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Vender un piso en Francia viviendo en España: plusvalía, convenio, declaración y cómo reclamar

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado fiscalista en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Vender un piso en Francia viviendo en España: plusvalía, convenio, declaración y cómo reclamar

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Vender un piso situado en Francia cuando se vive en España plantea una pregunta inmediata: ¿hay que pagar impuestos en Francia, en España o en los dos países? La respuesta es precisa y tranquilizadora en un punto central: Francia tiene derecho a gravar la ganancia de la venta, porque el inmueble está en su territorio, y España debe después evitar que esa misma ganancia tribute dos veces. El problema práctico es otro: calcular bien el impuesto francés, presentar la declaración correcta el día de la venta y reclamar cuando la cantidad exigida es errónea. Este artículo explica cada paso con las reglas francesas exactas, pensadas para una persona que vive en España y no conoce el derecho francés.

En francés, la ganancia de la venta se llama plus-value (literalmente, «mayor valor»): es la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, ajustada con las reglas que veremos. El impuesto específico que pagan los no residentes se llama prélèvement (una retención-impuesto que se paga en el momento de la venta). El notario francés, el notaire, no es un simple testigo: es quien calcula el impuesto, presenta la declaración y lo ingresa. Y el documento que recibe el vendedor para pagar o reclamar se llama avis (aviso o liquidación). Con estas cuatro palabras, todo lo que sigue resulta legible.

I. Dónde se paga el impuesto cuando se vende un piso francés viviendo en España

La primera buena noticia es que la regla de reparto entre Francia y España está escrita en un texto claro y que Francia y España aplican desde hace casi treinta años. La segunda es que el impuesto francés sobre esta venta sigue unas reglas de cálculo fijas, con porcentajes y plazos exactos. Empecemos por el reparto entre los dos países y después entraremos en el cálculo.

A. Francia grava primero: el convenio y la ley francesa

Francia y España firmaron en Madrid el 10 de octubre de 1995 un convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, ratificado del lado francés por la ley n.º 97-206 del 10 de marzo de 1997 y publicado por el decreto n.º 97-756 del 2 de julio de 1997, en vigor desde el 1 de julio de 1997 según recuerda la propia doctrina fiscal francesa en el BOI-INT-CVB-ESP-10 del 12 de septiembre de 2012. Este convenio es la llave de todo el artículo: cuando un residente en España vende un piso situado en Francia, es la ley francesa la que grava primero la ganancia.

El convenio lo dice en dos artículos. Su artículo 6, apartado 1 dispone que las rentas que un residente de un Estado obtiene de bienes inmuebles situados en el otro Estado son imponibles en ese otro Estado. Y su artículo 13, apartado 1.a añade que las ganancias que un residente de un Estado obtiene de la enajenación de esos mismos bienes inmuebles situados en el otro Estado son imponibles en ese otro Estado. Traducido a un caso concreto: si usted vive en España y vende su piso de París, Lyon o Biarritz, Francia puede exigir el impuesto sobre la ganancia, y el convenio lo autoriza expresamente. El mismo artículo 13 precisa en su apartado 1.b que esta regla se aplica también a las acciones o participaciones en sociedades cuyo activo está constituido principalmente por inmuebles franceses, de modo que vender a través de una sociedad no cambia el resultado.

Del lado francés interno, la ley designa esta ganancia como una renta de fuente francesa. El artículo 164 B del Código General de Impuestos considera rentas de fuente francesa las plusvalías mencionadas, entre otros, en el artículo 150 U, es decir, las ganancias por venta de inmuebles. Y el artículo 150 U del mismo Código somete al impuesto sobre la renta, en las condiciones de los artículos 150 V a 150 VH, las plusvalías realizadas por personas físicas en la venta a título oneroso de bienes inmuebles construidos o no, o de derechos relativos a esos bienes. Para los no residentes, el texto que concentra el régimen es el artículo 244 bis A del Código General de Impuestos: bajo reserva de los convenios internacionales, las plusvalías definidas en el artículo 164 B realizadas por las personas mencionadas en su apartado I.2 —entre ellas, las personas físicas no domiciliadas fiscalmente en Francia según el artículo 4 B— quedan sometidas a un prélèvement con los tipos fijados en su apartado III bis. La doctrina oficial lo confirma: según el BOI-RFPI-PVINR-20-20 del 29 de junio de 2022, el tipo del prélèvement es del 19 % para las plusvalías realizadas por personas físicas.

Hay una excepción importante que conviene conocer aunque no se aplique a todos los casos. Si el piso vendido era su vivienda habitual en Francia el día en que trasladó su domicilio fiscal fuera de Francia hacia un Estado de la Unión Europea —España lo es—, la misma norma prevé una exoneración total, con dos condiciones acumulativas: que la venta se realice como muy tarde el 31 de diciembre del año siguiente al del traslado, y que el inmueble no se haya puesto a disposición de terceros, ni gratuita ni onerosamente, entre el traslado y la venta. Así resulta del artículo 244 bis A, apartado I.1 vigente, que además impide acumular esta exoneración con la prevista para la primera venta de una vivienda distinta de la habitual del artículo 150 U. En la práctica, quien se mudó de Francia a España hace dos o tres años y vende ahora su antigua vivienda ya no puede invocar esta exoneración, pero debe en cambio verificar los abatimientos por duración de tenencia que explicamos más abajo: son su principal herramienta de ahorro fiscal.

Un ejemplo sencillo aclara el reparto. Imagine a Carmen, residente en Madrid, que vende por 320 000 euros el apartamento que compró en Burdeos por 180 000 euros. Francia grava la ganancia según sus reglas —el cálculo exacto lo detallamos en la parte II—, y España no puede volver a gravar esa misma ganancia como si Francia no existiera: debe aplicar el mecanismo del convenio para eliminar la doble imposición. Lo que España no puede hacer es ignorar el impuesto ya pagado en Francia. Y lo que el vendedor no debe hacer es ocultar la venta en España pensando que, como ya pagó en Francia, no hay nada que declarar: cada país conserva sus obligaciones declarativas, y el convenio reparte el derecho a gravar, no dispensa de declarar.

B. España evita la doble imposición: qué pedir y con qué papeles

Una vez pagado el impuesto francés, el segundo acto se juega en España. El convenio dedica su artículo 24 a la eliminación de la doble imposición: el Estado de residencia concede un crédito por el impuesto pagado en el otro Estado, dentro del límite del impuesto correspondiente a esas rentas. En términos prácticos para un residente en España, esto significa que el impuesto francés sobre la plusvalía se descuenta del impuesto español correspondiente a la misma ganancia, sin que el descuento pueda superar ese impuesto español. Si el impuesto francés fuera superior, la diferencia no se devuelve; si fuera inferior, se paga en España el resto. Por eso el cálculo francés exacto importa dos veces: determina lo que se paga en Francia y lo que se puede descontar en España.

Para pedir esa eliminación de la doble imposición en España hay que conservar tres pruebas francesas. Primera, la escritura de venta y la declaración francesa de plusvalía, el impreso 2048-IMM, que identifica el bien, los precios y el impuesto calculado: el formulario 2048-IMM de la administración fiscal francesa es el documento de referencia. Segunda, el justificante del pago del prélèvement y de las cargas sociales francesas, con sus importes separados: el impuesto del 19 % por un lado y las cargas sociales por otro, porque en España cada concepto debe identificarse. Tercera, los justificantes del precio de adquisición y de los gastos deducibles —escritura de compra, facturas de obras realizadas por empresas, gastos de adquisición—, porque si la base francesa se calculó mal por falta de un justificante, la cantidad descontable en España también será errónea. Un error frecuente consiste en tirar las facturas de la reforma del baño o de la cocina pensando que no sirven para nada: en el cálculo francés, los trabajos justificados pueden aumentar el precio de compra y reducir la ganancia imponible, como veremos.

Otro error frecuente es confundir la plusvalía de la venta con las rentas del alquiler cobrado antes de vender. Son dos impuestos distintos: los alquileres tributan año a año como rendimientos de inmuebles —el convenio también los atribuye a Francia por su artículo 6—, mientras que la plusvalía tributa una sola vez, el día de la venta. Si alquiló el piso antes de venderlo, necesitará dos series de justificantes: las declaraciones anuales de alquileres y la declaración única de plusvalía. Nuestro artículo sobre alquilar un piso en Francia viviendo en España detalla el primer aspecto; este artículo se concentra en la venta. Y si conserva otros inmuebles en Francia después de vender, recuerde que el impuesto sobre la fortuna inmobiliaria francés, el IFI, puede seguir afectándole: lo explicamos en nuestro artículo sobre el IFI para residentes en España.

Por último, no atribuya a Francia reglas españolas ni a España reglas francesas. La plusvalía francesa tiene sus propios porcentajes, sus propios plazos de exoneración y su propia declaración, que no coinciden con los de la ganancia patrimonial española. Declarar la venta en España copiando sin más las cifras francesas, o al revés, es la forma más rápida de pagar de más o de recibir un requerimiento. Cada país aplica su ley; el convenio solo evita que la misma ganancia pague dos veces por el mismo concepto.

II. Cómo vender sin errores: cálculo, declaración y recurso

Con el reparto entre países ya claro, entramos en lo operativo: cuánto se paga en Francia, quién declara y paga el día de la venta, y qué hacer si la cantidad exigida es excesiva. Esta parte es la más rentable de leer con un lápiz en la mano, porque cada justificante aportado a tiempo reduce la base imponible.

A. Calcular la plusvalía y declarar ante el notario

El cálculo francés sigue siempre el mismo orden: ganancia bruta, menos abatimiento por duración de tenencia, igual a ganancia imponible; sobre esa ganancia se aplican el 19 % de impuesto, las cargas sociales y, en su caso, la sobretasa de las grandes plusvalías. La ganancia bruta es la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, definiéndose cada uno con sus reglas: el precio de venta es el indicado en la escritura, y el precio de compra es el pagado en su día, que puede aumentarse con los gastos de adquisición y con el coste de las obras de construcción, reconstrucción, ampliación o mejora realizadas por empresas y justificadas con facturas. Guarde por tanto desde la compra todas las facturas de obras: cada euro justificado que aumenta el precio de compra es un euro menos de ganancia imponible.

El abatimiento por duración de tenencia, la durée de détention, es el mecanismo que premia al propietario paciente. Según el BOI-RFPI-PVI-20-20 del 18 de julio de 2023, vigente para las ventas realizadas desde el 1 de septiembre de 2014, el ritmo difiere entre el impuesto sobre la renta y las cargas sociales. Para el impuesto sobre la renta, el abatimiento es del 6 % por cada año de tenencia más allá del quinto y hasta el vigésimo primero, y del 4 % al término del vigésimo segundo año; en total, la exoneración del impuesto sobre la renta se alcanza más allá de veintidós años de tenencia. Para las cargas sociales, el abatimiento es del 1,65 % por cada año más allá del quinto y hasta el vigésimo primero, del 1,60 % para el vigésimo segundo año y del 9 % por cada año más allá del vigésimo segundo; en total, la exoneración de las cargas sociales se alcanza más allá de treinta años de tenencia. Dicho de forma directa: quien vende tras veintitrés años ya no paga el 19 %, pero sigue pagando cargas sociales reducidas; quien vende tras treinta años no paga ni lo uno ni lo otro.

Sobre la ganancia imponible así reducida se aplican tres exacciones posibles. Primera, el prélèvement del 19 % para las personas físicas, confirmado por el BOI-RFPI-PVINR-20-20 en aplicación del artículo 244 bis A. Segunda, las cargas sociales francesas sobre los rendimientos del patrimonio, previstas en el artículo L. 136-7 del Código de la Seguridad Social: aquí hay un punto muy favorable para los residentes en España. Por excepción, quienes dependen en materia de enfermedad de la legislación de otro Estado europeo en aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004 sobre coordinación de los sistemas de seguridad social y no están a cargo de un régimen obligatorio francés no deben la contribución social generalizada ni la contribución para el reembolso de la deuda social por estas plusvalías; en ese caso solo se debe la exacción de solidaridad del 7,5 % prevista en el artículo 235 ter del Código General de Impuestos, porque está destinada al presupuesto del Estado y no a la seguridad social. En la práctica, un residente en España afiliado a la Seguridad Social española solo soporta el 7,5 % en concepto de cargas, siempre que pueda probarlo. Tercera, la tasa sobre las grandes plusvalías del artículo 1609 nonies G del Código General de Impuestos: se debe por las plusvalías imponibles de importe superior a 50 000 euros, según un baremo progresivo aplicado al importe total, y no se aplica a los terrenos para construir.

Retomemos el ejemplo de Carmen para convertir las reglas en cifras. Precio de venta: 320 000 euros. Precio de compra: 180 000 euros, sin obras justificadas para simplificar. Ganancia bruta: 140 000 euros. Duración de tenencia: catorce años. Abatimiento para el impuesto: 6 % por cada uno de los nueve años entre el sexto y el decimocuarto, es decir, 54 %; ganancia imponible para el impuesto: 64 400 euros; impuesto del 19 %: 12 236 euros. Abatimiento para las cargas: 1,65 % por esos mismos nueve años, es decir, 14,85 %; base de las cargas: 119 210 euros; solidaridad del 7,5 % para una residente afiliada en España: 8 940,75 euros. Como la plusvalía imponible de 64 400 euros supera los 50 000 euros, se añade además la sobretasa del artículo 1609 nonies G según su baremo. Coste francés total aproximado: unos 21 177 euros más la sobretasa. Si Carmen hubiera conservado el piso veintitrés años, el impuesto del 19 % habría desaparecido por completo y solo habría pagado cargas reducidas; con treinta años, nada. Este ejemplo es simplificado —sin gastos deducibles ni obras—, pero muestra dónde se gana o se pierde dinero: en los justificantes del precio de compra y en el cómputo exacto de los años.

El día de la venta, es el notaire quien ejecuta todo: calcula la plusvalía, cumplimenta la declaración en el impreso 2048-IMM y ingresa el impuesto al publicar la escritura. El vendedor no debe presentar por sí mismo una declaración separada en Francia por esta venta, pero sí debe controlar lo que firma: verifique que el precio de compra incluye todos sus gastos justificables, que la fecha de adquisición computada es la correcta —en caso de herencia, la fecha del fallecimiento; en caso de donación, la de la escritura— y que el número de años de tenencia es exacto, porque un año de más o de menos cambia el porcentaje. Y una preocupación menos para los residentes en España: no necesitan nombrar un representante fiscal en Francia. Según el BOI-RFPI-PVINR-30-20 del 21 de octubre de 2020, el vendedor domiciliado en un Estado de la Unión Europea que haya concluido con Francia un convenio de asistencia administrativa y de asistencia mutua en el cobro está dispensado de designar representante fiscal; el texto cita expresamente a los residentes en los Estados miembros de la Unión Europea, Islandia y Noruega. España cumple estas condiciones, de modo que un residente en España vende sin ese intermediario obligatorio y sin su coste.

B. Reclamar cuando el impuesto es excesivo o erróneo

Incluso con un notario diligente, los errores ocurren: años de tenencia mal contados, facturas de obras no incluidas, exoneración de la antigua vivienda habitual no aplicada, cargas sociales cobradas al tipo completo a un afiliado a la Seguridad Social española, o sobretasa calculada sobre una base errónea. Cuando el impuesto exigido es excesivo, el derecho francés ofrece un camino de reclamación con un plazo estricto que no debe dejarse pasar. El artículo R*196-1 del Libro de Procedimientos Fiscales dispone que las reclamaciones relativas a los impuestos deben presentarse ante la administración como muy tarde el 31 de diciembre del segundo año siguiente al del cobro del impuesto, al del pago del impuesto impugnado cuando no hubo padrón ni aviso de cobro, o al de la realización del hecho que motiva la reclamación. Traducido a calendario: si pagó el prélèvement en 2026 con la escritura de venta, tiene en principio hasta el 31 de diciembre de 2028 para reclamar. Pasada esa fecha, la reclamación es inadmisible por extemporánea, por muy justo que sea el fondo. Presente por tanto la reclamación por escrito, dirigida al servicio fiscal competente, identificando el impuesto, el importe discutido y los motivos, y adjuntando desde el primer día todas las pruebas: escrituras, facturas, justificantes de afiliación social y cálculo alternativo detallado.

La jurisprudencia confirma que reclamar merece la pena cuando el fundamento es sólido. En una sentencia muy ilustrativa, la Corte Administrativa de Apelación de París del 13 de diciembre de 2022, n.º 20PA01048, confirmó la anulación del prélèvement del artículo 244 bis A, de la tasa del artículo 1609 nonies G y de las cargas sociales exigidos a un matrimonio tras la venta en abril de 2014, por 2 266 000 euros, de su vivienda principal parisina, unos cuatro meses después de su traslado profesional a los Países Bajos. El tribunal consideró que la diferencia de trato entre residentes y no residentes en la tributación de la vivienda principal constituía una restricción a la libre circulación de capitales contraria al artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: el plazo de desocupación de unos cuatro meses era normal habida cuenta del valor del bien y de las formalidades de la venta, y la administración no demostró ninguna justificación imperiosa de interés general. Sobre las cargas sociales, la Corte admitió la prueba de afiliación al régimen neerlandés —contrato de trabajo, nóminas de enero a abril de 2014 y carta del empleador— aunque los contribuyentes no hubieran aportado el certificado exigido por una circular administrativa de 2015, y recordó que la exacción de solidaridad del 2 % de entonces, vinculada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 26 de febrero de 2015 al ámbito del Reglamento n.º 883/2004, no podía aplicarse a residentes de otros Estados miembros. El recurso del ministro fue desestimado y el Estado condenado a pagar 2 500 euros por las costas. Tres lecciones para un residente en España: primera, un traslado reciente a España seguido de una venta rápida no priva automáticamente de derechos, siempre que el plazo de desocupación sea normal y esté documentado; segunda, la afiliación a la Seguridad Social española debe probarse con documentos concretos del periodo de la venta; tercera, cada euro de cargas sociales cobrado en contra del Reglamento europeo puede reclamarse.

En la práctica, organice su reclamación en tres bloques. Primero, el cálculo: rehaga la ganancia bruta con todos los justificantes, aplique el abatimiento exacto según los años y separe el 19 %, las cargas y la sobretasa; si el notario olvidó facturas, el nuevo cálculo mostrará la diferencia al euro. Segundo, la prueba de afiliación social española a la fecha de la venta: certificado de la Tesorería, nóminas o justificante de autónomo del periodo correspondiente; sin esta prueba, la administración mantendrá las cargas completas. Tercero, el convenio: recuerde en su escrito que Francia grava por el artículo 13 y que cualquier exceso sobre lo que sus propias reglas autorizan debe devolverse, porque el convenio cubre la ganancia francesa, no un impuesto mal calculado. Si la administración rechaza total o parcialmente la reclamación, la decisión de rechazo abre la vía del recurso ante el tribunal administrativo, con sus propios plazos indicados en la notificación: no los confunda con el plazo de reclamación inicial.

Un último consejo de método: antes de vender, pida al notario una simulación escrita del cálculo con dos hipótesis —venta este año y venta tras cumplir un año más de tenencia—, porque cruzar un aniversario de adquisición puede cambiar el porcentaje y ahorrar miles de euros. Y después de vender, archive durante años la escritura de venta, la declaración 2048-IMM, el justificante de pago y todas las facturas: son las municiones de una eventual reclamación y del crédito por doble imposición en España. En fiscalidad inmobiliaria franco-española, quien conserva papeles paga lo justo; quien los pierde paga de más.

Conclusión

Vender un piso en Francia viviendo en España obedece a una lógica en dos tiempos: Francia grava la ganancia porque el inmueble está en su suelo —el convenio del 10 de octubre de 1995 se lo permite en su artículo 13— y España evita después la doble imposición mediante el mecanismo de su artículo 24. Entre ambos tiempos, todo se juega en el cálculo francés: ganancia bruta bien establecida con facturas, abatimiento exacto por los años de tenencia —exoneración del impuesto a los veintidós años y de las cargas a los treinta—, 19 % de prélèvement, 7,5 % de solidaridad para el afiliado en España que lo prueba, y sobretasa solo por encima de 50 000 euros de plusvalía imponible. El notario declara y paga el día de la venta en el impreso 2048-IMM, el residente en España no necesita representante fiscal, y cualquier exceso puede reclamarse hasta el 31 de diciembre del segundo año siguiente. Con las reglas exactas, los justificantes completos y los plazos respetados, la venta de su piso francés se convierte en una operación previsible: impuesto justo en Francia, sin doble pago en España y con recurso efectivo si la administración se equivoca.

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