Vive en España, trabajó una parte de su vida en Francia y, al acercarse la jubilación, su banco o su aseguradora francesa le propone cobrar su plan d’épargne retraite en capital. El PER, que en francés significa literalmente plan de ahorro para la jubilación, es el producto en el que muchos asalariados en Francia acumularon aportaciones voluntarias durante su carrera. La pregunta que llega entonces es triple y muy concreta: ¿Francia va a retener una parte de ese capital antes de pagarlo?, ¿dónde se paga el impuesto, en Francia o en España?, y si Francia ya retuvo algo, ¿cómo se reclama?
La respuesta depende de dos cosas distintas que conviene no mezclar. Por un lado, la fiscalidad francesa interna del capital del PER, que cambia según que las aportaciones se dedujeran o no de la renta cuando se hicieron. Por otro, el convenio para evitar la doble imposición entre Francia y España, que atribuye las pensiones privadas al país de residencia. Este artículo explica ambas piezas con las fuentes oficiales, con un ejemplo de cálculo y con el procedimiento para evitar la retención o reclamarla dentro de plazo.
I. Cómo grava Francia el capital del PER cuando llega la jubilación
A. Aportaciones deducidas: el capital entra en el baremo sin el abatimiento del 10 %
El PER individual está definido en el artículo L. 224-1 del código monetario y financiero francés, y la doctrina fiscal francesa resume su régimen en una tabla de síntesis oficial. Cuando el titular alcanza la liquidación de su pensión en un régimen obligatorio o la edad legal de jubilación, los derechos acumulados con las aportaciones voluntarias pueden cobrarse, a su elección, en renta vitalicia, en capital o en una combinación de ambos, como recuerda la doctrina sobre la deducción de las cotizaciones de ahorro para la jubilación. La sortie en capital, es decir, la salida o cobro en capital, es por tanto una opción normal del producto, no una anomalía.
Las aportaciones voluntarias al PER son deducibles de la renta global neta dentro de ciertos límites, en aplicación del artículo 163 quatervicies del código general de los impuestos francés. Esa deducción es la que explica todo lo que sigue: lo que se dedujo al entrar, tributa al salir. Y tributa de forma distinta según la parte del capital de que se trate, porque el capital mezcla dos componentes, las aportaciones y las ganancias que generaron.
La parte del capital que corresponde a las aportaciones voluntarias que fueron deducidas se suma a la renta imponible del año de la salida, en la categoría de las pensiones de jubilación, y se somete al baremo progresivo del impuesto sobre la renta. Lo dice con claridad la página oficial del servicio público francés sobre el PER individual: esa parte del capital es imponible sin el abatimiento del 10 %. El matiz importa porque las pensiones mensuales francesas sí disfrutan, como regla general, de un abatimiento del 10 % previsto en el artículo 158, 5-a del código general de los impuestos, comentado por la doctrina fiscal oficial. El capital del PER con aportaciones deducidas, en cambio, entra íntegro en la base. A cambio, esa parte del capital no soporta las cargas sociales francesas, las llamadas prélèvements sociaux.
La parte del capital que corresponde a los rendimientos o ganancias del contrato sigue otro camino. Soporta la retención liberatoria única francesa, el prélèvement forfaitaire unique o PFU, previsto en el artículo 200 A del código general de los impuestos, que practica directamente el banco antes de pagar el capital. Para los intereses percibidos, el tipo global es del 30 %, que suma un 12,8 % de impuesto sobre la renta y un 17,2 % de cargas sociales sobre los rendimientos de colocaciones financieras, según la misma página oficial del servicio público. La doctrina fiscal sobre las prestaciones de jubilación en capital precisa que esa parte de las ganancias se grava al 12,8 % o, por opción global del contribuyente, al baremo progresivo del impuesto sobre la renta.
Un ejemplo sencillo ayuda a fijar las ideas. Suponga un capital de 60 000 euros compuesto por 50 000 euros de aportaciones que en su día se dedujeron y 10 000 euros de ganancias. Los 50 000 euros se añaden a la renta imponible del año y tributan al baremo, sin el abatimiento del 10 % y sin cargas sociales. Los 10 000 euros de ganancias soportan el 30 % practicado por el banco, es decir, unos 3 000 euros entre impuesto y cargas sociales. Este ejemplo es ilustrativo: cada contrato exige separar con exactitud los dos componentes con los justificantes del gestor, porque de esa separación depende todo el cálculo.
Conviene añadir dos precisiones que evitan decisiones precipitadas. La primera es que nada obliga a rescatar el PER al jubilarse: la página oficial del servicio público confirma que el ahorro puede conservarse después de la jubilación o de la edad legal, y que el plan puede seguir alimentándose mientras no se haya liquidado por completo, si el contrato no fija un límite de edad. Retrasar la salida en capital puede tener sentido cuando el año de la jubilación concentra ya mucha renta y el baremo progresivo mordería fuerte. La segunda precisión se refiere a las ganancias: la doctrina fiscal admite, en lugar del 12,8 %, una opción global por el baremo progresivo para la parte de las ganancias. Esa opción se calcula con el conjunto de la renta del año y solo compensa cuando el tipo marginal del contribuyente es bajo, de modo que no debe elegirse a ciegas ni por sistema.
Un último matiz técnico merece atención porque afecta a quienes aportaron mucho. La parte del capital que corresponde a aportaciones que superaron el techo legal de deducción del artículo 163 quatervicies recibe el tratamiento de las aportaciones no deducidas por una razón distinta de la opción voluntaria, como precisa la misma doctrina fiscal. En la práctica, eso significa que el exceso sobre el techo sale exento aunque el titular hubiera querido deducirlo todo. Los justificantes anuales de aportaciones y de techos disponibles permiten recomponer, año por año, qué parte del capital salió de aportaciones efectivamente deducidas y qué parte no, y esa recomposición es la primera prueba que pedirá tanto el gestor como, en su caso, la administración.
B. Aportaciones no deducidas, ahorro salarial y desbloqueo anticipado
No todas las aportaciones al PER se dedujeron. La ley francesa permite optar por no deducir las aportaciones voluntarias, opción prevista en el artículo L. 224-20 del código monetario y financiero. En ese caso, la parte del capital que corresponde a esas aportaciones está exenta del impuesto sobre la renta en el momento de la salida, por aplicación del artículo 81, 4.º bis-c del código general de los impuestos, como explica la doctrina sobre exoneraciones de pensiones de vejez y jubilación. La lógica es simétrica a la del apartado anterior: lo que no se dedujo al entrar, no tributa al salir. Las ganancias generadas por esas aportaciones, en cambio, siguen el régimen del PFU descrito antes.
El mismo tratamiento de exención se aplica a la parte del capital que proviene del llamado ahorro salarial, la épargne salariale: participación en los beneficios, incentivos, días de la cuenta de ahorro de tiempo y aportaciones del empleador que se dirigieron al plan. Esas sumas están exentas del impuesto sobre la renta en la salida en virtud del artículo 81, 4.º bis-b y c del código general de los impuestos, según la misma doctrina oficial. Si el lector acumuló también derechos en un plan de ahorro de empresa, el PEE, el análisis es parecido pero con sus propias reglas, que se detallan en el artículo sobre cómo desbloquear el PEE francés viviendo en España.
Queda el caso del desbloqueo anticipado, el déblocage anticipé, es decir, el cobro del capital antes de la jubilación. La ley francesa solo lo permite en casos tasados del artículo L. 224-4 del código monetario y financiero. Cuando el motivo es uno de los llamados accidentes de la vida, como la invalidez, el fallecimiento del cónyuge o la situación de sobreendeudamiento, la parte del capital correspondiente a las aportaciones queda exenta del impuesto sobre la renta y de las cargas sociales, y solo la parte de las ganancias soporta las cargas sociales de los rendimientos de colocaciones. Cuando el motivo es la compra de la vivienda habitual, el régimen depende de si las aportaciones se dedujeron: si se dedujeron, la parte de las aportaciones tributa en el impuesto sobre la renta sin el abatimiento del 10 % pero queda exenta de cargas sociales, y las ganancias van al PFU practicado por el banco; si no se dedujeron, las aportaciones salen exentas y las ganancias van igualmente al PFU. Así lo describe la página oficial del servicio público francés, y la tabla oficial de síntesis del régimen del PER resume todos estos casos en un solo cuadro. Quien rescate su PER para comprar su vivienda en España debe comprobar con especial cuidado cuál de estos supuestos es el suyo, porque el error más frecuente consiste en aplicar al desbloqueo anticipado las reglas de la salida en la jubilación.
Una cuestión vecina conviene dejarla atada desde ahora: las cargas sociales. En derecho interno, la parte del capital correspondiente a aportaciones deducidas no soporta cargas sociales, y las ganancias soportan el 17,2 % dentro del PFU. Para quien está afiliado a la Seguridad Social española y ya no cotiza en Francia, la CSG y la CRDS francesas no deben gravar las rentas de sustitución, según el análisis desarrollado en el artículo sobre cargas sociales francesas viviendo en España y su exención. Si el banco practicó aun así cargas sociales sobre una parte que no debía soportarlas, la corrección sigue el mismo camino que la retención indebida: reclamación en plazo con prueba de la afiliación española. No se trata de un segundo impuesto distinto, sino de la misma exigencia de no pagar en Francia lo que el convenio y las reglas de afiliación europea reservan a España.
II. Viviendo en España: el convenio atribuye el impuesto a España y Francia no debe retener
A. El artículo 18 del convenio y la retención del artículo 182 A
Todo lo anterior describe el derecho interno francés, es decir, lo que Francia aplica a sus propios residentes. Pero cuando el beneficiario es residente fiscal en España, entra en juego el convenio para evitar la doble imposición entre Francia y España, firmado en Madrid el 10 de octubre de 1995 y publicado en Francia por el decreto n.º 97-756 de 2 de julio de 1997, como recuerdan las páginas oficiales sobre los convenios entre Francia y España. Para comprender dónde se es residente fiscal en una situación entre ambos países, puede consultarse el artículo sobre criterios y prueba de la residencia fiscal entre Francia y España, y el panorama general del convenio se expone en el artículo pilar sobre el convenio de doble imposición entre España y Francia.
El artículo 18 del convenio, titulado Pensiones, atribuye con carácter exclusivo al Estado de residencia del beneficiario la imposición de las pensiones y demás remuneraciones similares pagadas por un empleo anterior, con la única reserva de las pensiones públicas del artículo 19. Esta explicación es una traducción al español del sentido del artículo y no su texto oficial, que puede consultarse en francés en el enlace anterior. El capital del PER cobrado en la jubilación, que la propia norma francesa sitúa en la categoría de las pensiones de jubilación, entra en este artículo cuando remunera una carrera asalariada privada. La excepción son las pensiones de la función pública, que siguen la regla del artículo 19 y se explican en el artículo sobre la pensión del funcionario francés viviendo en España.
La consecuencia práctica en Francia la formula la doctrina oficial sobre las modalidades de imposición de las pensiones en derecho convenido: las pensiones privadas y demás remuneraciones similares pagadas por un empleo anterior son exclusivamente imponibles en el Estado de residencia del beneficiario. Y añade que las pensiones servidas a un residente de un Estado convenido por un empleo anterior ejercido en Francia, al amparo del conjunto de los regímenes de jubilación franceses distintos de la función pública francesa, no pueden soportar la retención en origen del artículo 182 A del código general de los impuestos. Dicho de otro modo, si el convenio quita a Francia el derecho a gravar, Francia no debe aplicar su retención.
Esa retención existe, sin embargo, en el derecho interno. El artículo 182 A del código general de los impuestos prevé una retención en origen sobre los sueldos, pensiones y rentas vitalicias de fuente francesa pagados a personas que no son residentes fiscales en Francia, cuando el pagador está establecido en Francia, como detalla la doctrina sobre el campo de aplicación de esta retención. El baremo de esa retención se publica en el anexo oficial de tarifas. El punto decisivo es que esta retención interna cede ante el convenio: la propia doctrina citada precisa que la retención solo se aplica cuando no existe convenio con el Estado de residencia o cuando el convenio no retira a Francia el derecho a gravar esas sumas. Para un residente en España que cobra un capital de PER privado, el convenio sí se lo retira, por el artículo 18. Por eso el primer reflejo útil no es pagar y reclamar después, sino pedir al gestor que aplique el convenio desde el principio, como se explica en el apartado siguiente.
B. Evitar la retención, reclamar lo retenido y declarar sin errores
El orden correcto de las gestiones ahorra años de procedimiento. Antes del cobro, el residente en España debe informar por escrito al gestor del PER, banco o aseguradora, de que es residente fiscal en España y pedir que se aplique el convenio franco-español, sin retención del artículo 182 A sobre la parte de las aportaciones y con el tratamiento convenido sobre las ganancias. El gestor puede pedir la documentación que justifique la residencia, por lo que conviene preparar el certificado de residencia fiscal española y los justificantes de domicilio antes de solicitar el rescate. Cada entidad tiene sus formularios, de modo que la petición debe adaptarse a lo que el pagador exija, pero el fundamento jurídico que se invoca es siempre el mismo: el artículo 18 del convenio y la doctrina que excluye la retención cuando el convenio atribuye la imposición al Estado de residencia. Quien cobra mes a mes una pensión francesa de jubilación sigue el mismo camino, descrito en el artículo sobre cobrar la pensión francesa de jubilación viviendo en España, y quien rescata un seguro de vida francés encuentra reglas cercanas, aunque con sus propios impuestos, en el artículo sobre el rescate del seguro de vida francés viviendo en España.
Si, a pesar de todo, Francia ya practicó la retención, la vía es la reclamación contenciosa ante la administración fiscal francesa. El artículo R*196-1 del libro de procedimientos fiscales fija el plazo: para ser admisibles, las reclamaciones sobre impuestos que no dieron lugar a un padrón ni a un aviso de cobro deben presentarse, como muy tarde, el 31 de diciembre del segundo año siguiente al del pago del impuesto discutido. Un capital cobrado en 2026 con retención indebida se reclama, por tanto, antes del 31 de diciembre de 2028. La reclamación debe identificar el pago, explicar que se trata de una pensión privada de un residente en España cubierta por el artículo 18 del convenio de 10 de octubre de 1995 y pedir la restitución de lo retenido en contra del convenio. A la reclamación conviene acompañar el certificado de residencia fiscal, los justificantes del PER que separen aportaciones y ganancias, el justificante de la retención practicada y una copia del aviso francés si existe. El plazo se cuenta con rigor y los documentos se conservan hasta la resolución firme, porque la carga de probar la residencia y la naturaleza de las sumas recae sobre quien reclama. El recorrido general de estas reclamaciones, con la suspensión del pago y la desgravación, se detalla en el artículo sobre qué hacer cuando la Hacienda francesa cobra de más viviendo en España.
En cuanto a la declaración, la lógica del convenio es la siguiente. Si el capital queda íntegramente atribuido a España por el artículo 18, no hay base que declarar en Francia por ese concepto, y un eventual aviso francés que lo incluya debe corregirse por la vía de la reclamación anterior. En España, el capital se declara como residente, conforme a la ley española aplicable a las prestaciones de jubilación extranjeras cobradas en capital. Este artículo no detalla tipos ni casillas españolas, porque pertenecen al derecho español y dependen de cada situación; lo esencial desde el lado francés es no pagar dos veces por el mismo capital y no dejar que una retención francesa indebida se consolide por falta de reclamación en plazo. Los errores más frecuentes son tres: declarar el capital en Francia como si se siguiera residiendo allí, aceptar sin discutir una retención del artículo 182 A existiendo convenio, y confundir el capital del PER con el rescate de un seguro de vida, que tiene sus propios impuestos franceses sobre las primas y los rendimientos. Cada producto tiene su ficha y su prueba, y el PER se defiende con el artículo 18.
Conclusión
Rescatar el PER francés en capital viviendo en España exige separar tres operaciones mentales. Primero, entender el capital francés: aportaciones deducidas que entran al baremo sin el abatimiento del 10 %, aportaciones no deducidas y ahorro salarial exentos, y ganancias sometidas al PFU del 30 % practicado por el banco. Segundo, aplicar el convenio: el artículo 18 del convenio franco-español de 10 de octubre de 1995 atribuye las pensiones privadas al Estado de residencia, de modo que Francia no debe practicar la retención del artículo 182 A sobre ese capital. Tercero, actuar en orden y en plazo: pedir al gestor la aplicación del convenio antes del cobro con la residencia justificada y, si ya hubo retención, reclamar antes del 31 de diciembre del segundo año siguiente al pago, con los justificantes que separen aportaciones y ganancias y prueben la residencia en España. Con esas tres piezas en su sitio, el capital del PER tributa una sola vez, en el país que el convenio designa, y sin retenciones indebidas que luego haya que perseguir.