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Despacho Kohen Avocats, inspecciones de la DGCCRF y de las DDPP en París
Abogado DGCCRF en París: inspección, requerimiento, multa administrativa y recursos
Visita de los inspectores, declaración, acta, requerimiento, multa administrativa, publicación, transacción o diligencias penales: el despacho asiste a la empresa inspeccionada por la DGCCRF (autoridad francesa de consumo y represión del fraude) o por una dirección departamental de protección de la población (DDPP), desde la inspección hasta el recurso ante el juez.
Despacho localizable 24 horas, 7 días a la semana. Conviene conocer dos plazos: un mes para presentar sus alegaciones por escrito cuando la administración le comunica la sanción que contempla (artículos L. 522-5 y R. 522-2 del Código de Consumo francés, Code de la consommation), y después dos meses para recurrir ante el tribunal administrativo la resolución que impone la multa (artículo R. 421-1 del Código de Justicia Administrativa francés, Code de justice administrative).
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El abogado Hassan Kohen
Abogado del Colegio de Abogados de París — inspecciones de la DGCCRF y de las DDPP, sanciones administrativas y recursos de la empresa.
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Página actualizada el 12 de octubre de 2026.
Respuesta rápida
En una inspección de la DGCCRF o de una DDPP, los agentes pueden entrar en sus locales profesionales entre las 8 y las 20 horas, exigir la entrega de documentos, hacer copias y oír a cualquier persona útil (artículos L. 512-5, L. 512-8 y L. 512-10 del Código de Consumo francés). Sus actas (procès-verbaux) hacen fe salvo prueba en contrario. Si se aprecia un incumplimiento, la administración puede dirigir un requerimiento y después imponer una multa administrativa tras un procedimiento contradictorio: usted dispone de un mes para responder por escrito y puede ser asistido por un abogado (artículo L. 522-5). La resolución puede recurrirse ante el tribunal administrativo en el plazo de dos meses. El despacho interviene en París desde la visita de los agentes, en el +33 6 89 11 34 45.
¿Una visita de los agentes, una citación, una carta que anuncia una sanción prevista?
Comprender su situación
La inspección de la DGCCRF y de las DDPP, explicada
Las facultades de investigación y de sanción se recogen en el libro V del Código de Consumo francés (Code de la consommation) y, en cuanto a los plazos de pago y las relaciones comerciales, en el libro IV del Código de Comercio francés (Code de commerce). Se aplican las mismas reglas con independencia de que la inspección la lleve a cabo la dirección general, una dirección regional o una dirección departamental de protección de la población: en París, como en cualquier otro lugar, la empresa tiene obligaciones, pero también derechos. Esto es lo que conviene saber, desde el primer contacto con los agentes hasta el juez.
Puntos clave
Qué pueden hacer los agentes y dentro de qué límites
Las facultades de investigación del Código de Consumo francés y el juez competente según el resultado de la inspección.
Entrar en los locales de uso profesional entre las 8 y las 20 horas, y fuera de ese horario si están abiertos al público o si se desarrolla en ellos una actividad (artículo L. 512-5).
En los locales que además sirven de vivienda, inspeccionar solo entre las 8 y las 20 horas y, si el ocupante se opone, con autorización del juez de las libertades y de la detención (JLD) (artículo L. 512-6).
Exigir la entrega de documentos de cualquier tipo, copiarlos o incautarlos, y acceder a los programas informáticos y a los datos (artículos L. 512-8 y L. 512-11); el secreto profesional no les es oponible (artículo L. 512-3).
Recabar información y tomar declaración, en el lugar o previa citación, mediante un acta que reproduce las preguntas formuladas (artículo L. 512-10).
Constatar las infracciones e incumplimientos mediante actas que hacen fe salvo prueba en contrario (artículo L. 512-2).
Realizar registros e incautaciones en cualquier lugar, por orden del juez de las libertades y de la detención (artículos L. 512-51 y L. 512-52).
El resultado de la inspección determina el juez competente. La multa administrativa la impone el director general de la DGCCRF, el jefe del servicio nacional de investigaciones, el director regional o el director de la dirección departamental de protección de la población (artículo R. 522-1); se recurre ante el tribunal administrativo mediante un recurso de plena jurisdicción (recours de plein contentieux). Las infracciones penales, como la práctica comercial engañosa o el engaño al consumidor (tromperie), corresponden al fiscal de la República (procureur de la République) y al tribunal correccional (tribunal correctionnel). Los registros e incautaciones se impugnan ante el juez del orden judicial que los autorizó.
Su posición
Durante la inspección y después del acta
Dos momentos, dos actitudes: cooperar sin exponerse y después responder con método.
Durante la inspección
- Pedir la acreditación de los agentes y el objeto de la inspección, sin obstaculizar sus funciones.
- Entregar los documentos solicitados conservando la lista exacta de lo que se ha copiado o se han llevado.
- Releer cada acta de declaración y hacer constar sus observaciones antes de firmar.
- Contactar con el despacho si una declaración versa sobre hechos que puedan imputársele.
Después de la inspección
- Analizar el acta recibida y la carta que anuncia la sanción prevista.
- Responder por escrito en el plazo de un mes, pedir ser oído y documentar las medidas correctoras.
- Discutir el principio, el importe y la publicidad de la sanción.
- Recurrir ante el tribunal administrativo en el plazo de dos meses si la resolución sigue siendo impugnable.
Obstaculizar las funciones de los agentes es un delito castigado con dos años de prisión y 300 000 euros de multa (artículo L. 531-1). Cooperar no obliga, sin embargo, a concederlo todo: lo que se declare en el acta se utilizará contra la empresa.
Las garantías que puede invocar:
Procedimiento
Del requerimiento a la multa administrativa
Las etapas que sigue la administración y lo que la empresa puede hacer en cada una.
El acta
Recoge los incumplimientos detectados; se remite una copia a la persona afectada cuando se contempla una multa administrativa (artículo L. 522-4).
El requerimiento
Tras un procedimiento contradictorio, la administración puede ordenar que se cumpla la ley en un plazo razonable, con una multa coercitiva diaria (astreinte) de 3 000 euros como máximo (artículo L. 521-1).
La sanción prevista
La administración comunica por escrito la sanción que contempla e invita a presentar alegaciones escritas y, en su caso, orales, con la asistencia del asesor de su elección (artículo L. 522-5).
La multa y su publicación
Transcurrido el plazo de un mes, una resolución motivada puede imponer la multa, que puede publicarse a costa de la empresa (artículos L. 522-5 y L. 522-6).
La fase contradictoria no es una mera formalidad. Las alegaciones escritas y orales de la empresa pueden llevar a la administración a abandonar un cargo o a reducir el importe previsto; también preparan el recurso ante el juez.
Cronología
Los plazos del procedimiento sancionador
Los plazos fijados por el Código de Consumo francés y el Código de Justicia Administrativa francés.
El día de la inspección
Visita, constataciones, copias de documentos, declaraciones: cada acta debe releerse y anotarse antes de firmarla (artículo L. 512-10).
Antes de cualquier sanción
Remisión de una copia del acta (artículo L. 522-4) y carta que anuncia la sanción prevista (artículo L. 522-5).
Un mes
Plazo para presentar alegaciones escritas y, en su caso, orales tras la carta que anuncia la sanción prevista (artículo R. 522-2).
La resolución motivada
Multa y, en su caso, medida de publicidad; las sanciones impuestas por incumplimientos concurrentes se ejecutan de forma acumulativa (artículos L. 522-6 y L. 522-7).
Dos meses
Plazo para recurrir ante el tribunal administrativo a partir de la notificación de la resolución (artículo R. 421-1 del Código de Justicia Administrativa francés).
Un año o tres años
Prescripción de la acción de la administración: tres años para una multa superior a 3 000 euros en el caso de una persona física o a 15 000 euros en el de una persona jurídica, un año por debajo de esos importes, salvo acto interruptivo (artículos L. 522-2 y L. 522-3).
Preparar la respuesta
Los documentos que debe reunir
Lo que permite discutir la constatación, el importe y la publicidad de la sanción.
El aviso de visita, la citación o cualquier documento entregado por los agentes durante la inspección.
Las actas de constatación y de declaración, y la lista de los documentos copiados o incautados.
La carta de requerimiento o de sanción prevista, con su fecha de recepción.
Los soportes inspeccionados: etiquetas, indicación de precios, condiciones generales, páginas del sitio web.
Para los plazos de pago: extractos del libro mayor de proveedores, facturas y fechas de pago.
La prueba de las medidas correctoras: nuevos procedimientos, capturas de pantalla fechadas, formación del personal.
Los intercambios anteriores con la administración, recordatorios de la normativa o advertencias.
Las cuentas de la empresa, útiles para discutir la proporcionalidad del importe.
Envíe lo que tenga, aunque esté incompleto: el despacho ordena los documentos por prioridad y prepara sus alegaciones, en el +33 6 89 11 34 45 o a través del formulario de estudio previo.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Trece respuestas detalladas, basadas en los textos vigentes y en la jurisprudencia administrativa y judicial.
¿Qué diferencia hay entre la DGCCRF y la DDPP?
La DGCCRF, Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), es la administración central competente en estas materias. Sobre el terreno, las inspecciones suelen realizarlas los servicios desconcentrados: las direcciones departamentales de protección de la población, denominadas DDPP o, en algunos departamentos, DDETSPP, y las direcciones regionales.
Para la empresa, la diferencia es sobre todo práctica: los agentes disponen de las mismas facultades de investigación del libro V del Código de Consumo francés y el procedimiento sancionador es idéntico. La autoridad que firma la multa administrativa puede ser el director general de la DGCCRF, el jefe del servicio nacional de investigaciones, el director regional o el director de la dirección departamental de protección de la población (artículo R. 522-1 del Código de Consumo francés).
Saber qué servicio ha llevado a cabo la inspección sigue siendo útil: indica quién es su interlocutor en la fase contradictoria y quién es el autor de la resolución recurrida ante el juez. Los mismos agentes también pueden constatar infracciones penales, que se trasladan al fiscal.
¿Se puede negar la entrada a los agentes o rechazar una inspección de la DGCCRF?
Negarse a la inspección expone a diligencias penales. Está prohibido obstaculizar el ejercicio de las funciones de los agentes habilitados (artículo L. 512-4 del Código de Consumo francés), y este delito se castiga con dos años de prisión y 300 000 euros de multa, importe que puede elevarse, de forma proporcionada a los beneficios obtenidos con el delito, hasta el 10 % del volumen de negocio anual medio (artículo L. 531-1).
No obstante, las facultades de los agentes tienen límites. Pueden entrar en los locales de uso profesional entre las 8 y las 20 horas, y fuera de ese horario solo si los locales están abiertos al público o si se desarrolla en ellos una actividad de producción, transformación o comercialización (artículo L. 512-5). Cuando los locales sirven además de vivienda, la inspección solo puede tener lugar entre las 8 y las 20 horas y, si el ocupante se opone, con autorización del juez de las libertades y de la detención (artículo L. 512-6).
En cambio, una visita con incautación en cualquier lugar exige una orden de ese juez (artículos L. 512-51 y L. 512-52). Si tiene dudas sobre la regularidad de una actuación, es preferible cooperar, anotar con precisión las condiciones de la inspección y hacer analizar después el procedimiento.
¿Pueden los agentes llevarse documentos o copiar nuestros archivos?
Sí. Los agentes pueden exigir la entrega de documentos de cualquier tipo que faciliten su misión, obtenerlos o copiarlos por cualquier medio y en cualquier soporte, o incautarlos con independencia de quién los tenga (artículo L. 512-8 del Código de Consumo francés). Cuando los documentos están informatizados, tienen acceso a los programas, a los datos almacenados y a los algoritmos, y pueden pedir que se les entreguen en un soporte que permita su tratamiento (artículo L. 512-11).
El secreto profesional no les es oponible (artículo L. 512-3). También pueden exigir que se pongan a su disposición los medios indispensables para sus comprobaciones y requerir la apertura de cualquier embalaje (artículo L. 512-9), tomar muestras y levantar acta de ello (artículos L. 512-12 y L. 512-23).
Lo aconsejable es llevar la lista exacta de los documentos entregados, copiados o incautados y conservar un duplicado. Esa lista permite después comprobar que el acta solo se apoya en documentos efectivamente recabados y preparar la respuesta a cada cargo.
Citado a declarar ante la DGCCRF: ¿conviene acudir con un abogado?
Los agentes pueden tomar declaración, previa citación o en el lugar, a cualquier persona que pueda aportar datos útiles; el acta recoge las preguntas formuladas, la persona la relee, puede hacer constar en ella sus observaciones y la firma (artículo L. 512-10 del Código de Consumo francés). El mismo texto remite al artículo 28 del Código de Procedimiento Penal francés (Code de procédure pénale): cuando existen motivos plausibles para sospechar que la persona ha cometido una infracción, se aplica el artículo 61-1, con, en particular, el derecho a abandonar el lugar, el derecho a guardar silencio y, en el caso de un delito castigado con prisión, el derecho a ser asistido por un abogado.
El Tribunal de Casación (Cour de cassation) precisa que «el artículo 61-1 del Código de Procedimiento Penal solo es aplicable cuando los funcionarios y agentes de las administraciones a que se refiere dicho artículo toman declaración a la persona respecto de la cual existen motivos plausibles para sospechar que ha cometido o intentado cometer una infracción» (traducción propia) (Cass. crim., 6 juin 2023, n° 22-86.685, resolución). En ese asunto, unas simples declaraciones sumarias recogidas durante un control en la vía pública no constituían una declaración formal.
Una citación escrita que anuncia una declaración sobre hechos concretos justifica, por tanto, preparar la entrevista con un abogado. Nuestro artículo sobre la audición libre ante la DGCCRF o la DDPP (audition libre) detalla su desarrollo.
¿Debe informarse al directivo al que se toma declaración de su derecho a guardar silencio?
Sí, cuando es sospechoso. El Tribunal de Casación lo ha declarado respecto de otros agentes administrativos con facultades comparables: «la persona oída con arreglo al artículo L. 1421-3 del Código de Salud Pública, respecto de la cual existen motivos plausibles para sospechar que ha cometido o intentado cometer una infracción, debe ser notificada de su derecho a guardar silencio» (traducción propia) (Cass. crim., 29 avril 2025, n° 25-90.005, resolución). El razonamiento se funda en el artículo 28 del Código de Procedimiento Penal francés, al que también remite el artículo L. 512-10 del Código de Consumo francés.
La regla vale también para el representante de una sociedad. En una investigación preliminar, la Sala de lo Penal declaró que esta información debe «darse a toda persona, física o jurídica, oída en el marco de una investigación preliminar, respecto de la cual existan motivos plausibles para sospechar la comisión de una infracción» (traducción propia) (Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 25-80.319, resolución).
La misma sentencia muestra el límite del argumento: no se declaró la nulidad, porque la declaración cuestionada no era el fundamento exclusivo, ni siquiera esencial, de la declaración de culpabilidad. Una irregularidad en la declaración se alega, por tanto, midiendo lo que aportó realmente al expediente.
¿Qué valor tiene el acta de los agentes de la DGCCRF?
Las infracciones y los incumplimientos se constatan mediante actas que hacen fe salvo prueba en contrario (artículo L. 512-2 del Código de Consumo francés). En la práctica, la empresa que impugna una constatación debe aportar elementos precisos: un documento fechado, una captura de pantalla, un testimonio, un justificante contable, y no una simple negativa.
Esta fuerza probatoria explica la importancia del momento de la firma. El acta de declaración debe recoger las preguntas a las que se responde; la persona oída la lee ella misma, puede hacer constar en ella sus observaciones y la firma; si se niega a firmar, se hace constar (artículo L. 512-10). Una observación consignada en el momento pesa más que una impugnación formulada meses después.
El control de la regularidad del acta alcanza también a su remisión: antes de cualquier multa administrativa, se envía una copia a la persona afectada (artículo L. 522-4). El despacho comprueba que cada cargo recogido en la carta que anuncia la sanción prevista se apoya en una constatación regular.
¿Qué es un requerimiento de la DGCCRF y qué se arriesga al ignorarlo?
Cuando los agentes constatan un incumplimiento o una infracción, pueden, tras un procedimiento contradictorio, requerir al profesional, en un plazo razonable que fijan, para que cumpla sus obligaciones, cese cualquier conducta ilícita o suprima toda cláusula ilícita o prohibida. El requerimiento puede ir acompañado de una multa coercitiva diaria (astreinte) de 3 000 euros como máximo, cuyo total no puede exceder de 300 000 euros (artículo L. 521-1 del Código de Consumo francés). También puede hacerse público, a costa del profesional (artículo L. 521-2).
No atender el requerimiento en el plazo fijado se castiga con una multa administrativa que no puede exceder de 15 000 euros para una persona física ni de 75 000 euros para una persona jurídica, importe que se eleva al de la multa prevista para el incumplimiento inicial cuando este es superior (artículo L. 532-1).
La fase contradictoria previa es el momento adecuado para discutir el cargo, el plazo concedido y la medida de publicidad. El requerimiento es una resolución administrativa: si carece de fundamento o es desproporcionado, su impugnación corresponde al juez administrativo.
¿Cuál es el importe de una multa administrativa de la DGCCRF?
El importe depende del texto infringido. El incumplimiento de las obligaciones de información precontractual se castiga con una multa de 3 000 euros como máximo para una persona física y de 15 000 euros para una persona jurídica (artículo L. 131-1 del Código de Consumo francés). El incumplimiento de los plazos de pago entre profesionales puede alcanzar 75 000 euros para una persona física y dos millones de euros para una persona jurídica, límites que se duplican en caso de reiteración en los dos años siguientes a una primera sanción firme (artículo L. 441-16 del Código de Comercio francés).
Estos límites se aplican por cada incumplimiento, y las sanciones impuestas por incumplimientos concurrentes se ejecutan de forma acumulativa (artículo L. 522-7). En el asunto Orange, la administración había apreciado veintiún soportes comerciales no conformes con la información sobre precios e impuso 15 000 euros por cada uno, es decir, 315 000 euros, sanción que el Consejo de Estado (Conseil d'État) confirmó (CE, 7 avril 2023, n° 461082, resolución).
La discusión del importe se apoya en la naturaleza y la magnitud de los incumplimientos, su duración, las medidas correctoras y el tamaño de la empresa. Comienza en las alegaciones escritas, antes de cualquier resolución.
¿Cómo se desarrolla el procedimiento contradictorio previo a la multa?
Antes de cualquier resolución, la administración informa por escrito a la persona afectada de la sanción que contempla, indicándole que puede ser asistida por el asesor de su elección e invitándola a presentar sus alegaciones escritas y, en su caso, orales. Transcurrido ese plazo, puede imponer la multa mediante una resolución motivada (artículo L. 522-5 del Código de Consumo francés). El plazo es de un mes (artículo R. 522-2).
Esta fase tiene un efecto concreto. El Tribunal Administrativo de Apelación de París (cour administrative d'appel de Paris) observó, en un asunto en el que la plataforma sancionada impugnaba el procedimiento, que «la sanción económica inicialmente estimada en 400 000 euros se redujo a 230 000 euros a raíz de las alegaciones escritas de la sociedad de 24 de julio de 2020 y de sus alegaciones orales presentadas en una entrevista celebrada el 29 de septiembre siguiente» (traducción propia) (CAA Paris, 30 octobre 2025, n° 23PA02514, resolución). Además, se había abandonado un cargo.
Las alegaciones deben responder cargo por cargo, aportar los documentos, exponer las medidas correctoras y discutir el importe y la publicidad. Cuando resulta útil, el despacho solicita además ser oído oralmente.
¿Cómo se impugna una multa administrativa ante el juez?
Mediante un recurso ante el tribunal administrativo, en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución (artículo R. 421-1 del Código de Justicia Administrativa francés). Según el Tribunal Administrativo de Apelación de París, las resoluciones de la DGCCRF son «resoluciones sujetas a control jerárquico y susceptibles de recurso de plena jurisdicción ante el juez administrativo» (traducción propia) (CAA Paris, 30 octobre 2025, n° 23PA02514, resolución). El juez puede así anular la sanción o reducir su importe.
El juez controla también la previsibilidad de la norma sancionada. El Consejo de Estado (Conseil d'État) declara que «el juez comprueba si la norma de que se trata es suficientemente clara, de modo que resulte razonablemente previsible para los profesionales afectados, habida cuenta de los textos que definen sus obligaciones profesionales y de la interpretación que hasta entonces hubiera dado la administración, que la conducta litigiosa constituye tal incumplimiento» (traducción propia) (CE, 7 avril 2023, n° 461082, resolución). En ese asunto se cumplía la condición y la sanción se confirmó: el argumento presupone una norma realmente ambigua.
Los demás motivos habituales se refieren a la regularidad del procedimiento contradictorio, la materialidad de los hechos, la prescripción y la proporcionalidad del importe y de la publicidad.
¿Puede publicarse la sanción en el sitio web de la DGCCRF?
Sí. La resolución que impone la multa puede ir acompañada de una medida de publicidad. Durante el procedimiento contradictorio se informa entonces a la persona afectada de la naturaleza y las modalidades de la publicidad prevista, que se realiza a su costa (artículo L. 522-6 del Código de Consumo francés). La publicidad puede ir acompañada de una multa coercitiva diaria limitada al 0,05 % del volumen de negocio mundial sin impuestos del último ejercicio cerrado, o a 1 500 euros si ese volumen no se conoce.
La misma facultad existe para el requerimiento (artículo L. 521-2). En los asuntos citados más arriba, se había ordenado la publicación en el sitio web de la DGCCRF durante dos meses en el asunto Orange y durante treinta días en el asunto TripAdvisor.
Para una empresa, el daño a su imagen pesa a veces más que el importe de la multa. La publicidad se discute, por tanto, desde las alegaciones escritas, en cuanto a su principio, su soporte y su duración, y después ante el juez si se mantiene.
¿Qué es la transacción que propone la DGCCRF?
Mientras no se haya puesto en marcha la acción pública, la administración puede transigir, con el acuerdo del fiscal de la República (procureur de la République), respecto de las infracciones leves (contraventions) del Código de Consumo francés y de los delitos que no se castigan con prisión o que se castigan con una pena de prisión igual o inferior a tres años, así como de las prácticas comerciales engañosas (artículo L. 523-1 del Código de Consumo francés, en su versión vigente).
La propuesta precisa el importe de la multa transaccional, inferior al máximo previsto y determinado teniendo en cuenta los compromisos asumidos por la empresa. El acuerdo puede incluir obligaciones destinadas a hacer cesar las infracciones, evitar su repetición y reparar el perjuicio de los consumidores.
Aceptar una transacción evita un juicio penal, pero exige calibrar sus compromisos y sus efectos sobre posibles acciones de clientes. El despacho examina la propuesta, su importe y sus obligaciones antes de cualquier firma, y la compara con las posibilidades de una defensa ante el tribunal correccional.
¿Qué honorarios supone la asistencia frente a la DGCCRF?
Los honorarios se fijan en un convenio escrito, conforme al artículo 10 de la ley n° 71-1130 de 31 de diciembre de 1971, salvo urgencia o fuerza mayor: usted sabe, antes de comprometerse, qué cubre el encargo y cuánto cuesta. El convenio precisa el importe o el modo de cálculo de los honorarios que cubren las actuaciones previsibles, así como los gastos previstos.
El despacho opta preferentemente por una tarifa fija por etapa: asistencia durante la inspección o la declaración, análisis del acta, redacción de las alegaciones en el procedimiento contradictorio, discusión de una transacción, recurso ante el tribunal administrativo, defensa ante el tribunal correccional. Todo encargo nuevo da lugar a una adenda, sin facturación imprevista.
Para un primer análisis de los documentos, el estudio previo del expediente mediante el formulario de esta página cuesta 80 € IVA incluido. El despacho le indica después, por escrito, la estrategia prevista y el coste de cada etapa. Primer contacto en el +33 6 89 11 34 45.
Referencias
Textos oficiales y páginas relacionadas
Las fuentes de esta página y las áreas de práctica afines del despacho.
Textos oficiales
- Artículo L. 512-2 del Código de Consumo francés: fuerza probatoria de las actas
- Artículo L. 512-5 del Código de Consumo francés: acceso a los locales profesionales
- Artículo L. 512-8 del Código de Consumo francés: entrega e incautación de documentos
- Artículo L. 512-10 del Código de Consumo francés: declaraciones y acta
- Artículo L. 521-1 del Código de Consumo francés: requerimiento y multa coercitiva
- Artículo L. 522-5 del Código de Consumo francés: procedimiento contradictorio
- Artículo L. 522-6 del Código de Consumo francés: publicidad de la sanción
- Artículo L. 523-1 del Código de Consumo francés: transacción
- Artículo L. 531-1 del Código de Consumo francés: delito de obstrucción
- Artículo R. 522-1 del Código de Consumo francés: autoridades competentes para sancionar
- Artículo L. 441-16 del Código de Comercio francés: multa por retraso en el pago
- Artículo 61-1 del Código de Procedimiento Penal francés: derechos de la persona sospechosa a la que se toma declaración
- Artículo R. 421-1 del Código de Justicia Administrativa francés: plazo de recurso
- CE, 7 avril 2023, n° 461082: previsibilidad de la norma sancionada
- CAA Paris, 30 octobre 2025, n° 23PA02514: procedimiento contradictorio y plena jurisdicción
- Cass. crim., 6 juin 2023, n° 22-86.685: declaración ante agentes administrativos
- Cass. crim., 29 avril 2025, n° 25-90.005: notificación del derecho a guardar silencio
- Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 25-80.319: representante de la persona jurídica
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