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Perdió la nacionalidad francesa al casarse con un español: reintegración por declaración, pruebas y recurso (2026)

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado de extranjería en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Perdió la nacionalidad francesa al casarse con un español: reintegración por declaración, pruebas y recurso (2026)

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Se casó con un español en los años sesenta, adquirió la nacionalidad española y, con ella, perdió la francesa. Décadas después —viuda, divorciada o simplemente con la vida organizada entre los dos países— quiere volver a ser francesa. Este caso, frecuente en las familias franco-españolas, tiene una vía concreta en el derecho francés: la reintegración por declaración del artículo 24-2 del Código civil francés (Code civil), que permite a quien perdió la nacionalidad francesa por haberse casado con un extranjero recuperarla mediante una declaración presentada en Francia o en el extranjero, siempre que conserve o haya adquirido vínculos manifiestos con Francia. La página oficial de la administración francesa dedicada a este trámite confirma que la pérdida por matrimonio con un extranjero abre esta vía y detalla sus etapas. (service-public.gouv.fr, ficha F3071, verificada el 28 de mayo de 2025).

Conviene fijar desde el principio el terreno de juego. Esta vía no es la adquisición por matrimonio del artículo 21-2 (déclaration de nationalité par mariage, la declaración que firma el cónyuge extranjero de un francés), ni la reintegración reservada a otros supuestos de pérdida como el desuso del artículo 21-14, ni la reintegración por decreto del artículo 24-1. Cada una tiene sus condiciones y su procedimiento propios, y este artículo trata únicamente la declaración del artículo 24-2 para quien perdió la nacionalidad francesa por razón de su matrimonio con un extranjero —o por haber adquirido individualmente una nacionalidad extranjera—, con especial atención al perfil hispano-francés: la francesa que se casó con un español antes de que la ley de 9 de enero de 1973 suprimiera el efecto automático del matrimonio sobre la nacionalidad. Desde esa ley, el matrimonio ya no produce efecto automático sobre la nacionalidad, según la síntesis histórica del servicio público de información oficial. (vie-publique.fr).

Si su caso es el inverso —usted es español y perdió la nacionalidad española al naturalizarse francés— el régimen aplicable es el español y encontrará el análisis correspondiente en nuestro artículo sobre cómo recuperar la nacionalidad española perdida al naturalizarse francés. Y si lo que busca es una visión general de todas las formas de volver a ser francés, consulte nuestro artículo sobre recuperar la nacionalidad francesa perdida: reintegración por decreto o por declaración.

I. Quién puede pedir la reintegración por declaración del artículo 24-2

El artículo 24-2 del Código civil francés dice, en su texto oficial vigente: «Les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l’acquisition par mesure individuelle d’une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l’article 21-27 , être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l’étranger, conformément aux articles 26 et suivants. Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial.» Traducción orientativa —no es el texto oficial—: quienes hayan perdido la nacionalidad francesa por haberse casado con un extranjero o por haber adquirido individualmente una nacionalidad extranjera pueden ser reintegrados mediante declaración presentada en Francia o en el extranjero, conforme a los artículos 26 y siguientes, con la reserva del artículo 21-27, y deben haber conservado o adquirido con Francia vínculos manifiestos, en particular de orden cultural, profesional, económico o familiar. (artículo 24-2 del Código civil, en vigor). De esta sola frase salen las dos condiciones que estructuran todo el expediente: una pérdida anterior que encaje en los supuestos legales y unos vínculos actuales con Francia que habrá que probar.

A. Haber perdido la nacionalidad francesa por el matrimonio con un extranjero

El primer requisito mira al pasado: usted fue francesa y dejó de serlo por haberse casado con un extranjero. Es el perfil típico de la mujer francesa que contrajo matrimonio con un español en las décadas de 1950 o 1960 y adquirió entonces la nacionalidad española. Antes de la ley de 9 de enero de 1973, el matrimonio producía un efecto automático sobre la nacionalidad; con esa ley, el matrimonio dejó de producir efecto automático sobre la nacionalidad, como recuerda la síntesis oficial de la evolución del derecho de la nacionalidad. (vie-publique.fr). Por eso los expedientes de hoy conciernen casi siempre a matrimonios antiguos: si usted se casó después de 1973, el matrimonio por sí solo no le hizo perder la nacionalidad francesa y deberá verificar cuál fue exactamente la causa de la pérdida antes de invocar el artículo 24-2, cuyo texto oficial exige una pérdida «à raison du mariage avec un étranger». (artículo 24-2 del Código civil, en vigor).

El mismo artículo cubre un segundo supuesto que conviene no mezclar con el primero: la pérdida por haber adquirido individualmente —es decir, por un acto propio y voluntario, no por el matrimonio— una nacionalidad extranjera. Son dos puertas de entrada distintas dentro del mismo artículo, y la administración examinará cuál es la suya a partir de los documentos. La ficha oficial del trámite pide precisamente un certificado expedido por las autoridades del país cuya nacionalidad se adquirió, que indique la fecha de adquisición y las disposiciones de la ley extranjera en virtud de las cuales se adquirió. (service-public.gouv.fr, ficha F3071). En la práctica hispano-francesa, ese certificado lo expiden las autoridades españolas —acta de nacimiento con marginal, certificación del Registro Civil— y permite situar la pérdida en el tiempo y en su fundamento jurídico exacto.

Probar que se fue francesa antes de perderse es la otra mitad de este primer requisito. La ficha oficial enumera como prueba posible el certificado de nacionalidad francesa (certificat de nationalité française), una resolución judicial que reconozca la nacionalidad o la copia oficial (ampliation) del decreto o de la declaración. (service-public.gouv.fr, ficha F3071). Si no dispone de ninguno de estos documentos, el camino pasa por solicitar un certificado de nacionalidad ante el tribunal judicial, un trámite exigente en cuanto a prueba que analizamos en nuestro artículo sobre el certificado de nacionalidad francesa denegado: pruebas y recurso ante el tribunal. Un juzgado parisino recordó recientemente, en un asunto de nacionalidad, que los actos del estado civil deben aportarse en original y no en simple fotocopia, y ordenó reabrir los debates para que los solicitantes produjeran los originales y acreditaran la fecha exacta en que se adquirió la nacionalidad extranjera. (Tribunal judicial de París, sala 1/2/1 nacionalidad A, 1 de febrero de 2024, RG 22/10424.) La lección práctica es clara: reúna desde el primer día los originales —acta de nacimiento francesa, acta de matrimonio, prueba de la nacionalidad española adquirida— y no deje para el final la fecha exacta de adquisición de la nacionalidad extranjera, porque de ella depende la calificación jurídica de la pérdida.

Dos advertencias delimitan este primer requisito. Primera: si la pérdida que sufrió no deriva del matrimonio ni de una adquisición individual de nacionalidad extranjera, sino de otras causas —por ejemplo, el llamado desuso de medio siglo del artículo 23-6—, el cauce no es el artículo 24-2 sino el artículo 21-14, que obedece a sus propias condiciones. La distinción importa porque las condiciones no son intercambiables: cada artículo exige lo suyo. Segunda: la reintegración por decreto del artículo 24-1 existe como vía alternativa —puede obtenerse a cualquier edad y sin período de prácticas (sans condition de stage), aunque sometida por lo demás a las condiciones y reglas de la naturalización—, según su texto oficial vigente. (artículo 24-1 del Código civil, en vigor). La declaración del artículo 24-2 suele ser preferible cuando se cumplen sus condiciones, porque es un derecho sujeto a registro y no una gracia discrecional, pero la existencia del decreto merece conocerse como plan alternativo.

B. Conservar vínculos manifiestos con Francia y no estar incursa en las exclusiones

El segundo requisito mira al presente: usted debe haber conservado o adquirido con Francia vínculos manifiestos (liens manifestes), en particular de orden cultural, profesional, económico o familiar, como exige el texto oficial del artículo 24-2. (artículo 24-2 del Código civil, en vigor). La ficha oficial de la administración lo formula en los mismos términos —vínculos acreditados, personales y constantes— y pide «todos los documentos públicos o privados» que los prueben. (service-public.gouv.fr, ficha F3071). No se trata de un examen de idioma ni de una entrevista de asimilación como la de la naturalización: se trata de demostrar con papeles que Francia sigue presente en su vida o ha vuelto a ella.

¿Qué papeles convencen? La experiencia de los tribunales ofrece una guía concreta. En una sentencia reciente, la Corte de Apelación de París confirmó el registro de una declaración de nacionalidad apoyándose en vínculos familiares y culturales constatados durante varios años: la madre del solicitante, de nacionalidad francesa y residente en Sena-San Denis, manifestaba su deseo de acoger a su hijo y su familia; el solicitante acreditaba visitas regulares a Francia; y en el plano cultural había obtenido en 2013, a los 34 años, el diploma de estudios en lengua francesa DELF de nivel B2 expedido por el ministerio francés de Educación, además de haber escolarizado a sus dos hijos en clase francófona para transmitirles el francés desde pequeños. La Corte consideró que esos vínculos familiares y culturales caracterizaban un apego (attachement) con Francia y confirmó la resolución que había ordenado el registro. (Corte de Apelación de París, polo 3, sala 5, 18 de febrero de 2025, RG 24/00545.) Dos precisiones honestas sobre esta sentencia: se dictó sobre el fundamento vecino del artículo 21-14 —pérdida por desuso y denegación de certificado—, no sobre el artículo 24-2, de modo que lo que enseña es el estándar judicial de apreciación de los vínculos, no una aplicación directa a su caso; y en ella la Corte no reprochó al solicitante ni la escasez de los viajes —limitados por la crisis de la Covid y la escolarización de los hijos— ni el hecho de no haber recurrido una denegación de visado de 2022, atendidos los plazos y el coste. Esa indulgencia razonada ante los obstáculos materiales para viajar interesa directamente a las solicitantes que viven en España y ven Francia unas pocas veces al año.

Traslade esta enseñanza a un expediente franco-español: correspondencia familiar, fotos y billetes de visitas a parientes en Francia, llamadas y transferencias, afiliación a asociaciones culturales francesas en España, suscripciones a prensa francesa, diplomas de francés —el DELF B2 del ministerio francés de Educación es una referencia sólida—, escolarización de hijos o nietos en francés, cuentas bancarias, bienes o actividad profesional vinculados a Francia, participación en la vida consular. Ningún documento es obligatorio por sí solo; es el conjunto el que debe dibujar vínculos acreditados, personales y constantes, como pide la administración. (service-public.gouv.fr, ficha F3071). Y un consejo de método: ordene las pruebas por categorías —cultural, familiar, profesional, económica— reproduciendo las palabras de la ley, para que el instructor encuentre en su dossier el espejo exacto del artículo 24-2. (artículo 24-2 del Código civil, en vigor).

Junto a esta condición positiva existen exclusiones que el artículo 24-2 incorpora por remisión al artículo 21-27. Nadie puede adquirir la nacionalidad francesa ni ser reintegrado en ella si ha sido condenado por crímenes o delitos contra los intereses fundamentales de la Nación o por terrorismo, ni si ha sido condenado a una pena igual o superior a seis meses de prisión sin suspensión (sursis), ni si pesa sobre él una orden de expulsión no revocada o una prohibición del territorio francés no cumplida íntegramente, ni si su estancia en Francia es irregular; la rehabilitación o la exclusión de la mención del boletín n.º 2 del casillero judicial (casier judiciaire) permiten escapar a la exclusión penal, según el texto oficial vigente. (artículo 21-27 del Código civil, en vigor). La ficha oficial traduce estas exigencias a lenguaje práctico: no haber sido objeto de una orden de expulsión o prohibición del territorio aún vigente; si reside en Francia al presentar la declaración, hallarse en estancia regular con título o documento provisional válido; y no haber sido condenado a seis o más meses de prisión sin suspensión ni por crimen, delito contra los intereses fundamentales de la Nación o terrorismo, salvo rehabilitación o exclusión del boletín n.º 2. (service-public.gouv.fr, ficha F3071). Por eso el dossier incluye el extracto de casillero judicial o documento equivalente de los países donde haya residido en los últimos diez años —o del país de su nacionalidad si no puede obtenerlos—, como exige la lista oficial de documentos. (service-public.gouv.fr, ficha F3071).

Una última delimitación protege contra una confusión frecuente. El Gobierno puede oponerse por decreto, por indignidad o falta de asimilación no lingüística, a la adquisición de la nacionalidad por el cónyuge extranjero —pero ese mecanismo del artículo 21-4 se refiere a la declaración por matrimonio del artículo 21-2, con un plazo de dos años desde el resguardo (récépissé), y no a la reintegración del artículo 24-2, según el texto oficial vigente. (artículo 21-4 del Código civil, en vigor). Dicho de otro modo: en su expediente de reintegración no hay oposición gubernamental por indignidad que temer bajo ese artículo; los controles son los del registro —condiciones legales y ausencia de fraude— y la posible impugnación del ministerio público, que se examinan en la segunda parte. Para situar la oposición por matrimonio en su contexto exacto, puede consultar nuestro artículo sobre la oposición del Gobierno a la nacionalidad por matrimonio: indignidad, fraude y recurso, recordando que concierne a un cauce distinto del suyo.

II. Cómo se presenta y se defiende la declaración de reintegración

Verificadas las dos condiciones de fondo, llega la parte operativa: dónde se presenta, con qué documentos, qué plazos corren y qué hacer si la respuesta es negativa. El procedimiento está minuciosamente descrito por la administración y conviene seguirlo al pie de la letra, porque buena parte de los fracasos vienen de defectos de forma —documento sin traducir, acta sin original, ventanilla equivocada— y no del fondo del derecho.

A. Dónde presentar, qué dossier aportar y qué plazos corren

El lugar de presentación depende de dónde viva. Si reside en Francia, debe dirigirse al tribunal judicial (tribunal judiciaire) o al tribunal de proximidad de su domicilio, donde puede depositar el dossier o enviarlo por correo; si vive en el extranjero —por ejemplo, en España—, debe dirigirse a las autoridades consulares o diplomáticas francesas, es decir, en la práctica al consulado de Francia competente. (service-public.gouv.fr, ficha F3071). Esta répartition se corresponde con el artículo 26 del Código civil, cuyo texto oficial vigente dispone que las declaraciones distintas de las de matrimonio, ascendiente o hermano de francés se reciben por el director de los servicios de secretaría judicial (directeur des services de greffe judiciaires) del tribunal judicial o por el cónsul. (artículo 26 del Código civil, en vigor). Guarde el justificante de depósito y, cuando el dossier esté completo, el resguardo (récépissé) que se le expide tras entregar las piezas necesarias: ese resguardo hace correr los plazos, como se verá.

El contenido del dossier merece una preparación metódica. La lista oficial es indicativa pero debe tomarse como mínima: solicitud en papel libre con sus datos y contacto —el servicio redactará después la declaración en dos ejemplares que usted deberá fechar, firmar y rubricar en cada página—; acta de nacimiento; documento oficial de identidad; foto reciente; prueba de que tuvo la nacionalidad francesa antes de perderla por el matrimonio; certificado de las autoridades del país adquirido con fecha y fundamento legal de adquisición; todas las pruebas de los vínculos con Francia; y extracto de casillero judicial o equivalente de los países de residencia de los últimos diez años. (service-public.gouv.fr, ficha F3071). Si tiene hijos menores, pueden beneficiarse del efecto colectivo de su declaración si su nombre figura en ella, siempre que residan con usted de forma habitual —o alterna en caso de separación o divorcio—, y deberá aportar sus actas de nacimiento, los justificantes de esa residencia y, si hace falta, las pruebas de la filiación. (service-public.gouv.fr, ficha F3071).

Tres reglas formales sobre los documentos deciden a menudo la suerte del expediente. Primera: el estado civil se aporta en copia íntegra y en original en la lengua del país de origen —un acta francesa debe haberse expedido hace menos de tres meses— y los demás documentos pueden ir en copia, debiendo poder presentar los originales si se le piden. (service-public.gouv.fr, ficha F3071). Segunda: todo documento redactado en lengua extranjera debe acompañarse de su traducción al francés, con el original de la traducción hecha por traductor jurado (traducteur agréé) o habilitado ante las autoridades de un país europeo; desde el extranjero, el consulado francés facilita la lista de traductores jurados, y para documentos expedidos por un país de la Unión Europea puede añadirse el formulario multilingüe europeo. (service-public.gouv.fr, ficha F3071). Tercera: algunos documentos extranjeros deben legalizarse o apostillarse para ser aceptados en Francia —infórmese en el consulado francés sobre la legalización y en el consulado del país emisor sobre la apostilla—. (service-public.gouv.fr, ficha F3071). Para una solicitante en España, esto significa en la práctica: actas españolas recientes, traducción jurada al francés y consulta previa al consulado sobre la apostilla; no dé por sentado que un documento español «pasa» sin más.

En cuanto a los plazos, el régimen es más favorable de lo que parece. La decisión de registro o de denegación debe intervenir en los seis meses siguientes a la fecha del resguardo; si no recibe respuesta en ese plazo, la declaración se considera registrada, es decir, aceptada. (service-public.gouv.fr, ficha F3071). Este silencio positivo se corresponde con el artículo 26-3 del Código civil, citado por la Corte de Apelación de París en su sentencia de 2025: el ministro o el director de secretaría deniega el registro de las declaraciones que no cumplen las condiciones legales, y la denegación debe producirse como máximo seis meses después de la entrega del resguardo que acredita la remesa de todas las piezas. (Corte de Apelación de París, 18 de febrero de 2025, RG 24/00545.) La declaración registrada surte efecto en la fecha de su suscripción —la fecha en que el dossier completo llegó a la administración—, y los hijos menores incluidos devienen franceses en esa misma fecha si el servicio aceptó la petición que les concierne. (service-public.gouv.fr, ficha F3071). Conserve como oro el segundo ejemplar original que se le remite con la mención de registro: es su prueba de nacionalidad, no puede expedirse ningún otro ejemplar y lo necesitará para pedir el certificado de nacionalidad y el documento de identidad. (service-public.gouv.fr, ficha F3071). Y verifique la declaración para señalar cualquier error —por correo a la secretaría del tribunal o al consulado, o al ministerio o al ayuntamiento si el error está en el acta de nacimiento—, como indica la misma ficha oficial. (service-public.gouv.fr, ficha F3071).

El registro no es, con todo, inatacable para siempre. El ministerio público (ministère public) puede impugnar el registro en el plazo de dos años si no se cumplían las condiciones legales, y también en caso de mentira o fraude, en el plazo de dos años desde su descubrimiento, según el texto oficial vigente del artículo 26-4. (artículo 26-4 del Código civil, en vigor). La ficha oficial lo confirma en identical términos: dos años para impugnar si faltaban las condiciones, dos años desde el descubrimiento en caso de fraude o mentira. (service-public.gouv.fr, ficha F3071). La moraleja es sencilla: declare con exactitud completa —fechas, matrimonios, nacionalidades, condenas— porque una omisión descubierta años después reabre lo que el registro había cerrado.

B. Si la declaración es denegada: notificación, recurso y rigor procesal

La denegación debe notificarse motivada, y contra ella cabe recurso en el plazo de seis meses desde la notificación; la notificación indica cómo recurrir, el abogado es obligatorio y es él quien realiza el trámite ante el tribunal judicial o de proximidad. (service-public.gouv.fr, ficha F3071). Tres ideas merecen subrayarse. La primera es el plazo: seis meses desde la notificación, no desde que usted «se entera» por otra vía; ante la duda sobre la fecha, actúe como si el plazo corriera desde la fecha que figura en la notificación y consulte de inmediato, porque un recurso fuera de plazo se pierde por forma. La segunda es el abogado obligatorio: no es una recomendación, es la regla del trámite, y el recurso se interpone ante el tribunal judicial, único competente en materia de nacionalidad. La tercera es el contenido: el recurso contencioso contra la denegación de registro es el momento de completar la prueba —vínculos mejor documentados, certificados que faltaban, aclaración de la fecha y causa de la pérdida— y no un simple escrito de protesta.

El rigor procesal no es teórico: los tribunales lo aplican sin piedad. La Corte de Apelación de Aix-en-Provence confirmó la inadmisión de quien había impugnado por simple petición (requête) la inadmisión de su declaración de nacionalidad: la impugnación de una denegación de registro ante el tribunal judicial debe hacerse por citación (assignation) al ministerio público, pues ninguna disposición prevé la vía de la petición en este caso, y el tribunal judicial es el único competente en nacionalidad. (Corte de Apelación de Aix-en-Provence, sala 2-2, 21 de enero de 2025, RG 23/15870.) Una advertencia honesta: esa resolución se dictó para una declaración por matrimonio del artículo 21-2, no para una reintegración del artículo 24-2; lo que ilustra es la severidad formal del contencioso del registro —ventanilla, forma de citación y competencia—, severidad que su abogado deberá respetar escrupulosamente en su recurso de reintegración. Deje pues la forma en manos del abogado y concéntrese usted en lo único que el abogado no puede inventar: las pruebas.

¿Y si el problema no es una denegación sino un expediente que no avanza? Recuerde el silencio positivo: sin respuesta en los seis meses siguientes al resguardo, la declaración está registrada. (service-public.gouv.fr, ficha F3071). ¿Y si el servicio le reclama piezas complementarias? La ficha oficial prevé que el instructor puede pedir documentos adicionales fijándole un plazo para aportarlos, y que el resguardo se le envía cuando el dossier está completo. (service-public.gouv.fr, ficha F3071). Responda dentro del plazo fijado, por escrito y con acuse de recibo, porque un dossier incompleto no hace correr el plazo de seis meses del silencio positivo. En la práctica consular desde España, anticipe los dos cuellos de botella clásicos: la traducción jurada de las actas españolas y el certificado español de adquisición de nacionalidad con su fundamento legal; pedirlos el primer día ahorra meses.

Queda una pregunta frecuente: ¿debe la solicitante estar casada aún, o da igual haberse divorciado o enviudado? El artículo 24-2 no exige ni la subsistencia del matrimonio ni una vida en común actual: exige una pérdida pasada por matrimonio y unos vínculos presentes con Francia, más la ausencia de las exclusiones del artículo 21-27. (artículo 24-2 del Código civil, en vigor). Viuda, divorciada o aún casada, su situación matrimonial actual no cierra la puerta; lo que cuenta es la prueba de la pérdida y la prueba de los vínculos. Tampoco exige residir en Francia: la declaración puede suscribirse en el extranjero ante el cónsul, como dice el propio artículo y confirma la ficha oficial para quienes viven fuera. (service-public.gouv.fr, ficha F3071). Eso sí, si reside en Francia al declarar, su estancia debe ser regular, como se vio.

Una vez registrada la declaración, el camino continúa con los documentos de la nacionalidad recuperada: el ejemplar registrado permite solicitar el certificado de nacionalidad francesa y después el documento de identidad. (service-public.gouv.fr, ficha F3071). Si el certificado le fuera denegado pese al registro, nuestro análisis sobre el certificado denegado, sus pruebas y su recurso detalla la estrategia ante el tribunal. Y si conserva también la nacionalidad española, la doble nacionalidad franco-española es compatible con el derecho francés; sobre cómo acreditar y defender las dos nacionalidades, vea nuestro artículo sobre la doble nacionalidad española y francesa: conservarlas, probarlas y recurrir.

Conclusión

La francesa que perdió su nacionalidad al casarse con un español no está ante una página cerrada de su historia, sino ante un procedimiento reglado y accesible: la declaración de reintegración del artículo 24-2, que se presenta ante el tribunal judicial de su domicilio si vive en Francia o ante el consulado si vive en España, y que exige dos cosas —haber perdido la nacionalidad francesa por el matrimonio y conservar vínculos manifiestos con Francia— sin exigir ni la subsistencia del matrimonio, ni la residencia en Francia, ni un examen de asimilación. El dossier se gana con originales, traducciones juradas y un certificado español que fije la fecha y el fundamento de la adquisición de la nacionalidad española; el silencio de la administración durante seis meses desde el resguardo equivale al registro; y la denegación motivada se recurre en seis meses ante el tribunal judicial con abogado obligatorio. Prepare la prueba por categorías —cultural, familiar, profesional, económica—, declare con exactitud absoluta para resistir la impugnación del ministerio público durante los dos años siguientes al registro, y conserve el ejemplar registrado como el documento más valioso del expediente. La nacionalidad perdida por un matrimonio de juventud puede recuperarse con un expediente de madurez: completo, ordenado y probado.

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