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Despacho Kohen Avocats, liquidación judicial en París
Abogado de liquidación judicial en París: dirigentes y sanciones
Declaración de cesación de pagos (cessation des paiements), vista ante el Tribunal de Actividades Económicas de París (tribunal des activités économiques), acción de responsabilidad por insuficiencia de activo, quiebra personal (faillite personnelle) o inhabilitación para administrar (interdiction de gérer), comunicación de créditos en la liquidación: como abogado de liquidación judicial (liquidation judiciaire) en París, el despacho asiste tanto al dirigente como al acreedor, desde antes de la apertura del procedimiento hasta su cierre.
Localizable 24 horas, 7 días a la semana. La cesación de pagos debe declararse a más tardar en un plazo de cuarenta y cinco días, salvo que se solicite una conciliación dentro de ese plazo (artículos L. 631-4 y L. 640-4 del Código de Comercio francés, Code de commerce). Una sentencia de liquidación puede recurrirse en apelación en los diez días siguientes a su notificación (artículo R. 661-3).
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El abogado Hassan Kohen
Abogado del Colegio de Abogados de París (Barreau de Paris), asesor de dirigentes y acreedores en los procedimientos de liquidación judicial.
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Página actualizada el 12 de octubre de 2026.
Respuesta rápida
Desde el 1 de enero de 2025, una liquidación judicial abierta en París es competencia del Tribunal de Actividades Económicas de París (tribunal des activités économiques), nombre que recibe el tribunal de comercio durante la fase experimental, y este tribunal conoce de los procedimientos colectivos de insolvencia (procédures collectives) cualesquiera que sean el estatuto y la actividad del deudor, salvo las profesiones jurídicas reguladas. La liquidación exige la cesación de pagos (cessation des paiements) y que el saneamiento sea manifiestamente imposible. Para el dirigente, lo que está en juego pasa a ser personal: responsabilidad por insuficiencia de activo, excluida en caso de simple negligencia, y quiebra personal (faillite personnelle) o inhabilitación para administrar (interdiction de gérer), que el liquidador puede solicitar durante tres años. El acreedor dispone de dos meses desde la publicación en el BODACC (Boletín Oficial de Anuncios Civiles y Mercantiles) para comunicar su crédito. El despacho interviene tanto para uno como para otro en el +33 6 89 11 34 45.
¿Un emplazamiento, una citación ante el tribunal, una carta del liquidador?
Comprender su situación
La liquidación judicial en París, explicada
Los procedimientos colectivos de insolvencia se rigen por el libro VI del Código de Comercio francés (Code de commerce). En París, los abiertos desde el 1 de enero de 2025 son competencia del Tribunal de Actividades Económicas (artículo 26 de la Ley n.º 2023-1059, de 20 de noviembre de 2023, y orden ministerial (arrêté) de 5 de julio de 2024). El procedimiento solo se dirige contra la sociedad, pero sus consecuencias pueden alcanzar al patrimonio y a la carrera del dirigente. Esto es lo que conviene saber, tanto si dirige la empresa como si es uno de sus acreedores. Para una visión de conjunto de la materia, consulte la página de derecho mercantil del despacho.
Puntos clave
La liquidación judicial: requisitos y juez competente en París
Dos requisitos, un tribunal, tres formas de abrir el procedimiento.
La cesación de pagos: la imposibilidad de hacer frente al pasivo exigible con el activo disponible. El deudor que demuestra que sus reservas de crédito o las moratorias de que dispone le permiten hacerle frente no se encuentra en cesación de pagos (artículo L. 631-1).
Un saneamiento manifiestamente imposible: sin este segundo requisito, el tribunal abre un procedimiento de saneamiento judicial (redressement judiciaire) y no una liquidación (artículo L. 640-1). Los elementos que lo acreditan se adjuntan a la solicitud (artículo R. 640-1).
El juez: en París, el Tribunal de Actividades Económicas, para todo procedimiento abierto desde el 1 de enero de 2025, cualesquiera que sean el estatuto y la actividad del deudor (comerciante, sociedad civil, asociación, profesión liberal), con excepción de las profesiones jurídicas reguladas.
Quién acude al tribunal: el propio deudor, mediante una declaración de cesación de pagos; un acreedor, mediante emplazamiento (assignation); o el ministerio fiscal (ministère public), mediante solicitud (artículo L. 640-4 y artículo L. 640-5).
El tribunal que abrió el procedimiento conoce después de todo lo relacionado con él, incluida la acción de responsabilidad por insuficiencia de activo, la quiebra personal y la inhabilitación para administrar (artículo R. 662-3). Sus resoluciones se recurren ante el Tribunal de Apelación de París (cour d'appel de Paris). El despacho, situado en la avenue du Colonel Bonnet, en el distrito 16 de París, interviene ante ambas jurisdicciones.
La fecha de cesación de pagos fijada por la sentencia no es un detalle: puede retrotraerse hasta dieciocho meses antes de la sentencia de apertura, a petición presentada dentro del año (artículo L. 631-8). Esta retroacción amplía el periodo durante el cual determinados actos de la sociedad, como las liberalidades o el pago de deudas no vencidas, son nulos (artículo L. 632-1). También sirve de referencia para apreciar el retraso en la declaración.
Dos situaciones
Dirigente o acreedor: lo que el procedimiento cambia para usted
Los mismos hechos, dos posiciones y dos series de obligaciones.
Usted dirige la sociedad
- La sociedad queda desapoderada de la administración y disposición de sus bienes: el liquidador ejerce sus derechos y acciones (artículo L. 641-9).
- Usted debe entregar la lista de acreedores, deudas y contratos en curso (artículo L. 622-6); no hacerlo de mala fe en el plazo de un mes le expone a una inhabilitación para administrar.
- Durante tres años, el liquidador puede reclamarle que cubra la insuficiencia de activo o solicitar una sanción personal.
Usted es acreedor
- La sentencia de apertura suspende las acciones individuales de pago y los procedimientos de ejecución (artículo L. 622-21).
- Usted comunica su crédito al liquidador en los dos meses siguientes a la publicación de la sentencia en el BODACC (artículo R. 622-24).
- Fuera de plazo, solo un levantamiento de la preclusión (relevé de forclusion), solicitado en un plazo de seis meses, permite volver a participar en los repartos (artículo L. 622-26).
El dirigente no es parte en el procedimiento en nombre propio, pero todo lo que haga u omita durante este será examinado por el liquidador y, en su caso, por el tribunal. Preparar los documentos, responder a los requerimientos y conservar constancia de las comunicaciones protege tanto como cualquier argumento jurídico.
Frente al liquidador, cada garantía legal del dirigente cuenta:
Procedimiento
De la declaración a la sentencia, y después a las acciones contra el dirigente
Lo que se decide en cada etapa y lo que hace en ella el despacho.
La declaración de cesación de pagos
Presentada en la secretaría judicial (greffe) por el representante legal, va acompañada de las cuentas anuales, de un estado de tesorería de menos de un mes, del estado cuantificado de créditos y deudas y del inventario sumario de los bienes (artículo R. 631-1).
La apertura de la liquidación
El tribunal comprueba los dos requisitos, fija la fecha de cesación de pagos y designa al juez comisario (juge-commissaire) y al liquidador. Si el saneamiento no parece manifiestamente imposible, puede abrir en su lugar un saneamiento judicial (artículo L. 641-1).
Créditos y realización de los activos
Los acreedores comunican sus créditos; el liquidador los verifica, realiza los bienes y reparte el producto. El dirigente responde a sus requerimientos y aporta los documentos de la sociedad.
Las acciones contra el dirigente
Insuficiencia de activo, quiebra personal, inhabilitación para administrar: estas acciones se preparan desde la apertura. El despacho discute la culpa alegada, su vínculo con el pasivo y la proporcionalidad de la sanción solicitada.
Una conciliación solicitada dentro del plazo de cuarenta y cinco días suspende la obligación de declarar. Solo es útil si un acuerdo con los principales acreedores sigue siendo realista; de lo contrario, retrasa una declaración que protege al dirigente. Para los procedimientos preventivos, consulte nuestro análisis del procedimiento de salvaguarda acelerada (sauvegarde accélérée).
Cronología
Los plazos de una liquidación judicial
Plazos breves al principio y, después, una amenaza que dura tres años.
Cesación de pagos: cuarenta y cinco días
El dirigente solicita la apertura del procedimiento a más tardar en un plazo de cuarenta y cinco días, salvo que solicite una conciliación dentro de ese plazo (artículo L. 640-4).
Sentencia de apertura
Designación del juez comisario y del liquidador, fijación de la fecha de cesación de pagos, publicación en el BODACC.
Un mes después de la sentencia
Entrega al liquidador de la información prevista en el artículo L. 622-6: la omisión de mala fe puede fundamentar una inhabilitación para administrar (artículo L. 653-8).
Dos meses después de la publicación
Fin del plazo de comunicación de créditos, ampliado en dos meses para los acreedores que no residen en la Francia metropolitana (artículo R. 622-24).
Seis meses después de la publicación
Fin del plazo para solicitar al juez comisario el levantamiento de la preclusión, salvo imposibilidad de conocer la obligación (artículo L. 622-26).
Tres años después de la sentencia
Prescripción de la acción por insuficiencia de activo (artículo L. 651-2) y de las acciones de quiebra personal o de inhabilitación para administrar (artículo L. 653-1). La sanción impuesta no puede exceder de quince años (artículo L. 653-11).
Preparar el expediente
Los documentos útiles, tanto para el dirigente como para el acreedor
Lo que sirve para la declaración y lo que servirá para la defensa.
Las cuentas anuales de los últimos ejercicios y el estado de tesorería más reciente.
El estado cuantificado de las deudas, acreedor por acreedor, con los vencimientos y los requerimientos de pago recibidos.
Los acuerdos de pago, las moratorias y las cartas de los bancos, que ayudan a fechar la cesación de pagos.
La relación de garantías reales, avales personales y compromisos fuera de balance.
Las actas de decisiones, las comunicaciones con el contable colegiado (expert-comptable) y la constancia de las medidas de saneamiento intentadas.
Para un acreedor: contrato, facturas, albaranes de entrega, extracto de cuenta y copia del anuncio en el BODACC.
Estos documentos sirven dos veces: para la declaración en la secretaría judicial y, después, para responder al liquidador si este busca una culpa de gestión. Transmita lo que tenga, aunque esté incompleto, en el +33 6 89 11 34 45 o mediante el formulario de estudio previo del expediente.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Trece respuestas detalladas, basadas en el Código de Comercio francés y en la jurisprudencia del Tribunal de Casación (Cour de cassation).
¿Es obligatorio un abogado para una liquidación judicial en París?
No. Ante el Tribunal de Actividades Económicas, como ante el tribunal de comercio, las partes están dispensadas de la representación obligatoria por abogado en los procedimientos del libro VI del Código de Comercio, es decir, en los procedimientos colectivos de insolvencia (artículo 853 del Código de Procedimiento Civil francés (Code de procédure civile)). Por tanto, el dirigente puede presentar solo la declaración de cesación de pagos y comparecer solo en la vista, o hacerse representar por una persona provista de un poder especial.
La cuestión útil está en otra parte. La liquidación de la sociedad abre contra el dirigente acciones personales, de responsabilidad por insuficiencia de activo o de sanción, que se preparan desde los primeros intercambios con el liquidador. Lo que se declara, la fecha fijada para la cesación de pagos, los documentos entregados u olvidados: todo ello se examinará más tarde para apreciar una posible culpa.
La asistencia de un abogado sirve para fijar estos elementos en el momento oportuno, para discutir la fecha de cesación de pagos y para responder a los reproches antes de que se conviertan en un emplazamiento.
¿Qué tribunal es competente para una liquidación judicial en París en 2026?
El Tribunal de Actividades Económicas de París. El artículo 26 de la Ley n.º 2023-1059, de 20 de noviembre de 2023 permitió cambiar el nombre de determinados tribunales de comercio con carácter experimental y ampliar su competencia. La orden ministerial de 5 de julio de 2024 designó el de París, para la demarcación del tribunal judicial de París (tribunal judiciaire de Paris), durante cuatro años a partir del 1 de enero de 2025.
Para los procedimientos abiertos desde esa fecha, este tribunal conoce de los procedimientos colectivos de insolvencia cualesquiera que sean el estatuto y la actividad del deudor: sociedad mercantil, sociedad civil, asociación, artesano o profesión liberal. Solo las profesiones jurídicas reguladas siguen ante el tribunal judicial. Los procedimientos abiertos antes del 1 de enero de 2025 ante el tribunal judicial no se han transferido.
Las normas de fondo no cambian: el Código de Comercio se aplica como antes, y la apelación se interpone ante el Tribunal de Apelación de París.
¿En qué plazo debe declararse la cesación de pagos y qué arriesga el dirigente que se retrasa?
La apertura del procedimiento debe solicitarse a más tardar en los cuarenta y cinco días siguientes a la cesación de pagos, salvo que el dirigente haya solicitado una conciliación dentro de ese plazo (artículo L. 640-4 del Código de Comercio).
El retraso puede fundamentar una inhabilitación para administrar, pero solo si la omisión se cometió a sabiendas (artículo L. 653-8). El Tribunal de Casación lo ha recordado: el texto «exige, para la aplicación de la sanción de inhabilitación para administrar, que la omisión de la solicitud de apertura de un procedimiento colectivo en los cuarenta y cinco días siguientes a la cesación de pagos se haya producido a sabiendas» (traducción propia) (Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.341). En ese asunto, la sanción se mantuvo porque el dirigente, pese a un requerimiento de pago (commandement de payer) y a una deuda de alquileres creciente, no podía ignorar la situación de la sociedad.
El retraso también puede invocarse como culpa de gestión en apoyo de una acción por insuficiencia de activo. Todo depende entonces de la fecha de cesación de pagos y de lo que el dirigente sabía realmente.
¿Puede condenarse al dirigente a pagar las deudas de la sociedad?
Sí, pero no automáticamente. Cuando la liquidación pone de manifiesto una insuficiencia de activo, el tribunal puede imputar la totalidad o parte de esa insuficiencia a los dirigentes de derecho o de hecho, siempre que una culpa de gestión haya contribuido a ella (artículo L. 651-2 del Código de Comercio). La condena es facultativa y su importe lo aprecia el juez.
El mismo texto excluye esta responsabilidad en caso de simple negligencia. El Tribunal de Casación extrae de ello una regla clara: «De este texto resulta que, en caso de simple negligencia en la gestión de la sociedad, se excluye la responsabilidad del dirigente por la insuficiencia de activo» (traducción propia) (Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137).
Por tanto, el liquidador debe acreditar una culpa concreta, que vaya más allá de la simple negligencia, y demostrar que contribuyó al pasivo. El trabajo de defensa consiste en verificar cada reproche, situar las decisiones en su contexto y discutir el importe reclamado.
¿Basta una falta de vigilancia para comprometer la responsabilidad del dirigente?
No. En la sentencia de 13 de abril de 2022, un tribunal de apelación había condenado a un dirigente por haber comprometido a su sociedad en una actividad que dependía de un único cliente, que después rompió bruscamente la relación. El Tribunal de Casación anuló esa resolución al considerar que esos motivos, basados en una mera falta de vigilancia, eran «inadecuados para acreditar que este hubiera cometido una culpa de gestión no susceptible de calificarse como simple negligencia» (traducción propia) (Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137).
El Tribunal precisó también que la ley «excluye esta facultad en caso de simple negligencia del dirigente en la gestión de la sociedad, sin reducir la existencia de una simple negligencia al supuesto en que el dirigente pudo ignorar las circunstancias o la situación que rodearon su comisión» (traducción propia) (Cass. com., 3 février 2021, n° 19-20.004).
Del mismo modo, se casó una condena basada únicamente en la insuficiencia de los elementos contables transmitidos al liquidador, por no caracterizar una culpa distinta de una simple negligencia (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-15.995).
¿Es la falta de fondos propios desde la constitución una culpa de gestión?
No en sí misma. En la sentencia de 17 de junio de 2020, el tribunal de apelación había reprochado al dirigente una sociedad incapaz, desde el origen, de hacer frente a sus alquileres y salarios. El Tribunal de Casación casó esa condena al considerar que «la insuficiencia de las aportaciones realizadas a una sociedad en el momento de su constitución, que es imputable a los socios, no constituye en sí misma una culpa de gestión de la que deban responder los dirigentes» (traducción propia) (Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.341).
La distinción es útil en las pequeñas estructuras en las que el gerente es también el socio principal. Lo que corresponde a la financiación inicial decidida por los socios no se confunde con la gestión. El liquidador debe entonces identificar un acto o una abstención de gestión concretos, posteriores a la constitución, y demostrar su papel en el agravamiento del pasivo.
Por tanto, cada reproche se discute por separado, con los documentos de la época: plan de financiación, préstamos, aportaciones en cuenta corriente de socios, comunicaciones con el contable colegiado.
Quiebra personal e inhabilitación para administrar: ¿qué diferencia hay y cuánto duran?
La quiebra personal es la sanción más grave. Puede imponerse al dirigente que, en particular, haya dispuesto de los bienes de la sociedad como si fueran propios, haya proseguido abusivamente, en interés personal, una explotación deficitaria o haya desviado una parte del activo (artículo L. 653-4 del Código de Comercio). El artículo L. 653-5 contempla otros hechos, como la falta de contabilidad o el pago a un acreedor en perjuicio de los demás después de la cesación de pagos.
La inhabilitación para administrar puede imponerse en lugar de la quiebra personal, o de forma autónoma en los casos previstos en el artículo L. 653-8: información no entregada de mala fe o declaración de cesación de pagos omitida a sabiendas. Puede referirse a todas las empresas o solo a algunas.
En ambos casos, el tribunal fija la duración, que no puede exceder de quince años (artículo L. 653-11). Después, el dirigente puede solicitar que se le releve de ella, en particular si ha contribuido al pago del pasivo.
¿No responder al liquidador conlleva la quiebra personal?
No automáticamente. El artículo L. 653-5 se refiere al dirigente que, absteniéndose voluntariamente de cooperar con los órganos del procedimiento, haya obstaculizado su buen desarrollo. El Tribunal de Casación exige que los jueces caractericen esa obstrucción, y no solo la falta de entrega de la lista de acreedores.
En una sentencia de 5 de febrero de 2020, casó una quiebra personal basada únicamente en ese incumplimiento, al señalar que los motivos no permitían acreditar que el dirigente hubiera, «absteniéndose voluntariamente de cooperar con los órganos del procedimiento colectivo, obstaculizado el buen desarrollo de este» (traducción propia) (Cass. com., 5 février 2020, n° 18-18.461). En cambio, el mismo incumplimiento, si es de mala fe, puede fundamentar una inhabilitación para administrar, sanción menos grave.
La mejor defensa sigue siendo preventiva: responder a los requerimientos del liquidador, entregar lo que existe y explicar por escrito lo que falta.
Acreedor: ¿cómo comunicar un crédito y qué hacer si el plazo ha vencido?
La comunicación se dirige al liquidador en los dos meses siguientes a la publicación de la sentencia de apertura en el BODACC, plazo ampliado en dos meses para los acreedores que no residen en la Francia metropolitana (artículo R. 622-24 del Código de Comercio). Debe realizarse incluso sin título ejecutivo, sobre la base de una estimación si el importe no es definitivo (artículo L. 622-24).
Fuera de plazo, el acreedor solo participa en los repartos si el juez comisario le releva de la preclusión, siempre que demuestre que su falta de comunicación no se debe a un hecho suyo o que resulta de una omisión del deudor en la lista de sus acreedores. La acción debe ejercitarse en un plazo de seis meses (artículo L. 622-26).
El Tribunal de Casación ha declarado que «la omisión del acreedor por el deudor en la lista prevista en el citado artículo L. 622-6 permite a dicho acreedor ser relevado de pleno derecho de la preclusión por el juez comisario» (traducción propia) (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715), incluso cuando el deudor impugna el crédito.
Tras el cierre por insuficiencia de activo, ¿pueden los acreedores seguir reclamando?
En principio, no. La sentencia de cierre por insuficiencia de activo no devuelve a los acreedores el ejercicio individual de sus acciones contra el deudor (artículo L. 643-11 del Código de Comercio). Para una sociedad, el cierre pone fin en la práctica a las acciones contra ella.
El texto prevé excepciones. Los acreedores recuperan su derecho a ejercitar acciones si se ha declarado la quiebra personal del deudor, si este ha sido declarado culpable de quiebra fraudulenta (banqueroute) o si el tribunal autoriza la reanudación de las acciones en caso de fraude respecto de uno o varios acreedores. Los créditos nacidos de una infracción penal acreditada o vinculados a la persona del acreedor también escapan a la regla, al igual que determinados créditos de los organismos de seguridad social nacidos de maniobras fraudulentas.
Las personas que han pagado en lugar del deudor, como un fiador, conservan un derecho de repetición contra él. Para el dirigente que se ha constituido en fiador, el cierre no lo resuelve todo: sus compromisos personales deben examinarse por separado.
¿Se puede recurrir en apelación la sentencia que declara la liquidación?
Sí. El deudor, el acreedor demandante, el ministerio fiscal y, según el caso, los representantes de los trabajadores pueden recurrir en apelación la sentencia que resuelve sobre la apertura de la liquidación (artículo L. 661-1 del Código de Comercio).
El plazo es breve: diez días desde la notificación de la resolución (artículo R. 661-3). El mismo plazo se aplica a las resoluciones que condenan al dirigente por la insuficiencia de activo o que imponen una quiebra personal o una inhabilitación para administrar.
Por tanto, la apelación se prepara en pocos días. Exige determinar con precisión lo que puede impugnarse: la existencia de la cesación de pagos, el carácter manifiestamente imposible del saneamiento, la fecha fijada o la proporcionalidad de la sanción. Una apelación mal orientada hace perder tiempo sin cambiar la situación.
¿De cuánto tiempo dispone el liquidador para actuar contra el dirigente?
Tres años. La acción de responsabilidad por insuficiencia de activo prescribe a los tres años desde la sentencia que declara la liquidación judicial (artículo L. 651-2 del Código de Comercio). Las acciones de quiebra personal y de inhabilitación para administrar prescriben también a los tres años desde la sentencia de apertura (artículo L. 653-1).
Estas acciones pueden ser ejercitadas por el liquidador o por el ministerio fiscal; si el liquidador permanece inactivo tras un requerimiento formal, la mayoría de los acreedores interventores (créanciers contrôleurs) también puede actuar (artículo L. 651-3).
Durante este plazo, al dirigente le conviene conservar los documentos de la sociedad y la constancia de sus decisiones. El emplazamiento suele llegar tarde, en un momento en que los documentos útiles están dispersos.
¿Qué honorarios cobra un abogado de liquidación judicial en París?
Los honorarios se recogen en un convenio escrito, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de 31 de diciembre de 1971: antes de comprometerse, usted sabe qué cubre el encargo y cuánto cuesta. El mismo texto prohíbe fijar los honorarios únicamente en función del resultado.
El despacho da preferencia al precio cerrado por etapa: preparación de la declaración de cesación de pagos, vista de apertura, seguimiento de las comunicaciones con el liquidador, defensa frente a la acción por insuficiencia de activo o de sanción, apelación. Todo nuevo encargo da lugar a una adenda.
Para un primer dictamen escrito, el estudio previo del expediente se ofrece por 80 € IVA incluido mediante el formulario de esta página. La ayuda jurisdiccional (aide juridictionnelle) puede estar disponible en función de los recursos; el despacho le indica si cumple los requisitos. Primer contacto en el +33 6 89 11 34 45.
Referencias
Textos oficiales y páginas relacionadas
Las fuentes de esta página y las áreas afines del despacho.
Textos oficiales y resoluciones
- Artículo 26 de la Ley n.º 2023-1059, de 20 de noviembre de 2023 y orden ministerial de 5 de julio de 2024, Tribunal de Actividades Económicas de París
- Artículo L. 631-1 del Código de Comercio francés, cesación de pagos, y artículo L. 640-1, requisitos de la liquidación
- Artículo L. 640-4 del Código de Comercio francés, plazo de cuarenta y cinco días
- Artículo L. 651-2 del Código de Comercio francés, responsabilidad por insuficiencia de activo
- Artículos L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8 y L. 653-11, quiebra personal e inhabilitación para administrar
- Artículo R. 622-24 y artículo L. 622-26 del Código de Comercio francés, comunicación de créditos y levantamiento de la preclusión
- Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137, simple negligencia del dirigente
- Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.341, omisión a sabiendas e insuficiencia de las aportaciones
- Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715, levantamiento de la preclusión del acreedor omitido
¿Una liquidación judicial en París?
El despacho le recibe en la avenue du Colonel Bonnet, en el distrito 16 de París, y está localizable 24 horas, 7 días a la semana. Declaración de cesación de pagos, vista ante el Tribunal de Actividades Económicas de París, respuesta al liquidador, defensa frente a una acción por insuficiencia de activo o de sanción, comunicación de créditos: transmita sus documentos, se leen antes de cualquier cita.