artículo 21-8 para quien pruebe otra nacionalidad y prefiera no adquirir la francesa. Si necesita la nacionalidad antes, sus padres pueden pedirla desde sus trece años y él mismo desde los dieciséis por la declaración del artículo 21-11, probando cinco años desde los ocho o desde los once según la edad, ante la secretaría del tribunal judicial y con recibo, silencio positivo a los seis meses y control posterior del ministerio público durante dos años. En ambos caminos, la prueba se gana año por año con escuela, salud y vida real, y el certificado de nacionalidad, una vez expedido por el único funcionario competente según el artículo 31, invierte la carga de la prueba a su favor. Y cuando la secretaría deniega el registro o el certificado, el tribunal judicial reexamina todo: anula, declara y ordena registrar o expedir, como lo hicieron Nancy en 2025 para una declaración y Béziers en 2026 para un certificado, mientras la Casación recuerda que un año sin prueba fiable basta para perder.
Para una familia hispanohablante, el mensaje práctico es triple. Primero, no esperar a la crisis del documento de identidad para reconstruir cinco años de vida: pedir cada junio el certificado de escolaridad del curso y archivarlo con la afiliación sanitaria. Segundo, elegir la ventana correcta: trece a quince con los padres si el adolescente necesita pronto la nacionalidad, dieciséis en nombre propio si ya tiene edad, dieciocho de pleno derecho si la residencia actual y los cinco años están claros. Tercero, recurrir cuando la denegación no refleja la vida real, con una carpeta cronológica completa y dentro del plazo de seis meses para la declaración. La nacionalidad del suelo premia la vida vivida en Francia y probada con papeles. Quien la vivió puede probarla, y quien la prueba la conserva con mención al margen y certificado en mano.