Kohen Avocats — Defensa penal

Abogado corrupción y tráfico de influencias en París: PNF, CJIP y defensa

Directivo, funcionario público o empresa: el despacho examina las comunicaciones, los pagos y el procedimiento para preparar su defensa en materia de corrupción y tráfico de influencias.

¿Le acaban de notificar una declaración o un embargo? Remita la citación o la resolución recibida para que se examinen sus consecuencias.

Corrupción y tráfico de influencias · París

Preparar su defensa penal

¿Se cuestiona una propuesta, un pago o una intervención? Nuestro despacho penalista en París examina la calificación jurídica, la cronología y los documentos disponibles.

Defensa

Personas físicas
y empresas

80 €IVA incluido

Estudio previo de su expediente. Examen de sus documentos y primer análisis por escrito del abogado Hassan KOHEN, en un plazo de 24 horas hábiles. El pago se realiza en línea tras el envío de este formulario.

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Kohen Avocats, distrito 16 de París

Comprender los procesos por corrupción y tráfico de influencias

El abogado Hassan Kohen, abogado penalista del Colegio de Abogados de París
El abogado Hassan KohenAbogado del Colegio de Abogados de París

Derecho penal económico · distrito 16 de París

Su abogado en corrupción y tráfico de influencias en París

  • Colegio de Abogados de París
  • Derecho penal económico
  • Directivos y empresas
  • París e Île-de-France

Una comisión, un regalo o una intervención ante quien toma una decisión exige un análisis preciso de su objeto. En materia de corrupción pública, los textos castigan la solicitud o la aceptación de una ventaja por el funcionario, pero también la oferta o la respuesta a una solicitud por parte del corruptor (artículo 432-11 del Código Penal francés (Code pénal), artículo 433-1 del Código Penal). El despacho contrasta las comunicaciones, los pagos y las prestaciones con cada uno de los elementos de la infracción, sin considerar que una factura o una relación profesional constituyan por sí solas una prueba suficiente.

El abogado Hassan Kohen prepara con usted las declaraciones, examina los actos del procedimiento y los embargos y construye después la defensa de la persona o de la empresa afectada. Distingue los intereses del directivo de los de la sociedad y estudia las salidas posibles, en particular un convenio judicial de interés público (convention judiciaire d'intérêt public, CJIP) para la persona jurídica en las condiciones del artículo 41-1-2 del Código de Procedimiento Penal francés (Code de procédure pénale). Puede ponerse en contacto con el despacho en el +33 6 89 11 34 45 y remitir su citación y los primeros documentos de la operación.

Ficha oficial en el directorio de abogados de Francia (CNB)Despacho en 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris

Calificación

Identificar la ventaja, su beneficiario, el acto esperado y el papel de cada interviniente.

Defensa penal

Preparar las declaraciones y examinar el procedimiento, la cronología y las medidas patrimoniales.

Empresa

Analizar las decisiones internas, el programa de cumplimiento normativo y la conveniencia de un CJIP.

Acto propio del cargo o influencia sobre quien decide

Corrupción y tráfico de influencias: lo que debe probarse

La condición de las personas y el objeto de la ventaja determinan el texto aplicable. El acuerdo de ambas partes no siempre es necesario.

Artículos 432-11 y 433-1

Corrupción pública: solicitar, aceptar u ofrecer

La vertiente pasiva se dirige a la persona depositaria de la autoridad pública, encargada de una misión de servicio público o investida de un mandato electivo público que solicita o acepta, sin derecho, una ventaja para sí misma o para otra persona. La vertiente activa se dirige a quien ofrece esa ventaja o cede a una solicitud. La ventaja debe retribuir un acto o una abstención propios del cargo, de la misión o del mandato, o facilitados por ellos. También se incluyen los actos ya realizados (artículo 432-11 del Código Penal, artículo 433-1 del Código Penal). Una oferta rechazada o una solicitud que haya quedado sin respuesta puede, por tanto, bastar si concurren los demás elementos del delito menos grave (délit).

Artículo 433-2

Tráfico de influencias: una decisión que se pretende obtener de un tercero

La contrapartida buscada es el abuso de una influencia real o supuesta para obtener de una autoridad o de una administración pública una distinción, un empleo, un contrato público u otra decisión favorable. El artículo 433-2 del Código Penal distingue a la persona que solicita o acepta la ventaja de la que la ofrece o cede a la solicitud. Cuando el intermediario tiene la condición pública exigida, se aplican los artículos 432-11, 2° y 433-1, 2°. La influencia puede ser supuesta, pero debe acreditarse su finalidad legal.

Artículos 445-1 y 445-2

Corrupción privada: comprobar las obligaciones profesionales

Para una persona que ejerce una función de dirección o un trabajo en el marco de una actividad profesional o social, sin tener las condiciones públicas antes mencionadas, los artículos 445-1 y 445-2 del Código Penal exigen un acto, una abstención o un acto facilitado por la actividad o la función, en violación de obligaciones legales, contractuales o profesionales. El contrato de trabajo, las delegaciones y los procedimientos de compra permiten identificar esas obligaciones. La intención debe acreditarse conforme al artículo 121-3 del Código Penal.

Un pago posterior no basta para descartar la corrupción. En un asunto relativo a un magistrado, el Tribunal de Casación (Cour de cassation) recuerda que «el pacto de corrupción puede ser posterior a los actos realizados por la persona corrompida» (traducción propia) (Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 23-83.178, § 94). Los textos vigentes se refieren expresamente a los actos ya realizados; debe demostrarse el vínculo con la ventaja.

«el hecho de obtener de un agente de una administración pública una información o un documento, aunque no sea accesible al público, no puede constituir la obtención de una decisión favorable de esa administración en el sentido del artículo 433-2 del Código Penal» (traducción propia)

Cass. crim., 25 octobre 2017, n° 16-83.724

Esta sentencia casa una condena por tráfico de influencias basada en la entrega de información. No excluye otra calificación: deben examinarse el objeto exacto de la intervención y el papel del agente.

Penas máximas para las personas físicas

Las sanciones dependen de la calificación adoptada

10 años

corrupción pública: pena máxima de prisión

1 M€

corrupción pública: multa básica máxima

5 años

tráfico de influencias del artículo 433-2: pena máxima de prisión

500 000 €

artículo 433-2 y corrupción privada: multa básica máxima

Estos máximos resultan de los artículos 432-11, 433-1, 433-2, 445-1 y 445-2 del Código Penal. No son penas automáticas: el tribunal individualiza la sanción en función de los hechos, la personalidad y la situación del autor (artículo 132-1 del Código Penal).

Corrupción y tráfico de influencias en el ámbito público

Producto de la infracción y banda organizada

Para las infracciones de los artículos 432-11 y 433-1, la multa de un millón de euros puede elevarse al doble del producto obtenido de la infracción. En banda organizada, se eleva a dos millones de euros o al doble del producto cuando ese doble supera los dos millones de euros; la pena máxima de prisión prevista por estos textos sigue siendo de diez años. Los artículos 433-2, 445-1 y 445-2 también permiten elevar la multa de 500 000 euros al doble del producto, pero no prevén esta agravación específica de dos millones de euros.

Consecuencias profesionales

Inhabilitaciones, inelegibilidad y decomiso

Las inhabilitaciones profesionales se rigen, en particular, por el artículo 432-17 del Código Penal para la corrupción pública pasiva y por el artículo 433-22 del Código Penal para los delitos del capítulo correspondiente. La inelegibilidad es obligatoria para los delitos previstos en el artículo 131-26-2 del Código Penal, salvo resolución especialmente motivada en atención a las circunstancias y a la personalidad del autor. El decomiso se rige por el artículo 131-21 del Código Penal, con las salvedades relativas a los derechos de los terceros de buena fe.

Personas jurídicas

Una responsabilidad que debe demostrarse por separado

Una sociedad responde de las infracciones cometidas por su cuenta por sus órganos o representantes (artículo 121-2 del Código Penal). Su multa máxima es el quíntuplo de la prevista para las personas físicas (artículo 131-38 del Código Penal). Los artículos 433-25 y 445-4 prevén en particular la exclusión de la contratación pública durante cinco años como máximo, por remisión al artículo 131-39 del Código Penal. Ninguno de estos dos textos prevé la disolución. La responsabilidad de la sociedad no excluye la de las personas físicas.

Estos textos se han verificado a 13 de octubre de 2026. Para hechos anteriores, la ley aplicable se determina conforme al artículo 112-1 del Código Penal, en particular el principio de irretroactividad de la ley penal más severa.

Investigación, prescripción y patrimonio

Identificar el procedimiento y los recursos útiles

Competencia

La PNF no se ocupa de todos los asuntos

Para las infracciones nacionales de corrupción y de tráfico de influencias enumeradas en el artículo 705 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía Nacional Financiera (parquet national financier, PNF) y los tribunales competentes de París tienen una competencia concurrente en los asuntos de gran complejidad, en particular por el número de autores, de cómplices o de víctimas, o por su extensión geográfica. La sola calificación de corrupción no hace, por tanto, sistemática su intervención.

Declaración

Derecho a guardar silencio y asistencia letrada

La persona sospechosa que declara en régimen de audiencia libre (audition libre) es informada de su derecho a abandonar las dependencias, a guardar silencio y, para un delito castigado con pena de prisión, a ser asistida por un abogado (artículo 61-1 del Código de Procedimiento Penal). En detención policial (garde à vue), el derecho a guardar silencio y el derecho a solicitar un abogado resultan de los artículos 63-1 y 63-3-1 del Código de Procedimiento Penal. El despacho prepara la declaración a partir de los documentos disponibles y examina por separado la posición de cada persona interrogada.

Prescripción

Seis años: un cálculo que exige la cronología completa

El plazo general de prescripción de los delitos menos graves es de seis años (artículo 8 del Código de Procedimiento Penal). El aplazamiento del inicio del plazo previsto para una infracción oculta o disimulada exige las condiciones del artículo 9-1 del Código de Procedimiento Penal, que fija en este mecanismo un límite de doce años desde los hechos para los delitos menos graves. Los actos interruptivos y las causas de suspensión deben examinarse por separado (artículo 9-2 del Código de Procedimiento Penal, artículo 9-3 del Código de Procedimiento Penal). En la corrupción activa, la sentencia de 26 de noviembre de 2025 toma en cuenta el último pago efectuado en ejecución del pacto, salvo que se acredite una disimulación; el aplazamiento no es automático.

«Al resolver así, cuando, al no ser oculto el delito de corrupción activa, le correspondía acreditar una disimulación de los actos irregulares que pudiera retrasar el inicio del plazo de prescripción, el tribunal de apelación infringió los textos antes citados y el principio recordado anteriormente.» (traducción propia)

Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 24-84.035, § 32

Embargos penales

Comprobar el fundamento y la notificación

El embargo garantiza un posible decomiso (artículo 706-141 del Código de Procedimiento Penal) y puede acordarse por valor equivalente (artículo 706-141-1 del Código de Procedimiento Penal). Para una cuenta bancaria embargada sobre la base del artículo 706-154 del Código de Procedimiento Penal, el juez de las libertades y de la detención (JLD) o el juez de instrucción (juge d'instruction) resuelve sobre el mantenimiento o el levantamiento en los diez días siguientes al embargo. El auto puede recurrirse ante la sala de instrucción (chambre de l'instruction) en los diez días siguientes a su notificación; el recurso no tiene efecto suspensivo. Otros bienes y derechos inmateriales se rigen, en particular, por el artículo 706-153 del Código de Procedimiento Penal.

En un asunto de corrupción activa, el Tribunal declaró que «la suma de 840 000 euros constituye el instrumento de la infracción de corrupción activa» (traducción propia) (Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-81.818, § 21). Se trata del pago de ese asunto, no de un baremo: el Tribunal corrigió el fundamento del embargo, inicialmente calificado de embargo del producto, y controló después las condiciones y la proporcionalidad de la medida.

CJIP y prevención de la corrupción

Elegir una orientación y examinar el cumplimiento normativo

Defensa sobre los hechos

Discutir los elementos del delito

Calificación e imputación

  • Contrastar la ventaja con el acto o la influencia alegados.
  • Identificar los actos y la intención de cada interviniente.
  • Para la sociedad, comprobar el vínculo con un órgano o representante que actúe por su cuenta (artículo 121-2 del Código Penal).

Propuesta de la fiscalía

Estudiar un CJIP

Persona jurídica que reúne los requisitos

  • Vía reservada a las infracciones enumeradas en el artículo 41-1-2 del Código de Procedimiento Penal y a las conexas.
  • Validación judicial en audiencia pública y derecho de desistimiento de diez días.
  • Los representantes legales siguen expuestos personalmente.

Estos análisis se preparan conjuntamente, pero el CJIP no es un derecho a negociar una salida. El artículo 41-1-2 del Código de Procedimiento Penal permite una multa de interés público, limitada al 30 % de la cifra de negocios media anual calculada sobre las tres últimas cifras de negocios anuales conocidas en la fecha de constatación de los incumplimientos; un programa de cumplimiento normativo bajo el control de la Agencia Francesa Anticorrupción (Agence française anticorruption, AFA), durante tres años como máximo; y la cesión al Estado de la totalidad o de parte de los bienes embargados. El convenio puede imponer una o varias de estas tres obligaciones principales. También prevé la reparación de la víctima identificada, salvo que el perjuicio ya se haya reparado, en un plazo máximo de un año.

  1. Propuesta y examen

    La fiscalía puede proponer el CJIP antes del ejercicio de la acción penal. Durante la instrucción judicial (information judiciaire), el artículo 180-2 del Código de Procedimiento Penal prevé una remisión al fiscal en las condiciones que establece.

  2. Validación y publicidad

    El auto no implica declaración de culpabilidad; el CJIP no se inscribe en el boletín n.º 1 del registro de antecedentes penales (casier judiciaire). El convenio, la multa y el auto se publican (artículo 41-1-2 del Código de Procedimiento Penal).

  3. Ejecución

    La ejecución de las obligaciones extingue la acción penal. La validación por sí sola no basta; la falta de ejecución íntegra puede dar lugar a un proceso penal conforme al artículo 41-1-2 del Código de Procedimiento Penal.

Ley Sapin 2

Un ámbito que debe comprobarse antes de hablar de umbrales

El artículo 17 de la ley de 9 de diciembre de 2016 se aplica en particular a los directivos de sociedades con al menos 500 empleados, o que pertenezcan a un grupo cuya sociedad matriz tenga su domicilio social en Francia y cuya plantilla alcance ese umbral, con una cifra de negocios o una cifra de negocios consolidada superior a 100 millones de euros. También abarca los supuestos de establecimientos públicos industriales y comerciales (EPIC) y de consejos de dirección que precisa y, desde 2025, a los directivos de las personas jurídicas que explotan determinadas instalaciones portuarias identificadas por remisión al Código de Transportes francés (Code des transports).

Las ocho medidas se refieren al código de conducta, el canal interno de denuncias, el mapa de riesgos, la evaluación de los clientes, de los proveedores de primer nivel y de los intermediarios, los controles contables, la formación del personal expuesto, el régimen disciplinario y el control interno. El sistema de denuncias del artículo 8 de la misma ley tiene su propio ámbito, en particular las empresas privadas con al menos 50 empleados: no se confunde con los umbrales del artículo 17.

Para una persona física que reconoce los hechos, debe estudiarse la comparecencia con reconocimiento previo de culpabilidad (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC) en las condiciones del artículo 495-7 del Código de Procedimiento Penal. El CJIP de la sociedad no otorga ninguna inmunidad a su directivo (artículo 41-1-2 del Código de Procedimiento Penal).

Documentos, víctimas y denuncias internas

Preparar una defensa a partir de los hechos

Conserve los documentos en su contexto y remita los que tenga disponibles. El despacho identifica los puntos que deben documentarse y las gestiones adecuadas.

  • Citación, notificación de embargo y resoluciones ya recibidas.
  • Contratos, anexos, facturas, pagos y entregables correspondientes a las prestaciones.
  • Correos electrónicos y mensajes completos, con las fechas y el contexto de las comunicaciones.
  • Organigramas, delegaciones, aprobaciones y normas internas aplicables en la fecha de los hechos.
  • Mapa de riesgos, evaluaciones de terceros, formaciones y tratamiento de las denuncias internas.
  • Para una víctima: cronología, justificantes del daño y vínculo con los hechos denunciados.

Prestación

Un trabajo real no excluye toda ventaja ilícita

Los entregables y las comunicaciones permiten discutir la naturaleza de una remuneración. También hay que examinar lo que debía obtener: un trabajo efectivamente realizado puede coexistir con una ventaja destinada a un acto propio del cargo o a un abuso de influencia. El análisis abarca todos los elementos de los artículos 432-11, 433-1 y 433-2 del Código Penal, y no solo la existencia de un contrato.

Víctima

Documentar un daño personal y directo

La acción civil presupone un daño personal causado directamente por la infracción (artículo 2 del Código de Procedimiento Penal). El despacho examina los documentos que permiten vincular la pérdida invocada con los hechos. Cuando se contempla un CJIP y la víctima está identificada, esta puede remitir al fiscal los elementos que acrediten la realidad y el alcance de su perjuicio; su reparación se enmarca en el artículo 41-1-2 del Código de Procedimiento Penal.

Denuncia interna

Elegir el canal y comprobar las condiciones de protección

La condición de denunciante (lanceur d'alerte) supone en particular una persona física que actúe de buena fe, sin contrapartida económica directa, respecto de informaciones comprendidas en el ámbito legal (artículo 6 de la ley de 9 de diciembre de 2016). Puede presentarse directamente una denuncia externa: no es obligatorio acudir antes al canal interno. La revelación pública se rige por condiciones distintas (artículo 8). La protección frente a las represalias y las reglas de prueba se rigen por el artículo 10-1; la exención de responsabilidad penal sigue sujeta al artículo 122-9 del Código Penal.

Los derechos del tercero propietario deben examinarse por separado. A propósito de una solicitud de restitución tras un decomiso, el Tribunal recuerda que «toda persona cuyo título sea conocido o que haya reivindicado esa condición durante el procedimiento tiene derecho a que su causa sea oída por un tribunal que resuelva sobre su solicitud de restitución de un bien del que es propietaria o cuya propiedad reivindica» (traducción propia) (Cass. crim., 24 janvier 2024, n° 23-81.194, § 9). Este acceso al juez no garantiza la restitución.

Preguntas frecuentes

Sus preguntas sobre la corrupción y el tráfico de influencias

¿Cuál es la diferencia entre corrupción activa y corrupción pasiva?

La diferencia reside en el papel de cada persona. En el ámbito público, la corrupción pasiva se dirige al agente depositario de la autoridad pública, encargado de una misión de servicio público o investido de un mandato electivo que solicita o acepta una ventaja indebida por un acto o una abstención propios de su cargo, o facilitados por él (artículo 432-11 del Código Penal). La corrupción activa se dirige a quien ofrece la ventaja o cede a una solicitud (artículo 433-1 del Código Penal).

Por tanto, no siempre es necesario un acuerdo recíproco: la solicitud o la oferta pueden constituir la conducta tipificada sin aceptación de la otra parte. La ventaja también puede recompensar un acto ya realizado. El despacho examina su naturaleza, su vínculo con el acto de que se trate, la condición del agente y la intención. En las relaciones privadas, los artículos 445-1 y 445-2 exigen en particular una violación de las obligaciones legales, contractuales o profesionales de la persona afectada.

Tráfico de influencias y corrupción: ¿cómo distinguirlos?

En la corrupción pública, la ventaja retribuye un acto o una abstención propios del cargo del agente, de su misión o de su mandato, o facilitados por ellos. En el tráfico de influencias, retribuye el abuso de una influencia real o supuesta ante una autoridad o una administración pública para obtener de ella una decisión favorable, en particular un contrato público o un empleo (artículo 432-11 del Código Penal, artículo 433-1 del Código Penal, artículo 433-2 del Código Penal).

La defensa debe, por tanto, identificar quién debía decidir, qué intervención se esperaba y qué retribuía el pago. Una prestación real es un documento que debe examinarse, pero no excluye por sí sola una retribución de influencia. A la inversa, la existencia de una red no exime de acreditar los elementos del delito. El despacho contrasta el contrato, los entregables, las comunicaciones y los pagos con la finalidad precisa que exige el texto.

¿Qué penas se prevén por corrupción de funcionario público?

Los artículos 432-11 y 433-1 del Código Penal prevén diez años de prisión y un millón de euros de multa, importe que puede elevarse al doble del producto obtenido de la infracción. En banda organizada, la multa se eleva a dos millones de euros o al doble del producto si este último importe es superior. Estos textos no aumentan en ese caso el máximo de diez años de prisión.

Pueden añadirse inhabilitaciones profesionales, según la calificación, sobre la base de los artículos 432-17 o 433-22. La inelegibilidad es obligatoria, salvo resolución especialmente motivada, en las condiciones del artículo 131-26-2 del Código Penal. El decomiso se rige por el artículo 131-21 del Código Penal. Para una persona jurídica penalmente responsable, la multa máxima se multiplica por cinco (artículo 131-38 del Código Penal). Son penas previstas por la ley; la pena impuesta debe individualizarse (artículo 132-1 del Código Penal).

Convenio judicial de interés público (CJIP): requisitos, ventajas y riesgos para la empresa

El CJIP afecta a una persona jurídica investigada por una infracción comprendida en el ámbito del artículo 41-1-2 del Código de Procedimiento Penal, en particular determinadas formas de corrupción o de tráfico de influencias. El fiscal puede proponerlo antes del ejercicio de la acción penal; también existe una vía durante la instrucción en las condiciones del artículo 180-2 del Código de Procedimiento Penal.

Puede prever una multa de interés público limitada al 30 % de la cifra de negocios media anual calculada sobre las tres últimas cifras de negocios anuales conocidas en la fecha de constatación de los incumplimientos, un programa de cumplimiento normativo controlado por la AFA durante tres años como máximo y la cesión de bienes embargados. También se prevé la reparación de la víctima identificada, salvo que el perjuicio ya se haya reparado. La validación tiene lugar en audiencia pública, con diez días para desistir. El convenio se publica, sin declaración de culpabilidad ni inscripción en el boletín n.º 1. La extinción de la acción penal depende de la ejecución de las obligaciones; los representantes legales siguen siendo responsables personalmente. El despacho examina estas consecuencias antes de cualquier acuerdo.

Programa de cumplimiento anticorrupción (Sapin 2): ¿a quién afecta y qué debe implantarse?

El artículo 17 de la ley de 9 de diciembre de 2016 impone medidas, en particular, a los directivos de sociedades que emplean al menos a 500 trabajadores, o que pertenecen a un grupo cuya sociedad matriz tiene su domicilio social en Francia y cuya plantilla alcanza ese umbral, con una cifra de negocios o una cifra de negocios consolidada superior a 100 millones de euros. También se aplica a determinados EPIC y consejos de dirección y, desde 2025, a los directivos de las personas jurídicas que explotan las instalaciones portuarias designadas por el texto.

Se prevén ocho medidas: código de conducta, canal interno de denuncias, mapa de riesgos, evaluación de los terceros designados, controles contables, formación del personal expuesto, régimen disciplinario y control interno. La AFA verifica su aplicación. Su comisión de sanciones puede imponer hasta 200 000 euros de sanción pecuniaria a una persona física y un millón a una persona jurídica. Estas sanciones no se confunden con las penas por corrupción. Por último, el canal interno de denuncias del artículo 8 tiene un ámbito distinto, en particular a partir de 50 trabajadores en el sector privado.

Denunciante interno en un asunto de corrupción: ¿qué protección legal tiene?

La condición de denunciante no se concede automáticamente a toda persona que denuncia hechos. El artículo 6 de la ley de 9 de diciembre de 2016 exige en particular una persona física que actúe de buena fe y sin contrapartida económica directa, respecto de informaciones comprendidas en el ámbito legal. Fuera del contexto profesional, se requiere un conocimiento personal de las informaciones. Se excluyen determinados secretos, en particular el secreto profesional del abogado y el secreto de la investigación o de la instrucción.

El artículo 8 permite acudir directamente a un canal externo autorizado, sin denuncia interna previa. La revelación pública tiene sus propias condiciones: no goza de una protección general. El artículo 10-1 prohíbe las represalias, prevé la nulidad de los actos contrarios y adapta la carga de la prueba cuando existen elementos que permiten presumir una denuncia protegida. El artículo 122-9 del Código Penal regula la exención de responsabilidad penal, en particular mediante la necesidad y la proporcionalidad de la revelación de un secreto. El despacho examina el canal previsto y el origen de los documentos antes de su transmisión.

Prescripción del delito de corrupción: ¿desde cuándo corre el plazo?

El plazo general de prescripción de los delitos menos graves es de seis años desde su comisión (artículo 8 del Código de Procedimiento Penal). En la corrupción activa, el Tribunal de Casación toma en cuenta el último pago efectuado en ejecución del pacto y precisa que la infracción no es oculta por naturaleza (Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 24-84.035, § 27 et 32). Un aplazamiento del inicio del plazo supone, por tanto, que se acredite una disimulación.

El artículo 9-1 del Código de Procedimiento Penal fija entonces el inicio en el día en que la infracción aparece y puede constatarse en condiciones que permitan el ejercicio de la acción penal, con un límite de doce años desde los hechos para los delitos menos graves en este mecanismo de aplazamiento. También deben comprobarse los actos interruptivos, las causas de suspensión y, para una situación antigua, el derecho transitorio aplicable. Un acto interruptivo hace correr un nuevo plazo (artículo 9-2 del Código de Procedimiento Penal). El despacho reconstruye los pagos, los actos de disimulación alegados y toda la cronología procesal antes de concluir que hay prescripción.

Embargo penal en una investigación por corrupción: ¿cómo impugnarlo?

Hay que empezar por leer la resolución e identificar el bien, el fundamento del embargo, su importe y la fecha de notificación. El embargo por valor equivalente está previsto en el artículo 706-141-1 del Código de Procedimiento Penal, en relación con las condiciones de decomiso del artículo 131-21 del Código Penal. El recurso depende del régimen utilizado: las reglas del embargo de una cuenta no deben extenderse indistintamente a todos los bienes.

Para un embargo bancario regido por el artículo 706-154 del Código de Procedimiento Penal, el juez de las libertades y de la detención o el juez de instrucción resuelve sobre su mantenimiento o su levantamiento en los diez días siguientes a su práctica. El titular de la cuenta y los terceros conocidos que tengan derechos disponen de diez días desde la notificación del auto para recurrir ante la sala de instrucción; el recurso no tiene efecto suspensivo. El despacho examina la calificación de instrumento o de producto, el valor embargado, los derechos del propietario y la proporcionalidad cuando deba controlarse. Una impugnación no garantiza el levantamiento.

Fuentes y páginas relacionadas

Textos oficiales y páginas relacionadas

Artículos del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal y de la ley Sapin 2, verificados en su versión aplicable a 13 de octubre de 2026.

Para profundizar

Página actualizada el 13 de octubre de 2026.

¿Una investigación por corrupción o tráfico de influencias?

Póngase en contacto con el despacho con los documentos ya recibidos: citación, notificación de embargo, contratos y comunicaciones. Identificaremos los puntos que deben examinarse y los documentos que deben reunirse.

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hace 3 semanas

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hace 3 semanas

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Jocelyne Chassard
hace 2 meses

Acabo de hablar por teléfono con el señor Chahdi, de su despacho: quería felicitarles por su artículo en Internet sobre el auto n.º 519225 del Consejo de Estado de 30 de agosto de 2026. Explicaron muy bien el contenido de este auto, que no da a las prefecturas carta blanca general para sustituir una orden de prohibición de manifestación por un acuse de recibo restrictivo que modifique una o varias circunstancias de una manifestación, sino que, en un caso concreto, considera que los demandantes no habían demostrado suficientemente la vulneración grave y desproporcionada de la libertad fundamental de expresar públicamente opiniones. Como le dije al Sr. Chahdi, me encuentro con este problema de acuse de recibo restrictivo en Reims, para una manifestación prevista mañana por la tarde ante el tribunal judicial: el organizador acaba de presentar un recurso urgente en defensa de las libertades fundamentales ante el tribunal administrativo de Châlons-en-Champagne. Al principio, el señor Chahdi pareció sorprendido por la llamada de una ''simple justiciable'', pero me escuchó y me respondió con amabilidad.

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Menah'em
hace 3 meses

Quiero expresar mi gratitud al despacho Kohen Avocats y muy especialmente al abogado Chahdi. Desde nuestra primera conversación telefónica, el abogado Chahdi se mostró disponible, atento y de un asesoramiento notable. La atención y el seguimiento del despacho reflejan un altísimo nivel de exigencia y de pericia. Muchísimas gracias a todo el equipo por su acompañamiento y su profesionalidad irreprochable.

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Мария Двирник
hace 3 semanas
Moula Brahimi
hace 3 semanas

Buena experiencia. Y buen trabajo, gracias por todo.

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Faiza Traduction
hace 4 semanas
Alain Arsaut
hace 1 mes

Vi a Hassan en el telediario

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TOULEIMAT HACHEM
hace 1 mes
emilie lepicard
hace 1 mes
إبراهيم عيسى
hace 1 mes
Monique Firmin
hace 2 meses

Excelente atención telefónica. Gran profesionalidad

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Louna Sisi
hace 2 meses

Excelente '

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Sophie Lascar
hace 3 meses
Solal Gaillard
hace 3 meses