Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París.
En México se busca estos días la palabra «huachicolero». Esta nota no relata ningún suceso. No nombra a ninguna persona, empresa ni localidad, y no da por establecido ningún hecho concreto. Parte de una pregunta de alcance general que se hace mucha gente cuando oye hablar de combustible robado: qué responsabilidad penal arriesga no solo quien perfora un ducto, sino también quien compra, recibe, guarda o transporta gasolina, diésel o gas de origen ilícito.
El derecho aplicable es el federal mexicano. La palabra «huachicolero» no figura en la ley. Las conductas se rigen por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, cuyo texto vigente compilado por la Cámara de Diputados, leído el 19 de noviembre de 2026, registra como última reforma la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021. La completan la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Esta información sobre derecho extranjero la prepara un abogado inscrito en París, que no ejerce en México ni está inscrito en ningún colegio mexicano. El método expuesto es de alcance general y no sustituye la lectura de una carpeta de investigación.
Tres ideas guían el análisis. Comprar está castigado igual que transportar o guardar, con penas que dependen de los litros. La prisión preventiva es oficiosa en la mayoría de los supuestos, pero no en todos. Y la defensa de quien compró se juega en la prueba del conocimiento y en los documentos de la compra.
I. Qué castiga la ley federal y con qué penas
A. Del ducto a la venta: sustraer, aprovechar, comprar y guardar
La ley de hidrocarburos se aplica en todo el territorio nacional en materia de fuero federal. Así lo dice su artículo 1, que le asigna un doble objeto: fijar los delitos y sus sanciones en materia de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos y demás activos, y prever medidas para prevenirlos. El artículo 7 atribuye su conocimiento al Ministerio Público de la Federación y al Poder Judicial de la Federación. Un asunto de combustible robado no se tramita, por tanto, ante la fiscalía de un estado como si fuera un robo común. Esa competencia federal condiciona todo lo que sigue: quién investiga, qué código se aplica y qué medidas cautelares se discuten.
Antes de los delitos, la ley define su vocabulario. El artículo 3 llama toma clandestina a la alteración del ducto de transporte con el propósito de extraer el producto, y derivación clandestina a la conexión que permite extraerlo de manera ilegal o no autorizada. Define también el marcador: una sustancia química que se añade a los combustibles sin alterar sus propiedades y que permite identificar el producto marcado. Estas tres nociones reaparecen en las figuras penales y en la prueba. Quien se informe sobre el tema debe retenerlas, porque la ley no habla de «huachicol», sino de sustracción, aprovechamiento, toma o derivación.
El núcleo más grave está en el artículo 8. Castiga con veinte a treinta años de prisión y multa de 20,000 a 25,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización a quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, y a quien los aproveche. En ambos casos la conducta debe realizarse sin derecho y sin consentimiento de los asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer del producto con arreglo a la ley. Es la figura que corresponde a la imagen popular del huachicolero que perfora el ducto. No es la única.
El artículo 9 extiende la respuesta penal a toda la cadena que sigue a la extracción. Su fracción I sanciona a quien «Compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos», siempre sin derecho y sin el consentimiento de quien puede disponer de ellos, según el texto publicado de la ley federal. La fracción II alcanza a quien los resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte. La fracción III, a quien los altere o adultere. El comprador final, el transportista que acepta una carga sin papeles, quien presta una bodega o quien guarda bidones en un terreno quedan así dentro del texto, aunque nunca se hayan acercado a un ducto.
La expresión que se repite en todas estas fracciones es la clave del tipo: «sin derecho y sin consentimiento». Lo que la ley castiga no es comprar combustible, sino adquirirlo fuera de los cauces de quien legalmente puede disponer de él. Por eso el debate en un caso concreto rara vez versa sobre si hubo compra, que suele estar a la vista, sino sobre el origen del producto y sobre lo que sabía quien lo compró. Ese segundo punto se examina en la parte II.
La ley no reserva estas figuras a los grandes volúmenes. Comprar unos pocos litros a un vendedor ocasional entra en la misma fracción I que negociar una pipa completa. La diferencia está en la pena, que la propia ley gradúa según la cantidad. Antes de pasar a esa escala conviene retener una consecuencia práctica: quien compra combustible en un lugar que no es un establecimiento autorizado asume un riesgo penal real, aunque el precio y la forma de venta le parezcan habituales en su entorno.
B. La escala por litros, los agravantes y las figuras vecinas
El segundo párrafo del artículo 9 fija la pena según la cantidad. Hasta 300 litros, de cuatro a seis años de prisión y multa de 4,000 a 6,000 veces el valor de la unidad. Más de 300 y hasta 1,000 litros, de seis a diez años y multa de 6,000 a 10,000 veces. Más de 1,000 y menos de 2,000 litros, de diez a doce años y multa de 10,000 a 14,000 veces. A partir de 2,000 litros, de doce a diecisiete años y multa de 12,000 a 17,000 veces. Los cuatro incisos fueron reformados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018, y esa es la redacción que figura en el texto vigente.
El cuarto párrafo del mismo artículo cierra una vía de escape. Cuando el volumen no puede cuantificarse, se impone de doce a diecisiete años de prisión y multa de 12,000 a 17,000 veces, siempre que se acredite que, por las condiciones en que se encuentra contenido el producto, se presume que se trata de más de 2,000 litros. La medición del volumen es, por tanto, una cuestión decisiva. La diferencia entre 299 y 301 litros cambia el inciso aplicable, el máximo de la pena y, como se verá, el régimen de la prisión preventiva.
El tercer párrafo añade un matiz procesal. La alteración o adulteración de la fracción III, en los incisos a), b) y c), solo se persigue si media querella del órgano regulador o de la parte agraviada. Para las demás conductas del artículo, el artículo 4 dispone que el Ministerio Público de la Federación procede de oficio. Quien compra o transporta no puede contar, en consecuencia, con que la falta de denuncia de la empresa afectada detenga la investigación.
Las multas se expresan en veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. El artículo 26, apartado B, de la Constitución encarga al organismo que norma y coordina el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, dotado de autonomía técnica y de gestión, calcular ese valor, que sirve de unidad de cuenta para determinar la cuantía de las obligaciones previstas en las leyes federales. Para estimar la multa de un inciso basta multiplicar el número de veces por el valor diario vigente que ese organismo determine. Como el mínimo del inciso más bajo ya equivale a 4,000 veces ese valor diario, la multa puede superar con mucho el precio del combustible en juego y el ahorro que pudo motivar la compra.
Alrededor del artículo 9, la ley construye un círculo de figuras vecinas. El artículo 10 castiga a quien auxilie, facilite o preste ayuda por cualquier medio con hasta tres cuartas partes de la pena del autor, y eleva hasta en una mitad la pena cuando la conducta se realiza en plataformas e instalaciones en altamar o con información obtenida ilícitamente sobre operaciones, instalaciones, personal o vehículos. El artículo 14 prevé de ocho a doce años para quien comercialice o transporte producto sin los marcadores o especificaciones exigidos por la autoridad, y la misma pena para quien sustraiga, altere o destruya esos marcadores.
El artículo 15 se dirige al entorno del delito. Impone de seis a ocho años al arrendatario, propietario o poseedor de un predio donde exista una toma o derivación clandestina, cuando conoce esa situación y no la denuncia. Su segundo párrafo eleva la pena a nueve a dieciséis años para quien, con conocimiento de que se comete un delito de esta ley, lo facilite, colabore, consienta que se realice en su propiedad o no lo denuncie. El dueño de un terreno no comete delito por el solo hecho de que alguien haya perforado un ducto bajo su parcela. Lo comete si conoce la situación y calla.
Otras figuras completan el cuadro. El artículo 13 castiga de tres a siete años al servidor público que, en ejercicio de sus funciones, conoce la probable comisión de uno de estos delitos y no lo denuncia. El artículo 17 prevé de doce a veinte años para quien altera los sistemas de medición, sustituye el producto por otras sustancias o sustrae o altera ductos e instalaciones. El artículo 18 castiga de diecisiete a veinticinco años a quien reciba, recaude o aporte fondos a sabiendas de que servirán para cometer estas conductas. El artículo 19 sanciona de diez a catorce años a quien obligue o intimide a trabajadores del sector para cometerlas. El artículo 20 permite aumentar la pena hasta en una mitad cuando la conducta dolosa daña el ambiente, el agua, el suelo o el subsuelo.
El artículo 21 agrava la situación de quienes trabajan en el sector. Si quien comete el delito es o fue trabajador o prestador de servicios de un asignatario, contratista, permisionario o distribuidor, o servidor público de la industria petrolera o de las instituciones policiales, las sanciones aumentan hasta en una mitad. Si el responsable es franquiciatario, asignatario, contratista, permisionario o distribuidor, se le impone además la revocación del permiso y, en su caso, la disolución y liquidación de la sociedad. Para una estación de servicio, el riesgo no es solo personal: es la supervivencia del negocio.
Una última figura interesa directamente al consumidor, que esta vez aparece como víctima. El artículo 16 castiga de cinco a ocho años de prisión a quien enajene o suministre gasolina o diésel sabiendo que entrega una cantidad inferior en 1.5 por ciento o más a la que registran los instrumentos de medición, y a quien haga lo mismo con gas licuado de petróleo o gas natural a partir de un 3.0 por ciento. Este delito exige querella del órgano regulador o de la parte ofendida. El automovilista que sospecha que la bomba le despacha menos litros de los que marca tiene, por tanto, una vía penal federal, condicionada a su querella y a la prueba de la diferencia.
II. Del señalamiento al proceso: medidas cautelares, prueba y bienes
A. Prisión preventiva oficiosa y primeras horas del procedimiento
La pregunta que más angustia a quien es detenido con combustible, o a su familia, es si saldrá libre mientras dura el proceso. La respuesta empieza en la Constitución. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena al juez imponer de oficio la prisión preventiva en una lista de delitos que incluye los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. El mismo párrafo, reformado por última vez el 1 de abril de 2025, exige que los órganos del Estado se atengan a la literalidad de esa lista y prohíbe cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicarla.
El artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reformado el 28 de noviembre de 2025, repite esa enumeración y añade una precisión decisiva: la ley federal en materia de hidrocarburos establece los supuestos que ameritan prisión preventiva oficiosa conforme al artículo 19 constitucional. Hay que volver, pues, a la ley especial. Su artículo 4 enumera los supuestos de prisión preventiva oficiosa: el artículo 8; el artículo 9, fracciones I, II y III, en relación con los incisos b) al d) del segundo párrafo y con el cuarto párrafo; el artículo 10, párrafo segundo, incisos a) y b); los artículos 11, 12, fracción III, y 14; el artículo 15, párrafo segundo; el artículo 17, fracciones II y III; y los artículos 18 y 19.
La lectura de esa lista tiene consecuencias concretas. El inciso a) del artículo 9, que corresponde a cantidades de hasta 300 litros, no aparece en ella. Tampoco el auxilio del primer párrafo del artículo 10, el primer párrafo del artículo 15 ni el artículo 16. En esos supuestos la ley no prevé la prisión preventiva automática. Su segundo párrafo obliga, sin embargo, al Ministerio Público de la Federación a solicitar la prisión preventiva como medida cautelar, sola o junto con otra. Fuera de la lista oficiosa, el juez decide entonces según la regla general del primer párrafo del artículo 167: la prisión preventiva solo procede cuando otras medidas cautelares no bastan para garantizar la comparecencia, la investigación o la protección de víctimas, testigos y comunidad, o cuando existe un proceso o una condena previa por delito doloso. La discusión sobre el volumen medido no es un detalle técnico: puede decidir si la persona espera el juicio en prisión o en libertad con otras medidas.
Las primeras horas siguen las reglas comunes del procedimiento acusatorio. El artículo 19 constitucional fija en setenta y dos horas el plazo máximo de detención ante la autoridad judicial sin un auto de vinculación a proceso. El artículo 313 del código nacional precisa que la audiencia de vinculación debe celebrarse dentro de las setenta y dos o de las ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a la puesta a disposición, porque el imputado puede pedir la duplicación del plazo para preparar su defensa. Esa ampliación no es un trámite menor: es el tiempo que permite reunir facturas, testigos o la prueba de la medición.
El artículo 113 del mismo código enumera los derechos del imputado. Debe ser tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad. Puede comunicarse con un familiar y con su defensor cuando es detenido. Puede declarar o guardar silencio, y su silencio no puede usarse en su perjuicio. Tiene derecho a estar asistido por su defensor en la declaración y en cualquier otra actuación, a conocer los hechos que se le imputan, a acceder con su defensa a los registros de la investigación, a que se reciban sus pruebas y a una defensa adecuada por un licenciado en derecho o abogado titulado con cédula profesional, o, a falta de este, por el defensor público que le corresponda. La fracción X fija además un horizonte: ser juzgado antes de un año cuando la pena máxima excede de dos años, salvo que la defensa pida más tiempo.
El destino del combustible asegurado también importa para la defensa. El artículo 6 de la ley especial y el artículo 235 del código nacional disponen que los hidrocarburos asegurados se entregan sin dilación al asignatario, contratista, permisionario o distribuidor que acredite su propiedad, o a quien resulte procedente, previa inspección que determine su naturaleza, volumen y características. Se conservan muestras representativas para los dictámenes periciales durante la investigación y el proceso. El acta de esa inspección y esas muestras son, por tanto, piezas centrales: fijan el volumen que decide el inciso aplicable y permiten discutir si el producto llevaba o no los marcadores de un permisionario.
Esta explicación forma parte de la información jurídica en español del despacho de París y se limita al derecho federal mexicano escrito. No describe la práctica de una fiscalía o de un juzgado concreto ni pronostica el resultado de ningún proceso. Quien esté implicado en un procedimiento necesita un defensor habilitado en México, que es el único que puede leer la carpeta y medir la fuerza de cada prueba.
B. Probar la compra lícita, discutir el conocimiento y defender los bienes
La primera línea de defensa del comprador es documental. El artículo 5 de la ley especial dispone que la propiedad o legítima posesión de los hidrocarburos se acredita con el original de la factura electrónica o comprobante fiscal digital, la escritura pública o la inscripción en el registro público, firmados por el asignatario, contratista, permisionario o distribuidor, o bien con otros medios de prueba idóneos y suficientes. Cuando el documento lo emite un particular que tiene esa calidad, debe ser ratificado por quien lo suscribió ante la autoridad. Para una empresa de transporte, una flotilla o un taller que compra combustible en volumen, la lección es simple: el comprobante fiscal de cada compra, emitido por un permisionario identificable, es la prueba que la ley señala en primer lugar.
El mismo artículo establece dos presunciones que juegan en contra de quien no tiene papeles. La presencia de marcadores en el producto presume su propiedad o legítima posesión a favor de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores. Y se presume la propiedad federal, salvo prueba en contrario, de los hidrocarburos y activos de las empresas productivas del Estado, que no necesitan exhibir factura. Si el combustible asegurado lleva los marcadores de un permisionario y quien lo tiene no exhibe un comprobante de compra a ese permisionario, el punto de partida probatorio le es desfavorable.
La segunda línea de defensa es el conocimiento. El artículo 2 de la ley especial remite al Libro Primero del Código Penal Federal en lo no previsto, y ese libro contiene las reglas generales sobre dolo y error. Según el artículo 8 del código, los delitos solo pueden cometerse dolosa o culposamente. Su artículo 9 dice que obra dolosamente el que, «conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley». La fórmula importa: no se exige que el comprador supiera con certeza que el combustible era robado. Basta, según el texto, que previera esa posibilidad y aceptara comprar de todos modos.
El artículo 15 del mismo código, en su fracción VIII, excluye el delito cuando «Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible» sobre alguno de los elementos esenciales del tipo o sobre la ilicitud de la conducta. Un error invencible es el que la persona no podía evitar ni siquiera con la diligencia exigible. Si el error era vencible, el artículo 66 remite a la punibilidad del delito culposo cuando el hecho admite esa forma de realización, y fija hasta una tercera parte de la pena cuando el error vencible recae sobre la ilicitud. El texto leído de la ley de hidrocarburos no contiene una pena propia para la comisión culposa, y el artículo 60 del código limita las sanciones culposas a una lista de artículos del propio código. Cómo se combinan esas reglas en un caso concreto es una cuestión que solo puede valorar un abogado habilitado en México, con el expediente a la vista.
Nada en la ley fija una lista de indicios del conocimiento. La lógica del artículo 9 del código penal federal permite, con todo, anticipar qué preguntas se harán. Un precio muy inferior al de las estaciones de servicio, la venta en bidones o garrafas fuera de un establecimiento, la ausencia de comprobante fiscal, un vendedor que no se identifica como permisionario o la entrega en un lugar o una hora poco habituales son circunstancias que pueden llevar a sostener que el comprador previó como posible el origen ilícito y lo aceptó. A la inversa, una compra en un establecimiento con permiso aparente, a un precio de mercado, con comprobante emitido por un emisor identificable, apoya la tesis del error. La defensa no se construye con declaraciones generales de buena fe, sino con estos elementos concretos.
El tercer frente es patrimonial. El artículo 22 de la Constitución incluye los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos entre los hechos que permiten la extinción de dominio sobre bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse. El mismo artículo precisa: «La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal». La consecuencia es importante para quien compró o transportó: aunque el proceso penal termine sin condena, un vehículo, una pipa, un terreno o un establecimiento vinculado al hecho puede ser objeto de otro procedimiento, con sus propias reglas de prueba.
La Ley Nacional de Extinción de Dominio, cuyo texto vigente registra como última reforma la publicada el 28 de noviembre de 2025, desarrolla ese mandato. Su artículo 1 incluye expresamente entre los hechos susceptibles de extinción de dominio los delitos del Título Segundo de la ley de hidrocarburos. Su artículo 7 dirige la acción contra bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, en particular los que sean instrumento, objeto o producto del hecho ilícito, y contra aquellos cuyo titular no acredite su procedencia lícita. Su artículo 179 prevé que, cuando se asegura un establecimiento o una empresa con productos que violan la ley de hidrocarburos, se retire el producto ilícito y, si la empresa cuenta con recursos para comprarlo, se suministren hidrocarburos lícitos para continuar la actividad bajo la administración de la autoridad.
El artículo 15 de esa ley abre la defensa del tercero: «Se presumirá la Buena Fe en la adquisición» de los bienes, según el texto de la ley nacional. Para gozar de esa presunción, la parte demandada o la persona afectada debe acreditar suficientemente, entre otros elementos, que la adquisición consta en un documento de fecha cierta y anterior al hecho ilícito, que se pagaron oportunamente los impuestos y contribuciones causados, que el bien se adquirió de forma lícita y, en su caso, la autenticidad del contrato invocado. Quien presta o arrienda un vehículo, una bodega o un terreno debe pensar en esa prueba antes de cualquier problema, porque el documento de fecha cierta no se fabrica después.
Queda un frente administrativo para los negocios regulados. El artículo 22 Bis de la ley especial, añadido el 1 de junio de 2018, permite al regulador energético, cuando advierta que una persona realiza actividades reguladas sin permiso o no acredita la adquisición lícita del producto, clausurar temporal, total o parcialmente, inhabilitar o inmovilizar equipos, instalaciones, vehículos o sistemas, y ordenar la suspensión temporal del suministro o de la actividad. El texto compilado que se ha leído sigue mencionando a la Comisión Reguladora de Energía. Esas medidas son independientes de cualquier sanción. Una estación de servicio que no puede justificar el origen de su producto puede quedar cerrada antes de que exista una acusación penal.
Con estos textos, quien se ve señalado o teme estarlo puede ordenar su situación en pocos pasos. Primero, identificar la conducta que se le atribuye: comprar, transportar, guardar, facilitar o callar no son la misma figura. Segundo, conocer el volumen exacto que consta en el acta de inspección y si se conservaron muestras, porque de él dependen el inciso, la pena y el régimen de la prisión preventiva. Tercero, reunir sin demora los comprobantes fiscales, contratos, permisos y pruebas de pago de cada compra. Cuarto, ejercer el derecho a guardar silencio hasta hablar con un defensor y pedir, si hace falta, la ampliación del plazo para la vinculación a proceso. Quinto, separar la defensa penal de la defensa patrimonial, porque la extinción de dominio sigue su propio camino.
Conclusión
La ley mexicana no conoce al «huachicolero» como figura, pero castiga con dureza toda la cadena del combustible robado. Sustraer o aprovechar hidrocarburos sin derecho se sanciona con veinte a treinta años de prisión. Comprar, recibir, transportar, guardar o adulterar se sanciona según los litros, desde cuatro a seis años por debajo de 300 litros hasta doce a diecisiete años a partir de 2,000 litros o cuando el volumen no puede medirse y se presume mayor. Las multas se cuentan en miles de veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y la ley añade penas propias para quien facilita, presta su terreno, financia o retira los marcadores del producto.
En el proceso, la competencia es federal y la prisión preventiva es oficiosa en la mayoría de los supuestos, aunque el texto de la ley especial deja fuera de esa lista, entre otros, el inciso de las cantidades de hasta 300 litros. La medición del volumen, las muestras conservadas y los derechos del imputado en las primeras horas pesan tanto como el fondo. La defensa del comprador se juega en dos pruebas: los documentos que acreditan la compra a quien podía vender, y las circunstancias que permiten discutir si sabía o aceptaba el origen ilícito.
A ese frente penal se suma la extinción de dominio, un procedimiento civil y autónomo que puede alcanzar vehículos, inmuebles o negocios aunque no haya condena, y en el que la buena fe debe acreditarse con documentos de fecha cierta. Ninguna de estas reglas sustituye el análisis de un expediente concreto. Fijan, en cambio, lo que conviene conservar y verificar antes de comprar combustible fuera de un establecimiento autorizado, y lo que debe revisarse primero cuando ya existe una investigación.