Lleva meses trabajando en Francia y su familia sigue en el extranjero. Presenta la solicitud de reagrupación familiar ante la OFII, la Oficina francesa de inmigración e integración (Office français de l’immigration et de l’intégration), y meses después llega la carta del prefecto (préfet, el representante del Estado en el departamento): denegada por falta de recursos suficientes. Ni el alojamiento ni la convivencia son el problema; el problema es la nómina. ¿Qué ingresos cuentan realmente, cómo se calcula el mínimo y qué recurso existe contra esa denegación? Este artículo responde a esas tres preguntas con los textos vigentes y dos sentencias de tribunales administrativos de apelación que muestran cómo razona el juez.
La reagrupación familiar (regroupement familial) es el procedimiento que permite a un extranjero que reside regularmente en Francia traer a su cónyuge mayor de edad y a sus hijos menores. La solicitud se presenta ante los servicios de la OFII y la decisión la toma el prefecto del departamento del domicilio, o en París el prefecto de policía (préfet de police). La ley exige tres condiciones acumulativas: recursos estables y suficientes, un alojamiento considerado normal para una familia comparable y el respeto de los principios esenciales de la vida familiar en Francia. Este artículo se centra en la primera, la de los recursos, que es la causa más frecuente de denegación cuando el solicitante trabaja a tiempo parcial, encadena contratos cortos o completa sus ingresos con ayudas. La condición del alojamiento, con sus superficies mínimas por zona y la visita de control, se trata en detalle en nuestro artículo sobre la reagrupación familiar denegada por la vivienda.
Antes de entrar en las cifras, una advertencia de ámbito: la reagrupación familiar sirve para traer a la familia que está en el extranjero. Si su cónyuge o sus hijos ya están en Francia sin estatuto, la vía no es esta solicitud sino, según el caso, otra tarjeta o una regularización, y una denegación de esa otra vía puede ir acompañada de una orden de abandonar el territorio (OQTF, obligation de quitter le territoire français), cuyos plazos y recursos explicamos en nuestra guía sobre la OQTF y el recurso suspensivo. Dicho esto, vayamos al núcleo: el dinero.
I. El requisito de recursos: umbral, ingresos que cuentan y prueba en doce meses
La regla de base está en el artículo L. 434-7 del CESEDA, el Código de la entrada y la residencia de los extranjeros y del derecho de asilo (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile): el extranjero solo puede traer a su familia si justifica recursos estables y suficientes para mantenerla, si dispone de un alojamiento normal y si respeta los principios esenciales de la vida familiar en Francia. Las tres condiciones se controlan a la vez, y el prefecto puede denegar si una sola falla. El solicitante, además, debe residir en Francia desde hace al menos dieciocho meses con uno de los títulos que admite la reglamentación, y la solicitud se presenta para el conjunto de las personas llamadas a beneficiarse, cónyuge e hijos menores con filiación legalmente establecida, como precisan los artículos L. 434-1 a L. 434-5 del CESEDA. El procedimiento supone que esa familia está en el extranjero: tras la autorización, el cónyuge solicita el visado de larga duración ante el consulado francés de su país, como describe la página oficial del servicio público.
A. El umbral del SMIC según el tamaño de la familia y los ingresos excluidos
El nivel exigido se fija por decreto en Consejo de Estado entre el salario mínimo de crecimiento mensual (SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance) y ese salario aumentado en una quinta parte, teniendo en cuenta el tamaño de la familia. Así lo establece el artículo L. 434-8 del CESEDA, que es también el que enumera qué ingresos no cuentan. La escala concreta está en el artículo R. 434-4 del CESEDA: los recursos se consideran suficientes cuando alcanzan la media mensual del SMIC en los últimos doce meses para una familia de dos o tres personas, esa media aumentada en una décima parte para una familia de cuatro o cinco personas, y aumentada en una quinta parte para una familia de seis personas o más. A título indicativo, la página oficial del servicio público sobre la reagrupación familiar traduce actualmente esa media en unos 1 867,02 euros brutos mensuales de media en los últimos doce meses para dos o tres personas, cifra que conviene verificar el día de la solicitud porque el SMIC se revaloriza. La referencia oficial y actualizada de estas cifras y del procedimiento está en la página «Regroupement familial» del servicio público francés.
Se computan todos los recursos del solicitante y de su cónyuge, con independencia de su origen salarial o no salarial, pero con una lista cerrada de exclusiones que causa muchas denegaciones. El artículo L. 434-8 del CESEDA excluye las prestaciones familiares, la asignación equivalente de jubilación y las asignaciones previstas en el artículo L. 262-1 del Código de la acción social y de las familias, que es la renta de solidaridad activa (RSA, revenu de solidarité active), en el artículo L. 815-1 del Código de la Seguridad Social y en los artículos L. 5423-1 y L. 5423-2 del Código del Trabajo. El servicio público lo resume en lenguaje claro: las prestaciones familiares, como las asignaciones familiares o de vivienda, el complemento familiar o la asignación de inicio de curso, y la RSA no cuentan. En la práctica, un solicitante que cobra el RSA y lo complementa con ayudas familiares informales parte de una base computable muy baja, y el prefecto puede denegar aunque el hogar viva dignamente sumando todas las entradas. La única gran excepción legal beneficia a los titulares de la asignación para adultos discapacitados (AAH, allocation aux adultes handicapés) o de la asignación suplementaria del artículo L. 815-24 del Código de la Seguridad Social, así como a las personas mayores de sesenta y cinco años que residan regularmente en Francia desde hace al menos veinticinco años y pidan la reagrupación de su cónyuge tras diez años de matrimonio: para ellas no se aplica esta condición de recursos.
Dos matices importantes. Primero, se suman los recursos del solicitante y los de su cónyuge cuando este trabaja, de modo que un cónyuge ya presente en Francia con empleo estable puede salvar un expediente justo. Segundo, el umbral crece con la familia que vendrá, no solo con la que ya vive en Francia: pedir la reagrupación del cónyuge y de tres hijos coloca a la familia en el tramo de cinco personas, es decir, la media del SMIC aumentada en una décima parte. Conviene hacer la cuenta antes de presentar la solicitud y, si el resultado queda por debajo, esperar a consolidar ingresos en lugar de presentar un expediente condenado a la denegación, porque cada denegación deja rastro y retrasa meses la llegada de la familia.
B. La prueba de la estabilidad en doce meses: qué convence y qué hunde el expediente
El reglamento no pide una foto de la nómina del mes pasado sino una película de doce meses. El artículo R. 434-4 del CESEDA precisa que se aprecian los recursos del solicitante y de su cónyuge que alimentarán de forma estable el presupuesto familiar, calculados sobre un periodo de doce meses por referencia a la media mensual del SMIC durante ese periodo. La palabra clave es estable: contratos indefinidos (CDI, contrat à durée indéterminée), historiales de doce nóminas, avisos de imposición (avis d’imposition) coherentes con las nóminas y certificados del empleador forman el núcleo duro de la prueba. Los contratos temporales encadenados, el trabajo por misión (intérim) con huecos largos o los ingresos no declarados generan la objeción clásica de inestabilidad aunque la media aritmética alcance el SMIC. Las ayudas en metálico de parientes, aunque sean reales y generosas, solo cuentan si están probadas y presentan un carácter estable, lo que en la práctica exige transferencias regulares trazables y, a ser posible, declaradas en la declaración de la renta; unas simples declaraciones de honor de los hijos o allegados, sin rastro bancario ni reflejo fiscal, no bastan.
Dos sentencias ilustran perfectamente esta lógica. En la primera, la corte administrativa de apelación de Lyon confirmó la denegación del prefecto del Ródano a un solicitante que solo había probado una media de 590,74 euros netos mensuales de RSA entre enero y diciembre de 2018, por debajo del SMIC, y que invocaba un complemento de 700 euros mensuales de ayuda familiar de sus tres hijos mayores sin más prueba que declaraciones de honor, sin rastro en su declaración de la renta. La corte consideró que no aportaba la prueba del carácter estable y suficiente de sus recursos y validó la denegación, añadiendo que el prefecto había hecho un examen global de la situación y no se había limitado a constatar la insuficiencia. La sentencia completa puede leerse en la decisión de la CAA de Lyon de 30 de junio de 2022, n.º 21LY02345. Una precisión honesta: ese litigio se juzgó bajo el artículo 4 del acuerdo franco-argelino, aplicable a los solicitantes argelinos, y no bajo el CESEDA; lo citamos porque el razonamiento sobre la estabilidad y la carga de la prueba es el mismo que aplican los prefectos y los tribunales en el régimen general, y porque muestra exactamente qué tipo de prueba fracasa.
En la segunda, de signo contrario, la corte administrativa de apelación de Marsella anuló la denegación del prefecto de Bocas del Ródano porque el solicitante sí había probado una media de 1 314,57 euros netos mensuales entre agosto de 2018 y julio de 2019, superior al SMIC neto de la época, 1 197 euros. La corte aplicó la regla de apreciación en doce meses del antiguo artículo R. 411-4, hoy artículo R. 434-4 del CESEDA, y concluyó que el prefecto había cometido un error de apreciación. Texto íntegro en la decisión de la CAA de Marsella de 17 de noviembre de 2022, n.º 22MA01234. La lección conjunta es clara: el juez no se contenta con el último salario ni con promesas de ayuda futura; reconstruye la media de doce meses con documentos y solo anula cuando esa media computable supera el umbral. Las cifras de SMIC de ambas sentencias son históricas y estaban en neto; no deben usarse como referencia actual, que está en bruto en la página del servicio público.
En cuanto al procedimiento de prueba, la solicitud se formula en el impreso fijado por decreto del ministro de inmigración y debe ir acompañada de los justificantes cuya lista fija un decreto anexo al código, como indica el artículo R. 434-11 del CESEDA. La OFII verifica que el expediente esté completo y entrega una constancia de depósito (attestation de dépôt) con la fecha; si falta una pieza, devuelve el expediente para completarlo. El compromiso firmado incluye permitir la entrada en la vivienda a los agentes municipales y de la OFII para verificar el alojamiento. Para los recursos, conviene aportar doce nóminas, los contratos de trabajo, los dos últimos avisos de imposición, los extractos bancarios que muestren el abono regular de los salarios y, en su caso, las pruebas del empleo del cónyuge. Todo documento extranjero de estado civil debe presentarse en forma probatoria completa, porque un acta defectuosa puede contaminar también la apreciación de la composición familiar y, con ella, el tramo del umbral aplicable.
II. Denegación por recursos: cómo reaccionar y qué pedir al juez
La denegación por insuficiencia de recursos no es el final del camino, pero cada vía tiene sus plazos y sus condiciones. El esquema es el siguiente: decisión motivada del prefecto en seis meses, recurso amistoso ante el prefecto o jerárquico ante el ministro del Interior, recurso contencioso ante el tribunal administrativo en dos meses y, cuando la situación económica mejora, nueva solicitud completa. Elegir bien el orden evita perder meses: el recurso amistoso es útil cuando falta una pieza o hay un error de cálculo manifiesto; el recurso ante el juez es necesario cuando el desacuerdo es de fondo sobre la estabilidad o el cómputo; la nueva solicitud es la mejor opción cuando los ingresos han mejorado de forma duradera y el expediente anterior era objetivamente débil.
A. Recursos contra la denegación: prefecto, ministro y tribunal administrativo
La decisión del prefecto debe notificarse al solicitante en los seis meses siguientes al depósito del expediente completo en la OFII, y si es denegatoria debe estar motivada. Así resulta de la página oficial del servicio público y del artículo R. 434-28 del CESEDA, según el cual el prefecto notifica su decisión al solicitante. La verificación previa de las condiciones de alojamiento y recursos corresponde al alcalde del municipio de residencia, consultado por la autoridad administrativa, cuyo dictamen se considera favorable si no responde en dos meses, como establece el artículo L. 434-10 del CESEDA. En la práctica, el circuito es: depósito en la OFII, instrucción por el alcalde con posible visita del alojamiento, complemento por la delegación territorial de la OFII y decisión del prefecto. Un dictamen municipal desfavorable sobre los recursos puede combatirse aportando la media de doce meses documentada, porque el alcalde opina pero quien decide es el prefecto.
Contra la denegación caben el recurso administrativo (recours administratif) ante el prefecto o ante el ministro del Interior y el recurso contencioso (recours contentieux) ante el tribunal administrativo territorialmente competente, como recuerda la propia página oficial. El recurso contencioso debe interponerse en los dos meses siguientes a la notificación de la decisión, que es el plazo general del artículo R. 421-1 del Código de Justicia Administrativa. El recurso administrativo previo no es obligatorio, pero interrumpe el plazo contencioso en las condiciones del derecho común y permite, cuando hay un error material, obtener una revisión rápida sin ir al juez. En el recurso contencioso pueden pedirse la anulación de la denegación y una orden al prefecto (injonction) para que autorice o reexamine la solicitud en un plazo determinado, incluso bajo apremio económico (astreinte): en el caso de Lyon el solicitante pedía precisamente esa orden con un apremio de 100 euros por día de retraso, lo que muestra que esta petición es posible aunque allí fuera desestimada con el fondo. Cuando el juez anula, como en Marsella, devuelve el expediente al prefecto para una nueva decisión conforme a la sentencia; la familia no viaja automáticamente con la sentencia, sino con el visado que sigue a la autorización.
Dos errores frecuentes deben evitarse. El primero es invocar de forma genérica el derecho a la vida familiar del artículo 8 del Convenio europeo de derechos humanos sin demostrar una desproporción concreta: en el caso de Lyon la corte recordó que el prefecto había hecho un examen global y desestimó tanto la vulneración del artículo 8 como el error manifiesto de apreciación, pese a la alegada mala salud del solicitante. El segundo es presentar el recurso contencioso con los mismos documentos insuficientes del expediente inicial esperando que el juez sea más indulgente que el prefecto: el juez reconstruye la media computable con las piezas del expediente y aplica las mismas exclusiones, de modo que un recurso sin prueba nueva sobre la estabilidad tiene pocas perspectivas. Si los ingresos han mejorado desde la denegación, a veces es más eficaz presentar una nueva solicitud completa y actualizada que recurrir con un expediente antiguo débil, sobre todo cuando el contrato estable es reciente y necesita unos meses de historial para demostrar la estabilidad.
B. París e Isla de Francia: dónde y cómo se juega su expediente
En París la decisión la toma el prefecto de policía y el expediente se deposita ante los servicios de la OFII territorialmente competentes, a los que el prefecto es informado de inmediato, según el artículo R. 434-7 del CESEDA. En la práctica franciliana, los puntos de atención son cuatro. Primero, los plazos reales: el plazo legal de seis meses para la decisión se respeta de forma desigual según los departamentos, y conviene conservar la constancia de depósito de la OFII y todos los acuses de recibo para probar la fecha a partir de la cual corre. Segundo, la prueba del alojamiento se verifica con el alcalde del municipio, y en la región parisina las superficies mínimas varían según la zona de tensión inmobiliaria, como detalla el artículo R. 434-5 del CESEDA; si el alojamiento es el punto débil además de los recursos, conviene tratar ambos frentes a la vez leyendo nuestra guía sobre la vivienda en la reagrupación. Tercero, el tribunal competente depende del departamento del prefecto autor de la denegación: tribunal administrativo de París para las decisiones del prefecto de policía, y tribunales de Montreuil, Cergy-Pontoise, Versalles o Melun para los demás departamentos francilianos; verificar la firma de la decisión antes de dirigir el recurso evita una incompetencia y semanas perdidas. Cuarto, una vez autorizada la reagrupación, la familia debe solicitar el visado de larga duración en el consulado francés de su país, entrar en Francia en los tres meses siguientes a la expedición de los visados, pasar la visita médica de la OFII y solicitar la tarjeta de residencia con la mención «vida privada y familiar» (vie privée et familiale); el certificado médico de la OFII es indispensable para obtener la tarjeta. La página oficial France-Visas sobre la familia de un extranjero residente y la página de la OFII sobre la reagrupación familiar describen estas etapas posteriores a la autorización.
Para los hispanohablantes que trabajan en la región parisina con contratos de obra, hostelería o cuidados, el consejo práctico es el siguiente: antes de presentar la solicitud, reúnan doce meses de nóminas y comprueben que la media computable, sin RSA ni prestaciones familiares, alcanza el tramo correspondiente a su familia futura; si un mes flojo hunde la media, esperen a compensarlo con meses completos en lugar de presentar un expediente justo; y si el cónyuge ya trabaja en Francia con un empleo estable, incluyan sus ingresos con sus justificantes, porque la ley suma los recursos de ambos. Cuando la denegación ya ha llegado, lean su motivación palabra por palabra: si discute un cálculo, el recurso ante el prefecto con la prueba corregida puede bastar; si discute la estabilidad, preparen el recurso ante el tribunal con un historial consolidado o presenten una nueva solicitud cuando el empleo se haya estabilizado. En todos los casos, actúen dentro de los dos meses para el tribunal, porque fuera de plazo el recurso es inadmisible por mucho fundamento que tenga.
Conclusión
La denegación de la reagrupación familiar por falta de recursos se juega en tres elementos: el umbral del SMIC en media de doce meses según el tamaño de la familia, la exclusión de la RSA y las prestaciones familiares, y la prueba de la estabilidad con documentos trazables. El prefecto decide en seis meses tras la instrucción de la OFII y el dictamen del alcalde, y su denegación motivada puede impugnarse ante el prefecto o el ministro y ante el tribunal administrativo en dos meses, con posibilidad de pedir una orden de reexamen. Las sentencias de Lyon y Marsella muestran las dos caras de la moneda: sin prueba estable, el juez confirma; con una media computable superior al SMIC, anula. Preparar la media antes de solicitar, excluir del cálculo lo que la ley excluye y recurrir a tiempo con prueba mejorada es el camino más seguro para reunir a la familia sin perder un año en un expediente débil.