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Kohen Avocats, abogados de la directiva NIS 2 en París
Abogado directiva NIS 2 en París: calificar, proteger, notificar
Entidad esencial o importante, gobernanza y medidas del artículo 21, notificación de incidentes, contratos con proveedores, supervisión y sanciones: el despacho de abogados prepara a las empresas y a sus directivos para la directiva (UE) 2022/2555 y asiste a los proveedores de servicios informáticos cuyos clientes están sujetos a ella. A 31 de octubre de 2026, la ley francesa de transposición todavía no se ha publicado en el Diario Oficial (Journal officiel).
Despacho disponible 24 horas, 7 días a la semana. La directiva impone a las entidades esenciales e importantes una alerta temprana en las 24 horas siguientes a la toma de conocimiento de un incidente significativo y, después, una notificación en las 72 horas (artículo 23 de la directiva NIS 2); estos plazos se aplicarán en Francia con la ley de transposición. Una violación de datos personales ya debe notificarse a la CNIL (la autoridad francesa de protección de datos) sin dilación indebida y, de ser posible, en un plazo de 72 horas (artículo 33 del RGPD).
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El abogado Hassan Kohen
Abogado del Colegio de Abogados de París (Barreau de Paris), derecho digital, cumplimiento de la directiva NIS 2, contratos informáticos y responsabilidad en materia de ciberseguridad.
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Página actualizada el 1 de noviembre de 2026.
Respuesta rápida
La directiva (UE) 2022/2555, conocida como NIS 2, se aplica a las entidades públicas o privadas de los sectores enumerados en sus anexos I y II que alcancen como mínimo el tamaño de una empresa mediana, y a determinadas entidades con independencia de su tamaño (artículo 2). Las clasifica en entidades esenciales y entidades importantes (artículo 3), les impone medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad (artículo 21) y la notificación de los incidentes significativos (artículo 23). Los órganos de dirección aprueban estas medidas, supervisan su aplicación y deben recibir formación (artículo 20). Los Estados debían transponerla a más tardar el 17 de octubre de 2024 (artículo 41). En Francia, el proyecto de ley relativo a la resiliencia de las infraestructuras críticas y al refuerzo de la ciberseguridad (projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité) fue aprobado por el Senado el 12 de marzo de 2025 y examinado después en comisión especial de la Asamblea Nacional; a 31 de octubre de 2026 no se ha publicado ninguna ley de transposición. Siguen siendo aplicables la ley de 26 de febrero de 2018 a los operadores de servicios esenciales, el Código de Defensa (code de la défense) a los operadores de importancia vital y el RGPD a los datos personales. El despacho de abogados Kohen Avocats, en el distrito 16 de París, interviene para las entidades afectadas, sus directivos y sus proveedores. Contacto en el +33 6 89 11 34 45.
¿Una entidad que calificar, un incidente que notificar, un contrato con un proveedor que revisar?
Comprender su situación
La directiva NIS 2, explicada
La directiva (UE) 2022/2555 de 14 de diciembre de 2022 establece medidas destinadas a lograr un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión. Quién está afectado, en qué punto se encuentra la transposición francesa, qué exige la directiva a la dirección y a los equipos, cómo notificar un incidente y a qué se exponen la entidad, sus directivos y sus proveedores.
Puntos clave
¿Está su entidad sujeta a NIS 2? Cuatro comprobaciones
El sector, el tamaño, las excepciones, el Estado competente: la calificación determina todo lo demás.
Un sector incluido. Anexo I, sectores de alta criticidad: energía, transporte, banca, infraestructuras de los mercados financieros, sanidad, agua potable, aguas residuales, infraestructura digital, gestión de servicios TIC (entre empresas), administración pública, espacio. Anexo II, otros sectores críticos: servicios postales y de mensajería, gestión de residuos, productos químicos, productos alimentarios, fabricación, proveedores digitales, investigación.
Un tamaño suficiente. La directiva se dirige a las entidades que constituyen, como mínimo, empresas medianas en el sentido de la recomendación 2003/361/CE (artículo 2, apartado 1). En principio quedan fuera de su ámbito las pequeñas empresas, es decir, según esta recomendación, las que ocupan a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no excede de 10 millones de euros.
Las excepciones de tamaño. Están incluidos con independencia de su tamaño, entre otros, los proveedores de redes o de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público, los prestadores de servicios de confianza, los registros de nombres de dominio de primer nivel y los proveedores de servicios DNS, la entidad que, en un Estado miembro, es el único proveedor de un servicio esencial para el mantenimiento de actividades sociales o económicas críticas, cuando dicho Estado la haya identificado como tal (artículo 3), las entidades críticas en el sentido de la directiva (UE) 2022/2557 y las entidades de registro de nombres de dominio (artículo 2, apartados 2 a 4).
El Estado competente. En principio, una entidad depende del Estado miembro en el que está establecida. Los proveedores de redes o de servicios de comunicaciones electrónicas dependen del Estado en el que prestan sus servicios; los proveedores DNS, los registros de primer nivel, los registradores de nombres de dominio, los proveedores de computación en la nube, de centros de datos, de redes de distribución de contenidos, de servicios gestionados y de servicios de seguridad gestionados, los mercados en línea, los motores de búsqueda y las redes sociales, del Estado de su establecimiento principal en la Unión, donde se toman principalmente las decisiones de gestión de riesgos; las administraciones públicas, del Estado que las haya establecido (artículo 26).
La categoría se determina a continuación. Son entidades esenciales, en particular, las del anexo I que superan los umbrales de las empresas medianas, es decir, según la recomendación, al menos 250 personas, o un volumen de negocios anual superior a 50 millones de euros y un balance general superior a 43 millones de euros, así como los prestadores cualificados de servicios de confianza, los registros de primer nivel y los proveedores DNS con independencia de su tamaño, y las administraciones públicas centrales. Las demás entidades de los anexos I y II son entidades importantes (artículo 3 de la directiva (UE) 2022/2555).
La diferencia se aprecia sobre todo en la supervisión: supervisión previa para las entidades esenciales, control « ex post » para las entidades importantes, y límites de multa distintos (artículos 32 a 34). La ANSSI (la agencia nacional francesa de ciberseguridad) ofrece en MonEspaceNIS2 un simulador de sujeción y un preregistro, que sirven de orientación pero no equivalen a una calificación jurídica: el despacho comprueba la actividad real, el grupo al que pertenece la entidad y la cadena de sus clientes antes de concluir. Para una organización que no está sujeta a la directiva pero abastece a una entidad que sí lo está, la cuestión se traslada al contrato (véase la pestaña 5).
El calendario
En qué punto se encuentra la transposición en Francia y qué se aplica ya
Una directiva en vigor a escala europea, una ley francesa todavía en discusión, textos nacionales que siguen siendo aplicables.
Diciembre de 2022
Adopción de la directiva el 14 de diciembre de 2022, publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea el 27 de diciembre de 2022.
17 y 18 de octubre de 2024
Fecha límite de transposición fijada por el artículo 41: « Aplicarán dichas disposiciones a partir del 18 de octubre de 2024. » (traducción propia). La primera directiva NIS queda derogada en la misma fecha (artículo 44).
15 de octubre de 2024
Presentación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley relativo a la resiliencia de las infraestructuras críticas y al refuerzo de la ciberseguridad, que transpone tres directivas, entre ellas NIS 2 (expediente legislativo en Légifrance).
12 de marzo de 2025
Aprobación del proyecto de ley por el Senado en primera lectura (texto aprobado n.º 78), tras acordarse el procedimiento acelerado.
10 de septiembre de 2025
Votación del texto en comisión especial de la Asamblea Nacional (informe n.º 1779). A 31 de octubre de 2026, el expediente de la Asamblea Nacional no menciona ninguna aprobación en sesión pública.
17 de marzo de 2026
Publicación por la ANSSI del Référentiel Cyber France (ReCyF), documento de trabajo que enumera las medidas recomendadas para alcanzar los objetivos de NIS 2, « no obligatorio por defecto » (traducción propia).
A 31 de octubre de 2026, no se ha publicado en el Diario Oficial (Journal officiel) ninguna ley de transposición, y ningún texto francés recoge todavía las obligaciones de la directiva para las empresas. La ANSSI lo resume así: « NIS 2 entrará en vigor en Francia cuando se hayan promulgado todos los textos de transposición (ley, decretos, órdenes). » (traducción propia) (ANSSI, MonEspaceNIS2). Precisa que esa fecha no se corresponde con la de aplicación del conjunto de los requisitos impuestos a las entidades reguladas.
Siguen aplicándose tres regímenes. Los operadores de servicios esenciales designados por el Primer Ministro continúan sujetos a la ley de 26 de febrero de 2018, que transpuso la primera directiva y sigue en vigor según Légifrance: normas de seguridad a su cargo (artículo 6), declaración de los incidentes a la ANSSI « sin demora tras haber tenido conocimiento de ellos » (traducción propia) (artículo 7), controles documentales y presenciales (artículo 8) y multas dirigidas a sus directivos (artículo 9). Los operadores de importancia vital aplican las normas fijadas por el Primer Ministro y le informan sin demora de sus incidentes (artículos L. 1332-6-1 y L. 1332-6-2 del Código de Defensa (code de la défense)). Por último, toda entidad que trate datos personales debe garantizar su seguridad y notificar las violaciones a la CNIL (artículos 32 y 33 del RGPD).
Esperar a la ley para empezar sería un error de calendario: la ANSSI invita a las futuras entidades esenciales e importantes a emprender desde ahora una estrategia de seguridad coherente con NIS 2 (página de la ANSSI sobre NIS 2). El despacho sigue los trabajos parlamentarios y adapta los análisis de sujeción al texto que finalmente se promulgue.
Las obligaciones
Gobernanza y medidas del artículo 21: lo que debe aprobar la dirección
Diez medidas mínimas, un enfoque basado en el riesgo y una dirección que responde de su aplicación.
Políticas de análisis de riesgos y de seguridad de los sistemas de información, y gestión de incidentes (artículo 21, apartado 2, letras a y b).
La continuidad de las actividades: gestión de copias de seguridad, recuperación de las actividades, gestión de crisis (letra c).
La seguridad de la cadena de suministro, incluidas las relaciones con los proveedores y prestadores de servicios directos (letra d).
La seguridad en la adquisición, el desarrollo y el mantenimiento de los sistemas, incluidos el tratamiento y la divulgación de vulnerabilidades (letra e).
Políticas y procedimientos para evaluar la eficacia de las medidas adoptadas (letra f).
Las prácticas básicas de ciberhigiene y la formación en ciberseguridad (letra g).
El uso de la criptografía y, en su caso, del cifrado (letra h).
La seguridad de los recursos humanos, el control de acceso y la gestión de activos (letra i).
La autenticación multifactor o continua y comunicaciones seguras, incluidas las de emergencia, según las necesidades (letra j).
Estas medidas son proporcionadas. Garantizan « un nivel de seguridad adecuado al riesgo existente » (traducción propia), teniendo en cuenta el estado de la técnica, las normas aplicables y el coste de aplicación, y su proporcionalidad se aprecia según la exposición de la entidad, su tamaño, la probabilidad de los incidentes y su gravedad (artículo 21, apartado 1). La entidad que detecta una deficiencia adopta, sin demora injustificada, las medidas correctoras necesarias (apartado 4).
La dirección está en primera línea. Los Estados velan por que los órganos de dirección de las entidades esenciales e importantes « aprueben las medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad adoptadas por dichas entidades para cumplir lo dispuesto en el artículo 21, supervisen su aplicación y puedan ser considerados responsables del incumplimiento de dicho artículo por parte de las entidades », y por que sus miembros « estén obligados a seguir una formación » (traducción propia) (artículo 20 de la directiva (UE) 2022/2555).
Un déficit de gobernanza no se traslada, sin una imputación precisa, a un empleado del departamento informático. Tras una intrusión a través de un acceso remoto protegido por una contraseña trivial, el tribunal de apelación de París declaró improcedente, por carecer de causa real y seria, el despido de un empleado del departamento informático: « Aunque las investigaciones técnicas realizadas por intervinientes ajenos a la sociedad han puesto de manifiesto deficiencias técnicas que afectaban al sistema informático de la sociedad y un déficit de gobernanza que contribuyó a que se produjera el ciberataque del 10 de abril de 2020, la carta de despido no imputa al empleado ningún motivo preciso constitutivo de falta » (traducción propia) (CA Paris, pôle 6, ch. 8, 18 décembre 2025, n° 22/04541). El tribunal señalaba que se había remitido a la dirección un presupuesto de auditoría de seguridad sin ninguna indicación sobre el curso dado por el empleador, y que la dirección no había dado curso a la contratación de un administrador de sistemas y redes iniciada en 2019.
La prueba del cumplimiento se prepara. Políticas escritas, decisiones de la dirección, actas de formación, registro de incidentes, evaluaciones de proveedores: son los documentos que la autoridad solicitará en una inspección (artículos 32 y 33). El despacho redacta la documentación de gobernanza y la hace concordar con las medidas técnicas establecidas por sus equipos o sus proveedores.
El incidente
Incidente significativo: la alerta, la notificación, el informe final
Plazos breves, varios destinatarios y una articulación con el RGPD que debe organizarse.
Calificar
Un incidente es significativo si ha causado o puede causar una perturbación operativa grave de los servicios o pérdidas financieras a la entidad, o daños materiales, personales o morales considerables a otras personas (artículo 23, apartado 3).
24:00 h
Alerta temprana al CSIRT o a la autoridad competente, sin demora injustificada y a más tardar 24 horas después de haber tenido conocimiento del incidente, indicando, en su caso, si se sospecha un origen malicioso o si es posible un impacto transfronterizo (apartado 4, letra a).
72 horas
Notificación del incidente, con una evaluación inicial de su gravedad y de su impacto y, si están disponibles, los indicadores de compromiso (letra b).
A petición
Informe intermedio sobre la evolución de la situación, a petición del CSIRT o de la autoridad (letra c).
Un mes
Informe final a más tardar un mes después de la notificación: descripción detallada, causa probable, medidas de mitigación, impacto transfronterizo; informe de situación si el incidente sigue en curso (letras d y e).
Destinatarios
En su caso, información sin demora injustificada a los destinatarios de los servicios que puedan verse afectados, y comunicación de las medidas que pueden adoptar frente a una ciberamenaza significativa (apartados 1 y 2).
Notificar no agrava la posición de la entidad: « El mero hecho de notificar un incidente no incrementa la responsabilidad de la entidad que lo ha notificado. » (traducción propia) (artículo 23, apartado 1, de la directiva (UE) 2022/2555). Sin embargo, la notificación no protege frente a una sanción de fondo. En un régimen próximo, el Consejo de Estado (Conseil d'État) confirmó la multa de 250 000 euros impuesta por la CNIL a una empresa que había notificado ella misma el ataque a su sitio web y había cooperado, pero que ya había sido sancionada en dos ocasiones en cinco años, señalando que la imposición de una sanción « no está subordinada a la intervención previa de un requerimiento formal » (traducción propia) (CE, 10e ch., 26 avril 2022, n° 449284).
Un mismo hecho puede requerir varias declaraciones. Si se ven afectados datos personales, el responsable del tratamiento notifica la violación a la CNIL sin dilación indebida y, de ser posible, « a más tardar 72 horas después de haber tenido constancia de ella » (artículo 33 del RGPD). Un operador de servicios esenciales declara hoy sus incidentes a la ANSSI en virtud de la ley de 2018 (artículo 7). El despacho prepara un procedimiento único de calificación y de declaración, que distingue estos cauces y conserva las pruebas fechadas de cada etapa.
La gestión de crisis, la denuncia penal, el seguro y la responsabilidad del proveedor tras un ataque se tratan en nuestra página abogado de ciberseguridad; la notificación de una violación de datos y el diálogo con la CNIL, en nuestra página abogado RGPD. Véase también nuestro artículo sobre la vulnerabilidad zero-day, los registros y la notificación a la CNIL.
Las dos partes
Supervisión, sanciones, responsabilidades: entidad sujeta o proveedor
La misma directiva se lee de manera distinta según que usted esté regulado o que preste servicio a una entidad que lo está.
Usted es una entidad esencial o importante
- Calificar la entidad y el grupo, designar a los responsables y hacer que la dirección apruebe las medidas.
- Documentar las medidas del artículo 21 y el procedimiento de notificación del artículo 23.
- Evaluar a los proveedores directos y prever en sus contratos seguridad, auditoría, notificación y reversibilidad.
Usted es proveedor de una entidad sujeta
- Comprobar si su propia actividad entra en el ámbito de NIS 2, en particular como proveedor de servicios gestionados o de computación en la nube.
- Responder a los cuestionarios y a las cláusulas de seguridad de sus clientes sin aceptar compromisos imposibles de cumplir.
- Dejar constancia de su deber de asesoramiento y de sus recomendaciones de seguridad, rechazadas o aceptadas.
Las entidades esenciales están sujetas a una supervisión previa: inspecciones presenciales y controles a distancia, auditorías de seguridad periódicas y selectivas, solicitudes de pruebas, instrucciones vinculantes y requerimientos (artículo 32). Si estas medidas no surten efecto en el plazo fijado, la autoridad puede solicitar la suspensión de una autorización o la prohibición temporal de que la persona que ejerza funciones directivas a nivel de director general o de representante legal ejerza dichas funciones en la entidad, hasta que se alcance el cumplimiento y con garantías procesales (artículo 32, apartado 5), salvo en el caso de la administración pública. Las entidades importantes están sujetas a un control « ex post », desencadenado por pruebas, indicios o información (artículo 33).
La directiva fija un mínimo para los límites máximos de las multas: por una infracción de los artículos 21 o 23, la ley nacional debe permitir al menos 10 millones de euros o el 2 % del volumen de negocios anual mundial para una entidad esencial, y al menos 7 millones de euros o el 1,4 % para una entidad importante, aplicándose el importe más elevado (artículo 34). Estas cifras fijan lo que la ley francesa deberá prever como mínimo; no se aplican mientras no se publique. Los directivos siguen siendo responsables conforme al derecho societario, frente a la sociedad o frente a terceros, en particular de « las faltas cometidas en su gestión » (traducción propia) (artículo L. 225-251 y artículo L. 223-22 del Código de Comercio francés (code de commerce)); frente a un tercero, solo una falta separable de sus funciones compromete su responsabilidad personal (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022).
Los puntos que el despacho examina en cada expediente:
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Trece respuestas detalladas, basadas en la directiva, en los textos vigentes y en resoluciones verificadas.
¿Se aplica ya la directiva NIS 2 en Francia?
Todavía no, a 31 de octubre de 2026. La directiva (UE) 2022/2555 está en vigor a escala europea y debía transponerse a más tardar el 17 de octubre de 2024, para aplicarse a partir del 18 de octubre de 2024 (artículo 41 de la directiva). En Francia, el proyecto de ley relativo a la resiliencia de las infraestructuras críticas y al refuerzo de la ciberseguridad, presentado en el Consejo de Ministros el 15 de octubre de 2024, fue aprobado por el Senado el 12 de marzo de 2025 y votado después en comisión especial de la Asamblea Nacional el 10 de septiembre de 2025. El expediente de la Asamblea no menciona ninguna aprobación en sesión pública, y a esa fecha no se ha publicado ninguna ley en el Diario Oficial (Journal officiel) (expediente legislativo en Légifrance).
La ANSSI precisa que NIS 2 entrará en vigor en Francia cuando se hayan promulgado la ley, los decretos y las órdenes de transposición, y que esa fecha no se corresponderá con la de aplicación del conjunto de los requisitos. El texto final aún puede cambiar durante los debates parlamentarios.
Sin embargo, el vacío no es total. La ley de 26 de febrero de 2018, que transpuso la primera directiva, sigue en vigor para los operadores de servicios esenciales designados por el Primer Ministro (artículo 5), el Código de Defensa regula la seguridad de los operadores de importancia vital, y el RGPD ya impone la seguridad de los datos personales. El despacho indica, para cada entidad, lo que se exige hoy y lo que se exigirá mañana.
¿Mi empresa está afectada por NIS 2?
Se combinan tres criterios. Primero, el sector: la actividad debe corresponder a un tipo de entidad enumerado en el anexo I (energía, transporte, banca, infraestructuras de los mercados financieros, sanidad, agua potable, aguas residuales, infraestructura digital, gestión de servicios TIC entre empresas, administración pública, espacio) o en el anexo II (servicios postales, residuos, productos químicos, productos alimentarios, fabricación, proveedores digitales, investigación). Después, el tamaño: la directiva se dirige a las entidades que constituyen, como mínimo, empresas medianas en el sentido de la recomendación 2003/361/CE, o que superan sus umbrales. Por último, el lugar de actividad: la entidad debe prestar sus servicios o ejercer sus actividades en la Unión (artículo 2, apartado 1, de la directiva).
Una pequeña empresa, en el sentido de esta recomendación, es la que « ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no excede de 10 millones de euros » (traducción propia) (recomendación 2003/361/CE, anexo, artículo 2). En principio queda fuera del ámbito, salvo excepciones: proveedores de comunicaciones electrónicas, prestadores de servicios de confianza, registros de nombres de dominio y proveedores DNS, único proveedor, en un Estado miembro, de un servicio esencial para el mantenimiento de actividades sociales o económicas críticas, entidad cuya perturbación tendría un impacto importante en la seguridad, la protección o la salud públicas, entidades críticas y administraciones públicas centrales (artículo 2, apartados 2 a 4). Para el único proveedor y para la entidad cuya perturbación tendría tal impacto, la sujeción requiere una identificación por parte del Estado miembro (artículo 3).
La calificación se hace sobre la actividad real y no sobre el objeto social. Una empresa industrial que explota también un centro de datos, una filial de grupo, un editor que presta servicios gestionados a sus clientes: otras tantas situaciones en las que el análisis cambia. El despacho elabora una nota de sujeción motivada, que la dirección podrá presentar en caso de inspección.
Entidad esencial o entidad importante: ¿qué diferencia hay?
Las obligaciones de fondo son las mismas: medidas de gestión de riesgos del artículo 21 y notificación de los incidentes significativos del artículo 23. La diferencia reside en la categoría, la supervisión y las sanciones. Son entidades esenciales, en particular, las entidades del anexo I que superan los umbrales de las empresas medianas, los prestadores cualificados de servicios de confianza, los registros de nombres de dominio de primer nivel y los proveedores DNS con independencia de su tamaño, determinados proveedores de comunicaciones electrónicas, las administraciones públicas centrales y las entidades críticas. Las demás entidades de los anexos I y II son entidades importantes (artículo 3 de la directiva).
La entidad esencial está sujeta a una supervisión previa: inspecciones, auditorías periódicas y selectivas, escaneos de seguridad, solicitudes de pruebas y, si los requerimientos resultan ineficaces, medidas que pueden llegar hasta la prohibición temporal de ejercer funciones directivas para el director general o el representante legal (artículo 32). La entidad importante está sujeta a las medidas adoptadas, en su caso, « en el marco de medidas de control ex post » (traducción propia), a la vista de elementos que hagan pensar que incumple la directiva (artículo 33).
Los límites máximos de las multas también difieren: al menos 10 millones de euros o el 2 % del volumen de negocios anual mundial para la entidad esencial, al menos 7 millones de euros o el 1,4 % para la entidad importante (artículo 34). Conviene distinguir dos cálculos. El tamaño, que determina la clasificación, se aprecia conforme a la recomendación 2003/361/CE, agregando a los datos de la entidad los de sus empresas asociadas y vinculadas (anexo, artículo 6). La multa, en cambio, se calcula sobre el volumen de negocios anual mundial de la empresa a la que pertenece la entidad (artículo 34, apartados 4 y 5).
¿Qué hacer antes de que se publique la ley de transposición?
Prepararse sobre la base de la directiva, que fija el mínimo que deberá respetar la ley francesa, y aplicar desde ahora los textos vigentes. La ANSSI invita a las futuras entidades esenciales e importantes a emprender desde ahora una estrategia coherente con NIS 2 y difunde desde el 17 de marzo de 2026 el Référentiel Cyber France (ReCyF), que se corresponde con el marco de referencia mencionado en el artículo 14 del proyecto de ley. Este marco es « no obligatorio por defecto » (traducción propia), pero las entidades sujetas que lo apliquen podrán invocarlo en caso de inspección (página de la ANSSI sobre NIS 2).
Algunas obligaciones ya existen. Un operador de servicios esenciales aplica las normas de seguridad fijadas por el Primer Ministro, a su cargo (artículo 6 de la ley de 26 de febrero de 2018), declara sus incidentes a la ANSSI « sin demora tras haber tenido conocimiento de ellos » (traducción propia) (artículo 7), y sus directivos se exponen a una multa de 100 000 euros si no cumplen las normas de seguridad tras un requerimiento formal, de 75 000 euros por falta de declaración y de 125 000 euros por obstrucción al control (artículo 9). Todo responsable del tratamiento de datos personales debe garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo (artículo 32 del RGPD).
En la práctica, el despacho propone un orden de trabajo: nota de sujeción, cartografía de los proveedores directos, proyecto de política de seguridad sometido a la dirección, procedimiento de notificación de incidentes y, después, revisión de los contratos. Este trabajo resulta útil de inmediato en virtud del RGPD y de los contratos en curso, y se ajustará al texto definitivo.
¿Qué medidas de seguridad impone la directiva NIS 2?
Medidas técnicas, operativas y organizativas adecuadas y proporcionadas para gestionar los riesgos que amenazan a las redes y sistemas de información y para reducir las consecuencias de los incidentes (artículo 21 de la directiva). Deben garantizar « un nivel de seguridad adecuado al riesgo existente » (traducción propia), teniendo en cuenta el estado de la técnica, las normas aplicables y el coste de aplicación.
La directiva fija una lista mínima: políticas de análisis de riesgos y de seguridad, gestión de incidentes, continuidad de las actividades con copias de seguridad y gestión de crisis, seguridad de la cadena de suministro, seguridad de la adquisición, del desarrollo y del mantenimiento, evaluación de la eficacia de las medidas, ciberhigiene y formación, criptografía y cifrado, seguridad de los recursos humanos y control de acceso, autenticación multifactor y comunicaciones seguras (artículo 21, apartado 2). La entidad que detecta un incumplimiento adopta sin demora injustificada las medidas correctoras necesarias (apartado 4).
Los jueces ya se remiten a las recomendaciones públicas de seguridad para apreciar una instalación. El tribunal de apelación de Reims consideró, a la vista de un peritaje que señalaba que no se habían aplicado las recomendaciones de la ANSSI, que el proveedor informático de una empresa víctima de un ransomware « no ha puesto todos los medios para proteger el sistema informático de su cliente y ha cometido una falta en la ejecución de su prestación » (traducción propia), si bien dejó la mitad del daño a cargo de la cliente por falta de pliego de condiciones (CA Reims, 1re ch. civ. et com., 28 avril 2026, n° 24/01502). El despacho traduce las diez medidas en políticas escritas, decisiones de la dirección y requisitos contractuales, quedando la aplicación técnica a cargo de sus equipos o de sus proveedores.
¿Pueden los directivos ser considerados personalmente responsables?
La directiva lo prevé, y el derecho francés ya lo permite en determinadas condiciones. Los órganos de dirección de las entidades esenciales e importantes aprueban las medidas del artículo 21, supervisan su aplicación y deben poder ser considerados responsables de su incumplimiento (artículo 20 de la directiva). Las personas físicas que dirigen o representan a una entidad esencial deben poder ser consideradas responsables de los incumplimientos de su deber de velar por el cumplimiento de la directiva (artículo 32, apartado 6), regla que el artículo 33, apartado 5, extiende a las entidades importantes. En cambio, la prohibición temporal de ejercer funciones directivas, solicitada cuando los requerimientos no surten efecto, está reservada a las entidades esenciales (artículo 32, apartado 5). Las modalidades francesas dependerán de la ley de transposición.
En derecho societario, los administradores y el director general de una sociedad anónima, al igual que los gerentes de una sociedad de responsabilidad limitada (SARL), son responsables frente a la sociedad o frente a terceros, en particular de « las faltas cometidas en su gestión » (traducción propia) (artículo L. 225-251 y artículo L. 223-22 del Código de Comercio francés (code de commerce)). Frente a un tercero, el Tribunal de Casación (Cour de cassation) exige más: « la responsabilidad personal de un directivo de derecho frente a terceros solo puede apreciarse si ha cometido una falta separable de sus funciones. Así ocurre cuando el directivo comete intencionadamente una falta de especial gravedad, incompatible con el ejercicio normal de las funciones sociales. » (traducción propia) (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). Para los operadores de servicios esenciales, el artículo 9 de la ley de 2018 ya se dirige directamente a sus directivos.
La mejor protección del directivo sigue siendo la constancia de sus decisiones: medidas aprobadas, presupuestos decididos, formaciones realizadas, alertas atendidas. El despacho organiza esta trazabilidad y defiende a los directivos cuya responsabilidad se cuestiona. Véase también nuestro artículo sobre la acción social de responsabilidad contra los directivos.
¿En qué plazos debe notificarse un incidente significativo?
La directiva organiza tres momentos (artículo 23, apartado 4). Una alerta temprana, sin demora injustificada y a más tardar en las 24 horas siguientes a haber tenido conocimiento del incidente significativo, que señala, en su caso, un origen malicioso sospechado o un impacto transfronterizo. Una notificación del incidente en las 72 horas, con una evaluación inicial de la gravedad, del impacto y, si están disponibles, de los indicadores de compromiso. Un informe final a más tardar un mes después de la notificación, que describa el incidente, su causa probable y las medidas de mitigación; entretanto puede solicitarse un informe intermedio.
Además, el incidente debe ser significativo: perturbación operativa grave de los servicios o pérdidas financieras para la entidad, o daños materiales, personales o morales considerables para otras personas (artículo 23, apartado 3). La directiva añade que « El mero hecho de notificar un incidente no incrementa la responsabilidad de la entidad que lo ha notificado. » (traducción propia) (apartado 1).
Estos plazos se aplicarán con la ley francesa. Hoy, un operador de servicios esenciales declara sin demora a la ANSSI sus incidentes significativos (artículo 7 de la ley de 26 de febrero de 2018), y una violación de datos personales se notifica a la CNIL sin dilación indebida y, de ser posible, en las 72 horas (artículo 33 del RGPD). La notificación no pone a salvo de una sanción: el Consejo de Estado confirmó una multa de 250 000 euros contra una empresa que había notificado el ataque a su sitio web y había cooperado, pero que ya había sido sancionada en dos ocasiones en cinco años (CE, 10e ch., 26 avril 2022, n° 449284). El despacho redacta el procedimiento, los modelos de alerta y el árbol de decisión, y asiste a la entidad el día del incidente.
¿Qué sanciones prevé la directiva NIS 2?
Medidas de ejecución y, además, multas. Las autoridades deben poder emitir advertencias, adoptar instrucciones vinculantes, ordenar que se ponga fin a una conducta, que se adecuen las medidas al artículo 21 o que se cumplan las obligaciones del artículo 23 en un plazo determinado, y que se informe a los destinatarios de los servicios de una ciberamenaza significativa (artículos 32 y 33 de la directiva). Estas medidas deben ser « efectivas, proporcionadas y disuasorias » (traducción propia).
Por una infracción de los artículos 21 o 23, la ley nacional debe permitir multas administrativas de un importe máximo de al menos 10 millones de euros o el 2 % del volumen de negocios anual mundial total del ejercicio anterior de la empresa para una entidad esencial, y de al menos 7 millones de euros o el 1,4 % para una entidad importante, aplicándose el importe más elevado (artículo 34). Son mínimos impuestos a los Estados para fijar sus límites máximos, no multas ya aplicables en Francia. Los Estados también pueden prever multas coercitivas. Para una entidad esencial, la autoridad puede además, tras medidas que hayan resultado ineficaces, solicitar la suspensión de una certificación o de una autorización, o la prohibición temporal de ejercer funciones directivas (artículo 32, apartado 5).
El régimen actualmente en vigor para los operadores de servicios esenciales prevé multas penales dirigidas a sus directivos: 100 000 euros por incumplir las normas de seguridad tras un requerimiento formal, 75 000 euros por no declarar un incidente, 125 000 euros por obstruir el control (artículo 9 de la ley de 26 de febrero de 2018). El despacho asiste a las entidades durante el control, responde a los requerimientos formales y recurre las sanciones.
¿Cómo abordar la seguridad de nuestros proveedores y subcontratistas?
Es una de las medidas mínimas: la seguridad de la cadena de suministro, incluidas las relaciones con los proveedores y prestadores de servicios directos (artículo 21, apartado 2, letra d). La entidad tiene en cuenta « las vulnerabilidades específicas de cada proveedor y prestador de servicios directo » (traducción propia), la calidad de sus productos y de sus prácticas de ciberseguridad, incluidos sus procedimientos de desarrollo seguro (apartado 3).
Delegar no exonera. Bajo el RGPD, el Consejo de Estado juzgó que la vulnerabilidad que originó una fuga de datos era « la consecuencia directa de que la sociedad Optical Center no hubiera efectuado un control regular de las medidas técnicas y organizativas adoptadas por su subcontratista encargado de garantizar la seguridad de su sitio web » (traducción propia), y confirmó la multa (CE, 10e ch., 26 avril 2022, n° 449284). El contrato importa tanto como el control: en un litigio surgido del incendio de un centro de datos, el tribunal de apelación de Douai aplicó las cláusulas limitativas del proveedor de alojamiento y juzgó que nada imponía una copia de seguridad en un sitio geográficamente distante, a falta de estipulación o de regla de la técnica acreditada; el cliente, que reclamaba varios millones de euros, obtuvo 1 800,48 euros (CA Douai, ch. 2 sect. 2, 24 avril 2025, n° 23/00858).
El despacho redacta las cláusulas de seguridad: requisitos medibles, notificación de incidentes en plazos compatibles con los del artículo 23, derecho de auditoría, subcontratación regulada, copias de seguridad y plan de recuperación, límites de responsabilidad negociados, reversibilidad. La cláusula que priva de su sustancia la obligación esencial del deudor se tiene por no escrita (artículo 1170 del Código Civil francés (code civil)), aunque hay que demostrarlo. Véase nuestra página abogado de contratos informáticos.
Somos proveedor informático o de alojamiento: ¿qué cambia NIS 2 para nosotros?
Dos cosas. En primer lugar, su actividad puede entrar directamente en el ámbito de la directiva: el anexo I incluye, en la infraestructura digital, a los proveedores de servicios de computación en la nube, de centros de datos y de redes de distribución de contenidos y, en la gestión de servicios TIC entre empresas, a los proveedores de servicios gestionados y de servicios de seguridad gestionados. Estos proveedores dependen del Estado de su establecimiento principal en la Unión, donde se toman principalmente las decisiones relativas a las medidas de gestión de riesgos (artículo 26 de la directiva), y deben comunicar información de registro a la autoridad competente (artículo 27).
En segundo lugar, sus clientes sujetos le trasladarán sus requisitos por contrato. El deber de asesoramiento del profesional ya pesa mucho. Frente a un cliente que es a su vez profesional, existe « cuando su competencia no le da los medios para apreciar el alcance exacto de las características técnicas del dispositivo de que se trate », y corresponde entonces al vendedor profesional « probar que ha cumplido el deber de asesoramiento que le obliga a informarse sobre las necesidades del comprador » (traducción propia) (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.541, litigio ajeno al ámbito informático). Aplicado a la seguridad, este deber llevó al tribunal de apelación de Aix-en-Provence, que resolvía sobre un embargo preventivo y sin juzgar el fondo, a considerar fundado en su principio un crédito contra un proveedor de alojamiento de datos sanitarios que no había contratado ni aconsejado una copia de seguridad en un sitio remoto, aplicándose no obstante la cláusula que limitaba la reparación a los perjuicios materiales y alzándose los embargos (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 6 février 2025, n° 24/01848).
El despacho ayuda a los proveedores a calificar su propia situación, a responder a los cuestionarios de seguridad, a negociar compromisos asumibles y a conservar la prueba de sus recomendaciones. Una propuesta de seguridad por escrito, rechazada por el cliente, cambia el resultado de un litigio. Véase nuestra página abogado de contencioso informático.
Nuestro proveedor no protegió nuestro sistema: ¿qué cambia NIS 2 para nuestras acciones?
NIS 2 no crea una acción propia contra el proveedor: la vía sigue siendo la del derecho común de los contratos, que condena al deudor a indemnizar daños y perjuicios por el incumplimiento de su obligación, si no justifica una causa de fuerza mayor (artículo 1231-1 del Código Civil francés). En cambio, la directiva sí cambia lo que la entidad sujeta debe exigir y comprobar. La seguridad de la cadena de suministro forma parte de las medidas mínimas, incluidas las relaciones con los proveedores y prestadores de servicios directos (artículo 21, apartado 2, letra d, de la directiva), y la entidad debe tener en cuenta las vulnerabilidades específicas de cada uno de ellos y la calidad de sus prácticas de ciberseguridad (apartado 3). Un contrato que fije requisitos de seguridad medibles, un plazo de notificación de incidentes compatible con el artículo 23 y un derecho de auditoría ofrece al juez una referencia precisa para apreciar el incumplimiento. A la inversa, la entidad que no ha expresado sus necesidades ni ha controlado a su proveedor se expone a un reparto de responsabilidad, como en la sentencia del tribunal de apelación de Reims citada más arriba (CA Reims, 1re ch. civ. et com., 28 avril 2026, n° 24/01502) y, bajo el RGPD, la falta de control del subcontratista ya ha justificado una sanción (CE, 10e ch., 26 avril 2022, n° 449284).
La responsabilidad contractual del proveedor, su deber de asesoramiento, las cláusulas limitativas y la culpa grave se tratan en nuestra página abogado de contencioso informático; la denuncia, el seguro y la gestión de crisis tras un ataque, en nuestra página abogado de ciberseguridad.
¿Hay que formar a los directivos y a los empleados?
Sí. La directiva exige que los miembros de los órganos de dirección « estén obligados a seguir una formación » (traducción propia) y fomenta una formación similar y periódica del personal, para que cada uno sepa determinar los riesgos y evaluar las prácticas de gestión de riesgos de ciberseguridad (artículo 20, apartado 2, de la directiva). Las prácticas básicas de ciberhigiene y la formación figuran también entre las medidas mínimas del artículo 21 (letra g).
La falta de formación ya tiene un coste en derecho laboral. Tras un ciberataque, el tribunal de apelación de París condenó al empleador a 5 000 euros de indemnización por incumplir la obligación de adaptación y formación de un empleado del departamento informático, señalando que en quince años « no había sido formado en ámbitos de competencia técnica que no eran los suyos pero que se vio obligado a ejercer de facto » (traducción propia) (CA Paris, pôle 6, ch. 8, 18 décembre 2025, n° 22/04541). La misma sentencia declara su despido carente de causa real y seria.
La vigilancia individual también cuenta. Para el Tribunal de Casación, en materia de pagos, el usuario que comunica sus datos de seguridad en respuesta a un correo electrónico con indicios que permiten a un usuario normalmente atento dudar de su procedencia comete una negligencia grave, « sin que importe que esté o no advertido de los riesgos de suplantación de identidad (phishing) » (traducción propia) (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20.018). El despacho diseña, junto con los equipos de seguridad, el componente jurídico de la formación de los directivos: obligaciones, responsabilidades, conducta que seguir en caso de incidente, prueba de las decisiones. Véase también nuestro artículo sobre el fraude del CEO.
¿Qué honorarios tiene un abogado de cumplimiento de NIS 2?
Los honorarios se recogen en un convenio escrito, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de 31 de diciembre de 1971 (loi du 31 décembre 1971): usted sabe, antes de comprometerse, qué cubre el encargo y cuánto cuesta.
El despacho prefiere una tarifa cerrada por etapas: nota de sujeción, revisión de la gobernanza y de las políticas de seguridad, procedimiento de notificación de incidentes, revisión o redacción de las cláusulas con proveedores, formación jurídica de la dirección, asistencia durante un control, respuesta a un requerimiento formal, contencioso con un proveedor o defensa de un directivo. Los servicios técnicos, como la auditoría de seguridad o las pruebas de intrusión, corresponden a proveedores especializados y no están incluidos. El convenio de honorarios precisa, para cada etapa, los entregables remitidos a la dirección y el calendario acordado. Todo encargo nuevo da lugar a una adenda, sin facturación imprevista.
Para una primera opinión sobre documentos, el estudio previo del expediente por 80 € IVA incluido, a través del formulario de esta página, da lugar a un análisis escrito en un plazo de 24 horas hábiles. Primer contacto en el +33 6 89 11 34 45.
Referencias
Textos oficiales y páginas relacionadas
Las fuentes de esta página, verificadas el 1 de noviembre de 2026, y las áreas de práctica afines del despacho.
Textos oficiales
- Directiva (UE) 2022/2555 de 14 de diciembre de 2022 (NIS 2): ámbito de aplicación (artículos 2 y 3), gobernanza (artículo 20), medidas (artículo 21), notificación (artículo 23), competencia (artículo 26), supervisión y multas (artículos 32 a 34), transposición (artículo 41)
- Recomendación 2003/361/CE: definición de las pequeñas y medianas empresas (anexo, artículo 2)
- Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD): seguridad del tratamiento y notificación de las violaciones (artículos 32 y 33)
- Proyecto de ley relativo a la resiliencia de las infraestructuras críticas y al refuerzo de la ciberseguridad: expediente legislativo (Légifrance) y expediente de la Asamblea Nacional
- ANSSI, avance de la transposición y página de la ANSSI sobre NIS 2: etapas, ReCyF
- Artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la ley n.º 2018-133 de 26 de febrero de 2018: operadores de servicios esenciales, normas de seguridad, declaración de incidentes, controles, sanciones
- Artículos L. 1332-6-1 y L. 1332-6-2 del Código de Defensa: seguridad de los sistemas de información de los operadores de importancia vital
- Artículos 1170 y 1231-1 del Código Civil francés: obligación esencial, responsabilidad contractual
- Artículos L. 223-22 y L. 225-251 del Código de Comercio francés: responsabilidad de los directivos
- Artículo 10 de la ley n° 71-1130 de 31 de diciembre de 1971: convenio de honorarios
Resoluciones citadas
- Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022: falta separable del directivo
- Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.541: prueba del deber de asesoramiento del vendedor profesional
- Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20.018: suplantación de identidad (phishing) y negligencia grave
- CA Paris, pôle 6, ch. 8, 18 décembre 2025, n° 22/04541: déficit de gobernanza tras un ciberataque, formación
- CA Reims, 1re ch. civ. et com., 28 avril 2026, n° 24/01502: ransomware, falta del proveedor, reparto de responsabilidad
- CA Douai, ch. 2 sect. 2, 24 avril 2025, n° 23/00858: incendio de un centro de datos, cláusulas limitativas
- CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 6 février 2025, n° 24/01848: alojamiento de datos sanitarios, plan de recuperación
- CE, 10e ch., 26 avril 2022, n° 449284: control del subcontratista, sanción a pesar de la notificación
Una entidad que calificar, un incidente que notificar, un proveedor que regular?
El despacho está disponible 24 horas, 7 días a la semana. Envíe la descripción de su actividad, el organigrama del grupo, sus políticas de seguridad, los contratos de sus proveedores o el relato fechado del incidente: el abogado Hassan Kohen examina la sujeción, las obligaciones y los plazos, y le indica después la vía adecuada, ya sea adecuación al cumplimiento, notificación, negociación contractual, respuesta a una inspección o acción contra un proveedor.