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Prohibición de retorno a Francia (IRTF): duración, prueba de salida, ficha SIS y cómo pedir la derogación (2026)

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado de extranjería en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Prohibición de retorno a Francia (IRTF): duración, prueba de salida, ficha SIS y cómo pedir la derogación (2026)

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Recibió una obligación de abandonar Francia y, en el mismo sobre, una segunda decisión: tiene prohibido volver durante dos, tres o cinco años. Meses después, desde España, México o Colombia, quiere pedir un visado para reunirse con su familia o aceptar un trabajo, y el consulado le responde que existe una señal en su contra en el sistema europeo. Esa segunda decisión tiene un nombre preciso en derecho francés: la prohibición de retorno al territorio francés, que la administración abrevia como IRTF, de interdiction de retour sur le territoire français. No es una simple consecuencia automática de la obligación de salida: es una medida propia, con su duración, su punto de partida, sus vías de derogación y sus recursos. Esta guía explica, paso a paso, cómo se calcula, cómo se prueba que ya se cumplió la salida y cómo pedir que la levanten, con los textos y las decisiones que realmente la regulan.

En Francia, la obligación de abandonar el territorio (obligation de quitter le territoire français, abreviada OQTF) es la orden de salida que dicta el prefecto (préfet, el representante del Estado en cada departamento; en París, el prefecto de policía). La IRTF es la prohibición de regresar que puede acompañarla. La primera ordena salir; la segunda cierra la puerta durante un tiempo. Cada una se recurre por separado y cada una obedece a reglas distintas, aunque viajen en el mismo expediente. El artículo L. 612-6 del Código de la entrada y la estancia de los extranjeros y del derecho de asilo dispone que, cuando no se concede ningún plazo de salida voluntaria, la autoridad acompaña la obligación de salida con una prohibición de retorno, y añade que unas circunstancias humanitarias pueden justificar que no la dicte. Esa frase final importa: la prohibición no es inevitable, y su duración debe motivarse en cada caso.

I. Cuánto dura la prohibición y desde cuándo empieza a contar

La primera pregunta que hace todo lector es aritmética: ¿cuántos años dura mi prohibición y cuándo termina? La respuesta depende de dos elementos, la hipótesis en la que usted se encuentra y la fecha real de su salida de Francia. Ninguno de los dos se presume: ambos se prueban con documentos.

A. La duración depende de su situación y de la fecha de la decisión

El Código distingue tres hipótesis. Primera, la más frecuente: el prefecto dicta la obligación de salida sin conceder plazo de salida voluntaria. En ese caso, la prohibición de retorno se dicta en principio de forma automática, salvo circunstancias humanitarias, y sus efectos cesan al expirar una duración fijada por la administración que no puede exceder de cinco años contados desde la ejecución de la obligación de salida, y de diez años en caso de amenaza grave para el orden público, según el artículo L. 612-6 del Código de extranjeros, en su redacción vigente desde el 28 de enero de 2024. Segunda hipótesis: usted dispuso de un plazo de salida voluntaria y permaneció en Francia de forma irregular una vez vencido. Entonces la administración dicta una prohibición de retorno cuya duración tampoco puede exceder de cinco años desde la ejecución, como establece el artículo L. 612-7 del mismo Código. Tercera hipótesis: usted no está en ninguno de los dos casos anteriores, por ejemplo porque salió dentro del plazo. Aquí la prohibición es facultativa, no automática, y su duración máxima es igualmente de cinco años desde la ejecución, conforme al artículo L. 612-8 del Código.

La duración no se fija a ciegas. Para fijarla, la administración tiene en cuenta la duración de su presencia en Francia, la naturaleza y la antigüedad de sus vínculos con el país, la circunstancia de haber sido ya objeto o no de una medida de alejamiento y la amenaza para el orden público que represente su presencia, como exige el artículo L. 612-10 del Código. El mismo examen se aplica a la prolongación de la prohibición. Y la prolongación tiene su propio tope: la administración puede prolongar la prohibición por una duración máxima de dos años cuando usted se mantuvo en Francia sin derecho, superó el plazo concedido o regresó mientras la prohibición seguía vigente, pero la duración total no puede exceder de cinco años desde la ejecución, salvo amenaza grave para el orden público, según el artículo L. 612-11 del Código.

Un matiz temporal que cambia muchos cálculos: los topes de cinco y diez años rigen para las decisiones dictadas desde el 28 de enero de 2024, fecha de entrada en vigor de la reforma. Las decisiones anteriores obedecían a topes más bajos. Así lo muestra una sentencia reciente: la corte administrativa de apelación de Douai anuló en 2024 una prohibición de dos años aplicando el tope de tres años entonces invocado para una decisión de marzo de 2023, y recordó que la duración debe medirse contra el texto vigente en la fecha de la decisión (CAA Douai, 14 de mayo de 2024, n.º 23DA01403). De modo que el primer gesto útil ante una IRTF es leer la fecha de su notificación y compararla con el texto aplicable ese día, no con el que usted encuentra hoy en internet.

La duración también puede caer por desproporción. En esa misma sentencia de Douai, la corte anuló una prohibición de dos años contra un padre de una niña francesa porque la prefectura se había basado en unos hechos de violencia conyugal que solo dieron lugar a una propuesta de composición penal, sin condena ni denuncia de la compañera, mientras la hija y su madre, ambas francesas, tenían vocación de residir en Francia. La corte juzgó que fijar dos años, cerca del máximo, desconocía el interés superior del niño y llevaba al derecho al respeto de la vida privada y familiar un ataque desproporcionado, con cita del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La lección práctica es clara: una duración cercana al máximo exige una motivación sólida, y la vida familiar efectiva, probada con documentos y no solo afirmada, es el argumento que más pesa para reducirla.

B. El reloj solo corre desde la salida efectiva, y esa salida se prueba

La regla más incomprendida de todas es el punto de partida. La prohibición no empieza a contar el día de su notificación ni el día en que vence el plazo de salida: sus efectos cesan al expirar la duración fijada, pero esa duración se cuenta desde la ejecución de la obligación de salida, como repiten los artículos L. 612-6, L. 612-7 y L. 612-8. Mientras usted no haya salido efectivamente, el reloj no ha empezado a correr. La administración debe además informarle de que la duración durante la cual le está prohibido volver empieza a correr en la fecha en que cumpla su obligación de salir, según el artículo R. 613-6 del Código.

¿Cómo se demuestra que se salió? El reglamento ofrece dos caminos. El primero es el sello: la obligación de salida se considera ejecutada en la fecha en que se estampó en los documentos de viaje el sello previsto por el Código de fronteras Schengen al cruzar las fronteras exteriores de los Estados parte, o el sello de la administración al salir de Guadalupe, Guayana, Martinica, Reunión, Mayotte, San Pedro y Miquelón o San Bartolomé y San Martín hacia un país tercero, como detalla el artículo R. 711-1 del Código. Guarde por tanto el pasaporte sellado: es la prueba reina. El segundo camino sirve cuando no hay sello, por ejemplo porque salió hacia otro Estado Schengen sin control fronterizo: usted puede justificar su salida por todo medio acreditando su presencia efectiva en el país de destino, en particular presentándose personalmente ante las representaciones consulares francesas o ante la representación de la Oficina Francesa de Inmigración e Integración, y salvo prueba en contrario se considera que ejecutó la decisión en la fecha en que se presentó ante esas autoridades, conforme al artículo R. 711-2 del Código. En la práctica, preséntese al consulado francés de su país, pida que conste la fecha y conserve el justificante: ese papel fija el día desde el que cuentan los años.

La jurisprudencia confirma que este punto de partida no es un tecnicismo. La corte administrativa de apelación de Burdeos juzgó que una medida de asignación a residencia no puede fundarse en una prohibición de retorno que aún no ha empezado a correr, porque la prohibición solo produce efectos después de la ejecución de la obligación de salida y del regreso irregular del interesado; fundar la asignación en una prohibición no ejecutada constituye un error de derecho (CAA Burdeos, 24 de marzo de 2022, n.º 21BX04181). La corte se apoyó en la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya había juzgado que la duración de una prohibición de retorno debe calcularse desde la fecha en que el interesado abandonó efectivamente el territorio de los Estados miembros (TJUE, 26 de julio de 2017, Ouhrami, C-225/16, punto 58). Si la prefectura le opone una prohibición antigua que usted nunca ejecutó mediante una salida real, esa prohibición no ha empezado a correr, pero tampoco ha terminado: sigue pendiente de ejecución, y salir y probarlo es lo que activa el cómputo.

Un último efecto práctico de la prohibición explica muchos visados denegados. La persona objeto de una prohibición de retorno es inscrita para su no admisión en el Sistema de Información Schengen, conforme al artículo 24 del Reglamento (UE) 2018/1861, y así lo recuerda el artículo L. 613-5 del Código. Esa inscripción es la que el consulado consulta cuando pide un visado para Francia o para cualquier Estado Schengen. Por eso la estrategia no consiste en encadenar solicitudes de visado contra una señal vigente, sino en atacar la señal misma: conseguir la derogación o la anulación de la prohibición y, con ella, el fin de la inscripción, cuyas modalidades de supresión siguen las reglas del fichero de personas buscadas previstas por el decreto de 28 de mayo de 2010, como indica el artículo R. 613-7 del Código. Un tribunal de París ya ordenó en 2025 a todo prefecto competente poner fin sin demora a la inscripción de un extranjero cuya prohibición acababa de anular, en un litigio que luego subió a la corte de apelación (CAA París, 27 de abril de 2026, n.º 25PA05047).

II. Cómo conseguir que la levanten: derogación, revisión y recurso

Salir y esperar a que pasen los años es una opción, pero el derecho francés ofrece tres caminos activos para acortar o eliminar la prohibición: la derogación automática cuando se salió a tiempo, la solicitud de derogación al prefecto y la revisión quinquenal. A ellos se suma el recurso contencioso contra la prohibición misma. Cada camino tiene sus condiciones, y equivocarse de puerta hace perder meses.

A. Las tres puertas de la derogación y la revisión de oficio

Primera puerta: la derogación automática del que cumplió. Si su prohibición se dictó con carácter facultativo, es decir, en la hipótesis del artículo L. 612-8, y usted justifica, como muy tarde dos meses después de vencer el plazo de salida voluntaria del que disfrutó, haber cumplido su obligación de salir dentro del plazo, la prohibición queda derogada. La administración solo puede negarse mediante decisión motivada, atendiendo a circunstancias particulares de su situación y su comportamiento, según el artículo L. 613-8 del Código. Esta puerta es estrecha pero poderosa: exige haber salido dentro del plazo y mover ficha rápido, dentro de los dos meses siguientes a su vencimiento, con la prueba de salida en la mano, sello del pasaporte o justificante consular. Si deja pasar esos dos meses sin justificar, la puerta se cierra y deberá usar las siguientes.

Segunda puerta: la solicitud de derogación al prefecto, abierta en todo momento. La autoridad puede derogar la prohibición en cualquier momento, y cuando usted solicita esa derogación, su petición solo es admisible si justifica residir fuera de Francia, como establece el artículo L. 613-7 del Código. La exigencia de residir fuera no admite rodeos: la corte administrativa de apelación de Burdeos declaró inadmisible la impugnación de una denegación de derogación presentada por un extranjero que reconocía residir en Cayena, en Guayana, tanto en primera instancia como en apelación, porque no cumplía la condición legal en la fecha en que acudió al juez (CAA Burdeos, 24 de mayo de 2022, n.º 21BX01333). La condición no se aplica durante el tiempo en que el extranjero cumple en Francia una pena de prisión firme ni cuando es objeto de una medida de asignación a residencia dictada con fundamento en los artículos L. 731-1 o L. 731-3, según el mismo artículo. En la práctica, esto significa que no puede pedir la derogación desde la clandestinidad en Francia: primero salga, fije su residencia fuera, reúna la prueba de salida y después escriba al prefecto que dictó la medida, que en París es el prefecto de policía, conforme al artículo R. 613-1 del Código. Acompañe todo lo que haya cambiado desde la decisión: matrimonio, nacimiento de un hijo, contrato de trabajo en su país, arraigo familiar, fin de la situación que motivó la amenaza para el orden público. La misma sentencia de Burdeos recuerda dos garantías útiles: la petición de derogar la obligación de salida misma sí es admisible aunque se resida en Francia, por la vía del derecho común de la derogación de actos no reglamentarios del artículo L. 243-2 del Código de relaciones entre el público y la administración, y la denegación debe estar motivada, de modo que puede pedir por escrito la comunicación de los motivos y, si la administración no los comunica en el mes siguiente, esa omisión vicia su denegación.

Tercera puerta: la revisión obligatoria cada cinco años. Los motivos de la prohibición dan lugar a un reexamen cada cinco años contados desde su fecha de adopción: la autoridad tiene en cuenta la evolución de la amenaza para el orden público, los cambios en su situación personal y familiar y sus garantías de reinserción profesional o social, con vistas a derogar eventualmente la decisión. Usted puede presentar observaciones escritas, y si en dos meses no se le notifica una decisión expresa de derogación, el reexamen se considera concluido con una decisión implícita de no derogar, que es recurrible, según el artículo L. 613-9 del Código, vigente desde el 28 de enero de 2024. No espere pasivamente ese reexamen: marque en su calendario los cinco años desde la notificación, envíe observaciones escritas con pruebas antes del vencimiento y, si el silencio de dos meses produce una denegación implícita, impúgnela ante el tribunal administrativo. Tenga en cuenta que este reexamen solo existe para las prohibiciones que siguen vigentes cinco años después de dictadas, es decir, en la práctica, para las de larga duración o las prolongadas.

Para elegir la puerta correcta, un cuadro sencillo: si salió dentro del plazo y aún está dentro de los dos meses siguientes, use la derogación automática con la prueba de salida; si ya reside fuera de Francia, pida la derogación al prefecto alegando el cambio de circunstancias; si su prohibición cumple cinco años y sigue vigente, active la revisión con observaciones escritas; y si la prohibición misma es ilegal, recúrrala directamente sin esperar, por la vía que describe el apartado siguiente. Si recibe una obligación de salida acompañada de una prohibición, recuerde además que el análisis completo de la primera decisión condiciona la segunda: la guía sobre la obligación de salida denegada y el recurso detalla los plazos y las pruebas de ese combate previo, y la guía sobre qué hacer al recibir una OQTF y querer casarse en Francia explica qué cambia cuando existe un proyecto matrimonial con un ciudadano francés.

B. Recurrir la prohibición ante el juez: plazos, motivos y la novedad de 2026

La prohibición de retorno se impugna ante el tribunal administrativo, y el plazo depende de su situación en el momento de recurrir. En el caso general, cuando la prohibición acompaña a la obligación de salida y usted no está ni asignado a residencia ni detenido ni retenido, el tribunal puede ser instado en el plazo de un mes desde la notificación y falla en seis meses, sin que el ejercicio de un recurso administrativo prorrogue el plazo contencioso, conforme al artículo R. 911-1 del Código, que precisa la vía general del artículo L. 911-1. Si usted está asignado a residencia, el plazo para recurrir es de siete días desde la notificación y el tribunal falla en quince días, según el artículo L. 921-1 del Código. Si está en retención administrativa, el plazo cae a cuarenta y ocho horas desde la notificación, como fija el artículo R. 921-2-1 del Código, y el tribunal falla en noventa y seis horas. Estos plazos de recurso no son prorrogables, advierte el artículo R. 921-3 del Código. La prohibición dictada después de la obligación de salida, cuando usted permaneció irregularmente vencido el plazo voluntario, se impugna por la vía de siete días o, en retención, por la de cuarenta y ocho horas, y si el tribunal recibe recursos separados contra la obligación y contra la prohibición posterior, falla sobre ambas por una sola decisión, según el artículo L. 614-4 del Código. Cada frase de este párrafo lleva su fuente porque cada día cuenta: un recurso fuera de plazo es inadmisible por mucho fondo que tenga.

En cuanto al fondo, los motivos que más prosperan son la falta o la insuficiencia de motivación, el error manifiesto en la duración y la desproporción frente a la vida privada y familiar. Las decisiones sobre el plazo de salida y sobre la prohibición son distintas de la obligación de salida y deben ser motivadas, recuerda el artículo L. 613-2 del Código. Una prohibición de dos años rozando el máximo, dictada contra el padre de una niña francesa con una amenaza para el orden público reducida a una composición penal, fue anulada por desproporcionada, como se vio en Douai. Y cuando el juez anula la denegación del plazo de salida voluntaria, la ley ordena poner fin inmediatamente a las medidas de vigilancia de los artículos L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 y L. 743-13, y el magistrado recuerda al extranjero que deberá salir en el nuevo plazo que fije la administración, plazo que corre desde su notificación, según el artículo L. 614-17 del Código.

La actualidad de 2026 obliga a precisar un punto que muchos foros presentan al revés. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea había juzgado el 1 de agosto de 2025, en un litigio belga, que la ilegalidad del plazo de salida voluntaria contaminaba toda la decisión de retorno y obligaba a anularla íntegramente (TJUE, 1 de agosto de 2025, Al Hoceima y Boghni, asuntos acumulados C-636/23 y C-637/23). Esa lectura, pensada para un acto único belga, chocaba con la arquitectura francesa, donde la ley separa las decisiones. Consultado por la corte de apelación de París, el Consejo de Estado zanjó el debate el 16 de julio de 2026: la concesión o la denegación del plazo de salida es una decisión autónoma, el juez puede anular solo ella, y esa anulación no afecta por sí misma a la legalidad de la obligación de salir, aunque sí impide su ejecución forzosa mientras la administración no fije y notifique un nuevo plazo conforme a los motivos de la sentencia; a la inversa, la anulación de la obligación de salida sí arrastra la caída de las decisiones sobre el plazo (Consejo de Estado, dictamen contencioso n.º 515248 de 16 de julio de 2026, publicado en el Journal officiel de la República Francesa). En términos prácticos para su prohibición: ganar el plazo voluntario no tumba la obligación de salir ni, por sí solo, la prohibición que la acompaña, pero paraliza la ejecución forzosa y le devuelve tiempo para ordenar la salida y preparar la prueba que fijará el punto de partida del cómputo.

Conclusión

La prohibición de retorno no es una fatalidad ni un muro invisible: es una decisión administrativa fechada, motivada y limitada en el tiempo, que solo empieza a contar desde su salida efectiva y que puede derogarse por tres vías y recurrirse ante el juez con plazos estrictos. El orden de trabajo que surge de los textos y de las sentencias de este año es simple. Primero, lea la fecha y la duración de su prohibición y compárelas con el texto vigente ese día, recordando que los topes actuales de cinco y diez años rigen desde el 28 de enero de 2024. Segundo, fije la prueba de su salida, sello del pasaporte o presentación en el consulado o ante la Oficina de Inmigración, porque sin esa fecha el cómputo no existe. Tercero, elija la puerta adecuada: derogación automática dentro de los dos meses si salió a tiempo, solicitud al prefecto una vez resida fuera de Francia, u observaciones escritas ante la revisión quinquenal, sin olvidar el recurso directo contra una prohibición ilegal o desproporcionada dentro de su plazo, un mes en el caso general, siete días si está asignado a residencia, cuarenta y ocho horas en retención. La inscripción en el Sistema de Información Schengen cae con la prohibición, no antes, de modo que el esfuerzo debe concentrarse en la decisión francesa, no en multiplicar solicitudes de visado. Con la fecha probada, la residencia fuera acreditada y el cambio de circunstancias documentado, la derogación deja de ser una súplica para convertirse en un expediente.

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