Despacho Kohen Avocats — Derecho inmobiliario
Abogado de comunidad de propietarios en París: defender al copropietario
Junta general, gastos, obras, administrador de fincas y siniestros: nuestro abogado de comunidad de propietarios defiende a los copropietarios y a las comunidades de propietarios (syndicats de copropriétaires) en París y en Île-de-France.
¿Ha recibido el acta de la junta? Envíenosla con la prueba de su notificación: el plazo para actuar es de dos meses.
Comunidad de propietarios · París
Actuar dentro de plazo
Envíe el acta, los estatutos de la comunidad (règlement de copropriété) y los recibos de gastos a nuestro despacho de abogados de derecho inmobiliario en París para un primer análisis escrito.
2 meses
para impugnar
un acuerdo de la junta general
Kohen Avocats, distrito 16 de París
Su asunto de comunidad de propietarios
Derecho de la comunidad de propietarios · distrito 16 de París
Defender al copropietario frente a la comunidad y al administrador de fincas
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- Copropietarios y comunidades
Una comunidad de propietarios funciona mediante decisiones colectivas. El régimen fijado por la ley de 10 de julio de 1965 (loi du 10 juillet 1965) reconoce a cada copropietario derechos precisos: usar libremente su unidad privativa (lot), impugnar un acuerdo de la junta general, discutir el reparto de los gastos y obtener reparación de un daño procedente de los elementos comunes. Estos derechos suelen ejercerse en plazos breves. El plazo para impugnar un acuerdo de la junta es de dos meses (artículo 42 de la ley de 10 de julio de 1965).
El despacho de abogados interviene a favor de los copropietarios y de las comunidades que deben cobrar gastos o hacer cesar un perjuicio a los elementos comunes. El estudio comienza por los estatutos de la comunidad, la convocatoria, el acta y los recibos de gastos. Llame al despacho al +33 6 89 11 34 45 o envíe estos documentos mediante el formulario para un primer análisis escrito.
Ficha oficial en el directorio de abogados de Francia (CNB)Despacho en 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
Impugnar un acuerdo
Verificar la convocatoria, las mayorías y el acta, y actuar antes de que expire el plazo de dos meses.
Discutir los gastos
Controlar el reparto, las peticiones de fondos, los gastos de cobro y el procedimiento iniciado por el administrador de fincas.
Obtener reparación
Exigir la responsabilidad de la comunidad por un daño procedente de los elementos comunes, o la del administrador de fincas.
Junta general
Impugnar un acuerdo en el plazo de dos meses
Solo pueden actuar los copropietarios que votaron en contra o no asistieron ni estuvieron representados (opposants ou défaillants), bajo pena de caducidad, en los dos meses siguientes a la notificación del acta (artículo 42 de la ley de 10 de julio de 1965). El administrador de fincas debe notificar esta acta en el mes siguiente a la junta.
2 meses
para actuar tras la notificación del acta
1 mes
para el administrador de fincas, a contar desde la junta
Opositor
o ausente: únicos con legitimación para actuar
El punto de partida
Notificación electrónica como regla
La ley convierte la vía electrónica en el modo normal de notificación (artículo 42-1 de la ley de 10 de julio de 1965). No se trata de un correo electrónico ordinario: la notificación emplea uno de los procedimientos regulados en el artículo 64 del decreto de 17 de marzo de 1967, y el plazo empieza a correr el día siguiente a aquel en que el prestador cualificado de servicios de confianza transmite el aviso que informa al destinatario del envío. El copropietario puede pedir en cualquier momento que se le notifique por correo postal; la solicitud surte efecto el día siguiente al octavo día posterior a su recepción por el administrador de fincas, o el mismo día si se formula en la junta y se hace constar en el acta (artículo 64-4 del decreto de 17 de marzo de 1967). La carta certificada postal sigue siendo posible cuando el copropietario ha pedido recibir las notificaciones por correo; el plazo corre desde el día siguiente a la primera presentación en el domicilio (artículo 64-1 del decreto de 17 de marzo de 1967). La notificación indica los resultados de la votación y reproduce el párrafo segundo del artículo 42 (artículo 18 del decreto de 17 de marzo de 1967).
Los motivos
Qué permite obtener la anulación
Un acuerdo puede anularse por una irregularidad en la convocatoria, en la votación o en la celebración de la junta, por una mayoría distinta de la exigida por la ley, por extralimitación de poderes (excès de pouvoir) o por abuso de mayoría. No basta cualquier defecto formal: un error en el acta o en la hoja de asistencia no conlleva necesariamente la nulidad si puede reconstruirse el sentido del voto y su resultado no se ve afectado (artículo 17-1 del decreto de 17 de marzo de 1967). La regla de mayoría depende del objeto: mayoría de los votos emitidos para la gestión corriente (artículo 24), mayoría de los votos de todos los copropietarios, en particular para las obras de un copropietario en los elementos comunes (artículo 25), y doble mayoría para modificar el reglamento en lo relativo al disfrute, uso o administración de los elementos comunes (artículo 26, b). Una segunda votación con una mayoría menor puede ser válida en las condiciones de los artículos 25-1 y 26-1.
Las obras aprobadas
Ejecución suspendida durante el plazo
Salvo urgencia, la ejecución por el administrador de fincas de las obras acordadas con arreglo a los artículos 25 y 26 queda suspendida hasta que expire el plazo de dos meses (artículo 42, párrafo 3 de la ley de 10 de julio de 1965). La citación judicial (assignation) no prolonga, por sí sola, esta suspensión: si las obras deben detenerse durante el proceso, procede estudiar una medida judicial.
« Al no distinguir la ley, según que el pliego certificado sea o no retirado por su destinatario, para fijar el punto de partida del plazo de dos meses para impugnar los acuerdos de una junta general de copropietarios, dicho plazo corre, en todos los casos, desde el día siguiente a la primera presentación, en el domicilio del destinatario, de la carta certificada de notificación del acta de la junta general » (traducción propia)
Cass. 3e civ., 16 avril 2026, n° 24-18.842, § 7
Esta sentencia se dictó bajo la antigua redacción del artículo 64 del decreto, que hacía de la carta certificada el modo ordinario de notificación. La regla que aplica se recoge, para la vía postal, en el vigente artículo 64-1: una carta que no se retira no retrasa el plazo.
El abuso de mayoría requiere una demostración. Según el tribunal de apelación de París (cour d'appel de Paris), « consiste en utilizar la mayoría en un interés distinto del interés colectivo o contrario a este, ya sea en un interés personal, en el interés exclusivo del grupo mayoritario en perjuicio del grupo minoritario, rompiendo el equilibrio entre los copropietarios o con intención de perjudicar » (traducción propia) (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 8 novembre 2023, n° 21/11928). Corresponde a quien lo invoca acreditarlo; la comunidad puede oponer motivos serios y legítimos como prueba en contrario.
Gastos y cobro
Discutir los gastos y su cobro
Los gastos de los servicios colectivos y de los elementos de equipamiento común, cuando no están individualizados, se reparten según su utilidad objetiva para cada unidad; los de conservación, mantenimiento y administración de los elementos comunes, en proporción a los valores relativos de las partes privativas (artículo 10 de la ley de 10 de julio de 1965).
El reparto
Hacer constatar una cláusula irregular
Una cláusula de reparto contraria al artículo 10 se tiene por no puesta (réputée non écrite). El juez procede entonces por sí mismo a un nuevo reparto, que surte efecto el primer día del ejercicio siguiente a la decisión firme (artículo 43 de la ley de 10 de julio de 1965). El Tribunal de Casación (Cour de cassation) admite que cualquier copropietario o la comunidad pueda « en todo momento » hacer constatar esta disconformidad (traducción propia) (Cass. 3e civ., 10 septembre 2020, n° 19-17.045, § 8).
La recaudación
Un procedimiento acelerado para la comunidad
Si no se paga a su vencimiento una provisión del presupuesto previsional, y tras un requerimiento de pago que haya quedado sin efecto durante treinta días, las demás provisiones aún no vencidas y las sumas pendientes de ejercicios anteriores, una vez aprobadas las cuentas, pasan a ser inmediatamente exigibles; el mecanismo se aplica también a las cuotas del fondo de obras. El presidente del tribunal judicial (tribunal judiciaire), por el procedimiento acelerado sobre el fondo (procédure accélérée au fond), constata la aprobación del presupuesto, de las obras o de las cuentas y el impago del copropietario, y lo condena (artículo 19-2 de la ley de 10 de julio de 1965).
« el juez debe, por una parte, no anular, sino tener por no puesta esa cláusula y, por otra, proceder a un nuevo reparto de los gastos fijando él mismo todas las modalidades que imponga el respeto de las disposiciones de orden público » (traducción propia)
Cass. 3e civ., 25 janvier 2024, n° 22-22.036, § 8
Los costes
Qué puede imputarse únicamente al copropietario
Los gastos necesarios para el cobro de un crédito justificado, en particular los de requerimiento, de recordatorio y de constitución de hipoteca a partir del requerimiento, son imputables únicamente al copropietario afectado (artículo 10-1 de la ley de 10 de julio de 1965). Por tanto, la liquidación debe comprobarse línea por línea: un crédito no justificado no activa este mecanismo.
La defensa
Lo que no resuelve el juez del procedimiento acelerado
Cuando conoce en virtud del artículo 19-2, el presidente del tribunal solo puede resolver dentro de los límites de ese texto. El Tribunal de Casación lo recordó respecto de una demanda reconvencional ajena a este procedimiento: « no puede conocer, a este título, de una demanda reconvencional que no entra en el ámbito de aplicación del procedimiento acelerado sobre el fondo » (traducción propia) (Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-10.778, § 10). La estrategia se construye en consecuencia: impugnación de la liquidación en ese proceso y acción distinta para el resto.
Si gana el procedimiento
No pagar su parte de las costas del proceso
El copropietario cuya pretensión se declara fundada en un proceso contra la comunidad queda dispensado, aunque no lo haya pedido, de participar en el gasto común de las costas del procedimiento, salvo decisión en contrario del juez fundada en la equidad o en la situación económica de las partes (artículo 10-1, dos últimos párrafos de la ley de 10 de julio de 1965).
Los documentos que debe enviar al despacho
- Estatutos de la comunidad y descripción de la división (état descriptif de division), con sus modificaciones.
- Convocatoria y acta de la junta, con la prueba y la fecha de la notificación.
- Peticiones de fondos, extracto de la cuenta del copropietario y liquidación reclamada.
- Requerimientos, citación judicial o auto ya recibidos.
- Comunicaciones con el administrador de fincas y con el consejo de la comunidad (conseil syndical).
- Fotos, actas de constatación de un agente judicial y presupuestos cuando estén en juego un daño u obras.
Obras y elementos comunes
Hacer obras o impugnarlas
Salvo régimen especial, las obras realizadas a costa de un copropietario que afectan a los elementos comunes o al aspecto exterior del edificio, y que son conformes a su destino, requieren la autorización de la junta, por mayoría de los votos de todos los copropietarios (artículo 25, b de la ley de 10 de julio de 1965). Aparato de aire acondicionado en fachada, bomba de calor, apertura de un muro de carga, ventana de tejado: la cuestión se plantea antes de empezar.
Autorización denegada
Acudir al tribunal
Artículo 30, párrafo 4
Cuando la junta deniega la autorización del artículo 25, b, el tribunal judicial (tribunal judiciaire) puede autorizar al copropietario a ejecutar obras de mejora, en las condiciones que el tribunal fije (artículo 30 de la ley de 10 de julio de 1965). El expediente técnico aportado al proceso es determinante: planos, memoria, dictamen de un profesional, garantías para el edificio.
Obras sin autorización
El riesgo de una orden de restitución
El plazo depende de la naturaleza de la acción
La comunidad puede pedir la restitución de los elementos comunes afectados. El Tribunal de Casación (Cour de cassation) distinguió la intromisión en los elementos comunes, que da lugar a una acción personal, de su apropiación (Cass. 3e civ., 16 avril 2026, n° 24-20.769, § 7). Las acciones personales entre copropietarios, o entre un copropietario y la comunidad, prescriben hoy en las condiciones del artículo 2224 del Código Civil francés (Code civil), al que remite el artículo 42, párrafo 1 de la ley de 10 de julio de 1965, sin perjuicio del derecho transitorio para las situaciones antiguas: la sentencia citada aplica todavía el antiguo plazo de diez años.
« Solo puede negarse a autorizar las obras si son contrarias al destino del edificio o si vulneran los derechos de los demás copropietarios » (traducción propia)
TJ Paris, 8e ch., 3e sect., 2 juillet 2026, n° 25/00058
En este asunto, el tribunal de París recuerda también que resuelve a la vista de los documentos aportados ante él, y no de los presentados en la junta. Añade que la comunidad, que no tiene que motivar su negativa en el acta, debe justificarla en el proceso.
Las obras colectivas
Cuando la comunidad interviene en su unidad
Un copropietario no puede oponerse a las obras de interés colectivo regularmente votadas, aun cuando afecten a sus partes privativas, si el destino, la composición o el disfrute de la unidad no se alteran de manera duradera. Si existe otra solución que no afecte a la parte privativa, solo pueden imponerse si las circunstancias lo justifican. Estas obras deben notificarse con al menos ocho días de antelación, salvo imperativo de seguridad o de conservación. El copropietario que sufra una disminución definitiva del valor de su unidad, una perturbación grave del disfrute, aunque sea temporal, o desperfectos tiene derecho a una indemnización (artículo 9 de la ley de 10 de julio de 1965).
La mayoría
Mantenimiento, conservación o mejora
Las obras necesarias para la conservación del edificio se votan por mayoría de los votos emitidos (artículo 24, II, a de la ley de 10 de julio de 1965); las obras de transformación, adición o mejora, por mayoría de los votos de todos los copropietarios (artículo 25, n de la ley de 10 de julio de 1965), sin perjuicio de las obras que la ley somete a una mayoría especial. Si el proyecto ha reunido al menos un tercio de los votos de todos los copropietarios, es posible una segunda votación inmediata con la mayoría del artículo 24 (artículo 25-1 de la ley de 10 de julio de 1965). Una resolución adoptada con una mayoría insuficiente puede impugnarse en el plazo de dos meses.
Uso de la unidad y destino del edificio
Alquilar, explotar o transformar su unidad
Cada copropietario usa libremente sus partes privativas, sin vulnerar los derechos de los demás ni el destino del edificio (artículo 9 de la ley de 10 de julio de 1965). El reglamento no puede imponer más restricciones que las justificadas por ese destino, tal como lo definen los títulos, las características o la situación del edificio (artículo 8 de la ley de 10 de julio de 1965).
Viviendas amuebladas de uso turístico
Una prohibición por la doble mayoría del artículo 26
La modificación del reglamento que prohíbe el alquiler como vivienda amueblada de uso turístico (meublé de tourisme) de las unidades de vivienda distintas de la residencia principal puede votarse con la mayoría del artículo 26, sin perjuicio de la segunda votación del artículo 26-1. Solo es posible si el reglamento ya prohíbe toda actividad comercial en las unidades que no son específicamente comerciales (artículo 26, d de la ley de 10 de julio de 1965). La redacción del reglamento es, por tanto, lo primero que hay que leer.
Destino
Lo que la junta no puede imponer
La junta no puede, con ninguna mayoría, imponer a un copropietario una modificación del destino de sus partes privativas ni de las modalidades de su disfrute tal como resultan del reglamento, sin perjuicio de los regímenes legales especiales, como el de las viviendas amuebladas de uso turístico (artículo 26 de la ley de 10 de julio de 1965). Para apreciar una vulneración del destino, el juez debe verificar las estipulaciones del reglamento invocadas y caracterizar la vulneración a la vista de las características o de la situación del edificio (Cass. 3e civ., 4 décembre 2025, n° 24-15.587, § 11).
El cambio de destino de un local distinto de vivienda a vivienda se somete a la junta, con la mayoría del artículo 24, cuando contraviene el destino del edificio, salvo para los locales comerciales (artículo 9, I de la ley de 10 de julio de 1965). Antes de comprar o acondicionar una unidad de este tipo, deben examinarse conjuntamente el reglamento y la descripción de la división (état descriptif de division).
Administrador, comunidad y siniestros
Un daño, una gestión deficiente: ¿quién responde?
La comunidad de propietarios (syndicat des copropriétaires) es responsable de los daños causados a los copropietarios o a terceros que tengan su origen en los elementos comunes, sin perjuicio de sus acciones de repetición (artículo 14 de la ley de 10 de julio de 1965). Daños por agua procedentes de una bajante, filtraciones por el tejado, grietas: es el primer fundamento que hay que examinar.
« si una cláusula del reglamento de la comunidad puede poner a cargo del copropietario que disfruta en exclusiva de un elemento común una obligación de mantenimiento de este, no puede tener por efecto exonerar a la comunidad de propietarios de esa responsabilidad de pleno derecho, sin perjuicio de sus acciones de repetición » (traducción propia)
Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-20.973, § 10
La sentencia se refería a una cubierta-terraza de uso exclusivo de una unidad y aplicaba la redacción del artículo 14 anterior a la ordenanza de 30 de octubre de 2019. El texto vigente se refiere a los daños « que tengan su origen en los elementos comunes » (traducción propia).
El administrador de fincas
Sus obligaciones y su responsabilidad
El administrador de fincas (syndic) ejecuta el reglamento y los acuerdos, administra el edificio, vela por su conservación y, en caso de urgencia, hace ejecutar por sí mismo las obras necesarias para su salvaguarda (artículo 18 de la ley de 10 de julio de 1965). El incumplimiento de estas obligaciones puede comprometer su responsabilidad frente a la comunidad y, cuando causa un perjuicio personal, frente a un copropietario.
Cambiar de administrador
Rescindir o sustituir
La sustitución del administrador de fincas al vencimiento de su contrato y la rescisión anticipada por incumplimiento suficientemente grave siguen procedimientos distintos. La rescisión solicitada por el consejo de la comunidad exige una solicitud motivada de inclusión en el orden del día que precise los incumplimientos imputados (artículo 18, VII y VIII de la ley de 10 de julio de 1965); si el administrador incurre en carencia y el reglamento no contiene cláusula al respecto, puede designarse por resolución judicial un administrador ad hoc (artículo 18, V de la ley de 10 de julio de 1965). El nombramiento o la revocación del administrador se vota con la mayoría del artículo 25, c.
Actuar contra el administrador de fincas
Quién puede actuar en nombre de la comunidad
En caso de carencia o inacción del administrador de fincas, el presidente del consejo de la comunidad (conseil syndical) puede actuar contra él para obtener reparación del perjuicio de la comunidad, por delegación expresa de la junta (artículo 15 de la ley de 10 de julio de 1965; artículo 25, i). Si no hay consejo de la comunidad, la acción corresponde a uno o varios copropietarios que representen al menos una cuarta parte de los votos. El copropietario puede, por su parte, actuar por su perjuicio personal.
Preguntas frecuentes
Sus preguntas sobre la comunidad de propietarios
¿Cuál es el plazo para impugnar una junta general de una comunidad de propietarios?
Dos meses a contar desde la notificación del acta, bajo pena de caducidad (artículo 42 de la ley de 10 de julio de 1965). El administrador de fincas debe notificar el acta en el mes siguiente a la junta. La notificación se hace, por regla general, por vía electrónica (artículo 42-1 de la ley de 10 de julio de 1965), mediante un procedimiento regulado y no por un simple correo electrónico; el plazo corre entonces desde el día siguiente a la transmisión del aviso electrónico por el prestador (artículo 64 del decreto de 17 de marzo de 1967). Si usted ha pedido la vía postal, y una vez que esa solicitud ha surtido efecto (artículo 64-4 del decreto de 17 de marzo de 1967), corre desde el día siguiente a la primera presentación de la carta certificada, aunque usted no la retire (artículo 64-1 del decreto de 17 de marzo de 1967).
La acción se ejercita mediante citación ante el tribunal judicial (tribunal judiciaire). Una carta al administrador de fincas no lo interrumpe. Envíe el acta y la prueba de su notificación en cuanto las reciba: el despacho verifica la regularidad de la notificación y calcula el vencimiento.
¿Quién puede pedir la anulación de un acuerdo de la junta general?
El texto reserva la acción a los copropietarios opositores o ausentes (artículo 42 de la ley de 10 de julio de 1965). Es opositor quien ha votado en sentido contrario al acuerdo adoptado: voto en contra de una resolución aprobada, o voto a favor de un proyecto rechazado. El ausente no estaba presente ni representado y no votó por correspondencia. Quien votó a favor de una resolución aprobada no puede, en principio, pedir su anulación por esta vía. Existe una excepción: quien votó favorablemente por correspondencia una resolución modificada en la sesión se equipara a un ausente para esa resolución (artículo 17-1 A de la ley de 10 de julio de 1965).
La legitimación se verifica resolución por resolución, a partir del acta y de la hoja de asistencia. La notificación debe indicar los resultados de la votación (artículo 18 del decreto de 17 de marzo de 1967): sobre ese documento el despacho controla su situación antes de ejercitar la acción.
¿Por qué motivos puede anularse un acuerdo de la junta general?
Los motivos atañen a la forma o al fondo: convocatoria irregular, asunto ausente del orden del día, mayoría inferior a la exigida, acuerdo que excede las facultades de la junta, abuso de mayoría. Un defecto formal del acta no conlleva necesariamente la nulidad si puede reconstruirse el sentido del voto (artículo 17-1 del decreto de 17 de marzo de 1967). Cada acuerdo tiene su regla de mayoría: artículo 24 para la gestión corriente, artículo 25 en particular para las obras de un copropietario en los elementos comunes, artículo 26, b para la modificación del reglamento relativa al disfrute, uso o administración de los elementos comunes, con las segundas votaciones de los artículos 25-1 y 26-1.
El abuso de mayoría debe demostrarse: supone un acuerdo adoptado en un interés contrario al interés colectivo, o en el solo interés del grupo mayoritario en perjuicio de los demás, o con intención de perjudicar; la comunidad puede oponer motivos serios y legítimos (CA Paris, 8 novembre 2023, n° 21/11928). El desacuerdo sobre la oportunidad de un acuerdo no basta.
¿Se puede impugnar el reparto de los gastos de la comunidad de propietarios?
Sí. Una cláusula de reparto contraria al artículo 10 de la ley de 10 de julio de 1965 se tiene por no puesta, y el juez procede entonces a un nuevo reparto (artículo 43). El Tribunal de Casación admite que esta disconformidad pueda constatarse en cualquier momento, ya provenga la cláusula del reglamento, de una modificación o de un acuerdo de la junta (Cass. 3e civ., 10 septembre 2020, n° 19-17.045). El juez debe fijar él mismo el nuevo reparto (Cass. 3e civ., 25 janvier 2024, n° 22-22.036).
El nuevo reparto surte efecto el primer día del ejercicio contable siguiente a la decisión firme: por sí mismo, no permite cuestionar los gastos de ejercicios pasados. El estudio abarca el reglamento, la descripción de la división (état descriptif de division) y sus modificaciones, con el cálculo de las cuotas de participación (tantièmes).
El administrador de fincas me reclama gastos impagados y costes: ¿qué hacer?
Primero hay que verificar la liquidación: peticiones de fondos aprobadas, pagos ya realizados, costes añadidos. Solo los gastos necesarios para el cobro de un crédito justificado, a partir del requerimiento, son imputables al copropietario afectado (artículo 10-1 de la ley de 10 de julio de 1965). Los gastos de recordatorio anteriores al requerimiento o no justificados pueden discutirse.
Si una provisión del presupuesto previsional no se paga a su vencimiento y un requerimiento queda sin efecto durante treinta días, la comunidad puede obtener del presidente del tribunal, por el procedimiento acelerado sobre el fondo, la condena al pago de las provisiones y sumas exigibles (artículo 19-2 de la ley de 10 de julio de 1965). Este juez resuelve dentro de los límites de ese texto (Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-10.778). Envíe el requerimiento y la citación sin demora: la fecha de la audiencia suele estar próxima.
La junta ha denegado mis obras (aire acondicionado, ventana de tejado): ¿qué recursos hay?
Salvo régimen especial, las obras que afectan a los elementos comunes o al aspecto exterior del edificio exigen la autorización de la junta con la mayoría del artículo 25, b de la ley de 10 de julio de 1965, con una posible segunda votación (artículo 25-1). En caso de denegación, el copropietario puede pedir al tribunal judicial la autorización para ejecutar obras de mejora (artículo 30, párrafo 4 de la ley de 10 de julio de 1965). Al haber votado a favor de un proyecto rechazado, es opositor respecto de esa denegación y también puede impugnarla en los dos meses, en particular por abuso de mayoría.
El tribunal de París recuerda que la junta solo puede denegar la autorización si las obras son contrarias al destino del edificio o vulneran los derechos de los demás copropietarios (TJ Paris, 2 juillet 2026, n° 25/00058). El expediente técnico es decisivo. Instalar primero y pedir después expone a una demanda de restitución.
Un copropietario ha realizado obras en los elementos comunes sin autorización: ¿qué puede hacer la comunidad?
La comunidad puede ejercitar una acción de restitución. El plazo depende de la naturaleza de la acción: el Tribunal de Casación (Cour de cassation) distingue la intromisión en los elementos comunes, que da lugar a una acción personal, de su apropiación (Cass. 3e civ., 16 avril 2026, n° 24-20.769). Las acciones personales entre copropietarios, o entre un copropietario y la comunidad, se rigen por el artículo 2224 del Código Civil francés (Code civil), por remisión del artículo 42, párrafo 1 de la ley de 10 de julio de 1965: cinco años desde el día en que el titular del derecho conoció o debió conocer los hechos, sin perjuicio del derecho transitorio para las situaciones antiguas.
La acción supone, en principio, un acuerdo de la junta que autorice al administrador de fincas a actuar, actas de constatación fechadas y una identificación precisa de las obras. El copropietario afectado puede buscar una ratificación por la junta, sin garantía de resultado. La autorización judicial del artículo 30 se refiere a obras de mejora que se vayan a emprender tras una denegación: no regulariza obras ya ejecutadas.
Un daño por agua procede de los elementos comunes: ¿quién es responsable?
La comunidad de propietarios responde de los daños causados a los copropietarios o a terceros que tengan su origen en los elementos comunes, sin perjuicio de sus acciones contra un responsable (artículo 14 de la ley de 10 de julio de 1965). Una cláusula del reglamento que encomiende el mantenimiento de un elemento común al copropietario que lo disfruta en exclusiva no la exonera de esta responsabilidad (Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-20.973).
El primer paso es determinar el origen del siniestro: informe de búsqueda de fugas, acta de constatación, peritaje del seguro. La indemnización se discute después con la comunidad y su aseguradora, y ante el tribunal si es necesario, eventualmente tras un peritaje judicial.
¿Puede la comunidad de propietarios prohibir el alquiler de mi apartamento en Airbnb?
La modificación del reglamento que prohíbe el alquiler como vivienda amueblada de uso turístico (meublé de tourisme) de las unidades de vivienda distintas de la residencia principal se vota con la mayoría del artículo 26 de la ley de 10 de julio de 1965, es decir, la mayoría de los miembros que representen al menos dos tercios de los votos, con la segunda votación prevista en el artículo 26-1. Solo es posible si el reglamento ya prohíbe toda actividad comercial en las unidades que no son específicamente comerciales.
Fuera de este supuesto, la cuestión depende del destino del edificio y de las cláusulas del reglamento (artículo 9 de la ley de 10 de julio de 1965). Una resolución de prohibición votada fuera de estas condiciones puede impugnarse en el plazo de dos meses. Envíe el reglamento completo y la convocatoria de la junta de que se trate.
¿Cómo cambiar de administrador de fincas o actuar contra un administrador deficiente?
El nombramiento y la revocación del administrador de fincas se votan con la mayoría del artículo 25 de la ley de 10 de julio de 1965. La sustitución al vencimiento del contrato no supone falta alguna. La rescisión anticipada exige un incumplimiento suficientemente grave y un procedimiento que pasa por el orden del día de una junta, con una solicitud motivada cuando proviene del consejo de la comunidad; si el administrador incurre en carencia y el reglamento no contiene cláusula al respecto, el juez puede designar un administrador ad hoc (artículo 18 de la ley de 10 de julio de 1965).
En caso de carencia o inacción del administrador de fincas, el presidente del consejo de la comunidad puede actuar contra él para obtener reparación del perjuicio de la comunidad, por delegación expresa de la junta (artículo 15 de la ley de 10 de julio de 1965); sin consejo de la comunidad, pueden actuar copropietarios que representen al menos una cuarta parte de los votos. Un copropietario puede actuar por su perjuicio personal. El despacho empieza por leer el contrato del administrador y las actas.
¿Cuánto cuesta un abogado de derecho de comunidades de propietarios?
Los honorarios se fijan mediante un convenio escrito, salvo las excepciones previstas por la ley (artículo 10 de la ley de 31 de diciembre de 1971). El convenio precisa el importe o el modo de cálculo de los honorarios, las diligencias previstas, así como los gastos y suplidos previstos. El importe depende del procedimiento: impugnación de una junta, defensa en un procedimiento de cobro, peritaje o acción de responsabilidad.
El despacho ofrece un primer análisis escrito de su expediente por 80 € IVA incluido, a partir de los documentos enviados mediante el formulario. Indica los plazos aplicables, los puntos que impugnar y los pasos posibles. No puede garantizarse ningún resultado judicial.
¿Dónde obtener un primer asesoramiento sobre un litigio de comunidad de propietarios?
Para una información general, las agencias departamentales de información sobre la vivienda (ADIL) orientan sin coste alguno sobre las normas de la comunidad de propietarios. El consejo de la comunidad también puede trasladar una pregunta al administrador de fincas. Estas gestiones no suspenden el plazo de dos meses para impugnar un acuerdo de la junta.
En cuanto se le notifique un acuerdo, llegue un requerimiento o una citación judicial, o deba indemnizarse un siniestro, el análisis de sus documentos por un abogado permite fijar el plazo que corre y el procedimiento adecuado. El formulario del despacho permite enviar estos documentos de una sola vez.
Fuentes y páginas relacionadas
Textos oficiales y páginas relacionadas
Principales textos citados, verificados en su versión vigente a 20 de octubre de 2026: ley n.º 65-557 de 10 de julio de 1965, decreto n.º 67-223 de 17 de marzo de 1967 y Código Civil francés.
Para profundizar
Página actualizada el 20 de octubre de 2026. Las normas aplicables deben volver a comprobarse a la fecha de su situación.
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Póngase en contacto con el despacho. Envíe el acta, el reglamento de la comunidad y las cartas recibidas, con la fecha de notificación.