Despacho Kohen Avocats — Defensa penal
Abogado de fraude fiscal en París: defensa penal y fiscal coordinada
Citación, denuncia de la Administración tributaria o actuaciones penales: el despacho examina los hechos, la prueba de la intención y las sanciones, en relación con el litigio tributario.
Citación o detención policial por fraude fiscal. Envíenos el documento recibido y su plazo para preparar su defensa.
Fraude fiscal · París
Prepare su defensa
El fraude fiscal forma parte de nuestra sección abogado fiscalista en París. Envíenos la citación, las regularizaciones tributarias y las resoluciones ya recibidas.
Penal
y fiscal,
coordinados
Despacho Kohen Avocats, distrito 16 de París
Entender las actuaciones penales y preparar su defensa penal en materia fiscal
Defensa penal en materia fiscal · distrito 16 de París
Qué hace un abogado de fraude fiscal en París
- Colegio de Abogados de París
- Defensa penal en materia fiscal
- Directivos y particulares
- Procedimientos coordinados
Una regularización tributaria y una acusación de fraude fiscal (fraude fiscale) exigen respuestas distintas. El delito supone la sustracción fraudulenta, o su tentativa, a la determinación o al pago del impuesto (artículo 1741 del Código General Tributario francés (Code général des impôts)). El ministerio fiscal y la Administración tributaria deben probar su carácter intencionado (artículo L227 del Libro de Procedimientos Fiscales (Livre des procédures fiscales)). El abogado examina las declaraciones, los asientos contables y los intercambios con la Administración para discutir lo que se le reprocha a usted personalmente.
El despacho prepara su defensa desde la remisión del asunto a la Comisión de Infracciones Fiscales (commission des infractions fiscales, CIF) o desde la primera citación. Le asiste en las declaraciones ante los investigadores y durante la detención policial (garde à vue), examina los actos procesales y prepara la vista. Los derechos de asistencia están previstos, en particular, en los artículos 61-1 y 63-3-1 del Código de Procedimiento Penal francés (Code de procédure pénale). La intervención tiene en cuenta la inspección tributaria y los recursos ya interpuestos. Puede enviar la citación y los documentos fiscales, o contactar con el despacho en el +33 6 89 11 34 45.
Ficha oficial en el directorio de abogados de Francia (CNB)Despacho en 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
Identificar la acusación
Impuestos, ejercicios, actos reprochados y papel de cada persona: delimitar el alcance del expediente.
Preparar las declaraciones
Repasar la cronología y los documentos antes de responder a las preguntas de los investigadores.
Coordinar las defensas
Comparar los documentos fiscales y penales, las sanciones ya impuestas y las resoluciones recibidas.
Artículo 1741 del Código General Tributario
Una sustracción fraudulenta al impuesto
El expediente debe acreditar los actos reprochados y su carácter intencionado. Una liquidación complementaria no exime de esta prueba (artículo 1741 del Código General Tributario, artículo L227 del Libro de Procedimientos Fiscales).
Los hechos
Determinación o pago del impuesto
El artículo 1741 del Código General Tributario contempla la sustracción fraudulenta, total o parcial, y su tentativa: omisión voluntaria de declarar en plazo, ocultación voluntaria de cantidades imponibles, organización de la insolvencia, obstaculización fraudulenta del cobro o cualquier otra forma fraudulenta de actuar. En caso de ocultación, el texto exige que esta supere la décima parte de la cantidad imponible o 153 euros. Este umbral no constituye una franquicia general para todas las formas de fraude.
La intención
Lo que la acusación debe demostrar
El artículo L227 del Libro de Procedimientos Fiscales atribuye al ministerio fiscal y a la Administración la carga de probar el carácter intencionado de la sustracción o de su tentativa. La defensa contrasta las declaraciones con los documentos disponibles en su fecha, las instrucciones dadas y las explicaciones recibidas. En el caso de un directivo, el examen se centra en sus propios actos: la responsabilidad penal es personal (artículo 121-1 del Código Penal francés (Code pénal)).
La contabilidad
Un delito distinto que debe examinarse
El artículo 1743 del Código General Tributario castiga, en particular, la omisión consciente de practicar o hacer practicar asientos, así como los asientos inexactos o ficticios en el libro diario (livre-journal) o en los documentos que lo sustituyan. Remite a las penas del artículo 1741. La defensa debe identificar los asientos afectados, la obligación contable, las intervenciones personales y el conocimiento de la irregularidad.
Tipificación distinta
El blanqueo de fraude fiscal
El blanqueo de capitales consiste, en particular, en facilitar la justificación falsa del origen de bienes o rentas procedentes de un delito grave o de un delito menos grave, o en contribuir a una operación de colocación, ocultación o conversión de su producto (artículo 324-1 del Código Penal). Una cuenta en el extranjero no basta para describir la operación reprochada: deben examinarse el origen de los fondos, el beneficio obtenido del fraude y los movimientos perseguidos. Las obligaciones declarativas de las cuentas en el extranjero también se rigen por el artículo 1649 A del Código General Tributario.
Penas legales · personas físicas
Las penas del fraude fiscal y sus agravantes
Los importes que figuran a continuación son máximos legales. La pena impuesta debe individualizarse en función de las circunstancias y de la situación de la persona (artículo 132-1 del Código Penal).
5 años
fraude fiscal simple
500 000 €
multa básica
7 años
fraude fiscal agravado
3 M€
multa básica agravada
En ambos casos, la multa puede elevarse al doble del producto obtenido de la infracción (artículo 1741 del Código General Tributario). Para hechos antiguos, deben examinarse la fecha de comisión y la eventual ley penal más favorable (artículo 112-1 del Código Penal).
Circunstancias agravantes
Los procedimientos contemplados por la ley
El artículo 1741 del Código General Tributario prevé la agravación cuando los hechos se cometen en banda organizada (bande organisée) o cuando se realizan o facilitan mediante alguno de los siguientes procedimientos:
- Cuentas o contratos con entidades establecidas en el extranjero.
- Interposición de personas, entidades, fideicomisos o instituciones comparables establecidos en el extranjero.
- Identidad falsa, documentos falsos u otra falsificación.
- Domicilio fiscal ficticio o artificial en el extranjero.
- Acto ficticio o artificial, o interposición de una entidad ficticia o artificial.
Otras consecuencias
Más allá de la multa
El artículo 1741 del Código General Tributario prevé la publicación y la difusión de la resolución, salvo dispensa especialmente motivada. Para las formas agravadas contempladas en el texto, la privación de los derechos cívicos, civiles y de familia es obligatoria salvo decisión en contrario especialmente motivada. También pueden prohibirse determinadas reducciones o determinados créditos fiscales, dentro de los límites del texto. El artículo 1750 del Código General Tributario prevé, en particular, inhabilitaciones profesionales o para la gestión de empresas.
La responsabilidad solidaria en el pago del impuesto defraudado y de las sanciones puede imponerse a una persona condenada en firme en las condiciones del artículo 1745 del Código General Tributario. No resulta automáticamente de la condición de directivo.
Blanqueo
Penas y base de cálculo distintas
El blanqueo simple se castiga con cinco años de prisión y 375 000 euros de multa (artículo 324-1 del Código Penal). Las penas ascienden a diez años y 750 000 euros cuando el blanqueo es habitual, se sirve de las facilidades de una actividad profesional o se comete en banda organizada (artículo 324-2 del Código Penal). La multa puede alcanzar la mitad del valor de los bienes o fondos sobre los que versaron las operaciones (artículo 324-3 del Código Penal). Por tanto, la identificación del producto efectivamente blanqueado debe discutirse por separado.
De la inspección al proceso penal
Cómo llega el expediente al fiscal
El circuito de transmisión se comprueba en los documentos. El artículo L228 del Libro de Procedimientos Fiscales distingue entre la comunicación obligatoria al fiscal (dénonciation obligatoire) y la denuncia de la Administración.
Artículo L. 228, I
Comunicación obligatoria
Cuotas superiores a 100 000 €
- Recargo del 100 % previsto en el artículo 1732 del CGI.
- Recargos del 80 % enumerados de forma taxativa en el texto.
- Recargos del 40 % contemplados en el texto y antecedente que cumpla los requisitos en los seis años naturales anteriores.
Para los contribuyentes sujetos a las obligaciones de transparencia contempladas en el texto, el umbral es superior a 50 000 euros con un recargo del 40 %, 80 % o 100 %, sin requisito de antecedente. Una declaración complementaria espontánea excluye este mecanismo obligatorio. La comunicación permite el ejercicio de la acción penal sin denuncia previa (artículo L228 del Libro de Procedimientos Fiscales).
Artículo L. 228, II
Denuncia de la Administración
Dictamen vinculante de la CIF, salvo excepción
En el ámbito del apartado II, la denuncia exige en principio el dictamen vinculante (avis conforme) de la Comisión de Infracciones Fiscales. El contribuyente informado de la remisión dispone de treinta días para aportar su información. El dictamen no es necesario cuando existen presunciones fundadas (présomptions caractérisées), un riesgo de desaparición de las pruebas y alguno de los procedimientos enumerados, en particular determinadas cuentas en el extranjero, falsedades o domicilio ficticio (artículo L228 del Libro de Procedimientos Fiscales).
El requisito relativo a los recargos se aprecia en el momento de la puesta al cobro (mise en recouvrement); en caso de transacción anterior, el texto toma en cuenta las últimas consecuencias económicas comunicadas al contribuyente. Una regularización espontánea no constituye una inmunidad penal general (artículo L228 del Libro de Procedimientos Fiscales).
Prescripción
Dos plazos que deben distinguirse
Para el fraude fiscal aquí contemplado, la denuncia puede presentarse hasta el final del sexto año siguiente a aquel en que se cometió la infracción. La remisión a la CIF suspende la prescripción de la acción penal hasta la emisión del dictamen, con un límite de seis meses (artículo L230 del Libro de Procedimientos Fiscales). La prescripción penal ordinaria de los delitos menos graves (délits) es de seis años cumplidos; su inicio del cómputo y sus interrupciones se comprueban por separado (artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, artículo 9-2 del Código de Procedimiento Penal).
Fiscalía financiera
La competencia no se reduce a la complejidad
Para los delitos de los artículos 1741 y 1743, el artículo 705 del Código de Procedimiento Penal contempla, en particular, la banda organizada o las presunciones fundadas relacionadas con las conductas enumeradas en el apartado II del artículo L. 228. La Fiscalía Nacional Financiera (parquet national financier, PNF) ejerce una competencia concurrente en todo el territorio, en las condiciones de este texto. Su intervención no prejuzga la culpabilidad.
Alcance
Otros periodos pueden incorporarse a la investigación
Tras una denuncia o una comunicación al fiscal, el descubrimiento de nuevos fraudes del mismo contribuyente relativos a otros impuestos o periodos puede permitir el ejercicio de la acción penal sin nueva denuncia ni comunicación (artículo L228 C del Libro de Procedimientos Fiscales). Por ello, el despacho compara el alcance inicial con los hechos efectivamente perseguidos.
Sanciones tributarias y actuaciones penales
La acumulación de sanciones tiene límites
El artículo 1741 del Código General Tributario prevé una represión penal con independencia de las sanciones tributarias. Su aplicación sigue sujeta a las reservas de interpretación constitucionales y, en el ámbito del Derecho de la Unión, a las exigencias europeas aplicadas por el Tribunal de Casación (Cour de cassation).
Gravedad
La sanción penal adicional debe estar justificada
Cuando el acusado acredita haber sufrido personalmente una sanción tributaria por los mismos hechos, el juez debe caracterizar el delito y después motivar su gravedad: importe de las cuotas, naturaleza de las conductas o circunstancias. Este control no se confunde con la admisibilidad de las actuaciones.
«A falta de tal gravedad, el juez no puede dictar condena.» (traducción propia)
Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.067
Proporcionalidad
Comparar las sanciones impuestas
Cuando una sanción tributaria personal es firme por los mismos hechos y se impone una pena de la misma naturaleza, el importe global no debe superar el importe más elevado de una de las sanciones aplicables. En materia de IVA, el control abarca también la carga total de las sanciones, cualquiera que sea su naturaleza. La previsibilidad de la acumulación se comprueba si se plantea al juez un motivo en ese sentido.
«Le corresponde, por otra parte, asegurarse de que la carga final resultante del conjunto de las sanciones impuestas, cualquiera que sea su naturaleza, no sea excesiva en relación con la gravedad de la infracción que ha cometido.» (traducción propia)
Cass. crim., 22 mars 2023, n° 19-81.929
La sentencia se refiere al ámbito del Derecho de la Unión, en particular al IVA. No debe presentarse como si impusiera este control adicional a todo fraude relativo exclusivamente a impuestos directos.
Litigio tributario
Una independencia con excepciones
El recurso tributario no suspende automáticamente el proceso penal. No obstante, una anulación judicial firme de la liquidación (décharge) por un motivo de fondo puede impedir una condena por fraude fiscal relativa al mismo impuesto. Una anulación por irregularidad de procedimiento no tiene este efecto.
«Solo se aplica en caso de anulación de la liquidación por razones de fondo, con exclusión de cualquier motivo de procedimiento.» (traducción propia)
Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.980
También puede solicitarse la suspensión del proceso penal cuando exista un riesgo serio de resoluciones contradictorias, en particular tras una anulación no firme por motivos de fondo. Según esta sentencia, el juez conserva su facultad de apreciación y debe motivar su respuesta a la solicitud.
Para examinar estas garantías, reúna las resoluciones tributarias, los importes de las sanciones, sus destinatarios y su carácter firme. La sanción impuesta a una sociedad y las actuaciones contra su directivo no deben confundirse.
Preparar los actos y reunir los documentos
Construir una defensa penal y fiscal coordinada
El trabajo comienza por la cronología y los documentos. Los fundamentos principales son el artículo 1741 del Código General Tributario, el artículo L227 del Libro de Procedimientos Fiscales y las normas de transmisión del artículo L228 del Libro de Procedimientos Fiscales.
Identificar los hechos
Reconstruir la cronología, los impuestos y ejercicios, las declaraciones y el papel de cada persona.
Controlar la transmisión
Contrastar la comunicación al fiscal o la denuncia con los requisitos del artículo L. 228 del LPF.
Preparar las explicaciones
Comparar las actas (procès-verbaux) accesibles, los justificantes contables y las respuestas a la Administración tributaria.
Elegir las pretensiones
Discutir la tipificación, la prueba de la intención y, según el expediente, la acumulación de sanciones o una suspensión del proceso.
- Citación, notificación de la detención policial, denuncia, comunicación al fiscal o referencia del procedimiento.
- Aviso de remisión a la CIF y fecha de recepción, observaciones ya presentadas.
- Declaraciones, liquidaciones del impuesto, propuestas de regularización y respuestas.
- Avisos de puesta al cobro (avis de mise en recouvrement), desglose de cuotas, recargos e intereses.
- Contabilidad, justificantes bancarios, contratos e intercambios con los asesores.
- Reclamaciones, recursos, resoluciones tributarias y prueba de su carácter firme.
Declaraciones
Asistencia y derecho a guardar silencio
La persona sospechosa oída en régimen de declaración voluntaria (audition libre) por un delito castigado con pena de prisión tiene derecho a la asistencia de un abogado y a guardar silencio (artículo 61-1 del Código de Procedimiento Penal). Durante la detención policial, puede solicitar un abogado desde el inicio de la medida y en cualquier momento (artículo 63-3-1 del Código de Procedimiento Penal). Tras declarar su identidad, puede hacer declaraciones, responder a las preguntas o guardar silencio (artículo 63-1 del Código de Procedimiento Penal). El acceso del abogado a los documentos se limita entonces a los enumerados en el artículo 63-4-1 del Código de Procedimiento Penal, no al conjunto del expediente.
Blanqueo
Identificar el producto realmente en cuestión
En un asunto de blanqueo de fraude fiscal, el ahorro de impuesto debe distinguirse de los ingresos o del patrimonio total. En mayo de 2026, el Tribunal de Casación anuló una resolución cuyos fundamentos no acreditaban que las operaciones versaran sobre el producto del fraude; devolvió el asunto para un nuevo enjuiciamiento, sin pronunciar la absolución.
«De ello se deduce que la caracterización del delito de blanqueo exige que se acredite la existencia de bienes o fondos que sean el producto de la infracción principal.» (traducción propia)
Cass. crim., 20 mai 2026, n° 25-81.242
Personas jurídicas
Evaluar un posible CJIP
El artículo 41-1-2 del Código de Procedimiento Penal permite al fiscal proponer, antes del ejercicio de la acción penal, un convenio judicial de interés público (convention judiciaire d'intérêt public, CJIP) para determinadas infracciones, entre ellas el fraude fiscal y su blanqueo. Esta vía, reservada a las personas jurídicas, requiere una validación judicial. El cumplimiento de las obligaciones extingue la acción penal; la resolución de validación no implica declaración de culpabilidad. Los representantes legales siguen siendo personalmente responsables. La elección depende de los hechos, de las pruebas y de las obligaciones previstas.
Preguntas frecuentes
Sus preguntas sobre el fraude fiscal
¿Qué penas se prevén por fraude fiscal?
Para una persona física, el artículo 1741 del Código General Tributario francés prevé cinco años de prisión y 500 000 euros de multa. La multa puede elevarse al doble del producto de la infracción. En banda organizada o mediante alguno de los procedimientos agravantes enumerados, los máximos ascienden a siete años y 3 000 000 euros, con la misma posibilidad de elevar la multa al doble del producto.
Estos procedimientos incluyen, en particular, determinadas cuentas o contratos en el extranjero, la interposición en el extranjero, las falsedades y el domicilio fiscal ficticio. Pueden añadirse penas accesorias. Debe distinguirse este máximo legal de la pena efectivamente impuesta, que ha de individualizarse (artículo 132-1 del Código Penal). El examen abarca también la ley aplicable en la fecha de los hechos, conforme al artículo 112-1 del Código Penal.
¿Cuándo debe la Administración tributaria acudir al fiscal?
El artículo L228 del Libro de Procedimientos Fiscales impone la comunicación al fiscal de determinados hechos examinados durante la inspección cuando las cuotas superan 100 000 euros y van acompañadas de los recargos enumerados con precisión: 100 %, determinados recargos del 80 % o determinados recargos del 40 % con un antecedente que cumpla los requisitos en los seis años naturales anteriores.
Un régimen particular se aplica a los contribuyentes sujetos a las obligaciones de transparencia contempladas en este texto, con un umbral superior a 50 000 euros y un recargo del 40 %, 80 % o 100 %, sin requisito de antecedente. Los recargos se aprecian en el momento de la puesta al cobro, salvo transacción anterior. La presentación espontánea de una declaración complementaria excluye este mecanismo obligatorio. Una comunicación al fiscal no acredita por sí sola la culpabilidad: el carácter intencionado debe probarse según el artículo L227 del Libro de Procedimientos Fiscales.
¿Qué es la Comisión de Infracciones Fiscales?
La Comisión de Infracciones Fiscales, o CIF, emite el dictamen vinculante al que están sujetas las denuncias de la Administración en el ámbito del apartado II del artículo L228 del Libro de Procedimientos Fiscales. No se pronuncia sobre la culpabilidad. El contribuyente es informado de la remisión e invitado a comunicar, en un plazo de treinta días, la información que considere necesaria. La defensa puede organizar una respuesta a partir de la inspección tributaria y de explicaciones documentadas.
La CIF no interviene en todos los circuitos. La comunicación obligatoria del apartado I no requiere su dictamen. El apartado II también dispensa de este dictamen cuando concurren presunciones fundadas, un riesgo de desaparición de las pruebas y alguno de los procedimientos descritos de forma taxativa. Por tanto, debe identificarse la vía efectivamente utilizada.
¿Se puede ser sancionado dos veces por los mismos hechos?
La acumulación de sanciones tributarias y penales es posible, pero está acotada. El artículo 1741 del Código General Tributario se aplica con las reservas precisadas por el Tribunal de Casación. Si el acusado acredita una sanción tributaria personal por los mismos hechos, la gravedad debe justificar la represión penal adicional. En el caso de una sanción tributaria firme y una pena de la misma naturaleza, el importe global sigue estando limitado.
En materia de IVA, el Tribunal impone también un control de la carga total, incluso con sanciones de naturaleza diferente: «Le corresponde, por otra parte, asegurarse de que la carga final resultante del conjunto de las sanciones impuestas, cualquiera que sea su naturaleza, no sea excesiva en relación con la gravedad de la infracción que ha cometido.» (traducción propia) (Cass. crim., 22 mars 2023, n° 19-81.929). La previsibilidad de la acumulación se discute cuando se plantea un motivo en ese sentido. Las resoluciones tributarias y su carácter firme deben documentarse.
¿Puede el juez penal absolver pese a las sanciones tributarias?
Sí. Una sanción tributaria no sustituye la prueba del delito. El artículo L227 del Libro de Procedimientos Fiscales impone al ministerio fiscal y a la Administración la prueba del carácter intencionado de la sustracción o de su tentativa. El juez examina los elementos del artículo 1741 del Código General Tributario a partir de las pruebas debatidas de forma contradictoria.
Cuando el acusado acredita haber sufrido personalmente una sanción tributaria por los mismos hechos, el juez debe examinar también la gravedad necesaria para la represión adicional. El Tribunal de Casación precisa: «A falta de tal gravedad, el juez no puede dictar condena.» (traducción propia) (Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.067). La gravedad puede derivar del importe de las cuotas, de la naturaleza de los actos o de sus circunstancias. Este examen no permite prometer una absolución antes del estudio del expediente.
¿Qué es el blanqueo de fraude fiscal?
El artículo 324-1 del Código Penal contempla, en particular, la justificación falsa del origen de bienes o rentas procedentes de un delito y las operaciones de colocación, ocultación o conversión de su producto. En el caso del fraude fiscal, deben identificarse el ahorro de impuesto y las operaciones que versan sobre ese producto; el total de los ingresos o de los activos no se confunde con él.
El Tribunal de Casación recuerda: «De ello se deduce que la caracterización del delito de blanqueo exige que se acredite la existencia de bienes o fondos que sean el producto de la infracción principal.» (traducción propia) (Cass. crim., 20 mai 2026, n° 25-81.242). El blanqueo tiene sus propias penas y normas de prescripción. El texto vigente lo considera oculto en el sentido del artículo 9-1 del Código de Procedimiento Penal, lo que exige analizar el inicio del cómputo y el plazo máximo (délai butoir), sin deducir la prescripción de la mera antigüedad de una cuenta.
¿En qué plazo puede la Administración presentar una denuncia?
Para el fraude fiscal aquí tratado, el artículo L230 del Libro de Procedimientos Fiscales permite presentar la denuncia hasta el final del sexto año siguiente a aquel en que se cometió la infracción. También prevé la suspensión de la prescripción de la acción penal entre la remisión a la CIF y su dictamen, con un límite de seis meses.
Este plazo para denunciar no se confunde con la prescripción penal. El artículo 8 del Código de Procedimiento Penal fija, en principio, seis años cumplidos para los delitos menos graves (délits). Los actos de investigación, de acusación, de instrucción o de enjuiciamiento pueden interrumpir esta prescripción según el artículo 9-2 del Código de Procedimiento Penal. Por tanto, deben fecharse las obligaciones declarativas, los actos reprochados y cada acto procesal relevante, en lugar de contar únicamente los años transcurridos desde la inspección.
¿Qué hacer en detención policial por fraude fiscal?
Solicite la asistencia de un abogado desde el inicio de la medida, conforme al artículo 63-3-1 del Código de Procedimiento Penal. Tras declarar su identidad, tiene derecho a hacer declaraciones, a responder o a guardar silencio (artículo 63-1 del Código de Procedimiento Penal). Preparar las respuestas exige distinguir lo que usted conoce personalmente de lo que muestran los documentos.
En ese momento, el abogado no tiene acceso al conjunto del expediente: el artículo 63-4-1 del Código de Procedimiento Penal enumera los documentos que pueden consultarse. Si solicita su presencia en las declaraciones, el principio es que no sea oído sobre los hechos sin él, salvo renuncia expresa o aplazamiento excepcional autorizado por la ley (artículo 63-4-2 del Código de Procedimiento Penal). Relea las declaraciones consignadas y señale cualquier inexactitud antes de firmar.
¿Evita una regularización espontánea las actuaciones penales?
No otorga una inmunidad general. El artículo L228 del Libro de Procedimientos Fiscales excluye del mecanismo de comunicación obligatoria al fiscal a los contribuyentes que hayan presentado espontáneamente una declaración complementaria. Esta excepción se refiere al apartado I de dicho artículo; no borra los hechos ni suprime por principio toda posibilidad de denuncia en las condiciones legales.
El análisis debe abarcar el momento de la presentación, su carácter realmente espontáneo, los impuestos afectados y la información que ya obraba en poder de la Administración. Una gestión parcial o tardía no debe presentarse como una garantía de ausencia de actuaciones penales. El despacho compara la declaración inicial, la regularización, los intercambios con la oficina tributaria y los actos de inspección para apreciar el alcance de la gestión antes de proponer una respuesta.
¿Se puede impugnar el recargo del 80 % por maniobras fraudulentas?
Sí. El artículo 1729 del Código General Tributario prevé un recargo del 80 %, en particular cuando existen maniobras fraudulentas. Para los impuestos incluidos en su ámbito, el artículo L195 A del Libro de Procedimientos Fiscales atribuye a la Administración la carga de probar la mala fe y las maniobras fraudulentas. Deben identificarse los hechos invocados para justificar esta calificación y los documentos que los respaldan.
La impugnación no se reduce al desacuerdo sobre el importe de la liquidación complementaria. Examina los procedimientos considerados, su papel y el conocimiento atribuido al contribuyente. El recargo del 40 % por incumplimiento deliberado (manquement délibéré) y el del 80 % no deben confundirse. El despacho contrasta los motivos de la propuesta de regularización, las respuestas ya enviadas y los justificantes pertinentes antes de formular el motivo.
¿Corre el directivo un riesgo personal?
Un directivo puede ser perseguido por sus propios actos si se acreditan los elementos del delito. Su cargo no basta para que cualquier fraude de la sociedad le sea imputable personalmente: el artículo 121-1 del Código Penal establece el principio de responsabilidad por hecho propio. La responsabilidad de la persona jurídica también puede exigirse por las infracciones cometidas por su cuenta por sus órganos o representantes, en las condiciones del artículo 121-2 del Código Penal.
El artículo 1745 del Código General Tributario permite además declarar solidariamente responsables del pago del impuesto defraudado y de las sanciones a las personas condenadas en firme sobre los fundamentos que contempla. Esta solidaridad debe distinguirse de la culpabilidad, de la multa y de la deuda tributaria inicial. Debe precisarse quién decidía, declaraba, firmaba y conocía las operaciones.
Cuentas en el extranjero no declaradas: ¿qué riesgos?
El artículo 1649 A del Código General Tributario prevé una obligación declarativa para las personas físicas, asociaciones y sociedades sin forma mercantil domiciliadas o establecidas en Francia, relativa a las cuentas abiertas, mantenidas, utilizadas o cerradas en el extranjero. La falta de declaración puede dar lugar a las multas del artículo 1736 del Código General Tributario. Debe distinguirse esta obligación de la caracterización de un fraude fiscal.
Cuando el fraude se comete o se facilita mediante cuentas o contratos con entidades extranjeras, el artículo 1741 del Código General Tributario prevé una agravación de las penas. Una imputación por blanqueo exige además sus propios elementos. Por ello, la defensa examina el titular, los beneficiarios, los movimientos, las rentas declaradas y los impuestos eludidos. La existencia de una cuenta en el extranjero no basta para sustituir esta demostración.
¿Qué es un convenio judicial de interés público?
El CJIP es un procedimiento previsto en el artículo 41-1-2 del Código de Procedimiento Penal, abierto a las personas jurídicas para determinadas infracciones, en particular el fraude fiscal y su blanqueo. Antes del ejercicio de la acción penal, el fiscal puede proponer un convenio sujeto a validación judicial. La multa de interés público es proporcional a las ventajas obtenidas de los incumplimientos y está limitada al 30 % del volumen de negocios medio anual calculado sobre los tres últimos volúmenes de negocios anuales conocidos en la fecha de la constatación.
El texto prevé también otras obligaciones, entre ellas un eventual programa de cumplimiento o la renuncia a bienes embargados. La validación no declara culpable a la empresa. El cumplimiento de las obligaciones extingue la acción penal. Los representantes legales siguen siendo responsables a título personal; por tanto, el convenio de la sociedad no resuelve necesariamente su situación.
¿Cuánto cuesta la defensa en un asunto de fraude fiscal?
El despacho fija los honorarios con usted tras identificar la intervención: preparación de una declaración, observaciones ante la CIF, examen del expediente penal, defensa en la vista o coordinación con el litigio tributario. El volumen de documentos y las actuaciones previsibles deben precisarse para delimitar esta intervención. No puede deducirse ningún importe a tanto alzado de la mera calificación de fraude fiscal.
El artículo 10 de la Ley de 31 de diciembre de 1971 prevé honorarios fijados de común acuerdo con el cliente y, salvo excepciones legales relacionadas en particular con la urgencia, la fuerza mayor o determinadas intervenciones de asistencia jurídica (aide juridique), un convenio escrito. Este precisa el importe o el modo de determinación, así como los gastos y desembolsos previstos. Envíenos los documentos y el plazo para definir este alcance.
¿Qué es la Fiscalía Nacional Financiera?
La Fiscalía Nacional Financiera (parquet national financier, PNF) es una fiscalía especializada cuya competencia en materia de fraude fiscal está definida por el artículo 705 del Código de Procedimiento Penal. Para las infracciones de los artículos 1741 y 1743 del CGI, este texto contempla, en particular, la banda organizada o las presunciones fundadas relacionadas con determinadas conductas enumeradas en el apartado II del artículo L. 228 del LPF. También contempla el blanqueo de los delitos afectados y las infracciones conexas.
Su competencia es concurrente y se ejerce, en las condiciones del texto, en todo el territorio nacional. Por tanto, la mera calificación de asunto complejo no basta para explicar su competencia en materia fiscal. La defensa comprueba la tipificación, los hechos considerados para justificar su intervención y los actos realizados. La intervención del PNF no demuestra la culpabilidad.
¿Qué diferencia hay entre fraude fiscal e incumplimiento deliberado?
El incumplimiento deliberado (manquement délibéré) es un fundamento de recargo tributario: el artículo 1729 del Código General Tributario prevé un tipo del 40 % para las inexactitudes u omisiones incluidas en su ámbito. El fraude fiscal es una infracción penal definida por el artículo 1741 del Código General Tributario, que supone una sustracción fraudulenta o su tentativa. Ambas calificaciones responden a requisitos y procedimientos distintos.
La prueba de la intención penal corresponde al ministerio fiscal y a la Administración según el artículo L227 del Libro de Procedimientos Fiscales. Por tanto, debe evitarse deducir automáticamente la culpabilidad penal de un recargo del 40 %. A la inversa, discutir la sanción tributaria no dispensa de preparar la defensa penal en el derecho penal económico. El despacho examina por separado las bases de la liquidación complementaria, los motivos del recargo y los actos reprochados personalmente.
¿Participa la Administración tributaria en el proceso penal?
El artículo L232 del Libro de Procedimientos Fiscales permite a la Administración constituirse en parte civil (partie civile) cuando se abre una instrucción judicial a raíz de su denuncia en el ámbito previsto por este texto. Esta participación no significa que el juez penal pueda concederle una indemnización por daños y perjuicios correspondiente al perjuicio del delito fiscal.
El Tribunal de Casación precisa que los tribunales penales «no son competentes para reparar el perjuicio sufrido por el Tesoro Público como consecuencia del delito fiscal, que se indemniza mediante los recargos tributarios y los intereses de demora.» (traducción propia) (Cass. crim., 5 avril 2023, n° 22-83.052). Debe distinguirse este límite de la responsabilidad solidaria en el pago del impuesto y de las sanciones prevista en el artículo 1745 del Código General Tributario. Así, la defensa examina la condición de la parte civil, la naturaleza de cada pretensión y su fundamento, sin confundir indemnización, cobro tributario y solidaridad.
¿Es punible la omisión de asientos contables?
Sí, cuando cumple los requisitos del artículo 1743 del Código General Tributario. Este texto contempla, en particular, a quien a sabiendas haya omitido practicar o hacer practicar asientos, o haya practicado o hecho practicar asientos inexactos o ficticios en el libro diario o en los documentos que lo sustituyan. Remite a las penas del artículo 1741, sin excluir las eventuales penas del Derecho común.
La existencia de una anomalía contable no dispensa de identificar la obligación, los asientos afectados y el carácter consciente de los actos reprochados. Deben distinguirse las intervenciones del directivo, del empleado y del profesional encargado de la contabilidad. El despacho contrasta los archivos contables, los justificantes y las instrucciones para discutir la imputación personal. Esta tipificación merece un examen propio, incluso cuando se persigue un fraude fiscal en el mismo expediente.
¿Espera el proceso penal al resultado del litigio tributario?
No automáticamente. El juez penal aprecia los elementos del fraude definido por el artículo 1741 del Código General Tributario. Un recurso tributario en curso no impone por sí solo la paralización del proceso. No obstante, debe tenerse en cuenta una anulación judicial de la liquidación que haya adquirido firmeza por un motivo de fondo y que se refiera al mismo impuesto.
La suspensión sigue siendo posible en determinadas circunstancias: «Con carácter excepcional, puede acordar, en el ejercicio de su facultad soberana de apreciación, la suspensión del procedimiento en caso de riesgo serio de resoluciones contradictorias, en particular en presencia de una resolución no firme que exonere al acusado del impuesto por un motivo de fondo.» (traducción propia) (Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.980). Se trata de una facultad, con una respuesta especialmente motivada a la solicitud, no de un derecho automático al aplazamiento. La defensa debe aportar la resolución tributaria, explicar su alcance y precisar el estado de los recursos, en lugar de limitarse a señalar la existencia de un procedimiento paralelo.
¿Es el CJIP siempre la mejor salida para una empresa?
No. El artículo 41-1-2 del Código de Procedimiento Penal prevé una posibilidad sujeta a la propuesta del fiscal, al acuerdo de la persona jurídica y a la validación del juez. El convenio puede incluir una multa de interés público, un programa de cumplimiento, la renuncia a bienes embargados y, en su caso, una reparación. Estas obligaciones deben estudiarse de forma concreta.
La resolución de validación no implica declaración de culpabilidad y el convenio no se inscribe en el boletín n.º 1 del registro de antecedentes penales (casier judiciaire). No obstante, es objeto de publicación. La extinción de la acción penal depende del cumplimiento de las obligaciones. La empresa debe examinar también la situación de sus directivos, a quienes el convenio no protege automáticamente. La elección exige comparar las pruebas disponibles, los medios de defensa y los compromisos propuestos.
¿Qué consecuencias tiene una condena?
Además de la pena principal, el artículo 1741 del Código General Tributario prevé consecuencias como la publicación de la resolución, salvo dispensa motivada, y penas relativas a los derechos cívicos en las condiciones que establece. El artículo 1750 del Código General Tributario prevé, en particular, inhabilitaciones profesionales o para la gestión de empresas. La condena también puede inscribirse en el registro de antecedentes penales según el artículo 768 del Código de Procedimiento Penal; no debe confundirse la inscripción en el registro con el contenido de cada boletín.
Puede imponerse la responsabilidad solidaria en el pago del impuesto defraudado y de las sanciones en las condiciones del artículo 1745 del Código General Tributario. Por tanto, el expediente debe examinarse más allá de la mera pena de prisión prevista: la actividad, los cargos, el patrimonio y la situación de la sociedad pueden plantear cuestiones distintas. Ninguna consecuencia concreta debe presentarse como automática sin comprobar su texto y la resolución dictada.
¿Por qué confiar un asunto fiscal a un despacho de penalistas?
Porque una imputación penal añade cuestiones de defensa a la discusión sobre el impuesto: derechos en las declaraciones, asistencia en la detención policial, prueba de la intención y examen contradictorio de los documentos. El artículo L227 del Libro de Procedimientos Fiscales exige demostrar el elemento intencional; el artículo 427 del Código de Procedimiento Penal regula la utilización de las pruebas ante el juez penal.
El despacho pone en relación este procedimiento con la inspección y los recursos tributarios. Identifica lo que acredita cada documento, lo que sigue en discusión y lo que debe prepararse antes del siguiente acto. La asistencia se organiza a partir de los documentos y los plazos, en particular cuando se ha recibido una citación. Esta coordinación permite presentar explicaciones coherentes respetando las normas propias de cada procedimiento, sin anunciar un resultado judicial antes del estudio del expediente.
Fuentes y páginas relacionadas
Textos oficiales y páginas relacionadas
Artículos comprobados en su versión aplicable a 13 de octubre de 2026: Código General Tributario, Libro de Procedimientos Fiscales, Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Ley de 31 de diciembre de 1971.
Dos precisiones sobre el blanqueo de fraude fiscal
La sentencia de 11 de septiembre de 2019 declara que el blanqueo es una infracción instantánea y no continuada. También precisa la base de cálculo de la multa proporcional prevista en el artículo 324-3 del Código Penal, cuando sanciona el blanqueo del producto del fraude fiscal.
«De ello se deduce que este delito, que se ejecuta en un solo instante, constituye una infracción instantánea.» (traducción propia)
«En efecto, debía tomarse como base de cálculo de la multa impuesta el importe de las cuotas eludidas únicamente.» (traducción propia)
Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.040
Estos fundamentos no permiten deducir una prescripción automática de la antigüedad de los fondos. Desde el 15 de junio de 2025, el artículo 324-1 del Código Penal considera oculto el blanqueo en el sentido del artículo 9-1 del Código de Procedimiento Penal. Para hechos anteriores, la aplicación de la ley en el tiempo y el estado de la prescripción deben comprobarse por separado.
Lecturas complementarias
Página actualizada el 13 de octubre de 2026.
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