La consulta «desalojo» se busca ahora en España. Este texto no describe ningún lanzamiento concreto, ningún inmueble, ninguna hora ni ningún balance. En este pase no se ha leído un documento oficial del suceso que haya podido disparar la búsqueda, y por eso no se afirma un lugar ni una identidad. La pregunta que sí puede responderse con las leyes leídas es otra: qué plazo tiene quien ocupa una vivienda, y en qué casos se suspende el lanzamiento, según el derecho estatal español vigente en los textos consolidados leídos hoy.
La respuesta corta tiene cuatro partes. No hay un solo desalojo. El impago de renta, el precario y la recuperación de una vivienda de la que el titular fue privado sin su consentimiento siguen cauces distintos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el desahucio por falta de pago, el requerimiento concede diez días para desalojar, pagar, enervar u oponerse; si no hay oposición, el lanzamiento se practica el día ya señalado. En la recuperación de la posesión de una vivienda, el plazo para aportar título es de cinco días. La suspensión no es automática: conviven el trámite de los apartados 5 a 7 del artículo 441, la enervación extraordinaria del artículo 22.6 y, hasta el 31 de diciembre de 2030, el artículo 2 del Real Decreto-ley 29/2026, cada uno con su supuesto.
El método es de alcance general. Se limita al derecho estatal español de cuatro textos consolidados del BOE leídos en este pase. No se examina el reglamento autonómico de vivienda, el calendario de un juzgado ni la situación de una persona determinada. Por Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París, como información sobre derecho extranjero, sin inscripción ni ejercicio en España.
I. El desalojo de una vivienda no es un solo procedimiento
A. Impago, precario y recuperación de la posesión
Quien busca «desalojo» suele encontrar una definición de diccionario o una página que habla de una suspensión antigua. Eso no dice qué demanda cabe, qué plazo corre ni quién puede pedir que el juzgado pare el lanzamiento. El derecho estatal español separa el acto material de salir de la vivienda y el cauce por el que un tribunal puede ordenarlo. El lanzamiento es la ejecución de una resolución. Antes hay una demanda, un título y, en varios supuestos, un requerimiento con fecha ya fijada.
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil decide en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, varias pretensiones que el lenguaje corriente llama desalojo y que la ley no trata igual. El texto consolidado leído en este pase tiene como última actualización publicada el 7 de octubre de 2026. La propia página advierte que el texto consolidado es informativo y no tiene valor jurídico. Para un expediente concreto, la publicación oficial del BOE es la que debe consultarse. Lo que sigue es la regla que ese texto consolidado muestra hoy, no un parte de un suceso.
El número 1.º del apartado 1 del artículo 250 comprende las demandas de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas y las que, con fundamento en ese impago o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, pretendan que el dueño, el usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana dada en arrendamiento, ordinario o financiero, o en aparcería, recupere la posesión. El impago y el fin del plazo contractual o legal comparten cauce, pero no comparten el requerimiento especial de diez días. Ese requerimiento, como se verá, está escrito para la falta de pago.
El número 2.º es otra demanda. El artículo 250 dice, sobre ella, que se deciden en juicio verbal «Las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca.» El precario no es un arrendamiento vencido por falta de pago. Es una posesión cedida sin el título que el demandante considera bastante para seguir en la finca. La enervación por pago de rentas no está escrita para ese número. Si la finca es la vivienda habitual de la parte demandada, sí entra, en cambio, en el aviso a las administraciones del apartado 5 del artículo 441, porque ese apartado cita los números 1.º, 2.º, 4.º y 7.º.
El número 4.º tiene dos escalones que conviene no fundir. El primero es la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado o perturbado en su disfrute. El segundo es más estrecho y es el que la práctica llama desalojo de una vivienda ocupada sin consentimiento. El mismo precepto dice: «Podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.» No es una acción abierta a cualquier persona. El texto exige una persona física propietaria o poseedora legítima, una entidad sin ánimo de lucro con derecho a poseer, o una entidad pública propietaria o poseedora legítima de vivienda social. Y exige que la privación se haya producido sin su consentimiento. Eso es una hipótesis legal, no un juicio sobre una persona concreta. Este texto no afirma que nadie haya ocupado una vivienda.
Antes de entrar en el fondo, la demanda de recuperación de la posesión puede ni siquiera admitirse si no identifica dos datos. El apartado 6 del artículo 439, para los números 1.º, 2.º, 4.º y 7.º del apartado 1 del artículo 250, dice que no se admitirán las demandas que pretendan la recuperación de la posesión de una finca en que no se especifique si el inmueble constituye vivienda habitual de la persona ocupante y si concurre en la parte demandante la condición de gran tenedora de vivienda. Si se indica que no se tiene esa condición, «se deberá adjuntar a la demanda certificación del Registro de la Propiedad en el que consten la relación de propiedades a nombre de la parte actora.» Las letras y apartados que el texto consolidado marca como anulados no se exponen aquí como exigencia vigente: el consolidado los deja sin contenido operativo.
La condición de gran tenedor no la inventa el juzgado en abstracto. La Ley de Enjuiciamiento Civil remite al artículo 3.k de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Ese artículo, en el texto consolidado cuya última actualización publicada es del 7 de octubre de 2026, y cuya entrada en vigor fue el 26 de mayo de 2023, define así: «la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m² de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros.» La misma letra añade que la definición podrá particularizarse, en la declaración de un entorno de mercado residencial tensionado, hasta los titulares de cinco o más inmuebles de uso residencial ubicados en ese ámbito, cuando la comunidad autónoma lo motive en la memoria justificativa. La condición se acredita mediante certificación del Registro de la Propiedad. Si una finca registral comprende un edificio con varias unidades susceptibles de uso residencial, cada unidad cuenta como inmueble independiente aunque no exista división horizontal inscrita.
Esa definición no viaja sin límite. El artículo 3 abre diciendo que las definiciones se establecen «A los efectos de lo dispuesto en esta ley, y en tanto no entren en contradicción con las reguladas por las administraciones competentes en materia de vivienda, en cuyo caso, y a los efectos de su regulación, prevalecerán aquéllas». Para el escrito de demanda civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil apunta al artículo 3.k. Para una medida autonómica de vivienda, puede prevalecer la definición autonómica si contradice la estatal y se aplica a esa regulación. Este pase no ha leído las leyes de vivienda de las comunidades autónomas. No se afirma, por tanto, el umbral de una comunidad concreta.
La causa de oposición también cambia con el número. Cuando el juicio verbal pretende la recuperación de una finca dada en arrendamiento por impago de la renta o cantidad asimilada, el artículo 444 solo permite al demandado «alegar y probar el pago o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación.» No es un juicio abierto a cualquier motivo. En la recuperación de la posesión de una vivienda del párrafo segundo del número 4.º, la oposición «podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor.» Pagar una cantidad no es, en ese segundo caso, la defensa que la ley escribe. Aportar un título, o discutir el título de quien demanda, sí lo es.
Hay además un límite de admisión que no debe trasladarse al desahucio por renta. El apartado 1 del artículo 439 dice: «No se admitirán las demandas que pretendan retener o recobrar la posesión si se interponen transcurrido el plazo de un año a contar desde el acto de la perturbación o el despojo.» Esa frase está escrita para la pretensión de retener o recobrar la posesión, contada desde la perturbación o el despojo. No es la frase del desahucio por falta de pago del número 1.º, que nace del contrato y de la renta debida, no del año del despojo. Confundir las dos frases es una forma habitual de perder el plazo o de invocarlo donde la ley no lo pone.
El contrato explica por qué puede pedirse la recuperación cuando hay arrendamiento, pero no sustituye al procedimiento. La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, cuyo texto consolidado tiene como última actualización publicada el 13 de noviembre de 2026 y cuya entrada en vigor fue el 1 de enero de 1995, permite al arrendador resolver de pleno derecho por causas tasadas. Entre ellas, la letra a del apartado 2 del artículo 27 incluye «La falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario.» También la falta de pago de la fianza o de su actualización, el subarriendo o la cesión inconsentidos, los daños dolosos o las obras no consentidas cuando el consentimiento sea necesario, las actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, y el destino de la vivienda cuando deje de estar destinada de forma primordial a satisfacer la necesidad de vivienda del arrendatario o de quien efectivamente la ocupara conforme al artículo 7. Resolver el contrato es una cosa. Obtener el lanzamiento es otra, y pasa por la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El apartado 4 del mismo artículo 27 añade un cauce distinto, solo para arrendamientos de finca urbana inscritos en el Registro de la Propiedad, si el contrato estipuló que el arrendamiento quedará resuelto por falta de pago y que el inmueble deberá restituirse de inmediato. En ese caso, la resolución tiene lugar de pleno derecho una vez el arrendador ha requerido judicial o notarialmente al arrendatario en el domicilio designado en la inscripción y este no ha contestado en los diez días hábiles siguientes, o contesta aceptando la resolución, por medio del mismo juez o notario. Esos diez días son hábiles y sirven a la resolución registral. No son los diez días del requerimiento procesal del desahucio por falta de pago, que la Ley de Enjuiciamiento Civil no califica de hábiles en el apartado leído. Mezclar el plazo registral y el plazo del juzgado es un error de calendario, no un detalle de estilo.
B. Diez días para la renta, cinco días para la vivienda ocupada
En la falta de pago, el reloj procesal empieza con un requerimiento muy concreto. El apartado 5 del artículo 438 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ordena que, tras la admisión y antes de la vista, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia requiera a la persona demandada para que, «en el plazo de diez días, desaloje el inmueble, pague al actor o, en caso de pretender la enervación, pague la totalidad de lo que deba». El mismo inciso sigue: debe poner a disposición del actor, en el tribunal o notarialmente, el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de ese pago enervador, o bien comparecer y alegar de forma sucinta las razones por las que no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada, o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación.
El requerimiento no es una carta abierta. Expresa el día y la hora de la eventual vista, para la que sirve de citación, y el día y la hora exactos del lanzamiento si no hubiera oposición. También expresa que, si se solicita asistencia jurídica gratuita, deberá hacerse en los tres días siguientes a la práctica del requerimiento. Y expresa que «la falta de oposición al requerimiento supondrá la prestación de su consentimiento a la resolución del contrato de arrendamiento que le vincula con el arrendador.» Quien calla no deja el contrato en el aire. La ley une el silencio a la resolución.
El apercibimiento es igual de seco. De no realizar ninguna de las actuaciones citadas, «se procederá a su inmediato lanzamiento, sin necesidad de notificación posterior». Si la persona demandada no atiende el requerimiento de pago o no comparece para oponerse o allanarse, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia «dictará decreto dando por terminado el juicio de desahucio y se procederá al lanzamiento en el día y la hora fijadas.» El plazo de diez días no es, por tanto, un margen de cortesía antes de un segundo aviso. Es el momento en el que se elige desalojar, pagar, enervar u oponerse. Si no se elige, la fecha de lanzamiento ya estaba en el requerimiento.
La enervación ordinaria está en el apartado 4 del artículo 22. Los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago terminan por decreto del letrado o de la letrada de la Administración de Justicia si, requerido el arrendatario en los términos del apartado 5 del artículo 438, paga al actor o pone a su disposición en el tribunal o notarialmente, dentro del plazo del requerimiento, las cantidades reclamadas en la demanda y las que adeude en el momento de ese pago. Si el demandante se opone porque no se cumplen esos requisitos, se cita a la vista y el juez dicta sentencia declarando enervada la acción o estimando el desahucio.
Esa facultad no se repite a voluntad. El mismo apartado dice que no será de aplicación cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior, excepto que el cobro no hubiera tenido lugar por causas imputables al arrendador, «ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con, al menos, treinta días de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación.» Un burofax o un requerimiento notarial anterior, si fue fehaciente, se hizo con esa antelación y quedó sin pago al presentar la demanda, cierra la enervación ordinaria. La resolución que declare enervada la acción condena al arrendatario al pago de las costas, salvo que las rentas y cantidades debidas no se hubieran cobrado por causas imputables al arrendador.
La recuperación inmediata de la vivienda del número 4.º tiene otro reloj. El apartado 1 bis del artículo 441 dice que la notificación se hará a quien se encuentre habitando la vivienda, y que podrá hacerse además a los ignorados ocupantes. Quien realice la comunicación podrá ir acompañado de agentes de la autoridad para identificar al receptor y a los demás ocupantes. Si el demandante pidió la inmediata entrega de la posesión, el decreto de admisión requiere a los ocupantes para que aporten, «en el plazo de cinco días desde la notificación de aquella, título que justifique su situación posesoria.»
Si no se aporta justificación suficiente, «el tribunal ordenará mediante auto el desalojo de los ocupantes y la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante», siempre que el título acompañado a la demanda sea bastante para acreditar su derecho a poseer, y sin perjuicio de los apartados 5, 6 y 7 del mismo artículo si ha sido posible identificar al receptor o a los demás ocupantes. «Contra el auto que decida sobre el incidente no cabrá recurso alguno» y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda. Cinco días, no diez. Y un auto que la ley declara irrecurrible en ese incidente, no un decreto de terminación por silencio en un desahucio de renta.
La salvedad de los apartados 5, 6 y 7 importa. El auto de desalojo inmediato no borra, cuando ha sido posible la identificación y la vivienda es la habitual de la parte demandada, el trámite de vulnerabilidad. Identificar a quien habita la vivienda no es un trámite menor: es la condición que el propio apartado 1 bis pone para que esos apartados puedan entrar. Un lanzamiento practicado contra ocupantes no identificados no abre, por la letra leída, ese incidente social. Un lanzamiento en el que sí se identificó a quien vive allí de forma habitual sí debe pasar por el aviso a las administraciones antes de tratarse como un mero incidente posesorio.
Si hay oposición y el juicio sigue hacia la vista, el artículo 440 fija otro ritmo, que no debe confundirse con los diez o los cinco días. Contestada la demanda, o transcurridos los plazos, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia cita a la vista dentro de los cinco días siguientes, cuando haya de celebrarse vista conforme al artículo 438. La vista habrá de tener lugar dentro del plazo máximo de un mes. En la citación se informa de la posibilidad de recurrir a una negociación, incluida la mediación. También se hace constar que la vista no se suspenderá por inasistencia de la persona demandada. Ese mes es un máximo para la vista cuando la vista procede. No alarga por sí solo el plazo de diez días para pagar o oponerse, ni el de cinco días para aportar título.
Quien recibe el requerimiento y solo quiere ganar tiempo sin pagar ni oponer se equivoca de lectura. El silencio en la falta de pago termina el juicio y lleva al lanzamiento en la hora ya fijada. La falta de título en cinco días, en la recuperación inmediata de la vivienda, permite el auto de desalojo, salvo el incidente de vulnerabilidad cuando la identificación lo abre. La oposición, cuando la ley la admite, tiene causas tasadas. Alegar una dificultad económica sin encajarla en la enervación, en el pago o en el trámite de vulnerabilidad no es, por sí sola, una causa de oposición del artículo 444.
II. Cuándo se suspende el lanzamiento y qué no lo detiene
A. Tres regímenes que conviven desde octubre de 2026
Una búsqueda de «desalojo» todavía puede mostrar una página que habla de una suspensión hasta el 30 de junio de 2023. Esa fecha no es la regla leída hoy. Los textos consolidados de este pase no restablecen una prohibición general de lanzamientos. Lo que hay, desde el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, son regímenes con sujeto, plazo y excepciones. Confundirlos deja a quien ocupa la vivienda sin el escrito que la ley sí prevé, o hace creer a quien demanda que un lanzamiento ya señalado no puede moverse cuando el decreto dice lo contrario.
El primer régimen es anterior y sigue en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los apartados 5, 6 y 7 del artículo 441 se aplican en los números 1.º, 2.º, 4.º y 7.º del apartado 1 del artículo 250, siempre que el inmueble sea la vivienda habitual de la parte demandada. En el decreto de admisión se informa a esa parte de la posibilidad de acudir a las administraciones autonómicas y locales competentes en vivienda, asistencia social, evaluación de situaciones de necesidad y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. La información debe comprender los datos exactos de identificación y el modo de contacto. El juzgado, además, comunica de oficio y de inmediato la existencia del procedimiento a esas administraciones, para que verifiquen la vulnerabilidad y, si existe, presenten propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social y de medidas de atención inmediata, además de las ayudas de las que pueda ser beneficiaria la parte demandada.
Si esas administraciones confirman que el hogar está en situación de vulnerabilidad económica y, en su caso, social, lo notifican al órgano judicial a la mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo máximo de diez días. Recibida la comunicación o transcurrido el plazo, las partes tienen cinco días para instar lo que a su derecho convenga. Si la inmediatez de las fechas lo exige, se suspende la fecha de la vista o del lanzamiento. Presentados los escritos o transcurrido ese plazo, el tribunal resuelve por auto si suspende el proceso para que se adopten las medidas propuestas, «durante un plazo máximo de suspensión de dos meses si el demandante es una persona física o de cuatro meses si se trata de una persona jurídica.» Adoptadas las medidas, o transcurrido ese máximo, la suspensión se alza automáticamente y el procedimiento continúa por todos sus trámites.
El apartado 7 obliga a una valoración ponderada y proporcional del caso concreto. El tribunal puede apreciar la vulnerabilidad que también concurra en la parte actora. Para la vulnerabilidad económica, puede considerar que el importe de la renta, si se trata de un juicio de desahucio por falta de pago, más el de los suministros de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones, «suponga más del 30 por 100 de los ingresos de la unidad familiar», y que el conjunto de esos ingresos no alcance, con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual. Ese límite se incrementa en 0,3 veces el indicador por cada hijo a cargo, en 0,35 si la unidad es monoparental o si el hijo tiene una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, y en 0,2 veces por cada persona mayor de 65 años o en situación de dependencia. Si algún miembro tiene declarada una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, una situación de dependencia o una enfermedad que le incapacite de forma permanente para una actividad laboral, el límite de la letra a pasa a cinco veces el indicador, sin perjuicio de los incrementos por hijo a cargo. Para la vulnerabilidad social, el tribunal puede considerar que entre quienes ocupen la vivienda haya personas dependientes conforme al apartado 2 del artículo 2 de la Ley 39/2006, víctimas de violencia sobre la mujer o personas menores de edad. Este pase no ha leído la Ley 39/2006. No se describe aquí quién es persona dependiente según esa ley: la Ley de Enjuiciamiento Civil se limita a remitir a ese apartado.
Este primer régimen no para el lanzamiento hasta que exista otra vivienda. Lo suspende, como máximo, dos o cuatro meses, y luego el procedimiento sigue. Tampoco es automático: hace falta que el inmueble sea vivienda habitual, que las administraciones confirmen la vulnerabilidad en el plazo, y que el tribunal, ponderando también la situación de quien demanda, acuerde la suspensión. Una renta alta con ingresos altos no encaja en el umbral del 30 por 100 y de las tres veces el indicador. Una vulnerabilidad de quien demanda puede pesar en sentido contrario.
El segundo régimen es la enervación extraordinaria, añadida al apartado 6 del artículo 22 por el artículo 5.Dos del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre. Ese real decreto-ley se publicó en el BOE del 7 de octubre de 2026 y entró en vigor el 8 de octubre de 2026. Su texto consolidado tiene como última actualización publicada el 13 de noviembre de 2026. El apartado 6 se aplica a los procesos de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas del artículo 250.1.1.º, cuando se acredite que la persona arrendataria está en situación de vulnerabilidad económica en los términos legalmente previstos, y no se aplica al supuesto del artículo 2.1 de ese real decreto-ley. Si la Administración pública competente no ofrece una alternativa habitacional adecuada, está obligada a enervar la acción mediante el pago al arrendador o la consignación judicial de la totalidad de las cantidades reclamadas y de las devengadas hasta el pago o la consignación, así como las costas procesales a favor de la persona demandante.
Acreditada la vulnerabilidad, se comunica de inmediato a la Administración, que dispone de un plazo máximo e improrrogable de dos meses desde la notificación para ofrecer una alternativa habitacional adecuada o, en su defecto, pagar o consignar. «Durante este plazo quedará suspendido el curso del procedimiento y, en su caso, el lanzamiento.» Si dentro del plazo se paga o se consigna la totalidad, se declara enervada la acción, termina el procedimiento y el contrato sigue vigente. Si transcurren los dos meses sin alternativa adecuada ni pago íntegro ni consignación, «la administración pública competente quedará subrogada automáticamente en la posición deudora del arrendatario, y no habrá lugar para el lanzamiento», y el contrato se mantiene vigente hasta su expiración mientras subsista la vulnerabilidad económica en los términos legalmente previstos. La demora de la administración, una vez el tribunal ha acordado el pago, devenga los intereses de la legislación aplicable. El Estado compensa los gastos de las comunidades autónomas por este apartado, salvo los intereses del retraso. En el País Vasco y en Navarra, la instrumentación financiera se acuerda de forma bilateral. Este texto no describe ese acuerdo: no ha sido leído.
Esta enervación extraordinaria es independiente de la del apartado 4. No computa como enervación anterior. No impide que la persona arrendataria ejercite después, en su caso, la enervación ordinaria. Y puede producirse aunque el arrendador haya hecho el requerimiento fehaciente de pago del apartado 4. El cierre de los treinta días, que bloquea la enervación ordinaria, no bloquea esta. Tampoco exige que la persona arrendataria tenga todavía intacta su única enervación ordinaria. Lo que exige es un desahucio por falta de pago del número 1.º, vulnerabilidad económica acreditada en los términos legales, y que no se trate del supuesto del artículo 2.1.
El tercer régimen es el del propio artículo 2 del real decreto-ley, titulado como suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Su apartado 1 rige desde la entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2030 «para los procesos en los que actúe como demandante toda entidad con o sin personalidad jurídica dedicada a adquirir inmuebles o carteras de préstamo hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado», con el objeto de eludir los mecanismos de función social de la vivienda o de maximizar la rentabilidad por la desproporción de las rentas, los precios de reventa o el destino no residencial. No se aplica, dice el mismo apartado, a los entes públicos territoriales ni a los organismos públicos y empresas o sociedades del sector público cuya finalidad es la promoción y la gestión de vivienda social y asequible. Si la persona demandada está en situación de vulnerabilidad, certificada por informe de los servicios sociales o por los criterios del apartado 7 del artículo 441, y no tiene alternativa habitacional, el tribunal suspende el proceso por auto. La previsión vale aunque ya se hubiera dictado sentencia, decreto o auto que ponga fin al procedimiento o acuerde el lanzamiento, siempre que este no se hubiera ejecutado de forma efectiva. Es el supuesto que el apartado 6 del artículo 22 excluye de la enervación extraordinaria. Aquí la respuesta legal leída no es que la administración pague la deuda y el contrato siga: es la suspensión del proceso.
El apartado 2 cubre a las personas demandantes distintas de las del apartado 1, desde la entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2030, y «solo en aquellos casos en los que no resulte de aplicación» el artículo 5.Dos. Si la persona demandada es vulnerable por informe de servicios sociales o por los criterios del apartado 7 del artículo 441, no tiene alternativa habitacional y la administración no ha ofrecido una alternativa digna y adecuada, el tribunal requiere informe a la administración competente según la legislación autonómica, por el cauce que designe la comunidad autónoma. Si no hay respuesta o se informa de que no hay recursos, el tribunal suspende el proceso hasta que se adopten las medidas y se garantice una alternativa habitacional adecuada. También aquí la suspensión puede alcanzar un procedimiento ya terminado por sentencia, decreto o auto, o un lanzamiento ya acordado, si el lanzamiento no se ha ejecutado.
Esa suspensión del apartado 2 no es indefinida ni ciega. El tribunal la revisa cada doce meses para ver si siguen la vulnerabilidad y la falta de alternativa. «La suspensión se alzará cuando desaparezca la vulnerabilidad, se ponga a disposición una alternativa habitacional adecuada y efectiva o la parte demandada la rechace sin causa justificada, previa audiencia de las partes, o transcurran tres años desde que se acordó la suspensión.» El auto determina que la administración competente en vivienda asuma los gastos de la compensación a favor de la persona demandante cuando esta sea persona física o persona jurídica dedicada al alquiler habitual asequible o social. El máximo comprende la renta contractual dejada de percibir, los costes de suministros impagados y las costas. No son compensables el lucro cesante hipotético ni los daños morales. La suspensión o la compensación no hacen desaparecer la obligación de mantenerse al corriente de la renta debida. El real decreto-ley remite, para la cobertura de gastos autonómicos, al Real Decreto 1135/2025. Ese reglamento no se ha leído en este pase. No se describen aquí sus requisitos de ayuda.
Hay dos frenos expresos. No procede la suspensión cuando el tribunal aprecie, atendidas las circunstancias, que debe prevalecer la vulnerabilidad económica o habitacional de la parte demandante, salvo que se trate de una persona jurídica o de una persona física que tenga la condición de gran tenedor. Y «Tampoco prevalecerá la situación de vulnerabilidad económica de la parte demandada cuando la parte demandante sea una persona física titular de dos o menos viviendas.» Una persona física con una o dos viviendas no queda sometida, por esta frase, a que la vulnerabilidad económica de quien ocupa detenga el lanzamiento. El apartado 3 aclara que las referencias a vivienda, servicios sociales, intermediación o alternativas habitacionales se entienden hechas a la administración competente según la legislación autonómica y su organización. El canal concreto, la oficina y el impreso no están en el texto estatal leído.
La disposición transitoria segunda extiende el régimen del artículo 2, hasta el 31 de diciembre de 2030, y el régimen del artículo 5.Dos, a las ejecuciones de resoluciones dictadas en los procedimientos del apartado 5 del artículo 441 que estuvieran en curso al entrar en vigor el real decreto-ley, «siempre que no se hubiera practicado el lanzamiento.» En el caso del artículo 2, la persona ejecutada puede solicitar la aplicación aunque el trámite de esos apartados ya se hubiera resuelto o se hubiera agotado el plazo máximo de suspensión del apartado 6 del artículo 441. Presentada la solicitud, con la documentación justificativa si no obra ya en las actuaciones, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia suspende provisionalmente el lanzamiento hasta que el tribunal resuelva por auto. En el caso del artículo 5.Dos, antes de continuar el proceso, sea cual sea la fase, debe darse cumplimiento a la nueva obligación de enervación extraordinaria. Un lanzamiento ya practicado queda fuera de esta frase. Un lanzamiento señalado y no practicado, en un procedimiento del apartado 5 del artículo 441 que estuviera en curso el 8 de octubre de 2026, no queda fuera.
Estos tres regímenes no se anulan entre sí. El de los apartados 5 a 7 del artículo 441 es el trámite ordinario de información, propuesta y suspensión corta de dos o cuatro meses. El apartado 6 del artículo 22 es una enervación por pago o consignación de la administración, o por su subrogación, en el desahucio por falta de pago, con suspensión mientras corren los dos meses y sin lanzamiento si la administración no paga ni ofrece alternativa. El artículo 2 es una suspensión temporal, hasta 2030, para personas vulnerables sin alternativa, con un sujeto demandante distinto en cada apartado y con excepciones que la letra no permite ignorar. Aplicar el apartado 2 donde sí rige el artículo 5.Dos contradice la frase que limita el apartado 2 a los casos en que ese artículo 5.Dos no se aplica. Aplicar la enervación extraordinaria al supuesto del artículo 2.1 contradice la exclusión escrita en el apartado 6 del artículo 22.
B. La prórroga del contrato, el bien mueble y el límite de este texto
Suspender un lanzamiento no es lo mismo que prorrogar un contrato que todavía no ha llegado al juzgado. La Ley de Arrendamientos Urbanos fija primero cuánto dura el arriendo de vivienda y cuándo puede pedirse que continúe. El artículo 9 deja libre el plazo pactado. Si es inferior a cinco años, o inferior a siete si el arrendador es persona jurídica, llegado el vencimiento el contrato se prorroga de forma obligatoria por plazos anuales hasta esa duración mínima, salvo que el arrendatario manifieste, con treinta días de antelación como mínimo a la terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, que no quiere renovarlo. El plazo se cuenta desde el contrato o desde la puesta a disposición, si esta es posterior. La prueba de esa puesta a disposición corresponde al arrendatario. Si no se estipuló plazo, o es indeterminado, el arrendamiento se entiende celebrado por un año, sin perjuicio de la prórroga anual del arrendatario.
Pasado el primer año, y solo si el arrendador es persona física, no procede la prórroga obligatoria cuando, al celebrar el contrato, se hizo constar de forma expresa la necesidad de ocupar la vivienda antes de los cinco años para destinarla a vivienda permanente del arrendador, de sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción, o de su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad. Para ejercer esa potestad hay que comunicar la necesidad, especificando la causa, al menos con dos meses de antelación a la fecha en que la vivienda se vaya a necesitar. Si transcurridos tres meses desde la extinción del contrato o desde el efectivo desalojo no se ha ocupado la vivienda, el arrendatario puede optar, en treinta días, entre ser repuesto en el uso por un nuevo período de hasta cinco años, con indemnización de los gastos del desalojo hasta la reocupación, o ser indemnizado con una mensualidad por cada año que quedara hasta completar cinco, salvo fuerza mayor en los términos que el propio apartado describe. La necesidad no comunicada, o no escrita en el contrato cuando el artículo 9.3 la exige, no abre por sí sola la recuperación anticipada de ese apartado.
El artículo 10.1 añade, una vez transcurridos como mínimo cinco años, o siete si el arrendador es persona jurídica, una prórroga obligatoria por plazos anuales «hasta un máximo de tres años más», si ninguna de las partes notificó su voluntad de no renovar: cuatro meses de antelación si notifica el arrendador y dos si notifica el arrendatario. El arrendatario puede, con un mes de antelación a la terminación de cualquiera de esas anualidades, manifestar que no renueva. El apartado 2 permite, previa solicitud, una prórroga extraordinaria de un año como máximo cuando finaliza la prórroga obligatoria del artículo 9.1 o la tácita del artículo 10.1, si el arrendatario acredita vulnerabilidad social y económica con un informe o certificado de los servicios sociales municipales o autonómicos emitido en el último año. Esa solicitud «deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador cuando este sea un gran tenedor de vivienda» según la definición de la Ley 12/2023, salvo que se haya suscrito un nuevo contrato. El apartado 3, en zona de mercado residencial tensionado y dentro de la vigencia de la declaración, permite prórrogas anuales extraordinarias hasta tres años, que el arrendador debe aceptar, con las salvedades de acuerdo distinto, nuevo contrato con las limitaciones de renta de los apartados 6 y 7 del artículo 17, o comunicación de necesidad de ocupar conforme al artículo 9.3.
El mismo artículo 10, en el consolidado del 13 de noviembre de 2026, deja sin efecto la modificación que había introducido el Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre, por la resolución de 12 de noviembre de 2026 que publica el acuerdo del Congreso por el que se deroga ese real decreto-ley. La prórroga que se expone aquí es la del texto consolidado posterior a esa derogación, no la de un decreto que el Congreso dejó sin efecto. La página remite, además, a la disposición final quinta del Real Decreto-ley 29/2026 para la prórroga extraordinaria de los contratos de vivienda habitual. Esa disposición sí se ha leído.
Su apartado 1 se aplica a los contratos de vivienda habitual sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos que estuvieran vigentes al entrar en vigor el real decreto-ley, cuando el período de prórroga obligatoria del artículo 9.1 finalice antes del 31 de diciembre de 2028, o finalice la prórroga tácita de los artículos 10.1 y 10.2, o finalice, en su caso, la tácita reconducción del artículo 1566 del Código Civil. Este pase no ha leído el Código Civil. No se describe el contenido de ese artículo 1566: el decreto solo lo cita como uno de los finales de plazo que pueden abrir la prórroga. Hace falta, además, que la parte arrendataria esté al corriente del alquiler y lo haya estado mensualmente durante los ocho meses anteriores. Previa solicitud, se aplica una prórroga extraordinaria por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales, manteniendo los términos y condiciones del contrato en vigor. El arrendador debe aceptarla, salvo acuerdo de otros términos, nuevo contrato, o comunicación, en los plazos y condiciones del artículo 9.3, de la necesidad de ocupar la vivienda para sí o para sus familiares, aunque esa facultad no se hubiera previsto de forma expresa en el contrato, siempre que concurra causa real y acreditada de necesidad. «La prórroga extraordinaria regulada en este artículo es incompatible con la prevista en el artículo 10.3 de la Ley 29/1994», que, en su caso, se aplica con carácter preferente. El apartado 2 excluye la prórroga cuando las partes acuerdan renovar o celebrar un contrato nuevo con una renta inferior en al menos un cinco por ciento a la del contrato vigente. La versión de esta disposición final en el consolidado tiene como última actualización publicada el 13 de noviembre de 2026, en vigor a partir de ese día. La misma página remite a una disposición de coordinación del Real Decreto-ley 28/2026. Ese decreto está derogado por el acuerdo del Congreso publicado el 12 de noviembre de 2026 y no se ha leído como texto operativo. Su regla de coordinación no se expone aquí.
Ninguna de estas prórrogas equivale a paralizar un lanzamiento ya decretado. La prórroga evita, si se dan sus requisitos y se solicita a tiempo, que el contrato termine y que nazca la pretensión de recuperación por expiración del plazo. El lanzamiento ya acordado en un desahucio por falta de pago se mueve, si se mueve, por la enervación, por la oposición, por los apartados 5 a 7 del artículo 441 o por el artículo 2 del real decreto-ley, no por una prórroga que nadie pidió antes de la demanda. Llegar al juzgado con la sola idea de que «la ley de vivienda alarga los contratos» no sustituye al escrito de oposición ni al pago enervador dentro de los diez días.
La tendencia que motiva este texto aparece también clasificada en asuntos, finanzas y vehículos. El buscador visible, leído en este pase, responde sobre todo con páginas de vivienda. La Ley de Enjuiciamiento Civil, sin embargo, tiene un juicio verbal distinto para el bien mueble financiado, y no lo llama desalojo de vivienda. Los números 10.º y 11.º del apartado 1 del artículo 250 comprenden, con carácter sumario, el incumplimiento por el comprador de contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial, para obtener una sentencia que permita la ejecución solo sobre el bien adquirido o financiado a plazos, y el incumplimiento de un arrendamiento financiero, de un arrendamiento de bienes muebles o de una venta a plazos con reserva de dominio, igualmente inscritos y formalizados en ese modelo, para obtener la inmediata entrega del bien en el lugar indicado en el contrato, previa declaración de resolución en su caso.
En esos números, admitida la demanda, el tribunal ordena la exhibición y el embargo preventivo, o el depósito del bien cuya entrega se reclame. No se exige caución a quien demanda para esas medidas cautelares, ni se admite oposición a las medidas, ni su sustitución por caución. El letrado o la letrada de la Administración de Justicia «emplazará al demandado por cinco días para que se persone en las actuaciones, por medio de procurador, al objeto de contestar a la demanda por alguna de las causas previstas en el apartado 3 del artículo 444.» Si deja pasar el plazo sin contestar, o si funda la contestación en una causa no comprendida en ese apartado, se dicta sin más trámites sentencia estimatoria. Si contesta por una causa admitida y luego no asiste a la vista sin justa causa, no mantiene la oposición o la funda en causa no comprendida, también se dicta sentencia estimatoria, y además puede imponerse una multa de hasta la quinta parte del valor de la reclamación, con un mínimo de ciento ochenta euros. Contra la sentencia dictada en los casos de ausencia de oposición no se da recurso alguno.
Las causas del apartado 3 del artículo 444 son cuatro: falta de jurisdicción o de competencia, pago acreditado documentalmente, inexistencia o falta de validez del consentimiento, incluida la falsedad de la firma, y falsedad del documento en que aparezca formalizado el contrato. Una dificultad para pagar la cuota, sin pago documental ni vicio del consentimiento ni falsedad del documento, no está en esa lista. Cinco días y procurador no son los diez días del desahucio de vivienda, ni los cinco días para aportar título posesorio. Quien busca «desalojo» porque una financiera reclama el vehículo no debe usar el escrito del arrendamiento. Quien ha recibido un requerimiento de vivienda no debe creer que le basta personarse en cinco días como en la venta a plazos.
Este análisis se publica en la sección en español del despacho y se limita al derecho estatal español de los cuatro textos consolidados leídos. No cubre el convenio arbitral, el reglamento de una comunidad autónoma, el protocolo de unos servicios sociales, ni la pregunta de si una persona concreta es vulnerable, gran tenedora o titular de dos o menos viviendas. Esos hechos se acreditan con el contrato, la certificación registral, el informe de servicios sociales y las nóminas o documentos de ingresos, no con la tendencia de búsqueda. Tampoco se examina si el requerimiento de treinta días fue fehaciente, si el lanzamiento de un procedimiento antiguo ya se practicó, ni si la zona está declarada mercado residencial tensionado. Cada una de esas piezas cambia el régimen, y ninguna se presume.
La página consolidada del BOE repite, en las cuatro normas, que la consolidación integra modificaciones y derogaciones expresas para facilitar el acceso al derecho vigente, y que no tiene valor oficial. Una redacción derogada puede seguir visible en el selector histórico. La que se ha usado aquí es la que el consolidado marca como última actualización en vigor en la fecha de lectura: 7 de octubre de 2026 para la Ley de Enjuiciamiento Civil y para la Ley 12/2023, 13 de noviembre de 2026 para la Ley de Arrendamientos Urbanos y para la actualización del Real Decreto-ley 29/2026. Un cambio posterior a esa lectura no está en este texto.
Conclusión
En España, el desalojo de una vivienda no tiene un plazo único. En el desahucio por falta de pago, el requerimiento da diez días para desalojar, pagar, enervar u oponerse, y señala ya el día y la hora del lanzamiento si no hay oposición. La enervación ordinaria paga lo reclamado y lo debido en ese momento, una sola vez, y queda cerrada si hubo enervación anterior no imputable al arrendador o un requerimiento fehaciente de pago con al menos treinta días de antelación a la demanda, impagado al presentarla. En la recuperación inmediata de una vivienda de la que el titular fue privado sin su consentimiento, el plazo para aportar título es de cinco días, y el auto de desalojo, si el título de quien demanda es bastante y no se abre el incidente de vulnerabilidad, se lleva a efecto sin recurso contra ese auto. El precario y la expiración del plazo contractual son cauces distintos, aunque compartan el juicio verbal.
La suspensión tampoco es general. Los apartados 5 a 7 del artículo 441 informan, dan a las administraciones un máximo de diez días y permiten una suspensión de dos meses si quien demanda es persona física, o de cuatro si es persona jurídica, que se alza sola al vencimiento. Desde el 8 de octubre de 2026, la enervación extraordinaria del apartado 6 del artículo 22 obliga a la administración, en el desahucio por falta de pago y fuera del supuesto del artículo 2.1, a ofrecer alternativa o a pagar en dos meses improrrogables; si no hace ninguna de las dos cosas, queda subrogada y no hay lanzamiento mientras dure la vulnerabilidad económica y el contrato no expire. El artículo 2 del Real Decreto-ley 29/2026 suspende, hasta el 31 de diciembre de 2030 y con excepciones expresas, determinados procesos de personas vulnerables sin alternativa, incluso si el lanzamiento está acordado pero no practicado. No se aplica el apartado 2 donde sí se aplica la enervación extraordinaria. No prevalece la vulnerabilidad económica de quien ocupa cuando quien demanda es una persona física con dos o menos viviendas.
Queda por establecer, porque no consta en un documento oficial leído en este pase, el suceso concreto que haya podido disparar la búsqueda, y queda por acreditar en cada expediente la vivienda habitual, la condición de gran tenedor, el informe de vulnerabilidad y si el lanzamiento ya se practicó. El método expuesto es de alcance general. Los textos consolidados son informativos. El derecho autonómico de vivienda y el calendario de cada juzgado no se han leído y no se suplen con una regla estatal aproximada.