Usted trabajó diez, veinte o treinta años en Francia, cotizó al régimen general y a las cajas complementarias, y hoy vive en España: en Alicante, en Málaga, en Barcelona o en un pueblo de Galicia. Cada mes, la caja francesa le ingresa la pensión, pero el justificante trae una sorpresa: una retención en origen aplicada en Francia. ¿Puede Francia retener una parte de su jubilación si usted ya es residente fiscal en España? ¿Dónde debe tributar esa pensión, en Francia o en España? ¿Y esas siglas que aparecen en algunos justificantes, CSG y CRDS, pueden cobrarse a alguien afiliado a la Seguridad Social española? Este artículo responde con el texto exacto del convenio entre Francia y España, con los artículos del Código Tributario francés y con la jurisprudencia que ya resolvió estos conflictos. La regla central es sencilla: la pensión privada francesa de un residente en España solo tributa en España, y la retención francesa resulta en ese caso indebida. Pero existen excepciones importantes — pensiones de la función pública, prueba de la residencia, plazos de reclamación — que conviene dominar antes de pedir la devolución.
I. Dónde tributa una pensión de jubilación francesa cuando se vive en España
A. La regla general: la pensión privada solo tributa en el Estado de residencia
El instrumento que reparte el derecho a gravar entre los dos países es el convenio firmado en Madrid el 10 de octubre de 1995 para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre la fortuna, que sustituyó al convenio de 1973. La administración francesa recuerda que fue autorizado en Francia por la ley número 97-206 del 10 de marzo de 1997, publicado por el decreto número 97-756 del 2 de julio de 1997 y en vigor desde el 1 de julio de 1997. El texto oficial del convenio puede consultarse en el documento publicado por la administración fiscal francesa: su artículo 18 reserva el caso de las pensiones públicas del artículo 19 y atribuye todas las demás pensiones y remuneraciones similares pagadas a un residente de un Estado contratante por un empleo anterior exclusivamente a ese Estado de residencia. Si usted vive en España y es residente fiscal español, su pensión del régimen general francés, de los regímenes complementarios obligatorios y, en general, de todos los regímenes franceses distintos de la función pública, solo tributa en España. El texto completo del convenio, con sus artículos 18, 19 y 24, figura en el documento oficial publicado por la administración fiscal francesa.
La doctrina oficial francesa lo confirma sin ambigüedad. El Boletín Oficial de las Finanzas Públicas, en su comentario sobre las modalidades de imposición de las pensiones en derecho convencional, indica que las pensiones privadas y remuneraciones similares pagadas por un empleo anterior son exclusivamente imponibles en el Estado de residencia del beneficiario: BOI-INT-DG-20-20-50, párrafo 10. Y el mismo comentario añade una consecuencia práctica decisiva: la retención en origen del artículo 182 A del Código General de los Impuestos solo se aplica en la medida en que no exista convenio fiscal con el Estado de residencia, o cuando el convenio no retire a Francia el derecho a gravar; de ello resulta que las pensiones servidas a un residente de un Estado convenido por un empleo anterior ejercido en Francia, tanto del régimen de base de la Seguridad Social como de los regímenes complementarios obligatorios y, de manera general, de todos los regímenes de jubilación franceses distintos de la función pública francesa, no pueden someterse a esa retención: BOI-INT-DG-20-20-50, párrafo 20. Para un residente en España, cuya pensión privada entra en el artículo 18 del convenio franco-español, la retención francesa carece por tanto de fundamento.
Queda una cuestión previa: ¿de qué Estado es usted residente fiscal? El Consejo de Estado francés recordó en una decisión dictada precisamente sobre el convenio franco-español que una convención bilateral puede apartar la ley fiscal nacional en virtud del artículo 55 de la Constitución, pero no puede por sí misma fundar directamente una imposición; el juez debe situarse primero en la ley nacional para comprobar si la imposición se estableció válidamente y con qué calificación, y después confrontar esa calificación con el convenio para determinar si este se opone a la ley: Consejo de Estado, 30 de enero de 2019, número 408469. En derecho interno francés, el artículo 4 B del Código General de los Impuestos considera domiciliadas en Francia a las personas que tienen en Francia su hogar o su lugar de estancia principal, a quienes ejercen en Francia una actividad profesional salvo que sea accesoria, y a quienes tienen en Francia el centro de sus intereses económicos; y precisa que quien cumple uno de estos criterios no puede considerarse domiciliado en Francia cuando, por aplicación de los convenios contra la doble imposición, no es considerado residente de Francia: artículo 4 B del Código General de los Impuestos. Si ambos Estados lo consideran residente según su ley interna, el artículo 4 del convenio dirime el empate con criterios sucesivos, empezando por el Estado donde dispone de un hogar de habitación permanente: Consejo de Estado, 30 de enero de 2019, número 408469, considerando 5. En la práctica, vivir todo el año en España, con vivienda permanente, familia y actividad social en España, sitúa la residencia fiscal en España, y el convenio atribuye entonces la imposición de la pensión privada a España. Para el análisis completo de los criterios y de la prueba del cambio de residencia, puede consultarse la guía sobre residencia fiscal francesa viviendo en España.
Del lado español, el convenio organiza la eliminación de la doble imposición: cuando un residente de España percibe rentas que, conforme al convenio, son imponibles en Francia, España concede sobre su impuesto una deducción igual al impuesto pagado en Francia, sin que pueda exceder de la fracción del impuesto español correspondiente a esas rentas; y cuando las rentas están exentas en España por el convenio, España puede no obstante tenerlas en cuenta para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas: artículo 24, apartado 2, del convenio franco-español. En el caso ordinario de la pensión privada, como Francia no tiene derecho a gravar, España grava la pensión según su propia ley, sin deducción por impuesto francés porque no hay impuesto francés exigible. Conserve cada año los justificantes de la caja francesa y el certificado de residencia fiscal emitido por la Agencia Tributaria española: son las dos pruebas que sostienen todo el edificio.
B. La excepción: las pensiones de la función pública francesa siguen gravadas en Francia
La reserva con la que empieza el artículo 18 designa a las pensiones pagadas por un Estado o sus colectividades por servicios prestados a ese Estado, es decir, las pensiones de la función pública. El artículo 19, apartado 2, letra a), del convenio atribuye las pensiones pagadas por un Estado contratante o sus colectividades, directamente o con cargo a fondos constituidos por ellos, por servicios prestados a ese Estado o colectividad, exclusivamente a ese Estado pagador. Una pensión de la función pública francesa cobrada viviendo en España sigue por tanto siendo imponible en Francia, aunque el beneficiario resida en España: artículo 19, apartado 2, del convenio franco-español.
Existe una excepción a la excepción, que conviene leer con atención porque beneficia a muchos antiguos funcionarios instalados en España: conforme a la letra b) del mismo apartado, esas pensiones solo son imponibles en el otro Estado cuando la persona es residente de ese otro Estado y posee su nacionalidad sin poseer al mismo tiempo la nacionalidad del primer Estado. En términos prácticos: un antiguo funcionario francés que vive en España, tiene la nacionalidad española y no tiene la nacionalidad francesa, tributa en España también por su pensión pública. Si conserva la nacionalidad francesa, aunque viva en España, la pensión pública sigue siendo imponible en Francia. Y si la pensión se paga por servicios prestados en el marco de una actividad industrial o comercial ejercida por el Estado o sus colectividades, no se aplica el artículo 19 sino el régimen de las pensiones privadas del artículo 18: artículo 19, apartado 3, del convenio franco-español.
La administración francesa detalla este reparto: las pensiones de funciones públicas son generalmente imponibles en el Estado de origen, con la derogación habitual para las pensiones de un Estado servidas a personas que son a la vez nacionales y residentes del otro Estado, que tributan entonces en el Estado de residencia; y las convenciones que no contienen artículo sobre funciones públicas reservan todas las pensiones al Estado de residencia: BOI-INT-DG-20-20-50, párrafos 70 a 90. El caso mixto es frecuente: una persona que acumuló una pensión del régimen general y una pensión de una caja de funcionarios debe separarlas, porque cada una sigue su propio artículo del convenio. La administración publica además, como anexo de la nota del formulario 2041 E, un cuadro que indica, país por país y tipo de pensión por tipo de pensión, qué Estado puede gravar: BOI-INT-DG-20-20-50, párrafo 30. Antes de aceptar una retención sobre una pensión pública, verifique a qué régimen exacto pertenece su pensión: régimen general, complementarios obligatorios, régimen de funcionarios o caja de una empresa pública con actividad comercial. Un error de calificación aquí decide quién puede gravar durante toda la jubilación.
II. Retención francesa, CSG-CRDS y cómo recuperar lo cobrado de más
A. La retención del artículo 182 A y las cotizaciones sociales: cuándo Francia no puede cobrar
El mecanismo que produce la retención en su justificante está descrito en el artículo 182 A del Código General de los Impuestos: los tratamientos, salarios, pensiones y rentas vitalicias de fuente francesa servidos a personas que no están domiciliadas fiscalmente en Francia dan lugar a una retención en origen. La base es el importe neto de las sumas pagadas, determinado según las reglas del impuesto sobre la renta pero sin deducción de gastos profesionales reales. La retención se calcula con una tarifa anual aplicando a la fracción que excede de 17 275 euros el tipo del 12 % para la fracción comprendida entre 17 275 y 50 112 euros y del 20 % para la fracción superior a 50 112 euros, con tipos reducidos en ultramar, límites prorrateados según la periodicidad del pago y revisión anual de los tramos: artículo 182 A del Código General de los Impuestos. Esa retención se imputa sobre el impuesto sobre la renta calculado según el artículo 197 A, que fija para los no domiciliados un mínimo del 20 % hasta el límite superior del segundo tramo del baremo y del 30 % por encima, salvo que el contribuyente justifique que el tipo francés sobre el conjunto de sus rentas mundiales sería inferior, en cuyo caso se aplica ese tipo medio; los domiciliados en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado con convenio de asistencia administrativa pueden aportar mientras tanto una declaración responsable: artículo 197 A del Código General de los Impuestos. A título de referencia, en el impuesto francés las pensiones y jubilaciones disfrutan de una reducción del 10 %, con un máximo de 4 439 euros y un mínimo de 454 euros: artículo 158, 5, a), del Código General de los Impuestos.
Pero este aparato solo se aplica cuando Francia tiene derecho a gravar. Para la pensión privada de un residente en España, el convenio se lo retira, y la doctrina oficial lo dice expresamente: esas pensiones no pueden someterse a la retención del artículo 182 A: BOI-INT-DG-20-20-50, párrafo 20. Si su caja aplicó la retención por defecto, porque no disponía de su certificado de residencia o porque aplicó el régimen interno sin verificar el convenio, esa retención es indebida y puede reclamarse. La administración de no residentes explica el funcionamiento de esta retención y la articulación con la declaración anual en su página dedicada a los no residentes y la retención en origen, y la declaración de conjunto de los no residentes se detalla en la guía para declarar en Francia viviendo en España.
Distinto es el terreno de las cotizaciones sociales, CSG y CRDS, donde la confusión es máxima. El criterio no es solo fiscal: el sometimiento de las pensiones de jubilación a las cotizaciones sociales está subordinado a un doble criterio, la domiciliación fiscal en Francia por un lado y la afiliación en materia de Seguridad Social por otro. En aplicación del artículo L. 136-1 del Código de la Seguridad Social, las pensiones percibidas por personas a la vez domiciliadas en Francia para el impuesto sobre la renta y a cargo de un régimen obligatorio francés de seguro de enfermedad están en principio sujetas a la contribución social generalizada; esas mismas pensiones están sujetas a la contribución para el reembolso de la deuda social en aplicación del artículo 14 de la ordenanza número 96-50 del 24 de enero de 1996, y a la contribución adicional de solidaridad para la autonomía conforme al artículo L. 137-41 del mismo código: BOI-RES-RSA-000219, rescrit du 11 août 2025. La consecuencia para su caso es directa: si usted no está domiciliado fiscalmente en Francia sino en España, y está afiliado a la Seguridad Social española y no a un régimen obligatorio francés, no cumple el doble criterio y su pensión privada no soporta CSG, CRDS ni CASA en Francia. El mismo comentario recuerda que el Consejo de Estado, en su decisión del 25 de octubre de 2024, número 473997, juzgó que el reglamento europeo de coordinación de los sistemas de Seguridad Social no impide al Estado competente calcular las cotizaciones sobre el conjunto de las pensiones percibidas de varios Estados: BOI-RES-RSA-000219. Esa decisión se refiere al pensionado domiciliado en Francia; para usted, domiciliado en España, confirma por contraste que el Estado competente para las cotizaciones sobre su pensión es España.
La jurisprudencia europea refuerza la posición de los afiliados en otro Estado miembro. Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 26 de febrero de 2015 en el asunto de Ruyter, la administración francesa organizó la restitución de las cotizaciones sociales cobradas a personas afiliadas en otro Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o en Suiza. El Consejo de Estado, el 5 de marzo de 2018, en el asunto número 397881, extrajo las consecuencias de la respuesta prejudicial del Tribunal de Justicia del 18 de enero de 2018: los artículos 63 y 65 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no se oponen a que Francia someta a estas cotizaciones a quien reside y está afiliado en un Estado tercero fuera de la Unión, del Espacio Económico Europeo y de Suiza, precisamente porque quien depende de un régimen de Seguridad Social de otro Estado miembro está exonerado en razón del principio de unicidad de la legislación aplicable del artículo 11 del reglamento número 883/2004: Consejo de Estado, 5 de marzo de 2018, número 397881. España es Estado miembro de la Unión Europea: afiliado en España, usted pertenece a la categoría exonerada en Francia, no a la categoría gravada. Si una caja o la administración le aplicó CSG o CRDS sobre su pensión privada pese a su afiliación española, esa exacción puede reclamarse por la misma vía que la retención indebida.
B. Reclamar paso a paso: papeles, ventanilla y plazos
El primer gesto es preventivo y debe hacerse cuanto antes: enviar a cada caja francesa que le paga —régimen de base y complementarias— un escrito pidiendo el cese de la retención del artículo 182 A en aplicación del artículo 18 del convenio franco-español, acompañado del certificado de residencia fiscal que emite la Agencia Tributaria española y de un justificante de afiliación a la Seguridad Social española. Muchas cajas aplican la retención por defecto cuando el expediente no acredita la residencia en un Estado convenido; regularizar el expediente detiene la hemorragia para los vencimientos futuros. Conserve el justificante de envío y la respuesta: si la caja mantiene la retención, esos documentos probarán que usted advirtió a tiempo.
El segundo gesto es contencioso: pedir la devolución de lo ya retenido. En materia fiscal francesa, quien desea impugnar todo o parte de un impuesto debe dirigir primero una reclamación al servicio territorial de la Dirección General de Finanzas Públicas del que dependa el lugar de imposición: artículo R190-1 del Libro de Procedimientos Fiscales. Para un no residente, ese servicio es el de la Dirección de Impuestos de No Residentes. La reclamación debe presentarse, para ser admisible, a más tardar el 31 de diciembre del segundo año siguiente al del cobro del impuesto, a la puesta en cobro del padrón, a la notificación del aviso de cobro o a la realización del hecho que motiva la reclamación, según los casos: artículo R196-1 del Libro de Procedimientos Fiscales. Aplique este plazo a cada retención anual: la retención sufrida en 2025 debe reclamarse como muy tarde el 31 de diciembre de 2027, y la de 2026 antes del 31 de diciembre de 2028. El mismo artículo precisa que no constituye un hecho motivador una decisión jurisdiccional ni un dictamen de los mencionados en el artículo L. 190: espere una sentencia favorable dictada para otro contribuyente no reabre su propio plazo. Cada año de retención tiene su propio plazo, y un año prescrito se pierde definitivamente.
El expediente de reclamación debe probar tres cosas y cada una con su documento. Primera, la retención efectivamente sufrida: justificantes anuales de la caja con el importe retenido y los avisos de imposición si existen. Segunda, la residencia fiscal en España durante cada año reclamado: certificados de residencia fiscal de la Agencia Tributaria española año por año, porque la residencia se aprecia año por año y un certificado de 2026 no prueba 2024. Tercera, el fundamento jurídico: copia de los artículos 18 y 24 del convenio, del párrafo 20 del comentario BOFiP que excluye la retención para estas pensiones, y, si se reclama CSG o CRDS, del rescrit sobre el doble criterio de afiliación y de la decisión del Consejo de Estado de 2018 sobre los afiliados en la Unión Europea. Añada su justificante de afiliación a la Seguridad Social española y, si dispone de ella, la declaración española donde esa pensión ya tributó: demuestra que la doble imposición que el convenio quiso evitar se ha producido efectivamente. Redacte la reclamación en francés o en español con los artículos citados en francés; la administración responde al fundamento jurídico, no a la lengua.
Si la administración rechaza expresamente la reclamación, o si guarda silencio, la vía siguiente es el recurso ante el tribunal administrativo. La jurisdicción solo puede ser requerida por un recurso contra una decisión, y en el plazo de dos meses desde la notificación o publicación de la decisión impugnada: artículo R421-1 del Código de Justicia Administrativa. El silencio guardado por la administración sobre una reclamación hace nacer con el tiempo una decisión implícita de denegación que también puede recurrirse, pero no deje que los plazos se degraden: anote cada fecha de envío, cada acuse de recibo y cada respuesta, y prepare el recurso contencioso desde que la denegación sea probable. Para las pensiones de viudedad, que siguen reglas propias dentro del mismo convenio, puede consultar la guía sobre la pensión de viudedad francesa cobrada desde España.
Conclusión
Si vive en España y cobra una pensión de jubilación privada francesa —régimen general, complementarias obligatorias o cualquier otro régimen distinto de la función pública—, esa pensión solo tributa en España por el artículo 18 del convenio de 1995, y Francia no puede aplicarle ni la retención del artículo 182 A ni la CSG o la CRDS cuando usted está afiliado a la Seguridad Social española. La excepción confirma la regla: la pensión de la función pública francesa sigue siendo imponible en Francia por el artículo 19, salvo que usted sea residente en España, tenga la nacionalidad española y no tenga la francesa. Cuando la retención ya se aplicó, el camino es la reclamación previa ante el servicio de no residentes antes del 31 de diciembre del segundo año, con certificados de residencia año por año y los textos citados, y después el tribunal administrativo en dos meses si la denegación llega. Reúna hoy mismo los justificantes de la caja, los certificados de la Agencia Tributaria y el justificante de afiliación española: con esos tres papeles, el convenio trabaja para usted.