Kohen Avocats — Derecho inmobiliario
Vivienda social en Francia · Abogado en París
Desahucio por deudas, transmisión del contrato tras un fallecimiento, subarriendo imputado, vivienda inadecuada. El despacho defiende a inquilinos de vivienda social en Francia, en París e Île-de-France.
¿Ha recibido una citación o un requerimiento de pago? Envíelo junto con la fecha de la vista. Conviene preparar la defensa sin demora y algunos plazos pueden solicitarse incluso después de la sentencia.
Vivienda social · París
Preparar su defensa
Envíe el contrato de arrendamiento, la citación judicial (assignation) o las cartas del arrendador a nuestro despacho de derecho inmobiliario en París para un primer análisis.
HLM
desahucio, fallecimiento,
subarriendo
Kohen Avocats, distrito 16 de París
Su litigio de vivienda social
Vivienda social · Distrito 17 de París
Defender al inquilino frente al arrendador social
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- París e Île-de-France
- Inquilinos de HLM y familias
El arrendamiento de una vivienda social se rige por la Ley de 6 de julio de 1989 (loi du 6 juillet 1989) y por normas propias de los organismos de vivienda de alquiler moderado (organismes d’HLM), recogidas en el Código de Construcción y Vivienda francés (code de la construction et de l’habitation). Estas normas determinan quién puede suceder al inquilino fallecido en el contrato, qué riesgos asume quien aloja a otra persona o subarrienda y cómo se desarrolla un desahucio por deudas. Los litigios arrendaticios corresponden al juez de litigios de protección (juge des contentieux de la protection) del tribunal judicial (tribunal judiciaire). Tras el requerimiento de desalojo (commandement de quitter les lieux), las solicitudes de plazo para abandonar la vivienda se presentan ante el juez de ejecución (juge de l’exécution).
El despacho asiste a inquilinos, familiares y ocupantes en sus litigios con arrendadores sociales de París e Île-de-France. El estudio comienza con el contrato, las cartas del arrendador, la citación o la sentencia recibidas. Llame al despacho al +33 6 89 11 34 45 o envíe estos documentos mediante el formulario para un primer análisis escrito.
Ficha oficial en el directorio de abogados de Francia (CNB)Despacho en 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
Evitar el desahucio
Revisar el procedimiento del arrendador, solicitar plazos de pago y la suspensión de la cláusula resolutoria (clause résolutoire).
Conservar la vivienda de un familiar
Examinar los requisitos para la transmisión del contrato tras el fallecimiento del inquilino e impugnar una denegación.
Defenderse de una acusación
Subarriendo, falta de ocupación, molestias. Cuestionar las pruebas aportadas por el arrendador.
Deuda arrendaticia y desahucio
El desahucio por deudas no es automático
El arrendador social, como persona jurídica, solo puede presentar la demanda una vez transcurridos dos meses desde la remisión del asunto a la comisión de coordinación de las actuaciones de prevención de los desahucios (commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, CCAPEX), so pena de inadmisión. La remisión se considera realizada cuando persiste un impago ya comunicado a los organismos que abonan las ayudas a la vivienda (artículo 24, II de la Ley de 6 de julio de 1989). La citación se notifica al prefecto al menos seis semanas antes de la vista.
6 semanas
en principio, tras el requerimiento de pago
3 años
de plazo máximo para pagar
2 meses
tras el requerimiento de desalojo
Requerimiento de pago
La cláusula resolutoria solo surte efecto seis semanas después de un requerimiento de pago (commandement de payer) que no haya sido atendido. Este debe indicar, entre otros extremos, dicho plazo, la renta mensual, el desglose de la deuda y la posibilidad de acudir al fondo de solidaridad para la vivienda (fonds de solidarité pour le logement) (artículo 24, I de la Ley de 6 de julio de 1989). Algunos contratos antiguos siguen sujetos al plazo contractual de dos meses (Cass., avis, 13 juin 2024, n° 24-70.002). Debe comprobarse la fecha del contrato.
Remisión a la CCAPEX
Cuando el arrendador es una persona jurídica, la citación solo puede practicarse transcurridos dos meses desde la remisión del asunto a la comisión, incluso cuando esta se considera realizada mediante una comunicación a los organismos que abonan las ayudas.
Citación y evaluación
La citación se notifica al prefecto seis semanas antes de la vista. Se remite al juez una evaluación social y financiera (diagnostic social et financier).
Vista
El juez puede conceder plazos de pago de hasta tres años si el inquilino puede saldar su deuda y ha reanudado el pago íntegro de la renta corriente antes de la vista (artículo 24, V de la Ley de 6 de julio de 1989).
Después de la sentencia
En principio, el desahucio de una vivienda habitada solo puede ejecutarse transcurridos dos meses desde el requerimiento de desalojo. El juez puede reducir o suprimir ese plazo en los supuestos previstos, y este no se aplica cuando se acredita mala fe (artículo L. 412-1 del Código de Procedimientos Civiles de Ejecución francés (code des procédures civiles d’exécution, CPCE)). Salvo las exclusiones legales, el juez puede conceder plazos de un mes a un año (artículo L. 412-4 del CPCE).
Suspensión invernal de los desahucios
Se suspende todo desahucio pendiente de ejecución del 1 de noviembre al 31 de marzo, salvo que se garantice un realojo en condiciones suficientes o que se haya entrado sin derecho ni título en el domicilio ajeno mediante maniobras, amenazas, vías de hecho o coacción. El juez también puede reducir o suprimir esta suspensión invernal (trêve hivernale) en otros supuestos de entrada por esos medios (artículo L. 412-6 del CPCE).
La suspensión
Considerar que la cláusula no ha surtido efecto
Cuando el inquilino ha reanudado el pago íntegro de la renta corriente antes de la vista, el juez, a petición del inquilino o del arrendador, puede suspender los efectos de la cláusula resolutoria durante los plazos que conceda. Si la deuda se salda dentro del plazo y según las modalidades fijadas, y se abonan las rentas y los gastos corrientes, se considera que la cláusula no ha surtido efecto. Al primer impago, recupera todos sus efectos (artículo 24, VII de la Ley de 6 de julio de 1989).
El sobreendeudamiento
Un procedimiento que influye en la vista
Si se ha abierto un procedimiento de sobreendeudamiento (surendettement) y el inquilino ha reanudado el pago de la renta y los gastos a la fecha de la vista, el juez adapta los plazos a la fase del procedimiento y a las resoluciones dictadas (artículo 24, VI de la Ley de 6 de julio de 1989). La exoneración personal de deudas (rétablissement personnel) sigue un régimen propio. Deben aportarse las resoluciones recibidas, además del justificante de presentación.
Los controles procesales tienen consecuencias concretas. Debe comprobarse la remisión a la CCAPEX, la notificación al prefecto dentro de plazo y el contenido del requerimiento. En un asunto de Paris Habitat, el juez parisino verificó la notificación de la citación al prefecto más de seis semanas antes de la vista y la remisión previa a la comisión antes de examinar la deuda (TJ Paris, 4 avril 2025, n° 24/09560).
Fallecimiento o marcha del inquilino
Suceder en el contrato de un familiar
Al fallecer el inquilino, sin perjuicio de los derechos del cónyuge o de la pareja cotitular del contrato, este se transmite al cónyuge supérstite, a la pareja vinculada por un pacto civil de solidaridad (PACS) y, si convivían con él desde hacía al menos un año, a los descendientes, ascendientes, pareja de hecho notoria (concubin notoire) o personas a cargo. Si hay varias solicitudes, el juez decide atendiendo a los intereses en presencia (artículo 14 de la Ley de 6 de julio de 1989). En una vivienda HLM se añaden dos requisitos.
Requisitos adicionales
Ingresos y tamaño de la unidad familiar
Artículo 40 de la Ley de 6 de julio de 1989
El beneficiario de la transmisión debe cumplir los requisitos de adjudicación de una vivienda social, y la vivienda debe adecuarse al tamaño de su unidad familiar (artículo 40). Esto afecta especialmente a los descendientes. Puede denegarse la transmisión a un hijo que se quede solo en una vivienda grande.
Personas exentas
Exención de los requisitos de ingresos y tamaño
Artículo 40, I y III
Entre los beneficiarios del artículo 14, el cónyuge, la pareja vinculada por un PACS y la pareja de hecho notoria están exentos de los requisitos de ingresos y tamaño de la vivienda. La pareja de hecho sigue sujeta al requisito de un año de convivencia. También están exentos, si convivían efectivamente con el inquilino desde hacía más de un año, los ascendientes, las personas con discapacidad y las personas mayores de sesenta y cinco años. Para las viviendas comprendidas en el artículo 40, I, el arrendador puede ofrecer al descendiente que cumpla el requisito de ingresos una vivienda más pequeña, para la que tiene prioridad.
«El artículo L. 442-3-1 del Código de Construcción y Vivienda solo se aplica a las relaciones entre el organismo HLM y el inquilino» (traducción propia)
Cass. 3e civ., 20 décembre 2018, n° 18-10.124
En este asunto, el descendiente que vivía solo en una vivienda inadecuada para su unidad familiar no podía obtener la transmisión. El arrendador tampoco estaba obligado a ofrecerle un realojo por infraocupación, pues carecía de la condición de inquilino. Por su parte, el concepto de unidad familiar comprende la unidad económica y familiar. Un grupo de hermanos puede constituirla (Cass. 3e civ., 25 mars 2015, n° 14-11.043).
La prueba
Acreditar la convivencia anterior al fallecimiento
La convivencia efectiva durante el periodo exigido antes del fallecimiento puede acreditarse mediante todo tipo de documentos, como declaraciones fiscales, correspondencia dirigida al domicilio, certificados de la caja de prestaciones familiares (CAF) y facturas. El juez parisino comprueba sucesivamente los requisitos del artículo 14 y los del artículo 40, que son acumulativos (TJ Paris, 14 janvier 2025, n° 24/05695).
La denegación
Qué ocurre si se deniega la transmisión
Si no hay beneficiario, el fallecimiento extingue el contrato de pleno derecho (artículo 14 de la Ley de 6 de julio de 1989). El ocupante que permanece en la vivienda se expone a un procedimiento de desahucio y a una indemnización por ocupación (indemnité d’occupation). Puede solicitar plazos si su realojo no puede realizarse en condiciones normales (artículo L. 412-3 del CPCE).
Ocupación, subarriendo y molestias
Las acusaciones del arrendador y sus pruebas
La vivienda social debe estar ocupada al menos ocho meses al año por el inquilino, su cónyuge o una persona a cargo, salvo obligación profesional, motivos de salud o fuerza mayor. El inquilino tiene prohibido subarrendarla, amueblada o sin amueblar, ceder su contrato o intercambiarla fuera de los supuestos previstos. En caso de incumplimiento, el arrendador puede solicitar la resolución del contrato (artículo L. 442-3-5 del Código de Construcción y Vivienda (CCH)).
Subarriendo
Una prohibición de principio
El subarriendo solo se admite como excepción legal. Entre los supuestos del artículo L. 442-8-1 del CCH figura el alojamiento de una persona mayor de sesenta años o de un adulto con discapacidad mediante un contrato de acogimiento familiar (contrat d’accueil familial), con un precio regulado de las habitaciones. También se permite la convivencia intergeneracional solidaria (cohabitation intergénérationnelle solidaire) (artículo L. 631-17 del CCH). El alquiler reiterado a través de una plataforma expone a la resolución del contrato y a la devolución de las cantidades percibidas.
Carga de la prueba
Corresponde al arrendador probarlo
El tribunal de París recuerda que «corresponde al arrendador que alega la falta de ocupación personal de la vivienda como residencia habitual, una cesión o un subarriendo del contrato, probarlo» (traducción propia) (TJ Paris, 17 février 2026, n° 25/05548). Las ausencias por motivos de salud o trabajo se justifican con documentos.
«La renta constituye un fruto civil de la propiedad y el arrendatario, autor del subarriendo prohibido, no podía ser un poseedor de buena fe» (traducción propia)
Cass. 3e civ., 22 juin 2022, n° 21-18.612, § 14
En la misma sentencia, relativa a una vivienda de París sujeta a un convenio público (logement conventionné) y alquilada parcialmente a través de una plataforma, el Tribunal de Casación (Cour de cassation) reprocha a los jueces no haber valorado la gravedad del incumplimiento atendiendo a la prohibición legal de subarrendar. Las rentas del subarriendo corresponden al arrendador, sin que el juez pueda deducir las rentas que este haya percibido.
Las molestias
Uso pacífico y convivencia vecinal
La obligación de utilizar pacíficamente la vivienda se aplica al inquilino de una vivienda HLM. Las molestias graves y reiteradas pueden justificar la resolución del contrato, atendiendo a las pruebas reunidas por el arrendador (CA Paris, pôle 4, ch. 3, 11 mai 2023, n° 21/03409). La defensa cuestiona la realidad de los hechos, su autoría y su gravedad.
El alojamiento de familiares
Acoger a un familiar sin subarrendar
Alojar a un familiar sin cobrarle renta no constituye, en principio, un subarriendo. El riesgo surge cuando el inquilino deja de vivir en la vivienda o percibe una contraprestación. El despacho examina la situación antes de que el arrendador practique una intimación formal (sommation).
Estado de la vivienda y derecho a la vivienda
Obtener una vivienda digna y adecuada
El arrendador, social o privado, debe entregar una vivienda digna, sin riesgos manifiestos para la seguridad o la salud, libre de plagas, y mantenerla (artículo 6 de la Ley de 6 de julio de 1989). Las condiciones de habitabilidad (décence) también comprenden un nivel mínimo de eficiencia energética. Deben acreditarse los defectos, su causa y la obligación incumplida antes de solicitar obras o una indemnización.
La prueba del defecto
Constatar los hechos antes de actuar
Comunicaciones escritas al arrendador, fotografías fechadas, informe del servicio de higiene y acta de un agente de justicia (commissaire de justice). El expediente se prepara antes de la vista. Si la vivienda incumple las condiciones de habitabilidad, el juez puede ordenar su adecuación, reducir la renta o suspender su pago hasta que se realicen las obras (artículo 20-1 de la Ley de 6 de julio de 1989). La indemnización por daños y perjuicios exige acreditar un perjuicio.
El DALO
Acudir a la comisión de mediación
En el marco del derecho exigible a la vivienda (droit au logement opposable, DALO), y siempre que cumpla los requisitos de acceso a la vivienda social, la persona de buena fe amenazada de desahucio sin realojo, o alojada en locales insalubres o peligrosos, puede acudir a la comisión de mediación (commission de médiation) sin esperar el plazo ordinario. Lo mismo se aplica a una vivienda que incumple las condiciones de habitabilidad si el solicitante tiene un hijo menor, presenta una discapacidad o tiene a cargo a una persona con discapacidad (artículo L. 441-2-3 del CCH). Si la comisión lo reconoce como prioritario y existe una resolución de desahucio, puede acudir al juez para que conceda plazos. La solicitud, por sí sola, no suspende el desahucio.
La infraocupación
Una propuesta de realojo del arrendador
En caso de infraocupación, el arrendador propone una nueva vivienda adecuada a las necesidades del inquilino. En las zonas previstas por la ley, rechazar tres ofertas conformes a los requisitos legales supone perder el derecho a permanecer en la vivienda seis meses después de la notificación de la tercera oferta. Están protegidos los inquilinos mayores de sesenta y cinco años, con discapacidad o pérdida de autonomía, o con una persona en esas circunstancias a cargo, así como las viviendas situadas en un barrio prioritario, o que lo estuvieran cuando el inquilino se instaló (artículo L. 442-3-1 del CCH).
Los documentos que debe enviar al despacho
- Contrato de arrendamiento y anexos, último aviso de vencimiento de la renta.
- Requerimiento de pago, citación, sentencia o requerimiento de desalojo recibidos.
- Desglose de la deuda y justificantes de pago, ayudas a la vivienda.
- En caso de fallecimiento, certificado de defunción, pruebas de convivencia anterior al fallecimiento y liquidaciones tributarias.
- Cartas del arrendador que imputan un subarriendo o una falta de ocupación.
- Fotografías, comunicaciones e informes sobre el estado de la vivienda.
Preguntas frecuentes
Sus preguntas sobre la vivienda social
¿Puede un arrendador social desahuciar a su inquilino?
Sí, pero únicamente tras una resolución judicial y siguiendo un procedimiento regulado. Por una deuda arrendaticia, el arrendador persona jurídica debe acudir a la CCAPEX dos meses antes de practicar la citación y notificar esta al prefecto seis semanas antes de la vista (artículo 24 de la Ley de 6 de julio de 1989). El contrato también puede resolverse por subarriendo o falta de ocupación (artículo L. 442-3-5 del CCH), o por molestias de suficiente gravedad en relación con la obligación de uso pacífico.
Una vez ordenado, el desahucio solo puede ejecutarse, en principio, transcurridos dos meses desde el requerimiento de desalojo (artículo L. 412-1 del CPCE). Tampoco puede ejecutarse durante la suspensión invernal del 1 de noviembre al 31 de marzo, salvo las excepciones legales (artículo L. 412-6 del CPCE). El juez de ejecución puede conceder plazos de un mes a un año.
¿Puede evitarse el desahucio tras una deuda de alquiler en HLM?
Es posible si el inquilino ha reanudado el pago íntegro de la renta corriente antes de la vista y puede saldar su deuda. El juez puede conceder plazos de pago de hasta tres años y, si se le solicita, suspender los efectos de la cláusula resolutoria. Si se paga la deuda dentro de esos plazos, se considera que la cláusula no ha surtido efecto (artículo 24, V y VII de la Ley de 6 de julio de 1989).
La solicitud se prepara con un presupuesto realista, justificantes de ingresos y, en su caso, el expediente de sobreendeudamiento. Puede solicitarse una ayuda del fondo de solidaridad para la vivienda. El juez puede conceder plazos de oficio, pero la suspensión de la cláusula debe solicitarse. La defensa la pide acompañada de un plan cuantificado.
¿Quién puede suceder en el contrato HLM al fallecer el inquilino?
Sin perjuicio de los derechos del cónyuge o de la pareja cotitular del contrato, pueden hacerlo el cónyuge supérstite, la pareja vinculada por un PACS y, si convivían con el inquilino desde hacía al menos un año en la fecha del fallecimiento, la pareja de hecho notoria, los descendientes, ascendientes y personas a cargo (artículo 14 de la Ley de 6 de julio de 1989). En una vivienda HLM, el beneficiario debe cumplir además los requisitos de adjudicación y la vivienda debe adecuarse al tamaño de su unidad familiar (artículo 40 de la Ley de 6 de julio de 1989).
Estos dos requisitos no se aplican al cónyuge, a la pareja vinculada por un PACS ni a la pareja de hecho notoria. Tampoco se aplican, tras más de un año de convivencia, a los ascendientes, las personas con discapacidad y las mayores de sesenta y cinco años. Los demás requisitos de la transmisión se mantienen. Por tanto, puede denegarse la transmisión a un descendiente que viva solo en una vivienda grande (Cass. 3e civ., 20 décembre 2018, n° 18-10.124).
¿Qué hacer si el arrendador deniega la transmisión del contrato?
Primero debe identificarse el motivo, ya sea la duración de la convivencia, los ingresos o el tamaño de la vivienda. Cada uno puede discutirse mediante documentos. El concepto de unidad familiar comprende la unidad económica y familiar, que puede estar formada por hermanos (Cass. 3e civ., 25 mars 2015, n° 14-11.043). La denegación puede impugnarse ante el juez de litigios de protección.
Si la denegación se basa exclusivamente en el tamaño de la vivienda y se cumplen los requisitos de ingresos, el arrendador puede, para las viviendas comprendidas en el artículo 40, I, ofrecer al descendiente una vivienda más pequeña para la que tiene prioridad (artículo 40 de la Ley de 6 de julio de 1989). No existe una obligación general de realojo. Permanecer en la vivienda sin título expone a una indemnización por ocupación. Conviene decidir la estrategia con rapidez.
¿Puede subarrendarse una vivienda HLM?
En principio, está prohibido. El inquilino de una vivienda social tiene prohibido subarrendarla, amueblada o sin amueblar, ceder su contrato o intercambiarla fuera de los supuestos previstos, y debe ocuparla al menos ocho meses al año (artículo L. 442-3-5 del CCH). Existen excepciones, como alojar a una persona mayor de sesenta años o a un adulto con discapacidad mediante un contrato de acogimiento familiar (artículo L. 442-8-1 del CCH) y la convivencia intergeneracional solidaria (artículo L. 631-17 del CCH). Informar al arrendador resulta insuficiente por sí solo.
El subarriendo prohibido expone a la resolución del contrato y a la devolución de las rentas del subarriendo. El Tribunal de Casación considera que el inquilino que realiza un subarriendo prohibido debe devolver esas cantidades (Cass. 3e civ., 22 juin 2022, n° 21-18.612).
Mi arrendador afirma que he dejado de ocupar la vivienda. ¿Cómo defenderme?
Corresponde al arrendador probar la falta de ocupación o el subarriendo (TJ Paris, 17 février 2026, n° 25/05548). La ocupación durante ocho meses al año por el inquilino, su cónyuge o una persona a cargo se valora conforme al artículo 2 de la Ley de 1989, que prevé excepciones por obligaciones profesionales, motivos de salud y fuerza mayor.
La defensa reúne pruebas de presencia, como facturas de energía y teléfono, extractos bancarios, seguimiento médico, declaraciones de vecinos y escolarización de los hijos. Una hospitalización o una estancia prolongada junto a un familiar enfermo pueden justificarse. Responda por escrito a la intimación formal, aportando esos documentos, antes de que se practique una citación.
La vivienda social es insalubre o tiene humedad. ¿Qué vías de reclamación existen?
El arrendador debe proporcionar una vivienda digna y mantenerla (artículo 6 de la Ley de 6 de julio de 1989). Si las comunicaciones no surten efecto, el inquilino puede acudir al juez, que puede ordenar la adecuación de la vivienda, reducir la renta o suspender su pago (artículo 20-1 de la Ley de 6 de julio de 1989). La indemnización por daños y perjuicios exige acreditar un perjuicio. El expediente se basa en pruebas fechadas, como cartas, fotografías, informes del servicio de higiene y actas de constatación.
Si la vivienda incumple las condiciones de habitabilidad y el solicitante tiene un hijo menor, presenta una discapacidad o tiene a cargo a una persona con discapacidad, puede acudir a la comisión de mediación DALO sin esperar el plazo ordinario (artículo L. 441-2-3 del CCH). Evite dejar de pagar basándose únicamente en su propia valoración del estado de la vivienda. Compruebe si una orden de seguridad o de tratamiento de la insalubridad (arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité) determina legalmente que la renta deje de ser exigible (artículo L. 521-2 del CCH).
¿Qué es la comisión de mediación DALO y cuándo acudir a ella?
La comisión departamental de mediación reconoce a los solicitantes prioritarios a los que debe adjudicarse una vivienda con urgencia. Siempre que se cumplan los requisitos de acceso a la vivienda social, puede acudirse a ella sin esperar el plazo ordinario, en particular si una persona de buena fe está amenazada de desahucio sin realojo o vive en locales insalubres o peligrosos (artículo L. 441-2-3 del CCH).
Cuando reconoce como prioritario a un solicitante sujeto a una resolución de desahucio, puede acudir al juez para que conceda plazos. La solicitud, por sí sola, no suspende el desahucio. El juez que conoce del desahucio también tiene en cuenta las solicitudes presentadas en este marco al fijar los plazos (artículo L. 412-4 del CPCE).
¿Puede el arrendador obligarme a trasladarme a una vivienda más pequeña?
En caso de infraocupación, el arrendador debe ofrecer una nueva vivienda adecuada a las necesidades del inquilino, con una renta principal inferior (artículo L. 442-3-1 del CCH). En las zonas previstas por la ley, el inquilino que rechaza tres ofertas conformes a los requisitos legales pierde su derecho a permanecer en la vivienda y todo título de ocupación seis meses después de la notificación de la tercera oferta.
Esta sanción tiene excepciones para los inquilinos mayores de sesenta y cinco años, con discapacidad o pérdida de autonomía, o con una persona en esas circunstancias a cargo. También quedan exceptuadas las viviendas situadas en un barrio prioritario de la política urbana (quartier prioritaire de la politique de la ville), o que lo estuvieran cuando el inquilino se instaló. Debe comprobarse cada oferta conforme a estos requisitos antes de rechazarla.
¿Cuánto cuesta un abogado para un litigio con un arrendador social?
Los honorarios se fijan mediante un acuerdo escrito (convention d’honoraires), salvo las excepciones legales, en particular la cobertura pública total de la asistencia jurídica (aide juridictionnelle totale) (artículo 10 de la Ley de 31 de diciembre de 1971). Dependen del procedimiento, como la defensa frente a una demanda de desahucio, la solicitud de plazos, la impugnación de una denegación de transmisión del contrato o una acción relativa a una vivienda inadecuada.
El despacho propone un primer análisis escrito por 80 € IVA incluido, a partir de los documentos enviados mediante el formulario. Indica los plazos, los medios de defensa y las posibles actuaciones posteriores. No puede garantizarse ningún resultado judicial.
Fuentes y páginas relacionadas
Textos oficiales y páginas relacionadas
Principales textos citados, comprobados en su versión vigente a 21 de octubre de 2026. Ley n° 89-462 de 6 de julio de 1989, Código de Construcción y Vivienda y Código de Procedimientos Civiles de Ejecución.
Para profundizar
Página actualizada el 21 de octubre de 2026. Las normas aplicables deben volver a comprobarse en la fecha de su situación.
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