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Kohen Avocats, despacho de abogados en legaltech en París
Abogado legaltech en París: lanzar, explotar y defender un servicio jurídico en línea
Generador de documentos, plataforma de conexión con profesionales, base de jurisprudencia, asistente jurídico basado en IA, estructura creada por un abogado: el despacho de abogados comprueba que el modelo se mantiene dentro de lo que la ley permite a las empresas no colegiadas, protege los contratos y los datos, y defiende tanto a la empresa cuestionada como a la persona que sufre una oferta jurídica irregular.
Despacho localizable 24 horas, 7 días a la semana. Dar consultas jurídicas o redactar documentos privados (actes sous seing privé) para terceros, de forma habitual y remunerada, sin estar habilitado para ello, se castiga con las penas del artículo 433-17 del Código Penal francés (Code pénal) (artículos 54, 66-2 y 72 de la ley de 31 de diciembre de 1971): el modelo se comprueba antes del lanzamiento, no después del requerimiento.
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El abogado Hassan Kohen
Abogado del Colegio de Abogados de París: legaltech, ámbito reservado del derecho, contratos y datos de los servicios jurídicos en línea.
Ficha oficial en el directorio de abogados de Francia (CNB) · 4,9/5 en Google (270 opiniones)
Página actualizada el 1 de noviembre de 2026.
Respuesta rápida
Una legaltech es una empresa que utiliza la tecnología para producir o distribuir servicios relacionados con el derecho: documentos generados en línea, conexión con profesionales, búsqueda de jurisprudencia, herramientas de IA. El derecho francés no le prohíbe existir, pero reserva dos cosas. La asistencia y la representación ante los tribunales corresponden a los abogados (artículo 4 de la ley de 31 de diciembre de 1971). La consulta jurídica (consultation juridique) y la redacción de documentos privados (actes sous seing privé) para terceros, de forma habitual y remunerada, están reservadas a las personas que la ley habilita (artículos 54 a 66), bajo sanción penal (artículos 66-2, 72 y 74). Entre la información jurídica, libre, y la consulta, reservada, discurre la línea que decide el modelo. A ello se suman las normas propias de las plataformas, de la reutilización de las resoluciones judiciales publicadas en datos abiertos (artículo L. 111-13 del Código de Organización Judicial francés, Code de l'organisation judiciaire) y de los datos personales. El despacho de abogados Kohen Avocats, en el distrito 16 de París, actúa tanto para la empresa que lanza o explota el servicio como para la que lo cuestiona. Contacto en el +33 6 89 11 34 45.
¿Un servicio jurídico en línea que lanzar, un requerimiento del colegio de abogados recibido, una oferta competidora irregular?
Comprender su situación
El derecho de las legaltech en París, explicado
El artículo 54 de la ley de 31 de diciembre de 1971 fija el ámbito reservado del derecho. Qué puede ofrecer una legaltech sin ser abogado, los modelos admitidos y los que los jueces han condenado, los riesgos penales y contractuales, y las normas que regulan las resoluciones judiciales, los datos y la IA.
Puntos clave
Qué puede hacer una legaltech sin ser abogado
Cuatro criterios deciden si la actividad entra en el ámbito reservado.
Una consulta jurídica o la redacción de un documento privado: « Nadie puede, directamente o por persona interpuesta, de forma habitual y remunerada, dar consultas jurídicas ni redactar documentos privados para terceros » sin cumplir las condiciones de la ley (artículo 54) (traducción propia).
Una actividad habitual y remunerada, ejercida para terceros. Quien da tales consultas de forma habitual y sin remuneración sigue sujeto al secreto profesional y debe abstenerse de intervenir si tiene un interés en el objeto de la prestación (artículo 55, último párrafo).
Un prestador no habilitado: los abogados, notarios, agentes judiciales (huissiers de justice) y las demás profesiones citadas disponen de este derecho en el marco de sus propios estatutos (artículo 56); las profesiones reguladas y ciertas actividades no reguladas autorizadas solo lo tienen con carácter accesorio a su actividad principal (artículos 59 y 60).
Al margen del asesoramiento y de los documentos, existe un monopolio distinto: « Nadie puede, si no es abogado, asistir o representar a las partes, postular y ejercer la defensa ante los tribunales », sin perjuicio de las normas propias de los abogados ante el Consejo de Estado (Conseil d'État) y el Tribunal de Casación (Cour de cassation) y de los textos especiales (artículo 4) (traducción propia).
La frontera entre información y consulta concentra la mayor parte de los litigios. El tribunal de apelación de París (cour d'appel de Paris) considera que « Hay consulta jurídica desde el momento en que el prestador da una opinión personalizada y confronta el derecho aplicable con los datos de hecho aportados por la persona que la solicita » (traducción propia) (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 15 septembre 2022, n° 21/07124). En otro asunto, califica de prestación jurídica « toda prestación intelectual personalizada que tienda a proporcionar una opinión o un consejo » (traducción propia) que, basada en las normas aplicables a la situación analizada, sirve para la decisión del cliente; las prestaciones en cuestión, señala, « excedían la mera información jurídica » (traducción propia) (CA Paris, pôle 5, ch. 10, 18 décembre 2025, n° 23/03895).
El tribunal judicial de París (tribunal judiciaire de Paris) recoge la definición de una respuesta ministerial de 2006, según la cual la consulta « se distingue así de la información de carácter documental, que consiste en informar a un interlocutor sobre el estado del derecho o de la jurisprudencia en relación con un problema determinado » (traducción propia) (TJ Paris, 4e ch. 1re sect., ordonnance du juge de la mise en état, 27 août 2026, n° 25/04306). Desde entonces, el legislador ha escrito una definición, para las consultas confidenciales de los juristas de empresa: consisten en « una prestación intelectual personalizada que tiende a proporcionar una opinión o un consejo basado en la aplicación de una norma jurídica » (traducción propia) (artículo 58-1, I, 4°, de la ley de 31 de diciembre de 1971, introducido por la ley n° 2026-122 de 23 de febrero de 2026, en vigor el 1 de febrero de 2027 según Légifrance).
Una ficha que explica el derecho aplicable, un modelo en blanco o un motor de búsqueda de textos son información. Una herramienta que analiza la situación propia del usuario y le dice qué hacer se acerca a la consulta. La calificación se hace sobre la actividad real, pantalla por pantalla, y sobre lo que promete el sitio web.
Los modelos
Seis modelos de legaltech ante el derecho
Lo que los jueces han admitido y lo que han sancionado.
Formularios en línea
En el asunto Demander Justice, en el que el sitio web se limitaba a transmitir documentos cumplimentados y firmados por el usuario, sin figurar en ellos, el Tribunal de Casación (Cour de cassation) confirmó la absolución (relaxe) del directivo procesado por ejercicio ilegal de la profesión de abogado (Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-82.437). La solución depende de esas constataciones.
Plataforma de conexión con profesionales
Todo proveedor de mercado en línea debe ofrecer al consumidor una información leal, clara y transparente sobre sus condiciones, su clasificación y la condición del anunciante (artículo L. 111-7 del Código de Consumo francés, Code de la consommation). Su responsabilidad por las ofertas publicadas depende de su papel, activo o no (TJ Paris, 4e ch. 1re sect., ordonnance du juge de la mise en état, 27 août 2026, n° 25/04306).
Base de jurisprudencia
Las resoluciones se ponen a disposición del público en formato electrónico y sin contrapartida económica, con los nombres y apellidos de las personas físicas ocultados (artículo L. 111-13 del Código de Organización Judicial francés, artículo L. 10 del Código de Justicia Administrativa francés, Code de justice administrative). La recopilación debe seguir siendo lícita (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 7 mai 2025, n° 23/06063).
Asistente basado en IA
Una respuesta generada que analiza la situación propia del usuario y le indica la conducta que debe seguir corre el riesgo de ser calificada de consulta según la definición adoptada por los jueces; ninguna resolución publicada de las localizadas resuelve todavía el caso de una herramienta de IA. El Reglamento europeo sobre IA (AI Act) añade sus propias obligaciones según el uso.
Estructura creada por un abogado
La profesión de abogado es incompatible con las actividades comerciales, pero el código deontológico permite la comercialización accesoria de bienes o servicios conexos, destinados a los clientes o a los compañeros, con información escrita al colegio de abogados en el plazo de treinta días (artículo 22 del decreto n° 2023-552 de 30 de junio de 2023).
Empresa de consultoría no abogada
Una actividad no regulada autorizada solo puede dar consultas que se deriven directamente de su actividad principal (artículo 60); el Tribunal de Casación (Cour de cassation) exige que así sea en el caso de las consultas ofrecidas « en su conjunto » (traducción propia) (Cass. 1re civ., 15 novembre 2010, n° 09-66.319).
El asunto Demander Justice muestra lo que salvó el modelo. El tribunal de apelación había señalado que el papel de la sociedad, que transmitía los documentos cumplimentados por el cliente a un centro de tratamiento postal, era « puramente material » (traducción propia); el Tribunal de Casación confirma la absolución, de lo que resulta que « las actividades litigiosas no constituyen ni actos de representación » (traducción propia) ni actos de asistencia (Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-82.437). Al conocer después de una acción civil del Consejo Nacional de los Colegios de Abogados (Conseil national des barreaux), la sala primera de lo civil recuerda que la firma electrónica se había reservado « a los actos realizados por los auxiliares de justicia » (traducción propia), pero estima que, al estar advertidos los visitantes del riesgo y del medio de remediarlo, las indicaciones del sitio web « no constituían una práctica comercial engañosa » (traducción propia) (Cass. 1re civ., 23 septembre 2020, n° 19-12.894). La información dada al usuario pesó tanto como la técnica.
Por el contrario, el tribunal de apelación de Montpellier declaró la nulidad y la disolución de una sociedad cuyos estatutos anunciaban un asesoramiento jurídico digitalizado y la venta de documentos jurídicos: « bajo la cobertura de una sociedad mercantil, no inscrita en el colegio de abogados, se trata de ejercer la profesión principal de abogado », y la excepción abierta a los abogados no se aplicaba, « no siendo la SAS NT & Co una sociedad de abogados » (traducción propia) (CA Montpellier, ch. com., 30 septembre 2025, n° 25/00612). La sentencia se dictó el 30 de septiembre de 2025, antes de que se aplicara la nueva redacción del artículo 1844-10 del Código Civil francés (Code civil), que restringe las causas de nulidad de las sociedades (véase la pestaña Riesgos y litigios).
La elección del modelo se hace antes que el código: estatutos, condiciones generales, textos del sitio web, recorrido del usuario y posible intervención de abogados colaboradores. Para la estructura jurídica de la sociedad, consulte nuestra página sobre la constitución de sociedades en Francia; para las condiciones de uso y las menciones obligatorias, nuestra página sobre el aviso legal de un sitio web.
Las dos partes
Usted lanza un servicio jurídico en línea, o lo cuestiona
Los mismos textos se leen de forma distinta según la posición que usted ocupe.
Usted lanza o explota la legaltech
- Describir cada función: información general, modelo que completar, análisis personalizado, conexión con profesionales, presentación de documentos.
- Redactar el objeto social, las condiciones generales y los textos del sitio web sin prometer asesoramiento ni emplear un título reservado.
- Enmarcar a los abogados colaboradores, la remuneración de la plataforma, los datos tratados y el origen de las resoluciones judiciales utilizadas.
Usted cuestiona una oferta jurídica
- Abogado, cliente, competidor: hacer constatar el sitio web, sus promesas y las prestaciones realmente prestadas.
- Calificar: consulta o redacción de documentos sin habilitación, título que induce a confusión, práctica comercial engañosa, competencia desleal.
- Elegir la vía: requerimiento, nulidad del contrato y restitución, acción por competencia desleal, denuncia.
El cliente de un prestador no habilitado dispone de una palanca directa: el contrato que contraviene el orden público es nulo, y el contrato anulado « se considera que nunca ha existido » (artículos 1162 y 1178 del Código Civil francés) (traducción propia). El tribunal de apelación de París confirmó así la anulación de un convenio de verificación de tasas celebrado en contravención de la ley de 1971. Observa, a mayor abundamiento, que la reclamación de honorarios del prestador « no podría sino ser desestimada, como consecuencia de la anulación del contrato », pero recuerda que « La parte que se ha beneficiado de una prestación que no puede devolver debe restituir el valor de dicha prestación » y condena al cliente a pagar 1 500 euros por este concepto, siendo el propio prestador condenado a 10 000 euros de indemnización por daños y perjuicios al Consejo Nacional de los Colegios de Abogados (traducción propia) (CA Paris, pôle 5, ch. 10, 18 décembre 2025, n° 23/03895). La empresa que lanza una legaltech debe haber leído esta jurisprudencia antes de facturar a su primer cliente.
Los puntos que el despacho examina en cada expediente:
El litigio
Ejercicio ilegal del derecho: los riesgos y quién puede actuar
Penal, civil, societario, consumo: seis terrenos en los que se juzga un modelo.
Consulta y documentos
Quien da consultas o redacta para terceros documentos privados (actes sous seing privé) infringiendo las normas de la ley incurre en las penas del artículo 72 (artículo 66-2), que remite al artículo 433-17 del Código Penal francés: un año de prisión y 15 000 euros de multa.
Asistencia y representación
Las mismas penas recaen sobre quien, sin estar inscrito en el colegio de abogados, ejerce las actividades que el artículo 4 reserva a los abogados (artículo 72).
Título
El uso, sin cumplir las condiciones, de un título que tienda a crear confusión con el de abogado, o del título de asesor jurídico (conseil juridique), se castiga con las penas de la usurpación de título (artículo 74).
Captación comercial
La captación de clientes (démarchage) con vistas a dar consultas o redactar documentos en materia jurídica se castiga con las penas previstas en los artículos L. 242-5 a L. 242-9 del Código de Consumo francés, quedando excluidos los abogados y ciertas profesiones (artículo 66-4).
Contrato
El contrato contrario al orden público es nulo, las prestaciones ejecutadas dan lugar a restitución, y la parte perjudicada puede reclamar una indemnización (artículos 1162 y 1178 del Código Civil francés).
Quién actúa
El cliente, el competidor, el ministerio fiscal, y el Consejo Nacional de los Colegios de Abogados, que el Tribunal de Casación califica de « persona jurídica encargada de la defensa de los intereses colectivos de la profesión de abogado » (traducción propia) (Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 18-22.984).
A veces basta con la presentación del sitio web. Un aspirante a abogado (élève-avocat) que explotaba un sitio de asesoramiento jurídico fue condenado por usurpación del título de asesor jurídico: el Tribunal de Casación confirma al tribunal de apelación, que había constatado « el uso conjunto de términos que pueden provocar, en la mente del público, confusión con el título de asesor jurídico », y la pena de inhabilitación para ejercer la profesión de abogado durante diez años, por considerar que « Esta pena complementaria se aplica, por tanto, a la profesión cuyo título ha sido usurpado » (traducción propia) (Cass. crim., 1er avril 2025, n° 24-82.460). Para una persona jurídica, el importe máximo de la multa es el quíntuple del previsto para las personas físicas (artículo 131-38 del Código Penal francés).
El derecho de sociedades ha evolucionado. En Montpellier, el tribunal juzgó que, « apreciándose el carácter ilícito del objeto social en el momento de la creación de la sociedad, y no a posteriori », la modificación tardía de los estatutos era ineficaz, y apreció una falta separable de sus funciones de la presidenta, ordenando el cierre del sitio web por considerar que « induce a una grave y perjudicial confusión en la mente del público » (traducción propia) (CA Montpellier, ch. com., 30 septembre 2025, n° 25/00612). La sociedad se había inscrito en el registro en 2021. En su redacción dada por la ordenanza n° 2025-229 de 12 de marzo de 2025, aplicable desde el 1 de octubre de 2025, el artículo 1844-10 del Código Civil francés dispone que « La nulidad de la sociedad solo puede resultar de la incapacidad de todos los fundadores o de la infracción de las disposiciones que fijan un número mínimo de dos socios » (traducción propia); la nulidad de los contratos y las sanciones penales, en cambio, subsisten.
Una parte de estos asuntos se dirime por competencia desleal, con fundamento en el artículo 1240 del Código Civil francés. Consulte nuestra página sobre la competencia desleal y, para la sociedad en sí, nuestra página sobre el derecho societario en Francia.
Los datos
Resoluciones judiciales, datos personales e IA jurídica
Qué puede recopilar, reutilizar y tratar una legaltech, y dentro de qué límites.
Las resoluciones judiciales se ponen a disposición del público en formato electrónico y sin contrapartida económica, tras ocultar el nombre y los apellidos de las personas físicas que sean partes o terceros (artículo L. 111-13 del Código de Organización Judicial francés); la misma regla se aplica a las sentencias administrativas (artículo L. 10 del Código de Justicia Administrativa francés).
Los datos de identidad de los magistrados y de los miembros de la secretaría judicial no pueden ser objeto de una reutilización que tenga por objeto o por efecto evaluar, analizar, comparar o predecir sus prácticas profesionales, bajo pena de las sanciones de los artículos 226-18, 226-24 y 226-31 del Código Penal francés (artículo L. 111-13).
Los terceros obtienen copia de las resoluciones en la secretaría judicial, « sin perjuicio de las solicitudes abusivas, en particular por su número o por su carácter repetitivo o sistemático » (traducción propia) (artículo L. 111-14).
Los reutilizadores de las resoluciones publicadas pueden tratar datos relativos a infracciones y condenas, siempre que los tratamientos no tengan por objeto ni por efecto permitir la reidentificación de las personas (artículo 46, 5°, de la ley de 6 de enero de 1978; artículo 10 del RGPD).
La legaltech que trata los expedientes de un despacho de abogados por cuenta de este es, en principio, encargada del tratamiento: el responsable del tratamiento solo recurre a prestadores que ofrezcan garantías suficientes, mediante contrato (artículo 28 del RGPD).
Los documentos del expediente y la correspondencia entre el abogado y su cliente están cubiertos por el secreto profesional (artículo 66-5 de la ley de 1971): la herramienta que los aloja debe tenerlo en cuenta.
La constitución de un fondo de resoluciones está sujeta a control. El tribunal de apelación de París recuerda que « el principio es el de la libertad de comercio » y que solo se sancionan « los comportamientos culposos que infringen los usos leales del comercio »; sin embargo, estima, por presunciones graves, precisas y concordantes, que la sociedad que explota doctrine.fr « obtuvo cientos de miles de resoluciones judiciales de los tribunales judiciales de primera instancia de manera ilícita y sin autorización alguna de los directores de secretaría », y la condena frente a cinco editoriales. En cambio, se niega a ordenar la supresión de las resoluciones publicadas en línea: tales solicitudes « no son además proporcionadas a los objetivos perseguidos, a la vista de los intereses en juego » (traducción propia) (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 7 mai 2025, n° 23/06063). El Consejo de Estado (Conseil d'État) juzga, por su parte, que la denegación de las solicitudes abusivas de copias, restricción « limitada a casos concretos y justificada por la necesidad de garantizar el buen funcionamiento de la justicia », no vulnera de forma desproporcionada la libertad de recibir o comunicar informaciones, y que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no consagra « un derecho de los terceros a la publicidad de las resoluciones judiciales » (traducción propia) (CE, 6e ch., 19 août 2022, n° 443528).
En cuanto a la IA, el Reglamento (UE) 2024/1689 (AI Act) clasifica entre los sistemas de alto riesgo los « sistemas de IA destinados a ser utilizados por las autoridades judiciales o en su nombre » para buscar e interpretar los hechos o la ley, o de manera similar en la resolución extrajudicial de un litigio (anexo III, punto 8 a)) (traducción propia). Una herramienta vendida a empresas o a despachos de abogados no entra, por este solo texto, en esa categoría. El calendario y las obligaciones del Reglamento se detallan en nuestra página sobre abogado de inteligencia artificial, y el RGPD en nuestra página sobre abogado de protección de datos (RGPD).
Los errores de una herramienta de IA en un escrito judicial son otro asunto, tratado en nuestro artículo sobre las falsas jurisprudencias generadas por la IA.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Catorce respuestas detalladas, basadas en los textos vigentes y en resoluciones verificadas.
¿Qué es una legaltech y qué dice el derecho francés de su actividad?
Una legaltech es una empresa que pone la tecnología al servicio del derecho: generadores de documentos, plataformas de conexión con profesionales, motores de búsqueda de textos y de jurisprudencia, programas de gestión para despachos de abogados, asistentes basados en IA. La palabra no tiene definición legal, y no se exige ningún estatuto para crear una. Lo que cuenta es la actividad ejercida.
Dos reservas la delimitan. En primer lugar, el monopolio de los abogados: « Nadie puede, si no es abogado, asistir o representar a las partes, postular y ejercer la defensa ante los tribunales », con las salvedades que prevé el texto (artículo 4 de la ley de 31 de diciembre de 1971) (traducción propia). En segundo lugar, la consulta jurídica y la redacción de documentos privados (actes sous seing privé) para terceros, de forma habitual y remunerada, están reservadas a las personas que la ley habilita (artículo 54), principalmente los abogados y las demás profesiones citadas por el artículo 56.
Lo demás es libre: informar sobre el estado del derecho, publicar modelos, organizar un directorio, vender un programa informático. El Tribunal de Casación (Cour de cassation) confirmó la absolución del directivo de un sitio web de formularios en línea, de lo que resulta que « las actividades litigiosas no constituyen ni actos de representación » (traducción propia) ni actos de asistencia (Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-82.437). Por el contrario, se anuló una sociedad cuyo objeto era el asesoramiento jurídico digitalizado (CA Montpellier, ch. com., 30 septembre 2025, n° 25/00612), mediante una sentencia dictada bajo el antiguo artículo 1844-10 del Código Civil francés, la víspera de la entrada en aplicación de la ordenanza n° 2025-229 de 12 de marzo de 2025. Desde el 1 de octubre de 2025, la nulidad de la sociedad solo puede resultar de la incapacidad de todos los fundadores o del incumplimiento del número mínimo de socios (artículo 1844-10); la nulidad de los contratos y las sanciones penales subsisten. El despacho de abogados ayuda a situar el modelo en el lado correcto de esta línea y a documentarlo.
¿Puede una legaltech dar asesoramiento jurídico personalizado?
No, si no está habilitada y lo hace de forma habitual y remunerada para terceros. « Nadie puede, directamente o por persona interpuesta, de forma habitual y remunerada, dar consultas jurídicas ni redactar documentos privados para terceros » fuera de las condiciones de la ley (artículo 54 de la ley de 31 de diciembre de 1971) (traducción propia). Los abogados, notarios, agentes judiciales (huissiers de justice) y demás profesiones citadas disponen de este derecho (artículo 56); los juristas de empresa solo lo tienen en beneficio exclusivo de su empleador o de su grupo (artículo 58).
Las profesiones reguladas y ciertas actividades no reguladas autorizadas pueden dar consultas que se deriven de su actividad principal (artículos 59 y 60). La excepción es estrecha: el tribunal de apelación de París recuerda que « La consulta jurídica debe, sin embargo, seguir siendo accesoria de la actividad principal no jurídica » (traducción propia) (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 15 septembre 2022, n° 21/07124), y el Tribunal de Casación exige que, « en su conjunto, las consultas jurídicas ofrecidas se derivaran directamente de la actividad principal » para la que se concedió la autorización (traducción propia) (Cass. 1re civ., 15 novembre 2010, n° 09-66.319).
La intervención de una « persona interpuesta » está prevista por el texto: una plataforma que hace responder a sus clientes a juristas no habilitados no se protege invocando su independencia. La vía segura consiste en que la consulta sea dada por abogados, que la facturan ellos mismos y responden de ella, aportando la legaltech la herramienta, la información general y la organización.
¿Dónde está la frontera entre información jurídica y consulta?
En el carácter personalizado de la respuesta. El tribunal judicial de París (tribunal judiciaire de Paris) recoge una respuesta ministerial de 2006, según la cual la consulta « se distingue así de la información de carácter documental, que consiste en informar a un interlocutor sobre el estado del derecho o de la jurisprudencia en relación con un problema determinado » (traducción propia) (TJ Paris, 4e ch. 1re sect., ordonnance du juge de la mise en état, 27 août 2026, n° 25/04306). El tribunal de apelación de París, por su parte, considera que « Hay consulta jurídica desde el momento en que el prestador da una opinión personalizada y confronta el derecho aplicable con los datos de hecho aportados por la persona que la solicita » (traducción propia) (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 15 septembre 2022, n° 21/07124).
En una sentencia de 2025, el mismo tribunal califica de prestación jurídica « toda prestación intelectual personalizada que tienda a proporcionar una opinión o un consejo », y juzga que las prestaciones en cuestión « excedían la mera información jurídica y no se limitaban a la difusión de datos e informaciones jurídicas de carácter documental » (traducción propia) (CA Paris, pôle 5, ch. 10, 18 décembre 2025, n° 23/03895). El Tribunal de Casación juzga que la verificación, a la luz de la normativa, del fundamento de las cotizaciones sociales reclamadas constituye por sí misma una prestación de carácter jurídico, « con independencia del nivel de complejidad de los problemas planteados » (traducción propia) (Cass. 1re civ., 15 novembre 2010, n° 09-66.319).
A partir del 1 de febrero de 2027, la ley da una definición para las consultas confidenciales de los juristas de empresa, que el tribunal judicial de París (tribunal judiciaire de Paris) juzga compatible con la de 2006: consisten en « una prestación intelectual personalizada que tiende a proporcionar una opinión o un consejo basado en la aplicación de una norma jurídica » (traducción propia) (artículo 58-1, I, 4°, de la ley de 31 de diciembre de 1971, introducido por la ley n° 2026-122 de 23 de febrero de 2026). Para un producto, la prueba es concreta: ¿la herramienta se limita a exponer el derecho, o dice al usuario lo que debe hacer en su caso?
¿Es legal un generador de documentos o de cartas jurídicas?
Puede serlo, según su funcionamiento. El asunto Demander Justice da la medida. El sitio web permitía, a cambio de un precio, cumplimentar en línea modelos de requerimiento y de escritos de interposición ante tribunales en los que no es obligatorio el abogado, y luego los hacía imprimir y enviar. Procesado por ejercicio ilegal de la profesión de abogado, reservada en materia de asistencia y representación por el artículo 4 de la ley de 31 de diciembre de 1971, el directivo fue absuelto: el tribunal de apelación había señalado que el papel de la sociedad era « puramente material » (traducción propia), y el Tribunal de Casación (Cour de cassation) desestimó los recursos del colegio de abogados y del Consejo Nacional de los Colegios de Abogados (Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-82.437).
En el terreno del consumo, la sala primera de lo civil juzgó que las indicaciones del sitio web « no constituían una práctica comercial engañosa » (traducción propia), porque los internautas estaban advertidos del riesgo vinculado a la firma electrónica y del medio de remediarlo (Cass. 1re civ., 23 septembre 2020, n° 19-12.894). La lealtad de la información dada al usuario contó, por tanto.
Subsisten dos límites. El generador que redacta el documento en lugar del usuario, a partir de su situación, se acerca a la redacción de documentos privados (actes sous seing privé) para terceros, reservada por el artículo 54. Y la promesa comercial debe corresponder al servicio: un sitio web que anuncia un asesoramiento o una pericia de abogado que no presta se expone a sanciones. El despacho de abogados revisa los recorridos, los modelos y los textos de presentación antes de su puesta en línea.
¿Es responsable una plataforma de conexión con abogados o juristas de las ofertas publicadas?
Depende de su papel, y el debate está abierto. Todo proveedor de mercado en línea debe ofrecer al consumidor « una información leal, clara y transparente » sobre sus condiciones generales, sus modalidades de clasificación, la remuneración que influye en el posicionamiento y la condición del anunciante (traducción propia) (artículo L. 111-7 del Código de Consumo francés (Code de la consommation)).
En cuanto a las propias ofertas, el Consejo Nacional de los Colegios de Abogados (Conseil national des barreaux) demandó a una plataforma de trabajadores autónomos, reprochándole que incluyera a juristas independientes que ofrecían consultas y redacción de documentos, y a personas que se presentaban como abogados. El juez de la puesta en estado del tribunal judicial de París (juge de la mise en état) desestimó, en esta fase, las solicitudes de suspensión y de retirada provisionales. Recuerda que « El alojador no puede, por tanto, estar sometido a una obligación general de vigilancia de las informaciones que transmite y almacena », y señala que « no es evidente que no pueda ser calificada de alojador » (traducción propia) (TJ Paris, 4e ch. 1re sect., ordonnance du juge de la mise en état, 27 août 2026, n° 25/04306). El asunto sigue pendiente en cuanto al fondo: nada se ha juzgado sobre la licitud de las ofertas.
Una plataforma que selecciona, promociona o remunera según la prestación jurídica asume un papel más activo y, por tanto, más expuesto. En cuanto a los abogados inscritos, la consulta que prestan a través de la plataforma sigue siendo suya; en cuanto a los juristas que no son abogados, el artículo 54 de la ley de 31 de diciembre de 1971 se aplica a cada uno de ellos. El despacho de abogados redacta las condiciones generales, la carta de prestadores y el mecanismo de notificación, o cuestiona la presencia de ofertas irregulares.
¿Puede un abogado crear su propia legaltech?
Sí, dentro de un marco preciso. La profesión de abogado es incompatible con las actividades de carácter mercantil, pero estas incompatibilidades « no impiden la comercialización, con carácter accesorio, de bienes o servicios conexos al ejercicio de la profesión de abogado si dichos bienes o servicios están destinados a clientes o a otros miembros de la profesión » (traducción propia) (artículo 22 del decreto n° 2023-552 de 30 de junio de 2023 por el que se aprueba el código deontológico de los abogados). El abogado o la sociedad de abogados que se acoge a esta excepción informa por escrito al consejo del colegio (conseil de l'ordre) en los treinta días siguientes al inicio de la actividad.
La estructura mercantil no se convierte por ello en un despacho de abogados. El tribunal de apelación de Montpellier descartó la excepción invocada por una abogada presidenta de una SAS, « no siendo la SAS NT & Co una sociedad de abogados » (traducción propia), y señaló que no se había hecho la comunicación al colegio. Anuló la sociedad, apreció una falta separable de sus funciones de la dirigente y ordenó el cierre del sitio web bajo multa coercitiva (CA Montpellier, ch. com., 30 septembre 2025, n° 25/00612), antes de la entrada en aplicación, el 1 de octubre de 2025, de la nueva redacción del artículo 1844-10 del Código Civil francés, que restringe las causas de nulidad de las sociedades.
El esquema que se sostiene separa los papeles: la sociedad comercializa una herramienta o un servicio conexo, sin consulta ni redacción de documentos para el público; el asesoramiento personalizado lo da el abogado, en su ejercicio profesional, con sus propias reglas de honorarios y de secreto (artículo 66-5 de la ley de 31 de diciembre de 1971). El despacho de abogados redacta el objeto social, la comunicación al colegio y los contratos entre la sociedad y el ejercicio liberal. Para la sociedad en sí, consulte nuestra página sobre la constitución de sociedades en Francia.
¿Qué sanciones se aplican al ejercicio ilegal de la profesión de abogado o del derecho?
Son penales y pasan por el artículo 433-17 del Código Penal francés. Quien, sin estar regularmente inscrito en el colegio de abogados, ejerce las actividades de asistencia o representación reservadas por el artículo 4 incurre en las penas de ese texto (artículo 72 de la ley de 31 de diciembre de 1971). Quien da consultas o redacta para terceros documentos privados infringiendo las normas de la ley incurre en las mismas penas (artículo 66-2). El artículo 433-17 castiga el uso sin derecho de un título vinculado a una profesión regulada con un año de prisión y 15 000 euros de multa (artículo 433-17 del Código Penal francés); para una persona jurídica, el importe máximo de la multa es el quíntuple (artículo 131-38).
El título se sanciona aparte. El uso de un título « que tienda a crear, en la mente del público, confusión con el título y la profesión regulados por la presente ley », como el del título de asesor jurídico, se castiga con las mismas penas (artículo 74) (traducción propia). Un aspirante a abogado (élève-avocat) que explotaba un sitio de asesoramiento jurídico fue condenado con este fundamento, al confirmar el Tribunal de Casación (Cour de cassation) al tribunal de apelación, que había constatado « el uso conjunto de términos que pueden provocar, en la mente del público, confusión con el título de asesor jurídico », y una inhabilitación para ejercer la profesión de abogado durante diez años (traducción propia) (Cass. crim., 1er avril 2025, n° 24-82.460).
A partir del 1 de febrero de 2027, el artículo 66-2 también contempla la inclusión indebida de la mención reservada a las consultas confidenciales de los juristas de empresa (versión diferida del artículo 66-2). El despacho de abogados asume la defensa de la persona procesada, o asesora a la víctima que desea presentar una denuncia.
¿Pueden el Consejo Nacional de los Colegios de Abogados o un colegio actuar contra una legaltech?
Sí. Para la sala segunda de lo civil, el Consejo Nacional de los Colegios de Abogados, « persona jurídica encargada de la defensa de los intereses colectivos de la profesión de abogado », que reclama una indemnización por daños y perjuicios, formula una pretensión en su propio beneficio: su intervención es principal y subsiste al desistimiento de las partes iniciales (traducción propia) (Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 18-22.984). Los colegios también se personan como parte civil (partie civile) ante el juez penal, por ejemplo contra quien usurpa el título de asesor jurídico (Cass. crim., 1er avril 2025, n° 24-82.460).
En el asunto de una sociedad de consultoría en ahorro de cotizaciones sociales, el tribunal de apelación de París anuló el convenio y concedió al Consejo Nacional de los Colegios de Abogados un euro simbólico y 10 000 euros en concepto de costas (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 15 septembre 2022, n° 21/07124); en 2025, le concedió 10 000 euros de indemnización por daños y perjuicios frente a un prestador de verificación de tasas inmobiliarias (CA Paris, pôle 5, ch. 10, 18 décembre 2025, n° 23/03895). En Montpellier, el tribunal ordenó la disolución de la sociedad y el cierre del sitio web (CA Montpellier, ch. com., 30 septembre 2025, n° 25/00612), antes de la entrada en aplicación de la reforma del artículo 1844-10 del Código Civil francés, que restringe las causas de nulidad de las sociedades. El fundamento civil es el artículo 1240 del Código Civil francés, combinado con la ley de 31 de diciembre de 1971.
El Consejo Nacional de los Colegios de Abogados (CNB) no siempre gana. En el asunto Demander Justice, sus pretensiones fueron desestimadas en la vía civil frente a la sociedad (Cass. 1re civ., 23 septembre 2020, n° 19-12.894) y en la vía penal tras la absolución de su directivo (Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-82.437). Frente a una plataforma de trabajadores autónomos, sus solicitudes provisionales fueron desestimadas por el juez de la puesta en estado (TJ Paris, 4e ch. 1re sect., ordonnance du juge de la mise en état, 27 août 2026, n° 25/04306). El despacho de abogados responde al requerimiento, prepara la defensa y organiza la adaptación a la normativa.
¿Es válido el contrato firmado con un prestador no habilitado, y hay que pagarlo?
El contrato que desconoce la normativa sobre el ámbito reservado del derecho está expuesto a la nulidad. « El contrato no puede contravenir el orden público ni por sus estipulaciones ni por su finalidad » (artículo 1162 del Código Civil francés), y un contrato que no cumple los requisitos de su validez es nulo: « El contrato anulado se considera que nunca ha existido », dando lugar las prestaciones ejecutadas a restitución (artículo 1178) (traducción propia).
Los jueces lo aplican a las sociedades de consultoría que prestan consultas jurídicas al margen de su actividad principal. El tribunal de apelación de París confirmó en 2025 la anulación de un convenio de verificación de tasas inmobiliarias y observó, a mayor abundancia, que la reclamación de honorarios del prestador « no podría sino ser desestimada, como consecuencia de la anulación del contrato ». Sin embargo, el mismo tribunal juzga que « La parte que se ha beneficiado de una prestación que no puede devolver debe restituir el valor de dicha prestación », y condena al cliente a pagar al prestador 1 500 euros por este concepto; no ordena ningún reembolso de la factura ya abonada (CA Paris, pôle 5, ch. 10, 18 décembre 2025, n° 23/03895). El Tribunal de Casación (Cour de cassation) juzga que la verificación, a la luz de la normativa, del fundamento de las cotizaciones sociales reclamadas constituye por sí misma una prestación de carácter jurídico, « con independencia del nivel de complejidad de los problemas planteados » (traducción propia) (Cass. 1re civ., 15 novembre 2010, n° 09-66.319).
Para el cliente, la nulidad permite oponerse al pago del precio acordado, sin eximirle de restituir el valor de la prestación recibida. Para la legaltech, el riesgo es económico antes que penal: honorarios que ya no se deben como tales, debiendo el cliente solo el valor de la prestación recibida, y una condena frente al Consejo Nacional de los Colegios de Abogados (10 000 euros en esa sentencia). El despacho de abogados analiza el contrato y las prestaciones realmente prestadas antes de emprender cualquier acción.
¿Puede una legaltech reutilizar las resoluciones judiciales publicadas en datos abiertos?
Sí, dentro del marco fijado por la ley. Las resoluciones de los órganos judiciales se ponen a disposición del público en formato electrónico y sin contrapartida económica, tras ocultar el nombre y los apellidos de las personas físicas que sean partes o terceros y, si la seguridad o la vida privada lo exigen, cualquier elemento que permita identificar a las partes, los terceros, los magistrados y los miembros de la secretaría judicial (artículo L. 111-13 del Código de Organización Judicial francés (Code de l'organisation judiciaire)); la regla es la misma para los órganos de la jurisdicción administrativa (artículo L. 10 del Código de Justicia Administrativa francés).
Una prohibición se dirige a las herramientas de análisis: los datos de identidad de los magistrados y de los miembros de la secretaría judicial « no pueden ser objeto de una reutilización que tenga por objeto o por efecto evaluar, analizar, comparar o predecir sus prácticas profesionales reales o supuestas », bajo pena de las sanciones de los artículos 226-18, 226-24 y 226-31 del Código Penal francés (mismo artículo L. 111-13). Los reutilizadores pueden tratar datos relativos a infracciones y condenas que figuren en esas resoluciones, « siempre que los tratamientos realizados no tengan por objeto ni por efecto permitir la reidentificación de las personas afectadas » (traducción propia) (artículo 46, 5°, de la ley de 6 de enero de 1978).
El Consejo de Estado (Conseil d'État) desestimó el recurso interpuesto contra el decreto de 29 de junio de 2020 que organiza esta puesta a disposición, juzgando en particular que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no consagra « un derecho de los terceros a la publicidad de las resoluciones judiciales » (traducción propia) (CE, 6e ch., 19 août 2022, n° 443528). Un producto de justicia predictiva debe, por tanto, concebirse sin elaboración de perfiles nominativos de los jueces ni reidentificación de las partes.
¿Cómo constituir una base de jurisprudencia sin exponerse a riesgos?
Documentando el origen de cada resolución. Fuera de los datos abiertos, los terceros obtienen copia de las resoluciones a través de la secretaría judicial, « sin perjuicio de las solicitudes abusivas, en particular por su número o por su carácter repetitivo o sistemático » (artículo L. 111-14 del Código de Organización Judicial francés). El Consejo de Estado juzga que esta restricción, « limitada a casos concretos y justificada por la necesidad de garantizar el buen funcionamiento de la justicia », no vulnera de forma desproporcionada la libertad de recibir o comunicar informaciones (traducción propia) (CE, 6e ch., 19 août 2022, n° 443528).
El tribunal de apelación de París estimó en 2025, por presunciones graves, precisas y concordantes, que la sociedad que explota doctrine.fr « obtuvo cientos de miles de resoluciones judiciales de los tribunales judiciales de primera instancia de manera ilícita y sin autorización alguna de los directores de secretaría » (traducción propia), lo que le dio una ventaja competitiva indebida; la condenó a pagar 40 000 o 50 000 euros a cada una de cinco editoriales jurídicas, con publicación de un extracto de la sentencia en la parte superior de la página de inicio del sitio web, con fundamento en la competencia desleal (artículo 1240 del Código Civil francés). El tribunal funda la ilicitud de la recopilación en el artículo 6 de la ley francesa de informática y libertades (loi informatique et libertés) y en el artículo R. 123-5 del Código de Organización Judicial francés. En cambio, el tribunal desestimó las pretensiones basadas en el parasitismo y las prácticas comerciales engañosas, y se negó a ordenar la supresión de las resoluciones publicadas en línea (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 7 mai 2025, n° 23/06063).
La lección vale para toda legaltech: los flujos públicos, los convenios con los tribunales o las editoriales y las solicitudes de copia concretas se conservan como pruebas. El despacho de abogados audita la cadena de recopilación, los contratos de licencia de datos y los tratamientos de seudonimización. Para el derecho de las bases de datos y de los contenidos, consulte nuestra página sobre el derecho de autor en Francia.
¿Es una IA jurídica un sistema de alto riesgo en el sentido del AI Act?
No por el mero hecho de que trate de derecho. El anexo III del Reglamento (UE) 2024/1689 clasifica entre los sistemas de alto riesgo, en el ámbito de la administración de justicia, los « sistemas de IA destinados a ser utilizados por las autoridades judiciales o en su nombre », para ayudarlas a buscar e interpretar los hechos o la ley y a aplicar la ley a un conjunto concreto de hechos, o a ser utilizados de manera similar en la resolución extrajudicial de un litigio (anexo III, punto 8 a)) (traducción propia). Un asistente vendido a empresas o a despachos de abogados no está incluido en este punto; una herramienta destinada a un tribunal o a un servicio de mediación puede estarlo.
La calificación europea no resuelve la cuestión francesa. Una respuesta generada que analiza la situación propia del usuario y le indica la conducta que debe seguir corre el riesgo de ser calificada de consulta, reservada por el artículo 54 de la ley de 31 de diciembre de 1971, según la definición adoptada por los jueces: el tribunal de apelación de París considera que « Hay consulta jurídica desde el momento en que el prestador da una opinión personalizada y confronta el derecho aplicable con los datos de hecho aportados por la persona que la solicita » (traducción propia) (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 15 septembre 2022, n° 21/07124). Ninguna resolución publicada de las localizadas resuelve todavía el caso de una herramienta de IA, y el tribunal judicial de París (tribunal judiciaire de Paris) señala, a propósito de la consulta jurídica y de la redacción de documentos, que « estas dos nociones son susceptibles de interpretación », pudiendo ser difícil distinguir la consulta de la información documental (traducción propia) (TJ Paris, 4e ch. 1re sect., ordonnance du juge de la mise en état, 27 août 2026, n° 25/04306). El editor debe, por tanto, elegir entre una herramienta de información, una herramienta reservada a profesionales habilitados, o una respuesta prestada bajo la responsabilidad de abogados.
Las demás obligaciones del Reglamento, en particular la transparencia y el dominio de la IA, y su calendario modificado en 2026, se exponen en nuestra página sobre abogado de inteligencia artificial.
¿Qué normas de datos y de confidencialidad se aplican a una legaltech que trabaja para abogados?
Se acumulan tres series de normas. La primera es el RGPD: la legaltech que trata datos por cuenta de un despacho de abogados es, en principio, encargada del tratamiento, y el responsable del tratamiento « recurrirá únicamente a encargados que ofrezcan garantías suficientes » en cuanto a las medidas técnicas y organizativas, rigiéndose la relación por un contrato que fija el objeto, la duración, la finalidad y las obligaciones (traducción propia) (artículo 28 del RGPD). Los datos relativos a condenas e infracciones penales están sujetos a un régimen restrictivo (artículo 10 del RGPD; artículo 46 de la ley de 6 de enero de 1978).
La segunda es el secreto profesional del abogado. Las consultas, la correspondencia entre el cliente y su abogado, las notas de entrevista y, más en general, todos los documentos del expediente están cubiertos por el secreto (artículo 66-5 de la ley de 31 de diciembre de 1971). La herramienta que aloja o analiza estos documentos debe elegirse y configurarse en consecuencia: ubicación, accesos, reutilización de los datos para el entrenamiento de modelos, reversibilidad.
La tercera se dirige a la propia legaltech cuando está autorizada a dar consultas o a redactar documentos: « debe estar cubierta por un seguro suscrito individual o colectivamente », justificar una garantía financiera por los fondos recibidos y respetar el secreto profesional (traducción propia) (artículo 55). El despacho de abogados redacta el acuerdo de encargo del tratamiento y las cláusulas de confidencialidad. El detalle del RGPD está en nuestra página sobre abogado de protección de datos (RGPD).
¿Qué honorarios tiene un abogado en legaltech?
Los honorarios son objeto de un convenio escrito, de conformidad con el artículo 10 de la ley de 31 de diciembre de 1971: antes de comprometerse, usted sabe qué cubre el encargo y cuánto cuesta. El mismo artículo prevé que los honorarios tienen en cuenta, según los usos, la dificultad del asunto, los gastos en que se ha incurrido y las diligencias realizadas.
El despacho de abogados prefiere la tarifa fija por etapa: análisis del modelo a la luz del ámbito reservado del derecho, redacción del objeto social, de las condiciones generales y de la carta de prestadores, acuerdo de encargo del tratamiento de datos, auditoría de la cadena de recopilación de resoluciones, respuesta a un requerimiento, defensa ante el tribunal civil o penal, acción de nulidad o por competencia desleal. Todo encargo nuevo da lugar a una adenda, sin facturación imprevista.
Para una primera opinión sobre documentos, el estudio previo del expediente por 80 € IVA incluido, a través del formulario de esta página, da lugar a un análisis escrito en un plazo de 24 horas hábiles. Primer contacto en el +33 6 89 11 34 45.
Referencias
Textos oficiales y páginas relacionadas
Las fuentes de esta página, verificadas el 1 de noviembre de 2026, y las áreas de práctica afines del despacho.
Textos oficiales
- Artículos 4, 54, 55, 56, 58, 59 y 60 de la ley n° 71-1130 de 31 de diciembre de 1971: monopolio de asistencia y representación, ámbito reservado del derecho, habilitaciones
- Artículo 58-1 de la ley n° 71-1130, introducido por la ley n° 2026-122 de 23 de febrero de 2026: consultas confidenciales de los juristas de empresa, definición de la consulta (en vigor el 1 de febrero de 2027)
- Artículos 66-2 (y versión a 1 de febrero de 2027), 66-4, 72 y 74 de la ley n° 71-1130: sanciones del ejercicio ilegal, captación de clientes, título
- Artículo 66-5 de la ley n° 71-1130: secreto profesional del abogado
- Artículos 433-17 y 131-38 del Código Penal francés: usurpación de título, multa de las personas jurídicas
- Artículo 22 del decreto n° 2023-552 de 30 de junio de 2023 por el que se aprueba el código deontológico de los abogados: incompatibilidades, actividades mercantiles conexas
- Artículos 1162, 1178, 1240 y 1844-10 del Código Civil francés: orden público, nulidad y restituciones, responsabilidad, nulidad de las sociedades
- Ordenanza n° 2025-229 de 12 de marzo de 2025: reforma de las nulidades en derecho de sociedades, aplicable el 1 de octubre de 2025 (artículo 70)
- Artículo L. 111-7 del Código de Consumo francés: información debida por los mercados y comparadores en línea
- Artículos L. 111-13 y L. 111-14 del Código de Organización Judicial francés, artículo L. 10 del Código de Justicia Administrativa francés: datos abiertos de las resoluciones, copias entregadas a terceros
- Artículo 46 de la ley n° 78-17 de 6 de enero de 1978: datos relativos a infracciones y condenas
- Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD): datos penales (artículo 10), encargado del tratamiento (artículo 28)
- Reglamento (UE) 2024/1689 sobre inteligencia artificial: anexo III, punto 8 a), administración de justicia
- Artículo 10 de la ley n° 71-1130 de 31 de diciembre de 1971: convenio de honorarios
Resoluciones citadas
- Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-82.437: formularios en línea, absolución del delito de ejercicio ilegal
- Cass. 1re civ., 23 septembre 2020, n° 19-12.894: plataforma de presentación de escritos en línea, sin práctica engañosa
- Cass. 1re civ., 15 novembre 2010, n° 09-66.319: consultas ofrecidas en su conjunto y actividad principal
- Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 18-22.984: intervención del Consejo Nacional de los Colegios de Abogados
- Cass. crim., 1er avril 2025, n° 24-82.460: sitio de asesoramiento jurídico, usurpación del título de asesor jurídico
- CA Paris, pôle 5, ch. 5, 15 septembre 2022, n° 21/07124: opinión personalizada, convenio anulado
- CA Paris, pôle 5, ch. 10, 18 décembre 2025, n° 23/03895: información documental o consulta, convenio anulado, restitución por su valor
- CA Montpellier, ch. com., 30 septembre 2025, n° 25/00612: legaltech anulada por objeto social ilícito, cierre del sitio web
- CA Paris, pôle 5, ch. 1, 7 mai 2025, n° 23/06063: recopilación ilícita de resoluciones judiciales, competencia desleal
- TJ Paris, 4e ch. 1re sect., ordonnance du juge de la mise en état, 27 août 2026, n° 25/04306: plataforma de autónomos, solicitudes provisionales del CNB desestimadas
- CE, 6e ch., 19 août 2022, n° 443528: decreto de datos abiertos, solicitudes abusivas de copias, publicidad de las resoluciones
¿Un servicio jurídico en línea que lanzar, un requerimiento recibido, una oferta que cuestionar?
El despacho de abogados está localizable 24 horas, 7 días a la semana. Transmita la descripción del servicio, los estatutos, las condiciones generales, las capturas del sitio web o el requerimiento recibido: el abogado Hassan Kohen examina el modelo a la luz del ámbito reservado del derecho, de las normas de las plataformas y de los datos, y le indica después la vía adecuada: adaptación a la normativa, respuesta al colegio de abogados o al Consejo Nacional de los Colegios de Abogados, defensa, acción de nulidad o por competencia desleal.