Despacho Kohen Avocats — Defensa penal
Abogado de abuso sexual infantil en París: denuncia e indemnización
El despacho de abogados acompaña al menor y examina su representación legal, la denuncia, las garantías de su declaración y las solicitudes de reparación, en París y en la región de Île-de-France.
¿Su hijo ha revelado hechos de carácter sexual? Indique el peligro actual, las gestiones ya iniciadas y cualquier citación recibida.
Menor víctima · París
Preparar los próximos pasos
Exponga los hechos y los documentos disponibles a nuestro despacho de abogados penalistas en París para examinar la protección, el procedimiento y la reparación.
Menores
protección
y representación
Despacho Kohen Avocats, distrito 16 de París
Acompañar al menor víctima de abuso sexual
Defensa de menores víctimas · distrito 16 de París
Un abogado para el menor víctima de abuso sexual
- Colegio de Abogados de París
- Menores víctimas
- Denuncia y protección
- París e Île-de-France
Cuando un menor revela hechos de carácter sexual, el despacho de abogados examina su protección, las gestiones ya iniciadas y las personas facultadas para defender sus intereses. Distingue la presentación de la denuncia, que recibe la policía o la gendarmería, de la representación del menor en el procedimiento. Si sus intereses no están plenamente protegidos por sus representantes legales o por uno de ellos, debe designarse un administrador ad hoc (administrateur ad hoc) en las condiciones del artículo 706-50 del Código de Procedimiento Penal francés (Code de procédure pénale).
El despacho le acompaña para exponer los hechos, reunir los documentos, verificar la calificación jurídica y la prescripción, y preparar después las solicitudes de reparación. Desde el primer intercambio precisa si interviene en nombre del menor o de un progenitor que reclama la reparación de su propio perjuicio: estas solicitudes deben distinguirse (artículo 2 del Código de Procedimiento Penal). Puede enviar las resoluciones, citaciones y documentos ya disponibles, o llamar al +33 6 89 11 34 45 para exponer la situación.
Ficha oficial en el directorio de abogados de Francia (CNB)Despacho en 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
Protección
Identificar el peligro señalado, las resoluciones en materia de familia y las necesidades de representación del menor.
Procedimiento
Ordenar la cronología, verificar los textos aplicables en las fechas de los hechos y preparar la denuncia.
Reparación
Documentar las consecuencias para el menor y examinar las condiciones de una solicitud ante la Comisión de Indemnización a las Víctimas de Infracciones (CIVI).
Calificación y penas aplicables
¿Qué hechos y qué penas prevé la ley?
Antes de retener una infracción deben precisarse la edad del menor, la del autor, los actos descritos y su fecha.
Actos y consentimiento
Identificar la calificación exacta
La expresión abuso sexual abarca varias infracciones. El artículo 222-22 del Código Penal francés (Code pénal) define la agresión sexual (agression sexuelle) como un acto sexual no consentido o, en los casos previstos por la ley, un acto cometido por un mayor de edad sobre un menor. El consentimiento debe ser libre e informado, específico, previo y revocable; no se deduce del mero silencio ni de la mera ausencia de reacción. La violencia, la coacción, la amenaza o la sorpresa excluyen el consentimiento. La coacción moral y la sorpresa son objeto de precisiones específicas para los menores en el artículo 222-22-1 del Código Penal.
La violación del artículo 222-23 del Código Penal supone una penetración sexual o un acto bucogenital o bucoanal cometido con violencia, coacción, amenaza o sorpresa. También debe examinarse la intención de cometer la infracción (artículo 121-3 del Código Penal). El relato, las edades en las fechas de los hechos, la naturaleza de los actos y el vínculo con la persona investigada orientan el análisis.
Menores de quince años
Las infracciones cometidas por un mayor de edad
Fuera del supuesto del artículo 222-23, los actos de penetración sexual y los actos bucogenitales o bucoanales a que se refiere el artículo 222-23-1 del Código Penal constituyen también violación cuando los comete un mayor de edad sobre un menor de quince años, o este menor sobre el autor, con una diferencia de edad de al menos cinco años. Esta condición de diferencia de edad no se exige en caso de remuneración, promesa de remuneración, ventaja en especie o promesa de tal ventaja. El artículo 222-29-2 del Código Penal prevé un régimen distinto para los actos sexuales distintos de la violación, con los mismos umbrales y la misma excepción a la diferencia de edad.
Una diferencia inferior a cinco años no autoriza, por tanto, cualquier acto sexual: deben examinarse las demás calificaciones, en particular el atentado sexual (atteinte sexuelle) cometido por un mayor de edad sobre un menor de quince años, fuera de los casos de violación o de agresión sexual (artículo 227-25 del Código Penal).
Incesto
El vínculo familiar y la autoridad
El artículo 222-22-3 del Código Penal enumera los vínculos familiares que permiten calificar de incestuosa una violación o una agresión sexual. Para el tipo autónomo de violación incestuosa cometida por un mayor de edad sobre un menor, el artículo 222-23-2 del Código Penal se refiere al ascendiente y a las demás personas de esa lista que tengan una autoridad de derecho o de hecho sobre el menor. El artículo 222-29-3 del Código Penal prevé el régimen de las agresiones sexuales incestuosas distintas de la violación. Estos tipos autónomos se refieren a los menores, sin limitar la protección a los menores de quince años.
Violación de menores
Las penas para delitos graves
La violación del artículo 222-23 se castiga con quince años de reclusión criminal (réclusion criminelle). La pena se eleva a veinte años, en particular cuando la víctima es menor de quince años o cuando el autor es un ascendiente o una persona que tiene autoridad sobre ella (artículo 222-24 del Código Penal). Las violaciones autónomas de los artículos 222-23-1 y 222-23-2 se castigan con veinte años de reclusión criminal (artículo 222-23-3 del Código Penal). Estos ejemplos no agotan las circunstancias agravantes.
Otros actos sexuales
Las penas para delitos menos graves
La agresión sexual distinta de la violación impuesta a un menor de quince años con violencia, coacción, amenaza o sorpresa se castiga con diez años de prisión y 150 000 € de multa (artículo 222-29-1 del Código Penal). Los tipos autónomos de los artículos 222-29-2 y 222-29-3 conllevan las mismas penas. El atentado sexual del artículo 227-25 del Código Penal se castiga con siete años y 100 000 €; el artículo 227-26 del Código Penal eleva estas penas a diez años y 150 000 € en sus supuestos agravados, en particular la autoridad de derecho o de hecho del autor mayor de edad o el abuso de la autoridad que le confieren sus funciones.
Estas penas son los máximos legales para las calificaciones expuestas. Para hechos antiguos, se verifica la ley aplicable en su fecha y las posibles disposiciones nuevas menos severas, conforme al artículo 112-1 del Código Penal. La versión actual de un texto no se aplica automáticamente a todos los hechos pasados.
El menor, sus representantes y su abogado
Proteger al menor y representar sus intereses
Peligro actual
Distinguir protección y acción penal
La protección del menor debe examinarse sin esperar al resultado del proceso penal. Pueden ordenarse medidas de asistencia educativa (assistance éducative) cuando su salud, su seguridad o su moralidad están en peligro, o cuando su educación o su desarrollo están gravemente comprometidos (artículo 375 del Código Civil francés (Code civil)). En caso de urgencia, el fiscal de la República (procureur de la République) dispone de las facultades provisionales previstas en el artículo 375-5 del Código Civil, y debe someter el asunto al juez competente en un plazo de ocho días. El despacho examina las resoluciones ya dictadas y los elementos que permiten presentar una solicitud adecuada.
Representación
Cuándo designar un administrador ad hoc
El criterio es la insuficiente protección de los intereses del menor por sus representantes legales o por uno de ellos: un simple desacuerdo entre los progenitores no exime de este examen. El fiscal o el juez de instrucción (juge d'instruction) designa entonces un administrador ad hoc para los hechos cometidos intencionadamente contra el menor. Este protege sus intereses y ejerce, en su caso, sus derechos de parte civil (partie civile). Estas disposiciones se aplican también ante el órgano de enjuiciamiento (artículo 706-50 del Código de Procedimiento Penal). El administrador se elige entre los allegados o de una lista en las condiciones del artículo 706-51 del Código de Procedimiento Penal.
La designación de un administrador ad hoc « impide que el representante legal del menor pueda intervenir también con los mismos fines » (traducción propia).
Cass. crim., 12 septembre 2000, n° 00-81.971
Esta resolución se refiere a la representación del menor como parte civil en el mismo procedimiento. No suprime la posibilidad de que un progenitor solicite la reparación de un perjuicio propio, en las condiciones del artículo 2 del Código de Procedimiento Penal.
Declaración y acompañamiento
Garantías precisas
Durante la investigación policial y la instrucción judicial, la declaración del menor víctima de una infracción contemplada en el artículo 706-47 del Código de Procedimiento Penal se graba en soporte audiovisual. Puede decidirse una grabación únicamente sonora en interés del menor; la imposibilidad técnica debe hacerse constar en el acta (procès-verbal) y comunicarse al magistrado en las condiciones del artículo 706-52 del Código de Procedimiento Penal. Este texto no impone una declaración única.
El acompañamiento por un representante legal, un adulto elegido o una asociación, y la posible presencia de un psicólogo o de un médico especialista en infancia, se rigen por las condiciones del artículo 706-53 del Código de Procedimiento Penal. Ante el juez de instrucción, la asistencia de un abogado es obligatoria para el menor víctima de una infracción del artículo 706-47 (artículo 706-51-1 del Código de Procedimiento Penal). El administrador ad hoc y el abogado cumplen, por tanto, funciones diferentes.
Denuncia, pruebas y documentos
Iniciar las gestiones y preparar el expediente
El despacho prepara una exposición fechada de los hechos y de los documentos. No prepara las respuestas del menor.
Policía o gendarmería
Presentar la denuncia en persona
El artículo 15-3 del Código de Procedimiento Penal prevé la extensión de un acta, la entrega inmediata de un resguardo y, a petición, de una copia del acta. La recepción de la denuncia y la organización de la declaración del menor son etapas distintas.
Fiscal de la República
Presentar una denuncia por escrito
El artículo 40 del Código de Procedimiento Penal permite dirigirse al fiscal. Una cronología y los documentos adjuntos estructuran la exposición; el escrito no ofrece, por sí mismo, una protección superior ni la garantía de que se abra una instrucción.
Recibir la denuncia
La policía y la gendarmería deben recibir la denuncia, incluso fuera de su competencia territorial, y transmitirla después si es necesario (artículo 15-3 del Código de Procedimiento Penal).
Exponer los hechos ante la fiscalía
El fiscal recibe las denuncias y comunicaciones y decide el curso que debe dárseles (artículo 40 del Código de Procedimiento Penal, artículo 40-1 del Código de Procedimiento Penal). La presentación de una denuncia no garantiza el ejercicio de la acción penal.
Valorar la constitución en parte civil
Puede valorarse una denuncia con constitución en parte civil (plainte avec constitution de partie civile) conforme al artículo 85 del Código de Procedimiento Penal. Para un delito menos grave (délit), se exige en principio un archivo de las actuaciones o que hayan transcurrido tres meses desde las gestiones formales ante el fiscal previstas en ese texto. Esta condición previa no se aplica a los delitos graves (crimes).
Preparar la vista
En materia de violación, la celebración a puerta cerrada (huis clos) es de derecho a petición de la víctima constituida en parte civil ante el tribunal con jurado (cour d'assises) (artículo 306 del Código de Procedimiento Penal). Ante el tribunal correccional (tribunal correctionnel), depende de una decisión que cumpla las condiciones del artículo 400 del Código de Procedimiento Penal. No debe prometerse que el menor no tendrá que volver a declarar.
Ante el tribunal correccional, las infracciones pueden acreditarse por cualquier medio de prueba, salvo las excepciones legales, y el juez solo puede tener en cuenta las pruebas debatidas de forma contradictoria (artículo 427 del Código de Procedimiento Penal). Un relato, unos mensajes o unos testimonios deben valorarse en conjunto: ninguno de estos elementos garantiza por sí solo una condena. El peritaje médico-psicológico previsto en el artículo 706-48 del Código de Procedimiento Penal versa sobre el perjuicio y los cuidados necesarios; este texto no lo convierte en un certificado de veracidad.
Los documentos útiles que conviene reunir
- Notas fechadas que distingan las palabras espontáneas del menor de las observaciones del adulto.
- Mensajes y documentos conservados con su fecha y en su soporte original.
- Certificados, informes de atención médica y documentos escolares ya disponibles.
- Datos de contacto de las personas que hayan observado personalmente hechos o recibido confidencias.
- Denuncias, resguardos, citaciones y resoluciones relativas al menor.
- Justificantes de los gastos y de las consecuencias personales alegadas.
Fechas de los hechos, mayoría de edad, actos procesales
Hechos antiguos: qué plazo verificar
Los plazos que figuran a continuación describen el derecho vigente. No sustituyen el examen de las sucesivas leyes en un expediente antiguo.
30 años
desde la mayoría de edad para los delitos graves contemplados en el artículo 7
20 años
desde la mayoría de edad para los delitos menos graves enumerados específicamente en el artículo 8
10 años
desde la mayoría de edad para los demás delitos menos graves afectados del artículo 706-47
Delito grave
La violación cometida sobre un menor
El artículo 7 del Código de Procedimiento Penal prevé treinta años a partir de la mayoría de edad para los delitos graves del artículo 706-47 cometidos sobre menores, entre ellos la violación. Este plazo puede prolongarse si la misma persona comete, antes de su expiración, una nueva violación, una agresión sexual o un atentado sexual sobre otro menor, hasta la prescripción de esta nueva infracción si esta se produce más tarde. Deben verificarse las condiciones de este mecanismo, sin suponer que cualquier otra denuncia prolonga el plazo.
Delito menos grave
Distinguir diez y veinte años
El artículo 8 del Código de Procedimiento Penal fija diez años a partir de la mayoría de edad para los delitos menos graves del artículo 706-47 cometidos sobre menores, salvo las excepciones que enumera. Fija veinte años para las infracciones de los artículos 222-12, 222-29-1 y 227-26 cometidas sobre menores. El artículo 222-12 se refiere a la violencia agravada: no es un tipo penal sexual. Para las infracciones sexuales tratadas aquí, deben distinguirse en particular la agresión del artículo 222-29-1 del Código Penal y el atentado sexual agravado del artículo 227-26 del Código Penal de los demás delitos contemplados. La pena máxima de prisión no basta para deducir el plazo de prescripción.
El artículo 8 organiza también una prolongación, en las condiciones que establece, en caso de nueva agresión o atentado sexual cometido sobre otro menor por la misma persona antes de que expire el primer plazo.
Hechos antiguos
Reconstruir toda la cronología
Una reforma solo alarga una prescripción anterior si esta no se había cumplido ya en el momento de su entrada en vigor (artículo 112-2 del Código Penal). Los actos interruptivos son los del artículo 9-2 del Código de Procedimiento Penal: una simple denuncia o una comunicación no deben tratarse automáticamente como tales. Este texto prevé también, para determinadas infracciones sexuales sobre menores, el efecto interruptivo de los actos realizados en un procedimiento dirigido contra la misma persona por una violación, una agresión sexual o un atentado sexual cometido sobre otro menor. La suspensión exige las condiciones distintas del artículo 9-3 del Código de Procedimiento Penal.
« las leyes relativas a la prescripción de la acción pública son aplicables inmediatamente a la represión de las infracciones cometidas antes de su entrada en vigor, cuando las prescripciones no se han cumplido » (traducción propia)
Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 19-87.787, § 12
Esta sentencia se refería a infracciones del derecho laboral. Se cita únicamente por el principio general del artículo 112-2, 4°, del Código Penal, y no como una resolución sobre los plazos propios de la violencia sexual contra menores.
Acción civil y CIVI
Preparar la solicitud de reparación
Perjuicio del menor
Solicitar la reparación
La acción civil corresponde a quienes han sufrido personalmente un daño causado directamente por la infracción (artículo 2 del Código de Procedimiento Penal). Para el menor, el despacho distingue las consecuencias descritas, los documentos disponibles y las necesidades de evaluación. El peritaje médico-psicológico del artículo 706-48 del Código de Procedimiento Penal puede valorar la naturaleza y la importancia del perjuicio y los cuidados necesarios. Los gastos y las demás consecuencias alegadas deben documentarse, sin suponer que una lista de conceptos indemnizatorios da derecho automáticamente a una indemnización.
CIVI y fondo de garantía
La insolvencia no es una condición previa
Puede acudirse a la CIVI en las condiciones del artículo 706-3 del Código de Procedimiento Penal, sin necesidad de demostrar antes la insolvencia del autor. Las violaciones, agresiones sexuales y atentados sexuales comprendidos en las series de artículos a que se refiere abren esta vía sin exigir el umbral de incapacidad previsto para otros daños a las personas. Es necesario, en particular, que la persona perjudicada sea de nacionalidad francesa o que los hechos se hayan cometido en Francia, y que se cumplan las demás condiciones del texto.
El fondo de garantía (Fonds de garantie des victimes, FGTI) abona las cantidades concedidas; después se subroga en los derechos de la víctima, dentro de los límites legales (artículo 706-9 del Código de Procedimiento Penal, artículo 706-11 del Código de Procedimiento Penal). Es, por tanto, el fondo, y no la comisión, quien ejerce esta acción de repetición. Se tienen en cuenta las cantidades ya percibidas por el mismo perjuicio.
Plazos propios de la CIVI
Una solicitud distinta de la denuncia
El artículo 706-5 del Código de Procedimiento Penal prevé un plazo de tres años a partir de la infracción; cuando esta se comete contra un menor, el plazo solo empieza a correr a partir de su mayoría de edad. Si se ejerce la acción penal, la prórroga prevista en el texto hace que el plazo expire un año después de la resolución firme sobre la acción pública o sobre la acción civil ejercida ante el órgano penal. El texto prevé también supuestos de levantamiento de la caducidad (relevé de forclusion). La solicitud puede prepararse durante la minoría de edad: este aplazamiento no obliga a esperar a los dieciocho años.
Perjuicio de los progenitores
Solicitudes personales que deben distinguirse
Un progenitor puede solicitar la reparación del daño que ha sufrido personalmente y que deriva directamente de la infracción, en las condiciones del artículo 2 del Código de Procedimiento Penal y del artículo 1240 del Código Civil. Por este concepto no reclama la reparación que corresponde al menor. La admisibilidad de una solicitud ante la CIVI y los perjuicios alegados deben examinarse por separado a la luz del artículo 706-3 del Código de Procedimiento Penal; el mero vínculo de parentesco no garantiza ni la indemnización ni un importe.
El Tribunal de Casación (Cour de cassation) recuerda que el artículo 706-3 establece « un régimen de indemnización autónomo, sujeto a reglas propias » (traducción propia) (Cass. 2e civ., 4 juillet 2019, n° 18-13.853). La sentencia se refería a un daño sufrido durante un parto y a una indemnización administrativa anterior. Se cita por la autonomía de valoración de la CIVI, sin garantizar que prospere una solicitud en un expediente de violencia sexual.
Preguntas frecuentes
Sus preguntas sobre el menor víctima de abuso sexual
¿Qué hacer cuando un menor revela abusos sexuales?
Empiece por identificar el peligro actual y las medidas de protección necesarias. El artículo 375 del Código Civil permite adoptar medidas de asistencia educativa cuando un menor está en peligro; el artículo 375-5 del Código Civil prevé también medidas provisionales en caso de urgencia. Para preparar el intercambio con los profesionales, conserve los documentos disponibles y distinga las palabras espontáneas del menor de sus propias observaciones. Evite hacerle repetir su relato para constituir el expediente.
La policía o la gendarmería recibe la denuncia en las condiciones del artículo 15-3 del Código de Procedimiento Penal. El fiscal recibe también las denuncias y comunicaciones (artículo 40 del Código de Procedimiento Penal). El despacho examina la protección del menor, su representación y los documentos útiles. Estas gestiones no presuponen que la familia haya determinado ya por sí sola la calificación penal o reunido todas las pruebas.
¿Puede un menor presentar una denuncia por sí mismo?
Sí. Un menor víctima puede presentar una denuncia por sí solo ante la policía o la gendarmería, o dirigirse por escrito al fiscal. La obligación de recibir la denuncia resulta del artículo 15-3 del Código de Procedimiento Penal, que no reserva este derecho a las víctimas mayores de edad; la comunicación al fiscal se rige por el artículo 40 del Código de Procedimiento Penal. La presentación de la denuncia debe distinguirse del ejercicio de los derechos de parte civil en nombre del menor.
Si sus intereses no están plenamente protegidos por sus representantes legales o por uno de ellos, el artículo 706-50 del Código de Procedimiento Penal prevé un administrador ad hoc. Este puede ejercer los derechos de parte civil en nombre del menor. Ante el juez de instrucción, el menor víctima de una infracción contemplada en el artículo 706-47 está asistido por un abogado (artículo 706-51-1 del Código de Procedimiento Penal). El despacho verifica, por tanto, quién actúa, en qué calidad y en qué fase, sin confundir la denuncia personal con la representación procesal.
¿Hay que acudir a la comisaría o escribir al fiscal?
Ambas vías son posibles. La policía y la gendarmería deben recibir las denuncias, incluso fuera de su competencia territorial, con entrega de un resguardo y, a petición, de una copia del acta (artículo 15-3 del Código de Procedimiento Penal). El fiscal recibe las denuncias y comunicaciones conforme al artículo 40 del Código de Procedimiento Penal. Un escrito permite presentar una cronología y documentos, pero no garantiza ni una investigación más rápida ni una protección superior.
La elección depende, en particular, del peligro señalado, de las gestiones ya iniciadas y de los documentos disponibles. Una denuncia con constitución en parte civil es una gestión diferente. Para un delito menos grave, el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal exige en principio un archivo de las actuaciones o el transcurso de tres meses desde las gestiones formales ante el fiscal que prevé. Esta condición previa no se exige para un delito grave. El despacho verifica estas condiciones antes de proponer esta vía.
¿Qué es una declaración protegida?
Esta expresión designa las garantías que rodean la declaración del menor víctima. Para las infracciones contempladas en el artículo 706-47, el artículo 706-52 del Código de Procedimiento Penal impone una grabación audiovisual durante la investigación policial y la instrucción judicial. El fiscal o el juez de instrucción puede optar por una grabación únicamente sonora si el interés del menor lo justifica. Una imposibilidad técnica debe precisarse en el acta y comunicarse al magistrado en las condiciones del texto.
La grabación no significa que el menor vaya a declarar una sola vez. La presencia de un psicólogo, de un médico especialista en infancia o de otros acompañantes se rige por las condiciones del artículo 706-53 del Código de Procedimiento Penal. Ante el juez de instrucción, la asistencia de un abogado es obligatoria para el menor víctima de las infracciones afectadas (artículo 706-51-1 del Código de Procedimiento Penal). Estas garantías se refieren a la víctima; no deben confundirse con las de un menor sospechoso sometido a detención policial (garde à vue).
¿Cuándo hay que solicitar un administrador ad hoc?
Debe examinarse esta designación cuando los intereses del menor no están plenamente protegidos por sus representantes legales o por uno de ellos. Es el criterio del artículo 706-50 del Código de Procedimiento Penal, para hechos cometidos intencionadamente contra un menor. La implicación de un progenitor o un conflicto de intereses pueden llevar a este examen, pero la mera constatación de un desacuerdo familiar no sustituye el análisis de la protección efectiva del menor.
El administrador ad hoc protege los intereses del menor y ejerce, en su caso, sus derechos de parte civil. Lo designa el magistrado competente, en particular entre los allegados o de una lista prevista en el artículo 706-51 del Código de Procedimiento Penal. No sustituye al abogado: en caso de constitución en parte civil, el juez hace designar un abogado de oficio si no se ha elegido ya uno. Las solicitudes personales de un progenitor deben mantenerse separadas de las presentadas en nombre del menor.
¿Qué plazos de prescripción se aplican?
Para la violación cometida sobre un menor, el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal prevé treinta años a partir de la mayoría de edad. Para los delitos menos graves del artículo 706-47 cometidos sobre menores, el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal prevé en principio diez años a partir de la mayoría de edad, y veinte años para las infracciones que enumera específicamente, en particular las de los artículos 222-29-1 y 227-26. No debe atribuirse, por tanto, un plazo de veinte años a toda infracción sexual castigada con diez años de prisión.
Estas reglas deben ponerse en relación con las fechas de los hechos y con las sucesivas leyes. Los artículos 7 y 8 prevén también prolongaciones en determinados casos de nueva infracción sobre otro menor cometida por la misma persona antes de que expire el plazo. El artículo 9-2 del Código de Procedimiento Penal regula las interrupciones. Para pronunciarse sobre un expediente, deben examinarse los actos procesales y su fecha, y no solo la edad actual de la víctima.
¿Se puede actuar si los hechos son antiguos?
La antigüedad no permite, por sí sola, concluir que los hechos han prescrito o que siguen siendo perseguibles. Hay que determinar las fechas, la edad de la víctima, la posible calificación y los actos ya realizados. El artículo 112-2 del Código Penal prevé la aplicación inmediata de las leyes de prescripción cuando esta no se ha cumplido. Una reforma no hace revivir, por tanto, una prescripción ya cumplida.
Los plazos y las posibles prolongaciones de los artículos 7 y 8 deben verificarse en esa cronología. Las interrupciones se rigen por el artículo 9-2 del Código de Procedimiento Penal: una denuncia simple, un escrito o una comunicación no producen automáticamente ese efecto. La suspensión responde a las condiciones del artículo 9-3 del Código de Procedimiento Penal. El despacho examina estos elementos antes de pronunciarse sobre la posibilidad de una acción penal, sin deducir un plazo adicional de la mera revelación tardía.
¿Cómo probar los abusos sin prueba material?
La ausencia de huellas físicas no impide presentar una denuncia. Ante el tribunal correccional, el artículo 427 del Código de Procedimiento Penal admite cualquier medio de prueba, salvo las excepciones legales, e impone el debate contradictorio de los elementos tenidos en cuenta. El relato, las confidencias referidas, los mensajes, las observaciones fechadas y los documentos médicos pueden presentarse para su examen. No deben describirse como pruebas automáticamente suficientes.
El despacho ordena los documentos distinguiendo lo que una persona ha constatado, lo que el menor le ha dicho y lo que esa persona deduce de ello. El peritaje médico-psicológico previsto en el artículo 706-48 del Código de Procedimiento Penal valora la naturaleza y la importancia del perjuicio, así como los cuidados necesarios. No constituye, por el solo efecto de este artículo, una prueba que certifique la veracidad de un relato. La valoración del expediente es propia de cada asunto.
¿Quién indemniza al menor si el autor es insolvente?
Puede valorarse una solicitud ante la CIVI conforme al artículo 706-3 del Código de Procedimiento Penal. No es necesario demostrar previamente la insolvencia del autor. Las violaciones, agresiones sexuales y atentados sexuales que figuran en las series de artículos a que se refiere este texto abren esta vía sin exigir el umbral de incapacidad aplicable a otros daños. Se mantienen las demás condiciones, en particular la nacionalidad francesa de la persona perjudicada o la comisión de los hechos en Francia.
Las cantidades concedidas las abona el fondo de garantía (artículo 706-9 del Código de Procedimiento Penal). Es este, y no la CIVI, quien se subroga en los derechos de la víctima conforme al artículo 706-11 del Código de Procedimiento Penal. La solicitud sigue sujeta al plazo propio del artículo 706-5 del Código de Procedimiento Penal, cuyo inicio se aplaza a la mayoría de edad cuando la infracción se ha cometido contra un menor. El despacho prepara los justificantes del daño y tiene en cuenta las indemnizaciones ya percibidas por el mismo perjuicio.
¿Pueden los progenitores ser indemnizados?
Un progenitor puede solicitar la reparación de su propio daño si ha sufrido personalmente un perjuicio causado directamente por la infracción (artículo 2 del Código de Procedimiento Penal). El artículo 1240 del Código Civil obliga también al autor de una culpa a reparar el daño que esta causa. Esta solicitud es distinta de la ejercida en nombre del menor: debe precisar las consecuencias personales alegadas y los documentos que las acreditan.
El vínculo familiar no basta para garantizar una indemnización. Los gastos, las consecuencias psicológicas u otros perjuicios alegados deben examinarse y documentarse sin duplicar la solicitud del menor. Acudir a la CIVI exige un examen distinto de las condiciones del artículo 706-3 del Código de Procedimiento Penal y de los plazos aplicables. La designación de un administrador ad hoc para el menor no le atribuye la misión de presentar el perjuicio personal de los progenitores.
Fuentes y páginas relacionadas
Textos oficiales y páginas relacionadas
Textos del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal y del Código Civil verificados en su versión aplicable a 13 de octubre de 2026. Para hechos antiguos, su aplicación en el tiempo debe examinarse por separado.
Consulte también las disposiciones citadas en cada respuesta y los enlaces a las resoluciones del Tribunal de Casación.
Para profundizar
Página actualizada el 13 de octubre de 2026.
¿Su hijo ha revelado abusos sexuales?
Envíe las resoluciones, citaciones y documentos disponibles. El despacho examina la situación del menor y las gestiones que deben prepararse.