Su hijo vive en Francia y necesita 20 000 euros para la entrada de un piso en Lyon. Su hermana, instalada en Burdeos, le pide un préstamo para terminar unas obras. Usted vive en España, tiene ahorros y quiere ayudar. La transferencia es sencilla, pero la operación que hay detrás no lo es: en Francia, un préstamo entre particulares se escribe, se declara y, si produce intereses, tributa. Y cuando el prestamista vive en España y el prestatario en Francia, se añade una segunda capa, la del convenio para evitar la doble imposición firmado entre ambos países. Este artículo explica, paso a paso, cómo prestar ese dinero sin convertir una ayuda familiar en un problema con la Hacienda francesa: el contrato, la declaración obligatoria del préstamo, la fiscalidad de los intereses con el convenio franco-español, el caso del préstamo sin intereses y lo que ocurre si el prestamista o el prestatario fallece antes de la devolución.
I. Formalizar el préstamo y declararlo en Francia
En derecho francés, prestar dinero a un familiar no es un gesto invisible para la administración. El préstamo entre particulares, que el Código civil llama prêt de consommation (préstamo de consumo), es un contrato por el que una parte entrega a otra una cantidad de cosas que se consumen con el uso, con la obligación de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, según el artículo 1892 del Código civil. Esa definición tan sobria tiene una consecuencia práctica: aunque haya confianza, el préstamo debe poder probarse, y a partir de cierta cantidad la prueba escrita es obligatoria.
A. El contrato escrito: la prueba que protege a ambos
La primera regla es la de la prueba. El artículo 1359 del Código civil dispone que el acto jurídico que verse sobre una suma o un valor superior al importe fijado por decreto debe probarse por escrito, firmado por las partes o ante notario. Para los préstamos entre particulares, la administración francesa retiene el umbral de 1 500 euros: por encima de esa cantidad, solo un documento escrito sirve como prueba del préstamo, como recuerda la página oficial del Ministerio de Economía sobre el préstamo entre particulares (economie.gouv.fr). Por debajo de ese importe también conviene escribirlo: el escrito demuestra que el dinero entregado es un préstamo y no una donación, fija su objeto y facilita reclamar la devolución si la relación familiar se deteriora.
El contenido mínimo del contrato es el que pide la propia administración para la declaración posterior: identidad del prestamista y del prestatario, fecha, importe del capital, duración, tipo de interés, calendario de devolución con el detalle de lo que debe reembolsarse cada año civil y, en su caso, las condiciones particulares, como una condición suspensiva o una cláusula de indexación. La lista completa figura en el boletín oficial de la doctrina fiscal, el BOFiP, en su comentario sobre la declaración de los contratos de préstamo. Si el préstamo se devuelve a plazos, hay que adjuntar el cuadro de amortización, incluso cuando el préstamo se concede sin intereses.
Los intereses son libres, pero no ilimitados. El artículo 1907 del Código civil establece que el tipo de interés convenido debe fijarse por escrito, y el Ministerio de Economía recuerda que la remuneración de los préstamos entre particulares es libre dentro del límite de los tipos de la usura (taux de l’usure, el tipo máximo legal que fija el Banco de Francia cada trimestre). Un préstamo al 0 % es posible: el tipo cero también debe constar por escrito. Para darle fecha cierta al documento, las partes pueden registrarlo: el artículo 680 del Código general de los impuestos somete los actos que no tienen tarifa propia a un derecho fijo de 125 euros. El registro es facultativo, pero el acuse de la administración vale como prueba de la fecha y del contenido si años después Hacienda pregunta de dónde salió ese dinero.
Cuando el prestamista vive en España, un consejo práctico multiplica el valor de ese contrato: pagar siempre por transferencia bancaria, nunca en efectivo, y conservar los justificantes de cada pago y de cada devolución. La transferencia identifica el origen y el destino de los fondos; el contrato dice por qué concepto se entregaron. Sin contrato ni rastro bancario, una entrega de 20 000 euros a un hijo puede leerse, en un control, como una donación encubierta, con los derechos de donación correspondientes.
B. La declaración obligatoria del préstamo: el formulario 2062
La segunda obligación sorprende a muchas familias: en Francia, los préstamos entre particulares deben declararse a la Hacienda francesa. El fundamento está en el apartado 3 del artículo 242 ter del Código general de los impuestos, que somete a declaración todos los contratos de préstamo, y en el artículo 49 B del anexo III del mismo Código, que obliga a quienes intervienen en la conclusión de los contratos, como parte o como intermediario, a declarar los nombres y direcciones del prestamista y del prestatario, la fecha, el importe y las condiciones del préstamo, en particular su duración, el tipo y la periodicidad de los intereses y las modalidades de devolución del capital.
No todos los préstamos pasan por esa declaración. El artículo 23 L del anexo IV del Código general de los impuestos, en su versión vigente, dispensa de declarar los contratos cuyo capital no supere los 5 000 euros, además de los préstamos bancarios y de los concedidos por el Estado o las colectividades locales. La dispensa tiene una trampa que conviene conocer: si en el mismo año se conceden varios préstamos de importe unitario igual o inferior al umbral, pero cuyo total supera los 5 000 euros, hay que declararlos todos en una sola declaración, y es el acreedor quien debe declarar el conjunto cuando los deudores quedan dispensados por el importe individual. Así lo explica el BOFiP en su comentario sobre la declaración de los contratos de préstamo, y la ficha oficial de service-public.fr lo resume en una frase: se declara cuando lo prestado supera los 5 000 euros en el año, en uno o en varios préstamos.
El impreso es el formulario número 2062 (cerfa 10142), con su anexo 2062-A cuando hay varios préstamos pequeños cuyo total supera el umbral. La ficha R1087 de service-public.fr precisa que los particulares presentan esa declaración al mismo tiempo que su declaración anual de la renta. El BOFiP añade que, con carácter general, la declaración de los contratos de préstamo debe enviarse durante el primer mes del año siguiente al de la firma del contrato, con un aplazamiento práctico hasta el 15 de febrero, y que puede remitirse a la dirección departamental de finanzas públicas desde la redacción misma del contrato (BOI-RPPM-PVBMI-40-30-65). Si un intermediario interviene en la conclusión o la redacción del contrato, por ejemplo un notario, la declaración le corresponde a él.
¿Quién declara cuando el prestamista vive en España? La ficha de service-public.fr reparte el trabajo con claridad: la obligación alcanza tanto a quien pide prestado como a quien presta, pero si el prestatario no declara, debe hacerlo el prestamista. En la práctica de una familia con el prestamista en España y el prestatario en Francia, lo razonable es que sea el prestatario, que declara sus rentas en Francia, quien presente el 2062, y que el prestamista conserve una copia. La obligación existe aunque el préstamo no devengue intereses: la ficha oficial lo dice expresamente, la declaración se exige haya o no intereses.
No declarar sale caro. El BOFiP dedica una sección entera al defecto de declaración de un contrato de préstamo y concluye que se aplican las sanciones generales del artículo 1729 B del Código general de los impuestos, es decir, una multa de 150 euros por documento no presentado en plazo. Conviene no confundirla con la multa del 50 % de las cantidades no declaradas, que castiga otros incumplimientos de declaración de rentas mobiliarias pero no este: cada sanción tiene su campo, y la del 2062 es la del artículo 1729 B. Además, un préstamo no declarado es un préstamo que no existe para la administración el día en que hace falta probar la deuda, por ejemplo para deducirla de una herencia o para justificar el origen de los fondos.
II. Intereses, préstamo sin intereses y fallecimiento de una parte
Una vez firmado y declarado el préstamo, empieza su vida fiscal. Si el préstamo produce intereses, el prestamista que vive en España cobra rentas de fuente francesa, y ahí entra en juego el convenio fiscal entre Francia y España. Si el préstamo es gratuito, no hay intereses que declarar, pero el contrato sigue siendo la pieza que impide que la ayuda se recalifique como donación. Y si una de las partes fallece antes de la devolución total, el préstamo pendiente se convierte en un elemento de la sucesión, con sus propias reglas.
A. Los intereses: dónde tributan y cuánto puede retener Francia
En derecho interno francés, los intereses de un préstamo entre particulares son rentas del capital mobiliario. El artículo 124 del Código general de los impuestos considera rentas los intereses y todos los demás productos de los créditos hipotecarios, privilegiados y quirografarios, y el artículo 125 del mismo Código fija el hecho imponible: el impuesto se debe por el mero pago de los intereses, cualquiera que sea su forma, o por su anotación en el debe o el haber de una cuenta. El Consejo de Estado lo confirmó en una decisión sobre préstamos participativos concedidos a una sociedad española: los intereses efectivamente pagados al prestamista en remuneración de préstamos vencidos constituyen rentas imponibles como rentas del capital mobiliario, aunque después se descubra que la actividad de la prestataria era fraudulenta (Consejo de Estado, 18 de octubre de 2022, n.º 461703). La lección sirve para el préstamo familiar: cobrado el interés, hay renta imponible; la discusión posterior sobre el destino del dinero no lo convierte en devolución de capital.
Cuando el prestamista es residente fiscal de España y el prestatario lo es de Francia, el reparto del poder de gravar lo fija el convenio para evitar la doble imposición firmado en Madrid el 10 de octubre de 1995, publicado por el decreto n.º 97-756 de 2 de julio de 1997. Su artículo 11, dedicado a los intereses, establece tres reglas encadenadas. Primera: los intereses procedentes de un Estado y pagados a un residente del otro Estado son imponibles en ese otro Estado, es decir, en España si el prestamista vive en España. Segunda: esos intereses también son imponibles en el Estado de donde proceden, Francia en nuestro caso, según su legislación interna, pero si quien recibe los intereses es su beneficiario efectivo, el impuesto así establecido no puede exceder del 10 % del importe bruto de los intereses. Tercera: en ciertos casos, entre ellos los préstamos concedidos por un establecimiento de crédito, los intereses solo son imponibles en el Estado de residencia del perceptor. Para un préstamo familiar corriente, el marco es el de las dos primeras reglas: España grava, y Francia conserva el derecho de gravar hasta el 10 %.
La doctrina fiscal francesa confirma esa lectura general: los intereses de fuente francesa percibidos por un residente del otro Estado contratante que sea su beneficiario efectivo son imponibles en ese otro Estado en las condiciones de derecho común y, en Francia, por vía de retención en la fuente al tipo previsto por el convenio aplicable (BOI-INT-DG-20-20-30, intereses y cánones). El propio comentario precisa que el Estado de donde proceden los intereses se determina por la residencia del deudor: los intereses se consideran procedentes de Francia cuando el deudor es el Estado francés, una colectividad local francesa u otro residente de Francia. Un hijo residente en Francia que paga intereses a su padre residente en España paga, por tanto, intereses de fuente francesa en el sentido del convenio.
¿Significa eso que el prestatario debe retener el 10 % al pagar? El convenio fija un techo, no un mecanismo automático de retención para cada préstamo familiar sin intermediario. Lo que el prestamista debe retener de este artículo es lo siguiente: primero, los intereses se declaran y gravan en España como residente español; segundo, si Francia aplicara una imposición en la fuente dentro del límite del 10 %, España concede una deducción por el impuesto pagado en Francia, con el límite de la fracción del impuesto español correspondiente a esas rentas, como dispone el apartado 2 del artículo 24 del convenio, dedicado a la eliminación de las dobles imposiciones. Para obtener en la práctica la aplicación del tipo convenido o la devolución de una retención excesiva, la vía administrativa francesa pasa por el formulario 5000 de certificado de residencia visado por la Hacienda del Estado de residencia y, para los intereses, por su anexo 5002 de liquidación y devolución de la retención, formularios que la doctrina fiscal cita como justificantes de la residencia y del impuesto soportado. El funcionamiento general del convenio, la residencia y la eliminación de la doble imposición se describen con más detalle en nuestro artículo sobre el convenio de doble imposición entre España y Francia.
El préstamo sin intereses merece un apartado propio porque es el más frecuente entre padres e hijos. Prestar al 0 % es legal, el tipo cero debe constar por escrito y no hay intereses que declarar cada año. Pero la gratuidad no dispensa del contrato ni del 2062: son ellos los que prueban que hubo préstamo y no donación. El riesgo aparece cuando el préstamo gratuito nunca se reclama: si el prestamista fallece sin haber exigido la devolución, o si condona la deuda, la cantidad pendiente puede tratarse como una liberalidad y tributar como tal. La frontera entre préstamo y donación no la pone la intención declarada años después, sino los papeles firmados el primer día, el cuadro de amortización y los reembolsos efectivamente realizados. Quien prefiera donar desde el principio en lugar de prestar tiene una vía específica: los dones de sumas de dinero en plena propiedad a hijos, nietos o, en su defecto, sobrinos, están exonerados hasta 31 865 euros cada quince años por artículo 790 G del Código general de los impuestos, siempre que el donante tenga menos de ochenta años y el donatario sea mayor de edad o esté emancipado. Las condiciones y el encaje de esa exoneración con la del préstamo se detallan en nuestro artículo sobre donar dinero desde Francia a un hijo que vive en España.
B. Si alguien fallece antes de la devolución: sucesión, deudas y plazos para reaccionar
El préstamo sobrevive a las personas: si el prestamista fallece, su crédito contra el prestatario forma parte de su patrimonio y entra en la sucesión; si fallece el prestatario, su deuda pendiente grava la suya. Cada situación tiene sus reglas.
Si el prestamista vivía en España y el prestatario en Francia, la Hacienda francesa puede reclamar derechos de sucesión sobre el crédito. El artículo 750 ter del Código general de los impuestos somete a los derechos de mutación a título gratuito, cuando el fallecido no tenía su domicilio fiscal en Francia, los bienes muebles e inmuebles situados en Francia, y cita expresamente entre ellos los créditos y valores mobiliarios franceses. Un crédito frente a un prestatario establecido en Francia entra en ese campo: los herederos deberán incluirlo en la declaración de sucesión francesa por su importe pendiente a la fecha del fallecimiento. Y si en los quince años anteriores el fallecido ya había hecho donaciones a los mismos herederos, el artículo 784 del Código general de los impuestos obliga a declararlas y acumula su importe al de la sucesión para liquidar los derechos, salvo las donaciones de hace más de quince años. Por eso el 2062 de cada préstamo y los justificantes de las devoluciones parciales son también piezas de la futura sucesión: fijan cuánto quedaba por devolver y evitan que la administración lo discuta.
Si quien fallece es el prestatario residente en Francia, la deuda pendiente es deducible del activo sucesorio, pero no automáticamente. El artículo 768 del Código general de los impuestos dispone que, para liquidar los derechos de sucesión, las deudas a cargo del fallecido se deducen cuando su existencia al día de la apertura de la sucesión está debidamente justificada por todos los medios de prueba compatibles con el procedimiento escrito. Un contrato firmado, un 2062 presentado en plazo y transferencias que muestran reembolsos regulares son exactamente esos medios de prueba; una entrega en efectivo sin papeles no lo es.
Queda la revelación tardía. Si el préstamo nunca se declaró y la administración lo descubre en un control, o si los herederos declaran una donación manual al regularizar, el artículo 757 del Código general de los impuestos somete a los derechos de mutación a título gratuito los actos que contienen la declaración del don manual por el donatario, su reconocimiento judicial y, por la misma regla, la revelación del don manual a la administración. La doctrina fiscal precisa que el hecho generador es la declaración, el reconocimiento o la revelación, y que la respuesta del contribuyente a una petición de la administración durante un control vale como revelación (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10). Dicho de otro modo: regularizar pronto y con papeles cuesta los derechos y, en su caso, la multa de 150 euros del 2062; esperar a que el control hable primero cuesta lo mismo más el riesgo de que la administración recalcule los intereses de demora y discuta la naturaleza de la operación.
Frente a un aviso de la Hacienda francesa que el prestatario o los herederos consideren injusto, por ejemplo una tasación de oficio o una multa, existe la vía de la reclamación. El artículo R*196-1 del Libro de procedimientos fiscales exige presentar la reclamación ante la administración, para los impuestos distintos de los locales, a más tardar el 31 de diciembre del segundo año siguiente al de la puesta en cobro del impuesto, al de su pago si no hubo padrón ni aviso de cobro, o al del acontecimiento que motiva la reclamación. Ese 31 de diciembre del segundo año es el plazo que nunca debe dejarse pasar: presentada en plazo, la reclamación suspende en la práctica la discusión hasta la respuesta de la administración y abre, si es desestimada, la vía del tribunal administrativo. La reclamación debe identificar el impuesto, el importe discutido y los motivos, y adjuntar el contrato de préstamo, el 2062, los justificantes bancarios y, en su caso, el convenio invocado.
Conclusión
Prestar dinero a un familiar en Francia viviendo en España se resume en cuatro gestos. Primero, escribir el préstamo con su importe, su duración, su tipo de interés aunque sea cero y su calendario de devolución, porque el escrito es la prueba que exige el Código civil y la que impide que la ayuda se confunda con una donación. Segundo, declarar el contrato en el formulario 2062 cuando el total prestado en el año supera los 5 000 euros, en el plazo que corresponde a cada parte, porque la multa por omisión existe y porque ese papel servirá también el día de la sucesión. Tercero, tratar los intereses como lo que son, rentas del capital mobiliario de fuente francesa, imponibles en España como Estado de residencia del prestamista, con un derecho francés limitado al 10 % por el convenio y una deducción en España del impuesto pagado en Francia. Cuarto, anticipar el fallecimiento de una parte: el crédito pendiente entra en la sucesión del prestamista y la deuda justificada se deduce de la del prestatario. Con el contrato firmado, la transferencia bancaria, el 2062 presentado y los reembolsos al día, el préstamo familiar resiste un control, una sucesión y una reclamación; sin esos cuatro papeles, la misma ayuda se discute en los tres frentes.