Kohen Avocats · Cumplimiento normativo de las empresas
Abogado de compliance en París: cumplimiento y prevención de riesgos
Auditoría, programa anticorrupción, alerta o control: como abogado de compliance, el despacho acompaña a su empresa en la definición de sus obligaciones y en su puesta en práctica.
Una alerta o un requerimiento de control exige una respuesta adaptada a los hechos. Conserve los documentos recibidos e indique las medidas ya adoptadas.
Compliance · Empresas y directivos
Someta a examen su situación
Presente su actividad, las dificultades encontradas y los documentos disponibles al despacho de derecho mercantil para definir el encargo adecuado.
Cumplimiento normativo
Prevención, alertas
y controles
En resumen
El despacho de abogados acompaña a las empresas y a sus directivos para identificar sus obligaciones de cumplimiento normativo, examinar las prácticas internas y preparar las correcciones necesarias. Esta labor prolonga nuestra actividad en derecho mercantil y tiene en cuenta las responsabilidades propias de cada organización.
Prevenir los riesgos
Desea revisar sus procedimientos o enmarcar sus relaciones comerciales: examinamos el mapa de riesgos, las responsabilidades y los controles efectivamente aplicados. El derecho societario completa este examen cuando es necesario precisar la gobernanza.
Tratar una alerta
Recibe una denuncia interna: preparamos la recopilación de los hechos, las entrevistas y las posibles actuaciones posteriores para la empresa. La protección del denunciante corresponde a un encargo distinto, que debe examinarse por separado.
Responder a un control
Debe explicar su dispositivo de cumplimiento a una autoridad: contrastamos los requerimientos, los documentos y las medidas correctoras. Una imputación por corrupción o blanqueo de capitales requiere una defensa penal adaptada.
Despacho Kohen Avocats, París 16
Organizar el cumplimiento normativo de su empresa
Compliance · Empresas y directivos
El abogado Hassan Kohen, su abogado de compliance
- Colegio de Abogados de París
- Cumplimiento normativo e investigaciones internas
- Empresas y directivos
- París e Île-de-France
Prepara un programa de cumplimiento, recibe una alerta o debe responder a una autoridad: examinamos su situación y los documentos disponibles. El encargo precisa la persona asistida, las cuestiones que deben tratarse y los documentos necesarios para llevar a cabo este análisis.
La responsabilidad de la sociedad no se confunde con la de sus directivos, conforme al artículo 121-2 del Código Penal francés (Code pénal). Examinamos los intereses en juego antes de determinar las condiciones de nuestra intervención para cada uno.
Exponga su situación en el +33 6 89 11 34 45 y envíe los documentos útiles para su examen.
Ficha oficial en el directorio de abogados de Francia (CNB)Despacho en 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
¿En qué situaciones recurrir a un abogado de compliance?
Un dispositivo por construir
Identificar las obligaciones aplicables, contrastar los procedimientos con las prácticas y definir los documentos que deben crearse o revisarse.
Una situación por aclarar
Preparar una investigación interna, preservar los elementos útiles y distinguir los hechos probados de las declaraciones que aún deben verificarse.
Una respuesta por documentar
Revisar los requerimientos de control, organizar los justificantes y hacer el seguimiento de las correcciones decididas en su empresa.
Su acompañamiento: etapas, entregables y honorarios
El encargo comienza con el examen de su actividad, de su organización y de los documentos ya disponibles en su empresa. Según las necesidades identificadas, puede incluir una nota de delimitación, un mapa de riesgos, procedimientos revisados o un informe de investigación.
Definimos con usted el alcance de la intervención y sus condiciones económicas en función del trabajo identificado en su expediente. Se precisan los documentos entregados y las responsabilidades de seguimiento para que las personas afectadas puedan utilizarlos.
Alcance y prácticas reales
Auditoría y mapa de riesgos: definir las prioridades
Una auditoría comienza por las actividades ejercidas, las relaciones comerciales y las decisiones efectivamente adoptadas en la empresa o en su grupo. Los procedimientos escritos se contrastan con los documentos disponibles, las entrevistas útiles y los controles cuya ejecución usted puede acreditar.
Identificar las obligaciones
Los ámbitos de aplicación del artículo 17 de la Ley Sapin II (loi Sapin II), del artículo L. 225-102-1 del Código de Comercio francés (Code de commerce) y del artículo L. 561-2 del Código Monetario y Financiero francés (Code monétaire et financier) deben examinarse por separado. Un mismo cuestionario no basta para determinar las obligaciones de todas las empresas ni las de cada uno de sus establecimientos.
Vincular cada riesgo con las prácticas
Examinamos las relaciones con los intermediarios, la aprobación de gastos, las delegaciones y los cauces para comunicar las dificultades a la dirección. El mapa de riesgos describe las situaciones de exposición y las medidas existentes para determinar qué requiere una corrección o una verificación complementaria.
Para los profesionales sujetos a las normas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC-FT, LCB-FT en Francia), el artículo L. 561-4-1 del Código Monetario y Financiero organiza una clasificación adaptada, en particular, a los clientes, las operaciones y los factores geográficos.
Entregar documentos utilizables
La entrega de resultados puede incluir una nota sobre el ámbito aplicable, un mapa de riesgos comentado y una lista de correcciones con sus responsables. Distinguimos las obligaciones legales, las recomendaciones y las opciones de organización para que la dirección pueda decidir con conocimiento de causa.
Prevención y detección de la corrupción
Sapin II: construir y supervisar el programa anticorrupción
El artículo 17 de la Ley Sapin II regula el programa anticorrupción de las empresas afectadas. El despacho verifica el ámbito aplicable y examina después la coherencia entre las medidas previstas, los riesgos identificados y las prácticas documentadas.
Enmarcar las conductas
Revisar el código de conducta y su articulación con el reglamento interno (règlement intérieur), organizar el sistema de alertas y precisar el régimen disciplinario aplicable.
Conocer las exposiciones
Actualizar el mapa de riesgos, evaluar a los clientes, proveedores de primer nivel e intermediarios y verificar después los controles contables adaptados a los riesgos.
Supervisar la aplicación
Preparar la formación del personal expuesto, definir las verificaciones internas y documentar las correcciones derivadas de la evaluación del dispositivo.
Examinar los intermediarios y las decisiones
El organigrama no siempre refleja a las personas que autorizan un gasto o intervienen concretamente en una relación comercial sensible. El artículo 121-2 del Código Penal francés justifica examinar los órganos y representantes que actúan por cuenta de la sociedad.
En un asunto de corrupción en el que intervenían consultores, el Tribunal de Casación (Cour de cassation) apreció una representación de hecho vinculada a la organización del grupo. Este análisis penal no define, por sí solo, el contenido administrativo del programa anticorrupción.
« representantes de hecho de esta última en razón de la existencia de la organización transversal propia del grupo y de las funciones que se les habían confiado, siendo indiferente la ausencia de vínculo jurídico y de delegación de poderes a su favor » (traducción propia) (Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-83.098).
Preparar las pruebas del funcionamiento
Contrastamos los documentos aprobados con los controles efectuados, las formaciones organizadas y las dificultades efectivamente comunicadas a la dirección. Un procedimiento firmado no permite, por sí solo, concluir que sus prescripciones se hayan seguido en las operaciones examinadas.
Recopilación de los hechos y decisiones de la empresa
Alertas e investigaciones internas: organizar la respuesta de la empresa
El dispositivo del artículo 8 de la Ley Sapin II tiene su propio ámbito, distinto del programa anticorrupción. La calificación de la denuncia y las condiciones de protección deben examinarse antes de decidir las investigaciones o las consecuencias disciplinarias.
Recibir y calificar la denuncia
Examinamos los hechos denunciados, las personas afectadas y las medidas ya adoptadas, teniendo en cuenta el artículo 6 de la Ley Sapin II. El acceso a la información debe respetar la confidencialidad prevista en el artículo 9 de la Ley Sapin II, sin prometer una ausencia absoluta de comunicación.
Definir una investigación adaptada
El encargo precisa los hechos que deben examinarse, las personas que deben ser oídas, los documentos que deben recabarse y los destinatarios de los resultados. Las entrevistas y los documentos se analizan conjuntamente, distinguiendo las constataciones directas, los relatos y los puntos que siguen siendo inciertos.
Deben tenerse en cuenta asimismo las obligaciones de prevención previstas en el artículo L. 1152-4 del Código de Trabajo francés (Code du travail) y en el artículo L. 1153-5 del Código de Trabajo francés. Su examen no permite afirmar que una investigación formalizada sea obligatoria en todas las situaciones.
Preparar los resultados y las actuaciones posteriores
El informe presenta las investigaciones realizadas y sus límites para que la empresa pueda examinar las medidas de prevención o las posibles actuaciones posteriores. Verificamos por separado la situación del autor de la denuncia y los hechos que puedan justificar una decisión de gestión.
El acompañamiento del autor de una denuncia se presenta en la página dedicada a la protección del denunciante. El encargo de la empresa no equivale a la representación personal de todas las personas oídas.
Obligaciones distintas según su situación
Deber de vigilancia y PBC-FT: precisar las obligaciones aplicables
Deber de vigilancia: un plan efectivamente aplicado
El artículo L. 225-102-1 del Código de Comercio francés exige, para las sociedades afectadas, un plan de vigilancia (plan de vigilance) elaborado y efectivamente aplicado. El trabajo se refiere, en particular, al mapa de riesgos, la evaluación de los socios comerciales afectados, la prevención, el mecanismo de alerta y el seguimiento de la eficacia de las medidas.
En una resolución relativa a un plan de vigilancia, el tribunal de apelación de París (cour d’appel de Paris) consideró que el mapa de riesgos no era suficientemente preciso.
« El mapa de riesgos del plan de vigilancia de 2021 se caracteriza por un nivel de generalidad demasiado elevado para cumplir este objetivo. » (traducción propia) (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 12, 17 juin 2025, n° 24/05193).
La resolución confirma varios requerimientos sobre distintos apartados del plan; no valida las acciones de atenuación que no fueron objeto del recurso de apelación. El despacho examina los riesgos propios de su actividad y los documentos que permiten dar cuenta de las medidas realmente aplicadas.
PBC-FT: verificar la actividad antes que los procedimientos
El artículo L. 561-2 del Código Monetario y Financiero francés determina las profesiones sujetas a las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Para las personas afectadas, los procedimientos deben organizar, en particular, la identificación del cliente, el conocimiento de la relación de negocios y la vigilancia continua.
El despacho examina estos documentos a la luz del artículo L. 561-5 del Código Monetario y Financiero, del artículo L. 561-5-1 del Código Monetario y Financiero y del artículo L. 561-6 del Código Monetario y Financiero. Una operación atípica requiere un análisis documentado, que no equivale a afirmar que ya se ha acreditado una infracción.
Distinguir cumplimiento normativo y defensa penal
La impugnación del dispositivo de prevención y una acusación penal requieren análisis distintos, incluso cuando algunos documentos son comunes. Las páginas dedicadas a la defensa en materia de corrupción y al blanqueo de capitales presentan estas intervenciones.
Documentos, observaciones y seguimiento
Controles de la AFA y medidas correctoras: preparar la respuesta
La Agencia Francesa Anticorrupción (Agence française anticorruption, AFA) es un servicio con competencia nacional (service à compétence nationale) cuyas funciones están definidas por el artículo 1 de la Ley Sapin II y el artículo 3 de la Ley Sapin II. El despacho identifica el fundamento del control, los requerimientos recibidos y los documentos necesarios para preparar sus respuestas.
Organizar los documentos y las comunicaciones
El artículo 4 de la Ley Sapin II regula las facultades de control, en particular la comunicación de documentos profesionales y las verificaciones in situ. Preparamos un inventario de los requerimientos, contrastamos las respuestas con los justificantes y señalamos los elementos que requieren una aclaración.
Distinguir las funciones y los reproches
El artículo 2 de la Ley Sapin II distingue al director de la agencia de la Comisión de Sanciones (commission des sanctions). El artículo 17 de la Ley Sapin II prevé, en particular, las observaciones de la empresa, el apercibimiento o la remisión a dicha comisión y las posibles consecuencias.
El examen se refiere a los hechos reprochados, su fundamento y los elementos que permiten discutir las insuficiencias alegadas en su dispositivo. Un procedimiento ante una autoridad competente en materia de PBC-FT debe identificarse por separado, según el sector afectado.
Documentar las correcciones
Una medida correctora debe poder describirse, atribuirse a un responsable y contrastarse con los elementos que acreditan su ejecución efectiva. Distinguimos las correcciones decididas, las ya aplicadas y las verificaciones que permitirán supervisar su funcionamiento en su empresa.
La corrección del dispositivo no permite prometer el archivo de los reproches ni la ausencia de sanción al término del control.
Preguntas frecuentes
Sus preguntas sobre compliance e investigaciones internas
¿Debe mi empresa implantar un programa Sapin II?
El ámbito del programa anticorrupción debe verificarse a partir de su plantilla, su volumen de negocios y su organización. El artículo 17 de la Ley Sapin II se refiere, en particular, a las sociedades que emplean al menos a 500 trabajadores y cuyo volumen de negocios supera los 100 millones de euros. Se refiere también a los grupos cuya sociedad matriz tiene su domicilio social en Francia, con al menos 500 trabajadores y un volumen de negocios consolidado superior a 100 millones de euros.
Estos criterios deben contrastarse con las cuentas y el perímetro del grupo, sin aislar artificialmente a cada sociedad de su organización real. El texto prevé también situaciones particulares, en especial para determinados organismos públicos y explotadores de instalaciones portuarias, que requieren un examen distinto.
El despacho le ayuda a establecer este perímetro y a identificar las medidas que deben implantarse o completarse. Puede preparar las cuentas, los datos de plantilla, el organigrama y los procedimientos existentes para documentar este primer análisis. La existencia de un código de conducta no basta para demostrar el cumplimiento de todas las obligaciones aplicables a su empresa.
¿Puede una empresa por debajo de los umbrales Sapin II tener obligaciones en materia de alertas?
El dispositivo de denuncia no se confunde con el programa anticorrupción previsto para las empresas incluidas en el ámbito del artículo 17 de la Ley Sapin II. El artículo 8 de la Ley Sapin II prevé, en particular, un procedimiento interno para las personas jurídicas de derecho privado que emplean al menos a 50 trabajadores. También deben examinarse las demás situaciones contempladas y las disposiciones propias de la actividad ejercida antes de concluir sobre sus obligaciones.
Una empresa situada por debajo de los umbrales del programa anticorrupción puede, por tanto, estar obligada a organizar un dispositivo de recepción y tratamiento de denuncias. La organización elegida debe examinarse con las personas competentes y tener en cuenta la consulta a los órganos de representación de los trabajadores prevista por el texto.
El despacho distingue las obligaciones aplicables, los procedimientos ya disponibles y los puntos que requieren una adaptación concreta en su organización. Examinamos, en particular, los destinatarios de las alertas, las modalidades de transmisión y el acceso a la información recabada durante su tratamiento. Los plazos reglamentarios no pueden fijarse únicamente a partir del título de su procedimiento y deben verificarse por separado.
¿Qué documentos deben prepararse para una auditoría de cumplimiento?
Los documentos útiles dependen de las actividades y de las obligaciones cuya aplicación debemos verificar en su empresa o en su grupo. Para el programa anticorrupción del artículo 17 de la Ley Sapin II, prepare el mapa de riesgos, el código de conducta, los procedimientos de alerta y los elementos relativos a los controles. Los documentos sobre la evaluación de los intermediarios, las formaciones y el seguimiento de las correcciones permiten asimismo comprender el funcionamiento del dispositivo.
Le pedimos también la información útil sobre la gobernanza, las delegaciones y los circuitos de decisión realmente seguidos en las operaciones afectadas. El objetivo es contrastar las normas escritas con las prácticas, sin deducir el cumplimiento de la mera existencia de documentos aprobados.
Para una actividad sujeta a las obligaciones de PBC-FT, el artículo L. 561-4-1 del Código Monetario y Financiero orienta el análisis de los riesgos propios de los productos, clientes, transacciones e implantaciones. Es preferible conservar las versiones disponibles y señalar los documentos que faltan antes que completar retrospectivamente los justificantes. El despacho puede entonces precisar los límites de la auditoría y distinguir las constataciones acreditadas de las verificaciones que quedan por realizar.
¿Excluye el recurso a un intermediario externo la responsabilidad de la sociedad?
Recurrir a un colaborador externo no basta para excluir toda responsabilidad de la empresa por las operaciones realizadas en su interés. El artículo 121-2 del Código Penal francés se refiere a las infracciones cometidas por cuenta de la persona jurídica por sus órganos o representantes. El análisis se centra, por tanto, en las funciones ejercidas y los circuitos de decisión, más allá del contrato celebrado con el intermediario.
En un asunto de corrupción relacionado con consultores que intervenían para un grupo, el Tribunal de Casación consideró que empleados de las filiales del grupo habían actuado como representantes de hecho de la sociedad matriz:
« representantes de hecho de esta última en razón de la existencia de la organización transversal propia del grupo y de las funciones que se les habían confiado, siendo indiferente la ausencia de vínculo jurídico y de delegación de poderes a su favor » (traducción propia) (Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-83.098).
La solución dependía de la organización y de las funciones constatadas en ese asunto; no convierte a cada prestador de servicios en representante de su cliente. El despacho examina las aprobaciones, las remuneraciones, los informes y las personas que efectivamente autorizaron o supervisaron las intervenciones. Este trabajo permite precisar los controles que deben revisarse y las cuestiones de responsabilidad que requieren un análisis distinto del programa anticorrupción.
¿Qué debemos hacer cuando recibimos una denuncia interna?
En primer lugar, hay que conservar la denuncia e identificar los hechos denunciados, las personas afectadas y las medidas ya adoptadas por su empresa. El artículo 6 de la Ley Sapin II define al denunciante (lanceur d’alerte) según unas condiciones que deben examinarse en función del contenido y del contexto. Una calificación no puede deducirse del mero uso de la palabra « alerta » (alerte) en una carta o en una entrevista.
El tratamiento debe tener en cuenta el artículo 9 de la Ley Sapin II, que protege en particular la identidad del autor de la denuncia, de las personas a las que se refiere y de los terceros mencionados. El acceso a la información y su circulación deben limitarse a lo que exija el tratamiento, respetando las excepciones legales.
El despacho puede ayudarle a definir las verificaciones útiles, las personas que deben ser oídas y los documentos que deben conservarse antes de cualquier decisión. Distinguimos la protección de las personas, la averiguación de los hechos y las posibles consecuencias disciplinarias o correctoras que deban plantearse. Una respuesta adaptada exige también identificar los posibles conflictos de intereses entre las personas encargadas de recibir o examinar la denuncia.
¿Podemos exigir al trabajador que nos alerte antes de acudir a una autoridad?
El artículo 8 de la Ley Sapin II permite una denuncia externa directa, sin imponer sistemáticamente una gestión interna previa ante su empresa. El procedimiento que usted difunde no debe, por tanto, presentar el canal interno como una etapa obligatoria en todas las situaciones. Hay que distinguir la denuncia interna, la denuncia externa y la revelación pública, cuyas condiciones no son idénticas.
El despacho examina la redacción de su procedimiento, los materiales entregados a los trabajadores y las indicaciones dadas por los responsables de las alertas. El objetivo es permitir una orientación comprensible, sin añadir una restricción que no derive del marco legal aplicable.
El artículo 13 de la Ley Sapin II sanciona la obstaculización de la transmisión de una denuncia en las condiciones que prevé. Toda reacción de la empresa debe examinarse, por tanto, antes de cualquier amenaza o actuación que pueda disuadir de transmitir la información. Le ayudamos a distinguir una petición legítima de aclaración, una medida de conservación de documentos y una intervención que podría ser impugnada. Las cuestiones de revelación pública requieren un análisis propio de las circunstancias y de la información efectivamente hecha pública.
¿Podemos sancionar a un trabajador si su alerta no se confirma?
La falta de confirmación de los hechos denunciados no basta, por sí sola, para caracterizar la mala fe de su autor. Hay que examinar por separado la denuncia, las condiciones de protección y los hechos concretos invocados para justificar una eventual sanción. El artículo L. 1132-3-3 del Código de Trabajo francés protege, en particular, la denuncia de buena fe de hechos constitutivos de un delito grave o de un delito menos grave (crime ou délit) conocidos en el ejercicio de sus funciones.
En un asunto de despido, el Tribunal de Casación precisó qué permitía apreciar la mala fe:
« la cual solo puede resultar del conocimiento de la falsedad de los hechos que denuncia y no de la mera circunstancia de que los hechos denunciados no estén acreditados » (traducción propia) (Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 21-22.301).
Esta sentencia aplicaba los textos anteriores a la reforma; no deben retomarse sus antiguas condiciones para definir el estatuto actual. El despacho verifica los documentos disponibles y la autonomía de los reproches disciplinarios respecto de la denuncia antes de preparar su decisión. Una investigación que no ha resultado concluyente no permite convertir una incertidumbre sobre los hechos en prueba de una mentira. Los motivos de gestión deben poder explicarse y documentarse con independencia de cualquier voluntad de impugnar o de disuadir una alerta.
¿Es siempre obligatoria una investigación interna tras una denuncia de acoso?
Las obligaciones de prevención y de reacción del empleador deben distinguirse de la eventual exigencia de una investigación interna formalizada en una situación determinada. El artículo L. 1153-5 del Código de Trabajo francés prevé la prevención, el cese y la sanción de los hechos de acoso sexual. No debe deducirse del debate sobre la forma de la investigación una dispensa de examinar los hechos denunciados.
En un asunto relativo a la prueba de un despido, el Tribunal de Casación anuló el razonamiento que descartaba los documentos aportados:
« cuando ninguna disposición del Código de Trabajo impone al empleador realizar una investigación interna en caso de denuncia de acoso sexual » (traducción propia) (Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-19.544).
La solución obliga a apreciar los elementos disponibles; no suprime las obligaciones del empleador respecto de las personas afectadas. El despacho examina la naturaleza de la denuncia, las pruebas ya reunidas y las verificaciones necesarias para definir una respuesta adaptada. Las entrevistas o la recopilación de documentos pueden ser útiles incluso cuando una investigación formalizada no constituye, en sí misma, una condición general. Precisamos asimismo los límites de las constataciones para no presentar una hipótesis como un hecho probado.
¿Hay que informar a la persona implicada antes de cualquier investigación interna?
La respuesta depende de las investigaciones previstas y no puede deducirse de una regla general que autorice las investigaciones secretas en la empresa. El artículo L. 1222-4 del Código de Trabajo francés regula los dispositivos de recogida de datos personales relativos a los trabajadores e impone distinguir varias situaciones. El examen de una denuncia de acoso no se confunde necesariamente con un dispositivo clandestino de vigilancia de la actividad.
En un asunto de investigación encargada a un organismo externo tras una denuncia de acoso moral (harcèlement moral), el Tribunal de Casación consideró que dicha investigación:
« no constituye una prueba desleal como procedente de un procedimiento clandestino de vigilancia de la actividad del trabajador » (traducción propia) (Cass. soc., 17 mars 2021, n° 18-25.597).
El alcance de esta solución sigue vinculado al método de investigación examinado; no permite recabar libremente cualquier información personal. El despacho le ayuda a definir las personas que deben ser oídas, los documentos útiles y las condiciones de su recogida antes de las investigaciones. Examinamos también la forma de recoger las declaraciones y los límites de la investigación para preservar una presentación fiel de los hechos. La falta de información previa no garantiza, por tanto, por sí sola, ni la regularidad ni el valor probatorio del informe.
¿Basta un informe de investigación para justificar una decisión disciplinaria?
Un informe debe examinarse junto con los elementos que lo sustentan y los demás documentos disponibles, sin tratarlo como una prueba automática. En los asuntos de acoso sexual, el artículo L. 1153-5 del Código de Trabajo francés obliga al empleador a prevenir los hechos, hacerlos cesar y sancionarlos. Esta obligación no exime de verificar los hechos invocados en apoyo de una decisión relativa a una persona determinada.
El Tribunal de Casación recordó el papel del juez en la apreciación del informe y de las pruebas complementarias:
« Corresponde a los jueces de instancia, siempre que el empleador no haya llevado a cabo investigaciones ilícitas, apreciar su valor probatorio, a la luz, en su caso, de los demás elementos de prueba aportados por las partes. » (traducción propia) (Cass. soc., 29 juin 2022, n° 21-11.437).
El Tribunal no consideraba por sí mismo definitivamente acreditados los hechos de acoso; exigía una apreciación de los elementos aportados. El despacho contrasta las conclusiones con las entrevistas, los documentos y las constataciones que permiten sostenerlas o que limitan su alcance. Distinguimos los testimonios directos, los relatos indirectos y las contradicciones que siguen sin respuesta al término de las verificaciones. Esta presentación permite discutir las posibles actuaciones posteriores sin prometer que una decisión disciplinaria será validada en caso de impugnación.
¿Podemos comunicar solo una parte de las entrevistas para proteger a las personas oídas?
La protección de las personas y el valor probatorio del expediente deben examinarse conjuntamente antes de decidir qué documentos se comunican. El artículo 9 de la Ley Sapin II organiza la confidencialidad de la información recabada en el marco de las denuncias y prevé excepciones. Esta protección no permite suponer que un informe incompleto bastará siempre para acreditar los hechos invocados en un litigio.
En un asunto en el que los reproches se habían considerado insuficientemente probados, el Tribunal de Casación señaló, en particular, este límite constatado por el tribunal de apelación:
« Constató, por último, que la investigación no se había aportado íntegramente al procedimiento, puesto que solo se presentaban cinco actas de las catorce entrevistas realizadas » (traducción propia) (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.022).
La resolución no establece una prohibición general de la anonimización; invita a examinar los documentos efectivamente sometidos al juez. El despacho identifica los elementos que faltan, los motivos de las ocultaciones y las demás pruebas que permiten sostener las constataciones del informe. Le ayudamos a distinguir las necesidades de confidencialidad de las opciones que impedirían comprender o discutir una declaración. La conservación de un expediente completo y la justificación de las restricciones deben prepararse, por tanto, desde el inicio de las investigaciones.
¿Puede nuestro plan de vigilancia recoger una lista general de riesgos?
El artículo L. 225-102-1 del Código de Comercio francés prevé un plan que incluya un mapa de riesgos destinado a identificar, analizar y jerarquizar los riesgos en el perímetro afectado. Una lista general debe, por tanto, contrastarse con sus actividades, sus implantaciones y las relaciones a las que se aplican las obligaciones. El documento debe permitir comprender las opciones de evaluación y de prevención efectivamente adoptadas por su empresa.
En un asunto relativo al contenido de un plan, el tribunal de apelación de París formuló la siguiente constatación:
« El mapa de riesgos del plan de vigilancia de 2021 se caracteriza por un nivel de generalidad demasiado elevado para cumplir este objetivo. » (traducción propia) (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 12, 17 juin 2025, n° 24/05193).
El tribunal confirmó requerimientos relativos al mapa de riesgos, la evaluación de los subcontratistas, la concertación sobre el mecanismo de alerta y el seguimiento. La apelación no se refería a las acciones de atenuación del apartado afectado; la resolución no puede, por tanto, presentarse como su validación.
El despacho examina los documentos disponibles para vincular cada riesgo con la información que lo describe y con las medidas que le dan respuesta. Este análisis distingue el contenido del plan, su aplicación y los elementos que permiten apreciar su funcionamiento en su organización.
¿Cómo responder a un requerimiento formal relativo a nuestro plan de vigilancia?
Hay que examinar los incumplimientos alegados, el perímetro del plan afectado y los documentos que permiten describir las medidas ya aplicadas. El artículo L. 225-102-1 del Código de Comercio francés prevé la posibilidad de un requerimiento judicial tras un requerimiento formal previo (mise en demeure) que no haya sido atendido en las condiciones del texto. La respuesta no debe limitarse a confirmar la existencia de un plan sin discutir las críticas formuladas concretamente.
En una resolución relativa a la admisibilidad de una acción, el tribunal de apelación de París recordó esta articulación:
« Solo después de un requerimiento formal que haya resultado infructuoso en un plazo de tres meses puede el juez ordenar al obligado por el deber de vigilancia que se ajuste a sus obligaciones. » (traducción propia) (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 12, 18 juin 2024, n° 21/22319).
Esta sentencia aplicaba la antigua numeración y no constituía una condena sobre el fondo por insuficiencia del plan de vigilancia. El tribunal buscó una correspondencia sustancial entre el requerimiento formal y la acción, sin exigir que ambos se refirieran al plan del mismo año.
El despacho contrasta las peticiones con las medidas existentes, identifica las posibles correcciones y prepara los elementos útiles para su respuesta. Los documentos deben permitir distinguir lo que ya se aplicaba de lo que se decidió tras recibir la impugnación.
¿Deben todas las empresas comunicar sus sospechas a TRACFIN?
El artículo L. 561-2 del Código Monetario y Financiero francés define las categorías de profesionales sujetos a las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Su actividad debe contrastarse primero con esta lista antes de determinar las normas de diligencia y de comunicación que le afectan. Las obligaciones de una entidad financiera no pueden trasladarse indistintamente a cualquier empresa comercial ni a cada uno de sus prestadores.
El artículo L. 561-15 del Código Monetario y Financiero regula la comunicación de operaciones sospechosas (déclaration de soupçon) por parte de los sujetos obligados y prevé situaciones que exigen un análisis documentado. El artículo L. 561-1 del Código Monetario y Financiero prevé, en su propio ámbito, una comunicación al fiscal (procureur) por parte de determinados profesionales distintos de dichos sujetos obligados.
El despacho examina su actividad, la naturaleza de las operaciones y la información disponible para identificar el régimen aplicable a su situación. Esta etapa permite distinguir una cuestión de conocimiento del cliente, un examen reforzado y las condiciones de una eventual comunicación. Un procedimiento interno debe precisar después las responsabilidades, la conservación de los elementos útiles y las restricciones de comunicación correspondientes al dispositivo aplicable.
¿Nos exime de toda comunicación el rechazo de una operación sospechosa?
El rechazo de una operación no basta para excluir las obligaciones que podrían derivarse de la información recabada durante su examen. El artículo L. 561-15 del Código Monetario y Financiero se refiere también a las tentativas, en las condiciones que prevé para los profesionales sujetos. Hay que analizar, por tanto, las circunstancias, los indicios de sospecha y la decisión adoptada, aunque finalmente no se haya producido ningún movimiento de fondos.
En un asunto relativo a una sociedad de domiciliación, el tribunal administrativo de apelación de Douai (cour administrative d’appel de Douai) mantuvo las sanciones y admitió una sustitución de la base legal:
« siempre que los interesados hayan disfrutado de las garantías que acompañan la aplicación del texto sobre cuyo fundamento debería haberse dictado la decisión. » (traducción propia) (Cour administrative d’appel de Douai, 2ème chambre, 9 avril 2025, n° 23DA00526).
La resolución recuerda también que una operación rechazada puede seguir siendo una tentativa sujeta a comunicación; no se refiere a una sanción de la AFA. El despacho examina el fundamento de los reproches, la información disponible y las garantías de las que usted disfrutó efectivamente durante el procedimiento.
La comunicación debe tener en cuenta asimismo el artículo L. 561-18 del Código Monetario y Financiero, que regula la confidencialidad de la comunicación de operaciones sospechosas. No debe confundir la explicación comercial de un rechazo con una información sobre las gestiones confidenciales que eventualmente se hayan realizado.
¿Quién puede sancionar a nuestra empresa tras un control de la AFA?
El director de la AFA y su Comisión de Sanciones ejercen funciones distintas, que deben identificarse en los documentos recibidos. El artículo 2 de la Ley Sapin II prevé esta separación; el director no puede ser miembro de la comisión ni asistir a sus sesiones. Sería, por tanto, inexacto atribuirle personalmente el conjunto de las sanciones que pueden imponerse a raíz del control.
El artículo 17 de la Ley Sapin II prevé, en particular, tras las observaciones, un apercibimiento del director o la remisión a la Comisión de Sanciones. Esta dispone de las facultades previstas por el texto, con una decisión motivada y las garantías aplicables al examen de la situación. El despacho estudia los reproches, las respuestas ya aportadas y los justificantes que permiten discutir las insuficiencias reprochadas al dispositivo.
Hay que distinguir también este procedimiento de los controles ejercidos por las autoridades competentes en materia de PBC-FT según el sector afectado. Una resolución dictada contra una entidad financiera no prueba, por sí sola, la solución aplicable ante la Comisión de Sanciones de la AFA. Preparamos su respuesta a partir de la autoridad que conoce del asunto y del fundamento efectivamente invocado.
¿Basta la corrección de las deficiencias para evitar una sanción?
Una corrección debe documentarse, pero no permite prometer el archivo de los reproches ni la ausencia de sanción por parte de la autoridad competente. El artículo L. 561-32 del Código Monetario y Financiero prevé una organización, unos procedimientos y unos controles internos adaptados a las actividades de los profesionales sujetos. Hay que distinguir la decisión de corregir, la ejecución de las medidas y la verificación de su aplicación en las operaciones afectadas.
En un asunto sometido al control de la Autoridad de Control Prudencial y de Resolución (ACPR), el Consejo de Estado (Conseil d’État) recordó la necesidad:
« no solo de definir, sin demora, las medidas adecuadas para remediar esa disfunción o ese riesgo, sino también de velar por su aplicación y por su cumplimiento. » (traducción propia) (Conseil d’État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 novembre 2019, n° 428292).
La resolución se refería a deficiencias en la congelación de activos (gel des avoirs) en una entidad bancaria; no define el régimen de todas las empresas. El despacho le ayuda a acreditar las medidas adoptadas, los responsables designados y los documentos que permiten verificar su ejecución. Distinguimos las dificultades constatadas durante el control, las correcciones introducidas después y las verificaciones que quedan por realizar. Esta trazabilidad permite presentar una situación exacta a la autoridad, sin atribuir a las nuevas medidas un efecto automático sobre los incumplimientos anteriores.
¿Protege también a los directivos un acuerdo judicial de interés público?
El acuerdo judicial de interés público (convention judiciaire d’intérêt public, CJIP) se refiere a una persona jurídica, para las infracciones y en las condiciones previstas por el artículo 41-1-2 del Código de Procedimiento Penal francés (Code de procédure pénale). Su existencia no permite considerar que los representantes legales queden personalmente sustraídos a toda responsabilidad por los hechos afectados. Los intereses y los encargos de la sociedad y de los directivos deben examinarse, por tanto, por separado antes de definir una posición.
La propuesta corresponde al fiscal (procureur de la République) y no constituye un derecho automático para la empresa que desee acogerse a este procedimiento. La validación judicial no implica una declaración de culpabilidad ni tiene los efectos de una condena, en las condiciones previstas por el texto. No obstante, hay que analizar las obligaciones previstas, su ejecución y las consecuencias del procedimiento para las distintas personas afectadas.
El programa de cumplimiento previsto en este marco debe distinguirse de la pena mencionada en el artículo 131-39-2 del Código Penal francés. El despacho examina los documentos disponibles y las cuestiones de cumplimiento sin prometer que se propondrá o validará un acuerdo. Sigue siendo necesario un análisis propio de cada persona para apreciar las posibles consecuencias del expediente.
Fuentes y páginas relacionadas
Textos oficiales y páginas relacionadas
Las referencias que figuran a continuación corresponden a las cuestiones tratadas en esta página; cada resolución está vinculada al pasaje que precisa su alcance. El marco aplicable depende de su actividad, de su organización y de los hechos sometidos a nuestro examen.
Otros ámbitos de actuación del despacho
¿Una cuestión de cumplimiento normativo en su empresa?
Presente su actividad, las dificultades encontradas y los documentos disponibles. El despacho examina las obligaciones aplicables y las condiciones de su intervención para su empresa.