En España, el Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, está en vigor desde el 19 de noviembre de 2026, día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado del 18 de noviembre. Para quien trabaja por cuenta ajena, el cambio más visible es la transparencia salarial: puedes pedir por escrito a tu empresa tu retribución desglosada y las retribuciones medias, separadas por sexo, de quienes hacen tu mismo trabajo o uno de igual valor. La empresa debe contestar en un plazo razonable y, como máximo, en dos meses. También puedes revelar tu salario para hacer valer la igualdad retributiva aunque una cláusula del contrato lo prohíba, y las ofertas de empleo deben indicar el salario inicial.
El mismo texto modifica el periodo de prueba, el trabajo para varias empresas y la respuesta a las peticiones de cambio de contrato. Quedan dos etapas con fecha. El Congreso debe pronunciarse sobre su convalidación dentro de los treinta días siguientes a su promulgación, que tuvo lugar el 17 de noviembre de 2026. Las empresas de 150 o más personas trabajadoras deberán informar por primera vez sobre su brecha retributiva antes del 8 de junio de 2027.
La búsqueda «real decreto ley» está en tendencia en España. Este artículo explica, con carácter general, qué puedes pedir, en qué plazo y qué vías existen si no hay respuesta. Es una información sobre el derecho español firmada por Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París, que no ejerce en España.
I. Real Decreto Ley 39/2026: qué cambia en tu salario y desde cuándo
A. ¿Cuándo entra en vigor la transparencia salarial del Real Decreto-ley 39/2026?
El Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre se publicó en el «BOE» núm. 287, de 18 de noviembre de 2026. Su disposición final séptima fija la entrada en vigor el día siguiente al de la publicación, es decir, el 19 de noviembre de 2026. Desde esa fecha, sus reglas forman parte del derecho aplicable. El texto modifica el Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, la Ley 3/2023 de Empleo, el Real Decreto 723/2026 sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y la Ley de Contratos del Sector Público. Su preámbulo explica que incorpora la Directiva (UE) 2023/970, cuyo plazo de transposición finalizó el 7 de junio de 2026.
Un real decreto-ley es una norma provisional. Según el artículo 86 de la Constitución Española, los decretos-leyes deben someterse a debate y votación de totalidad en el Congreso de los Diputados «en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación». El Congreso ha de pronunciarse expresamente sobre su convalidación o su derogación. El artículo 78 de la misma Constitución atribuye esa facultad a la Diputación Permanente cuando las Cámaras han sido disueltas o ha expirado su mandato. Mientras tanto, el texto está en vigor y sus derechos pueden ejercerse. Si haces una petición ahora, conviene fecharla y conservar la prueba de su entrega: así sabrás bajo qué reglas la formulaste.
Algunas obligaciones tienen un calendario propio. La nueva disposición transitoria segunda del Real Decreto 902/2020 dispone que la información sobre la brecha retributiva de género se remita por primera vez antes del 8 de junio de 2027 en las empresas con 150 o más personas trabajadoras, y antes del 8 de junio de 2031 en las que ocupan entre 50 y 149. Las auditorías retributivas incluidas en planes de igualdad vigentes se adaptarán cuando concluya su vigencia o deban revisarse, y hasta entonces conservan su validez. Para las relaciones laborales de duración inferior a cuatro semanas que ya existían el 19 de noviembre, la empresa debe facilitar la información sobre los elementos esenciales del contrato en diez días hábiles desde que la persona trabajadora la solicite, si no la tenía ya.
En cambio, el derecho de cada persona a pedir información sobre su retribución no depende del tamaño de la empresa. El nuevo artículo 4 del Real Decreto 902/2020 recuerda que el principio de igual retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor vincula a todas las empresas, cualquiera que sea su plantilla, y a todos los convenios. El artículo 5 exige un registro retributivo en todas las empresas, que incluya también al personal directivo y a los altos cargos. Una pequeña empresa puede, por tanto, recibir tu solicitud. Las reglas que solo afectan a plantillas de cierto tamaño se refieren a la brecha, a la progresión retributiva y a la justificación de diferencias.
Conviene saber qué se entiende por retribución y por trabajo de igual valor, porque de ello depende el alcance de tu petición. El nuevo artículo 2 bis del Real Decreto 902/2020 incluye el salario base, las pagas extraordinarias, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales, en dinero o en especie. El nivel retributivo es la horquilla, valor o posición asignado a un puesto dentro de la estructura de la empresa. El artículo 28.1 del Estatuto, en su nueva redacción, considera que dos trabajos tienen igual valor cuando son equivalentes la naturaleza de las funciones efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas, los factores relacionados con el desempeño y las condiciones en que la actividad se realiza.
El artículo 4 del Real Decreto 902/2020 cita, sin carácter exhaustivo, factores que pueden pesar en esa comparación: la penosidad, las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, la responsabilidad económica o sobre el bienestar de las personas, las habilidades de cuidado y atención, la capacidad de resolver conflictos o de organizar. Dos puestos con nombres distintos pueden, por tanto, tener igual valor. La comparación se hace sobre la retribución anual y también por hora de trabajo, algo importante para quienes trabajan a tiempo parcial. La valoración de los puestos debe ser adecuada, completa, objetiva y neutra con respecto al género, sin factores que reflejen estereotipos.
B. ¿Qué puedes pedir a tu empresa sobre tu sueldo y el de tus compañeros?
El nuevo artículo 10 del Real Decreto 902/2020 reconoce el derecho a solicitar y recibir por escrito dos tipos de información. La primera es tu retribución individual. La segunda son las retribuciones medias, en términos anuales y por hora de trabajo, desglosadas por sexo, de los grupos, categorías o niveles retributivos de las personas que realizan tu mismo trabajo o uno de igual valor. La respuesta debe separar el salario base y cada complemento salarial y extrasalarial. No se trata de conocer el sueldo de un compañero concreto, sino de comparar medias por sexo dentro de un mismo nivel de trabajo.
La solicitud puede presentarse una vez al año o cuando se produzcan cambios que la justifiquen. Puedes hacerla tú directamente, a través de la representación legal de las personas trabajadoras o, en su caso, a través del Instituto de las Mujeres. La empresa debe informar a toda la plantilla, al menos una vez al año, de que este derecho existe y de cómo ejercerlo. Si nunca has recibido esa información, ese dato también es relevante: la falta de aviso no te impide presentar la solicitud.
El plazo de respuesta es claro. La empresa debe facilitar la información dentro de un plazo razonable y, en todo caso, en los dos meses siguientes a la recepción de la primera solicitud, aunque se haya presentado a través de la representación legal o del Instituto de las Mujeres. Si la respuesta es inexacta o incompleta, puedes pedir aclaraciones y detalles adicionales razonables, personalmente o por medio de tus representantes. Esa segunda petición debe recibir una respuesta motivada en quince días desde que la empresa la recibe. La información debe entregarse en un formato accesible para las personas con discapacidad.
El derecho tiene un límite. La empresa puede exigir que la información que no se refiere a tu persona se utilice solo para fines relacionados con tu derecho a la igualdad retributiva. El nuevo artículo 15 del mismo reglamento remite al Reglamento general de protección de datos y a la Ley Orgánica 3/2018 para el tratamiento de esos datos. En la práctica, puedes usar las medias recibidas para comprobar si cobras lo mismo que tus compañeros de otro sexo, para pedir explicaciones o para fundar una reclamación. No es prudente difundirlas fuera de ese marco.
El derecho no termina con el contrato. Quien haya dejado de trabajar en la empresa puede ejercerlo respecto del periodo en que estuvo vinculado a ella, siempre que lo solicite en el plazo de un año desde la fecha del cese. Si sospechas que cobraste menos que un compañero de otro sexo y ya te has ido, ese año importa: es el periodo para obtener la información que te permitirá valorar si conviene reclamar.
Además de las medias, puedes conocer los criterios con los que se fija tu salario. El nuevo artículo 3.4 del Real Decreto 902/2020 obliga a las empresas a poner a disposición de su personal, de manera comprensible, los criterios que utilizan para determinar la retribución, los niveles retributivos de cada puesto o categoría y, en su caso, la progresión retributiva. Si esos criterios están en el convenio colectivo, basta con remitir a los preceptos concretos. Si no lo están, o si la empresa paga mejoras voluntarias, debe explicar directamente cómo las decide. Las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras deben informar también sobre los criterios de progresión, cuando exista.
El registro retributivo es otra fuente de información. El artículo 28.2 del Estatuto obliga a la empresa a llevar un registro con los valores medios de salarios, complementos y percepciones extrasalariales, desagregados por sexo. El artículo 5 del Real Decreto 902/2020 añade que debe reflejar la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido, en cómputo anual y por hora, por cada concepto y cada grupo, categoría, nivel o puesto. Si en tu empresa hay representación legal, accedes al registro a través de ella. Si no la hay, la información que recibes se limita a las diferencias porcentuales entre las retribuciones medias de hombres y mujeres, desagregadas por concepto y sistema de clasificación. La empresa debe conservar el registro y sus datos de soporte durante cuatro años.
Ciertas diferencias exigen una explicación escrita. Según el artículo 28.3 del Estatuto, en las empresas de al menos cincuenta personas trabajadoras, si la retribución media de un sexo supera la del otro en un veinticinco por ciento o más, la empresa debe justificar en el registro que la diferencia responde a motivos ajenos al sexo. En las empresas de cien o más personas trabajadoras, esa justificación es obligatoria desde una diferencia del cinco por ciento. Si tu representación legal accede al registro, puede comprobar si esa justificación existe.
El artículo 28.4 del Estatuto reconoce ahora tu derecho a comunicar o revelar información sobre tu propia retribución para hacer valer la igualdad de retribución. Las cláusulas del contrato que te impidan divulgar tu salario son nulas y no producen efectos. Si tu contrato contiene una cláusula de confidencialidad sobre el sueldo, esa cláusula nula no puede servir de base para sancionarte por comentar, con esa finalidad, cuánto cobras con un compañero o con tus representantes.
Para que la petición sea útil, conviene redactarla con precisión. Indica tu nombre, tu puesto, tu grupo o categoría profesional y el convenio aplicable si lo conoces. Pide expresamente tu retribución individual desglosada y las retribuciones medias, anuales y por hora, separadas por sexo, de quienes realizan tu mismo trabajo o uno de igual valor, con el salario base y cada complemento por separado. Menciona el artículo 10 del Real Decreto 902/2020. Fecha el escrito y guarda una prueba de entrega: un acuse firmado, un registro de entrada o un correo con confirmación de recepción. A partir de esa fecha corre el plazo máximo de dos meses.
II. Real Decreto Ley 39/2026: qué hacer si no te responden o cobras menos por el mismo trabajo
A. Antes de firmar y en los primeros meses: salario en la oferta, historial salarial y periodo de prueba
La transparencia empieza antes del contrato. El artículo 5 de la Ley 3/2023 de Empleo, con la nueva letra g), exige que las ofertas de empleo incluyan la retribución inicial del puesto, basada en criterios objetivos y neutros, y el convenio colectivo aplicable. Las empresas y los agentes públicos o privados que intervienen en la intermediación o la colocación no pueden hacer preguntas sobre tu historial retributivo en tus empleos actuales o anteriores. Los anuncios y las denominaciones de los puestos deben ser neutros con respecto al género. Cuando la selección utiliza procedimientos automáticos o algoritmos, también debe respetar la igualdad de trato.
Si en un proceso de selección te preguntan cuánto cobras o cuánto cobrabas, esa pregunta está ahora prohibida y puedes no responder. Si la oferta no indica el salario inicial, puedes anotarlo y conservar una copia. El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, modificado por el real decreto-ley, califica como infracción grave en su artículo 15.1 no facilitar a quienes buscan empleo, antes del contrato, la información exigida por la ley o el reglamento. Su artículo 16.1 c) califica como muy grave solicitar datos prohibidos en un proceso de intermediación o colocación, o adoptar decisiones discriminatorias para el acceso al empleo. Según el artículo 40.1 de esa ley, las infracciones graves en materia de relaciones laborales y empleo se sancionan con multas de 751 a 7.500 euros, y las muy graves, de 7.501 a 225.018 euros, según su grado.
Una vez firmado el contrato, el periodo de prueba cambia. El nuevo artículo 14 del Estatuto exige que se pacte por escrito. Su duración no puede superar seis meses para técnicos titulados ni dos meses para el resto de las personas trabajadoras. En las empresas de menos de veinticinco personas trabajadoras, el límite es de tres meses para quienes no sean técnicos titulados. Solo el convenio colectivo puede justificar una duración superior, por la naturaleza del empleo, por el interés de la persona trabajadora o para evaluar su idoneidad tras una suspensión de la relación laboral.
Los contratos temporales tienen límites más estrictos. Si el contrato de duración determinada es de seis meses o más, el periodo de prueba no puede exceder de un mes. Si dura menos de seis meses, el periodo se reduce en la misma proporción. Además, el pacto de prueba es nulo si ya desempeñaste las mismas funciones en la empresa, con cualquier tipo de contrato. Esta regla es relevante para quien encadena contratos o vuelve a la misma empresa tras un primer empleo.
Durante la prueba tienes los mismos derechos y obligaciones que el resto de la plantilla, salvo en lo relativo a la extinción, que cualquiera de las partes puede decidir mientras dure el periodo. Esa libertad tiene un límite: la resolución por iniciativa de la empresa es nula cuando se produce por razón de embarazo, desde su inicio hasta el comienzo de la suspensión prevista en el artículo 48.4 del Estatuto, o por maternidad, salvo que concurran motivos ajenos a esas circunstancias. La incapacidad temporal, el nacimiento, la adopción, el riesgo durante el embarazo o la lactancia y la violencia de género solo interrumpen el cómputo del periodo de prueba si ambas partes lo acuerdan. El real decreto-ley no contiene una regla transitoria específica para los periodos de prueba pactados antes del 19 de noviembre; si tu contrato es anterior, la aplicación de los nuevos límites dependerá de las circunstancias y de la interpretación de los tribunales.
El real decreto-ley también afecta al trabajo para varias empresas. El nuevo artículo 21.1 del Estatuto prohíbe a la empresa impedir o limitar que prestes servicios para otras, y no puede tratarte de forma desfavorable por ello. Solo caben restricciones por incompatibilidad basadas en causas objetivas: salud y seguridad, protección de la confidencialidad empresarial, integridad del servicio público o prevención de conflictos de intereses. Sigue siendo posible un pacto de plena dedicación, pero a cambio de una compensación económica.
Si quieres cambiar de contrato dentro de la empresa, el nuevo artículo 21 bis te permite solicitar el paso a puestos vacantes en varios casos: pasar de tiempo completo a parcial o al revés, aumentar tus horas si trabajas a tiempo parcial, pasar de un contrato temporal o formativo a uno indefinido, o de fijo discontinuo a indefinido ordinario. También puedes pedirlo en cualquier otro caso que te dé condiciones más previsibles o estables, siempre que tengas al menos seis meses de antigüedad. La empresa debe responder por escrito y de forma motivada en un mes como máximo, o en tres meses si tiene diez o menos personas trabajadoras, y debe informar de las vacantes. El artículo 7.11 de la ley de infracciones califica como grave no informar de esas vacantes o no contestar a estas solicitudes.
Para quienes trabajan a tiempo parcial, el artículo 12 del Estatuto refuerza dos garantías. La conversión de un contrato a tiempo completo en uno a tiempo parcial, o al revés, es siempre voluntaria. No puede imponerse de forma unilateral ni mediante una modificación sustancial de condiciones, y rechazarla no puede acarrear despido ni sanción, sin perjuicio de las medidas por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Las horas complementarias pactadas deben avisarse con al menos tres días de antelación, salvo que el convenio fije un plazo menor. Sin ese aviso puedes rechazarlas sin consecuencias, y si la empresa las cancela, conservas el derecho a cobrarlas.
B. Si la empresa no contesta o detectas una diferencia: Inspección, demanda y plazos
Si pasan dos meses sin respuesta, o si la respuesta no permite comparar, el primer paso es dejar constancia. Puedes enviar un segundo escrito que recuerde la fecha de la primera solicitud, señale lo que falta y pida las aclaraciones previstas en el artículo 10.2 del Real Decreto 902/2020, que deben contestarse en quince días. Ese intercambio fecha el incumplimiento y facilita la prueba si después acudes a la Inspección de Trabajo o al juzgado.
La vía administrativa permite denunciar el incumplimiento ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El artículo 7.11 de la ley de infracciones califica como infracción grave el incumplimiento del deber de información a las personas trabajadoras en los términos previstos por la ley, el reglamento o el convenio. El nuevo apartado 15 del mismo artículo considera grave el incumplimiento de las obligaciones sobre el registro retributivo. El artículo 8.12 califica como muy graves las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas en las condiciones de trabajo. La sanción administrativa no sustituye la reclamación de las diferencias salariales: para cobrarlas hay que acudir a la jurisdicción social.
Cuando lo que está en juego es una discriminación retributiva por razón de sexo, la vía judicial específica es la tutela de los derechos fundamentales. El artículo 177 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, permite a cualquier trabajador recabar esa tutela, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio. El artículo 64.1 exceptúa estos procesos del intento previo de conciliación o mediación. El artículo 179.1 dispone que «La tramitación de estos procesos tendrá carácter urgente a todos los efectos», con preferencia sobre los demás asuntos del juzgado. Según el artículo 181.1, el acto de conciliación y juicio debe celebrarse dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la demanda, con al menos dos días entre la citación y su celebración.
La carga de la prueba juega a tu favor. Según los artículos 96.1 y 181.2 de la misma ley, si de tus alegaciones resultan indicios fundados de discriminación por razón de sexo, corresponde a la empresa aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Por eso es tan útil la información del artículo 10: una diferencia entre la media de tu sexo y la del otro en un mismo nivel, o la ausencia de justificación en el registro, puede constituir ese indicio. La demanda debe expresar con claridad los hechos, el derecho vulnerado y la cuantía de la indemnización pretendida, con la especificación de los daños, según el artículo 179.3.
Si el juez declara la vulneración, el artículo 183 le obliga a pronunciarse sobre la indemnización. Esta comprende el daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental y los daños y perjuicios adicionales, y el tribunal puede fijarla prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa. Esa indemnización es compatible con la que pueda corresponder por la modificación o extinción del contrato.
Los plazos son decisivos. El nuevo artículo 59.3 del Estatuto establece que las acciones relativas a la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación en materia retributiva prescriben a los tres años, contados desde que cesa la situación discriminatoria. Es un plazo más largo que el general: las demás acciones derivadas del contrato sin plazo especial prescriben al año de su terminación, y las reclamaciones de cantidades, al año desde que la acción pudo ejercitarse. El artículo 179.2 de la ley procesal remite precisamente al plazo de la acción para las demandas de tutela. Si la diferencia salarial persiste, el plazo de tres años no ha empezado a correr para esa situación; si cesó, conviene calcularlo desde la fecha de cese.
El despido sigue sujeto a un plazo breve. Según el artículo 59.4 del Estatuto, la acción contra el despido o contra la resolución de un contrato temporal caduca a los veinte días hábiles siguientes. La presentación de la solicitud de conciliación ante el órgano competente interrumpe ese plazo. El apartado 5 extiende esa regla a las decisiones sobre movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones, contando el plazo desde el día siguiente a la notificación, tras el periodo de consultas si lo hubo. Si tras reclamar tu salario recibes una carta de despido, ese plazo es el primero que debes vigilar.
Reclamar no puede perjudicarte. El nuevo artículo 4.2.h) del Estatuto reconoce el derecho a no sufrir ningún trato desfavorable, perjuicio o represalia por ejercer o reclamar tus derechos laborales, incluidas las reclamaciones ante la propia empresa y las acciones administrativas o judiciales. El artículo 17.1 declara nulas las decisiones que supongan un trato desfavorable como consecuencia de esas reclamaciones. La ley de infracciones, en su nuevo artículo 8.12 bis, califica como muy grave el trato desfavorable adoptado como reacción a una reclamación o a una acción administrativa o judicial. Conservar la fecha de tu solicitud de información permite relacionarla, si llega el caso, con una medida posterior de la empresa.
La empresa también tiene obligaciones de corrección. Cuando la información sobre la brecha o las aclaraciones posteriores revelan diferencias retributivas de género que no están justificadas por criterios objetivos y neutros, el nuevo artículo 11.6 del Real Decreto 902/2020 obliga a corregirlas en un plazo razonable que no puede superar seis meses, en cooperación con la representación legal. Para las empresas con auditoría retributiva, el artículo 8.1.c) exige un plan de actuación con objetivos, responsables y cronograma, con el mismo límite de seis meses. Estas obligaciones colectivas no sustituyen tu reclamación individual, pero pueden aportarle datos.
Antes de cualquier paso, reúne los documentos que sostendrán tu posición: el contrato y sus anexos, las nóminas de los periodos afectados, el convenio colectivo y las tablas salariales, la descripción de tu puesto y de las tareas que realmente haces, tu solicitud de información con su prueba de entrega y la respuesta recibida. Si hablaste del tema con tus representantes, guarda la fecha y el contenido de esa gestión. La comparación de tareas reales tiene un peso particular, porque el igual valor se aprecia por las funciones efectivamente encomendadas y no solo por el nombre del puesto. Para quienes consultan esta información desde Francia, la página en español del abogado en París sitúa la actividad profesional del autor.
Si trabajas en el sector público, la nueva disposición adicional duodécima de la Ley de Empleo extiende la transparencia previa al empleo al personal de las Administraciones Públicas en los términos de su normativa propia, y la nueva disposición adicional trigésima del Estatuto aplica la transición a otras formas de empleo al personal empleado público conforme a sus normas específicas, en particular las de incompatibilidades. En estos casos, la norma específica de tu cuerpo o tu convenio determinará el alcance concreto.
Conclusión
Desde el 19 de noviembre de 2026, el Real Decreto-ley 39/2026 permite a cualquier persona trabajadora en España pedir por escrito su retribución desglosada y las medias por sexo de quienes hacen su mismo trabajo o uno de igual valor. La empresa debe responder en dos meses como máximo, y en quince días a las aclaraciones. Puedes revelar tu propio salario para defender la igualdad retributiva aunque el contrato diga lo contrario, y una oferta de empleo debe indicar el salario inicial sin preguntarte por tus sueldos anteriores. El periodo de prueba tiene nuevos límites, y la empresa ya no puede impedir el trabajo para otras empresas salvo por causas objetivas.
Si no hay respuesta o descubres una diferencia sin justificación, la Inspección de Trabajo puede actuar sobre el incumplimiento, y la jurisdicción social ofrece un procedimiento urgente en el que la empresa debe justificar la diferencia cuando aportas indicios. El plazo para reclamar una discriminación retributiva es de tres años desde que cesa, pero un despido se impugna en veinte días hábiles. El texto sigue pendiente del pronunciamiento del Congreso en los treinta días siguientes al 17 de noviembre de 2026, y las primeras obligaciones de información sobre la brecha llegarán antes del 8 de junio de 2027 para las empresas de 150 o más personas trabajadoras.