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Naturalización francesa por decreto aplazada o sin respuesta: entrevista de asimilación, nivel B2, ingresos estables y recurso ante el tribunal de Nantes (2026)

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado de extranjería en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Naturalización francesa por decreto aplazada o sin respuesta: entrevista de asimilación, nivel B2, ingresos estables y recurso ante el tribunal de Nantes (2026)

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Usted presentó su solicitud de nacionalidad francesa por decreto, la famosa naturalisation par décret, y pasan los meses sin noticias. O peor: recibe una carta que no dice «no», pero tampoco dice «sí». Le aplazan la decisión dos años, le piden que mejore su inserción profesional o que vuelva a acreditar su francés. ¿Qué significa exactamente ese aplazamiento? ¿Puede la administración dejar su expediente sin respuesta durante un año y medio? ¿Y qué recurso existe cuando la respuesta no le convence?

Estas preguntas tienen respuestas precisas en el derecho francés, y varias sentencias recientes de los tribunales administrativos las ilustran con casos reales. Este artículo explica, paso a paso, qué examina la administración antes de decidir, qué diferencia hay entre una inadmisión, un aplazamiento, una denegación y un archivo sin examen, y cómo y ante quién recurrir, con los plazos exactos que debe respetar. La vía contenciosa, conviene saberlo desde ahora, no está en el tribunal de su ciudad: es el tribunal administrativo de Nantes quien juzga estos litigios, viva usted en París, en Marsella o en Lyon.

I. Lo que la administración examina antes de responder

La naturalización por decreto no es un derecho automático. El artículo 21-15 del Código civil dispone que la adquisición de la nacionalidad francesa por decisión de la autoridad pública resulta de una naturalización concedida por decreto a petición del extranjero. La fórmula francesa que repiten todas las sentencias es que la administración dispone en esta materia de un large pouvoir d’appréciation, un amplio margen de apreciación. Eso no significa arbitrariedad: significa que el ministro puede valorar el interés de conceder la nacionalidad teniendo en cuenta la integración del solicitante, su inserción social y profesional y la estabilidad de sus recursos. Pero cada decisión negativa debe estar motivada, y el juez controla si la apreciación es manifiestamente errónea. Antes de llegar a ese control, conviene entender los tres filtros que todo expediente debe superar: la residencia, la asimilación y la inserción profesional.

A. Residencia, asimilación y francés: el examen de entrada

El primer filtro es la residencia. El artículo 21-16 del Código civil exige tener la residencia en Francia en el momento de la firma del decreto de naturalización, y el artículo 21-17 exige, como regla general, cinco años de residencia habitual en Francia antes de la solicitud. Ese período previo, que en francés se llama stage, se reduce a dos años en tres supuestos que recoge el artículo 21-18: haber superado dos años de estudios superiores para obtener un título expedido por una universidad o un centro de enseñanza superior francés, poder prestar a Francia servicios importantes por las capacidades y talentos propios, o presentar una trayectoria excepcional de integración valorada por actividades en los ámbitos cívico, científico, económico, cultural o deportivo. Existen además supuestos sin período previo, como el de quien ha obtenido el estatuto de refugiado. La página oficial del Ministerio del Interior dedicada a los procedimientos de acceso a la nacionalidad recuerda estas condiciones y precisa que, al presentar la solicitud, hay que tener un permiso de residencia en vigor, salvo para los ciudadanos del Espacio Económico Europeo y Suiza, y no estar afectado por una orden de expulsión o una prohibición del territorio francés en vigor.

El segundo filtro es la asimilación a la comunidad francesa, la assimilation à la communauté française. El artículo 21-24 del Código civil exige justificar esa asimilación, en particular mediante un conocimiento suficiente, según la propia situación personal, de la lengua, la historia, la cultura y la sociedad francesas, así como de los derechos y deberes que confiere la nacionalidad y mediante la adhesión a los principios y valores esenciales de la República. La página oficial service-public.fr precisa cómo se verifica hoy esa asimilación: por un lado, la superación del examen cívico, el llamado examen civique; por otro, una entrevista en la prefectura, el entretien ante el agente designado. Al final del control de asimilación, el interesado firma la carta de derechos y deberes del ciudadano francés.

En materia de lengua se ha producido un cambio importante que debe conocer. Hasta hace poco, el nivel exigido era el B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. El decreto n.º 2025-648, de 15 de julio de 2025, dictado en aplicación de la ley de inmigración de 26 de enero de 2024, eleva la exigencia al nivel B2, a lo oral y a lo escrito, tanto para la naturalización y la reintegración como para la declaración por matrimonio. La subida de nivel y el examen cívico entraron en vigor el 1 de enero de 2026. La página oficial service-public.fr sobre cómo acreditar el nivel de francés confirma que para la nacionalidad por decreto hay que justificar un conocimiento de la lengua francesa a lo oral y a lo escrito al menos igual al nivel B2, mediante un título francés o un certificado de superación de una prueba lingüística. El decreto conserva la posibilidad de acreditar el nivel con un título francés o con un certificado expedido desde hace menos de dos años tras una prueba certificada o reconocida internacionalmente, y anuncia un libreto del ciudadano y un referencial de conocimientos disponibles en línea.

La jurisprudencia muestra cómo se aplica en la práctica el control de la lengua, y también sus límites. En una sentencia de la corte administrativa de apelación de Nantes de 15 de julio de 2025 (24NT03489), la administración había declarado inadmisible la solicitud de un hombre de 75 años porque, a la vista del acta de su entrevista de 9 de julio de 2019, su nivel de francés, inferior al B1 oral exigido entonces, resultaba insuficiente. La corte confirmó la decisión, pero fijó tres reglas que protegen a los solicitantes de más edad o enfermos. Primera: las normas no eximen a las personas de al menos sesenta años o con discapacidad de acreditar un conocimiento suficiente del francés. Segunda: precisamente para tener en cuenta su situación particular, ese conocimiento se evalúa con ocasión de una entrevista individual, y no mediante un título, sin que esa diferencia de trato vulnere el principio de igualdad. Tercera, y la más importante como garantía: la administración no puede legalmente declarar inadmisible una solicitud basándose en la existencia de una enfermedad o una discapacidad ni, por tanto, en un conocimiento insuficiente del francés cuando este resulta directamente de una enfermedad o una discapacidad. En aquel caso, el solicitante sufría patologías graves, pero ninguna prueba del expediente demostraba que su insuficiente dominio del francés tuviera su origen en esas patologías, de modo que el recurso se desestimó. La lección práctica es clara: la edad o la enfermedad no dispensan del francés, pero si la enfermedad es la causa directa del bajo nivel, debe probarse con documentos médicos precisos, porque el juez lo exige pieza en mano.

B. Inserción profesional e ingresos: el motivo más frecuente de aplazamiento

El tercer filtro, y el que más aplazamientos provoca, es la inserción profesional. La página oficial service-public.fr lo dice sin rodeos: la inserción profesional es una condición esencial de la asimilación y de la integración, y significa disponer de ingresos estables y suficientes para subvenir a las propias necesidades en Francia. Un empleo precario, ingresos irregulares o una dependencia visible de las ayudas sociales son los motivos típicos de un aplazamiento de dos años «para permitir mejorar la inserción profesional».

Una sentencia reciente muestra hasta dónde llega el control del juez sobre este punto. El 10 de marzo de 2026, la corte administrativa de apelación de Nantes anuló el aplazamiento de dos años impuesto a un ciudadano sirio (25NT01345). El prefecto del Hérault había aplazado primero su solicitud, y el ministro del Interior confirmó después, el 10 de noviembre de 2021, un aplazamiento de dos años con el argumento de que no había culminado su inserción profesional por carecer de recursos suficientes y estables. Los hechos, sin embargo, contaban otra historia: el interesado había creado el 1 de junio de 2017 una microempresa individual, la conocida auto-entreprise, de reparto y mensajería, con una cifra de negocios bruta estable de 19 285 euros en 2018, 17 797 en 2019, 15 121 en 2020 y 6 410 euros solo en los cuatro primeros meses de 2021, es decir, un resultado tras cotizaciones de unos 1 300 euros mensuales, superior al salario mínimo interprofesional francés neto a jornada completa. La corte consideró que, aunque el solicitante, soltero, percibía además puntualmente la prima de actividad, una ayuda que complementa los salarios modestos, acreditaba una inserción profesional desde 2017 y unos recursos estables y suficientes. Conclusión de la corte, en francés: el ministro, al aplazar dos años la solicitud, había incurrido en un error manifiesto de apreciación. El tribunal administrativo de Nantes, que primero había dado la razón a la administración en enero de 2025, vio su sentencia anulada, y la corte ordenó al ministro reexaminar el expediente en dos meses, con 1 500 euros a cargo del Estado para el abogado por la ayuda jurisdiccional.

Tres enseñanzas prácticas se desprenden de este caso. La primera, que trabajar por cuenta propia no penaliza: una microempresa con ingresos regulares y superiores al mínimo puede bastar. La segunda, que percibir la prima de actividad no convierte automáticamente los ingresos en ayudas asistenciales: la corte distinguió esa prima de un ingreso de solidaridad. La tercera, que el juez entra de verdad en los números: facturación año por año, resultado mensual, comparación con el salario mínimo. Quien recurra un aplazamiento por inserción debe llevar el expediente contable ordenado, porque el pleito se gana o se pierde en las cifras.

El expediente documental merece un apartado propio, porque un papel mal presentado puede archivar la solicitud sin que nadie examine el fondo. El 8 de junio de 2026, la corte administrativa de apelación de Douai resolvió el caso de una solicitante cuya demanda de mayo de 2023 había sido archivada sin examen por el prefecto en octubre de 2024 (26DA00235). El motivo: no había aportado el original de la copia íntegra de su acta de nacimiento. La solicitante había presentado en su expediente electrónico el escáner de un acta expedida en la República Centroafricana en 2020, la convocatoria a la entrevista de asimilación le pedía llevar el conjunto de las piezas de estado civil en versión original, y tras un requerimiento formal de julio de 2024 aportó una copia certificada conforme expedida por la embajada centroafricana en París, elaborada a partir de una copia, sin verificación en el país y firmada por quien ya no tenía la calidad que indicaba. La corte recordó las reglas del decreto n.º 93-1362, de 30 de diciembre de 1993, recordadas por la propia corte (texto íntegro de la sentencia): las piezas se aportan en original, los actos de estado civil en copia íntegra, y el solicitante se presenta en persona a la entrevista con los originales. El recurso se desestimó en cuanto al fondo. La moraleja es sencilla y cara: el acta de nacimiento que se presenta debe ser el original de la copia expedida por las autoridades competentes del país, no un escáner, ni una copia de una copia, por muy certificada que parezca. Si quien solicita la nacionalidad por la vía del matrimonio necesita además acreditar su estado civil extranjero, la exigencia es la misma, como se explica en el artículo dedicado a la denegación de la nacionalidad por matrimonio y su recurso.

II. Cuando la respuesta es negativa o no llega

Pasar los filtros no garantiza una respuesta rápida, y no superarlos no produce siempre el mismo tipo de decisión. El derecho francés distingue cuatro respuestas posibles, y cada una abre un camino distinto. Confundirlas es el error más frecuente, porque los plazos para recurrir son cortos y el recurso previo ante el ministro es, en la mayoría de los casos, obligatorio.

A. Inadmisión, aplazamiento, denegación y archivo: cuatro decisiones distintas

La base de todo el sistema está en el artículo 48 del decreto de 1993, tal como lo aplica la corte de Nantes en su sentencia de 10 de marzo de 2026: si el ministro encargado de las naturalizaciones considera que no procede conceder la naturalización solicitada, dicta la denegación de la solicitud, y también puede dictar su aplazamiento imponiendo un plazo o unas condiciones. A ello se añaden la inadmisión, cuando falta una condición legal de entrada como la duración de la residencia o el nivel de lengua, y el archivo sin examen, el llamado classement sans suite, cuando el expediente está incompleto o se presenta una nueva solicitud demasiado pronto.

La página oficial service-public.fr sobre la naturalización por decreto describe cada situación con sus consecuencias. Si la solicitud es inoportuna porque la nacionalidad no es aún contemplable, puede ser denegada o aplazada; en caso de aplazamiento se impone un plazo, por ejemplo para mejorar la inserción profesional, y una vez transcurrido ese plazo puede presentarse una nueva solicitud. Si la solicitud denegada se renueva menos de cinco años después de la notificación de la denegación, la nueva demanda puede archivarse sin examen, tras estudiar las posibles circunstancias nuevas alegadas. Y si la solicitud aplazada se renueva antes de que termine el plazo impuesto, también puede archivarse. Por eso un aplazamiento de dos años no es una simple espera: es un plazo que debe respetarse antes de volver a llamar a la puerta, salvo que circunstancias verdaderamente nuevas justifiquen adelantar la nueva solicitud, y aun así la administración examinará primero si esas circunstancias existen.

Toda decisión de inadmisión, aplazamiento o denegación debe estar motivada. Lo impone el artículo 27 del Código civil: «Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée.». En español: toda decisión que declare inadmisible, aplace o deniegue una solicitud de adquisición, de naturalización o de reintegración por decreto, así como una autorización para perder la nacionalidad francesa, debe estar motivada. La motivación es el primer punto que debe comprobar quien recibe una carta negativa: ¿qué hecho preciso se le reprocha, con qué prueba, y qué texto lo fundamenta? Una fórmula genérica sobre la inserción, sin datos, es vulnerable ante el juez, como demostró el caso del repartidor por cuenta propia, donde las cifras del expediente desmentían la motivación.

Cuando la administración no responde en absoluto, el silencio también produce efectos jurídicos, pero hay que distinguir dos silencios. El primero es el silencio sobre la solicitud inicial: la administración dispone de 18 meses como máximo desde la entrega del resguardo, el récépissé, para responder, plazo reducido a 12 meses cuando el solicitante justifica diez años de residencia habitual en Francia en la fecha de entrega del resguardo. El plazo puede prorrogarse una sola vez por tres meses, y en ese caso la administración debe motivar la prórroga, es decir, explicar por qué necesita más tiempo. Durante la instrucción, el solicitante puede seguir el avance de su expediente en su espacio personal en línea y responder a las peticiones de documentos adicionales; cuando el servicio registra la solicitud, recibe un correo con su número ministerial, y al final del procedimiento otro correo con la fecha del decreto y su publicación en el Diario Oficial. El segundo silencio es el que recae sobre el recurso previo ante el ministro: si en cuatro meses no hay respuesta, nace una decisión implícita de denegación que puede llevarse al juez. En la práctica, por tanto, un expediente puede tardar hasta 18 meses en recibir respuesta expresa, y otros cuatro meses más en la fase de recurso previo, antes de abrirse la vía judicial.

La sentencia de 10 de julio de 2026 de la corte de Nantes muestra cómo se juega esa partida del silencio (25NT02190). El prefecto había declarado inadmisible la solicitud de una mujer por no reunir, a su juicio, las condiciones de reducción del período previo a dos años por estudios o talentos. Ella recurrió ante el ministro en septiembre de 2022, el silencio de cuatro meses hizo nacer una decisión implícita de denegación en febrero de 2023, y el tribunal administrativo de Nantes anuló esa decisión y ordenó reexaminar el expediente en seis meses. El ministro recurrió alegando dos tecnicismos: que la petición de motivos de la interesada mencionaba por error en una línea una decisión de extranjería relativa a una orden de expulsión, y que ella había acudido al tribunal antes de que venciera el mes previsto para comunicar los motivos. La corte desestimó ambos argumentos: la petición identificaba expresamente la decisión del prefecto sobre naturalización, que además se adjuntaba, de modo que no había ambigüedad, y el hecho de acudir pronto al juez no eximía al ministro de su obligación de motivar. La anulación y la orden de reexamen quedaron confirmadas, de nuevo con 1 500 euros para el abogado. La enseñanza es doble: pedir siempre por escrito los motivos de una decisión implícita, y conservar la prueba de lo que se pidió y de lo que se adjuntó, porque el ministro intentará cuestionarlo.

B. Cómo recurrir y ante quién: el recurso previo obligatorio y el tribunal de Nantes

El itinerario del recurso depende de cómo se presentó la solicitud, y aquí hay que prestar mucha atención. Para los expedientes presentados en línea, que son hoy la vía normal, la decisión desfavorable se notifica en el espacio personal, y el solicitante dispone de dos meses desde la notificación para interponer un recurso administrativo, un recurso jerárquico, ante el ministro encargado de las naturalizaciones. Ese recurso debe presentarse obligatoriamente a través del formulario disponible en el espacio personal; si se envía por otro canal sin imposibilidad técnica justificada, podrá declararse inadmisible. El recurso administrativo previo es obligatorio antes de acudir al juez: sin él, el recurso contencioso no prospera. Si el ministro responde negativamente, o si no responde en cuatro meses, se abre un plazo de dos meses para el recurso contencioso ante el tribunal administrativo de Nantes. El plazo cuenta desde la notificación de la respuesta expresa o, en caso de silencio, desde el acuse de recibo del recurso, donde figuran las vías y plazos. La competencia de Nantes es nacional: aunque el solicitante viva en París o en la región parisina, su pleito contra la denegación o el aplazamiento se juzga en Nantes, y el recurso se presenta ante ese tribunal.

Hay una excepción importante que conviene conocer: contra una decisión de archivo sin examen, el recurso administrativo previo ante el ministro no es obligatorio, y puede acudirse directamente al juez. La sentencia de Douai de junio de 2026 lo confirma en la práctica: la corte entró a juzgar directamente la legalidad del archivo, anuló por motivos procesales la resolución del primer tribunal y resolvió el fondo. Eso no significa que el archivo sea fácil de ganar, como se vio: la corte dio la razón a la administración porque faltaba el original del acta. Pero sí significa que el calendario es distinto y que no debe perderse tiempo en un recurso previo facultativo cuando el plazo contencioso corre.

Ante el juez, ¿qué puede obtenerse realmente? Las tres sentencias de Nantes y Douai dibujan un cuadro coherente. El juez anula la decisión ilegal y ordena al ministro reexaminar la solicitud en un plazo determinado: dos meses en el caso del aplazamiento infundado, seis meses en el caso de la inadmisión inmotivada. Lo que el juez no hace es conceder él mismo la nacionalidad: en el caso del repartidor, la corte rechazó expresamente la petición de ordenar la concesión, explicando que la ejecución de la sentencia implicaba solamente un nuevo examen, y denegó también la multa coercitiva, la astreinte, solicitada. Del mismo modo, quien haya sufrido una condena penal debe saber que su expediente seguirá otro camino, con sus propios plazos y recursos, desarrollado en el artículo sobre naturalización denegada o aplazada por antecedentes penales, y quien dude sobre la prueba de su nacionalidad una vez adquirida encontrará las respuestas en el artículo sobre el certificado de nacionalidad francesa denegado.

Queda una última garantía procesal, a menudo desconocida, para los casos de silencio. El artículo L. 232-4 del Código de las relaciones entre el público y la administración dispone que una decisión implícita, cuando la decisión expresa habría debido motivarse, no es ilegal por el solo hecho de carecer de motivación, pero que, a petición del interesado formulada dentro de los plazos del recurso, los motivos deberán comunicársele en el mes siguiente, y que el plazo del recurso se prorroga entonces hasta dos meses después de esa comunicación. Esa es la traducción del mecanismo. En la práctica: ante un silencio, pedir los motivos por escrito dentro del plazo, esperar la respuesta de la administración durante un mes, y contar con dos meses más desde que lleguen los motivos para acudir al tribunal de Nantes. La sentencia de julio de 2026 demuestra que ese escrito debe identificar sin ambigüedad la decisión impugnada y adjuntar copia de la decisión inicial, porque cualquier defecto formal será invocado por el ministerio.

Para quien vive en París o en Isla de Francia, una precisión útil: todo el procedimiento inicial es nacional y hoy esencialmente electrónico, con seguimiento en línea y entrevista presencial con originales; solo la fase contenciosa impone litigar en Nantes, con abogado, y los plazos son los mismos que para el resto del territorio. Ninguna particularidad parisina modifica los textos aplicables ni las exigencias de ingresos, lengua o documentos.

Conclusión

Un aplazamiento de dos años no es una denegación definitiva, pero tampoco una simple espera: es una decisión motivada que impone un plazo y que puede anularse si los hechos la desmienten, como ocurrió con el repartidor por cuenta propia cuyos ingresos superaban el salario mínimo. Un silencio de 18 meses sobre la solicitud, o de cuatro meses sobre el recurso previo, no deja al solicitante sin defensa: abre, con sus formalidades estrictas, el camino del tribunal administrativo de Nantes. Y una inadmisión por lengua o un archivo por un documento pueden revertirse si se aporta la prueba adecuada, el título o el certificado de menos de dos años para el francés de nivel B2, el original del acta de nacimiento para el estado civil, el parte médico que vincule la enfermedad con el nivel de lengua cuando esa sea la causa. La regla de oro es documental: motivar cada afirmación con piezas, pedir por escrito los motivos de cada silencio, respetar los dos meses del recurso previo en línea y los dos meses del recurso a Nantes, y no presentar una nueva solicitud antes de que venza el plazo de aplazamiento. Con el expediente completo y los plazos bajo control, el amplio margen de apreciación de la administración encuentra su límite natural: el control del juez.

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