Cada mes, la misma escena se repite en decenas de hogares españoles: un jubilado que trabajó años en Francia abre la carta de su caja de pensiones francesa y descubre una retención sobre su pensión, o recibe un aviso de Hacienda en España que le reclama la declaración de esa misma pensión. ¿Hay que pagar en los dos países? ¿Basta con lo que ya retiene Francia? ¿Qué papel hay que enviar, a quién y antes de qué fecha? La respuesta depende de dos cosas: dónde es usted residente fiscal y si su pensión es privada o pública. Este artículo explica, paso a paso y con los textos oficiales franceses, cómo tributa una pensión francesa cuando se vive en España, cómo declararla en cada país y cómo reclamar cuando la retención o el impuesto son indebidos.
Lo primero que hay que entender es que Francia y España aplican cada uno su propia ley para decir quién es su residente fiscal, y que después el convenio firmado entre los dos países reparte el derecho a gravar cada renta. Ningún empadronamiento, por sí solo, decide la residencia fiscal; ningún pago en un país dispensa automáticamente de declarar en el otro. A partir de ahí, todo es método: calificar la pensión, identificar el Estado que puede gravarla, reunir la prueba de residencia y cumplir los plazos de declaración y de reclamación.
I. Dónde es usted residente fiscal y por qué eso decide casi todo
Antes de hablar de pensiones hay que fijar la residencia fiscal, porque el convenio entre Francia y España solo reparte las rentas entre un residente de un Estado y un residente del otro. Si Francia le considera residente fiscal francés, le grava por su renta mundial; si le considera no residente, solo le grava por sus rentas de fuente francesa. Así lo establece el artículo 4 A del Código General de Impuestos francés (Code général des impôts, la ley fiscal francesa), que dispone que las personas domiciliadas fiscalmente en Francia tributan por el conjunto de sus rentas, mientras que las domiciliadas fuera de Francia solo tributan por sus rentas de fuente francesa: artículo 4 A del Code général des impôts.
A. Los tres criterios franceses del domicilio fiscal y el papel del convenio
La ley francesa considera domiciliada en Francia a la persona que cumple al menos uno de estos tres criterios, recogidos en el artículo 4 B del mismo código: tener en Francia su hogar o el lugar de su estancia principal (lo que la ley llama foyer, es decir, el hogar familiar, y lieu du séjour principal, el lugar donde se permanece la mayor parte del año); ejercer en Francia una actividad profesional, salvo que sea accesoria; o tener en Francia el centro de sus intereses económicos: artículo 4 B del Code général des impôts. El propio artículo añade algo esencial: quien cumple uno de estos criterios no puede, pese a ello, ser considerado domiciliado en Francia cuando, por aplicación de un convenio contra la doble imposición, no es considerado residente de Francia.
Ese reenvío al convenio es lo que protege al jubilado instalado en España. El convenio entre Francia y España para evitar la doble imposición, firmado en Madrid el 10 de octubre de 1995 (publicado en Francia por el Decreto n.º 97-756, de 2 de julio de 1997), define en su artículo 4 quién es residente de cada Estado: toda persona que, según la ley de ese Estado, está sujeta al impuesto por su domicilio, su residencia u otro criterio análogo: texto oficial del convenio en impots.gouv.fr (PDF). Y cuando una persona resulta residente de los dos Estados a la vez, el mismo artículo fija un orden de desempate obligatorio: primero se mira en qué Estado tiene un hogar de habitación permanente (en francés, foyer d’habitation permanent, es decir, una vivienda estable a su disposición de forma duradera); si lo tiene en ambos, se mira con qué Estado son más estrechos sus lazos personales y económicos (el centre des intérêts vitaux, centro de intereses vitales); si tampoco así se decide, se mira dónde permanece habitualmente; después, la nacionalidad; y en último caso, las autoridades de ambos países lo acuerdan entre ellas.
El Consejo de Estado francés (Conseil d’État, el tribunal supremo del orden administrativo francés) aplicó exactamente este razonamiento en una decisión sobre el convenio franco-español: confirmó que el juez primero comprueba el domicilio fiscal según la ley francesa y después aplica el artículo 4 del convenio, y declaró que un inmueble situado en España que el contribuyente no tenía personalmente a su disposición —porque lo había cedido gratuitamente a la sociedad que dirigía— no constituía un hogar permanente en España: Consejo de Estado, 30 de enero de 2019, n.º 408469. La lección práctica es directa: conservar una vivienda en Francia de la que se dispone libremente, aunque se viva en España, puede hacer bascular el desempate hacia Francia; y a la inversa, una vivienda española que en realidad usa una empresa no sirve como prueba del hogar permanente.
Por el lado español, la propia Agencia Tributaria explica en su folleto oficial sobre Francia que quien resulta residente fiscal en España tributa en España por su renta mundial, es decir, debe declarar las rentas que obtenga en cualquier parte del mundo, sin perjuicio de lo que disponga el convenio: folleto oficial Francia de la Agencia Tributaria española. De modo que el jubilado residente en España declara en España su pensión francesa; la cuestión es si además Francia puede gravarla, y eso depende de la naturaleza de la pensión.
B. Pensión privada o pensión pública: la distinción que reparte el impuesto
El convenio dedica un artículo a cada tipo de pensión. El artículo 18 se refiere a las pensiones pagadas a un residente de un Estado por un empleo anterior en el sector privado, y su regla cabe en una frase del texto oficial: les pensions, et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État. Traducción del sentido al español: las pensiones y remuneraciones similares pagadas a un residente de un Estado por un empleo anterior solo pueden gravarse en ese Estado. En la práctica: una pensión del régimen general francés de la Seguridad Social, de los regímenes complementarios Agirc-Arrco o de una profesión liberal, cobrada por un residente fiscal en España, solo tributa en España; Francia no puede gravarla: texto oficial del convenio, artículos 18 y 19 (PDF).
El artículo 19 regula las pensiones públicas: las pagadas por un Estado, sus colectividades territoriales o sus personas jurídicas de Derecho público por servicios prestados a ese Estado solo pueden gravarse en el Estado que paga. Traducción del sentido: una pensión de funcionario francés —función pública del Estado, territorial u hospitalaria— cobrada viviendo en España sigue gravándose en Francia. Pero el mismo artículo prevé la excepción decisiva: si el beneficiario es residente del otro Estado y tiene su nacionalidad sin tener al mismo tiempo la nacionalidad del Estado que paga, la pensión solo tributa en ese otro Estado. Dicho en claro: un residente en España con únicamente nacionalidad española que cobra una pensión de funcionario francés tributa solo en España, no en Francia. Y el apartado 3 del artículo 19 añade que las pensiones pagadas por servicios prestados en el marco de una actividad industrial o comercial del Estado vuelven a la regla general de los artículos 15, 16 y 18, es decir, a la tributación en la residencia para las pensiones privadas.
La Agencia Tributaria resume este reparto en su folleto oficial: la pensión por empleo privado anterior solo tributa en España; la pensión por trabajo prestado al Estado francés o a sus entidades públicas, en general, solo tributa en Francia y en España queda exenta —aunque se tiene en cuenta para calcular el tipo aplicable al resto de rentas, lo que se llama exención con progresividad—; y si el pensionista residente en España tiene nacionalidad española sin tener la francesa, esas pensiones públicas solo tributan en España: folleto oficial Francia de la Agencia Tributaria española.
La jurisprudencia confirma la lógica del artículo 18 más allá del caso español: el Tribunal administrativo de apelación de Toulouse descargó a un matrimonio residente en Israel de los suplementos de impuesto francés sobre sus pensiones privadas francesas, en aplicación del artículo equivalente del convenio franco-israelí, que reserva estas pensiones al Estado de residencia: Tribunal administrativo de apelación de Toulouse, 13 de octubre de 2022, n.º 20TL22832. El mecanismo es el mismo que el del artículo 18 del convenio con España: pensión privada más residencia en el otro Estado equivale a no tributar en Francia.
Tres errores frecuentes conviene corregir desde ahora. Primero, creer que el empadronamiento en España o la baja consular deciden por sí solos: son indicios, pero lo que cuenta son el hogar permanente, la permanencia y el centro de intereses, en ese orden. Segundo, creer que cobrar la pensión en una cuenta bancaria francesa la convierte en renta gravable en Francia: el lugar de pago no atribuye el derecho a gravar; lo atribuye el convenio según la naturaleza de la pensión. Tercero, tratar todas las pensiones francesas igual: la pensión de base, la complementaria Agirc-Arrco y la pensión de funcionario no siguen la misma regla, y un mismo jubilado puede cobrar a la vez una pensión privada que tributa en España y una pensión pública que tributa en Francia, con declaraciones en los dos países.
II. Retención en Francia, declaración en cada país y reclamación cuando algo falla
Fijada la residencia en España y calificada la pensión, queda la parte operativa: impedir o corregir la retención francesa indebida, declarar correctamente en cada país y reclamar dentro de plazo cuando la administración se equivoca. En Derecho francés, las pensiones forman parte de la renta global que sirve de base al impuesto sobre la renta, como dispone el artículo 79 del Código General de Impuestos: artículo 79 del Code général des impôts. Y las pensiones y jubilaciones disfrutan de una reducción del 10 %, con un máximo de 4.439 euros por hogar fiscal y un mínimo de 454 euros por pensionista, según el artículo 158 del mismo código, en su versión vigente: artículo 158, 5, a) del Code général des impôts.
A. La retención francesa sobre pensiones pagadas a no residentes y cómo detenerla
Cuando la pensión sigue siendo gravable en Francia —típicamente la pensión pública de un residente en España con nacionalidad francesa—, la caja de pensiones francesa aplica la retención en origen de los no residentes (en francés, retenue à la source des non-résidents, abreviada RAS NR). El artículo 182 A del Código General de Impuestos dispone que los sueldos, salarios, pensiones y rentas vitalicias de fuente francesa pagados a personas no domiciliadas fiscalmente en Francia dan lugar a esta retención, calculada sobre el importe neto con un baremo anual: en la versión vigente, 12 % sobre la fracción entre 17.275 y 50.112 euros y 20 % por encima: artículo 182 A del Code général des impôts.
La página oficial de la administración fiscal francesa para no residentes precisa el funcionamiento práctico: la retención la descuenta directamente la caja de pensiones; antes de calcularla se aplica la reducción del 10 %; y para las rentas de 2025 el baremo es de 0 % por debajo de 17.122 euros, 12 % hasta 49.667 euros y 20 % por encima (8 % y 14,4 % en ultramar). Las fracciones gravadas al 0 % y al 12 % tienen carácter liberatorio —es decir, agotan el impuesto francés sobre esa parte—, mientras que la fracción del 20 % se descuenta del impuesto calculado en la declaración: impots.gouv.fr, la retención de los no residentes sobre salarios y pensiones. La misma página indica dónde declarar: las pensiones en las casillas 1AL y siguientes de la declaración n.º 2042, y la retención soportada en la casilla 8TA, distinta de las casillas del sistema de los residentes; y advierte de que, cuando varios organismos pagan pensiones, cada uno aplica el baremo por separado, lo que puede dejar la retención por debajo de lo debido y obligar a una regularización conforme al artículo 197 B del código.
Cuando la pensión no es gravable en Francia —pensión privada de un residente en España—, no debería haber retención francesa, porque la propia administración indica que la retención solo se aplica a las rentas consideradas de fuente francesa gravables en Francia según los convenios. En la práctica, la prueba que desbloquea la situación es el certificado de residencia fiscal emitido por la Agencia Tributaria española, que se envía a cada caja de pensiones francesa para que deje de retener o devuelva lo retenido; este certificado suele tener validez de un año y hay que renovarlo. Si la caja ya ha retenido, el camino es la reclamación: primero ante el servicio fiscal de no residentes, y si no prospera, la reclamación contenciosa y el recurso. Conserve desde el primer día los justificantes de pago de la pensión, los certificados de retención, el certificado de residencia fiscal de cada año y toda carta de la caja: son la prueba del procedimiento.
Quien conserva además otras rentas de fuente francesa gravables en Francia debe saber que la ley prevé tipos mínimos: el artículo 197 A dispone que el impuesto de los no residentes con rentas francesas no puede ser inferior al que resulta de aplicar el 20 % hasta el límite superior del segundo tramo del baremo y el 30 % por encima, salvo que el contribuyente justifique que el tipo sobre el conjunto de sus rentas francesas y extranjeras sería inferior: artículo 197 A del Code général des impôts. Es un suelo de tributación que conviene comprobar antes de aceptar cualquier liquidación.
Cada año conviene pedir a cada caja francesa el desglose de lo pagado y de lo retenido, comprobar que la reducción del 10 % se ha aplicado antes del baremo y verificar que la casilla 8TA de la declaración recoge exactamente la retención soportada. Cuando una pensión cambia de naturaleza —por ejemplo, al pasar de una pensión de actividad a una pensión de reversión, o al acumular una pensión nueva de otro organismo—, hay que volver a calificarla conforme a los artículos 18 y 19 del convenio antes de aceptar la retención que aplique la caja. Ciertos regímenes especiales vinculados a empresas públicas pueden plantear dudas de calificación entre ambos artículos; en ese caso, lo determinante es el estatuto del organismo que paga y el fundamento jurídico de la pensión, no el nombre comercial del régimen.
B. Declarar en cada país y reclamar dentro de plazo
El reparto del trabajo declarativo es el siguiente. Residente en España con pensión privada francesa: declara la pensión en España; en Francia no declara nada por esa pensión, porque no es gravable allí, salvo que tenga otras rentas francesas. Residente en España con pensión pública francesa gravable en Francia: declara en Francia (declaración de no residente, pensiones en 1AL y retención en 8TA) y declara en España la pensión como exenta con progresividad, es decir, sin pagar por ella pero computándola para el tipo del resto de rentas —así lo explica el folleto oficial español citado—. Residente en España con nacionalidad exclusivamente española y pensión pública francesa: la pensión solo tributa en España, y hay que pedir a la caja francesa que no retenga, aportando el certificado de residencia. La doctrina administrativa francesa sobre el convenio con España, publicada en el Boletín Oficial de las Finanzas Públicas, confirma el marco aplicable: BOI-INT-CVB-ESP, convenios fiscales Francia-España. Y el artículo 24 del convenio organiza la eliminación de la doble imposición: Francia tiene en cuenta las rentas españolas con un crédito de impuesto, y España concede sobre su impuesto una deducción igual al impuesto pagado en Francia, con el límite de la fracción del impuesto español correspondiente a esas rentas: texto oficial del convenio, artículo 24 (PDF).
Si la administración francesa liquida un impuesto indebido —porque retuvo sobre una pensión privada que solo tributa en España, porque aplicó el baremo sin la reducción del 10 % o porque ignoró el certificado de residencia—, hay que reclamar por escrito. La reclamación debe presentarse antes del 31 de diciembre del segundo año siguiente al de la puesta al cobro del impuesto que figura en el aviso de imposición (en francés, mise en recouvrement y avis d’imposition): por ejemplo, para un impuesto puesto al cobro en 2026, el plazo termina el 31 de diciembre de 2028, según la página oficial de servicio público: service-public.gouv.fr, plazos de reclamación en materia de impuestos. Si la reclamación es rechazada, queda el recurso ante el tribunal administrativo (Tribunal administratif, el juzgado de lo contencioso-administrativo competente en primera instancia). La decisión de Toulouse citada más arriba muestra que estos recursos prosperan cuando la residencia en el otro Estado y la naturaleza privada de la pensión están probadas: aquel matrimonio obtuvo la descarga de 2015 y 2016 y una descarga parcial de 2014, con 1.500 euros de costas a cargo del Estado.
Para quien cobra también un salario o un alquiler de fuente francesa, el método es el mismo pero cada renta sigue su propio artículo del convenio: el salario de trabajo realizado en Francia tributa en Francia y el alquiler de un inmueble francés también puede gravarse en Francia, como explicamos en nuestros artículos sobre el salario francés cobrado viviendo en España y sobre el alquiler francés cobrado viviendo en España. La pensión merece su propio análisis porque es la única de estas rentas que puede quedar totalmente exenta en Francia por el simple efecto de la residencia española.
Conclusión
Vivir en España y cobrar una pensión de Francia no significa pagar dos veces, pero tampoco significa no hacer nada. El recorrido es siempre el mismo: confirmar la residencia fiscal en España con hechos —hogar permanente, permanencia, centro de intereses— y no solo con el padrón; calificar cada pensión como privada o pública, porque el artículo 18 y el artículo 19 del convenio de 10 de octubre de 1995 las envían a países distintos; enviar a cada caja francesa el certificado de residencia fiscal español para cortar las retenciones indebidas; declarar en Francia lo que Francia puede gravar y en España la renta mundial con el mecanismo del convenio; y reclamar por escrito antes del 31 de diciembre del segundo año siguiente a la puesta al cobro cuando la retención o la liquidación son erróneas. Con los textos a mano —artículos 4 A, 4 B, 79, 158, 182 A y 197 A del Código General de Impuestos, artículos 4, 18, 19 y 24 del convenio, y las decisiones del Consejo de Estado de 2019 y de Toulouse de 2022— el jubilado deja de sufrir el procedimiento y empieza a dirigirlo.