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Audiencia provincial de Madrid: qué recurso cabe contra un archivo o una sentencia y en qué plazo

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Audiencia provincial de Madrid: qué recurso cabe contra un archivo o una sentencia y en qué plazo

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Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París.

En España se busca estos días la expresión audiencia provincial de Madrid. Esta nota no relata ningún suceso. No nombra a ninguna persona, empresa ni cargo, no da por reabierta ni archivada una causa concreta, y no describe fecha, lugar ni declaración que no figure en los textos oficiales leídos para prepararla. La pregunta es de alcance general: qué recursos penales conoce la Audiencia Provincial de Madrid, en qué plazo se impugna un archivo o una sentencia, y qué cabe contra la decisión de la propia Audiencia.

El derecho aplicable es el español, de ámbito estatal, con sede de la Audiencia en la capital de la provincia. La prepara un abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París. No supone ejercicio en España ni inscripción en un colegio español. El método es general y no reemplaza la lectura del auto, de la sentencia ni del expediente.

Los preceptos proceden de cuatro textos consolidados leídos el 19 de noviembre de 2026: la Ley Orgánica del Poder Judicial, actualizada el 17 de febrero de 2025; la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el 9 de abril de 2026; la ley orgánica de eficiencia del servicio público de Justicia, el 4 de junio de 2025; y el Estatuto de la víctima del delito, el 7 de septiembre de 2022. La consolidación es informativa. El valor jurídico está en la publicación oficial.

La Audiencia no instruye la causa ordinaria. Un archivo no es una condena. El plazo cambia según quien recurre y según la resolución. La decisión de la Audiencia no siempre admite un recurso ulterior.

I. Qué asuntos penales llegan a la Audiencia Provincial de Madrid

A. Sede, provincia y secciones después de la reforma de 2025

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial organiza el territorio judicial en municipios, partidos, provincias y comunidades autónomas. Su artículo 80 sitúa a las audiencias provinciales en la capital de la provincia, de la que toman el nombre, y extiende su jurisdicción a toda ella. La reserva del apartado 4 del artículo 82 no recorta ese mapa: atribuye a la Audiencia las cuestiones de competencia entre jueces y magistrados de un mismo tribunal de instancia o de tribunales distintos de la provincia, y las recusaciones de sus magistrados cuando la ley no las lleva a la sala especial del tribunal superior. En Madrid, el punto de partida es por tanto provincial, no municipal. Un hecho cometido en un partido de la provincia no sale de esa Audiencia solo porque el juzgado de origen esté lejos de la capital.

El mismo artículo permite crear secciones fuera de la capital, con uno o varios partidos adscritos. También permite que el Consejo General del Poder Judicial, previo informe de la sala de gobierno, atribuya en exclusiva determinadas clases de asuntos a una sección, que extenderá su competencia a todo el ámbito de la Audiencia aunque existan secciones desplazadas. Ese acuerdo se publica en el Boletín Oficial del Estado. Esta nota no inventa el número de la sección madrileña que conoce de una materia. Quien reciba una resolución debe leer el órgano que la dicta y, si busca la sección competente para un recurso, el acuerdo publicado, no un rumor de pasillo.

La composición está en el artículo 81. La Audiencia se compone de un presidente y dos o más magistrados. Puede integrarse por dos o más secciones de la misma composición. El presidente preside una de ellas, que determina al principio de su mandato. Cuando el número de asuntos es escaso, la plantilla puede reducirse y completarse con magistrados del tribunal superior según un turno anual. Cuando la administración de justicia lo aconseja, una sección puede tener cuatro o más magistrados. La adscripción es funcional si las secciones no están separadas por orden o especialidad. Si lo están, la adscripción funcional se queda dentro del mismo orden o de la misma especialidad. Nada de esto cambia el plazo del recurso. Sí cambia a quién hay que dirigir el escrito y qué domicilio de notificaciones debe fijarse en la sede de la Audiencia.

El artículo 82, en la redacción cuya última actualización se publicó el 3 de enero de 2025 y está en vigor desde el 23 de enero de 2025, dice de qué conoce la Audiencia en el orden penal. Conoce de las causas por delito, salvo las que la ley atribuye a las secciones de lo penal de los tribunales de instancia o a otros tribunales previstos en la ley orgánica. Conoce de los recursos que la ley establezca contra las resoluciones de las secciones de instrucción y de lo penal de los tribunales de instancia de la provincia. En los recursos contra resoluciones de las secciones de instrucción en juicios por delitos leves, la Audiencia se constituye con un solo magistrado, por turno de reparto. También conoce de los recursos contra resoluciones penales de las secciones de violencia sobre la mujer y de violencia contra la infancia y la adolescencia, y la ley ordena especializar una o varias secciones cuando el número de asuntos lo exige. Conoce además de los recursos contra las secciones de menores con sede en la provincia y de las cuestiones de competencia entre ellas, de los recursos contra las secciones de vigilancia penitenciaria cuando esa competencia no corresponda a otro tribunal, y de los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos de su competencia.

Esa lista ya no habla de juzgados unipersonales. Habla de secciones de tribunales de instancia. El cambio no es un detalle de estilo. Procede de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. El boletín la publicó el 3 de enero de 2025. La regla general de entrada en vigor es a los tres meses de esa publicación, y el propio consolidado fecha esa entrada el 3 de abril de 2025. El título primero, la disposición adicional primera y las disposiciones transitorias primera a octava entran antes: a los veinte días de la publicación. La disposición transitoria primera no constituye todos los tribunales de instancia el mismo día. Los transforma por fases.

El 1 de julio de 2025 se transforman los juzgados de primera instancia e instrucción y los de violencia sobre la mujer en los partidos donde no exista otro tipo de juzgado. El 1 de octubre de 2025 se transforman los de primera instancia, los de instrucción y los de violencia sobre la mujer en los partidos donde tampoco exista otro tipo. El 31 de diciembre de 2025 se transforman los restantes. Hasta la implantación definitiva en cada partido sigue vigente el régimen anterior. Las tres fechas son anteriores al 19 de noviembre de 2026. Esta nota no comprueba, partido por partido, el estado administrativo de las oficinas de Madrid. La disposición transitoria quinta permite que la relación de puestos de la oficina se apruebe después, y la Conferencia Sectorial puede fijar otra fecha para alguna oficina. Lo que el calendario legal ya ha vencido es la transformación de los órganos. Desde entonces, la disposición adicional primera manda entender las referencias de las leyes a los juzgados de instrucción y a los juzgados de lo penal como referencias a las secciones del orden correspondiente de los tribunales de instancia.

Esa cláusula importa porque la ley procesal no ha reescrito todas sus frases. El artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sigue diciendo juez de instrucción y juez de lo penal. El artículo 790 sigue diciendo juez de lo penal. No conviene fingir que el texto procesal ha cambiado de palabras si el consolidado leído el 19 de noviembre de 2026 conserva las antiguas. Lo que sí puede afirmarse, porque está escrito, es que la ley orgánica vigente atribuye a la Audiencia los recursos contra las secciones de instrucción y de lo penal de la provincia, y que las menciones legales a esos juzgados se entienden hechas a las secciones una vez constituidos los tribunales de instancia. El lector madrileño debe mirar el membrete de la resolución. Si el órgano es ya una sección del tribunal de instancia, el recurso no se dirige a un juzgado desaparecido. Si el membrete conserva una denominación antigua, el criterio de la disposición adicional primera y el artículo 82 indican la sección equivalente, sin que esta nota pueda sustituir el examen del expediente.

La sede y el nombre no convierten a la Audiencia Provincial de Madrid en un tribunal de otro estatuto. Sigue siendo la audiencia de la provincia. Su presidente es nombrado por cinco años, renovables por un único mandato de otros cinco, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre magistrados que reúnan las condiciones de la ley. Ese dato de gobierno interno no alarga ni acorta un plazo de parte. Sirve para no confundir la presidencia del órgano con la sección que va a resolver el recurso. El escrito se presenta donde la ley procesal dice, no en el despacho del presidente por el solo hecho de que la búsqueda pública nombre a la Audiencia.

Esta explicación forma parte de la información general de derecho en español y se limita al marco penal estatal aplicable en la provincia. No describe un expediente. No pronostica el sentido de una resolución. Quien tenga una notificación en la mano debe leer la fecha de esa notificación, el tipo de resolución y si está personado. Esas tres comprobaciones deciden el plazo antes que cualquier comentario sobre el fondo.

B. Instrucción, enjuiciamiento y el límite de los cinco años

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 14 leído en el consolidado actualizado el 9 de abril de 2026, reparte la competencia penal ordinaria. La nota del boletín indica que la modificación de ese artículo por la ley orgánica de 2025 entra en vigor el 3 de octubre de 2025, conforme a la disposición final trigésima octava. Esa fecha también es anterior a la redacción de esta nota.

Para la instrucción, es competente la sección de instrucción del tribunal de instancia del partido en que el delito se hubiere cometido, o la sección con competencia en violencia sobre la mujer o contra la infancia y la adolescencia cuando la ley se la atribuye. La Audiencia Provincial no es, en ese reparto, el órgano que abre las diligencias ordinarias ni el que dicta el primer auto de archivo. Llega después, por el recurso que la ley le confía, o en primera instancia cuando el delito no cabe en el órgano inferior.

Para el conocimiento y fallo, la sección de lo penal del tribunal de instancia de la circunscripción donde el delito fue cometido conoce de las causas en las que la ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años, o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, u otras penas de distinta naturaleza, únicas, conjuntas o alternativas, siempre que su duración no exceda de diez años. También conoce de los delitos leves relacionados con esos delitos en los términos del precepto. En los delitos del título VIII del libro II del Código Penal, y solo para fijar esa competencia de enjuiciamiento, se tienen en cuenta únicamente las penas de prisión o de multa, con el mismo tope de cinco años de prisión. Esta nota no aplica ese tope a un hecho concreto. Señala el criterio legal para que nadie dé por sentado que toda causa penal de Madrid se juzga en la Audiencia.

En los demás casos, el artículo 14.4 atribuye el conocimiento y fallo a la audiencia provincial de la circunscripción donde el delito se haya cometido. Si el delito es de los atribuidos al tribunal del jurado, el conocimiento y fallo corresponde a ese tribunal. El artículo 83 de la ley orgánica remite la composición y la competencia del jurado a su ley propia, y sitúa la celebración del juicio en el ámbito de la audiencia provincial u otros tribunales, en la forma que aquella ley establezca. Un juicio con jurado no es un recurso. Es un enjuiciamiento de instancia que se celebra en ese ámbito. Confundir ambas vías lleva a preparar un escrito de apelación cuando lo que corresponde es seguir el juicio, o al revés.

El artículo 82.1.1.º de la ley orgánica encaja con ese reparto: la Audiencia conoce de las causas por delito excepto las que la ley atribuye a las secciones de lo penal de los tribunales de instancia o a otros tribunales. El artículo 82.1.2.º le da, además, los recursos contra las resoluciones de esas secciones de instrucción y de lo penal. Hay por tanto dos entradas distintas. Una es la causa grave que la Audiencia enjuicia ella misma. Otra es el recurso contra lo que ya decidió la sección de instancia o de instrucción. El membrete y el tipo de resolución dicen cuál de las dos es. Una sentencia de la sección de lo penal no se impugna como si fuera un auto del instructor. Un auto de archivo del instructor no se impugna con el escrito pensado para una sentencia de juicio oral.

Esa distinción decide también lo que la resolución no hace. El archivo o el sobreseimiento no declara culpable a nadie. La continuación de las diligencias tampoco. El artículo 779 ordena al juez, practicadas sin demora las diligencias pertinentes, adoptar mediante auto una de varias resoluciones. Si estima que el hecho no es constitutivo de infracción penal o que no aparece suficientemente justificada su perpetración, acuerda el sobreseimiento que corresponda. Si, aun estimando que el hecho puede ser constitutivo de delito, no hubiere autor conocido, acuerda el sobreseimiento provisional y ordena el archivo. Esas fórmulas describen un estado de la investigación, no un fallo de condena ni una absolución de juicio oral.

El artículo 634 dice que el sobreseimiento puede ser libre o provisional, total o parcial. Si es parcial, se manda abrir el juicio oral respecto de los procesados a quienes no favorezca. Si es total, se manda archivar la causa y las piezas de convicción que no tengan dueño conocido, después de las diligencias necesarias para ejecutar lo mandado. El artículo 637 reserva el sobreseimiento libre a tres supuestos: que no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que dio motivo a la causa; que el hecho no sea constitutivo de delito; o que los procesados aparezcan exentos de responsabilidad criminal como autores, cómplices o encubridores. El artículo 641 reserva el provisional a otros dos: que no resulte debidamente justificada la perpetración del delito, o que resulte haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a personas determinadas como autores, cómplices o encubridores.

Leer cuál de los dos ha dictado el órgano de Madrid no es un adorno. El libre y el provisional no producen el mismo cierre. El provisional deja abierta la posibilidad de nuevas diligencias si aparecen motivos que antes faltaban. El libre es un cierre más intenso, y más adelante se verá que solo ciertas decisiones de la propia Audiencia que terminan el proceso por sobreseimiento libre abren una casación expresamente prevista. Quien reciba un auto debe buscar en la parte dispositiva la palabra que el juez ha usado, no conformarse con que el rumor diga que la causa se ha reabierto o se ha cerrado.

El artículo 779 añade un deber de comunicación. El auto de sobreseimiento se comunica a las víctimas del delito en la dirección de correo electrónico y, en su defecto, en la dirección postal o domicilio que hubieran designado. Esa designación es la del artículo 5.1.m) del Estatuto de la víctima. En los casos de muerte o desaparición ocasionada por un delito, la comunicación alcanza a las personas del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 109 bis de la ley procesal, de cuya identidad y dirección se tuviera conocimiento. El juez puede acordar, motivadamente, prescindir de comunicar a todos los familiares cuando ya se haya dirigido con éxito a varios o cuando las gestiones de localización hayan sido infructuosas. Excepcionalmente, si el ciudadano reside fuera de la Unión Europea y no hay dirección electrónica o postal, se remite la comunicación a la oficina diplomática o consular española para que la publique. Transcurridos cinco días desde la comunicación, se entiende efectuada válidamente y despliega sus efectos, salvo que la víctima acredite justa causa de la imposibilidad de acceder a su contenido.

Esa comunicación no es el recurso. Es el presupuesto para que la víctima sepa que el plazo corre. El mismo artículo 779 dice que las víctimas podrán recurrir el auto de sobreseimiento dentro de los veinte días aunque no se hubieran mostrado como parte. El Estatuto de la víctima del delito, en su artículo 12, repite la regla en términos de derecho de la víctima: la resolución de sobreseimiento se comunica, conforme a la ley procesal, a las víctimas directas que hubieran denunciado y al resto de víctimas directas de cuya identidad y domicilio se tuviera conocimiento; y la víctima podrá recurrirla conforme a la ley procesal sin necesidad de haberse personado antes. El artículo 5 del Estatuto incluye, entre la información debida desde el primer contacto, los recursos que puede interponer contra las resoluciones que considere contrarias a sus derechos, y el derecho a ser notificada de las resoluciones del artículo 7, designando a ese fin un correo electrónico o, en su defecto, una dirección postal.

En Madrid, como en cualquier otra provincia, el domicilio designado para esa comunicación no tiene por qué coincidir con el de la sede de la Audiencia. Lo que importa es la dirección que consta en la causa. Si la víctima no designó ninguna, la ley procesal prevé el régimen subsidiario que acaba de resumirse. Esta nota no puede saber si en un expediente concreto esa comunicación se hizo, ni cuándo empezaron a contar los cinco días de validez ni los veinte del recurso. Eso se lee en la diligencia de notificación, no en una búsqueda de internet.

Hay un segundo control interno antes de ejecutar el archivo. El apartado 2 del artículo 779 dice que, en los tres primeros supuestos de ese artículo, si no hubiere miembro del ministerio fiscal constituido en el juzgado ni las partes hubieren recurrido, las diligencias se remiten al fiscal de la Audiencia. Este, dentro de los tres días siguientes a la recepción, las devuelve con el escrito de interposición del recurso o con la fórmula de visto. Solo en este último caso se procede a ejecutar lo resuelto. El silencio de las partes no cierra siempre el expediente el mismo día del auto. Puede quedar ese trámite fiscal de tres días. Tampoco conviene convertirlo en una prórroga automática del plazo de la víctima: son trámites distintos, con destinatarios distintos.

La regla 4.ª del artículo 779 abre otro camino, que no es un archivo. Si el hecho constituye delito comprendido en el artículo 757, se sigue el procedimiento del capítulo siguiente. Esa decisión debe contener la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se imputan, y no puede adoptarse sin haberle tomado declaración en los términos del artículo 775. Quien vea que la investigación continúa no debe leer esa continuación como una condena anticipada. Es una resolución de trámite que delimita hechos y persona, y que a su vez puede ser impugnable si la ley no la exceptúa de recurso. El artículo 766 parte de los autos del juez de instrucción y del juez de lo penal que no estén exceptuados de recurso. La excepción, cuando existe, tiene que estar en la ley, no en la costumbre de una oficina.

II. Plazos del recurso y lo que cabe contra la decisión de la Audiencia

A. Archivo y autos: cinco días de las partes y veinte de la víctima

El artículo 766 es la vía ordinaria contra los autos del instructor y del juez de lo penal que la ley no exceptúa. Pueden ejercitarse el recurso de reforma y el de apelación. Salvo que la ley disponga otra cosa, ninguno de los dos suspende el curso del procedimiento. Presentar el recurso no paraliza por sí solo las diligencias. Quien necesite que una medida se detenga debe buscar la norma que, para esa medida, diga lo contrario, y no dar por suspendida la causa porque el escrito ya está sellado.

La apelación puede interponerse subsidiariamente con la reforma o por separado. En ningún caso es necesario interponer antes la reforma para poder apelar. Esa frase evita un error frecuente: perder el plazo de apelación por creer que primero hay que agotar la reforma y que el tiempo de la reforma no cuenta. Si se usan los dos, el de apelación subsidiario espera a que la reforma se resuelva. Si la reforma es total o parcialmente desestimatoria, el letrado de la administración de justicia da traslado al recurrente por cinco días para que formule alegaciones y presente, en su caso, documentos, antes de dar traslado a las demás partes.

Interpuesta por separado, la apelación se presenta dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto recurrido. Si se apela el auto que resuelve la reforma, el mismo plazo de cinco días corre desde la notificación de ese auto resolutorio. El escrito expone los motivos, señala los particulares que hayan de testimoniarse y acompaña, en su caso, los documentos que justifiquen las peticiones. Admitido el recurso, se da traslado a las demás partes personadas por un plazo común de cinco días para que aleguen, señalen otros particulares y presenten documentos. En los dos días siguientes, se remite testimonio de los particulares a la Audiencia respectiva, que sin más trámites resuelve dentro de los cinco días siguientes. Excepcionalmente, la Audiencia puede reclamar las actuaciones para consultarlas, siempre que no obstaculice su tramitación, y debe devolverlas en el plazo máximo de tres días.

Esos cinco días de la Audiencia son un plazo del órgano, no una prórroga de la parte. La parte ya ha debido presentar su escrito. Confiar en que la Audiencia tarde no salva un recurso fuera de plazo. El artículo 766 no dice que la Audiencia pueda ampliar el plazo de interposición. Dice cuándo ella debe resolver una vez recibido el testimonio.

Hay una especialidad si el auto acuerda la prisión provisional de algún investigado o encausado. Respecto de ese pronunciamiento, el apelante puede solicitar en el escrito de interposición la celebración de vista, que la Audiencia acordará. Si el auto contiene otros pronunciamientos sobre medidas cautelares, la Audiencia puede acordar vista si lo estima conveniente. El señalamiento se hace dentro de los diez días siguientes a la recepción de la causa. La vista no convierte el recurso en una apelación de sentencia. Sigue siendo un recurso contra un auto, con un trámite oral añadido para la medida cautelar.

El plazo de cinco días del artículo 766 no es el de la víctima que no se ha personado y recurre el sobreseimiento. Para ese caso, el artículo 779 fija veinte días, aunque no se hubiera mostrado parte. Son dos puertas. La parte personada usa la del artículo 766, con cinco días desde la notificación del auto o del auto que resuelve la reforma. La víctima no personada, frente al auto de sobreseimiento, usa la de los veinte días. Mezclarlas es la forma más segura de llegar tarde o de presentar un escrito ante quien no corresponde. El artículo 12 del Estatuto no crea un tercer plazo: remite a la ley procesal y añade que no hace falta la personación previa. El plazo operativo de esa víctima está en el artículo 779, no en un cálculo improvisado de días hábiles de oficina.

Tampoco debe trasladarse a este recurso el anuncio de cinco días y el recurso de quince que el artículo 13 del Estatuto reserva a ciertas resoluciones de ejecución penitenciaria, y solo si la víctima pidió ser notificada conforme al artículo 5.1.m). Ese régimen vale para autos de clasificación, beneficios y libertad condicional en los delitos que el precepto enumera. No es el plazo del archivo instructorio. Usarlo contra un sobreseimiento de instrucción es aplicar la norma de otra fase.

Cuando el recurso llega a la Audiencia Provincial de Madrid por esta vía, lo que la Audiencia resuelve es el auto impugnado. Puede confirmarlo, revocarlo o modificarlo en los términos que el motivo y la ley permitan. Si revoca un archivo y ordena continuar, esa orden no es una sentencia condenatoria. No declara hechos probados de juicio oral ni impone pena. Devuelve la causa al cauce de investigación o al trámite que el auto recurrido había cerrado. Si confirma el archivo, el efecto es el del sobreseimiento que el auto confirmado contenía, libre o provisional, total o parcial. La parte que lee solo el titular de una búsqueda no sabe cuál de los dos ha ocurrido. Lo sabe quien lee la parte dispositiva y la fecha de notificación.

El artículo 766 advierte, además, que la reforma y la apelación no suspenden el procedimiento salvo norma en contrario. Una orden de continuar las diligencias puede ejecutarse mientras se discute otro pronunciamiento del mismo auto, si la ley no ha suspendido ese extremo. Una orden de archivo confirmada puede ejecutarse en los términos del artículo 634, con el archivo de la causa y de las piezas sin dueño conocido, una vez practicadas las diligencias de ejecución. Quien quiera oponerse a una diligencia concreta de esa ejecución necesita un cauce propio, no la mera esperanza de que el recurso anterior siga vivo.

Para preparar el escrito, el orden útil es este. Primero, la fecha de notificación a quien va a recurrir, no la fecha del auto ni la fecha en que un tercero comentó la resolución. El artículo 766 cuenta desde la notificación. Segundo, si quien recurre es parte o es víctima no personada frente a un sobreseimiento. Tercero, si el auto acuerda prisión provisional, porque entonces cabe pedir vista en el mismo escrito. Cuarto, los particulares del testimonio: la Audiencia resuelve sobre el testimonio señalado, y solo excepcionalmente reclama la causa. Omitir un particular puede dejar fuera del recurso el folio que sostenía el motivo. Quinto, el domicilio para las notificaciones que la ley exija en cada trámite. El artículo 790, pensado para la sentencia, obliga a fijar domicilio en el lugar donde la Audiencia tiene su sede. El artículo 766 no repite esa frase, pero el traslado y la resolución se notifican a quien conste. Un domicilio desactualizado no alarga el plazo ya vencido.

Nada de esto exige nombrar a la persona investigada en un comentario público, ni adelantar si el hecho es delito. Esas dos cuestiones son las que el instructor ya ha debido resolver en el auto, y las que la Audiencia revisará si el recurso es admisible y está fundado. Esta nota solo fija el mapa. El mapa no absuelve ni condena.

B. Sentencia de instancia, apelación propia y casación limitada

Cuando lo que se impugna no es un auto del instructor sino una sentencia del órgano de lo penal, el plazo y el escrito cambian. El artículo 790 dice que la sentencia dictada por el juez de lo penal es apelable ante la audiencia provincial correspondiente. El recurso puede interponerlo cualquiera de las partes, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se les hubiera notificado la sentencia. Durante ese período las actuaciones están en la oficina judicial a disposición de las partes. En los tres días siguientes a la notificación pueden pedir copia de los soportes en los que se grabaron las sesiones, y esa petición suspende el plazo para interponer el recurso. El cómputo se reanuda una vez entregadas las copias. Quien pide la grabación el cuarto día no obtiene esa suspensión, porque la ventana es de tres días. Quien la pide a tiempo no debe contar los diez días como si la suspensión no existiera: el plazo se detiene y vuelve a correr con la entrega.

La parte que no apeló en ese plazo puede adherirse a la apelación en el trámite de alegaciones del apartado 5, con las pretensiones y motivos que le convengan. Esa adhesión queda supeditada a que el apelante mantenga el suyo. Las demás partes pueden impugnar la adhesión en el plazo de dos días, una vez conferido el traslado del apartado 6. No es un segundo recurso independiente. Si el apelante principal desiste, la adhesión cae.

El escrito de formalización se presenta ante el órgano que dictó la resolución impugnada. En él se exponen, ordenadamente, las alegaciones sobre quebrantamiento de normas y garantías procesales, error en la apreciación de las pruebas o infracción de normas del ordenamiento jurídico. El recurrente fija un domicilio para notificaciones en el lugar donde la Audiencia tiene su sede. En Madrid, ese lugar es la capital de la provincia, que es la sede legal del artículo 80, salvo que una sección desplazada y el acuerdo que la creó digan otra cosa para esa clase de asuntos. Esta nota no sustituye la comprobación de la sede que figure en la notificación.

Si se pide la nulidad del juicio por infracción de normas o garantías que causen indefensión no subsanable en la segunda instancia, hay que citar las normas infringidas, explicar la indefensión y acreditar que se pidió la subsanación en la primera instancia, salvo que la infracción se cometiera cuando ya era imposible reclamar. La acusación que alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de una sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria debe justificar la insuficiencia o la falta de racionalidad de la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna prueba relevante, o cuya nulidad se hubiera declarado improcedentemente. No basta decir que el juez se equivocó. El artículo 790.2 exige ese estándar cuando la acusación quiere romper una absolución o empeorar una condena por la prueba.

En el mismo escrito cabe pedir prueba que no pudo proponerse en la primera instancia, prueba propuesta e indebidamente denegada si hubo protesta, y prueba admitida no practicada por causa no imputable al recurrente. No es un nuevo juicio libre. Recibido el escrito, el juez lo admite si reúne los requisitos. Si aprecia un defecto subsanable, concede un plazo no superior a tres días para subsanarlo. Admitido, el letrado de la administración de justicia da traslado a las demás partes por un plazo común de diez días. En ese plazo presentan alegaciones, pueden pedir prueba en los mismos términos y fijan domicilio. Presentados los escritos o precluido el plazo, en los dos días siguientes se da traslado de cada uno a las demás partes y se elevan a la Audiencia los autos originales con todos los escritos.

La sentencia de apelación tiene sus propios tiempos, que son del tribunal y no de la parte. El artículo 792 dice que se dictará dentro de los cinco días siguientes a la vista oral, o dentro de los diez días siguientes a la recepción de las actuaciones cuando no proceda vista. Más importante que el calendario es el límite del fallo. La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas, en los términos del tercer párrafo del artículo 790.2. Sí podrá anularse la sentencia, absolutoria o condenatoria, y devolverse las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación debe concretar si la nulidad se extiende al juicio oral y si la imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia.

Si la anulación se debe al quebrantamiento de una forma esencial del procedimiento, el tribunal, sin entrar en el fondo, ordena reponer el procedimiento al estado en que se encontraba cuando se cometió la falta, sin perjuicio de conservar los actos cuyo contenido sería idéntico pese a esa falta. Contra la sentencia dictada en apelación solo cabe recurso de casación en los supuestos del artículo 847, sin perjuicio de la revisión de sentencias firmes y de la impugnación de la sentencia firme dictada en ausencia del acusado. Si no se interpone recurso, los autos vuelven al juzgado para ejecutar el fallo. La sentencia se notifica a los ofendidos y perjudicados aunque no se hayan mostrado parte.

Ese tope del artículo 792 cambia la estrategia de quien acusó y perdió en primera instancia, y la de quien fue condenado y teme una pena mayor. La Audiencia Provincial de Madrid, cuando actúa como tribunal de apelación de una sentencia de la sección de lo penal, no puede usar el error de prueba para condenar al absuelto ni para agravar la condena. Puede anular y devolver si el motivo lo permite. Quien redacte el recurso debe pedir lo que la segunda instancia puede conceder, no lo que solo podría obtenerse en un nuevo juicio tras la nulidad.

Queda la otra entrada: la causa que la propia Audiencia enjuicia en primera instancia, porque el delito supera el marco del artículo 14.3 o porque la ley se lo atribuye. El artículo 846 ter dice que los autos que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre, y las sentencias dictadas por las audiencias provinciales en primera instancia, son recurribles en apelación ante la sala de lo civil y penal del tribunal superior de justicia de su territorio. Esa sala se constituye con tres magistrados. El recurso se rige por los artículos 790, 791 y 792, entendiendo las referencias al juzgado de lo penal como hechas al órgano que dictó la resolución recurrida, y las referencias a las audiencias como hechas al órgano competente para el recurso. El plazo de diez días del artículo 790 y las exigencias de formalización se aplican, por esa remisión, a la sentencia de instancia de la Audiencia. No se aplica ese régimen a un auto de la Audiencia que no termine el proceso por falta de jurisdicción o por sobreseimiento libre. Un auto de trámite de la Audiencia no se convierte en apelable solo porque lo dicte ella.

La casación es más estrecha. El artículo 847 la abre, por infracción de ley y por quebrantamiento de forma, contra las sentencias dictadas en única instancia o en apelación por la sala de lo civil y penal de los tribunales superiores de justicia. Contra las sentencias dictadas en apelación por las audiencias provinciales, la casación solo procede por infracción de ley del motivo previsto en el número 1.º del artículo 849. Quedan exceptuadas las que se limiten a declarar la nulidad de las sentencias de primera instancia. El artículo 849.1 entiende infringida la ley, a estos efectos, cuando, dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones de los dos artículos anteriores, se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba observarse en la aplicación de la ley penal. El motivo del número 2.º, el error de prueba basado en documentos, no es el que el artículo 847.1.b) abre contra la sentencia de apelación de la Audiencia Provincial. Tampoco el quebrantamiento de forma del artículo 850. Quien prepare esa casación tiene que señalar un precepto sustantivo infringido a partir de los hechos probados, no reabrir la valoración de la prueba.

El artículo 848 añade una casación, únicamente por infracción de ley, para los autos en los que la ley autorice ese recurso de modo expreso y para los autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las audiencias provinciales cuando supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre, y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada. Un auto de la Audiencia que confirma un sobreseimiento provisional, o que ordena continuar la investigación, no encaja en esa frase: no finaliza el proceso por sobreseimiento libre. Un auto que sí lo finaliza por sobreseimiento libre puede encajar, si además hubo una imputación fundada. La comprobación es de texto, no de titulares.

La preparación de la casación está en los artículos 855 y 856. Quien se proponga interponerla pedirá, ante el tribunal que haya dictado la resolución definitiva, un testimonio de la misma, y manifestará la clase de recurso. Si la casación se dirige contra sentencia dictada en apelación por una audiencia provincial por infracción de ley, el escrito debe consignar, en párrafos separados y con claridad, la concurrencia de los requisitos, identificar el precepto sustantivo que se considera infringido y explicar de modo sucinto las razones. La petición se formula mediante escrito autorizado por abogado y procurador, dentro de los cinco días siguientes al de la última notificación de la sentencia o auto. Esos cinco días son los de la solicitud de testimonio y de la manifestación del recurso, no un plazo inventado para un escrito posterior que esta nota no ha leído en otro precepto. No debe ampliarse por analogía con los diez días de la apelación ni con los veinte de la víctima frente al sobreseimiento.

El cuadro, reducido a lo que los textos leídos permiten, queda así. Contra el auto de archivo o de sobreseimiento del instructor, la parte personada dispone de cinco días para apelar, con o sin reforma previa, y la víctima no personada dispone de veinte días para recurrir el sobreseimiento. Esos recursos llegan a la Audiencia Provincial y, en la regla general del artículo 766, no suspenden el procedimiento. Contra la sentencia de la sección de lo penal, cualquiera de las partes dispone de diez días, con la suspensión ligada a la copia de las grabaciones pedida en tres días, y la Audiencia de apelación no puede condenar al absuelto ni agravar la condena por error de prueba. Contra la sentencia de primera instancia de la propia Audiencia, y contra sus autos que terminan el proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre, la apelación se dirige a la sala de lo civil y penal del tribunal superior, por la remisión del artículo 846 ter. Contra la sentencia de apelación de la Audiencia, la casación queda limitada al motivo sustantivo del artículo 849.1, preparada en cinco días ante el tribunal que dictó la resolución, con abogado y procurador. Contra el auto de la Audiencia que no cierra el proceso por sobreseimiento libre, el artículo 848 no abre esa casación.

Nada de ese cuadro dice quién tiene razón en una causa de Madrid. Dice qué papel puede firmar cada escrito y en qué día deja de poder hacerlo. La presunción de inocencia no se discute en una nota general: se respeta no tratando como condena lo que solo es un auto de trámite, y no tratando como hecho probado lo que ningún texto oficial leído en este paso ha declarado.

Conclusión

La búsqueda de la Audiencia Provincial de Madrid, en España, no queda respondida con una dirección ni con un relato de prensa. El derecho leído el 19 de noviembre de 2026 reparte dos funciones. La Audiencia enjuicia las causas por delito que no corresponden a la sección de lo penal del tribunal de instancia, y resuelve los recursos que la ley le atribuye contra las secciones de instrucción y de lo penal de la provincia. Desde la reforma de 2025, esas secciones sustituyen, en las referencias legales, a los antiguos juzgados de instrucción y de lo penal, con un calendario de constitución que terminaba el 31 de diciembre de 2025 para los órganos que no habían entrado en las fases de julio y de octubre. Las oficinas pueden seguir un ritmo administrativo distinto. La competencia del artículo 82 ya está escrita en esos términos.

El plazo depende de la resolución, no del nombre de la Audiencia. Cinco días para la apelación de la parte contra el auto no exceptuado. Veinte días para la víctima no personada contra el sobreseimiento. Diez días para la apelación de la sentencia del órgano de lo penal, con la suspensión de la copia de las grabaciones si se pide en tres días. Cinco días, con abogado y procurador, para preparar la casación limitada contra la sentencia de apelación de la Audiencia o contra el auto definitivo que cierra por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre cuando hubo imputación fundada. La apelación de los autos del artículo 766 no suspende el procedimiento salvo que otra norma lo diga. La sentencia de apelación no condena al absuelto ni agrava la condena por error de prueba.

Lo que esta nota no establece es el contenido de ningún expediente. Sigue por leer, en cada caso, la fecha de notificación, el carácter libre o provisional del sobreseimiento, si quien actúa es parte o víctima no personada, y si la resolución es del instructor, de la sección de lo penal o de la propia Audiencia. Sin esos datos, el plazo correcto no se elige. El método es general y vale para cualquier situación del mismo tipo. Lo expone un abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París, como información sobre el derecho español, sin ejercicio en España y sin inscripción en un colegio español.

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