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Kohen Avocats, litigios informáticos en París
Abogado de litigios informáticos en París: proyecto fallido, peritaje e indemnización
Software entregado sin ajustarse al contrato, integración de un ERP que no llega a buen término, recepción rechazada, alojamiento defectuoso, factura impugnada o contrato de mantenimiento rescindido: el despacho de abogados dirige los litigios informáticos (contentieux informatique) desde la prueba hasta la vista, tanto para la empresa cliente como para el proveedor de servicios, el editor o el integrador. Todo parte del contrato, de los intercambios del proyecto y de lo que un perito aún pueda examinar.
Despacho localizable 24 horas, 7 días a la semana. La prescripción de las obligaciones entre comerciantes es de cinco años (artículo L. 110-4 del Código de Comercio francés, Code de commerce); se suspende cuando el juez ordena una medida de instrucción antes de todo proceso (artículo 2239 del Código Civil francés, Code civil). La prueba, en cambio, se pierde más deprisa: un sistema modificado o desinstalado ya no puede ser objeto de peritaje.
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El abogado Hassan Kohen
Abogado del Colegio de Abogados de París (Barreau de Paris), litigios informáticos, responsabilidad de los proveedores de servicios y contratos digitales.
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Página actualizada el 1 de noviembre de 2026.
Respuesta rápida
El proveedor de servicios informáticos debe entregar una solución conforme al contrato y, antes de la firma, informarse de las necesidades de su cliente para proponerle un producto adecuado; el cliente debe expresar sus necesidades y colaborar en el proyecto. Cuando la ejecución se tuerce, el Código Civil ofrece varios remedios, acumulables si no son incompatibles: negarse a ejecutar la propia prestación, exigir el cumplimiento forzoso, reducir el precio, resolver el contrato, solicitar la reparación del daño (artículo 1217 del Código Civil). La resolución exige un incumplimiento suficientemente grave (artículo 1224) y conlleva restituciones (artículo 1229). La prueba es libre entre comerciantes (artículo L. 110-3 del Código de Comercio); el peritaje judicial puede ordenarse antes de cualquier proceso si existe un motivo legítimo (artículo 145 del Código de Procedimiento Civil francés, Code de procédure civile). La cláusula limitativa de responsabilidad se mantiene en principio: se tiene por no escrita si priva de su sustancia la obligación esencial (artículo 1170), y la jurisprudencia la descarta en caso de culpa grave (faute lourde), que debe deducirse de la gravedad del comportamiento del deudor (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841). El despacho Kohen Avocats, en el distrito 16 de París, interviene tanto por el cliente como por el proveedor de servicios. Contacto en el +33 6 89 11 34 45.
¿Un proyecto informático que se tuerce, una recepción impugnada, una factura rechazada?
Comprender su situación
Los litigios informáticos en París, explicados
El acreedor de una obligación mal ejecutada elige entre varios remedios (artículo 1217 del Código Civil). Qué hacer desde las primeras señales de desvío, qué deben el proveedor y el cliente, los remedios y sus límites, el desarrollo del proceso y del peritaje, y la defensa de cada parte.
Puntos clave
El proyecto se tuerce: seis medidas antes de decidir nada
Las primeras semanas deciden la prueba y, por tanto, a menudo el resultado.
Reunir los documentos mientras existan: contrato y anexos, propuestas comerciales, especificaciones y sus versiones, actas de comités de seguimiento, tickets, correos electrónicos, registros técnicos. Entre comerciantes, los actos de comercio se prueban por todos los medios (artículo L. 110-3 del Código de Comercio).
No firmar ningún acta de recepción (procès-verbal de recette) sin reservas escritas, precisas y fechadas que enumeren las anomalías bloqueantes.
Releer las cláusulas de recepción, de penalizaciones, de resolución, de limitación de responsabilidad, de conciliación previa y de jurisdicción competente antes de escribir a la otra parte.
Requerir formalmente el cumplimiento (mise en demeure) señalando cada incumplimiento y fijando un plazo: el cumplimiento forzoso, la sustitución y la reducción del precio exigen un requerimiento previo (artículos 1221, 1222 y 1223 del Código Civil), y la cláusula resolutoria exige un requerimiento infructuoso que la mencione expresamente, salvo que se haya pactado que la resolución resultaría del mero hecho del incumplimiento (artículo 1225).
No suspender los pagos por reflejo: la excepción de incumplimiento exige un incumplimiento suficientemente grave de la otra parte (artículo 1219); de lo contrario, la propia suspensión se convierte en el principal reproche.
Fijar el estado del sistema antes de cualquier migración o desinstalación, mediante un acta de un comisario de justicia (commissaire de justice) o un peritaje, y conservar una copia completa de los datos y de los accesos.
El acta de recepción no es una causa de inadmisión automática. En un litigio sobre la integración de un ERP, el tribunal de apelación de París se pronunció en estos términos: «debido a las reservas que contiene, esta acta, pese a su título, no puede, sin embargo, tener valor de aceptación definitiva de la solución informática» (traducción propia). Un documento así solo constata una situación de hecho «hasta prueba en contrario, que puede aportarse por todos los medios» (traducción propia). La carga de la prueba quedó así invertida: «Corresponde, en consecuencia, a la sociedad Prodware demostrar que ha subsanado el conjunto de las anomalías puestas de manifiesto» (traducción propia). El integrador fue condenado a pagar 121 761,57 euros al cliente, y su demanda de pago de facturas fue desestimada (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 22 mars 2024, n° 21/16505).
La misma resolución muestra la utilidad del acta: el comisario de justicia había constatado que la solución seguía en el sistema del cliente, y nada permitía pensar que este la hubiera modificado. Sin reservas escritas y sin rastro del estado del sistema, cada parte se queda con sus afirmaciones, cuando a cada parte le incumbe probar los hechos necesarios para el éxito de su pretensión (artículo 9 del Código de Procedimiento Civil).
Las obligaciones
Asesoramiento del proveedor, colaboración del cliente, conformidad de la solución
La mayoría de los litigios se deciden en torno a estas tres obligaciones y a su prueba.
Informar: la parte que conoce una información cuya importancia es determinante para el consentimiento de la otra debe comunicársela, si esta la ignora legítimamente o confía en su contraparte; las partes no pueden limitar ni excluir este deber (artículo 1112-1 del Código Civil).
Asesorar: el proveedor se informa de las necesidades del cliente antes de proponer una solución y le advierte cuando la solución estándar no responderá a sus expectativas. Los contratos obligan también a todas las consecuencias que les atribuyen la equidad, los usos o la ley (artículo 1194).
Colaborar: el cliente expresa sus necesidades, designa interlocutores disponibles, facilita los datos y participa en los análisis y en las pruebas. Los contratos se ejecutan de buena fe (artículo 1104).
Entregar conforme: la solución debe funcionar según las especificaciones pactadas, en los plazos previstos. Un desarrollo o una adaptación a medida puede encuadrarse en el contrato de obra (louage d'ouvrage), por el que una parte se obliga a hacer algo para la otra a cambio de un precio (artículos 1710 y 1787), y no en la compraventa.
El deber de asesoramiento recae en primer lugar sobre el profesional. Para el tribunal de apelación de Lyon, «el proveedor de servicios informáticos está sujeto a una obligación de información y de asesoramiento frente a un cliente carente de toda competencia en la materia» (traducción propia); «Debe informarse previamente sobre las necesidades de su cliente para proponerle un producto adecuado a ellas» (traducción propia). El editor del paquete de software no podía invocar un riesgo aceptado por el cliente, porque «le correspondía verificar la adecuación de su producto a las necesidades del cliente antes de la firma del contrato y no una vez instalado el paquete de software» (traducción propia). El error así provocado sobre las cualidades esenciales de la prestación (artículo 1132) condujo a la nulidad del contrato, que «conlleva las restituciones recíprocas» (traducción propia) (CA Lyon, 3e ch. A, 28 mai 2025, n° 21/08394).
El cliente profano no queda por ello a salvo. En un proyecto de ERP sin pliego de condiciones, el tribunal de apelación de París examinó «si el proveedor de servicios informáticos había acompañado debidamente a su cliente, profano, en la definición de sus necesidades a fin de responder a ellas de forma adecuada» (traducción propia). Constató que el cliente había «elegido deliberadamente, para cumplir su fecha límite del 1 de octubre de 2018, ignorar los consejos, sin embargo reiterados» (traducción propia) del integrador, y declaró la resolución por culpa exclusiva del cliente, con condena a pagar 66 626,44 euros IVA incluido al proveedor (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 22 novembre 2024, n° 21/08604). Las advertencias escritas del proveedor, actas y correos electrónicos, decidieron el resultado.
La competencia del cliente también cuenta: una sociedad especializada en datos digitales fue considerada «informada para comprender y apreciar el objeto y el alcance del contrato» (traducción propia), lo que descartó el reproche de falta de asesoramiento (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 2 mai 2025, n° 22/19675). A la inversa, el tribunal de apelación de Lyon apreció el incumplimiento del editor integrador «aun cuando la colaboración de la sociedad Seripanneaux está demostrada» (traducción propia) por su pliego de consulta y sus intercambios (CA Lyon, 3e ch. A, 30 janvier 2025, n° 21/00620). La redacción del contrato con antelación se trata en nuestra página abogado de contratos informáticos.
Los remedios
Suspender, exigir el cumplimiento, reducir, resolver, ser indemnizado
La elección depende del objetivo: obtener el sistema, salir de él o ser reparado.
Excepción de incumplimiento
Una parte puede negarse a ejecutar su obligación, aunque sea exigible, si la otra no ejecuta la suya y ese incumplimiento es suficientemente grave (artículo 1219 del Código Civil). También puede suspender el cumplimiento de forma anticipada cuando es manifiesto que la otra parte no cumplirá al vencimiento y que las consecuencias de ese incumplimiento son suficientemente graves para ella, siempre que lo notifique lo antes posible (artículo 1220).
Cumplimiento o sustitución
Tras el requerimiento, el acreedor exige el cumplimiento en especie, salvo imposibilidad o desproporción manifiesta entre su coste para el deudor de buena fe y su interés para el acreedor (artículo 1221). También puede, en un plazo y a un coste razonables, hacer ejecutar él mismo la obligación y reclamar su reembolso al deudor, o solicitar judicialmente que este anticipe las sumas necesarias (artículo 1222).
Reducción del precio
En caso de cumplimiento imperfecto, el acreedor que todavía no ha pagado total o parcialmente la prestación puede, tras el requerimiento, notificar su decisión de reducir proporcionalmente el precio; si ya ha pagado, lo solicita al juez a falta de acuerdo (artículo 1223).
Resolución
Resulta de una cláusula resolutoria o, en caso de incumplimiento suficientemente grave, de una notificación del acreedor o de una decisión judicial (artículo 1224). La resolución por notificación se hace por cuenta y riesgo del acreedor, tras un requerimiento que haya quedado sin efecto (salvo urgencia), y el acreedor debe probar la gravedad del incumplimiento si el deudor lo discute (artículo 1226).
Restituciones
Cuando las prestaciones solo podían resultar útiles mediante la ejecución completa del contrato, las partes restituyen la integridad de lo que han obtenido; si resultaron útiles a medida que se ejecutaba el contrato de forma recíproca, no procede restitución por el período anterior a la última prestación que no recibió su contraprestación, y la resolución se califica de rescisión para el futuro (résiliation) (artículo 1229). La restitución de una prestación de servicios se hace en valor (artículo 1352-8).
Daños y perjuicios
El deudor repara el incumplimiento o el retraso, salvo fuerza mayor (artículo 1231-1), por el importe de la pérdida sufrida y de la ganancia dejada de obtener (artículo 1231-2), pero solo por el daño previsto o previsible en el momento del contrato, salvo culpa grave o dolosa (artículo 1231-3).
La resolución con restitución íntegra es posible cuando la solución no ha servido de nada. El tribunal de apelación de París confirmó la resolución por culpa de un integrador que «no ha satisfecho, por tanto, su obligación de resultado de entrega de un software conforme» (traducción propia), señalando que «la implantación de una nueva herramienta no tiene, en su estado actual, ninguna utilidad para la sociedad Acta, que habría salido ganando conservando su antiguo software» (traducción propia); incluso sin causa identificada, los fallos, por «su mera existencia, no imputable a la sociedad Acta, y en la medida en que son suficientemente graves, justifican la resolución del contrato» (traducción propia). El cliente recuperó 109 995,94 euros IVA incluido y restituyó los programas (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 3 juin 2022, n° 20/09351). Para un contrato firmado en 2012, sometido al derecho anterior a la reforma de 2016, el tribunal de apelación de Lyon declaró la resolución con fundamento en el antiguo artículo 1184 y ordenó el reembolso de 227 914,91 euros de prestaciones (CA Lyon, 3e ch. A, 30 janvier 2025, n° 21/00620).
La ruptura unilateral sigue siendo una apuesta. Bajo el derecho anterior a 2016, el Tribunal de Casación (Cour de cassation) lo enuncia así: «La gravedad del comportamiento de una parte en un contrato no sometido a las disposiciones derivadas de la ordenanza de 10 de febrero de 2016 puede justificar que la otra parte le ponga fin de forma unilateral por su cuenta y riesgo» (traducción propia). Añade: «En caso de controversia, corresponde a la parte que ha puesto fin al contrato aportar la prueba de tal comportamiento» (traducción propia) (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-16.514). Para los contratos celebrados desde entonces, el artículo 1226 impone la misma exigencia. Al cliente que haya resuelto demasiado pronto se le puede imputar la ruptura, como en el asunto del ERP juzgado por el tribunal de apelación de París en 2024 (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 22 novembre 2024, n° 21/08604).
La cláusula limitativa de responsabilidad se mantiene la mayoría de las veces. Toda cláusula que prive de su sustancia la obligación esencial del deudor se tiene por no escrita (artículo 1170). Antes de la reforma de 2016, el Tribunal de Casación ya juzgaba que «solo se tiene por no escrita la cláusula limitativa de reparación que contradice el alcance de la obligación esencial suscrita por el deudor», y que «la culpa grave no puede resultar del mero incumplimiento de una obligación contractual, aunque sea esencial, sino que debe deducirse de la gravedad del comportamiento del deudor» (traducción propia). En ese asunto de paquete de software, el cliente perdió: la indemnización negociada no era irrisoria (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841). Respecto de un proveedor de alojamiento, el tribunal de apelación de Versalles aplicó el límite de tres meses de facturación, que «no contradice su obligación esencial» (traducción propia) (CA Versailles, 12e ch., 19 mai 2022, n° 20/05106). Véase nuestro artículo sobre la validez de las cláusulas limitativas de responsabilidad.
El proceso
Medidas urgentes, peritaje judicial, plazos y jurisdicción
En los litigios informáticos, el peritaje orienta la mayoría de las veces la decisión del juez.
Peritaje antes del proceso
Si existe un motivo legítimo para conservar o establecer, antes de cualquier proceso, la prueba de hechos de los que pudiera depender la solución de un litigio, las medidas de instrucción legalmente admisibles pueden ordenarse a petición unilateral (requête) o por la vía del procedimiento sumario (référé). El tribunal territorialmente competente es, a elección del demandante, el que pueda conocer del fondo del asunto o, en su caso, aquel en cuya demarcación deba ejecutarse la medida (artículo 145 del Código de Procedimiento Civil).
Procedimiento de urgencia
El presidente del tribunal de comercio o del tribunal judicial (tribunal judiciaire) puede, incluso ante una controversia seria, prescribir las medidas cautelares o de restablecimiento que se impongan para prevenir un daño inminente o hacer cesar una perturbación manifiestamente ilícita, y conceder una provisión cuando la obligación no es seriamente discutible (artículos 873 y 835).
Desarrollo
El juez designa a un técnico sobre una cuestión de hecho (artículo 232); el peritaje solo se ordena si unas constataciones o una consulta no bastan (artículo 263). El perito toma en consideración las observaciones de las partes, los escritos de alegaciones (dires), y menciona el curso que les da (artículo 276).
Prescripción
Cinco años para las obligaciones nacidas entre comerciantes o entre comerciantes y no comerciantes (artículo L. 110-4 del Código de Comercio), cinco años para las acciones personales a partir del conocimiento de los hechos (artículo 2224 del Código Civil), dos años desde el descubrimiento del vicio para la garantía de vicios ocultos propia de la compraventa (artículo 1648).
Suspensión e interrupción
La prescripción se suspende cuando el juez estima una solicitud de medida de instrucción presentada antes de todo proceso, y vuelve a correr durante al menos seis meses tras la ejecución de la medida (artículo 2239). La demanda judicial, incluso en procedimiento sumario, interrumpe la prescripción (artículo 2241).
Órgano judicial
Los tribunales de comercio conocen de las controversias entre comerciantes y de las relativas a las sociedades mercantiles, salvo cláusula de arbitraje (artículo L. 721-3 del Código de Comercio). En París, Nanterre y Versalles, estos tribunales de comercio se denominan tribunales de actividades económicas (tribunaux des activités économiques), con carácter experimental durante cuatro años a partir del 1 de enero de 2025 (orden ministerial (arrêté) de 5 de julio de 2024, artículos 1 y 2, dictada para el artículo 26 de la ley n.º 2023-1059 de 20 de noviembre de 2023). Las acciones relativas al derecho de autor, incluidos los programas informáticos, corresponden a tribunales judiciales designados (artículo L. 331-1 del Código de la Propiedad Intelectual francés, Code de la propriété intellectuelle).
El motivo legítimo se demuestra con hechos. El juez de medidas urgentes del tribunal judicial de París lo formula en estos términos: «Si el litigio sobre el fondo puede ser meramente eventual, la medida solicitada debe, sin embargo, basarse en hechos precisos, objetivos y verificables, que permitan proyectar ese litigio futuro como plausible y creíble» (traducción propia); en cambio, «la urgencia, la existencia de una perturbación manifiestamente excesiva o de un peligro inminente y la ausencia de controversias serias no se exigen para que se ordene un peritaje con fundamento en el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil» (traducción propia). Ordenó un peritaje sobre los problemas informáticos sufridos por una sociedad, con una misión fijada por él mismo, puesto que «el juez de medidas urgentes es libre de elegir la misión encomendada al perito y no está vinculado por las propuestas de las partes» (traducción propia) (TJ Paris, réf., 6 mai 2025, n° 25/51066).
El peritaje suspende la prescripción de la acción sobre el fondo que persigue el mismo fin. El Tribunal de Casación, en un litigio sobre equipos entregados, establece la regla siguiente: «Si, en principio, la suspensión, al igual que la interrupción de la prescripción, no puede extenderse de una acción a otra, ocurre de otro modo cuando las dos acciones persiguen un mismo fin, de manera que la segunda está virtualmente comprendida en la primera» (traducción propia); la solicitud de peritaje sobre las causas de los siniestros perseguía así «el mismo fin que la acción por incumplimiento de la obligación de entrega conforme» (traducción propia) (Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 21-18.771).
El peritaje debe seguir siendo contradictorio. El juez hace respetar en toda circunstancia el principio de contradicción (artículo 16 del Código de Procedimiento Civil), y la nulidad de los actos relativos a las medidas de instrucción sigue el régimen de la nulidad de los actos de procedimiento (artículo 175). El tribunal de apelación de París anuló un informe pericial informático porque el perito no había explorado el código fuente transmitido por el proveedor: «de ello resulta necesariamente un perjuicio y una vulneración del principio de contradicción que justifican que se declare la anulación del informe pericial» (traducción propia) (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 2 mai 2025, n° 22/19675). El despacho redacta los escritos de alegaciones (dires), trabaja con su equipo técnico y vela por que la misión abarque la conformidad, los retrasos, la imputabilidad y el coste de la subsanación. Véase nuestro artículo cómo obtener un peritaje judicial.
Las dos partes
Usted es el cliente o usted es el prestador
Los mismos documentos sirven a ambos bandos; todo depende de lo que demuestren.
Usted es el cliente
- Demostrar las anomalías, su gravedad y su imputabilidad: reservas de recepción, tickets, acta, peritaje.
- Establecer la falta de asesoramiento: necesidades expresadas, respuesta estándar propuesta sin reservas, ausencia de advertencia.
- Elegir el remedio útil: continuación por un tercero, reducción del precio, resolución y restituciones, daños y perjuicios cuantificados.
Usted es el proveedor de servicios
- Aportar sus advertencias, actas y propuestas de análisis complementarios, así como las solicitudes de evolución del cliente.
- Oponer la falta de colaboración, los cambios de alcance sin adenda, la recepción declarada y el uso de la solución.
- Cobrar las facturas impagadas, con las penalizaciones por demora y la indemnización a tanto alzado por gastos de cobro.
Por parte del proveedor, la factura también se defiende por ley: las penalizaciones por demora son exigibles al día siguiente de la fecha de pago que figura en la factura, sin necesidad de recordatorio, a un tipo que no puede ser inferior a tres veces el tipo de interés legal, y todo profesional que se retrase en el pago debe de pleno derecho una indemnización a tanto alzado por gastos de cobro fijada por decreto (artículo L. 441-10 del Código de Comercio). La ruptura de un contrato de mantenimiento o de una relación continuada también puede discutirse al amparo del artículo L. 442-1, II, del Código de Comercio: romper bruscamente, incluso de forma parcial, una relación comercial establecida, sin preaviso escrito suficiente, compromete la responsabilidad de su autor, y un preaviso de dieciocho meses descarta el reproche de duración insuficiente. Estos litigios corresponden a jurisdicciones designadas por decreto (artículo L. 442-4, III).
La prueba de la ruptura parcial incumbe a quien la invoca. Un proveedor de servicios informáticos que reprochaba a su cliente, tras dieciséis años de relación, haber dejado de encargarle desarrollos manteniendo el mantenimiento, perdió: «Le corresponde, por tanto, acreditar que la interrupción de esos encargos implicaba una modificación sustancial de las condiciones de la relación comercial impuesta por la sociedad Protexsur» (traducción propia), y sus cuadros «no se basan en ningún elemento probatorio, al ser insuficientes las simples facturas para suplir la ausencia de elementos contables» (traducción propia) (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 13 septembre 2024, n° 22/04675). Desde el 20 de agosto de 2026, el texto prevé además que la reducción sustancial de los volúmenes de pedidos, incluso temporal, en el marco de la negociación de un contrato, puede comprometer la responsabilidad de su autor si, por su amplitud, su carácter inusual o las condiciones en que se produce, puede comprometer el equilibrio de la relación comercial establecida. Véase nuestro artículo sobre el preaviso suficiente en caso de ruptura de una relación establecida.
Los motivos que el despacho examina en cada expediente:
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
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¿Qué hace un abogado en litigios informáticos?
Convierte un proyecto técnico en un expediente probatorio y después elige el procedimiento. El litigio informático nace con mayor frecuencia de un contrato de integración, de licencia, de desarrollo, de alojamiento o de mantenimiento mal ejecutado: retraso, solución no conforme, anomalías bloqueantes, inadecuación a las necesidades, factura impugnada. El acreedor de una obligación mal ejecutada dispone de varios remedios, que puede acumular si no son incompatibles, y a los que siempre pueden añadirse daños y perjuicios (artículo 1217 del Código Civil).
El trabajo comienza con la cronología del proyecto, elaborada a partir de los documentos: contrato y anexos, especificaciones, actas de comités, tickets, actas de recepción, correos electrónicos. Entre comerciantes, estos elementos son admisibles, al ser libre la prueba (artículo L. 110-3 del Código de Comercio). Vienen después la calificación de los incumplimientos (deber de asesoramiento, falta de colaboración, falta de conformidad) y la cuantificación del perjuicio.
El procedimiento se elige a continuación: requerimiento y negociación, peritaje judicial antes del proceso cuando lo justifica un motivo legítimo (artículo 145 del Código de Procedimiento Civil), acción sobre el fondo, transacción. El despacho interviene tanto por la empresa cliente como por el editor, el integrador o la empresa de servicios, y coordina su trabajo con su equipo técnico o con un perito privado. Para el derecho digital en su conjunto, véase nuestra página abogado de derecho digital.
El software no funciona: ¿podemos dejar de pagar?
Solo si el incumplimiento del proveedor es suficientemente grave. Una parte puede negarse a ejecutar su obligación, aunque esta sea exigible, si la otra no ejecuta la suya y ese incumplimiento es suficientemente grave (artículo 1219 del Código Civil). También puede suspender su ejecución de forma anticipada cuando es manifiesto que la otra parte no cumplirá al vencimiento y que las consecuencias son suficientemente graves para ella, siempre que lo notifique lo antes posible (artículo 1220).
El riesgo es real. Un cliente que suspende el despliegue y los pagos sin haber dejado al proveedor tiempo para corregir las dificultades se expone a que se le impute la ruptura. El tribunal de apelación de París señaló así, a propósito de un cliente que había detenido un proyecto de ERP, que «La sociedad AD no demuestra la existencia de un incumplimiento grave de la sociedad LSE de sus obligaciones que justifique la resolución del contrato» (traducción propia), y lo condenó a pagar al proveedor (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 22 novembre 2024, n° 21/08604).
La vía prudente consiste en requerir formalmente el cumplimiento enumerando las anomalías, documentar su carácter bloqueante y decidir después. La reducción del precio es otra opción: en caso de cumplimiento imperfecto, el cliente que todavía no ha pagado total o parcialmente la prestación puede, tras el requerimiento, notificar su decisión de reducir proporcionalmente el precio (artículo 1223). El despacho valora con usted la gravedad de los defectos antes de cualquier suspensión.
¿Incumplió el proveedor su deber de asesoramiento?
Todo depende de lo que supiera de sus necesidades y de lo que le dijo. El deber precontractual de información es de origen legal: la parte que conoce una información determinante para el consentimiento de la otra debe comunicársela; corresponde a quien alega que se le debía una información probarlo, y a la otra parte probar que la facilitó; y las partes no pueden limitar ni excluir este deber (artículo 1112-1 del Código Civil).
En materia informática, los jueces extraen de ello una obligación de asesoramiento adaptada al cliente. El tribunal de apelación de Lyon juzga que «el proveedor de servicios informáticos está sujeto a una obligación de información y de asesoramiento frente a un cliente carente de toda competencia en la materia» (traducción propia) y que «Debe informarse previamente sobre las necesidades de su cliente para proponerle un producto adecuado a ellas» (traducción propia); confirmó la nulidad del contrato de paquete de software por error sobre las cualidades esenciales de la prestación (artículo 1132), con restituciones (CA Lyon, 3e ch. A, 28 mai 2025, n° 21/08394).
El deber de asesoramiento tiene sus límites. Se aprecia en función de la competencia del cliente: una sociedad especializada fue considerada «informada para comprender y apreciar el objeto y el alcance del contrato» (traducción propia) (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 2 mai 2025, n° 22/19675). También se desvanece cuando el cliente ha ignorado advertencias escritas y reiteradas (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 22 novembre 2024, n° 21/08604). El despacho reconstruye lo que se dijo, se escribió y se propuso antes de la firma y después durante el proyecto.
Hemos firmado el acta de recepción: ¿podemos todavía actuar?
Sí, en muchos casos, y sobre todo si el acta contiene reservas. Quien reclama el cumplimiento de una obligación debe probarla, y quien se pretende liberado debe justificar el hecho que ha extinguido su obligación (artículo 1353 del Código Civil). La recepción es un hecho que se discute, no una renuncia automática.
El tribunal de apelación de París lo juzgó en un litigio sobre la integración de un ERP: «debido a las reservas que contiene, esta acta, pese a su título, no puede, sin embargo, tener valor de aceptación definitiva de la solución informática» (traducción propia). Añadió que ese documento solo constata una situación de hecho «hasta prueba en contrario, que puede aportarse por todos los medios» (traducción propia), de modo que correspondía al integrador demostrar que había subsanado las anomalías. El integrador fue condenado a indemnizar al cliente (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 22 mars 2024, n° 21/16505).
Una recepción firmada sin reservas, seguida de un uso prolongado de la solución, dificulta la demostración: el proveedor verá en ella la aceptación. Hay que establecer entonces defectos que no eran aparentes durante las pruebas, mediante un acta o un peritaje, y comprobar qué consecuencias atribuye el contrato a la recepción. El despacho analiza el acta, el procedimiento de recepción previsto en el contrato y las anomalías surgidas después.
¿Cómo obtener un peritaje judicial informático?
Solicitándolo al juez, antes de todo proceso, con fundamento en el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil: si existe un motivo legítimo para conservar o establecer la prueba de hechos de los que pudiera depender la solución de un litigio, las medidas de instrucción legalmente admisibles pueden ordenarse a petición de cualquier interesado, a petición unilateral (requête) o por la vía del procedimiento sumario (référé). Desde la versión en vigor el 1 de septiembre de 2025, el tribunal territorialmente competente es, a elección del demandante, el que pueda conocer del fondo del asunto o, en su caso, aquel en cuya demarcación deba ejecutarse la medida.
El motivo legítimo debe probarse. El juez de medidas urgentes de París exige que la medida se base «en hechos precisos, objetivos y verificables, que permitan proyectar ese litigio futuro como plausible y creíble» (traducción propia), sin exigir la urgencia ni la ausencia de controversia seria (TJ Paris, réf., 6 mai 2025, n° 25/51066). El peritaje solo se ordena si unas constataciones o una consulta no bastan (artículo 263), y, en el asunto juzgado en París, la provisión de fondos del perito se puso a cargo de la sociedad que solicitaba la medida.
La misión se negocia en la vista: descripción de las anomalías, conformidad con las especificaciones, causas de los retrasos, imputabilidad, coste de la subsanación, elementos que permitan evaluar el perjuicio. Durante las operaciones, el perito debe tomar en consideración las observaciones escritas de las partes, los dires (artículo 276), y se impone el principio de contradicción (artículo 16). Un informe elaborado con infracción de este principio puede ser anulado (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 2 mai 2025, n° 22/19675). Véase nuestro artículo sobre el peritaje judicial.
¿Se puede resolver el contrato y recuperar las sumas pagadas?
Sí, si el incumplimiento es suficientemente grave. La resolución resulta de una cláusula resolutoria, de una notificación del acreedor o de una decisión judicial (artículo 1224 del Código Civil), y siempre puede solicitarse judicialmente (artículo 1227). El juez también puede ordenar el cumplimiento concediendo un plazo, o conceder únicamente daños y perjuicios (artículo 1228).
Las restituciones dependen de la utilidad de las prestaciones. Cuando las prestaciones intercambiadas solo podían resultar útiles mediante la ejecución completa del contrato, las partes restituyen la integridad de lo que han obtenido; cuando resultaron útiles a medida que se ejecutaba, no procede restitución por el período anterior a la última prestación que no recibió su contraprestación, y la resolución se califica de rescisión para el futuro (artículo 1229). El tribunal de apelación de París ordenó la restitución de 109 995,94 euros IVA incluido, señalando que «la implantación de una nueva herramienta no tiene, en su estado actual, ninguna utilidad para la sociedad Acta, que habría salido ganando conservando su antiguo software» (traducción propia) (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 3 juin 2022, n° 20/09351). Para un contrato firmado en 2012, sometido al derecho anterior a la reforma, el tribunal de apelación de Lyon juzgó que la resolución comportaba, en aplicación del antiguo artículo 1184, la aniquilación del contrato, y ordenó el reembolso de 227 914,91 euros de prestaciones (CA Lyon, 3e ch. A, 30 janvier 2025, n° 21/00620).
Si el equipo o la solución se financia mediante un arrendamiento financiero, la desaparición del contrato de prestación puede arrastrar la del arrendamiento. Para el Tribunal de Casación, «al ser interdependientes los contratos concomitantes o sucesivos que se inscriben en una operación que incluye un arrendamiento financiero» (traducción propia), la desaparición de uno deja sin efecto a los demás si la otra parte conocía la operación de conjunto, y «se tienen por no escritas las cláusulas inconciliables con esa interdependencia» (traducción propia) (Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-20.466). El texto de referencia es el artículo 1186 del Código Civil.
¿Se puede hacer terminar el proyecto por otro proveedor?
Sí, en condiciones precisas. Tras el requerimiento, el acreedor puede, en un plazo y a un coste razonables, hacer ejecutar él mismo la obligación y reclamar después al deudor el reembolso de las sumas empleadas con ese fin; también puede solicitar judicialmente que el deudor anticipe las sumas necesarias para esa ejecución (artículo 1222 del Código Civil). El cumplimiento forzoso en especie sigue siendo posible, salvo imposibilidad o desproporción manifiesta entre su coste para el deudor de buena fe y su interés para el acreedor (artículo 1221).
La sustitución presenta un riesgo probatorio. Una vez que el sistema ha sido retomado, migrado o desinstalado, el perito ya no tiene nada que examinar, y el proveedor incumplidor sostendrá que las dificultades provenían de la continuación del proyecto. Antes de cualquier migración, hay que hacer constatar el estado del sistema, conservar una copia completa de los datos y de las versiones entregadas y, cuando lo justifique lo que está en juego, obtener un peritaje antes del proceso (artículo 145 del Código de Procedimiento Civil).
El coste de la continuación debe seguir vinculado al incumplimiento. El Tribunal de Casación casó una condena que incluía gastos de asesoramiento y de sustitución «sin caracterizar en qué medida las prestaciones realizadas por la sociedad Sinparde eran consecuencia directa e inmediata del incumplimiento contractual imputado a la sociedad Cegid» (traducción propia) (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.432). El despacho prepara el requerimiento, el acta y la cuantificación antes del cambio al nuevo proveedor.
¿Qué perjuicios reclamar, incluido el tiempo de nuestros equipos?
Los daños y perjuicios cubren la pérdida sufrida y la ganancia dejada de obtener (artículo 1231-2 del Código Civil), dentro del límite del daño previsto o previsible en el momento de la celebración del contrato, salvo culpa grave o dolosa (artículo 1231-3). Las partidas habituales son las sumas pagadas por una solución inutilizable, el sobrecoste de la continuación, el mantenimiento del antiguo sistema, las penalizaciones contractuales, la pérdida de explotación y el tiempo del personal asignado al proyecto.
El tiempo interno se discute. El Tribunal de Casación juzga que «el juez no puede negarse a indemnizar un perjuicio cuya existencia constata en su principio basándose en la insuficiencia de las pruebas que le aportan las partes» (traducción propia), y que correspondía al tribunal de apelación evaluar el coste del personal asignado en vano al proyecto de ERP, «en caso necesario recurriendo a una medida de instrucción complementaria» (traducción propia) (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.432, sentencia dictada en formación restringida). A la inversa, el tribunal de apelación de Lyon rechazó esta partida, al juzgar que «la intervención de su personal en este proyecto forma parte de la solicitación normal de esos empleados para las funciones que les son propias» (traducción propia) (CA Lyon, 3e ch. A, 30 janvier 2025, n° 21/00620).
La diferencia radica en la prueba: hojas de horas, asignaciones, contrataciones o personal temporal dedicado, tiempo empleado en corregir en lugar de explotar. Si el contrato estipula una cláusula penal, el juez puede moderarla o aumentarla si es manifiestamente excesiva o irrisoria (artículo 1231-5). El despacho construye la cuantificación partida por partida, cada una vinculada a un incumplimiento concreto.
¿Se aplica la cláusula limitativa de responsabilidad del proveedor?
En principio, sí. Se descarta principalmente en dos casos. En primer lugar, cuando priva de su sustancia la obligación esencial del deudor: se tiene entonces por no escrita (artículo 1170 del Código Civil). En segundo lugar, en caso de culpa grave, que la jurisprudencia solo aprecia si se deduce de la gravedad del comportamiento del deudor; la culpa grave o dolosa hace además caer el límite legal del daño previsible (artículo 1231-3).
Estas excepciones se aprecian de forma estricta. En el asunto de un paquete de software nunca entregado, juzgado en 2010 bajo el derecho anterior a la reforma de 2016, el Tribunal de Casación juzgó que «solo se tiene por no escrita la cláusula limitativa de reparación que contradice el alcance de la obligación esencial suscrita por el deudor» (traducción propia), y aprobó la aplicación de una cláusula cuya indemnización negociada no era irrisoria. Añadió que «la culpa grave no puede resultar del mero incumplimiento de una obligación contractual, aunque sea esencial, sino que debe deducirse de la gravedad del comportamiento del deudor» (traducción propia) (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841). El cliente perdió en este punto.
Aun así, la cláusula debe ser oponible: las condiciones generales solo surten efecto frente a la otra parte si se le han dado a conocer y las ha aceptado (artículo 1119). En el caso de un proveedor de alojamiento cuyo cliente solo había firmado las condiciones particulares, el tribunal de apelación de Versalles apreció que la referencia expresa a las condiciones generales «en el contrato firmado por él, unida al hecho de que la sociedad Apogea tuvo conocimiento de ellas, basta para establecer la aceptación tácita de esas condiciones» (traducción propia), y aplicó después el límite (CA Versailles, 12e ch., 19 mai 2022, n° 20/05106). Entre profesionales, someter o intentar someter a la otra parte a obligaciones que creen un desequilibrio significativo compromete además la responsabilidad de su autor (artículo L. 442-1, I, 2.º del Código de Comercio).
El argumento útil se refiere, por tanto, a la cuantía del límite en relación con lo que está en juego y a la gravedad del comportamiento del proveedor.
¿Cuál es el plazo para actuar contra un proveedor de servicios informáticos?
Cinco años en la mayoría de los casos. Las obligaciones nacidas con ocasión de su comercio entre comerciantes o entre comerciantes y no comerciantes prescriben a los cinco años, salvo prescripción especial más corta (artículo L. 110-4 del Código de Comercio). Las acciones personales prescriben a los cinco años a contar desde el día en que el titular del derecho conoció o debió conocer los hechos que le permitían ejercerlo (artículo 2224 del Código Civil).
La calificación del contrato puede reducir este plazo. Si el contrato se analiza como compraventa y la acción se basa en la garantía de vicios ocultos (artículo 1641), debe ejercitarse en los dos años siguientes al descubrimiento del vicio (artículo 1648). Un desarrollo a medida puede, en cambio, encuadrarse en el contrato de obra (artículo 1710): el tribunal de apelación de París confirmó así la calificación de contrato de empresa (contrat d'entreprise) para un conjunto que combinaba licencia y prestaciones de adaptación (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 2 mai 2025, n° 22/19675). La elección del fundamento se hace, por tanto, al comienzo del expediente.
Dos mecanismos protegen al demandante. La demanda judicial, incluso en procedimiento sumario, interrumpe la prescripción (artículo 2241). Y cuando el juez ordena una medida de instrucción antes de todo proceso, la prescripción se suspende y vuelve a correr durante al menos seis meses a partir de la ejecución de la medida (artículo 2239). Esta suspensión beneficia a la acción sobre el fondo que persigue el mismo fin que el peritaje: el Tribunal de Casación así lo juzgó respecto de un peritaje que perseguía «el mismo fin que la acción por incumplimiento de la obligación de entrega conforme» (traducción propia) (Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 21-18.771). El despacho calcula el plazo aplicable desde el primer examen.
¿Qué tribunal es competente en un litigio informático?
Entre sociedades mercantiles, la jurisdicción mercantil: los tribunales de comercio conocen de las controversias relativas a los compromisos entre comerciantes, a las sociedades mercantiles y a los actos de comercio entre cualesquiera personas, pudiendo las partes convenir, en el momento de contratar, someter esas controversias a arbitraje (artículo L. 721-3 del Código de Comercio). En París, Nanterre y Versalles, estos tribunales de comercio se denominan, desde el 1 de enero de 2025 y con carácter experimental durante cuatro años, tribunales de actividades económicas (orden ministerial (arrêté) de 5 de julio de 2024, artículos 1 y 2, dictada para el artículo 26 de la ley n.º 2023-1059 de 20 de noviembre de 2023). El contrato contiene a menudo una cláusula de sumisión a un tribunal o de conciliación previa, que debe leerse antes de demandar.
Ciertas materias tienen sus propias jurisdicciones. El software es una obra protegida por el derecho de autor (artículo L. 112-2 del Código de la Propiedad Intelectual), y las acciones civiles relativas a la propiedad literaria y artística corresponden exclusivamente a tribunales judiciales determinados por vía reglamentaria (artículo L. 331-1). La reproducción o la modificación de un software sin autorización forma parte del derecho de explotación del autor (artículo L. 122-6) y puede constituir un delito de falsificación (contrefaçon) (artículo L. 335-3); el embargo descriptivo puede concretarse en una copia de los programas presuntamente falsificados (artículo L. 332-4). Los litigios por ruptura brusca de una relación establecida se atribuyen a jurisdicciones designadas por decreto (artículo L. 442-4, III, del Código de Comercio).
En el procedimiento sumario, el presidente del tribunal de comercio o del tribunal judicial puede ordenar las medidas urgentes o conceder una provisión cuando la obligación no es seriamente discutible (artículos 872, 873, 834 y 835 del Código de Procedimiento Civil). Para la falsificación de software en el ámbito penal, véase nuestra página sobre la falsificación y la violación de derechos de propiedad intelectual.
Somos proveedor: el cliente se niega a pagar, ¿qué hacer?
Reclamar el pago preparando la respuesta a la disconformidad que invocará el cliente. La factura impagada produce efectos legales: las penalizaciones por demora son exigibles al día siguiente de la fecha de pago que figura en la factura, sin necesidad de recordatorio, a un tipo que no puede ser inferior a tres veces el tipo de interés legal, y el profesional que se retrasa debe de pleno derecho una indemnización a tanto alzado por gastos de cobro (artículo L. 441-10 del Código de Comercio). Cuando la obligación no es seriamente discutible, el juez de medidas urgentes puede conceder una provisión (artículo 873 del Código de Procedimiento Civil).
La defensa se apoya en los documentos del proyecto: especificaciones validadas, solicitudes de evolución, advertencias enviadas, jornadas de análisis propuestas y rechazadas, recepción declarada, uso de la solución. En el asunto juzgado por el tribunal de apelación de París en 2024, estos elementos establecieron que el cliente había querido ignorar las advertencias del integrador, y fue el cliente quien resultó condenado a pagar al proveedor 66 626,44 euros IVA incluido (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 22 novembre 2024, n° 21/08604). Frente a un cliente competente, el reproche de falta de asesoramiento cae con más facilidad (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 2 mai 2025, n° 22/19675).
Si el cliente pone fin a una relación antigua, el proveedor puede invocar la ruptura brusca de una relación comercial establecida (artículo L. 442-1, II, del Código de Comercio), pero debe probarlo con elementos contables: un proveedor perdió por no haber demostrado la parte de los desarrollos en su cifra de negocios, «al ser insuficientes las simples facturas para suplir la ausencia de elementos contables» (traducción propia) (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 13 septembre 2024, n° 22/04675). Para un editor en modalidad SaaS, véase nuestro artículo sobre el cliente que deja de pagar su suscripción.
¿Qué honorarios cobra un abogado en litigios informáticos?
Los honorarios son objeto de un convenio escrito, conforme al artículo 10 de la ley de 31 de diciembre de 1971: usted sabe, antes de comprometerse, qué cubre el encargo y cuánto cuesta. El convenio precisa el importe o el modo de determinación de los honorarios que cubren las diligencias previsibles, así como los gastos y desembolsos previstos.
El despacho prefiere la tarifa fija por etapas: análisis del expediente y cronología del proyecto, requerimiento o respuesta, solicitud de peritaje por la vía del procedimiento sumario, seguimiento de las operaciones periciales y redacción de los escritos de alegaciones (dires), procedimiento sobre el fondo, recurso de apelación, negociación de un acuerdo transaccional. Los gastos del peritaje judicial y, en su caso, los honorarios de un perito privado se suman a los honorarios del abogado. La tarifa fija de cada etapa se establece tras el examen de los documentos, según la dificultad del expediente y las diligencias previsibles. Todo encargo nuevo da lugar a una adenda, sin facturación imprevista.
Para una primera opinión sobre documentos, el estudio previo del expediente por 80 € IVA incluido, a través del formulario de esta página, da lugar a un análisis escrito en un plazo de 24 horas hábiles. Primer contacto en el +33 6 89 11 34 45.
Referencias
Textos oficiales y páginas relacionadas
Las fuentes de esta página, verificadas el 1 de noviembre de 2026, y las áreas de práctica afines del despacho.
Textos oficiales
- Artículos 1104, 1112-1, 1119, 1132 y 1194 del Código Civil francés: buena fe, deber de información, condiciones generales, error, consecuencias del contrato
- Artículos 1170, 1231-3 y 1231-5 del Código Civil francés: obligación esencial, daño previsible y culpa grave, cláusula penal
- Artículos 1217, 1219, 1220, 1221, 1222 y 1223 del Código Civil francés: remedios al incumplimiento, excepción de incumplimiento, cumplimiento forzoso, sustitución, reducción del precio
- Artículos 1224, 1225, 1226, 1227, 1228 y 1229 del Código Civil francés: resolución, cláusula resolutoria, notificación, poderes del juez, efectos
- Artículos 1352, 1352-8 y 1186 del Código Civil francés: restituciones, caducidad de los contratos interdependientes
- Artículos 1231-1, 1231-2, 1344 y 1353 del Código Civil francés: daños y perjuicios, requerimiento, prueba
- Artículos 1603, 1604, 1641, 1648, 1710 y 1787 del Código Civil francés: compraventa y vicios ocultos, contrato de obra
- Artículos 2224, 2239, 2241, 2044 y 2052 del Código Civil francés: prescripción, suspensión e interrupción, transacción
- Artículos 9, 16, 145, 175, 232, 263 y 276 del Código de Procedimiento Civil francés: prueba, contradicción, medidas de instrucción y peritaje
- Artículos 834, 835, 872 y 873 del Código de Procedimiento Civil francés: procedimiento sumario ante el tribunal judicial y el tribunal de comercio
- Artículos L. 110-3, L. 110-4 y L. 721-3 del Código de Comercio francés: prueba, prescripción, competencia mercantil
- Artículos L. 441-10, L. 442-1 y L. 442-4 del Código de Comercio francés: penalizaciones por demora, ruptura brusca, jurisdicciones especializadas
- Artículos L. 112-2, L. 122-6, L. 331-1, L. 332-4 y L. 335-3 del Código de la Propiedad Intelectual francés: software, derechos del autor, jurisdicciones, embargo por falsificación, delito
- Artículo 1 y artículo 2 de la orden ministerial de 5 de julio de 2024: experimentación del tribunal de actividades económicas
- Artículo 10 de la ley n° 71-1130 de 31 de diciembre de 1971: convenio de honorarios
Resoluciones citadas
- Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841: cláusula limitativa y culpa grave
- Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.432: tiempo de personal perdido, relación de causalidad
- Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-16.514: ruptura unilateral por cuenta y riesgo
- Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-20.466: arrendamiento financiero y contratos interdependientes
- Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 21-18.771: peritaje y suspensión de la prescripción
- CA Lyon, 3e ch. A, 28 mai 2025, n° 21/08394: deber de asesoramiento, nulidad del contrato de paquete de software
- CA Paris, pôle 5, ch. 11, 22 novembre 2024, n° 21/08604: advertencias ignoradas por el cliente, resolución por su culpa
- CA Paris, pôle 5, ch. 11, 22 mars 2024, n° 21/16505: recepción con reservas, carga de la prueba
- CA Paris, pôle 5, ch. 11, 3 juin 2022, n° 20/09351: resolución y restitución íntegra
- CA Lyon, 3e ch. A, 30 janvier 2025, n° 21/00620: colaboración demostrada, resolución, tiempo interno rechazado
- CA Paris, pôle 5, ch. 11, 2 mai 2025, n° 22/19675: cliente competente, anulación del informe pericial
- CA Paris, pôle 5, ch. 11, 13 septembre 2024, n° 22/04675: ruptura parcial no probada por el proveedor
- CA Versailles, 12e ch., 19 mai 2022, n° 20/05106: límite de responsabilidad de un proveedor de alojamiento
- TJ Paris, réf., 6 mai 2025, n° 25/51066: peritaje informático ordenado en procedimiento sumario
Para profundizar
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