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Nacionalidad francesa por matrimonio en 2026: nivel B2, plazos de 4 o 5 años, rechazo y recurso

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado de extranjería en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Nacionalidad francesa por matrimonio en 2026: nivel B2, plazos de 4 o 5 años, rechazo y recurso

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Casarse con un francés o una francesa no convierte a nadie en francés. El artículo 21-1 del Código civil lo dice con claridad: el matrimonio no produce, por sí solo, ningún efecto sobre la nacionalidad. Lo que existe es una vía distinta, la déclaration de nationalité —la declaración de nacionalidad— del artículo 21-2, con plazos de cuatro o cinco años, pruebas de vida común, un nivel de francés y un registro administrativo que puede ser rechazado. Desde el 1 de enero de 2026, las declaraciones presentadas por matrimonio exigen el nivel B2 oral y escrito. Desde el 1 de mayo de 2026, el timbre fiscal es de 255 euros. Si el ministerio rechaza el registro o el Gobierno se opone por decreto, los jueces y los plazos no son los mismos.

Esta guía se dirige a quien ya está casado con un nacional francés y se pregunta qué debe probar, qué ha cambiado en 2026 y qué recurso cabe si llega un rechazo. No se trata de la naturalisation par décret —la naturalización por decreto, una facultad discrecional del Estado— ni de un permiso de residencia. Un cónyuge español ciudadano de la Unión Europea no necesita, en principio, un titre de séjour (permiso de residencia) para vivir en Francia; un nacional de un tercer país sí. Confundir esas situaciones lleva a preparar el expediente equivocado.

I. Cómo se declara la nacionalidad francesa por matrimonio y qué hay que probar

A. El matrimonio no basta: plazos de cuatro o cinco años, transcripción y comunidad de vida

El punto de partida es negativo y debe quedar claro antes de reunir papeles. El matrimonio con un francés no transmite la nacionalidad. El interesado —extranjero o apátrida— puede adquirirla por declaración, no de pleno derecho. El artículo 21-2 del Código civil fija las condiciones. En francés, el texto exige que, en la fecha de la declaración, «la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage» y que el cónyuge francés haya conservado su nacionalidad. En español, y como explicación, no como cita oficial: la comunidad de vida, afectiva y material, no debe haber cesado entre los esposos desde el matrimonio, y el cónyuge francés debe haber seguido siendo francés.

El plazo ordinario es de cuatro años a contar desde el matrimonio. Ese plazo se eleva a cinco años cuando, en el momento de la declaración, el interesado no justifica haber residido de manera ininterrumpida y regular en Francia durante al menos tres años a partir del matrimonio, o no puede probar que su cónyuge francés estuvo inscrito, durante la comunidad de vida en el extranjero, en el registre des Français établis hors de France (el registro consular de franceses residentes fuera de Francia). La ficha de Service Public sobre la declaración de nacionalidad francesa por matrimonio, actualizada el 1 de mayo de 2026, traduce esa regla en situaciones concretas: cuatro años si la pareja ha vivido en Francia sin interrupción desde el matrimonio, o si ha acumulado más de tres años de vida continua en Francia, o si, viviendo fuera, el cónyuge francés estaba inscrito en los registros consulares; cinco años en los demás casos.

Quien vive en España casado con un francés debe mirar esa alternativa con atención. No basta con llevar cuatro años casados. Si la vida común se ha desarrollado sobre todo fuera de Francia y el cónyuge francés no puede exhibir la inscripción consular durante ese periodo, el plazo útil es de cinco años. La prueba no es una declaración jurada improvisada: el artículo 14-1 del decreto n.º 93-1362 del 30 de diciembre de 1993 pide, en su punto 7.º, los documentos de residencia regular e ininterrumpida en Francia durante al menos tres años desde el matrimonio o el certificado de inscripción del cónyuge francés en el registro de franceses establecidos fuera de Francia.

El matrimonio celebrado en el extranjero debe haber sido transcrito previamente en los registros del estado civil francés. Sin esa transcripción, la declaración del artículo 21-2 no está en condiciones de prosperar. Un matrimonio español, mexicano, argentino o colombiano no vale por sí solo ante la plataforma francesa de nacionalidad: hace falta el acto francés de transcripción, con copia reciente. Service Public precisa que el acta de matrimonio, o la copia de su transcripción consular, debe tener menos de tres meses y justificar un matrimonio de al menos cuatro años.

La nacionalidad francesa del cónyuge se aprecia en dos momentos. Debe ser francés el día del matrimonio y haber conservado esa nacionalidad desde entonces. Un cónyuge que era francés y perdió la nacionalidad, o que no lo era el día de la boda y la adquirió después, no abre esta vía. Los documentos admitidos figuran en la misma ficha oficial: acta de nacimiento francesa de quien nació en Francia de dos padres nacidos en Francia, mención de nacionalidad en el acta, decisión judicial, documento de las autoridades francesas que acredite la adquisición, o certificat de nationalité française (certificado de nacionalidad francesa).

La comunidad de vida es el punto que más litigio genera. No se reduce a un contrato de alquiler a dos nombres. El artículo 21-2 habla de comunidad afectiva y material, continua desde el matrimonio. Service Public la describe como vivir juntos, material y afectivamente, y admite que cada uno pueda tener su residencia con una dirección común para los documentos oficiales. En la práctica, la plataforma convoca a ambos cónyuges a una entrevista, hace investigar por policía o gendarmería y pide pruebas: declaración fiscal conjunta, hijos comunes, facturas recientes a ambos nombres, cuenta bancaria conjunta en actividad. El artículo 15 del decreto de 1993 organiza esa encuesta y esa entrevista precisamente para verificar la continuidad de la comunidad de vida y para apreciar si hay motivo de oposición por indignidad o por defecto de asimilación distinto del lingüístico.

Los jueces civiles han precisado qué no basta. La Cour de cassation, primera sala civil, en la sentencia de 10 de febrero de 2021, n.º 19-50.027, publicado, afirmó que la situación de bigamia de uno de los esposos en la fecha de la declaración es exclusiva de toda comunidad de vida afectiva e impide la adquisición de la nacionalidad francesa por el cónyuge extranjero. En ese asunto, el cónyuge francés había contraído una nueva unión en 2010; la corte de apelación había retenido, pese a ello, una vida común de casi veinte años y cinco hijos. La Cour de cassation casó sin reenvío. El 12 de enero de 2022, en la sentencia n.º 20-50.036, volvió a decir lo mismo: la bigamia de uno de los esposos en la fecha de la declaración excluye la comunidad de vida afectiva. La corte de apelación de París había considerado que la poligamia del esposo francés, por sí sola, no bastaba; esa motivación fue censurada y el registro de 2006 quedó anulado.

Eso no significa que cualquier infidelidad destruya automáticamente el expediente. El 10 de febrero de 2021, en la sentencia n.º 20-11.694, publicada en el Boletín, la misma sala rechazó un recurso porque los jueces de fondo habían comprobado, con poder soberano de apreciación, una relación afectiva duradera y seguida con otra persona, dos hijos nacidos de esa relación —uno de ellos antes de la declaración— y, a partir de esos hechos, la ausencia de comunidad de vida afectiva el día de la declaración, de modo que la fraude estaba caracterizada. La lección útil para el declarante es procedimental: hay que probar la comunidad de vida en la fecha de la declaración y desde el matrimonio, con documentos y con coherencia. Una separación de hecho, un segundo hogar oculto o un cese de la vida común en los doce meses siguientes al registro exponen el expediente. El artículo 26-4 del Código civil establece que el cese de la comunidad de vida entre los esposos en los doce meses siguientes al registro de la declaración del artículo 21-2 constituye una presunción de fraude. El ministerio público puede entonces impugnar el registro en el plazo de dos años a contar desde el descubrimiento del engaño o del fraude.

El PACS —el pacto civil de solidaridad— no abre el artículo 21-2. Quien convive con un francés sin matrimonio puede, según los casos, pedir un permiso de residencia por vida privada y familiar; eso es derecho de extranjería, no nacionalidad. Mezclar ambas vías es un error frecuente en las búsquedas en español.

B. El nivel B2 desde el 1 de enero de 2026, el timbre de 255 euros y el expediente

El artículo 21-2 del Código civil exige también «une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française», cuyo nivel y modalidades de evaluación se fijan por decreto en Consejo de Estado. Esa remisión es la que ha cambiado de verdad en 2026. El artículo 14 del decreto n.º 93-1362, en su redacción modificada por el decreto n.º 2025-648 del 15 de julio de 2025, dispone que, para aplicar el artículo 21-2, todo declarante debe justificar un conocimiento del francés oral y escrito al menos igual al nivel B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas. Un diploma puede servir; a falta de diploma, una certificación de un test lingüístico de menos de dos años, con pruebas distintas de comprensión y expresión orales y escritas, y con evaluación de la expresión oral en una entrevista.

El artículo 11 del decreto de 15 de julio de 2025 es la llave temporal: las disposiciones de los artículos 2 y 3 —las que suben el nivel de B1 a B2 para el matrimonio— se aplican a las declaraciones adquisitivas de nacionalidad por matrimonio souscrites, es decir, suscritas, a partir del 1 de enero de 2026. El resto del decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación. El arrêté del 22 de diciembre de 2025 confirma, en su artículo 5, que las declaraciones por matrimonio suscritas antes del 1 de enero de 2026 y las solicitudes de naturalización o de reintegración depositadas antes de esa fecha siguen rigiéndose por los arrêtés del 12 de marzo de 2020. Quien ya había presentado un expediente completo en 2025 no se ve, según esos textos, sometido de golpe al B2; quien declara a partir del 1 de enero de 2026, sí.

La ficha de Service Public sobre la justificación del nivel de francés (servicio-public.fr, ficha F11926) alinea la declaración por matrimonio con ese B2 oral y escrito. Los diplomas y atestaciones aceptados incluyen, entre otros, el diploma nacional del brevet, un diploma o certificación profesional de nivel al menos igual al nivel 3 del marco nacional de certificaciones profesionales, cualquier diploma que acredite un nivel al menos equivalente al B2, y las atestaciones de éxito del TCF o del TEF de menos de dos años. El test no es un trámite cosmética: el arrêté de 22 de diciembre de 2025 precisa que debe acreditar las cuatro competencias —expresión oral, expresión escrita, comprensión oral y comprensión escrita— del nivel B2. Un antiguo diploma B1, suficiente en muchos expedientes de 2024 o 2025, no cubre una declaración nueva en 2026.

Hay una dispensa, estrecha. El artículo 14-1, 10.º, del decreto de 1993 exonera de producir el diploma o la atestación a las personas cuyo handicap o estado de salud crónicamente deficiente hace imposible la evaluación lingüística. Las modalidades de esa dispensa se fijan por arrêté conjunto. Service Public añade que el servicio instructor o el ministro puede pedir una nueva pericia médica. No es una vía para evitar el B2 por simple dificultad de aprendizaje.

El coste de la declaración también ha cambiado. El artículo 958 del Código general de impuestos, en vigor desde el 1 de mayo de 2026, somete las declaraciones de adquisición de la nacionalidad presentadas al título de los artículos 21-2, 21-13-1 y 21-13-2 del Código civil a un derecho de timbre desmaterializado de 255 euros, pagado por vía electrónica. Service Public indica 255 euros, y 127,50 euros en Guyana. El timbre fiscal electrónico es el único pago oficial de la gestión; la ficha advierte contra sitios privados que venden citas. El artículo 959 del mismo código exonera a las personas verdaderamente indigentes y reconocidas incapaces de pagar. Esa exención no se presume: hay que obtener el reconocimiento.

El expediente se construye con el formulario cerfa n.º 15277, en dos ejemplares, firmado también por el cónyuge francés, dos fotos, el timbre, identidad, domicilio, acta de nacimiento original con filiación de los padres, acta de matrimonio de menos de tres meses o transcripción, actas de uniones anteriores y de su disolución, actas de los hijos, prueba de la nacionalidad francesa del cónyuge, prueba de residencia regular y de comunidad de vida, diploma o test de lengua, y extracto de antecedentes penales de cada país en el que se haya residido más de seis meses en los últimos diez años. Los documentos extranjeros se traducen por traductor jurado. Algunos actos necesitan legalización o apostilla. El artículo 14-1 lista esas piezas con un detalle que no cabe resumir de memoria: si falta una, el artículo 15 permite poner en mora al interesado y, si no las aporta en el plazo fijado, dictar un classement sans suite —un archivo sin tramitación—. Esa decisión no impide presentar una nueva declaración, pero puede impugnarse en seis meses ante el tribunal judiciaire (el tribunal judicial francés).

La autoridad que recibe la declaración por matrimonio no es el director de la secretaría del tribunal, sino la autoridad administrativa. El artículo 26 del Código civil lo dice: las declaraciones por matrimonio, como las de ascendiente de francés o de hermano de francés, las recibe la autoridad administrativa. El artículo 26-1 añade que su registro corresponde a la autoridad administrativa designada por decreto. En Francia, Service Public remite a las plataformas de acceso a la nacionalidad según el domicilio; según la plataforma, el dossier se deposita en ventanilla o se envía por correo certificado. En el extranjero, el cauce es el consulado. Después de la entrevista se entrega un récépissé, el resguardo previsto en el segundo apartado del artículo 26, cuando se han aportado todas las piezas necesarias para probar la admisibilidad.

Dos filtros de regularidad merecen una distinción nítida. Service Public exige, para quien vive en Francia, un permiso de residencia en vigor en el momento del depósito, salvo nacionalidad de un Estado del Espacio Económico Europeo —España incluida— o de Suiza. Un español que reside en Francia al amparo del derecho de la Unión no está, en esa ficha, obligado a exhibir un titre de séjour. Un nacional de un tercer país sí, y el artículo 21-27 del Código civil, todavía aplicable, impide adquirir la nacionalidad a quien se encuentra en situación irregular respecto de las leyes y convenios relativos a la estancia de extranjeros, además de a quien ha sido condenado por crimen o delito que atente contra los intereses fundamentales de la Nación o por un acto de terrorismo, a quien ha sido condenado a una pena de prisión igual o superior a seis meses no acompañada de suspensión, a quien es objeto de una expulsión no expresamente retirada o de una prohibición del territorio francés no enteramente ejecutada. El mismo artículo exceptúa a quien se ha beneficiado de una rehabilitación o de la exclusión de la mención de la condena del boletín n.º 2 del registro de antecedentes. La herramienta de Légifrance señala que esta versión del artículo 21-27 está en vigor con abrogación diferida; en la fecha de esta guía sigue siendo el texto aplicable. No se debe leer como si ya hubiera desaparecido.

La doble nacionalidad, desde el lado francés, no se presenta como una renuncia forzada. El artículo 21-27-1 del Código civil obliga al interesado, al adquirir la nacionalidad francesa por decisión de la autoridad pública o por declaración, a indicar las nacionalidades que ya posee, las que conserva además de la francesa y aquellas a las que pretende renunciar. Es una declaración, no una condición de pérdida automática de la nacionalidad de origen en el derecho francés. Los efectos en España, México, Argentina o Colombia dependen del derecho de ese Estado; no se tratan aquí.

Los menores que viven con el declarante pueden, en su caso, quedar cubiertos por las piezas del artículo 22-1 del Código civil, a las que remite el punto 8.º del artículo 14-1 del decreto. Esa extensión no es automática ni se detalla en esta guía: exige filiación y residencia habitual con el padre o la madre que declara. Quien quiera asociar a un hijo debe verificar ese texto y las piezas del artículo 12 del decreto, no improvisar una nacionalidad familiar.

Cuando el expediente está completo y se registra, el artículo 21-3 fija la fecha de efecto: el interesado adquiere la nacionalidad francesa en la fecha en que la declaración fue suscrita, bajo reserva de los artículos 21-4 y 26-3. Esa retroactividad explica por qué un rechazo tardío o una oposición posterior tienen tanto peso: pueden borrar un estatuto que, sobre el papel, ya había nacido el día de la declaración.

II. Qué hacer si el Estado rechaza el registro o se opone a la nacionalidad

A. Rechazo de registro, archivo sin tramitación y plazo de seis meses ante el tribunal judicial

Hay que separar tres decisiones que, en el lenguaje cotidiano, se llaman todas rechazo. La primera es el archivo sin tramitación por expediente incompleto. La segunda es el refus d’enregistrement, el rechazo de registro, porque una condición legal no se cumple. La tercera es la opposition del Gobierno, por decreto en Consejo de Estado, por indignidad o por defecto de asimilación distinto del lingüístico. Los plazos, el juez y lo que hay que probar no coinciden.

El archivo sin tramitación nace del artículo 15 del decreto de 1993. Si faltan piezas, la autoridad pone en mora y fija un plazo. Si no se aportan, puede archivar. La notificación debe mencionar que esa decisión no impide una nueva declaración y que cabe recurso ante el tribunal judicial en el plazo de seis meses. Service Public reproduce esa regla. Un archivo no es un juicio sobre la vida común ni sobre el B2: es, sobre todo, un expediente que no se ha podido instruir. Presentar de nuevo, completo, suele ser más útil que discutir un archivo, pero el plazo de seis meses existe y no se recupera.

El rechazo de registro es otra cosa. El artículo 26-3 del Código civil obliga al ministro —para estas declaraciones— a rechazar el registro de las declaraciones que no satisfacen las condiciones legales. La decisión es motivada y se notifica al declarante, que puede impugnarla ante el tribunal judicial durante un plazo de seis meses. La decisión de rechazo debe intervenir, como máximo, seis meses después de la fecha del resguardo que constata la entrega de todas las piezas necesarias; ese plazo se eleva a un año para las declaraciones del artículo 21-2, y a dos años si el Gobierno inicia una oposición. Service Public concreta que el ministerio tiene un año para rechazar el registro, o dos si se ha abierto una oposición, y que el plazo corre desde el resguardo entregado al final de la entrevista. El artículo 31 del decreto de 1993 añade que, si las condiciones se cumplen, la declaración lleva fecha, número de registro y firma; si no, la autoridad rechaza por decisión motivada, notificada en forma administrativa o por carta certificada con acuse de recibo.

Ante un rechazo de registro, el juez es el tribunal judicial del lugar de residencia, no el tribunal administrativo. Service Public indica que el abogado es obligatorio. El objeto del litigio es si las condiciones legales estaban reunidas el día de la declaración: duración del matrimonio, transcripción, nacionalidad conservada del cónyuge francés, comunidad de vida, lengua, regularidad de la estancia cuando esa exigencia se aplica, ausencia de las incapacidades del artículo 21-27. No se pide al juez que conceda la nacionalidad por equidad. Se le pide que anule un rechazo ilegal o que reconozca la regularidad de la declaración. Si el silencio del ministerio se prolonga más allá de los plazos del artículo 26-3 sin rechazo, el artículo 26-4 prevé que se remita al declarante una copia de la declaración con la mención de registro. Ese silencio no es un limbo eterno: a falta de rechazo en plazo, el registro se tiene por realizado.

El registro, una vez hecho, no es intocable. El artículo 26-4 permite al ministerio público impugnarlo, en los dos años siguientes, si las condiciones legales no se cumplían, y todavía en los dos años siguientes al descubrimiento de un mentira o de un fraude. La presunción de fraude por cese de la vida común en los doce meses posteriores al registro está pensada para los expedientes en los que la pareja se separa apenas obtenida la nacionalidad. Quien se divorcia de inmediato no está condenado de antemano, pero deberá destruir esa presunción con hechos: no basta con decir que la ruptura fue posterior e imprevisible si los elementos del dossier ya mostraban una vida común frágil.

El tribunal judicial no es el juez de la oposición del Gobierno. Confundir ambos recursos hace perder el plazo útil. Un rechazo de registro se ataca en seis meses ante el juez judicial. Un decreto de oposición se ataca en dos meses ante el Consejo de Estado. Presentar el escrito ante el juez equivocado no suspende el otro plazo.

B. Oposición del Gobierno por indignidad o falta de asimilación y recurso de dos meses ante el Consejo de Estado

Aunque la declaración se haya registrado, o aunque un juez haya reconocido su regularidad, el Gobierno puede todavía oponerse. El artículo 21-4 del Código civil le permite hacerlo por decreto en Consejo de Estado, por indignidad o por defecto de asimilación distinto del lingüístico, en un plazo de dos años a contar desde la fecha del resguardo del artículo 26 o, si el registro fue rechazado, desde el día en que la decisión judicial que admite la regularidad de la declaración adquiere fuerza de cosa juzgada. El propio artículo precisa que la situación efectiva de poligamia del cónyuge extranjero, o la condena por la infracción del artículo 222-9 del Código penal cometida sobre un menor de quince años, constituyen un defecto de asimilación. En caso de oposición, el interesado se reputa no haber adquirido nunca la nacionalidad francesa. Los actos pasados entre la declaración y el decreto de oposición no pueden, sin embargo, impugnarse por el solo motivo de que el autor no pudo adquirir la nacionalidad.

El artículo 21-4 del Código civil reserva la oposición al defecto de asimilación «autre que linguistique», es decir, distinto del lingüístico. Esa frontera es deliberada. El nivel de francés se controla en la declaración, con el B2. La oposición no está pensada para volver a discutir el test. Service Public describe la asimilación a la comunidad francesa como estar de acuerdo con los principios y valores esenciales de la República; una actitud discriminatoria fundada en el sexo, la raza, la religión o la nacionalidad puede constituir un defecto de asimilación. Esa fórmula, tomada de la ficha oficial, no autoriza a la Administración a contentarse con una impresión de entrevista.

El procedimiento previo está en el artículo 32 del decreto de 1993. Cuando el Gobierno quiere oponerse, el ministro encargado de las naturalizaciones notifica los motivos de hecho y de derecho que justifican la intención de oponerse. El interesado dispone de un plazo que no puede ser inferior a un mes para producir un mémoire en défense, un escrito de defensa. La notificación se hace por carta certificada con acuse de recibo o en forma administrativa. El decreto de oposición produce efecto en la fecha de su firma. Ese mes de defensa no es el recurso contencioso: es la última ocasión administrativa de discutir los hechos antes del decreto. Dejar pasar ese plazo sin responder debilita el expediente, aunque el silencio de la Administración sobre los argumentos del interesado no vicia, por sí solo, el procedimiento. El Consejo de Estado lo recordó el 7 de febrero de 2025, en el asunto n.º 490462: la circunstancia de que la Administración no hubiera respondido a los argumentos presentados carecía de incidencia sobre la regularidad del procedimiento.

El recurso contra el decreto se plantea ante el Consejo de Estado, por exceso de poder, en el plazo de dos meses a partir de la notificación. El artículo R. 421-1 del Código de justicia administrativa fija ese plazo general de dos meses. Service Public indica, de nuevo, que el abogado es obligatorio. El Consejo de Estado no concede la nacionalidad como si fuera una naturalización discrecional. Anula, o no, el decreto de oposición. En el decisión n.º 502717 del 29 de mayo de 2026, las salas 2.ª y 7.ª reunidas anularon un decreto de 23 de diciembre de 2024 que se había opuesto a la adquisición por matrimonio de un nacional malgache, y rechazaron las conclusiones de injunction: la anulación del decreto de oposición no implica, por sí misma, una medida de ejecución. El efecto útil es que la oposición cae; el juez no sustituye al Primer ministro dictando un decreto de concesión.

El mismo 29 de mayo de 2026, en la decisión n.º 501856, las mismas salas anularon un decreto de 25 de septiembre de 2024 dictado contra una nacional marroquí que había suscrito una declaración por matrimonio el 1 de julio de 2022. El motivo retenido por el Primer ministro era que no podía ser considerada asimilada a la comunidad nacional. El Consejo de Estado comprobó que de los elementos aportados por el ministro —en particular un informe de síntesis de la prefectura del Oise de 26 de septiembre de 2022 y un acta de entrevista complementaria de 13 de mayo de 2024— no resultaba que la interesada adoptara un comportamiento o sostuviera tesis que manifestaran un rechazo de los principios esenciales de la República, ni que se mantuviera deliberadamente al margen de la comunidad nacional. En esas condiciones, el Primer ministro había hecho una aplicación inexacta del artículo 21-4. La decisión n.º 502717 usa la misma fórmula respecto del nacional malgache. Esas dos sentencias no dicen que toda oposición sea ilegal. Dicen que el defecto de asimilación no se afirma: se demuestra, con hechos que muestren un rechazo de los principios esenciales o un alejamiento deliberado.

La jurisprudencia anterior iba en el mismo sentido cuando el expediente del ministro estaba vacío de esos hechos. El 14 de diciembre de 2018, en el asunto n.º 412705, la 2.ª sala anuló un decreto de oposición porque no resultaba que la interesada no respetara los valores esenciales de la sociedad francesa, en particular la igualdad entre hombres y mujeres. A la inversa, el 7 de febrero de 2025, en el asunto n.º 490462, la misma sala rechazó el recurso de un declarante por matrimonio al que el Gobierno se había opuesto por indignidad: el ministro se fundaba en una nota blanca de 3 de marzo de 2023, aportada al debate contradictorio, según la cual el interesado había mantenido vínculos con personas adictas a tesis rigoristas del islam y contribuía, en el marco de su profesión, a la difusión de tesis orientadas a la instauración de un califato fundado en la sharía, con numerosos contactos telefónicos con militantes islamistas radicales entre noviembre de 2021 y enero de 2022. El Consejo de Estado consideró que, habida cuenta de la gravedad, el carácter repetido y reciente de esos hechos, la Primera ministra no había hecho una aplicación inexacta del artículo 21-4. Indignidad y defecto de asimilación no son, por tanto, un mismo cajón: una oposición puede caer por falta de prueba de asimilación y otra puede mantenerse si los hechos de indignidad están concretados y discutidos.

Para el declarante, la consecuencia práctica es doble. Primero, conservar el resguardo de la entrevista y calcular los dos años del artículo 21-4; una oposición notificada fuera de plazo es un medio autónomo. Segundo, responder al aviso previo del artículo 32 con piezas y explicaciones, no con una carta genérica. Si el decreto llega, el plazo de dos meses ante el Consejo de Estado es breve. No se espera a ver si se corrige solo. Tampoco se presenta ese recurso ante el tribunal judicial del domicilio: ese juez conoce del rechazo de registro, no del decreto de oposición.

Quien recibe a la vez un rechazo de registro y, más tarde, una intención de oposición debe leer las fechas. El artículo 26-3 alarga a dos años el plazo de rechazo cuando se inicia una oposición. El artículo 21-4 permite oponerse todavía después de que un juez haya validado la declaración. Son etapas sucesivas, no un único no administrativo. Cada notificación tiene su juez.

Nada de lo anterior garantiza un resultado. Un B2 reciente, una transcripción correcta y una carpeta de vida común sólida reducen el riesgo de rechazo de registro; no impiden una oposición si aparecen hechos de indignidad. Un recurso bien dirigido puede anular un decreto insuficiente, como en las decisiones de 29 de mayo de 2026; no convierte un matrimonio reciente, una vida común interrumpida o un test B1 en un derecho adquirido.

Conclusión

La nacionalidad francesa por matrimonio es una declaración condicional, no un efecto automático de la boda. El artículo 21-1 cierra esa ilusión. El artículo 21-2 abre una vía precisa: cuatro o cinco años, comunidad de vida afectiva y material desde el matrimonio, cónyuge francés que ha conservado su nacionalidad, transcripción del matrimonio extranjero, lengua, y, para quien no es ciudadano del Espacio Económico Europeo ni suizo, estancia regular. Desde el 1 de enero de 2026, las declaraciones nuevas exigen el B2 oral y escrito. Desde el 1 de mayo de 2026, el timbre es de 255 euros. El resguardo de la entrevista pone en marcha el año —o los dos años— de que dispone el ministerio para rechazar el registro, y los dos años de que dispone el Gobierno para oponerse.

Si el expediente se archiva o se rechaza el registro, el tribunal judicial y el plazo de seis meses son la sede del litigio. Si llega un decreto de oposición, el Consejo de Estado y el plazo de dos meses son otra sede, con abogado obligatorio según Service Public. Las decisiones de 29 de mayo de 2026 recuerdan que un defecto de asimilación se prueba con hechos de rechazo de los principios esenciales o de alejamiento deliberado; no se decreta por impresión. La Cour de cassation, por su lado, ha dicho que la bigamia en la fecha de la declaración excluye la comunidad de vida afectiva. Preparar las pruebas, respetar el cauce y no confundir nacionalidad, residencia y naturalización por decreto es el único método serio. Un abogado puede examinar el resguardo, el motivo exacto de la decisión y el plazo que todavía corre; no puede prometer que el Estado registrará la declaración.

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