Marcos vive en Madrid y nunca ha trabajado en Francia. Hace dos años, al fallecer su padre, heredó junto con sus dos hermanas las participaciones de una sociedad civil inmobiliaria francesa, una société civile immobilière, conocida por sus siglas SCI, que posee un piso en Lyon alquilado sin amueblar. La sociedad ingresa los alquileres en su cuenta francesa, paga sus gastos y una vez al año el contable envía a cada socio un papel con cifras. Este año, Marcos ha recibido además una carta de la administración fiscal francesa que le pide que declare en Francia su parte de los resultados de la sociedad. Su primera reacción es lógica: si la sociedad ya declara, por qué tiene que declarar él también, y la segunda igual de natural: si vive en España, por qué tiene que pagar en Francia.
Este artículo responde a esas dos preguntas con el derecho francés en la mano: qué tributa en Francia el socio no residente de una SCI sometida al régimen de las sociedades de personas, qué dice el convenio entre España y Francia para evitar la doble imposición, qué ocurre con el impuesto sobre la fortuna inmobiliaria y con la venta de las participaciones, y cómo se prueba y se reclama cuando la liquidación francesa es excesiva. Cada término francés se explica en su primera aparición y cada afirmación determinante remite a la fuente oficial leída para este artículo.
I. Las rentas de la SCI tributan en Francia aunque vivas en España
A. La SCI no paga por ti: cada socio tributa por su parte
La SCI es una sociedad civil cuyo objeto habitual consiste en comprar, gestionar y alquilar inmuebles. En su régimen más frecuente, el del impuesto sobre la renta, la sociedad es translúcida: no paga ella misma el impuesto sobre los beneficios, sino que cada socio tributa personalmente por la parte que le corresponde. La regla está en el artículo 8 del Código General de los Impuestos francés, que somete al impuesto sobre la renta, por su parte de los beneficios sociales correspondiente a sus derechos, a los miembros de las sociedades civiles que no revisten la forma de una sociedad de capitales y que no realizan una actividad comercial. La determinación de esa parte sigue las reglas del artículo 238 bis K del mismo Código: para un socio persona física que gestiona su patrimonio privado, la parte se calcula con las reglas de las rentas inmobiliarias, las llamadas revenus fonciers.
En la práctica, la sociedad presenta cada año su propia declaración de resultados con el impreso número 2072-S-SD, el formulario CERFA número 10338, que se presenta por vía telemática, tal como describe la doctrina oficial en el documento BOI-RFPI-CHAMP-30-20. Esa declaración reparte el resultado entre los socios, y la parte atribuida a cada uno es la que la administración utilizará después para liquidarle a él. Existe un matiz útil para las sociedades familiares cuyos inmuebles se destinan únicamente al uso personal y gratuito de los socios: presentan la declaración el año de su constitución y pueden quedar dispensadas de presentarla los años siguientes si no cambia nada en el reparto del capital, la lista de inmuebles y las condiciones de ocupación. Pero una SCI que alquila un piso a terceros, como la del ejemplo de Marcos, presenta su 2072-S-SD todos los años, y cada socio debe responder de su parte.
Para fijar las ideas con cifras sencillas, imaginemos que la SCI de Marcos obtiene en un año 24.000 euros de resultado neto por el alquiler del piso de Lyon y que Marcos posee un tercio de las participaciones: su cuota es de 8.000 euros, y son esos 8.000 euros los que debe declarar en Francia en la categoría de rentas inmobiliarias, haya cobrado efectivamente esa cantidad o la sociedad la haya retenido para obras o reservas. La tributación sigue al derecho sobre los beneficios, no al dinero recibido. La misma lógica se aplica cuando las participaciones están desmembradas entre usufructo y nuda propiedad, una situación frecuente en las SCI familiares constituidas para anticipar la transmisión: el propio artículo 8 del Código General de los Impuestos precisa que el usufructuario tributa por la cuota correspondiente a los derechos en los beneficios que le confiere su calidad de usufructuario. Cada titular tributa por lo suyo, y ninguno puede escudarse en el otro.
Conviene despejar desde el principio un malentendido frecuente: que la sociedad haya presentado su declaración no dispensa al socio de declarar y pagar por su cuota. Son dos obligaciones distintas, una de la sociedad y otra de cada socio. Y conviene también advertir la excepción: si la SCI optó por el impuesto sobre sociedades, el régimen cambia por completo, porque entonces la sociedad paga su impuesto y el socio tributa por lo que percibe, normalmente dividendos. Este artículo trata del caso general, la SCI sometida al régimen de las sociedades de personas; si tu sociedad optó por el impuesto sobre sociedades, el análisis debe rehacerse desde esa opción.
B. El convenio con España deja esas rentas en Francia y España evita la doble imposición
Que Marcos viva en Madrid no desplaza la tributación de esas rentas a España. El derecho interno francés considera rentas de fuente francesa las rentas de inmuebles situados en Francia, según el artículo 164 B del Código General de los Impuestos. Y el convenio entre España y Francia para evitar la doble imposición, firmado en Madrid el 10 de octubre de 1995 y publicado en España con la referencia BOE-A-1997-12729, atribuye a Francia la imposición de las rentas inmobiliarias: su artículo 6 dispone que las rentas que un residente de un Estado obtiene de bienes inmuebles situados en el otro Estado pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Dicho de forma directa: el alquiler del piso de Lyon, aunque lo perciba a través de la SCI y aunque el socio viva en España, se declara y se grava en Francia.
La administración francesa lo explica en su propia página para no residentes, actualizada en febrero de 2026: los derechos inmobiliarios, incluidas las acciones o participaciones de sociedades inmobiliarias, tributan en la categoría de rentas inmobiliarias o, según la naturaleza de la actividad, en la de beneficios industriales y comerciales, como puede leerse en la pregunta oficial sobre rentas inmobiliarias de no residentes. Para el alquiler sin amueblar, el régimen es el de las rentas inmobiliarias con el baremo progresivo del impuesto sobre la renta, con dos modalidades de cálculo, el régimen simplificado llamado micro-foncier y el régimen real, y con cotizaciones sociales al tipo del 17,2 %. El alquiler amueblado, en cambio, entra en la categoría de beneficios industriales y comerciales, con cotizaciones al 18,6 % desde las rentas de 2025, de modo que amueblar el piso de una SCI no es una decisión neutra y debe estudiarse antes de ejecutarla.
Dos precisiones prácticas de esa misma página oficial merecen atención. La primera es declarativa: los propietarios deben indicar cada año, antes del 1 de julio, a través del servicio Gérer Mes Biens Immobiliers de su espacio personal en la web fiscal, a qué título ocupan cada local y, si no lo ocupan ellos, quién lo ocupa y en qué condiciones, salvo que nada haya cambiado desde la última declaración. La segunda se refiere a las cargas sociales: desde el 1 de enero de 2019, las personas afiliadas a un régimen obligatorio de seguridad social de un país del Espacio Económico Europeo distinto de Francia están exoneradas de la CSG y de la CRDS, las dos contribuciones sociales francesas por excelencia, aunque esas rentas siguen sometidas a una exacción de solidaridad del 7,5 %. Para un residente en España afiliado a la Seguridad Social española, este punto es esencial y se desarrolla con detalle en el artículo dedicado a las cargas sociales francesas y su exención viviendo en España.
Del lado español, la deducción del artículo 24 del convenio merece una lectura atenta porque tiene techo: España deduce el impuesto efectivamente pagado en Francia, pero nunca más que la fracción del impuesto español correspondiente a esas rentas francesas. Si el tipo efectivo español sobre esas rentas es inferior al francés, una parte del impuesto francés no se recupera por esta vía. Por eso el cálculo previo importa tanto como la reclamación posterior: elegir correctamente entre el régimen micro y el régimen real, computar todos los gastos deducibles y no dejar sin declarar ningún déficit imputable reduce el impuesto francés en origen, que es el único terreno donde el socio puede actuar antes de que la liquidación sea firme. Una vez pagado en Francia un impuesto excesivo por falta de prueba o por mala calificación, la deducción española no lo corrige, solo lo traslada con límite.
El hecho de que Francia grave no significa que se pague dos veces. El convenio dedica su artículo 24 a eliminar la doble imposición, y para España establece que cuando un residente en España obtiene rentas que, conforme al convenio, son imponibles en Francia, España concede sobre su propio impuesto una deducción igual al impuesto pagado en Francia, con el límite de la fracción del impuesto español correspondiente a esas rentas. El mecanismo general del convenio se explica en el artículo sobre dónde tributar y cómo declarar con el convenio entre España y Francia. El orden es, por tanto, el siguiente: primero se calcula y se paga correctamente en Francia, con justificantes de cada euro, y después se pide en España la deducción del impuesto francés dentro de su límite. Sin la prueba del pago francés, la deducción española no prospera.
II. Vender, pagar el IFI y reclamar: donde se gana o se pierde el caso
A. Si vendes tus participaciones o tu patrimonio supera el IFI, Francia también es competente
Un día Marcos se plantea vender sus participaciones de la SCI a sus hermanas. La plusvalía de esa venta, el llamado gain de cesión, no sigue la misma regla que un dividendo ni que una venta de acciones ordinarias. El artículo 13 del convenio reserva a Francia los ganhos derivados de la enajenación de acciones, participaciones u otros derechos en una sociedad cuyo activo esté constituido principalmente, directa o indirectamente, por bienes inmuebles situados en Francia. Una SCI cuyo patrimonio es un piso en Lyon cumple exactamente esa descripción, de modo que la venta de las participaciones tributa en Francia aunque el vendedor viva en Madrid. Para calcular bien esa plusvalía hay que conservar desde el primer día el precio de adquisición de las participaciones, los gastos de adquisición justificados, las escrituras y los acuerdos de reparto, porque cada euro de coste probado reduce la base y cada documento perdido la aumenta.
El segundo frente es el impuesto sobre la fortuna inmobiliaria, el impôt sur la fortune immobilière, conocido por sus siglas IFI. Lo crea el artículo 964 del Código General de los Impuestos: es un impuesto anual que grava a las personas físicas cuyo patrimonio inmobiliario supera los 1.300.000 euros, y a los no residentes solo por sus activos situados en Francia. La base se define en el artículo 965 del mismo Código: es el valor neto, a 1 de enero del año, de los bienes y derechos inmobiliarios y de las participaciones en sociedades, por la fracción de su valor representativa de bienes o derechos inmobiliarios poseídos directa o indirectamente por la sociedad. Para el socio de una SCI, esto significa que sus participaciones cuentan para el IFI en la medida en que representan el inmueble francés, descontadas las deudas en las condiciones legales. Y el convenio confirma la competencia francesa: su artículo 23 dispone que el patrimonio constituido por participaciones en una sociedad cuyo activo esté compuesto principalmente por inmuebles situados en Francia es imponible en Francia.
Merece un párrafo aparte el caso del socio que utiliza personalmente uno de los inmuebles de la sociedad, por ejemplo porque la SCI familiar posee además del piso alquilado un apartamento que Marcos ocupa durante sus estancias en Francia. La doctrina oficial precisa que si el socio se reserva el disfrute del local, la renta en especie correspondiente es imponible, sin perjuicio de la exoneración prevista para la vivienda cuya disposición se reserva el socio en las condiciones del artículo 15 del Código General de los Impuestos. En otras palabras, ocupar gratis no siempre sale gratis desde el punto de vista fiscal, y la situación debe calificarse antes de decidir quién ocupa qué y con qué título, porque una ocupación mal documentada puede convertirse en renta imponible sin ingreso correspondiente.
El error clásico consiste en creer que, por no ser dueño directo del piso sino simple socio de la sociedad, el IFI no aplica. Aplica, por la fracción correspondiente, y el umbral se aprecia sobre el conjunto del patrimonio inmobiliario. Otro error frecuente es confundir la parte de resultados anuales con una distribución de dividendos: en una SCI translúcida no hay dividendo que esperar para tributar, la cuota anual de resultados es imponible se haya repartido o no. Y un tercer error, costoso, es descuidar las pérdidas: cuando los gastos superan a los alquileres, el déficit inmobiliario, el déficit foncier, puede reducir la base en las condiciones legales, como se explica en el artículo sobre pérdidas de un piso sin amueblar e imputación viviendo en España. Renunciar a calcular el déficit por pereza equivale a regalar base imponible.
B. La prueba decide el litigio y la reclamación tiene fecha de caducidad
Cuando la administración francesa reclama al socio más de lo debido, el litigio se gana o se pierde en la prueba. Una sentencia muy reciente lo ilustra con claridad: la corte administrativa de apelación de Marsella, el 6 de noviembre de 2025, en el asunto número 24MA01935, confirmó una liquidación complementaria de 24.000 euros anuales de rentas inmobiliarias a un socio de SCI que no había declarado nada de la sociedad, como puede leerse en el texto oficial de la decisión. La corte recordó primero la regla del artículo 8 del Código General de los Impuestos, que somete personalmente a cada socio al impuesto por su parte, y después examinó las pruebas: la administración se apoyaba en las declaraciones modelo 2072-S presentadas por la propia sociedad, coherentes además con los estatutos, mientras que el socio solo aportaba un informe de gestión y un acta antigua que no demostraban que las sumas correspondieran a resultados excepcionales de otro ejercicio. Resultado: la liquidación se mantuvo, con sus recargos.
La lección práctica para Marcos es triple. Primero, pedir cada año a la sociedad copia de la declaración 2072-S-SD presentada y del reparto individual, y comprobar que las cifras que la sociedad atribuye coinciden con la realidad de lo percibido. Segundo, conservar estatutos, actas de asamblea que aprueben las cuentas, extractos bancarios de los repartos efectivamente cobrados y justificantes de gastos, porque si un día hay que discutir la cuota, quien discute contra el 2072 de la sociedad carga con la prueba en contrario. Tercero, no dejar dormir una liquidación equivocada: las reclamaciones relativas a estos impuestos deben presentarse ante la administración, para ser admisibles, como muy tarde el 31 de diciembre del segundo año siguiente al de la puesta al cobro, al del pago del impuesto discutido o al del acontecimiento que motiva la reclamación, según el artículo R*196-1 del Libro de Procedimientos Fiscales. Pasada esa fecha, ni la mejor prueba sirve.
La reclamación misma debe prepararse como un expediente, no como una carta de protesta. Conviene identificar con precisión cada partida discutida, indicar el importe exacto que se considera excesivo y el fundamento jurídico de cada corrección, y acompañar factura por factura, extracto por extracto, acta por acta. Una reclamación genérica que se limita a decir que la cantidad parece elevada no pone a la administración en condiciones de corregir y complica después cualquier recurso. Y conviene presentarla con acuse de recibo o por el canal telemático que deje constancia de la fecha, porque la admisibilidad depende del plazo del artículo R*196-1 y la fecha de presentación es lo primero que se comprueba. En los casos con cantidades importantes o con calificación discutida, como la frontera entre renta inmobiliaria y beneficio comercial cuando la sociedad presta servicios complementarios al alquiler, la reclamación inicial bien construida condiciona todo lo que sigue.
El itinerario completo del socio residente en España queda entonces así: verificar el régimen de la sociedad y obtener el 2072-S-SD con su reparto; declarar en Francia la cuota de rentas inmobiliarias en su categoría correcta, con el régimen micro o real que corresponda y con las cotizaciones sociales exactas, aplicando la exoneración de CSG y CRDS cuando se cumplan sus condiciones; comprobar cada 1 de enero si el conjunto del patrimonio inmobiliario francés, incluidas las participaciones por su fracción inmobiliaria, supera el umbral del IFI; si vende las participaciones, preparar la prueba del precio y de los gastos antes de firmar; y pedir en España la deducción del impuesto pagado en Francia dentro de su límite. Y si la liquidación francesa es excesiva, reclamar por escrito, con cifras y documentos, antes del 31 de diciembre del segundo año siguiente, porque el convenio reparte los derechos de imposición pero no concede prórrogas.
Conclusión
El socio de una SCI francesa que vive en España no es invisible para el fisco francés: la sociedad declara su resultado en el impreso 2072-S-SD, cada socio tributa personalmente por su parte en la categoría de rentas inmobiliarias, el convenio atribuye esas rentas a Francia, la venta de las participaciones y la fortuna que representan también se gravan en Francia, y España elimina la doble imposición deduciendo el impuesto francés dentro de su límite. La diferencia entre pagar lo justo y pagar de más se juega en tres gestos anuales: exigir el reparto documentado de la sociedad, declarar la cuota exacta con sus cotizaciones y su IFI cuando corresponda, y reclamar a tiempo y por escrito cuando la cifra es errónea. Con esos tres gestos, la SCI familiar sigue siendo lo que debe ser, una herramienta de gestión del patrimonio, y no una fuente de liquidaciones sorpresa.