La consulta «meteorología» se busca ahora en España. Este texto no describe ningún temporal, ningún aviso concreto ni ningún centro de trabajo. En este pase no se ha leído un documento oficial del suceso que haya podido disparar la búsqueda, y por eso no se afirma un lugar, una hora ni un balance. La pregunta que sí puede responderse con las leyes leídas es otra: qué puede hacer la persona trabajadora, y qué debe hacer la empresa, cuando el tiempo adverso afecta al centro de trabajo y no solo al camino para llegar.
La respuesta corta tiene cuatro partes. Un aviso de las autoridades no es, por sí solo, un permiso para irse. El derecho a interrumpir la actividad nace cuando hay un riesgo laboral grave e inminente, en los términos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El permiso retribuido del Estatuto de los Trabajadores exige aviso previo y justificación, y cubre tanto la imposibilidad de acceder como ese riesgo cuando deriva de una catástrofe o de un fenómeno meteorológico adverso. La protección frente a la represalia no alcanza a quien obra de mala fe o con negligencia grave.
El método es de alcance general. Se limita al derecho estatal español de los textos consolidados del BOE leídos en este pase: la Ley 31/1995, el Estatuto y la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. No se examinan el convenio, el plan territorial autonómico ni el reglamento de una empresa. Por Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París, como información sobre derecho extranjero, sin inscripción ni ejercicio en España.
I. El aviso meteorológico no abre por sí solo un derecho laboral
A. Lo que ordena la protección civil y lo que no traslada al contrato
Conviene separar dos órdenes jurídicos que el buscador mezcla. La protección civil organiza la respuesta pública ante emergencias y catástrofes. El contrato de trabajo organiza el salario, la presencia y la seguridad dentro de la relación laboral. Un mismo cielo puede interesar a los dos, pero no con las mismas palabras ni con los mismos efectos. Quien busca la previsión del tiempo no obtiene, en esa página, la regla del permiso. Los textos consolidados del BOE advierten que la consolidación es informativa y que, para fines jurídicos, debe consultarse la publicación oficial. Las reglas que siguen son las de las versiones leídas: Ley 31/1995 actualizada el 9 de abril de 2026, Estatuto actualizado el 18 de noviembre de 2026 y Ley 17/2015 actualizada el 29 de octubre de 2025. Quien necesita saber si puede abandonar el puesto tampoco obtiene la respuesta en el mapa de avisos. Este apartado fija el primer límite: el aviso informa y puede ser una prueba; no sustituye al precepto laboral.
La Ley 17/2015 define la protección civil como el servicio público que protege a las personas y los bienes y garantiza una respuesta adecuada ante emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o por la acción humana. Su objeto es el Sistema Nacional de Protección Civil y las competencias de la Administración General del Estado. No es una ley del salario ni del despido. Por eso una alerta difundida en ese marco no puede leerse como si fuera una cláusula del contrato.
Las definiciones de esa ley miden el peligro colectivo, no el puesto de trabajo. La emergencia de protección civil es, en el artículo 2, la «Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe». La catástrofe, en el mismo artículo, es una situación que altera o interrumpe de forma sustancial el funcionamiento de una comunidad por la magnitud de los daños y de los impactos materiales, cuando su atención supera los medios de esa comunidad. Son conceptos de orden público. Exigen una afectación colectiva y una gestión de los poderes públicos. No dicen que cada trabajador, en cada nave o en cada oficina, pueda dar por cumplido el permiso retribuido en cuanto vea llover.
Esa diferencia importa para no inflar el derecho ni para reducirlo a cero. Un fenómeno puede ser grave para una comarca y, al mismo tiempo, no alcanzar todavía el umbral laboral en un centro concreto que está seco, cerrado y fuera de la zona. A la inversa, un centro puede volverse peligroso —un andamio suelto, una cubierta que cede, un acceso anegado que es el único paso hacia la máquina— aunque la autoridad no haya declarado todavía una emergencia colectiva. La ley laboral, que se verá en el apartado siguiente, mira el riesgo en el trabajo. La ley de protección civil mira el riesgo de la colectividad. Confundirlas deja a la persona trabajadora sin criterio y a la empresa con una excusa demasiado cómoda.
Los planes especiales confirman que el tiempo adverso es un riesgo de protección civil, no un permiso automático. El artículo 15 de la Ley 17/2015 dice que «Son Planes Especiales los que tienen por finalidad hacer frente a los riesgos de inundaciones; terremotos; maremotos; volcánicos; fenómenos meteorológicos adversos; incendios forestales». Esos planes pueden ser estatales o autonómicos y los aprueba la administración competente. Este texto no ha leído ningún plan territorial ni la Norma Básica a la que la ley remite. Por tanto no se afirma aquí qué color de aviso, qué umbral de viento o qué milímetro de lluvia obliga a cerrar un municipio. Lo que sí puede afirmarse es que el legislador ha previsto una planificación específica para los fenómenos meteorológicos adversos. Esa previsión no convierte el parte en una autorización laboral. Convierte el parte en un dato que las administraciones y, en su caso, la empresa y la persona trabajadora tendrán que confrontar con otras normas.
La Red de Alerta Nacional de Protección Civil, creada por el artículo 12, es un sistema de comunicación de avisos de emergencia a las autoridades competentes, sin perjuicio de las competencias autonómicas, para que los servicios públicos esenciales y la ciudadanía estén informados ante una amenaza de emergencia. Su gestión corresponde al Ministerio del Interior a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias. Los organismos públicos que puedan detectar una amenaza de peligro inminente deben comunicarla de inmediato a ese centro. El cauce autonómico transmite la alerta a quien corresponda. Nada de eso es una resolución dirigida a un contrato de trabajo. Es una red entre administraciones. Guardar el aviso, con su fecha, su ámbito geográfico y la autoridad que lo emite, sirve después para justificar. No reemplaza el aviso que la persona trabajadora debe dar a su empresa, ni la orden que la empresa debe dar a su plantilla.
El derecho a la información refuerza ese papel de prueba, no de llave laboral. El artículo 6 reconoce que «Todos tienen derecho a ser informados adecuadamente por los poderes públicos acerca de los riesgos colectivos importantes que les afecten, las medidas previstas y adoptadas para hacerles frente y las conductas que deban seguir para prevenirlos». La información ha de darse tanto en la emergencia como antes, de forma preventiva. Si los poderes públicos indican una conducta —no desplazarse, no permanecer en un sótano, alejarse de una ribera—, esa indicación puede ser luego la justificación que el Estatuto exige. Pero la ley de protección civil no dice que la conducta recomendada suspenda el salario ni que exonere de acudir si el centro está fuera de la zona y el desplazamiento sigue siendo posible. Ese salto pertenece al Estatuto, y solo cuando se cumplen sus propios requisitos.
Hay, además, un deber ciudadano que no debe leerse como una orden de la empresa. El artículo 7 ter impone a la ciudadanía tomar las medidas necesarias para evitar generar riesgos y para no exponerse a ellos. El texto legal dice: «Los ciudadanos deben tomar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos, así como exponerse a ellos». Una vez sobrevenida la emergencia, deben actuar conforme a las indicaciones de los agentes de los servicios públicos competentes. Los titulares de centros, establecimientos y dependencias que generen riesgo de emergencia deben adoptar las medidas de autoprotección previstas en la ley y en su desarrollo. Este artículo no se ha leído junto con el reglamento de autoprotección, así que no se detalla aquí qué plan debe tener cada nave. Sí se retiene el núcleo: ante la emergencia ya producida, la indicación del servicio público competente prevalece sobre la improvisación. Una empresa no puede pedir que se desoiga una orden de evacuación de los agentes para terminar un turno. Y una persona trabajadora no puede inventar esa orden si no existe.
El artículo 5 añade un derecho de todos los residentes en España a ser atendidos por las administraciones en caso de catástrofe, con los límites de las condiciones peligrosas y de los medios disponibles. También prevé la identificación de las víctimas y la información a los familiares. Ese derecho es de atención pública. No es una prestación del empresario ni un complemento salarial. Mezclarlo con el permiso del Estatuto produce dos errores simétricos: creer que la catástrofe paga el salario por sí sola, o creer que, si no hay catástrofe declarada, el centro de trabajo no puede ser peligroso. Ninguna de las dos lecturas está en los preceptos leídos.
De todo ello sale una regla de método, no un parte del día. La consulta se busca en España y este texto no relata el tiempo de hoy. Quien esté ante un aviso debe conservarlo, leer a qué territorio y a qué fenómeno se refiere, y comprobar si una autoridad ha limitado desplazamientos o ha ordenado una conducta. Esos hechos, si existen, se prueban con el documento oficial del aviso o de la orden, no con un comentario de redes. A partir de ahí empieza el derecho del trabajo. Sin ese documento, no hay base para afirmar que una autoridad ha prohibido circular. Con ese documento, todavía hay que ver si la prohibición impide acceder al centro o si el riesgo se materializa en el propio puesto. Son preguntas distintas y el apartado siguiente fija el umbral laboral que las dos comparten cuando se invocan como riesgo grave e inminente.
B. El riesgo grave e inminente, única llave del Estatuto y de la prevención
La Ley 31/1995 no habla de colores de aviso. Habla de riesgo laboral. Su artículo 4 define el riesgo laboral grave e inminente como «aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores». La frase exige dos cosas a la vez. La primera es una probabilidad racional de que el daño se materialice en un futuro inmediato, no en una campaña estacional ni en un temor difuso. La segunda es que ese daño pueda ser grave para la salud. Un inconveniente, un retraso o una mojadura no bastan. Tampoco basta el miedo si no hay una base racional de inmediatez y de gravedad. Y no basta la gravedad si el daño, aunque serio, no es inminente.
La misma definición añade un inciso para la exposición a agentes capaces de causar daños graves: hay riesgo grave e inminente cuando sea probable que se materialice de inmediato una exposición de la que puedan derivarse esos daños, aunque no se manifiesten en el acto. Sirve para agentes químicos o biológicos más que para la lluvia. Se cita para no recortar la definición. En el tiempo adverso, el supuesto ordinario sigue siendo el primero: probabilidad racional, futuro inmediato, daño grave para la salud. Un golpe de calor en un puesto sin resguardo, una cubierta que puede caer, un anegamiento que deja sin salida, pueden encajar si esos dos elementos concurren. Una previsión de lluvia para el día siguiente, sin más, no los cumple.
Esa definición es laboral. No coincide palabra por palabra con la emergencia de protección civil. La emergencia del artículo 2 de la Ley 17/2015 exige riesgo colectivo, peligro inminente para personas o bienes y una gestión rápida de los poderes públicos. El riesgo del artículo 4 de la Ley 31/1995 puede existir en un solo centro, sin declaración colectiva, si es probable, inmediato y grave para la salud de quienes trabajan allí. También puede faltar en un centro situado fuera del área del aviso, aunque la comarca vecina esté en emergencia. Quien redacte un mensaje a la empresa debe describir el puesto, el fenómeno y el daño temido, no limitarse a pegar un titular.
El derecho a una protección eficaz enmarca esa definición. El artículo 14 de la Ley 31/1995 dice que «Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo». Ese derecho supone el deber correlativo del empresario, y también de las administraciones respecto del personal a su servicio. Forman parte de él la información, la consulta, la participación, la formación, la paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y la vigilancia de la salud. El empresario debe garantizar la seguridad y la salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo, integrar la prevención y actuar en emergencias y en riesgo grave e inminente. No es una cláusula de estilo. Es el título del que cuelga el artículo 21, que se desarrolla en la parte siguiente. Aquí interesa el límite: la protección eficaz se mide con la definición del artículo 4, no con la incomodidad ni con la preferencia de no trabajar un día de mal tiempo.
El ámbito de la ley es más ancho que el del Estatuto y, a la vez, tiene exclusiones que no pueden callarse. El artículo 3 aplica la Ley 31/1995 a las relaciones laborales del Estatuto y a las relaciones administrativas o estatutarias del personal al servicio de las administraciones, con las peculiaridades de la propia ley o de su desarrollo. Cuando habla de trabajadores y empresarios, incluye a ese personal público y a la administración para la que sirve, y también a los socios trabajadores de cooperativas y a la cooperativa. Los derechos y obligaciones que puedan derivarse para las personas autónomas quedan mencionados, pero no desarrollados en los preceptos que aquí se usan. Este texto se centra en la relación laboral ordinaria. Quien sea funcionario, estatutario o socio cooperativista no debe dar por copiadas unas reglas de permiso que están en el Estatuto y no en su estatuto propio.
Hay exclusiones expresas. La ley «no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de» policía, seguridad y resguardo aduanero; servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública; y Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. La ley inspirará la normativa específica de esas actividades, pero no se aplica directamente. Quien trabaja en un operativo de protección civil durante la catástrofe no puede invocar, como si fuera automática, la paralización del artículo 21 para abandonar la intervención. Su régimen es otro, y no se ha leído aquí. El personal de oficina de una administración que no está en ese operativo sí queda, en principio, dentro del artículo 3, con las peculiaridades de su normativa. No se examinan esas peculiaridades. Se señala el corte para que nadie use este texto fuera de su campo.
El Estatuto recoge el mismo derecho de protección eficaz en su artículo 19, y añade una vía de los representantes que conviene no mezclar con el permiso retribuido. La persona trabajadora tiene derecho a esa protección y debe observar las medidas legales y reglamentarias. El empresario debe garantizar formación teórica y práctica suficiente, al contratar y cuando cambien las funciones, las tecnologías o los equipos. Los delegados de prevención, o en su defecto los representantes legales, que aprecien una probabilidad seria y grave de accidente por inobservancia de la legislación, requieren por escrito al empresario. Si en cuatro días no atiende la petición, se dirigen a la autoridad competente, que puede exigir medidas, suspender actividades en la zona o el local, o paralizar de inmediato si estima un riesgo grave de accidente. Si el riesgo de accidente fuera inminente, «la paralización de las actividades podrá ser acordada por los representantes de los trabajadores, por mayoría de sus miembros». Esa vía es colectiva y representativa. No es el permiso individual del artículo 37. Se volverá sobre ella al hablar de la paralización del artículo 21, porque los dos preceptos comparten el plazo de veinticuatro horas de la autoridad laboral y no deben contarse dos veces como si fueran derechos distintos de la misma persona.
Falta un puente que el Estatuto sí tiende y que la prevención no paga por sí sola. El artículo 37.3 abre los permisos con esta frase: «La persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente». La letra g) incluye, junto a la imposibilidad de acceder, el caso en que «concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso». El Estatuto no redefine ahí el riesgo grave e inminente. Usa la misma categoría que la Ley 31/1995 ha definido. Lo razonable, y lo único que estos textos permiten afirmar, es que el umbral es el del artículo 4: probabilidad racional, futuro inmediato y daño grave para la salud. Un fenómeno meteorológico adverso no es, por el solo hecho de llamarse así en un parte, ese riesgo. Lo es cuando, en el caso concreto, cumple la definición. La letra g) añade el fenómeno como ejemplo de origen, no como presunción automática.
Ese encaje evita dos atajos. El primero es tratar todo aviso como permiso retribuido de cuatro días. El segundo es exigir una declaración formal de catástrofe para poder interrumpir un puesto que ya es peligroso. La catástrofe de la Ley 17/2015 es un concepto más estrecho y colectivo. El fenómeno meteorológico adverso del Estatuto es una causa posible del riesgo laboral, no un sinónimo de catástrofe. Entre el parte y el permiso hay que recorrer la definición. Si no se recorre, la ausencia puede ser injustificada. Si se recorre y se documenta, la ausencia puede ser el permiso de la letra g) o, al menos, la interrupción del artículo 21, con efectos de salario que no son los mismos. Esa diferencia de efectos es el objeto de la segunda parte.
II. Qué puede hacer quien ya está en el centro de trabajo
A. Informar, interrumpir y, si hace falta, abandonar el puesto
El artículo 21 de la Ley 31/1995 se aplica cuando las personas trabajadoras estén o puedan estar expuestas a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo. No exige que el riesgo haya nacido en la calle ni que impida el trayecto. Exige que la exposición sea con ocasión del trabajo. Por eso es el precepto del centro, del tajo, de la obra, de la tienda o de la ruta si la ruta es el trabajo. Quien no puede ni salir de casa porque una autoridad ha cortado las vías está en el supuesto de acceso del Estatuto, que se delimita más abajo. Quien ya está dentro, o debe permanecer en un puesto que el tiempo vuelve peligroso, está en el artículo 21.
El empresario tiene tres obligaciones cuando esa exposición existe o puede existir. La primera es informar lo antes posible a todas las personas afectadas de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. La información tardía, o limitada a un grupo, no cumple el precepto. La segunda es adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, puedan interrumpir la actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. El texto añade: «En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente». La excepción no es el deseo de acabar el pedido. Tiene que estar justificada por razones de seguridad y determinada en un reglamento. Este pase no ha leído ese reglamento. No se inventa aquí qué oficio esencial puede ser llamado a continuar. Se retiene el límite: mientras el peligro persiste, la orden de reanudar no basta si no cabe en esa excepción reglamentaria.
La tercera obligación del empresario es disponer lo necesario para que quien no pueda contactar con su superior, ante un peligro grave e inminente para su seguridad, la de otras personas trabajadoras o la de terceros, esté en condiciones, según sus conocimientos y los medios técnicos que se le hayan dado, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias. No es una invitación a la heroicidad. Es un deber de la empresa de haber previsto el caso en que la cadena de mando se corta. Si no hay medios ni instrucciones, el reproche no puede volverse luego contra quien hizo lo que pudo con lo que tenía.
Junto a esos deberes está el derecho individual. El artículo 21.2 dice que «el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud». El verbo «considere» no convierte el miedo en título suficiente. El riesgo que la persona considera tiene que ser el riesgo grave e inminente que la ley ha definido, y el abandono es «en caso necesario». Abandonar el lugar es el último paso, no el primero, cuando la interrupción de la tarea ya elimina el peligro. Si la única forma de salir del peligro es salir del local, el abandono está en el precepto. Si basta con parar la máquina y pasar a una zona segura del mismo centro, el derecho es a interrumpir, no a dar la jornada por terminada en casa.
Ese derecho no dispensa de avisar. El artículo 29 obliga a cada persona a velar, según sus posibilidades y cumpliendo las medidas adoptadas, por su seguridad y por la de quienes pueda afectar su actividad. En particular debe informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a quienes tengan funciones de protección o al servicio de prevención, «acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores». El juicio personal aparece aquí con un filtro: motivos razonables. Informar no es pedir permiso para seguir en el peligro. Es el cauce para que la empresa cumpla el artículo 21.1 y para que, si después hay discusión, quede constancia de que el riesgo se puso de manifiesto antes de irse.
Una secuencia general, no un protocolo de un centro concreto, puede ordenarse así. Primero, describir por escrito o por el canal habitual qué ocurre en el puesto: agua en el cuadro eléctrico, viento que mueve la carga, calor que impide la tarea en el horario fijado, único acceso cortado. Segundo, pedir la instrucción y la medida: parar, trasladar la tarea, evacuar, esperar a que el peligro cese. Tercero, si el peligro es grave, inminente e inevitable y no hay instrucción útil, interrumpir y, si hace falta, abandonar. Cuarto, anotar la hora, a quién se avisó y qué se respondió. Quinto, no reanudar mientras el peligro persista, salvo la excepción reglamentaria que la empresa tendría que identificar y que aquí no se presume. Nada de esto describe el tiempo de hoy. Describe el orden que los preceptos leídos permiten seguir cuando el riesgo del artículo 4 está presente.
Si la empresa no adopta o no permite las medidas necesarias, entra la vía representativa. Los representantes legales pueden acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de las personas afectadas. El acuerdo se comunica de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, «la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada». Si no se puede reunir con urgencia al órgano de representación, la decisión puede adoptarla la mayoría de los delegados de prevención. El artículo 19.5 del Estatuto repite la misma lógica para el riesgo de accidente inminente: acuerdo por mayoría, comunicación inmediata, y la autoridad laboral anula o ratifica en veinticuatro horas. No son dos plazos que se sumen. Son dos enunciados del mismo control. La persona que no es representante no acuerda esa paralización colectiva. Usa su derecho individual del artículo 21.2. El representante que sí puede acordarla debe comunicar el acuerdo en el acto. Un paro de plantilla sin ese acuerdo, y sin el riesgo individual de cada quien, no está cubierto por estos párrafos.
La protección frente a la represalia cierra el artículo 21. «Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave». El perjuicio prohibido no es solo el despido. Puede ser un cambio de turno punitivo, una amonestación o una pérdida de complemento ligada a haber interrumpido. La excepción es estrecha y grave: mala fe o negligencia grave. No es el desacuerdo de la empresa sobre si el riesgo era bastante. La mala fe y la negligencia grave apuntan a quien finge un peligro, ignora una instrucción de seguridad que ya había eliminado el riesgo, o abandona de un modo que agrava el daño a otras personas. No se ha leído jurisprudencia que concrete esos conceptos, y no se finge aquí un criterio judicial. El texto legal basta para negar dos extremos: que la empresa pueda sancionar por el solo hecho de haber usado el artículo 21, y que la persona quede inmune si obró de mala fe o con negligencia grave.
Queda el deber de cooperar. El artículo 29 trata el incumplimiento de las obligaciones preventivas de la persona trabajadora como incumplimiento laboral a efectos del artículo 58.1 del Estatuto, o como falta en el régimen disciplinario del personal público. Usar mal los equipos, anular un dispositivo de seguridad o no informar de un riesgo que se conoce pueden ser ese incumplimiento. Interrumpir conforme al artículo 21 no es poner fuera de funcionamiento un dispositivo. Es usar un derecho. La frontera se traza con los hechos del puesto, que este texto no tiene y que cada caso deberá acreditar.
B. El permiso retribuido, el salario y el límite de la sanción
La interrupción del artículo 21 no dice nada del salario. El permiso del artículo 37.3 sí. Por eso no deben fundirse. La letra g) concede hasta cuatro días por dos causas que la ley une con un «así como» y que el lector debe seguir separando. La primera es la imposibilidad de acceder al centro o de transitar por las vías necesarias para acudir, a consecuencia de recomendaciones, limitaciones o prohibiciones de desplazamiento de las autoridades competentes. La segunda es la concurrencia de un riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso. El precepto dice, en una sola letra: «Hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso».
La primera causa mira el camino. Sin recomendación, limitación o prohibición de una autoridad competente, el atasco, el miedo o la lluvia en la carretera no activan esa frase. La segunda causa no exige que el obstáculo esté en la vía. Exige el riesgo grave e inminente, y admite que nazca de un fenómeno meteorológico adverso. Puede darse en el centro, en el tajo o en el desplazamiento si ese desplazamiento es ya la situación de riesgo y no solo una incomodidad. El aviso previo y la justificación del encabezado del artículo 37.3 valen para las dos. Sin ellos, el derecho a remuneración de ese permiso no se abre, aunque el riesgo exista. El artículo 21 puede haber justificado la interrupción. El salario del permiso es otra llave, y pide aviso y prueba.
Transcurridos los cuatro días, el permiso se prolonga hasta que desaparezcan las circunstancias que lo justificaron, sin perjuicio de que la empresa aplique una suspensión del contrato o una reducción de jornada por fuerza mayor en los términos del artículo 47.6. La prolongación sigue a las circunstancias de la letra g), no solo a las del camino. Si el riesgo grave e inminente continúa, el permiso no se corta al cuarto día por el mero paso del calendario. Lo que la empresa puede hacer, además, es intentar la vía de la fuerza mayor. Esa vía no es libre.
El artículo 47.6 dice que la fuerza mayor temporal podrá estar determinada por impedimentos o limitaciones de la actividad normal de la empresa que sean consecuencia de decisiones de la autoridad pública competente, incluidas las orientadas a la protección de la salud pública. Un cierre ordenado por la autoridad puede encajar en esa frase. Un parte meteorológico, sin decisión que impida la actividad, no es todavía esa decisión. El mismo apartado añade un supuesto específico: «También estará determinada por el mantenimiento, transcurridos los cuatro días previstos en el artículo 37.3.g), de la imposibilidad de acceder al centro de trabajo o a las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, salvo que sea posible el trabajo a distancia en los términos recogidos en dicho precepto». Léase con cuidado. Ese párrafo segundo habla de la imposibilidad de acceder, no de todo riesgo grave e inminente dentro del centro. No autoriza a convertir automáticamente, al quinto día, un riesgo de puesto en fuerza mayor de acceso. Y el párrafo siguiente cierra el círculo: «Por el contrario, las circunstancias del párrafo anterior no serán constitutivas de fuerza mayor durante la duración del permiso del artículo 37.3.g)». Mientras dura el permiso, esas circunstancias de acceso no son fuerza mayor. La fuerza mayor, en ese intervalo, solo podría justificarse por otras circunstancias, con efectos desde el hecho causante correspondiente.
La existencia de fuerza mayor temporal, en el régimen general del artículo 47.5, debe ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas afectadas. Hay un procedimiento: solicitud de la empresa a la autoridad laboral, comunicación simultánea a la representación, informe de la Inspección en el cauce ordinario. El artículo 47.6 tiene particularidades, entre ellas que el informe de la Inspección no es preceptivo en ese cauce especial. No se desarrolla aquí el expediente. Se retiene lo que impide el atajo: la empresa no declara sola la fuerza mayor, y el permiso de cuatro días no es un ERTE disfrazado. Durante el permiso, el salario es el de la remuneración del artículo 37.3, no el de una suspensión que todavía no existe.
El trabajo a distancia aparece en la propia letra g), no como un deber de la persona trabajadora de llevarse el ordenador a casa por su cuenta. Cuando la naturaleza de la prestación sea compatible con el trabajo a distancia y el estado de las redes lo permita, la empresa podrá establecerlo, observando las obligaciones formales y materiales de la Ley 10/2021 y, en particular, el suministro de medios, equipos y herramientas. El verbo es «podrá». No se ha leído en este pase la Ley 10/2021, y por eso no se añaden aquí porcentajes, acuerdos ni causas de reversión que esa ley pueda contener. Lo que el Estatuto sí dice es que, si la empresa establece esa modalidad en este supuesto, debe cumplir esas obligaciones y suministrar los medios. Pedir que se trabaje desde casa sin medios, o tratar como falta el no haberlo improvisado, no cabe en la frase leída. Si las redes no permiten el trabajo, la salvedad del artículo 47.6 sobre el trabajo a distancia tampoco se cumple, y la imposibilidad de acceder sigue su propio cauce.
El salario, entonces, se ordena así, y solo así, con los textos leídos. Si concurren el aviso previo, la justificación y una de las dos causas de la letra g), la ausencia es permiso retribuido, y se prolonga mientras duren las circunstancias. Si solo concurre el derecho a interrumpir del artículo 21, sin que se haya justificado la letra g), estos preceptos no crean por sí mismos un salario. No se invoca aquí el artículo 30 del Estatuto, que conserva el salario cuando el empresario se retrasa en dar trabajo por impedimentos imputables a él. Ese supuesto es otro: la empresa no proporciona la ocupación. No es la plantilla de la lluvia. Forzarlo sería decir más de lo que el precepto dice. Quien discuta el salario de una interrupción del artículo 21 tendrá que apoyar la reclamación en otros títulos —el permiso, si acaba justificándose, o un incumplimiento empresarial que un juez califique—, no en una regla automática que estos artículos no contienen.
La sanción tiene su propio umbral, y no es el de un día de mal tiempo. El artículo 54 permite el despido disciplinario por incumplimiento grave y culpable. Entre los incumplimientos están «Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo» y la indisciplina o desobediencia. Hacen falta, en la letra de las ausencias, repetición e injustificación. Una sola interrupción avisada, apoyada en el artículo 21 o en la letra g), no es esa letra. La desobediencia es el riesgo más cercano si la empresa ordenó permanecer y la persona se fue sin el riesgo legal. Ahí vuelve el artículo 21.4: no hay perjuicio si no hubo mala fe ni negligencia grave. Un despido que castigue el uso regular de ese derecho choca con esa prohibición. Un abandono fingido, o una negativa a cumplir una medida que ya había hecho cesar el peligro, puede salir de la protección. El plazo para impugnar un despido no está en los artículos leídos en este pase, y por eso no se escribe aquí una cifra de días. Quien reciba una carta tendrá que medir ese plazo en la norma procesal aplicable, que este texto no examina.
La prueba, en un método general, se guarda antes de que la discusión empiece. El aviso oficial, si existe, con fecha, territorio y autoridad. La descripción del puesto y del daño temido. El mensaje a la empresa, con hora. La respuesta, o la constancia de que no la hubo. La indicación de un agente de protección civil, si la hubo, porque el artículo 7 ter manda seguirla una vez sobrevenida la emergencia. No hace falta un parte médico para activar el artículo 21, y estos preceptos no lo exigen. Si hay daño a la salud, la asistencia y el parte servirán para otro debate, el de la contingencia, que no es el de este texto. Nada de esto sustituye al convenio. Un convenio puede ampliar permisos o precisar canales de aviso. No se ha leído ninguno, y no se afirma que mejore ni que empeore el mínimo legal.
Este análisis se publica en la sección en español del despacho y se limita al derecho estatal español de la relación laboral ordinaria. Las relaciones especiales, el personal público fuera del núcleo ya dicho y los operativos excluidos por el artículo 3.2 quedan fuera. Las comunidades autónomas aprueban planes territoriales y pueden tener reglas propias de emergencia que no se han leído. Si una autoridad autonómica o local ha dictado una limitación de desplazamiento, esa limitación puede ser la «autoridad competente» de la letra g), pero hay que leer el acto, no suponerlo. El método sigue siendo general: no califica el centro de nadie.
Conclusión
En España, un aviso meteorológico no es, por sí solo, un permiso para dejar el trabajo ni una orden de la empresa para exigir que se permanezca en un puesto peligroso. La protección civil informa, planifica y, cuando hay emergencia, indica conductas. El derecho del trabajo solo se abre si el caso cumple sus propias reglas. El riesgo laboral grave e inminente exige que sea racionalmente probable su materialización inmediata y que pueda causar un daño grave para la salud. Si ese riesgo existe con ocasión del trabajo, la empresa debe informar, permitir la interrupción y no exigir la reanudación mientras el peligro persista, salvo excepción reglamentaria de seguridad. La persona trabajadora puede interrumpir y, si es necesario, abandonar el lugar, después de informar, y no puede sufrir un perjuicio por ello salvo mala fe o negligencia grave.
El salario no sigue automáticamente a esa interrupción. Sigue al permiso del artículo 37.3 cuando hay aviso previo, justificación y una de las causas de la letra g): imposibilidad de acceder por una restricción de la autoridad, o riesgo grave e inminente, incluido el que nace de un fenómeno meteorológico adverso. Ese permiso dura hasta cuatro días y se prolonga mientras duren las circunstancias. La fuerza mayor del artículo 47.6 no se declara por la empresa sola, y su regla específica posterior a los cuatro días está escrita para la imposibilidad de acceder, no para cualquier riesgo dentro del centro. Mientras el permiso dura, esas circunstancias de acceso no son fuerza mayor.
No se ha descrito ningún temporal de estos días, porque no se ha leído un documento oficial de ese suceso. Lo que quede por establecer, en cada puesto, es si el riesgo era inmediato y grave, si se avisó y se justificó, y si una autoridad limitó de verdad los desplazamientos. Esas preguntas se responden con el aviso, con el estado del centro y con los preceptos citados, no con un pronóstico. El método expuesto es general y no califica a ninguna persona ni a ninguna empresa.