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Despacho de abogados Kohen Avocats, responsabilidad del Estado en París
Abogado de responsabilidad del Estado en París: obtener reparación de una falta de la Administración o de la justicia
Decisión ilegal, retraso en la tramitación de un expediente, negativa a prestar el auxilio de la fuerza pública, procedimiento judicial que no termina nunca: el despacho prepara la reclamación indemnizatoria previa (demande indemnitaire préalable), cuantifica el perjuicio y acude al juez competente, el tribunal administrativo o el tribunal judicial (tribunal judiciaire), contra el Estado, un municipio o un ente público.
Despacho disponible 24 horas, 7 días a la semana. Si su reclamación indemnizatoria ha sido rechazada, de forma expresa o por el silencio de la Administración, el recurso ante el tribunal administrativo debe interponerse, en principio, en el plazo de dos meses (artículos R. 421-1 y R. 421-2 del Código de Justicia Administrativa francés, Code de justice administrative), siempre que se le haya indicado debidamente dicho plazo.
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El abogado Hassan Kohen
Abogado del Colegio de Abogados de París — acciones de responsabilidad contra el Estado, las entidades locales y los entes públicos.
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Página actualizada el 12 de octubre de 2026.
Respuesta rápida
Para obtener reparación de un daño causado por el Estado u otra persona pública, hay que identificar primero al juez competente. El tribunal administrativo conoce de las faltas de la Administración (decisión ilegal, retraso, inacción, negativa a prestar el auxilio de la fuerza pública) y de ciertos daños sin falta. Solo puede reclamarse ante él una cantidad de dinero tras una reclamación indemnizatoria previa dirigida a la Administración (artículo R. 421-1 del Código de Justicia Administrativa francés), y el recurso debe entonces ser presentado por un abogado, salvo excepciones (artículo R. 431-2). El funcionamiento defectuoso de la justicia ordinaria corresponde al tribunal judicial, que exige una falta grave (faute lourde) o una denegación de justicia (artículo L. 141-1 del Código de Organización Judicial francés, Code de l'organisation judiciaire). El crédito prescribe, en principio, a los cuatro años. Primer contacto en el +33 6 89 11 34 45.
¿Una decisión que le ha costado dinero, un procedimiento que se eterniza, una solicitud que sigue sin respuesta?
Comprender su situación
La responsabilidad del Estado en París, explicada
El Estado, el Ayuntamiento de París, la prefectura de policía (préfecture de police), los hospitales públicos y las demás personas públicas responden de los daños que causan. El derecho que rige esta responsabilidad es en gran parte jurisprudencial, y el procedimiento no perdona los descuidos: reclamación previa, plazo de dos meses, prescripción de cuatro años, elección entre el juez administrativo y el juez ordinario. Lo que conviene saber antes de actuar, paso a paso, con los textos en vigor y decisiones verificadas.
Puntos clave
Qué hay que reunir para exigir la responsabilidad de una persona pública
Cuatro condiciones, que el juez aprecia a la vista de los documentos.
Un hecho generador: una falta (decisión ilegal, inacción, retraso anormal, información errónea, mal mantenimiento de una obra pública) o, en ciertos casos, un riesgo o una ruptura de la igualdad ante las cargas públicas, sin necesidad de probar una falta.
Un perjuicio directo y cierto: pérdida económica, gastos realizados, alquileres no percibidos, perjuicio moral, trastornos en las condiciones de vida, cada uno justificado y cuantificado.
Una relación de causalidad entre el hecho imputado y el daño: el juez no indemniza lo que habría ocurrido de todos modos.
Un crédito no prescrito: cuatro años a partir del primer día del año siguiente a aquel en que se adquirieron los derechos (artículo 1 de la ley n.º 68-1250 de 31 de diciembre de 1968).
La falta más frecuente es la ilegalidad. El tribunal administrativo de apelación de Marsella lo recuerda en una sentencia de 29 de septiembre de 2026: « En principio, toda ilegalidad cometida por la Administración constituye una falta que puede comprometer su responsabilidad, siempre que de ella se haya derivado un perjuicio directo y cierto. » (traducción propia) (CAA Marseille, 29 sept. 2026, n° 25MA00523). La anulación de una decisión no basta, por tanto: hay que demostrar además lo que le ha costado y que ese coste no se habría producido con una decisión legal.
El juez competente depende del origen del daño. Para una acción contra el Estado o una persona pública, el artículo R. 312-14 del Código de Justicia Administrativa francés designa al tribunal administrativo competente para anular la decisión controvertida o, para un daño derivado de obras públicas o de una actuación administrativa, al del lugar del hecho generador. El Consejo de Estado (Conseil d'État) juzga por sí mismo, en primera y última instancia, las acciones de responsabilidad contra el Estado por duración excesiva de un procedimiento ante la jurisdicción administrativa (artículo R. 311-1, 5.º). El funcionamiento defectuoso de la justicia ordinaria corresponde al tribunal judicial.
El juez competente
Falta de la Administración o fallo de la justicia: dos regímenes distintos
Equivocarse de juez supone perder meses. Lo que corresponde a cada uno.
La Administración en cuestión: tribunal administrativo
- Falta simple, en la mayoría de los casos: basta una ilegalidad, una inacción o un retraso si ha causado un perjuicio directo y cierto.
- Responsabilidad sin falta en casos definidos, por ejemplo la negativa a prestar el auxilio de la fuerza pública fundada en el orden público.
- Reclamación previa obligatoria y, después, recurso presentado por un abogado en los dos meses siguientes al rechazo, salvo las excepciones del artículo R. 431-3.
La justicia ordinaria en cuestión: tribunal judicial
- La responsabilidad del Estado solo se compromete por una falta grave o una denegación de justicia (artículo L. 141-1 del Código de Organización Judicial francés).
- Denegación de justicia: negativa a responder a las solicitudes o negligencia en juzgar los asuntos listos para sentencia (artículo L. 141-3).
- La acción no permite volver a juzgar el asunto: repara un mal funcionamiento, no sustituye al recurso de apelación ni al recurso de casación.
Una misma historia puede depender de ambos jueces. Un propietario que espera años el desalojo de un ocupante puede reclamar al Estado ante el tribunal administrativo por la negativa a prestar el auxilio de la fuerza pública y, en su caso, ante el tribunal judicial por la duración del procedimiento civil. El despacho clasifica los motivos de queja antes de acudir a ningún tribunal.
Situaciones que pueden dar derecho a reparación:
Procedimiento
De la reclamación indemnizatoria previa al recurso de plena jurisdicción
Ante el juez administrativo, la acción se construye en cuatro tiempos.
La reclamación previa
Una carta a la autoridad responsable, que describe los hechos, la falta, cada partida del perjuicio y el importe reclamado. Delimita el litigio e interrumpe la prescripción cuatrienal (prescription quadriennale) (artículo 2 de la ley de 31 de diciembre de 1968).
La respuesta o el silencio
Una reclamación de carácter económico que la Administración deja sin respuesta durante dos meses da lugar a una decisión implícita de rechazo (artículo L. 231-4, 3.º, del Código de las Relaciones entre el Público y la Administración francés, Code des relations entre le public et l'administration).
El recurso ante el tribunal
En los dos meses siguientes al rechazo, si se indicaron las vías y los plazos de recurso (artículos R. 421-1, R. 421-2 y R. 421-5 del Código de Justicia Administrativa francés). El juez fija entonces por sí mismo la indemnización debida: es el recurso de plena jurisdicción (recours de plein contentieux).
El procedimiento sumario de provisión
Cuando la obligación de la Administración no es seriamente discutible, el juez de medidas urgentes (juge des référés) puede conceder una provisión sin esperar a la sentencia sobre el fondo (artículo R. 541-1 del mismo código).
Un recurso interpuesto demasiado pronto no está perdido: « la intervención de tal decisión en el curso del procedimiento regulariza el recurso, sin que sea necesario que el recurrente confirme sus pretensiones y aunque la Administración hubiera opuesto previamente una excepción de inadmisibilidad basada en la ausencia de decisión » (traducción propia) (CE, Section, avis, 27 mars 2019, n° 426472). Por ello, el despacho dirige siempre la reclamación previa, incluso cuando la urgencia obliga a acudir al tribunal sin esperar la respuesta.
Cronología
Los plazos, del daño a la sentencia
Cada etapa tiene su plazo. Dejarlo pasar puede extinguir el derecho a la reparación.
El daño y su conocimiento
La prescripción cuatrienal corre a partir del primer día del año siguiente a aquel en que se adquirieron los derechos. No corre contra quien no podía actuar o ignoraba legítimamente la existencia de su crédito (artículos 1 y 3 de la ley de 31 de diciembre de 1968).
La reclamación indemnizatoria previa
Interrumpe la prescripción; un nuevo plazo de cuatro años corre a partir del primer día del año siguiente. Conserve la prueba de la presentación y el acuse de recibo.
Dos meses de reflexión para la Administración
Sin respuesta en ese plazo, la reclamación se rechaza implícitamente. Un rechazo expreso producido en los dos meses siguientes a ese rechazo implícito hace correr de nuevo el plazo de recurso (artículo R. 421-2 del Código de Justicia Administrativa francés).
Dos meses para acudir al tribunal administrativo
A partir de la notificación del rechazo expreso o del nacimiento del rechazo implícito. Este plazo solo es oponible si se mencionó en la decisión o en el acuse de recibo de la reclamación.
Instrucción y vista
Intercambio de escritos, posibles medidas de instrucción (peritaje, aportación de documentos), conclusiones del relator público (rapporteur public) y, después, sentencia. Durante ese tiempo puede solicitarse una provisión mediante un procedimiento de medidas urgentes.
Apelación y ejecución
El recurso de apelación ante el tribunal administrativo de apelación debe interponerse, en principio, en los dos meses siguientes a la notificación de la sentencia (artículo R. 811-2). Si la persona pública tarda en pagar, la ejecución de la sentencia se solicita al juez.
Prueba
Los documentos que reunir antes de la reclamación
El juez administrativo resuelve a la vista de los documentos. Lo que no se aporta no existe.
La decisión impugnada o la sentencia que la anuló, con la prueba de su notificación.
Sus cartas a la Administración, las respuestas de esta, los acuses de recibo y las pruebas de presentación.
La cronología del procedimiento judicial en cuestión: citaciones, aplazamientos, fechas de vista, resoluciones.
Los justificantes de cada perjuicio: facturas, contrato de arrendamiento y extractos de alquileres impagados, nóminas, avisos de liquidación de impuestos.
Los elementos del perjuicio moral y de los trastornos en las condiciones de vida: declaraciones de testigos, certificados médicos.
Para una negativa del auxilio de la fuerza pública: título de desahucio, requerimiento de abandonar el inmueble (commandement de quitter les lieux), solicitud de auxilio de la fuerza pública formulada por el agente judicial (commissaire de justice).
Envíe lo que tenga, aunque esté incompleto: el despacho reconstruye la cronología, calcula la prescripción y cuantifica con usted cada partida. Primer contacto en el +33 6 89 11 34 45.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Doce respuestas detalladas, basadas en los textos en vigor a 12 de octubre de 2026 y en decisiones verificadas.
¿Cómo exigir la responsabilidad del Estado o de una Administración?
El trámite comienza casi siempre con una reclamación indemnizatoria previa. Ante el juez administrativo, el artículo R. 421-1 del Código de Justicia Administrativa francés establece que, cuando el recurso tiene por objeto el pago de una cantidad de dinero, solo es admisible tras la decisión adoptada por la Administración sobre una reclamación formulada previamente ante ella. Por tanto, hay que escribir primero a la autoridad responsable del daño: el ministerio, la prefectura, el Ayuntamiento de París, el hospital público o el ente de que se trate.
Esta carta describe con precisión los hechos, la falta imputada o el régimen de responsabilidad sin falta invocado, cada partida del perjuicio con su importe y los documentos que lo acreditan. Una reclamación vaga se expone a un debate sobre el alcance del litigio trabado. Una reclamación cuantificada y documentada fija el marco de todo el proceso.
Tras el rechazo, expreso o implícito, se presenta ante el tribunal administrativo un recurso de plena jurisdicción: el juez no se limita a anular, fija la indemnización. Cuando el daño procede del funcionamiento de la justicia ordinaria, la vía es distinta: la acción se interpone ante el tribunal judicial con fundamento en el artículo L. 141-1 del Código de Organización Judicial francés. El despacho verifica primero este punto, porque la elección del juez determina todo lo demás.
¿Hace falta un abogado para reclamar una indemnización ante el tribunal administrativo?
En principio, sí. El artículo R. 431-2 del Código de Justicia Administrativa francés prevé que los recursos y los escritos deben, bajo pena de inadmisibilidad, ser presentados por un abogado o por un abogado ante el Consejo de Estado y el Tribunal de Casación cuando las pretensiones tienden al pago de una cantidad de dinero. Una reclamación de indemnización entra en este supuesto.
No obstante, el artículo R. 431-3 prevé excepciones. Se refieren, en particular, a los litigios de carácter individual relativos a los empleados públicos, a ciertos litigios sociales (prestaciones, asistencia social, vivienda, trabajadores privados de empleo), a las solicitudes de ejecución de una sentencia firme y a los litigios en que el demandado es una entidad local, un ente público dependiente de ella o un establecimiento público de salud. Una acción dirigida contra el Estado sigue, por tanto, sujeta a la intervención de abogado, salvo que entre en uno de estos supuestos.
La reclamación previa, en cambio, puede redactarla el propio particular. Sin embargo, condiciona todo el proceso: es ella la que fija los hechos y los perjuicios que se debatirán. El despacho la prepara, presenta después el recurso y sigue el procedimiento hasta la sentencia y su ejecución.
¿Cuál es el plazo para actuar contra la Administración?
Se superponen dos plazos. El primero es la prescripción cuatrienal. Según el artículo 1 de la ley n.º 68-1250 de 31 de diciembre de 1968, prescriben todos los créditos que no hayan sido pagados en un plazo de cuatro años a partir del primer día del año siguiente a aquel en que se adquirieron los derechos. Una reclamación escrita a la Administración o un recurso jurisdiccional interrumpen este plazo y comienza a correr uno nuevo de cuatro años (artículo 2).
El segundo es el plazo de recurso contencioso de dos meses, que corre tras el rechazo de la reclamación previa (artículos R. 421-1 y R. 421-2 del Código de Justicia Administrativa francés). Este plazo no es oponible en todos los casos. El Consejo de Estado considera que « el plazo para presentar un recurso tendente a exigir la responsabilidad de una persona pública solo es oponible si se ha mencionado, bien en la notificación de la decisión que rechaza la reclamación indemnizatoria dirigida previamente a la Administración, si dicha decisión es expresa » (traducción propia), bien en el acuse de recibo cuando el rechazo es implícito (CE, 27 déc. 2021, n° 432032).
En la práctica, nunca debe darse por sentado que un plazo ha caducado o que no lo ha hecho: todo depende de las menciones que figuren en cada carta. El despacho revisa la correspondencia intercambiada antes de concluir.
La Administración no responde a mi reclamación previa: ¿qué hacer?
El silencio tiene un significado jurídico. Para una solicitud de carácter económico, el silencio de la Administración durante dos meses equivale a una decisión de rechazo (artículo L. 231-4, 3.º, del Código de las Relaciones entre el Público y la Administración francés). Este rechazo implícito abre el plazo de recurso de dos meses previsto en el artículo R. 421-2 del Código de Justicia Administrativa francés, si el acuse de recibo de su solicitud contenía las menciones exigidas.
Si no hay acuse de recibo, o si este no menciona las vías y los plazos de recurso, los plazos de recurso no le son oponibles (artículo L. 112-6 del mismo código). Eso no es motivo para esperar: la prescripción cuatrienal sigue corriendo tras cada interrupción.
También es posible acudir al tribunal antes de recibir la respuesta. El Consejo de Estado admite que el requisito de la existencia de una decisión se aprecia el día en que el juez resuelve: una decisión adoptada en el curso del procedimiento regulariza el recurso (CE, Section, avis, 27 mars 2019, n° 426472, citado más arriba). Esta flexibilidad resulta útil cuando la urgencia o la prescripción exigen actuar con rapidez, siempre que la reclamación previa se haya dirigido efectivamente.
¿Una decisión administrativa anulada por el juez da derecho a indemnización?
Abre la discusión, no la cierra. La ilegalidad constituye una falta; aun así, debe haber causado un perjuicio directo y cierto. El tribunal administrativo de apelación de Marsella lo expresa así: « En principio, toda ilegalidad cometida por la Administración constituye una falta que puede comprometer su responsabilidad, siempre que de ella se haya derivado un perjuicio directo y cierto. » (traducción propia) (CAA Marseille, 29 sept. 2026, n° 25MA00523, citada más arriba).
El debate versa, por tanto, sobre la causalidad. La Administración responde a menudo que habría adoptado la misma decisión mediante un procedimiento regular o por otro motivo legal. Si es así, el perjuicio no tiene su causa en la ilegalidad y se deniega la indemnización. En cambio, la denegación de un permiso de residencia, de una licencia o de una autorización, anulada por un motivo de fondo, que le privó de unos ingresos o de una actividad, puede dar derecho a reparación por el período correspondiente.
El despacho reconstruye lo que habría ocurrido sin la decisión ilegal, período por período, y cuantifica la diferencia con documentos: pérdida de salario, volumen de negocios, gastos realizados, perjuicio moral. Es esta demostración, más que la propia anulación, la que determina la cuantía.
El prefecto se niega a prestar el auxilio de la fuerza pública para desahuciar a mi inquilino: ¿puedo ser indemnizado?
Sí, es un contencioso clásico. El artículo L. 153-1 del Código de Procedimientos Civiles de Ejecución francés (Code des procédures civiles d'exécution) dispone que el Estado está obligado a prestar su auxilio a la ejecución de las sentencias y de los demás títulos ejecutivos, y que la negativa del Estado a prestarlo da derecho a reparación.
El Consejo de Estado precisa que « el representante del Estado, requerido en tal sentido, debe prestar el auxilio de la fuerza pública para la ejecución de una resolución judicial con fuerza ejecutiva, pudiendo comprometerse la responsabilidad del Estado en caso de negativa, por falta o incluso sin falta » (traducción propia), en particular cuando la negativa se funda en consideraciones imperiosas relativas a la salvaguarda del orden público (CE, 17 mai 2024, n° 475486).
El propietario dirige una reclamación indemnizatoria al prefecto, que cubre los alquileres o indemnizaciones de ocupación perdidos, los gastos comunes y los honorarios del agente judicial (commissaire de justice) devengados. En caso de negativa, se acude al tribunal administrativo. El período indemnizable se discute con precisión: fecha de la solicitud de auxilio, plazo concedido a la Administración, fecha de liberación del inmueble. El despacho elabora este cálculo mes a mes, a partir del contrato de arrendamiento y de los extractos.
Mi procedimiento judicial dura años: ¿se puede obtener una indemnización?
Sí, cuando la duración resulta excesiva. El artículo L. 141-1 del Código de Organización Judicial francés obliga al Estado a reparar el daño causado por el funcionamiento defectuoso del servicio público de la justicia, y esta responsabilidad se compromete por una falta grave o por una denegación de justicia. Según el artículo L. 141-3, hay denegación de justicia cuando los jueces se niegan a responder a las solicitudes o descuidan juzgar los asuntos en estado y en turno de ser juzgados.
La duración se aprecia en concreto: complejidad del asunto, comportamiento de las partes, importancia de lo que está en juego para el justiciable. El tribunal judicial de París consideró, en una sentencia de 17 de junio de 2026, que las vacaciones judiciales no justifican una prolongación: « Corresponde, en efecto, al servicio público de la justicia organizarse para garantizar un plazo razonable a sus usuarios en todas las épocas del año. » (traducción propia) (TJ Paris, 17 juin 2026, n° 24/08878).
El Tribunal de Casación (Cour de cassation) también casó una sentencia que descartaba la denegación de justicia cuando un tribunal correccional nunca se había pronunciado sobre unas conclusiones presentadas ante él: « correspondía a la jurisdicción penal que conocía del asunto fijar el plazo al término del cual el asunto volvería a verse para que se resolviera sobre dichas conclusiones » (traducción propia) (Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-16.381). El despacho reconstruye la cronología de cada etapa para aislar los períodos de retraso imputables al servicio.
¿Qué es una falta grave del servicio público de la justicia?
La definición la fija el Tribunal de Casación. Al interpretar el artículo L. 141-1 del Código de Organización Judicial francés, considera que la responsabilidad del Estado solo se compromete por una falta grave o una denegación de justicia y que « constituye una falta grave toda deficiencia caracterizada por un hecho o una serie de hechos que traduzcan la ineptitud del servicio público de la justicia para cumplir la misión que le ha sido confiada » (traducción propia) (Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-19.517, que recoge la fórmula de la Asamblea plenaria de 23 de febrero de 2001, n° 99-16.165, dictada bajo el antiguo artículo L. 781-1).
La noción permite apreciar una serie de incumplimientos que, considerados aisladamente, no bastarían. Tiene, sin embargo, un límite claro. En la misma sentencia de 2020, el Tribunal recuerda que, salvo violación manifiesta del Derecho de la Unión Europea por un órgano jurisdiccional que resuelva en última instancia, « la acción de responsabilidad del Estado no puede tener por efecto cuestionar una resolución judicial, fuera del ejercicio de las vías de recurso » (traducción propia).
En concreto, un proceso de responsabilidad no se gana alegando que el juez se equivocó: ese es el papel del recurso de apelación y del recurso de casación. Se gana demostrando un mal funcionamiento del servicio, como un documento extraviado, un procedimiento abandonado o un error material con consecuencias graves. Ante el tribunal judicial, la constitución de abogado es la regla (artículo 760 del Código de Procedimiento Civil francés, Code de procédure civile), con las dispensas previstas en el artículo 761.
El tribunal administrativo tardó años en juzgar mi asunto: ¿quién puede indemnizarme?
El Estado, pero ante un juez particular. El artículo R. 311-1, 5.º, del Código de Justicia Administrativa francés atribuye competencia al Consejo de Estado, en primera y última instancia, para las acciones de responsabilidad dirigidas contra el Estado por duración excesiva del procedimiento ante la jurisdicción administrativa.
El principio es antiguo y constante. Los justiciables tienen derecho a que sus recursos se juzguen en un plazo razonable y, « cuando el desconocimiento del derecho a un plazo razonable de enjuiciamiento les ha causado un perjuicio, pueden obtener la reparación del conjunto de los daños, tanto materiales como morales, directos y ciertos, causados así por el funcionamiento defectuoso del servicio público de la justicia » (traducción propia) (CE, 28 mars 2018, n° 405315). En ese asunto, una duración global de seis años y diez meses para dos instancias se consideró excesiva y se reparó el perjuicio moral.
El Consejo de Estado distingue también el retraso en la ejecución: « un plazo excesivo en la ejecución de una resolución jurisdiccional compromete, en principio, la responsabilidad de la persona a quien incumbía dicha ejecución » (traducción propia) (CE, 19 déc. 2025, n° 489057). Si un municipio o un ministerio tarda en ejecutar una sentencia, es, por tanto, en principio él quien responde de ese retraso.
¿Se puede obtener una cantidad con rapidez, sin esperar a la sentencia sobre el fondo?
Sí, mediante el procedimiento de medidas urgentes de provisión (référé-provision). El artículo R. 541-1 del Código de Justicia Administrativa francés permite al juez de medidas urgentes, incluso sin demanda sobre el fondo, conceder una provisión al acreedor cuando la existencia de la obligación no es seriamente discutible. Puede supeditar el pago a la constitución de una garantía.
El requisito es exigente. El tribunal administrativo de apelación de París recuerda que « para considerar que una obligación no es seriamente discutible, corresponde al juez de medidas urgentes asegurarse de que los elementos que le someten las partes son de naturaleza tal que acreditan su existencia con un grado suficiente de certeza » (traducción propia) (CAA Paris, 3 févr. 2022, n° 21PA00781). Cuando la cuantía es incierta, la provisión se limita a la fracción que presenta ese grado de certeza.
El procedimiento de provisión es adecuado para los expedientes en los que la falta está acreditada, por ejemplo una decisión ya anulada o una negativa del auxilio de la fuerza pública no discutida, y en los que solo queda abierta la valoración. El despacho lo inicia en cuanto los documentos lo permiten, en paralelo al recurso sobre el fondo.
¿Puede comprometerse la responsabilidad del Estado sin falta?
Sí, en los casos definidos por la jurisprudencia administrativa. El más frecuente en París es la negativa a prestar el auxilio de la fuerza pública decidida para preservar el orden público: el Consejo de Estado admite que la responsabilidad del Estado pueda comprometerse incluso sin falta cuando la negativa se funda, en particular, en consideraciones imperiosas relativas a la salvaguarda del orden público (CE, 17 mai 2024, n° 475486, citada más arriba). El prefecto puede tener buenas razones para negarse; el propietario no tiene por qué soportar solo el coste.
El mismo razonamiento fundamenta la responsabilidad por ruptura de la igualdad ante las cargas públicas: una medida legal, adoptada en interés general, que impone a una persona un perjuicio anormal y especial, es decir, grave y propio de un reducido número de personas. La demostración versa entonces sobre la intensidad y la especialidad del daño, no sobre un incumplimiento de la Administración.
Existen otros regímenes sin falta, en particular para los daños de obras públicas sufridos por terceros. Para la reparación de un accidente médico en un hospital público se aplican reglas propias: véase nuestro artículo sobre la responsabilidad del hospital público. El despacho identifica el régimen más favorable antes de redactar la reclamación.
¿Qué honorarios supone una acción de responsabilidad contra el Estado?
Los honorarios se fijan en un convenio escrito. El artículo 10 de la ley n.º 71-1130 de 31 de diciembre de 1971 obliga al abogado a celebrar por escrito con su cliente un convenio de honorarios que precise la cuantía o el modo de determinación de los honorarios que cubren las gestiones previsibles, así como los gastos y desembolsos previstos, salvo urgencia, fuerza mayor o concesión de la ayuda jurisdiccional total. Usted sabe, antes de comprometerse, qué cubre el encargo y cuánto cuesta.
El despacho prefiere la tarifa fija por etapa: redacción de la reclamación indemnizatoria previa, recurso y escritos ante el tribunal, procedimiento de provisión, apelación. Todo encargo nuevo da lugar a una adenda, sin facturas sorpresa. El mismo artículo prohíbe fijar los honorarios únicamente en función del resultado judicial, pero permite un honorario complementario vinculado al resultado obtenido, además de la remuneración de los servicios prestados.
La ayuda jurisdiccional (aide juridictionnelle) se concede con sujeción a límites de ingresos; el despacho le indica si usted es elegible y, en todo caso, elabora un presupuesto tras examinar los documentos. Para un primer análisis escrito, el estudio previo del expediente, por 80 € IVA incluido, mediante el formulario de esta página, ofrece un análisis en 24 horas hábiles.
Referencias
Textos oficiales y páginas relacionadas
Las fuentes de esta página, verificadas en Légifrance y en el sitio web del Tribunal de Casación, y las áreas de práctica afines del despacho.
Textos oficiales
- Artículo R. 421-1 del Código de Justicia Administrativa francés, reclamación previa y plazo de dos meses
- Artículo R. 421-2 del Código de Justicia Administrativa francés, recurso contra un rechazo implícito
- Artículo R. 421-5 del Código de Justicia Administrativa francés, mención de las vías y plazos de recurso
- Artículo R. 431-2 y artículo R. 431-3 del Código de Justicia Administrativa francés, intervención obligatoria de abogado y excepciones
- Artículo R. 312-14 y artículo R. 311-1 del Código de Justicia Administrativa francés, juez competente
- Artículo R. 541-1 del Código de Justicia Administrativa francés, procedimiento de provisión (référé-provision)
- Artículo L. 231-4 y artículo L. 112-6 del Código de las Relaciones entre el Público y la Administración francés, silencio y acuse de recibo
- Artículos 1, 2 y 3 de la ley n.º 68-1250 de 31 de diciembre de 1968, prescripción cuatrienal
- Artículo L. 141-1 y artículo L. 141-3 del Código de Organización Judicial francés, falta grave y denegación de justicia
- Artículo L. 153-1 del Código de Procedimientos Civiles de Ejecución francés, auxilio de la fuerza pública
- Artículo 760 y artículo 761 del Código de Procedimiento Civil francés, representación ante el tribunal judicial
- Artículo R. 811-2 del Código de Justicia Administrativa francés, plazo de apelación
- Artículo 10 de la ley n.º 71-1130 de 31 de diciembre de 1971, convenio de honorarios
¿Un daño causado por el Estado o por una Administración?
Haga examinar su expediente antes de que se agoten los plazos. El despacho, disponible 24 horas, 7 días a la semana, verifica el juez competente y la prescripción, redacta la reclamación indemnizatoria previa, cuantifica cada perjuicio y le representa ante el tribunal administrativo, el Consejo de Estado o el tribunal judicial.